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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00057-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00057-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del nombramiento de Alberto Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República, contenido en el Decreto 1032 del 1° de septiembre de 2021. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2021-00057-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-28-000-2021-00057-00
11001-03-28-000-2021-00051-00
11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00057-00 – acumulado con
11001-03-28-000-2021-00051-00
11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: JUAN MANUEL LÓPEZ MOLINA Y OTROS1
Demandado: ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA – MIEMBRO DE
DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Tema: Miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco
de la República. Cuota de género. Vulneración de la norma.
Sistema de frenos y contrapesos. Moralidad administrativa.
Desviación de poder.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido
por Juan Manuel López Molina, Joan Sebastián Moreno Hernández y Douglas E.
Lorduy Montañez contra el acto de nombramiento de Alberto Carrasquilla

1 Joan Sebastian Moreno Hernández y Douglas E. Lorduy Montañez

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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00057-00
11001-03-28-000-2021-00051-00
11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Barrera, como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco
de la República.

ANTECEDENTES.

1. Las demandas.

1.1 Pretensiones.

En los procesos acumulados se formularon las siguientes pretensiones:

PROCESO 2021-00051 2021-00057 2021-00058
DEMANDANTE Juan Manuel López Douglas E. Lorduy
Joan Sebastian Moreno Hernández Molina Montañez

Se declare la nulidad
del Decreto 1032 de
PRIMERA: Se declare la Nulidad de la Se declare la 2021, por el cual se
RESOLUCIÓN (sic) No. 1032 DEL 01 DE NULIDAD nombró al señor
SEPTIEMBRE DE 2021 (...) “Por el cual se ELECTORAL del Alberto Carrasquilla
nombra un miembro de dedicación exclusiva Decreto Número Barrera como
en la Junta Directiva del Banco de la 1032 del día 1° de miembro permanente
República”, que nombró miembro de septiembre de 2021. con dedicación
dedicación exclusiva de la Junta Directiva del exclusiva de la Junta
Banco de la República (sic) al doctor Directiva del Banco de
PRETENSIONES ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA (…). la República

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo Se declare la
anterior, se ordene al DEPARTAMENTO SUSPENSIÓN
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA – PROVISIONAL del
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, se sirvan Decreto Número
de (sic) nominar y proveer el cargo vacante en 1032 del día 1° de
la Junta Directiva del Banco de la República, septiembre de 2021
con el nombramiento de una mujer que en razón de las
cumpla los requisitos señalados en el artículo normas vulneradas
29 de la ley (sic) 31 de 1992.

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11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

1.2. Hechos.

En las demandas se narran los siguientes hechos:

2021-00051 2021-00057 2021-00058

Actualmente los cinco
El Banco de la República es una persona jurídica de derecho miembros de
público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, El día 26 de julio de 2018, dedicación exclusiva
cuya Junta Directiva es la autoridad monetaria. el presidente de la de la Junta Directiva
República nombró como del Banco de la
La Junta Directiva del Banco de la República tiene siete miembro de dedicación República fueron
integrantes, así: el ministro de Hacienda y Crédito Público, exclusiva de la Junta nombrados por el ex
cinco miembros de dedicación exclusiva nombrados por el Directiva del Banco de la mandatario Iván
presidente de la República y el gerente General, electo por los República a la señora Duque Márquez,
anteriores Carolina Soto Losada, sumado al hecho de
quien duró en el cargo que el ministro de
La Junta en mención estaba integrada por las siguientes
hasta el 27 de agosto de Hacienda y Crédito
personas: José Manuel Restrepo -ministro de Hacienda y
2021, cuando presentó Público, que también
Crédito Público-, Leonardo Villar -Gerente General- y como
renuncia. integra la Junta
miembros de dedicación exclusiva: Roberto Steiner, Mauricio
Villamizar, Jaime Jaramillo Vallejo, Carolina Soto y Bibiana Directiva de la Banca
Taboada. Central, es de libre
nombramiento y
remoción del
El 27 de agosto de 2021, Carolina Soto presentó su renuncia, presidente, cargos en
por lo que el presidente de la República, mediante Decreto No. los cuales
El 1° de septiembre de
1032 del 1° de septiembre de 2021, nombró a Alberto actualmente solo uno
2021, a través del Decreto
Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva de es ocupado por una
No.1032 el presidente de
la Junta Directiva del Banco de la República. mujer.
la República nombró
El presidente de la República, en su condición de nominador de como miembro de
los miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del dedicación exclusiva de la
Banco de la República, incumplió la cuota de género Junta Directiva del Banco
establecida en la Ley 581 de 2000, pues siendo cinco sus de la República a Alberto
integrantes, al menos dos deberían ser mujeres, motivo por el Carrasquilla Barrera.
cual el reemplazo de Carolina Soto se debió cubrir con una
mujer y no con el nombramiento de un hombre.

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11001-03-28-000-2021-00051-00
11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

1.3. Causal de nulidad invocada y normas violadas.

A continuación, se relacionan las causales de nulidad invocadas en las demandas
y las normas señaladas como vulneradas:

2021-00051 2021-00057 2021-00058
Infracción de las normas en que

causal
Infracción de norma superior debería fundarse Infracción de norma superior
Desviación de las atribuciones
Expedición en forma irregular propias de quien lo profirió
Artículos 13, 40, 43 y 209 de la
Artículos 13, 40 y 43 de la C. P. C.P. Artículos 113 y 372 de la C. P.

norma Bloque de constitucionalidad - artículo Artículo 4 literal b) de la Ley 472
4 de la Convención Belém Do Pará de 1998
Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 581 de Artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 581
2000 de 2000 Artículo 4 de la Ley 581 de 2000

1.4. Concepto de la violación.

Expediente 2021-00051-00.

i) Artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política y artículo 4 de la
Convención Belém Do Pará.

Señala el actor que los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política consagran
un marco de protección laboral para la mujer tendiente a garantizar la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el ejercicio de cargos
públicos. A su turno, el artículo 4º de la Convención Belém Do Pará, establece el
derecho de las mujeres a tener la misma protección y trato ante la ley e igualdad
de acceso al ejercicio de funciones públicas y en la toma de decisiones.

Resalta que la Corte Constitucional, en la sentencia C-038 de 2021, precisó que
las mujeres tienen una protección reforzada en el ámbito nacional e internacional,

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11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

lo que se traduce en que se incorporen estándares normativos tendientes a
superar estereotipos discriminatorios en la interpretación que realizan los jueces
u otras autoridades de las normas, hechos y pruebas al momento de emitir una
providencia. Así, el derecho de la mujer a acceder a cargos de decisión cobra
especial relevancia constitucional e internacional, que debe ser puesta en
práctica por los nominadores y mantener un equilibrio de hombres y mujeres en
el acceso a cargos públicos.

ii) Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 581 de 2000.

Señala que los artículos 2º y 3º de la Ley 581 de 2000 consagran los conceptos
de “máximo nivel decisorio” y de “otros niveles decisorios” y en el artículo 4º de
esa misma ley dispone que para que haya una efectiva participación femenina en
esos niveles, mínimo el 30% de estos cargos deben ser ocupados por mujeres.

Destaca que la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2000, al estudiar
la constitucionalidad de la Ley 581 de 2000, indicó que la cuota de género en
cargos de máximo nivel decisorio obedece a una progresiva ampliación de los
espacios de la mujer con el que se pretende reducir la brecha entre hombres y
mujeres y aumentar la participación femenina en los cargos directivos del Estado,
de tal manera que los nominadores se habitúen a seleccionar mujeres para el
desempeño de los empleos referidos.

Adujo que no puede perderse de vista que el Banco de la República hace las
veces de banca central y su Junta Directiva es la autoridad monetaria, cambiaria
y crediticia del país y el máximo órgano administrativo del Banco. Conforme a
esto, sus miembros se enmarcan en el concepto de “máximo nivel decisorio” en
órganos de poder público.

Concluye que el señor Alberto Carrasquilla Barrera, a pesar de que cumple con
las calidades y requisitos, no debió ser nombrado como miembro de dedicación
exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República, pues, con ello se
desatiende estándares nacionales e internacionales en relación con la

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

participación femenina en cargos de nivel decisorio, particularmente, la Ley 581
de 2000, habida cuenta que, actualmente, cuatro (4) de los cinco (5) miembros
de la junta directiva son hombres y solo existe una (1) mujer. En este orden, se
incumplió la cuota de género, dado que, según la operación aritmética, el 30% de
5 es 1.5, por lo que era necesario que fueran dos (2) mujeres las que ocuparan
dichas dignidades. En consecuencia, el presidente de la República para no
incumplir la cuota de género, debió nombrar a una mujer en reemplazo de la
señora Carolina Soto.

Expediente 2021-00057-00.

El actor considera que el acto demandado infringe los artículos 13, 40, 43 y 209
de la Constitución Política y 1, 2, 3 y 4 de la Ley 581 de 2000, en consonancia
con la Sentencia C-371 de 2000, en tanto crea una brecha de género en la Junta
Directiva del Banco de la República, por no estar conformada al menos en un
30% por mujeres, pues, actualmente, ellas solo representan un 14,29% del total
de miembros de la junta; o un 16,7% descontando al gerente general; o un 20%
de los cargos de dedicación exclusiva, pese a tener el mismo nominador “mediato
o inmediato”.

Además, indica que el acto de nombramiento acusado carece de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, dado que sacrifica los derechos fundamentales
que subyacen a la participación de la mujer en cargos del "máximo nivel
decisorio" o de "otros niveles decisorios”.

Expediente 2021-00058-00.

i) Artículos 113 y 372 de la Constitución Política.

El actor comienza por explicar que el constituyente de 1991 previó un alto grado
de autonomía en favor del Banco de la República con el fin de que pudiera ejercer

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
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la función de estabilizar los precios, el crédito y el cambio internacional, sin
injerencia y presión del gobierno. Precisa que para garantizar la independencia
del banco, la Constitución Política de 1991, (Art. 3722) diseñó un sistema de
nominación dirigido a asegurar que la mayoría de los integrantes de la junta
directiva no sea cooptada por el gobierno, dado que se estableció que el
presidente de la República solo podía remover a dos (2) de sus miembros al
cumplir los cuatros (4) años de período o máximo a un tercer miembro, cuando
alguno llegase a cumplir el límite de los 12 años, de tal manera que el máximo
órgano de dirección siempre estaría conformado, mayoritariamente, por
miembros no afectos o designados por el presidente de turno.

Indica que con el nombramiento del Dr. Alberto Carrasquilla Barrera se afecta la
autonomía del Banco de la República y se vulnera el principio de frenos y
contrapesos, pues, prácticamente la totalidad de los miembros actuales fueron
nombrados por el entonces presidente, Iván Duque Márquez. Agrega que los
nombramientos de los actuales miembros de la Junta Directiva del Banco de la
República se han hecho sobre la base de una “interpretación literal amañada (por
su notoria inconstitucionalidad)” del artículo 353 de la Ley 31 de 19924 sin atender
el mandato del artículo 372 de la Constitución Política, vaciando de contenido el
principio de autonomía, pues la norma constitucional es clara en señalar que el

2 “ARTICULO 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y

crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las
funciones del Banco y estará conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la
presidirá. El Gerente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros
restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos
prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la junta
directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación”.
3 “ARTÍCULO 35. FALTAS ABSOLUTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. En caso de falta absoluta de

uno de los miembros de la Junta, el Presidente de la República nombrará su reemplazo por el resto del
período.
Son faltas absolutas la muerte, la renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia proferida por
autoridad competente y la ausencia injustificada a más de dos (2) sesiones continuas.
PARÁGRAFO. En caso de enfermedad de uno de los miembros de la Junta, a solicitud suya o de los
restantes miembros, el Presidente de la República nombrará su reemplazo por el tiempo que sea necesario”.
4 “Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de

sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los
Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se
determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan
otras disposiciones”.

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

presidente solo puede nombrar a dos (2) miembros de la junta directiva de
dedicación exclusiva. Así, debe prevalecer el artículo 4 de la Constitución Política
sobre la Ley 31 de 1992, sin que se entienda que haya un bloqueo institucional o
que el máximo órgano de gobierno no pueda funcionar por falta de quorum, dado
que se puede acudir a las normas sobre las denominadas “situaciones
administrativas”, que permiten proveer temporalmente las vacancias definitivas
cuando no se puedan hacer en propiedad.

Sostiene que también se vulnera el artículo 372 de la Constitución Política, en
tanto este precepto señala que los miembros de la Junta Directiva del Banco de
la República representan “exclusivamente el interés de la Nación”, lo cual no se
cumple con el nombramiento del demandado, comoquiera que este servidor fue
ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno del expresidente Iván Duque
Márquez, y está representado sus intereses en la junta directiva. En
consecuencia, considera que con el acto demandado se vulnera el sistema de
frenos y contrapesos, el principio de separación de poderes y la autonomía del
Banco de la República, como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia
C-141 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

De otro lado, califica como “gravísimo” que el expresidente de la República Iván
Duque Márquez, en la práctica, haya designado a todos los miembros de la Junta
Directiva del Banco de la República, pues, ello constituye una clara concentración
de poder en cabeza del ejecutivo, vulnerando el artículo 113 de la Constitución
Política y socavando la autonomía e independencia de la banca central, en la
medida que tenderá a favorecer al gobierno. Advierte que en adelante los
presidentes procederán a nombrar a la mayoría de los miembros que componen
la Junta Directiva, dado que los cargos son de período y el periodo es personal,
promoviendo una violación sistemática de la Constitución Política y el diseño
autónomo del Banco de la República, con grave detrimento de la estabilidad
económica del país.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

ii) Artículo 4º, literal b) de la Ley 472 de 19985.

En relación con esta censura, sostiene que con el acto demandado se vulnera el
artículo 4º, literal b) de la Ley 472 de 1998, esto es, el derecho colectivo a la
moralidad administrativa. A este respecto cita pronunciamientos de esta
Corporación para señalar que, en el presente caso, se dan los tres elementos
que configuran su violación, así: i) el objetivo al quebrantarse el ordenamiento
jurídico, esto es, los artículos 113 y 372 de la Constitución Política y 4º de la Ley
581 de 2000, ii) el subjetivo, por cuanto el presidente de la República, favoreció
la concentración de poder en cabeza suya al nombrar a “una persona de su
círculo íntimo de confianza que hasta hacía muy poco había fungido como
ministro de su despacho y, por lo mismo, defendiendo los intereses de ese
gobierno” y iii) la imputación consistente en la necesidad de restablecer “el
derecho que tienen los administrados a que la función pública se desarrolle
conforme lo ha querido el constituyente”, esto es, que el Banco de la República
cumpla con sus funciones en forma autónoma.

iii) Artículo 4 de la Ley 581 de 20006.

También considera que el acto demandado desconoce el literal a) del artículo 4º
de la Ley 581 de 2000, pues, al ser la Junta Directiva del Banco de la República,
el máximo órgano de dirección debía cumplir con el 30% de cuota femenina, lo
cual no se atendió con el nombramiento del Dr. Alberto Carrasquilla, dado que la
junta directiva quedó integrada tan solo por una mujer.

iv) Desviación de poder.

Finalmente, señala que se incurrió en desviación de las atribuciones propias del
funcionario, toda vez que el expresidente Iván Duque Márquez, de manera

5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio

de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las

diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución
Nacional y se dictan otras disposiciones”.

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arbitraria, cooptó la Junta Directiva del Banco de la República e impidió que su
diseño institucional se mantuviera incólume afectando la autonomía e
independencia que le atribuye la Constitución.

2. Admisión de las demandas y decisión de las medidas cautelares.

Proceso Fecha Decisión
2021-00051 17 de febrero de 2022 Admite y niega medida cautelar
2021-00057 10 de febrero de 2022 Admite y niega medida cautelar
2021-00058 17 de febrero de 2022 Admite y niega medida cautelar

3. Contestación de las demandas.

3.1. Expediente 2021-00051-00.

3.1.1. Contestación de Alberto Carrasquilla Barrera.

i) El demandado, por intermedio de apoderada judicial, indicó que la Ley 581 de
2000, que establece la cuota de género, no es aplicable en la designación de los
miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, en virtud de la
autonomía que se consagra en el artículo 3727 de la Carta Política y la Ley 31 de

7 “ARTICULO 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y

crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las
funciones del Banco y estará conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la
presidirá. El Gerente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros
restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos
prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la junta
directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación.
El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones
y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco en los que se
determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su
junta directiva y del consejo de administración, el período del gerente, las reglas para la constitución de sus
reservas, entre ellas, las de estabilización cambiaria y monetaria, y el destino de los excedentes de sus
utilidades.
El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los términos que
señale la ley”.

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11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

19928 que establecen en su favor, un régimen legal, especial y propio9, además
de sus estatutos, adoptados mediante el Decreto 2520 del 14 de diciembre de
1993.

Agrega que la autonomía e independencia del Banco ha sido reconocida por la
Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993, en la cual se indica que este
organismo no forma parte de las ramas Legislativa, Ejecutiva, Jurisdiccional,
Fiscalizadora o Electoral del Poder Público, sino que es un órgano de naturaleza
única. Por lo tanto, para atender sus funciones, está sujeto a una normatividad
propia y especial, diferente del común de las entidades públicas o privadas.

Así mismo, indicó que la Asamblea Nacional Constituyente tuvo presente que la
autonomía del banco central no solo era respecto del poder ejecutivo, sino
también del legislativo, en tanto, el emisor, en el ejercicio de sus cometidos, solo
debía sujetarse a la Constitución y a los mandatos especiales, mas no a otras
disposiciones del Congreso que no regulan específicamente sus funciones.

Esta interpretación fue acogida por la Corte Constitucional en la sentencia C-208
de 2000, cuando declaró la inexequibilidad de una norma que regulaba de
manera específica una de las competencias cambiarias del Banco de la
República, al considerar que con ello se cercenaba su autonomía. Así mismo, en
la sentencia C-426 de 2020, al declarar la exequibilidad condicionada del artículo

8 “Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de

sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los
Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se
determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan
otras disposiciones”.
9
“ARTÍCULO 3o. REGIMEN JURIDICO. El Banco de la República se sujeta a un régimen legal propio. En
consecuencia, la determinación de su organización, su estructura, sus funciones y atribuciones y los
contratos en que sea parte, se regirá exclusivamente por las normas contenidas en la Constitución Política,
en esta Ley y en los Estatutos. En los casos no previstos por aquellas y éstos, las operaciones mercantiles
y civiles y, en general, los actos del Banco que no fueren administrativos, se regirán por las normas del
derecho privado.
El Banco podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones bancarias y comerciales en el país o en el
exterior que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, ajustándose a las facultades y atribuciones
que le otorgan la Constitución, esta Ley y sus Estatutos”.

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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00057-00
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11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

1º de la Ley 1821 de 201610, referida a la edad de retiro forzoso de los servidores
públicos, al señalar, en relación con los miembros de la Junta Directiva del Banco
de la República, que esta disposición no era aplicable a dichos servidores.

ii) De otra parte, la defensa señala que la Corte Constitucional en la sentencia C-
371 de 2000, por la cual se efectuó el control previo de constitucionalidad de la
que se convertiría en la Ley 581 de 2000, se indicó:

“50- De otro lado, esta Corporación encuentra que ciertos empleos de los
niveles decisorios son difícilmente compatibles con un sistema de cuotas.
Es el caso de las juntas directivas de las distintas entidades de la rama
ejecutiva, pues ellas, generalmente, están conformadas 1) por el Presidente de la
República o su delegado, 2) por los Ministros del despacho o sus delegados, 3)
por el director o gerente del organismo respectivo o su representante, 4) por
servidores públicos que en razón del cargo que desempeñan, tienen derecho a
pertenecer a ellas, 5) por particulares que ejercen actividades relacionadas con el
servicio público que presta el organismo respectivo -ya sea como usuarios o
beneficiarios del mismo o en su calidad de representantes de organizaciones,
asociaciones u otros grupos sociales-.

Dado que el nombramiento de tales miembros se origina en distintas
personas: funcionarios públicos, particulares, organizaciones de diversa
índole, la exigencia de una cuota resulta improcedente, pues si la
designación se hace simultáneamente, no sería viable determinar cuál de las
autoridades nominadoras es la que debe designar una mujer como su
representante, o en caso de hacerse sucesivamente, no se encuentra un
criterio claro para atribuir a alguna de tales autoridades la obligación de
nombrar a una mujer.

En consecuencia, se hará un segundo condicionamiento a la declaratoria de
exequibilidad del artículo 4°, en el sentido de que cuando en la designación de
cargos del "máximo nivel decisorio" o de "otros niveles decisorios" concurran varias
personas o entidades, se procurará que las mujeres tengan una adecuada

10 “Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan

funciones públicas”.

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

representación conforme a la regla de selección allí prevista, sin que ésta sea
inexorable.”11” (subrayado y negrillas de la contestación de la medida cautelar).

Así las cosas, concluye que cuando el nombramiento dependa de varias
personas o entidades, la ley de cuotas no es obligatoria, sino que se debe
propender por una adecuada representación de las mujeres. En este orden, como
la junta directiva del Banco de la República está integrada por siete (7) miembros
así: cinco (5) miembros de dedicación exclusiva nombrados por el presidente de
la República para períodos fijos; el gerente general del Banco, el cual, es elegido
por esa Junta del Banco para período fijo; y el ministro de Hacienda y Crédito
Público quien la preside, la designación de sus miembros depende de varias
personas y entidades, así como de diferentes presidentes de la República,
haciendo imposible saber, a cuál autoridad le corresponde cumplir la cuota de
género, de lo que concluye que la Ley 581 de 2000 no le es aplicable.

Para demostrar que los cinco (5) miembros de dedicación exclusiva de la Junta
Directiva, son nombrados por diferentes presidentes, al cabo de cuatro años de
período, allegó un cuadro de nombramientos donde se advierte esta realidad,
aspecto que permite reiterar que la cuota establecida por la Ley 581 de 2000 no
es exigible para esta entidad.

iii) Finalmente, señala que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la
República, con excepción del ministro de Hacienda y Crédito Público, son
funcionarios de período fijo y no de libre nombramiento y remoción, por lo que
insiste en que no es procedente la aplicación de la Ley 581 de 2000, según lo
considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2000. A este
respecto señaló que el alto tribunal, indicó:

11 Nota del original: “sin que ésta sea inexorable”: expresión contenida en el numeral 50. del Capítulo VII

“CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS” de la Sentencia C-371 del 29 de marzo de 2000 de la Corte
Constitucional, página 70.
Inexorable: inflexible, inquebrantable, duro despiadado. SUBERCASEAUX, Miguel, PEV Diccionario de
sinónimos, antónimos y parónimos e ideas afines, Programa Educativo Visual S.L. - Colombia, Editorial
Printer Colombia S.A., Santafé de Bogotá, D. C., 1994”.

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

“Como ya se explicó, los cargos que se pretende proveer mediante el sistema
de cuotas son cargos de libre nombramiento y remoción. Tales empleos, son
´creados de manera específica, según el catálogo de funciones del organismo
correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u
orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices
fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo
dicho tipo de responsabilidades.’12 En la provisión de estos cargos, a diferencia de
los de carrera, el nominador tiene libertad o discrecionalidad para designar a la
persona que considere más idónea. En relación con el Presidente de la República,
esta facultad está expresamente reconocida en los numerales 1 y 13 del artículo
189 de la Constitución”.

3.1.2. Contestación conjunta del presidente de la República y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

El presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público se
opusieron a las pretensiones de la demanda con similares argumentos a los
expuestos por el demandado.

3.2. Expediente 2021-00057-00.

3.2.1. Contestación de Alberto Carrasquilla Barrera.

El demandado, por intermedio de apoderada judicial, se opuso a la prosperidad
de la demanda con argumentos semejantes a los reseñados en el acápite
anterior, esto es, que la Ley 581 de 2000 no es aplicable para el nombramiento
de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, en virtud de i)
la autonomía constitucional y del régimen especial que lo regula, ii) el origen de
los nombramientos, en tanto depende de varias autoridades, así como de
diferentes presidentes de la República, siendo imposible saber cuál autoridad
tiene la obligación de cumplir con la cuota y iii) y porque los miembros de la Junta
Directiva del Banco de la República, con excepción del ministro de Hacienda y

12 Nota del original: “Ver, entre otras, las sentencias C-104, C-195, C-514, C-527 de 1994, C-552/96 y C-

580/98”.

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Crédito Público, son funcionarios de período fijo y no de libre nombramiento y
remoción.

3.2.2. Contestación conjunta del presidente de la República y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

El presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se
opusieron a las pretensiones de la demanda con argumentos similares a los
anteriormente expuestos por el demandado.

3.3. Expediente 2021-00058-00.

3.3.1. Contestación de Alberto Carrasquilla Barrera.

i) El demandado, por intermedio de apoderada judicial, indicó que el acto acusado
no vulnera los artículos 113 y 372 de la Constitución Política relacionados con el
equilibrio de poderes y la forma de designación de los miembros de la junta
directiva; por el contrario, se fundamenta en los artículos 28 y 34 de la Ley 31 de
1992, como quiera que su expedición se originó en la aceptación de la renuncia
presentada por la señora Carolina Soto Losada. Por esta razón, el presidente, en
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, designó su reemplazo, cuya
competencia es una manifestación de colaboración armónica entre la rama
ejecutiva y el Banco de la República. Para tal efecto, fundamentó este aserto, en
la sentencia proferida por esta Corporación en el proceso 11001-03-28-000-
2020-00084-00, que citó in extenso.

ii) Agregó que con el acto acusado no se vulneró el principio de moralidad
administrativa ya que el presidente expidió este acto, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales. Adicionalmente, el demandado cumple
con los requisitos para ser designado en el cargo que se cuestiona.

iii) Argumentó que la Ley 581 de 2000 no es aplicable para el nombramiento de
los miembros que integran la Junta Directiva del Banco de la República, por las

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

tres razones ya expuestas: i) por virtud de la autonomía que se le reconoce a
este organismo en virtud de lo consagrado en el artículo 372 de la Constitución
Política, la Ley 31 de 1992, ii) porque la designación de sus miembros depende
de varias personas y entidades y aún por presidentes de distintos gobiernos, iii)
y porque los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, con
excepción del ministro de Hacienda y Crédito Público, son funcionarios de
período fijo y no de libre nombramiento y remoción, como lo indicó la Corte
Constitucional en la Sentencia C-371 de 2000, con fundamento en la Ley 581 de
2000.

3.3.2. Contestación conjunta del presidente de la República y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

El presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se
opusieron a las pretensiones de la demanda con similares argumentos a los
expuestos por el demandado.

Agregaron que no se aportaron pruebas que demuestren la configuración de los
elementos objetivo y subjetivo para estimar vulnerado el principio de moralidad
administrativa. Además, el presidente de ninguna manera violó la ley, ni actuó
con propósitos distintos a los contemplados en la Constitución Política. En todo
caso, afirman que las causales de nulidad electoral son taxativas y no pueden
trasladarse conceptos de las acciones populares al medio de control electoral.

En este orden, el presidente de la Republica al llenar las faltas absolutas de los
miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la
República, lo hizo en ejercicio de sus competencias legales, en tanto, la
Constitución Política, no limita esta facultad. Por lo tanto, actuó en cumplimiento
de los deberes que como presidente le asistía.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

4. Auto de acumulación.

Mediante auto del 26 de abril de 2022, se ordenó la acumulación de los procesos
de los que se viene hablando y una vez efectuado el sorteo, le correspondió a
este Despacho continuar con el trámite.

5. Auto que dispuso dar trámite para sentencia anticipada y fijar el litigio.

Mediante auto del 26 de agosto de 2022 se dio aplicación al artículo 182A del
CPACA13 y se fijó el litigio en los siguientes términos:

“(…) el litigio se contrae a determinar si debe decretarse la nulidad del Decreto
1032 del 1° de septiembre de 2021, por medio del cual se nombró a Alberto
Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva
del Banco de la República.

Para el efecto, es necesario establecer:

Si hubo infracción de norma superior, expedición irregular y desviación de las
atribuciones propias de quien lo profirió al desconocerse los artículos 13, 40, 43,
113, 209 y 372 de la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad,
específicamente el artículo 4 de la Convención Belem Do Para, los artículos 1, 2,
3 y 4 de la Ley 581 de 2000 y el artículo 4 literal b) de la Ley 472 de 1998.

Lo anterior por cuanto los demandantes estiman que con este nombramiento i) se
desconoció el derecho a la participación femenina en los cargos de máximo nivel
decisorio, ordenados por la Ley 581 de 2000, en una proporción no inferior al 30%;
ii) se vulneró el principio de frenos y contrapesos y el sistema de designación de
los miembros de la junta directiva del Banco de la República, establecido por la
Carta de 1991, por cuanto el presidente solo podía designar a dos (2) de ellos, y
iii) se quebrantó la moralidad administrativa, pues, en este caso, concurre, además
de la violación de las normas superiores, (elementos objetivo) el favorecimiento o
concentración del poder (elemento subjetivo), al nombrar a una persona de su
círculo más íntimo, que hasta hacía muy poco había fungido como Ministro de
Hacienda, el cual no puede representar ‘los intereses de la nación’”.

13 Norma adicionada por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 .

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6. Alegatos de conclusión.

6.1. Joan Sebastián Moreno Hernández.

Señaló que históricamente la mujer ha sido excluida de la integración de la Junta
Directiva del Banco de la República, pues, según lo informado por esa propia
entidad, desde el año 1985 solo cuatro mujeres han tenido la oportunidad de
participar en ella, mientras que la intervención masculina ha sido de 35.

Indicó que la Ley 581 de 2000 materializa el derecho a la igualdad y equilibra la
participación femenina con la denominada cuota de género. Afirma que, en el
presente caso, el acto demandado desconoció la ley en mención, así como la
Constitución Política y la Convención Belem Do Pará, al nombrar a Alberto
Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva en la Junta Directiva
del Banco de la República en reemplazo de Carolina Soto, pues se debía
mantener la inclusión femenina y, en consecuencia, nombrar una mujer.

6.2. Juan Manuel López Molina.

En esencia reiteró los argumentos esbozados en la demanda, de los que se
destaca que en virtud de los artículos 13, 40, 43 y 209 de la Constitución Política,
el legislador estatutario, por medio de la Ley 581 de 2000, reglamentó la
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos del poder público, estableciendo una acción
afirmativa en su favor, para lo cual se impuso la cuota del 30% en el artículo 4 de
la Ley 581 de 2000.

Señaló que, de conformidad con la Corte Constitucional14, esa cuota es “(i) rígida
en cuanto se constituye como una reserva ‘imperativa de determinado porcentaje
que el nominador, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave, está obligador
a cumplir; y (ii) específica, en tanto aplica a cada categoría de cargos y no al

14 Sentencia C-371-00.

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conjunto de empleos que conforman el ‘máximo nivel decisorio’ y los ‘otros
niveles decisorios’”.

Posteriormente citó sendos pronunciamientos de la Corte Constitucional para
precisar que la sentencia C-371-00 no debe entenderse de manera estática, sino
que se debe incorporar la línea entorno a la perspectiva de género que ha
desarrolla esa corte.

Reitera que el presidente de la República es el nominador mediato e inmediato
de la Junta Directiva del Banco de la República, en efecto, nombra directamente
a seis de sus integrantes (los miembros de dedicación exclusiva y el ministro de
Hacienda) y de manera mediata al gerente General, por medio de quienes ha
nombrado en dicha junta.

Así, concluyó que el acto de nombramiento demandado crea una brecha de
género en la Junta Directiva del Banco de la República al no permitir la
participación de la mujeres en un 30% de los cargos que conforman el máximo
nivel decisorio de esa entidad, ya sea que se tomen la totalidad de los cargos,
frente a los cuales se evidencia una participación femenina de tan solo el 14,29%;
si se toman 6 (excluyendo al gerente General) sería de 16,7%; o cinco (los
miembros de dedicación exclusiva) llegaría a 20%, incumpliendo en cualquiera
de los escenarios el porcentaje establecido legalmente.

En punto del nombramiento escalonado precisó que no tienen importancia el
hecho de que sean diferentes presidentes los que los realicen, sino que lo
relevante es que se efectúe el nombramiento con enfoque de género para
corregir la desigualdad de hecho y que se “mantenga la debida y equitativa
proporción entre hombres y mujeres dentro de la misma, sin importar el tiempo”.

Aduce que el demandado, la Presidencia de la República y el Ministerio de
Hacienda hacen una interpretación equivocada de la autonomía del Banco de la
República, pues ella no es absoluta sino relativa, comoquiera que es una
institución que está sometida a todo tipo de controles, tales como “(i) el control

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político a cargo del Congreso; (ii) un control fiscal a cargo de la Controlaría
General; (iii) un control disciplinario a cargo de la Procuraduría; (iv) un control
inspección y vigilancia a cargo del Presidente de la República; (v) un control de
legalidad de sus actos administrativos ante la jurisdicción contencioso
administrativa; y (vi) un control constitucional de las normas que regulan su
estructura y funcionamiento a cargo del Tribunal Constitucional”.

Agrega a lo anterior, que la interpretación de quienes defienden la legalidad del
acto que se acusa, riñe con el estado constitucional al aducir la autonomía del
Banco de la República como obstáculo para la materialización de garantías
constitucionales como la equidad de género, con lo cual se desconoce que la
parte orgánica de la carta magna se ve irradiada por la parte dogmática,
incluyendo a la banca central, de tal manera que la interpretación del
ordenamiento jurídico más acorde, es aquella que garantice la efectividad de los
derechos fundamentales.

Así las cosas, la finalidad de la autonomía del Banco de la República es para el
mantenimiento de la “moneda sana”, lo que no se vería limitado por el
cumplimiento de la cuota prevista en la Ley 581 de 2000. Al respecto afirmó:

“En tal sentido, no se explica como (sic) una composición equitativa y correctora
de la desigualdad de facto riñe con la función monetaria del Banco o como (sic)el
hecho de que se garantiza un mínimo de mujeres dentro de la Junta Directiva
empeoraría el desempeño de la Banca Central y por ende peligraría el panorama
macroeconómico. Nada mas (sic) absurdo y segregador de la mujer que dicho
argumento”.

Añadió que en un ejercicio de balanceo se puede observar que la autonomía del
Banco de la República no riñe con la igualdad ni la equidad de género, por el
contrario garantizar estos últimos implica tomarse los derechos de las mujeres en
serio.

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6.3. Douglas E. Lorduy Montañez.

Reiteró que la autonomía del Banco de la República es esencial para la
democracia y para la consecución de los fines del Estado Social de Derecho, la
que se salvaguarda con el complejo sistema que se creó para el nombramiento
de los miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva, facultad que está
asignada al jefe de gobierno de manera restringida, pues, un mismo presidente
no puede nombrar a más de dos de sus miembros, so pena de afectar el sistema
de frenos y contrapesos.

Considera el demandante que con el nombramiento de Alberto Carrasquilla como
miembro de dedicación exclusiva del Banco de la República, el presidente de la
época se extralimitó en sus funciones e incurrió en abuso de poder, dado que ya
había efectuado los dos nombramientos que le correspondían, es decir, ya había
agotado su facultad nominadora constitucional, sumado al hecho de que con ello
vulneró la ley de cuotas, en lo que se remitió a lo señalado por los otros actores.

6.4. Alberto Carrasquilla Barrera.

El demandado reiteró los argumentos de defensa expuestos en las
contestaciones de las demandas.

6.5. Ministerio de Hacienda.

De igual forma insistió en lo expuesto en etapas anteriores. Resaltó que de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 31 de 1992 las disposiciones que resultan
aplicables al Banco de la República son exclusivamente la Constitución Política,
la mencionada ley y los estatutos, de tal manera que para que se pudiera exigir
el cumplimiento de la ley de cuotas en sus órganos de máximo nivel decisorio
sería necesario una reforma a dicho régimen, en consecuencia que como la Ley
581 de 2000 no hace parte de su régimen jurídico, no puede hablarse de
vulneración alguna y el acto demandado deviene en legal.

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6.6. Presidencia de la República.

Se reiteraron las consideraciones esbozadas en la contestación de la demanda
referente a la inaplicación de la Ley 581 de 2000 al Banco de la República, al
cumplimiento de las funciones por parte del entonces presidente, quien no podía
dejar de nombrar los miembros de dedicación exclusiva ante las renuncias que
se presentaron y por ello, el no desconocimiento de la moralidad administrativa.

7. Concepto del Ministerio Público.

Luego de esbozar algunos conceptos y generalidades sobre la Ley 581 de 2000
y de la Junta Directiva del Banco de la República, así como algunas
consideraciones de la Corte Constitucional contenidas en la sentencia C-371 de
2000, consideró que de conformidad con esta última el sub júdice podría
enmarcase en una de las excepciones a las que se refirió ese máximo órgano
constitucional referente a nombramientos de la Juntas Directivas y su origen
diverso, en la medida en la que son diferentes presidentes quienes toman dicha
decisión en el cuatrienio respectivo.

Sin embargo, señala que en este caso el expresidente Iván Duque nombró dos
de los miembros de dedicación exclusiva como consecuencia de la renovación
parcial prevista en el artículo 372 de la Constitución Política y los tres restantes,
entre ellos al demandado, como consecuencia de las renuncias presentadas por
sus predecesores, lo cual, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 31 de 1992,
configura una falta absoluta y habilita al mandatario para efectuar los reemplazos.

Así, los nombramientos efectuados con ocasión de las faltas absolutas son
contingencias que buscan suplir las respectivas vacantes, preservando el
cumplimiento de las funciones durante el período restante.

Ahora, a pesar de que considera que no se hace exigible la cuota de género en
este caso, si “exhorta a los respectivos nominadores a la procura de la adecuada
representación de la mujer conforme a la regla de selección allí prevista,

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buscando una representación igualitaria entre los distintos géneros en la cumbre
del Estado, con la finalidad de lograr el equilibrio y la esquiva paridad de género
dentro de la sociedad colombiana”.

De otra parte, manifiesta que el nombramiento de los miembros de dedicación
exclusiva es el resultado de sus competencias constitucionales y legales, lo que
no comporta que se viole el principio de frenos y contrapesos, ni que se limite la
autonomía del Banco de la República, ni la de su Junta Directiva.

En cuanto a la supuesta vulneración de la moralidad administrativa se remitió a
lo expuesto por esa Sección en uno de los procesos acumulados (2021-00058),
providencia en la que se negó la medida cautelar y frente al punto se indicó que
la competencia del presidente de la República para nombrar los miembros de
dedicación exclusiva no se invalida por las relaciones laborales o de
subordinación que hubiera podido tener con el señor Carrasquilla Barrera, pues
ello no conlleva inhabilidad para el ejercicio del cargo.

Por lo anterior, solicitó se negaran las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES.

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley
1437 de 201115 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, proferido por la Sala

15 “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales,
con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos:
(…)
“3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores,
de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de
Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden
nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación” (negrilla
adicionales).

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11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta es competente para emitir
pronunciamiento de fondo en única instancia en el presente proceso acumulado.

2. Acto acusado.

El Decreto 1032 del 1° de septiembre 2021 “Por el cual se nombra un miembro
de dedicación exclusiva en la Junta Directiva del Banco de la República” proferido
por presidente de la República.

3. Problema jurídico.

De conformidad con la fijación del litigio efectuada mediante auto de 26 de agosto
de 2022, el problema jurídico se contrae a determinar si debe decretarse la
nulidad del acto demandado por:

“infracción de norma superior, expedición irregular y desviación de las atribuciones
propias de quien lo profirió al desconocerse los artículos 13, 40, 43, 113, 209 y 372
de la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, específicamente el
artículo 4 de la Convención Belem Do Para, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 581
de 2000 y el artículo 4 literal b) de la Ley 472 de 1998.

Lo anterior por cuanto los demandantes estiman que con este nombramiento i) se
desconoció el derecho a la participación femenina en los cargos de máximo nivel
decisorio, ordenados por la Ley 581 de 2000, en una proporción no inferior al 30%;
ii) se vulneró el principio de frenos y contrapesos y el sistema de designación de
los miembros de la junta directiva del Banco de la República, establecido por la
Carta de 1991, por cuanto el presidente solo podía designar a dos (2) de ellos, y
iii) se quebrantó la moralidad administrativa, pues, en este caso, concurre, además
de la violación de las normas superiores, (elementos objetivo) el favorecimiento o
concentración del poder (elemento subjetivo), al nombrar a una persona de su
círculo más íntimo, que hasta hacía muy poco había fungido como Ministro de
Hacienda, el cual no puede representar “los intereses de la nación”.

Para resolver estos cargos, la Sala abordará el estudio en el siguiente orden: i)
infracción de norma superior, ii) participación de la mujer en la Ley 581 de 2000,

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

acápite en el que se analizará si esa ley es aplicable o no al Banco de la
República de 2000, iii) violación de los artículos 113 y 372 de la Constitución
Política, iv) vulneración del artículo 4 literal b de la Ley 472 de 1998 y v) la
desviación de poder.

4. Infracción de norma superior.

Los actos administrativos son a la vez el desarrollo o aplicación de disposiciones
jurídicas sustantivas y adjetivas, así como la creación de reglas de derecho
nuevas que deben estar en armonía con aquellas, en cuanto le sirven de
fundamento y, en tal virtud, le resultan inmediatamente superiores; de lo
contrario estará viciado de invalidez. Al respecto, conviene destacar que por
mandato expreso del artículo 4 de la Carta Magna «La Constitución es norma
de normas» y, en consecuencia, el control de la legalidad de los actos
administrativos y electorales, incluye verificar su concordancia no solo con los
mandatos de rango legal y reglamentario que los rigen sino también con los del
Estatuto Fundamental, incluidos aquellos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad y convencionalidad.

Con base en lo anterior, esta corporación ha explicado que para la configuración
de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer lugar, que las
disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado, integran el bloque
normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan la materia en la
que se inscribe su objeto y declaración de voluntad; y en segundo lugar, que en
efecto al confrontar el acto con tales normas surge su violación por contradicción
o desconocimiento. En este sentido, la Sección ha sintetizado los principales
escenarios en que se produce la infracción de norma superior, así:

“(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la
autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o
conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;

(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la
valoración y escogencia de la disposición normativa;

(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento
desatinado del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver”16.

Así las cosas, se deberá establecer, en concordancia con los argumentos
expuesto por la defensa, la presidencia de la República y el Ministerio de
Hacienda, sin la Ley 581 de 2000, es aplicable y exigible en la conformación de
los integrantes de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República.

5. La participación de la mujer en los niveles decisorios según la Ley 581
de 2000.

Es preciso destacar que la Constitución de 1991 estableció que Colombia es un
Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que la igualdad, en su doble
dimensión formal y especialmente material, pasó a convertirse en uno de los
derroteros de la acción estatal con miras a combatir la discriminación y proteger
especialmente a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, tal como lo
consagra su artículo 1317.

En este marco, promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva se
erigió en una de las obligaciones de las autoridades, en especial a favor de las
mujeres en razón de la historia de discriminación, sometimiento y marginación
que han padecido con miras a revertirla, en cuanto a su emancipación es
condición indispensable para alcanzar el desarrollo del país con paz, equidad y

16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016, expediente: 11001-03-28- 000-

2016-00038-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 “ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor
de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental,
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan”.

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

justicia social. Tan importante es esa meta, que se expresa en diferentes
mandatos específicos, entre los que se destaca el del artículo 4018, referido a la
debida garantía de su participación en los niveles decisorios de la administración,
como una forma de reconocer su subrepresentación política como un verdadero
déficit democrático.

De la mano del derecho a la igualdad (artículo 13 C.P.), se encuentra el 43
constitucional19, que reitera la paridad de derechos y oportunidades para
hombres y mujeres, que ha sido denominada “igualdad entre los sexos”20, en el
entendido de que el derecho a la igualdad se proyecta en todos los ámbitos que
se relacionen con las mujeres, entre ellos el campo laboral y de acceso a cargos
públicos.

La Ley 581 de 2000, “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público”, dio aplicación a esos contenidos constitucionales
pues expresamente indicó que se profería “de conformidad con los artículos 13,
40 y 43 de la Constitución Nacional”, para ello estableció un sistema de cuotas,
como mecanismo de acción afirmativa, paulatino y temporal, para promover la
participación de las mujeres en los niveles decisorios del Estado, en todas sus
ramas y órganos, hasta alcanzar una presencia equitativa de ambos sexos en
estos, igualando sus condiciones de acceso al desempeño de los cargos
directivos, tanto en el punto de partida como en el de llegada, de acuerdo con
criterios de mérito, para compensar, reforzar y devolver la igualdad que en este
campo tradicionalmente se les ha negado. Así las cosas, en los artículos de
aquella que se alegan como infringidos, se prevé:

18 “ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del

poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
(…)
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por
adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los
cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la Administración Pública” (negrillas adicionales).
19 ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
20 Corte Constitucional, sentencia C-038 del 24 de febrero de 2021, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

“ARTICULO 1o. FINALIDAD. La presente ley crea los mecanismos para que las
autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer
la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de
las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se
refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y
además promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad
civil.

ARTICULO 2o. CONCEPTO DE MÁXIMO NIVEL DECISORIO. Para los efectos
de esta ley, entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas
y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal.

ARTICULO 3o. CONCEPTO DE OTROS NIVELES DECISORIOS. Entiéndase
para los efectos de esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a
cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal
administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público,
diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de
dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control
de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento
y remoción de la rama judicial.

ARTICULO 4o. PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER. La participación
adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o.
y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades
nominadoras las siguientes reglas:

a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de
que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres;
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de
que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres.

PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal
de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días
en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la
conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente”.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

En las demandas acumuladas se solicita la nulidad del Decreto 1032 de 2021,
expedido por el presidente de la República, por medio del cual se nombró al señor
Alberto Carrasquilla Barrera, miembro de dedicación exclusiva en la Junta
Directiva del Banco de la República, por cuanto en esa Junta, constituida por
siete personas solo un cargo está ocupado por una mujer, motivo por el que se
ha debido nombrar a una dama en reemplazo de Carolina Soto para no incurrir
en violación de la Ley 581 de 2000.

Por su parte, el demandado, la Presidencia de la República y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público consideran que no existe tal vulneración, dado que,
en su parecer, la ley en mención no tiene aplicación para proveer los cargos de
la Junta Directiva del Banco de la República debido a: i) su autonomía, ii) el
nombramiento de sus integrantes se origina en diferentes personas y iii) el
período fijo de los miembros de dedicación exclusiva.

5.1. El carácter autónomo del Banco de la República frente a la ley de
cuotas.

La Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad monetaria, cambiaria
y crediticia y tiene a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del banco21
en su condición de “máximo órgano de gobierno”22, revistiendo así la
característica de órgano de “máximo nivel decisorio” (artículo 2 de la Ley 581 de
2000).

A su vez, la Carta Política, la Ley 31 de 199223 y el Decreto 2520 de 199324
reconocen la autonomía administrativa, patrimonial y técnica del Banco de la
República, dicha autonomía ha sido ampliamente analizada por la Corte

21 Artículos 372 de la Constitución Política y 33 de la Ley 31 de 1992.
22 Artículo 34 del Decreto 2520 de 1993.
23 “Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de

sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los
Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se
determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan
otras disposiciones”.
24 “Por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la República”.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Constitucional para indicar que se trata de la capacidad de ejercer sus
funciones25 de forma independiente, sin injerencia de las diferentes ramas del
poder público, pero en coordinación con las políticas económicas generales
estatales.

Así la Corte Constitucional ha diferenciado los escenarios en los que se despliega
la mencionada autonomía26:

“Por ello es en los ámbitos técnico y funcional donde la autonomía
constitucionalmente proclamada debe estar llamada a tener la mayor relevancia
como lo ha destacado esta Corporación en pronunciamientos que constituyen
persistente línea jurisprudencial. Con referencia a las proyecciones de autonomía
del Banco conforme a las menciones que hace el artículo 371 de la Constitución,
la jurisprudencia ha señalado que la autonomía abarca diversos campos, a saber:

"- Una autonomía administrativa, que comprende básicamente lo relativo a
la forma de su organización, el funcionamiento de su junta directiva y del
consejo de administración y el período del gerente.
• Una autonomía patrimonial, que concierne a la libertad e independencia
para administrar y afectar su propio patrimonio, mediante la ejecución de los
actos jurídicos y materiales relativos al cumplimiento de sus funciones.
• Una autonomía técnica, referida al señalamiento del conjunto de métodos,
procedimientos y mecanismos específicamente diseñados, relativas a las
reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas, las de estabilización
cambiaria y monetarias y el destino de sus excedentes, y el cumplimiento de
sus funciones básicas, como también a la libertad y capacidad de actuar en
dichos campos, sin la injerencia de otras autoridades.
• Una autonomía funcional, atinente al ejercicio de las competencias
específicas de que ha sido investido por la Constitución y la ley para el
cumplimiento de las funciones especializadas que les fueron asignadas.27

Ahora bien, a partir de los enunciados constitucionales y de acuerdo con los
desarrollos legales, el respeto al principio de autonomía habrá de ser apreciado en
cada caso por el Juez (la Corte Constitucional, cuando realiza el control abstracto

25 “la autonomía se concreta en una garantía para efectos del cumplimiento efectivo de las funciones

que le fueron asignadas”. Corte Constitucional sentencia C-481 del 7 de julio de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
26 Corte Constitucional sentencia C-827 del 8 de agosto de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
27 Nota del original: “Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell”.

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de constitucionalidad, y los demás jueces y tribunales de la rama judicial), al
resolver en concreto litigios en diferentes ámbitos del quehacer del Banco de la
República y de su Junta directiva, teniendo presente que a estos órganos estatales
asiste la garantía de ejercer sus competencias sin la injerencia indebida de otras
autoridades estatales, aunque habrá de coordinar con ellas su acción.

Es que dentro del régimen constitucional, tal como se ha plasmado en los textos
de la Constitución de 1991, la autonomía institucional es garantía de un ámbito de
acción sin injerencia de otros órganos y es al propio tiempo límite de actuación en
el ámbito específico asignado (principio de especialidad). Así mismo la autonomía
significa para las demás autoridades estatales deberes de actuar y velar porque
los órganos autónomos ejerzan sus competencias a plenitud, sin interferencias
indebidas” (negrillas adicionales).

De conformidad con lo anterior, se concluye que la autonomía que goza el Banco
de la República y su Junta Directiva, se refiere al ejercicio de sus competencias
y funciones señaladas en la legislación; a la forma de su organización,
relacionada con la estructura y organización interna en razón de sus funciones28;
técnica, relacionada directa y específicamente con las materias a su cargo; y, la
facultad de administrar su patrimonio, preservándolo de injerencias indebidas por
parte de otros órganos públicos.

En este orden de ideas, la aplicación de la Ley 581 de 2000 y la consecuente
exigencia de cumplir con la cuota de género en el órgano de máximo nivel
decisorio, en manera alguna limita la autonomía del Banco de la República,
muchos menos de su Junta Directiva, toda vez que no se están imponiendo
restricciones al ejercicio de sus funciones, no se establece una orientación
específica en las políticas que debe adoptar en su calidad de autoridad cambiaria,
monetaria y crediticia, no se está interfiriendo, reduciendo o anulando la iniciativa
de la Junta Directiva de la Banca Central, ni cambia la organización interna, ni su
estructura definida en los estatutos y en la Ley 31 de 1992, motivo por el cual, la
autonomía de esa entidad no riñe con que se tenga en cuenta la cuota de género
contemplada en artículo 4° de la ibídem, máxime cuando se trata de dar

28 Sumado a que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, ni de a los órganos fiscalizadores

o de control, ni electoral. Corte Constitucional, sentencia C- 050 del 10 de febrero de 1994, M.P.: Hernando
Herrera Vergara

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aplicación material a postulados constitucionales y convencionales 29, como el
derecho a la igualdad.

Sumado a lo anterior, la observancia de la Ley 581 de 2020 va aparejada e
integrada con normas constitucionales y convencionales, que han buscado
superar la desigualdad en la oportunidad de acceso al ejercicio de las funciones
públicas, instrumentos entre los que se puede destacar la Convención
Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, a la cual
Colombia se adhirió, aprobada mediante la Ley 248 del 29 de diciembre de 1995.
Tal tratado, en punto a la garantía del acceso a los cargos públicos señaló:

ARTÍCULO 4o. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros:

(…)

f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

(…)

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país
y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Así mismo, la Corte al estudiar su exequibilidad consideró:

6- Esta finalidad de la convención coincide claramente con los valores,
principios y derechos consagrados en la Constitución. En efecto, no sólo la
mujer, debe ser protegida en su dignidad y derechos constitucionales, como toda
persona (CP art. 1º y 5º), por lo cual el Estado tiene el deber de librarla de la
violencia (CP art. 2º), sino que, además, de manera específica, la Constitución

29 Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23.

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proscribe toda discriminación contra la mujer y ordena la realización de la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujer (CP art. 43).

Es más, algunos podrían considerar que, en estricto rigor lógico y conceptual, el
presente convenio resulta innecesario, pues la mujer es persona, y los derechos
de las personas ya se encuentran consagrados y protegidos, tanto por los tratados
de derechos humanos como por la propia Constitución. Pero desafortunadamente
en la práctica la violencia y la discriminación contra la mujer se encuentran muy
extendidas, pues son un ejercicio de poder que deriva en gran medida de las
relaciones inequitativas que subsisten entre mujeres y hombres. Por ello la Corte
considera que, como bien lo señalan varios intervinientes, la exposición de motivos
gubernamental y los debates en las Cámaras, el presente instrumento jurídico
tiene gran importancia dentro del contexto social internacional y colombiano pues
las distintas modalidades de violencia afectan la dignidad, la vida y la integridad de
las mujeres en muy diversas formas30.

De tal manera, que la anhelada “igualdad entre los sexos”, en principio no
requeriría más normas que las previsiones constitucionales, pero identificado
dicho déficit, fueron necesarias otros dispositivos normativos que le dieran plena
aplicación y vigencia a esos principios constitucionales, como lo es la Ley 581 de
2020, legislación con la que adicionalmente se cumple con los propósitos y los
deberes contenidos en la Convención Internacional para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, en la que se estableció como deberes de
los Estados, entre otros, “adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole
que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”.

De otra parte, es pertinente señalar que en punto de la autonomía de la Junta
Directiva del Banco de la República, la Corte Constitucional al estudiar la
procedencia de la edad de retiro forzoso frente a sus miembros, señaló que tal
norma no les era aplicable, con fundamento en los siguientes argumentos:

(x) Por consiguiente, si bien el Legislador tiene un amplio margen de configuración
normativa en relación con la Junta del Banco de la República, no puede establecer
regulaciones que invadan el contenido esencial de dicha autonomía, por cuanto
“Las disposiciones constitucionales solo lo habilitan para establecer las

30 Corte Constitucional, sentencia C- 408 del 4 de septiembre de 1996, M.P.: ALEJANDRO MARTÍNEZ

CABALLERO

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limitaciones que resulten necesarias e indispensables y, además,
proporcionadas a la misión que le ha sido asignada al banco, de tal manera
que no lesione el núcleo esencial de la autonomía de que es titular” 31.

(…)

(xii) La Corte coincide con la demandante en cuanto a que dicha disposición, al
establecer como causal general de retiro forzoso de las funciones públicas a
quienes alcancen la edad de 70 años, incluyendo a los miembros de la Junta
Directiva del Banco de la República, desconoce no sólo el régimen especial de
dicha entidad y de su Junta Directiva, sino la garantía institucional de su
autonomía.

En efecto, el régimen constitucional especial de la Junta del Banco, desarrollado
por el legislador, no incluye como causal de retiro ni de vacancia absoluta de
sus miembros el cumplimiento de una determinada edad. Incluso, con el fin de
garantizar el régimen constitucional de conformación de la Junta, el legislador
estableció que los reemplazos en los casos de vacancia expresamente previstos
en el artículo 35 de la Ley 31 de 1992 -en los que no se incluyó la edad de retiro
forzoso-, sólo podrán ser nombrados para el resto del período, preservando de
esa manera el carácter institucional de los períodos de sus integrantes.

(xiii) Entonces, si bien el legislador es competente para expedir leyes relacionadas
con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su
junta directiva, esa función la debe ejercer respetando la configuración específica
consagrada en los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución Política. Este diseño
constituye el soporte orgánico que requiere la Banca Central para cumplir los fines
y funciones definidos por el constituyente dentro del modelo de Estado Social de
Derecho adoptado.

Por tanto, concluye la Sala que la norma demandada desconoce el régimen
especial de la Junta Directiva del Banco y la garantía de su autonomía,
consagrados en la Constitución Política, al establecer, mediante el artículo 1º de la
Ley 1821 de 2016, la edad de retiro forzoso de los miembros de la Junta Directiva
del Banco de la República”32.

De lo previamente transcrito se encuentra que la Corte Constitucional consideró
que el cobijar a los miembros de la Junta Directiva con la edad de retiro forzoso

31 Sentencia C-208 de 2000.
32 Corte Constitucional, sentencia C-426 del 30 de septiembre de 2020, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

desconocía el régimen especial al que está sometido, pues las causas para que
el gerente y los miembros de dedicación exclusiva de la Banca Central no
continúen en sus cargos están específicamente reguladas en la ley que rige a
esa entidad, con lo cual desconocía su autonomía y su diseño institucional.

La Sala considera que tales supuestos, no son aplicables al caso que ahora se
estudia, como lo indicó la parte pasiva, pues, es evidente que en el caso de la
edad de retiro forzoso se estaba agregando una causal de desvinculación del
servicio que no había sido contemplada en su régimen especial, lo que implicaba
que si el gerente o alguno de los miembros de dedicación exclusiva de la Junta
Directiva, estando en ejercicio del cargo alcanzaba aquella edad, debía cesar en
sus funciones, a pesar de no estar incluida como causa de retiro o falta absoluta
en sus normas regulatorias especiales, afectando con ello el debido ejercicio de
sus funciones, así como el diseño institucional33, en la forma prevista, punto en
el cual no guarda correspondencia con la cuota de género, pues, en esta última
su cumplimiento se debe verificar previo al ingreso al servicio público por quien
reviste la potestad nominadora, por lo que no afectaría a ningún miembro en
ejercicio. Adicionalmente, no se está estableciendo limitación alguna a la misión
de saneamiento de la moneda, ni está regulando en modo alguno la manera en
la que debe ejercer sus funciones o impartiendo directrices al respecto, por lo
cual no se lesiona el núcleo esencial de la autonomía que la caracteriza.

Así, el propósito que tuvo el legislador al expedir la Ley 581 de 2000 fue
materializar “la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público”. En este
sentido, el legislador quiso que tal garantía se reflejara en todos los órganos del
poder público sin distinción alguna, razón adicional por la cual se entiende
incluido el Banco de la República.

33 “El diseño institucional del Banco de la República, así como su sujeción a un régimen legal propio,

corresponden entonces a una ingeniería institucional de equilibrio de poderes y a un sistema de frenos y
contrapesos cuyo objetivo es garantizar el principio de autonomía que rige su organización y funcionamiento
y, al mismo tiempo, su rol dentro del Estado Social de Derecho , en particular el de velar por el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”. Ibídem.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Así las cosas, se concluye que postulados y valores como evitar la discriminación
de la mujer y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, son axiomas que vienen desde la Constitución, permeados por el
derecho convencional y que se acompasan con la Ley 581 de 2000, que deben
ser observados en los diferentes ámbitos estatales, entre ellos, el Banco de la
República, pues su régimen especial no riñe con esos derechos y garantías.

5.2. Origen del nombramiento de los miembros de la Junta Directiva del
Banco de la República.

El demandado y las entidades que participaron en la expedición del acto
demandado consideran que el nombramiento de los miembros de dedicación
exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República se origina en diferentes
personas, debido al sistema escalonado que procede para proveerlos, como
quiera que, son cargos que se nombran para cuatro años y dos de ellos deben
ser reemplazados dentro del primer mes de cada período, lo que en concepto de
la defensa, hace que los nombramientos no se originen en el mismo presidente,
y con ello se enmarque el caso dentro de los condicionamientos establecidos por
la Corte Constitucional al artículo 4º de la Ley 581 de 2000, en consecuencia esa
entidad escaparía del ámbito de su aplicación.

La Corte Constitucional al efectuar la revisión previa y automática de la que sería
la Ley 581 de 2000, mediante la sentencia C-371 de 2000 condicionó la
exequibilidad del artículo 434, “siempre que se entienda que la regla de selección
que en él se consagra, se deberá aplicar en forma paulatina, es decir, en la
medida en que los cargos del "máximo nivel decisorio" y de "otros niveles

34 “ARTICULO 4o. PARTICIPACION EFECTIVA DE LA MUJER. La participación adecuada de la mujer en

los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva
aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2o.,
serán desempeñados por mujeres;
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3o.,
serán desempeñados por mujeres.
PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que
será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del
mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente”.

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decisorios" vayan quedando vacantes. Y que cuando el nombramiento de las
personas que han de ocupar dichos cargos dependa de varias personas o
entidades, se procurará que las mujeres tengan una adecuada representación
conforme a la regla de selección allí prevista, sin que éste sea un imperativo
ineludible”. Como fundamento de esta decisión, explicó el alcance de la cuota de
género prevista en el artículo 4, a partir de una interpretación sistemática con los
artículos anteriores en contraste con los mandatos superiores que le sirven de
fundamento, en particular, los de igualdad material, participación política de las
mujeres y el mérito como criterio de acceso a la función pública, así mismo se
refirió a los cargos que consideró incompatibles con la aplicación de la cuota en
mención, en los siguientes términos:

“50- De otro lado, esta Corporación encuentra que ciertos empleos de los niveles
decisorios son difícilmente compatibles con un sistema de cuotas. Es el caso de
las juntas directivas de las distintas entidades de la rama ejecutiva, pues ellas,
generalmente, están conformadas 1) por el Presidente de la República o su
delegado, 2) por los Ministros del despacho o sus delegados, 3) por el director o
gerente del organismo respectivo o su representante, 4) por servidores públicos
que en razón del cargo que desempeñan, tienen derecho a pertenecer a ellas, 5)
por particulares que ejercen actividades relacionadas con el servicio público que
presta el organismo respectivo -ya sea como usuarios o beneficiarios del mismo o
en su calidad de representantes de organizaciones, asociaciones u otros grupos
sociales-.

Dado que el nombramiento de tales miembros se origina en distintas
personas: funcionarios públicos, particulares, organizaciones de diversa
índole, la exigencia de una cuota resulta improcedente, pues si la designación
se hace simultáneamente, no sería viable determinar cuál de las autoridades
nominadoras es la que debe designar una mujer como su representante, o en
caso de hacerse sucesivamente, no se encuentra un criterio claro para atribuir a
alguna de tales autoridades la obligación de nombrar a una mujer.

En consecuencia, se hará un segundo condicionamiento a la declaratoria de
exequibilidad del artículo 4°, en el sentido de que cuando en la designación de
cargos del "máximo nivel decisorio" o de "otros niveles decisorios" concurran varias
personas o entidades, se procurará que las mujeres tengan una adecuada
representación conforme a la regla de selección allí prevista, sin que ésta sea
inexorable” (énfasis de la Sala).

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Con fundamento en lo anterior, la defensa estima que por el sistema escalonado
del nombramiento y de reemplazos de los miembros de dedicación exclusiva de
la Junta Directiva de Banco de la República, la cuota de género no es exigible,
ya que son diferentes presidentes o varias personas las llamadas a proveer esos
cargos.

Sea lo primero señalar que la Sala advierte que tal condicionamiento, esto es,
“cuando en la designación de cargos del ‘máximo nivel decisorio’ o de ‘otros
niveles decisorios’ concurran varias personas o entidades, se procurará que
las mujeres tengan una adecuada representación conforme a la regla de
selección allí prevista, sin que ésta sea inexorable” es aplicable a la conformación
del total de la Junta Directiva, entendida dicha conformación con el gerente, los
miembros de dedicación exclusiva y el ministro de Hacienda.

Lo anterior por cuanto, en efecto, en la elección de aquellos concurren diferentes
personas, a saber: i) la Junta Directiva, que escoge al gerente y ii) el presidente
de la República que nombra a los miembros de dedicación exclusiva y al ministro
de Hacienda. Así, en ese primer panorama, se observa la multiplicidad de
voluntades que intervienen para la conformación de la Junta Directiva, tales como
el presidente y la propia junta, en este específico caso del Banco de la República.

En ese mismo escenario, no puede entenderse que el gerente es nombrado de
manera indirecta por el presidente de la República, pues los demás miembros de
la Junta Directiva son autónomos en sus decisiones y deben escogerlo sin
injerencias de otros organismos o funcionarios.

De otra parte, si bien el ministro de hacienda es nombrado por el presidente, no
puede equipararse dicha designación con la de los miembros de dedicación
exclusiva, pues, de un lado corresponden a categorías de cargos diferentes35, y

35 “Así mismo, la Corte entiende que es una cuota específica y no global. Es decir que se aplica a cada

categoría de cargos y no al conjunto de empleos que conforman el "máximo nivel decisiorio" y los "otros
niveles decisorios”. Sentencia C-371 de 2000.

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de otro, tampoco se trata de la misma clase de empleos, comoquiera que tanto
el gerente como los miembros de dedicación exclusiva son funcionarios públicos
de la banca central, según lo dispone el artículo 46 literal a) del Decreto 2520 de
1993, norma que exceptúa expresamente al ministro, dado que este hace parte
de la Rama Ejecutiva36 y participa en la Junta Directiva del Banco de la República
como miembro del gobierno nacional con el fin de coordinar las políticas a su
cargo37.

En consecuencia, por provenir el nombramiento y elección de personas
diferentes (gerente y miembros de dedicación exclusiva) y por no pertenecer a la
misma categoría de cargos (ministro de Hacienda) es pertinente concluir que para
la determinación de la cuota de género no se deben tener en cuenta los cargos
que no tienen uniprocedencia, como los son el gerente y el ministro de Hacienda
y Crédito Público.

36 Artículo 38, Ley 489 de 1998.
37 Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008, “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público”
“ARTÍCULO 3º. FUNCIONES. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá, las siguientes funciones:
(…)
2. Coordinar con la Junta Directiva del Banco de la República las políticas gubernamentales en
materia financiera, monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal.
ARTÍCULO 6º. DESPACHO DEL MINISTRO. Son funciones del Despacho del Ministro además de las
establecidas en la Constitución Política y en el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
(…)
5. Coordinar con otros órganos del Estado las políticas financiera, cambiaria, monetaria, fiscal y
aduanera, a través de su participación en el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-
, en el Consejo Superior de Comercio Exterior, en el Comité Nacional de Cafeteros, en el Consejo Superior
de Política Fiscal -CONFIS-, en la Junta Directiva del Banco de la República y en los demás órganos de
dirección de las entidades que tengan relación con asuntos de su competencia.
(…)
17. Delegar, en los empleados públicos de los niveles directivo o asesor las funciones que se requieran para
el mejor desarrollo de la gestión del Ministerio, en especial, las relacionadas con temas específicos de su
competencia, así como las de asistencia a Consejos y Juntas Directivas de las cuales forme parte este
Ministerio por derecho propio”.

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Queda por despejar si la Ley 581 de 2000 es o no exigible a una sola categoría
de cargos, como lo son los cinco miembros de dedicación exclusiva de esa junta
directiva, para ello es pertinente acudir nuevamente a las normas sobre su
conformación:

Constitución Política

“ARTICULO 372. (…) Los cinco miembros restantes, de dedicación exclusiva,
serán nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables de
cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años” (se resalta).

Ley 31 de 1992

“ARTÍCULO 34. DE LA DESIGNACIÓN Y PERÍODO DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA. Los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, distintos
del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Gerente General, serán
nombrados por el Presidente de la República para períodos de cuatro (4) años que
empezarán a contarse a partir de la fecha de designación de la primera Junta en
propiedad Para hacer efectiva la renovación parcial prevista en la
Constitución Política, una vez vencido el primer período, el Presidente de la
República deberá reemplazar dos (2) de los miembros de la Junta dentro del
primer mes de cada período. Los restantes continuarán en desarrollo del
mandato del artículo 372 de la Constitución. Ninguno de los miembros puede
permanecer más de tres (3) períodos consecutivos contados a partir de la vigencia
de esta Ley.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La primera Junta Directiva en propiedad será
integrada dentro del mes siguiente a la promulgación de esta Ley” (negrillas
adicionales).

Decreto 2520 de 1993:

Artículo 36. De la designación y período de los miembros de la Junta. Los
miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, distintos del Ministro de
Hacienda y Crédito Público y del Gerente General, serán nombrados por el
Presidente de la República para períodos de cuatro (4) años que empezarán a
contarse a partir de la fecha de designación de la primera Junta en propiedad. Para

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hacer efectiva la renovación parcial prevista en la Constitución Política, una vez
vencido el primer período, el Presidente de la República deberá reemplazar dos
(2) de los miembros de la Junta dentro del primer mes de cada período. Los
restantes continuarán en desarrollo del mandato del artículo 372 de la
Constitución. Ninguno de los miembros puede permanecer más de tres (3)
períodos consecutivos contados a partir de la vigencia de la Ley 31 de 1992 (se
resalta).

De las normas transcritas, se encuentra que los miembros de dedicación
exclusiva son nombrados por el presidente de la República, tal diseño
institucional estableció un sistema de renovación parcial en el cual, cada cuatro
años, dos de ellos deben ser reemplazados, lo que implica que, en principio, un
presidente solo puede hacer el nombramiento de dos de esos funcionarios de la
banca central, por expresa disposición constitucional y legal, lo cual buscaba que
“algunos de sus integrantes iniciaran sus respectivos períodos en el mandato de
un Presidente y lo culminaran cuando el titular de la primera magistratura fuera
otro”38, es decir, que el período de presidente, no coincidiera en su totalidad con
el de aquellos que nombraba39.

Tal diseño institucional busca garantizar la autonomía en el ejercicio de las
funciones del Banco, de manera que pueda tomar las decisiones que sean más
apropiadas para el país, para lo cual se requiere estabilidad e independencia de
quien se desempeña en ella.

Sin embargo, el hecho de que un presidente, en principio, solo pueda nombrar
dos de esos funcionarios, no significa que se altere su facultad nominadora, es
decir, sus competencias asignadas legal y constitucionalmente, comoquiera que,
en todo caso, esa facultad la debe ejercer quien ostente la presidencia de la
República, independientemente de que la investidura del cargo la tenga una u
otra persona, razón por la cual no se puede considerar que el cambio del titular
de esa dignidad, implique que existan varias autoridades.

38 Corte Constitucional, sentencia C- 141 del 26 de febrero de 2010. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
39 “(…) la Constitución faculta al Presidente a remover discrecionalmente a dos de los codirectores cada

cuatro años, en la mitad del período presidencial, el período de los restantes codirectores queda
automáticamente renovado”. Ibidem.

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En consecuencia, para la Sala, sí existe uniprocedencia respecto de los
nombramientos de los miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva
del Banco de la República, comoquiera que el presidente que nombra, puede
cumplir con la cuota de género al conocer la composición de la junta en el
momento de ejercer su competencia y no estaría ante la dificultad que planteó la
Corte Constitucional, referente a que cuando intervienen varias autoridades
nominadoras no sería posible saber a cuál de ellas le corresponde cumplir con la
cuota de género, habida cuenta que es un solo presidente el llamado a ejercer
tal nominación en un momento específico.

Tan es así, que cuando se presentan faltas absolutas40, antes de que se venza
el período de alguno de los codirectores susceptibles de ser reemplazados o
incluso cuando ya se haya agotado la facultad de proveer las dos plazas que la
norma consagra, por haberse efectuado los reemplazos pertinentes, el llamado
a proveerlas es el propio presidente de la República.

En línea con anterior, a pesar de que la regla general es que un mismo
presidente, en principio, solo puede nombrar a dos de dichos miembros, en la
práctica ello no ha ocurrido y lo excepcional se volvió común, como lo avizoró la
Corte Constitucional, lo que, per sé, no afectó la autonomía e independencia de
ese órgano,:

“En el caso de la Junta del Banco de la República, debido a la renuncia anticipada
de alguno de sus miembros, todos los Presidentes entre 1991 y 2006, han
nombrados más de 2 de los 7 miembros, lo cual, contando al Ministro de
Hacienda, permite sumar la mayoría de los miembros. Ello no ha llevado a que

40 Decreto 2520 de 1993: “Artículo 37. Faltas absolutas de los miembros de la Junta. En caso de falta

absoluta de uno de los miembros de la Junta, el Presidente de la República nombrará su reemplazo por el
resto del período.
Son faltas absolutas la muerte, la renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia proferida por
autoridad competente y la ausencia injustificada a más de dos (2) sesiones continuas.
En caso de enfermedad de uno de los miembros de la Junta, a solicitud suya o de los restantes miembros,
el Presidente de la República nombrará su reemplazo por el tiempo que sea necesario”.

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se alegue que los miembros de la Junta están incumpliendo el mandado según el
cual ‘representarán exclusivamente el interés de la Nación’ (C.P. arto 372)”41.

Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro42:

Nombrados por Nombre Motivo de retiro
Carlos Ossa Renuncia
Miguel Urrutia Renuncia
Nestor H. Martínez Renuncia
Roberto Junguito Renuncia
Cesar Gaviria Trujillo
María Mercedes Cuellar Renuncia
Oscar Marulanda Reemplazo
Hernando J. Gómez Reemplazo
Salomón Kalmanovitz Finalización tres períodos
Antonio Hernandez G. Renuncia
Ernesto Samper
Pizano Leonardo Villar Finalización tres períodos
Luis Bernardo Flórez Reemplazo
Sergio Clavijo Reemplazo
Andrés Pastrana Carlos Caballero Renuncia
Fernando Tenjo Finalización tres períodos
Juan José Echavarría Reemplazo
Carlos G. Cano Finalización tres períodos
Álvaro Uibe Vélez43 Juan Mario Laserna Reemplazo
Juan Pablo Zárate Renuncia
Francisco Cesar Vallejo Reemplazo
Ana Fernanda Maiguashca Reemplazo
Juan Manuel Santos Adolfo Meisel Renuncia
C. Gerardo Hernádez Reemplazo
José Antonio Ocampo Renuncia

41 Corte Constitucional, sentencia C- 141 del 26 de febrero de 2010. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
42 Según la información brindada por el Banco de la República el 1° de octubre de 2021, acompañada con

la contestación de la demandad.
43
Se debe tener en cuenta que en el caso de los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos
Calderón estuvieron en la presidencia de la República por dos períodos consecutivos, evento en el que le
correspondía nombrar cuatro de los miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de
la República, pero como se aprecia cada uno nombre cinco de ellos.

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Carolina Soto Renuncia
Roberto Steiner Actual
Arturo J. Galindo Renuncia
Mauricio Villamizar Actual
Ivan Duque Marquez
Viviana Taboada Actual
Jaime Jaramillo Actual
Alberto Carrasquilla Actual

Así las cosas, para el caso concreto la Sala concluye, que por este aspecto no le
asiste razón a la parte demandada al pretender excluir la aplicación de la Ley 581
de 2000 al nombramiento de los miembros de dedicación exclusiva de la Junta
Directiva del Banco de la República, máxime en el caso que se estudia, en el que,
como se vio en el cuadro anterior, el entonces mandatario de la República
nombró a los cinco miembros de dedicación exclusiva de esa Junta.

5.3. La naturaleza del empleo de los miembros de la Junta Directiva del
Banco de la República.

Otra excepción propuesta por la defensa consiste en que tampoco resulta
procedente exigir la cuota de género en este caso porque los miembros de la
Junta Directiva del Banco de la República, con excepción del ministro de
Hacienda y Crédito Público, son funcionarios de período fijo y no de libre
nombramiento y remoción, estos últimos sobre quienes si se aplica la ley de
cuotas, ello apoyado en lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-371 de 2000.

En primer lugar, es pertinente poner de presente que el artículo 2 de la Ley 581
de 2000 al consagrar el concepto de máximo nivel decisorio, no realizó ninguna
precisión o distinción respecto de la naturaleza del cargo, como si lo puntualizó
al artículo 3 en los de otros niveles decisorios, así:

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“ARTICULO 2o. CONCEPTO DE MAXIMO NIVEL DECISORIO. Para los efectos
de esta ley, entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a
quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas
y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional,
provincial, distrital y municipal.

ARTICULO 3o. CONCEPTO DE OTROS NIVELES DECISORIOS. Entiéndase
para los efectos de esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a
cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal
administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público,
diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de
dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control
de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento
y remoción de la rama judicial”.

En punto de los cargos de libre nombramiento y remoción, la Corte Constitucional
al estudiar la proporcionalidad y razonabilidad de la cuota contenida en el artículo
4 señaló lo siguiente:

“41- Ahora bien: aceptado que la medida es adecuada y necesaria, debe entonces
determinarse si el trato desigual sacrifica derechos y principios que tengan un
mayor peso que los que se pretende satisfacer mediante dicho trato. Esta
Corporación, siguiendo la línea de argumentación que lleva hasta ahora, considera
que la mejor vía para analizar este punto es examinando los reparos que
generalmente se aducen en relación con las cuotas y que, por su parte, plantean
algunos de los intervinientes.

42- Primer argumento: La medida establece una diferenciación irrazonable en
las oportunidades de acceso a los cargos de "máximo nivel decisiorio" y "otros
niveles decisorios", que viola el derecho a la igualdad y al trabajo de las personas
que pertenecen a la población masculina.

(…)

Empero, podría argumentarse que en un caso particular, en el que un determinado
hombre no fue elegido, porque el 70% de los cargos en cuestión ya estaban
ocupados por otros hombres, a esta persona, individualmente considerada, se le
impuso una carga injustificada.

45

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11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Sin embargo, esta objeción no puede ser aceptada, pues los cargos que están
comprendidos en el "máximo nivel decisiorio" y en los "otros niveles
decisorios" son cargos de libre nombramiento y remoción, frente a los cuales
nadie puede alegar que tiene un derecho adquirido para ocuparlos. Lo que sucede,
entonces, es que en virtud de la cuota se reducen las expectativas del hombre que
espera ser elegido, y ello no comporta, de manera alguna, una carga excesiva, y
mucho menos, un vicio de inconstitucionalidad. Sería absurdo, por ejemplo, que
una persona insistiera en que tiene derecho a ser ministro, o que si se suprime el
Ministerio del Medio Ambiente, la norma que así lo dispone es inconstitucional,
porque tiene menos posibilidades para acceder a una cartera ministerial.

(…)

44-Tercer argumento: La cuota atenta contra la naturaleza de los cargos de libre
nombramiento y remoción.

Como ya se explicó, los cargos que se pretende proveer mediante el sistema
de cuotas son cargos de libre nombramiento y remoción. Tales empleos, son
"creados de manera específica, según el catálogo de funciones del organismo
correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u
orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices
fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo
dicho tipo de responsabilidades."44 En la provisión de estos cargos, a diferencia de
los de carrera, el nominador tiene libertad o discrecionalidad para designar a la
persona que considere más idónea. En relación con el Presidente de la República,
esta facultad está expresamente reconocida en los numerales 1 y 13 del artículo
189 de la Constitución.

Ahora bien: aunque está implícita en la naturaleza de tales cargos la
discrecionalidad del nominador, es claro que ella no es absoluta, pues
necesariamente debe ejercerse de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales. Así, por ejemplo, las personas que deben ser
designadas tienen que cumplir con ciertos requisitos, de manera que se garantice
la eficacia y la eficiencia en la administración pública, y no por ello puede
considerarse que se "desnaturaliza" la facultad de libre nombramiento y remoción
o, como lo sugiere uno de los intervinientes, el principio democrático en el caso de
que el nominador sea elegido popularmente.

44 Ver, entre otras, las sentencias C-104, C-195, C-514, C-527 de 1994, C-552/96 y C-580/98.

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Lo mismo sucede, entonces, en relación con las cuotas; si bien es cierto que la
medida constituye una restricción al ámbito de la potestad de libre nombramiento
y remoción, esta limitación es razonable y no es de tal naturaleza que afecte su
núcleo esencial. En primer lugar, porque el nominador tiene un universo muy
amplio de donde elegir, el 51 % de la población y, en segundo lugar, porque tal
límite se establece en función de una finalidad constitucional, como es la
consignada en el artículo 40 de la Carta, a saber: garantizar en un Estado
democrático, la participación equitativa de la mujer en el ejercicio del poder”45.

De lo transcrito se encuentra que la Corte analizó el elemento de la
proporcionalidad y razonabilidad de la medida desde los argumentos
presentados por los intervinientes46, algunos como reparos, en relación con la
cuota y por ello se refirió a los cargos de libre nombramiento y remoción expresión
contenida en el artículo tercero47 del proyecto analizado; sin embargo, se observa

45
Corte Constitucional, sentencia C-371 del 29 de marzo de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
46 “3. Intervención ciudadana

El ciudadano Yefferson Mauricio Dueñas, solicita a la Corte declarar inconstitucionales los artículos 4, 6, 7
y 14 del proyecto de ley estatutaria N° 062/98 Senado y N° 158/98 Cámara. Esta son sus razones:
(…)
3. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la provisión de un empleo público se debe
atender a "los fines del Estado, los méritos de cada persona, la confianza, la eficiencia y el buen servicio".
Sin embargo, no se ha señalado criterio alguno que justifique nombrar a una persona en este tipo de cargos,
sólo por el hecho de pertenecer a determinado sexo.
"Piénsese en un caso hipotético, en el que un alcalde de un municipio no encuentra, dentro de su grupo de
trabajo, una mujer en quien pueda depositar tranquilamente su confianza para el desempeño de un cargo
de libre nombramiento y remoción; o supóngase que aún existiendo tal mujer, la persona más capacitada
para un cargo fuese una persona de raza indígena o de religión judía ¿Sería constitucional sacrificar la
posibilidad de vinculación del indígena o del judío para garantizar, en cumplimiento de una ley, que una
mujer realice la actividad para la cual no es la persona más capacitada? ¿Se antepone el sexo a la confianza
y al buen servicio público? Parece existir consenso en que la respuesta debe ser un No rotundo".
(…)
12. Concepto de la doctora Julieta Lemaitre, Directora del Observatorio de la Mujer. Universidad de
los Andes.
(…)
De otra parte, nadie tiene derecho adquirido a un cargo de libre nombramiento y remoción, por tanto, no se
puede alegar un perjuicio específico.
47 El texto del artículo tercero que se estudió disponía:

“Artículo 3°. Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta ley, por "otros
niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la Rama
Ejecutiva, del personal administrativo de la Rama Legislativa y de los demás órganos del poder público,
diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en la
formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los
niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre
nombramiento y remoción de la Rama Judicial”.

47

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que dicho estudio no estuvo circunscrito a determinar la naturaleza de los cargos
a los cuales se les debía aplicar la cuota, ni mucho menos se refirió en aparte
alguno a los cargos de período fijo.

Ahora, la Corte Constitucional declaró exequibles esas normas (artículos 2 y 3)48,
precisando que se excluían los cargos de carrera, los que se proveen por el
sistema de ternas y los cargos de elección popular49, los cuales se deberá
determinar de conformidad con los estatutos o manuales de cada entidad, sin
mencionar alguna consideración adicional respecto de su aplicación exclusiva a
los cargos de libre nombramiento y remoción para los cargos de máximo nivel
decisorio, así:

“Artículo 2° y 3 °. Definiciones.

32- En los artículos 2° y 3° se definen los conceptos de "máximo nivel decisorio" y
"otros niveles decisorios".

(…)
Estas definiciones buscan aclarar cuáles cargos del Estado quedan sujetos a la
regla de selección que se establece en el artículo 4° (una cuota mínima del 30%
para las mujeres). No obstante su evidente ambigüedad e indeterminación, por
tratarse de simples definiciones, la Corte considera que los artículos 2° y 3° no
adolecen de vicios de inconstitucionalidad. Empero, frente a ellos debe hacer las
siguientes precisiones:

1) De los empleos a los que se refieren las normas bajo examen, quedan excluidos
los que pertenecen a la carrera administrativa, judicial, o a otras carreras
especiales, los que se proveen por el sistema de ternas y listas, y los cargos de
elección, tal y como lo dispone el artículo 5° del proyecto, que se estudiará en su
momento.

48 “Segundo: Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 del mismo proyecto de

ley”. Sentencia C-371-00.
49 “No sobra aclarar, que la Corte entiende que tal excepción recae sobre los de elección popular, porque

de lo contrario se restringiría excesivamente el ámbito dentro del cual la ley está llamada a operar.
(…)
Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 5°, siempre que se entienda que por “cargos de elección” están
comprendidos únicamente los de elección popular”.

48

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2) A pesar de que en las normas que se revisan, no se hace una enumeración
taxativa de los cargos que conforman el "máximo nivel decisiorio" y los "otros
niveles decisiorios", y de que no corresponde hacerla a la Corte, es claro que tales
empleos se deberán determinar de acuerdo con los estatutos en los que se
establece la nomenclatura de los empleos, los manuales de funciones y requisitos,
y las plantas de personal.

3) En cuanto al artículo 2°, debe señalarse que a nivel departamental, regional,
provincial, distrital y municipal, no hay tres ramas del poder público, como bien lo
señala uno de los intervinientes. La norma pues, adolece de falta de técnica
legislativa, lo que no significa que por ello sea inconstitucional. Simplemente, la
Corte aclara que la referencia a las tres ramas del poder público debe entenderse
para el nivel nacional.

Así pues, los artículos 2° y 3° se declararán exequibles”.

En consecuencia, esta Sala concluye que para los cargos que se enmarquen en
el concepto de máximo nivel decisorio, la exigencia de la cuota no se limita a los
de libre nombramiento y remoción, por cuanto i) el artículo 2º de la Ley 581 de
2000 no lo consagró así expresamente, como si lo hizo frente a los de otros
niveles decisorios, ii) los cargos de período no fueron exceptuados expresamente
por la Ley 581 de 2000, como si lo están los de carrera, los de elección popular
y los que se provean por el sistema de listas o ternas, y iii) porque la Corte
Constitucional no realizó ningún condicionamiento al artículo segundo, sino que
lo analizó y avaló sin incluir allí exclusivamente los cargos de libre nombramiento
y remoción.

En el sub júdice, como se ha precisado, de conformidad con los artículos 372
Constitucional, 34 de la Ley 31 de 1992 y 36 del Decreto 2520 de 1993, los
miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República
son nombrados por el presidente de la República, tienen un período prorrogable
de cuatro años y dos de ellos deben ser reemplazados cada cuatro años. De los

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

anteriores preceptos normativos se puede determinar que los cargos de los
miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva son de período fijo50.

En ese orden, en el caso de los cargos de período fijo no se encuentra una razón
que justifique su exclusión o un motivo por el cual en ellos la cuota sea
incompatible, es decir, que resulta exigible en los cargos de esta naturaleza,
como resulta frente a la designación de los miembros de dedicación exclusiva.

5.4. Constatación del cumplimiento de la cuota de género.

Determinado como quedó, que la Ley 581 de 2020 es aplicable a los miembros
de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República y por
ende, resulta exigible la cuota de género, pasa la Sala a verificar su cumplimiento.

Como se ha reiterado, son cinco los miembros de dedicación exclusiva de la
Junta Directiva del Banco de la República, frente a los cuales el 30% corresponde
a 1,5, por lo cual la cuota de género se cumple con el nombramiento de dos
mujeres. Con la designación del demandado, la composición de los codirectores
quedó de la siguiente manera:

50 “(…) “libre nombramiento y remoción”, categoría que no puede confundirse con el empleo de “período

fijo”, pues son dos tipos de empleos claramente diferenciados en la ley, que obedecen a razones o
fundamentos distintos. El empleo de período supone un tiempo para su ejercicio, sin que pueda ser
despojado su titular del término fijado por la ley, sino cuando operan causales expresamente fijadas por el
ordenamiento jurídico, que normalmente deviene de sanciones judiciales o administrativas. Tienen una
estabilidad relativa que deriva del derecho de permanecer por un tiempo, razón por la cual ocupan una
posición intermedia entre los empleos de carrera y los de libre nombramiento y remoción. Existe una garantía
institucional en favor de este tipo de empleos inspirada en la necesidad de asegurar la continuidad de la
política pública, la ejecución de los planes y programas, el modelo de gestión adoptado y los fines
comprometidos con las responsabilidades asumidas.
Por su parte, el empleo de libre nombramiento y remoción, como lo indica la Corte Constitucional, se
fundamenta “en un grado importante de confianza, la cual es inherente al manejo de asuntos pertenecientes
al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial aquellas
en cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata”. Esta
característica le otorga al nominador la potestad de nombrar y retirar discrecionalmente a su titular, por
razones de necesidad, mérito o conveniencia públicas”. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
14 de mayo de 2020, expediente 11001-03-24-000-2015-00542-00, M.P.: Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Nombre Fecha de nombramiento
Roberto Steiner 7/10/2019
Mauricio Villamizar 23/02/2021
Viviana Taboada 23/02/2021
Jaime Jaramillo 25/03/2021
Alberto Carrasquilla51 2/09/2021

Como se ve, de los cinco miembros tan solo una pertenece al género femenino,
de lo anterior se deriva el incumplimiento de la cuota de género en el sub judice,
es decir, que se debió proveer tal dignidad con la inclusión de una dama, puesto
que era menester dar cumplimiento a los postulados constitucionales,
convencionales y legales de equidad e inclusión de la mujer en los cargos de
máximo nivel decisorio, lo que garantiza que estos axiomas tan importantes no
solo sean consagrados como derechos, sino que tengan aplicación real y material
razón por la cual se declarará la nulidad del acto enjuiciado.

6. Vulneración de los artículos 113 y 372 de la Constitución Política.

Se afirmó que el expresidente de la República Iván Duque Márquez nombró todos
los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, con lo cual se
vulneró la autonomía institucional de la Banca Central, se desconoció el principio
de separación de poderes y de frenos y contrapesos, lo que resulta en una
violación sistemática y permanente de la Constitución Política por cuanto el
período de dichos miembros es fijo y personal.

También se indicó que se efectuó una interpretación “amañada” del artículo 35
de la Ley 31 de 1992, en la que se amparó el exmandatario para efectuar los
reemplazos de la Junta Directiva del Banco de la República, ya que de
conformidad con la norma constitucional solo podía nombrar dos de sus
miembros.

51 Cargo que antes estaba ocupado por una mujer.

51

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Por su parte, el demandado, el presidente de la República y el Ministerio de
Hacienda, afirmaron que el acto cuestionado se fundamentó en las normas que
se afirman vulneradas, pues como consecuencia de la aceptación de la renuncia
presentada por Carolina Soto se designó a Alberto Carrasquilla en su reemplazo,
lo que efectuó el jefe de Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales, como una manifestación de la colaboración armónica entre la rama
ejecutiva y el Banco de la República.

Las normas que se consideran vulneradas son del siguiente tenor:

“ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la
judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e
independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines”.

“ARTICULO 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad
monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley.
Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará
conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la
presidirá. El Gerente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro
de ella. Los cinco miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados
por el Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años,
reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la junta directiva
representarán exclusivamente el interés de la Nación.

El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para
el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno
expedirá los estatutos del Banco en los que se determinen, entre otros aspectos,
la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su junta
directiva y del consejo de administración, el período del gerente, las reglas para la
constitución de sus reservas, entre ellas, las de estabilización cambiaria y
monetaria, y el destino de los excedentes de sus utilidades.

El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco
en los términos que señale la ley”.

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El principio de separación de poderes se erigió con el fin de evitar la arbitrariedad
en el ejercicio de la autoridad pública y garantizar la eficacia de los derechos y
libertades ciudadanas, para lo cual se determinaron las funciones
correspondientes a la rama ejecutiva (administración), legislativa (creación de las
normas) y judicial (solución de controversias).

Ese postulado fue consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política “en
el ámbito colombiano presentó una serie de especificidades, al ratificar no solo la
cláusula secular de la tri-división del poder, sino al concebir la existencia de
órganos autónomos e independientes que, apartados de las ramas tradicionales,
fueron encargados de competencias trascendentales para la pervivencia misma
del Estado52”53.

Dentro de esos órganos autónomos e independientes se enmarca el Banco de la
República con sus funciones de banca central en los términos establecidos por
el artículo 371 de la Constitución Nacional, según se estudió en precedencia el
alcance de su autonomía.

Ahora, el artículo 113 constitucional si bien consagró la separación de poderes,
también incluyó una particularidad: la colaboración armónica entre los diferentes
órganos del Estado para la realización de sus fines, lo que indica que “la
Constitución de 1991 se encuentra a tono con los sistemas políticos democráticos
constitucionales, que como señala Loewenstein, se caracterizan porque la
Constitución reúne como elementos mínimos fundamentales, entre otros, los
siguientes: De una parte, se formula una diferenciación de las diversas tareas del
Estado y su asignación a diversos órganos estatales, y de otra parte, se adopta
un mecanismo de cooperación de los diversos detentadores del poder54”55.

52 Nota del original: “V. Gr. Contraloría General de la República”.
53 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de mayo de 2021, expediente 11001-03-28-000-

2020-00084-00 (2020-00085-00 y 2020-00089-00), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
54 Nota del original: “Karl Loewenstein: “Teoría de la Constitución”. Trad. A. Gallego Anabitarte, Ariel,

Barcelona, 1964, p. 153”.
55 Corte Constitucional, sentencia C-971 del 7 de octubre de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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De conformidad con lo anterior, en el artículo 113 constitucional se integran el
principio de separación de poderes, en el que existe autonomía e independencia
en el ejercicio de las funciones, con los de colaboración armónica56 y los controles
recíprocos57, que corresponde al modelo de frenos y contrapesos.

Respecto de dicho modelo la Corte Constitucional ha considerado58:

“(…) el segundo modelo, conocido como el sistema de “balances y contrapesos” o
“frenos y contrapesos”, se enfoca en el aspecto dinámico del ejercicio del poder
político. Reconoce que para poder garantizar la libertad de los ciudadanos es
necesario controlar el ejercicio del poder del Estado, pero que esta función requiere
de herramientas que permitan que los órganos del poder público se controlen
mutuamente. Reconoce además que para garantizar que exista una medida
suficiente de igualdad entre los ciudadanos es fundamental diseñar herramientas
de cooperación entre las entidades públicas que permitan fortalecer el poder del
Estado, y encauzarlo para el logro de sus objetivos. En esa medida este modelo
acepta que tiene que existir un cierto nivel de complementariedad, concurrencia y
cooperación entre los poderes públicos para que el Estado pueda garantizar, tanto
las libertades básicas, como los derechos prestacionales”.

Esos aspectos distintivos de la separación de poderes y de colaboración
armónica, se hacen presentes en la regulación del Banco de la República en la
medida en la que dicho órgano debe dar cumplimiento a sus funciones, entre
ellas, de gran relevancia, el mantenimiento de la moneda sana y el control
inflacionario, para lo cual, como se ha explicado en esta providencia, goza de
autonomía, pero ello no implica que el cumplimiento de las mismas se de manera
aislada, sino que precisamente debe hacerlo “en coordinación con la política
económica” 59.

56 “coordinación entre los órganos a cuyo cargo está el ejercicio de las distintas funciones”. Ibídem.
57 “unos órganos participan en el ámbito funcional de otros, bien sea como un complemento, que, según el

caso, puede ser necesario o contingente, o como una excepción a la regla general de distribución funcional”.
Ibíd.
58 Sentencia C-630 del 3 de septiembre de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
59 “Tradicionalmente, estos roles [estatales] corresponden a las actividades legislativa, ejecutiva y judicial,

de modo que cada una de ellas se asigna a los tres poderes clásicos del Estado: el poder ejecutivo, el poder
ejecutivo, y el poder judicial. No obstante, en la medida en que la vida social se ha tornado más compleja, y
en la medida en que el Estado ha debido asumir nuevas tareas para dirigir la vida social en su nueva
dimensión, han surgido otras tareas como la función electoral y la función de control, y en esta medida han
aparecido nuevos órganos separados de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, como acontece con el

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En punto de la alegada afectación de la autonomía del Banco de la República
derivada de nombramiento de todos los miembros de dedicación exclusiva de su
la Junta Directiva por parte del exmandatario, es pertinente señalar que el objeto
de este proceso se limita al estudio de la legalidad del nombramiento del señor
Alberto Carrasquilla Barrera, por lo que escapa a la competencia de la Sala y al
fin de este medio de control, estudiar las supuestas y posibles vulneraciones que
se hayan ocasionado con la designación de los demás miembros de dedicación
exclusiva de dicha Junta.

Sumado a lo anterior, no se encuentra, ni se ejerció esfuerzo probatorio alguno
por parte del demandante (proceso 2021-000058) para demostrar que con el
nombramiento aquí enjuiciado se afectó esa autonomía.

Adicionalmente, el actor considera que en lo sucesivo el presidente de la
República designará a la mayoría de los miembros de dedicación exclusiva como
consecuencia de haber nombrado a la totalidad de los actuales. A pesar de que
no es objeto de este proceso estudiar la legalidad de dichas designaciones, la
Sala hace claridad frente a esta apreciación del actor.

El exmandatario Iván Duque Márquez efectuó los siguientes nombramientos: i)
Viviana Taboada Arango y Mauricio Villamizar Villegas, fueron nombrados como
consecuencia de la renovación parcial de la Junta Directiva prevista en los
artículos 372 de la Constitución Política y 34 de la Ley 31 de 1992 y ii) Roberto
Ricardo Steiner Sampedro, Jaime Jaramillo Vallejo y Alberto Carrasquilla Barrera
se designaron por cuanto sus predecesores renunciaron, evento que de
conformidad con el artículo 35 de la Ley 31 de 1992 es considerado como una
falta absoluta, norma que además facultó al mandatario para efectuar esos
reemplazos por el resto del período.

Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco de la República, el Consejo Nacional
Electoral o la Registraduría Nacional del Estado Civil”. Corte Constitucional, sentencia C-285 del 1 de junio
de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-28-000-2021-00057-00
11001-03-28-000-2021-00051-00
11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Como bien se indicó anteriormente, no es acertado afirmar que en lo sucesivo
el presidente de la República designará a la mayoría de los miembros de
dedicación exclusiva, como quiera que la norma es clara al indicar que la
provisión de las faltas absolutas se realiza por el resto del período, de lo que se
concluye que vencidos los mismos, seguirá aplicándose el sistema de
renovación parcial previsto en la Constitución y en la ley a la que debe sujetarse
el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones.

En punto de la supuesta interpretación “amañada” del artículo 35 de la Ley 31 de
1992, esta Sala considera que la norma contiene la competencia asignada al
presidente de la República para efectuar los reemplazos en casos de faltas
absolutas60, norma que no riñe con el postulado constitucional contenido en el
artículo 372 Superior, por el contrario reafirma que quien tiene la competencia
para hacer los nombramientos de los miembros de dedicación exclusiva de la
Junta Directiva del Banco de la República es el presidente de la República, pues,
esa disposición superior consagra la renovación parcial de la junta, pero guardó
silencio frente a los eventos de faltas absolutas previa terminación del periodo,
por lo cual, la Sala considera que estas normas no se excluyen, sino que se
complementan, pues al guardar silencio la Carta Política frente a la competencia
para proveer esas faltas absolutas, la norma llenó ese vacío extendiendo la
facultad del presidente a esos casos especiales.

Así las cosas, la Sala no advierte que exista contradicción entre la competencia
asignada en el artículo 35 de la Ley 31 de 1992 y la renovación parcial
consagrada en el artículo 372 de la Constitución Política, antes bien guardan
armonía entre sí, ya que la designación natural está en cabeza del presidente,
es plenamente lógico que quien deba suplir las vacantes sea también el jefe de
Estado, sin que fuera necesario que el constituyente regulara hasta el más
60 “ARTÍCULO 35. FALTAS ABSOLUTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. En caso de falta absoluta de

uno de los miembros de la Junta, el Presidente de la República nombrará su reemplazo por el resto del
período.
Son faltas absolutas la muerte, la renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia proferida por
autoridad competente y la ausencia injustificada a más de dos (2) sesiones continuas.
PARÁGRAFO. En caso de enfermedad de uno de los miembros de la Junta, a solicitud suya o de los
restantes miembros, el Presidente de la República nombrará su reemplazo por el tiempo que sea necesario”.

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11001-03-28-000-2021-00058-00
Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

mínimo detalle, pues para ello precisamente defirió en el legislador la facultad de
expedir la ley a la cual se debería ceñir el Banco de la República.

De otra parte, tampoco se encuentra acreditado que con el nombramiento del
señor Alberto Carrasquilla Barrera se haya desconocido el objetivo señalado por
el artículo 372 de la carta magna, consistente en que los miembros de la Junta
Directiva representen exclusivamente el interés de la Nación, por haber ocupado
la cartera del ministerio de Hacienda, comoquiera que, de no ser por el
desconocimiento de la cuota de género, como antes se explicó, el presidente de
la República tenía competencia constitucional y legal para ello, lo cual no se
invalida por las relaciones laborales o de subordinación que hubieren podido
sostenerse entre ellos con anterioridad, dado que no se enmarca dentro de una
situación que conlleve inhabilidad aplicable para ser miembro de dedicación
exclusiva del Banco de la República61, sumado al hecho de que no se aportó
ninguna prueba para demostrar tal desconocimiento.

Así las cosas, la Sala no observa que se hayan vulnerado las normas estudiadas
en este acápite.

61 Ley 31 de 1992 “ARTÍCULO 30. DE LAS INHABILIDADES PARA SER MIEMBRO DE DEDICACIÓN

EXCLUSIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA. No podrán ser miembros de la Junta Directiva:
a) Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
salvo por delitos políticos o culposos.
b) Quienes hayan sido sancionados con destitución por la autoridad que ejerza funciones de inspección y
vigilancia por faltas contra la ética en el ejercicio profesional, durante los diez (10) años anteriores.
c) Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuados los colombianos por nacimiento.
d) Quienes dentro del año anterior a su designación hayan sido representantes legales, con excepción de
los gerentes regionales o de sucursales, de cualquier institución sometida a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria o de valores o accionistas de éstas con una participación superior al 10% del
capital suscrito en el mismo lapso.
e) Quienes tengan vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil o legal, con los otros miembros de la Junta Directiva o
de los representantes legales--excepto gerentes regionales o de sucursales--, o miembros de las juntas
directivas de los establecimientos de crédito.
PARÁGRAFO. La inhabilidad prevista en el literal d) de este artículo, no se aplicará a quien haya actuado
en el año anterior a su elección como representante legal del Banco de la República”.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

7. Vulneración del artículo 4 literal b de la Ley 472 de 1998.

Se considera que el acto demandado vulneró el literal b del artículo 4 de la Ley
472 de 1998, esto es, el derecho colectivo a la moralidad administrativa por
cuanto se acreditaron los elementos objetivo, subjetivo y la imputación.

En efecto, señala que el objetivo por cuanto se quebrantó el ordenamiento
jurídico, al violarse los artículos 113 y 372 de la Constitución Política y 4 de la Ley
581 de 2000, el subjetivo en cuanto el expresidente de la República favoreció la
concentración del poder al nombrar a “una persona de su círculo íntimo de
confianza que hasta hacía muy poco había fungido como ministro de su despacho
y, por lo mismo, defendido los intereses de ese gobierno” e imputación
consistente en la necesidad de restablecer “el derecho que tienen los
administrados a que la función pública se desarrolle conforme lo ha querido el
constituyente”, esto es, que el Banco de la República cumpla con sus funciones
en forma autónoma.

Como se indicó previamente, la infracción de normas superiores consiste en el
desconocimiento de las disposiciones normativas que componen el marco
jurídico del acto administrativo enjuiciado, como causal de nulidad de los actos
electorales62 tiene sustento normativo en el inciso 2º del artículo 137 de la Ley
1437 de 201163.

Para la configuración de dicha causal de nulidad se requiere la concurrencia de
dos elementos: i) “demostrar que los preceptos normativos que se aducen como
vulnerados, hacen parte del grupo de prescripciones normativas que reglan “la

62 Art. 275 CPACA.
63 “ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se

declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.”

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materia que es objeto de decisión administrativa.”64”65, es decir, que esa norma
debía ser aplicada y observada para la expedición del acto que se somete a
control de la jurisdicción y ii) que se demuestre la falta de conformidad del acto
demandado con ese marco normativo.

En el cargo que se estudia, la norma que se señala vulnerada indica lo siguiente:

“ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e
intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:

(…)

b) La moralidad administrativa”.

Respecto del concepto de moralidad administrativa, esta Corporación ha
señalado que se trata de una norma de textura abierta, motivo por el cual no se
puede tener una noción exacta y serán las condiciones de cada caso, las que
permitan llenar su contenido; sin embargo, se han precisado ciertas temáticas
para aproximar la conceptualización de ese derecho:

“En efecto, sobre el papel del juez al analizar el concepto de moralidad
administrativa, es importante que la determinación de su vulneración, o no, no
dependa de la concepción subjetiva de quien deba decidir, sino que debe estar
relacionada con la intención o propósito que influye el acto frente a la finalidad de
la ley. En esa dirección y para la comprensión del motivo del actuar del funcionario,
sirven como parámetros la desviación de poder; el favorecimiento de intereses
particulares alejados de los principios que fundamentan la función administrativa;
la inobservancia grosera, arbitraria y alejada de todo sustento legal; la conducta
antijurídica o dolosa, en el entendido de que el servidor tiene la intención manifiesta
y deliberada de vulnerar el mandato legal que rige su función. Se trata entonces
de una concepción finalista de la función administrativa, siempre reglada y de la

64 Nota del original: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. Nº.

08001-23-31-000-2007-00972-01. M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 7 de mayo de 2009”.
65 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de mayo de 2021, expediente 11001-03-28-000-

2020-00084-00 (2020-00085-00 y 2020-00089-00), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

que siempre se espera esté al servicio del interés general y para el cumplimiento
de los fines del Estado66”.

También se consideró que según lo estipulado en la Constitución la moralidad
administrativa tiene dos concepciones: i) “como derecho colectivo”67 según lo
preceptuado en el artículo 88 de la carta y ii) “como principio de la función
pública”68 de conformidad con en el artículo 209 constitucional. Es necesario
resaltar que la norma que se aduce como violada es la que consagra la moralidad
administrativa como derecho colectivo.

El artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 al consagrar el medio de control de nulidad
electoral estipuló que las decisiones de naturaleza electoral no son susceptibles
de ser controvertidas por el medio de control referido en el artículo 144 69 del
CPACA, así:

“ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la
nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así
como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades
públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de
llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades
electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la
votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara
la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales
se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles
de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para
proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998”
(se resalta).

66 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación del 1 de diciembre de 2015, expediente: 11001-

33-31-035-2007-00033-01(AP), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
67
Ibídem.
68
Ibíd.
69 “Protección de los derechos e intereses colectivos”.

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

Así las cosas, salta a la vista que la moralidad administrativa en tratándose de
actos de contenido electoral no es susceptible de debate ni examen con el medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos, por lo cual debe
entenderse que para ampararlo, en este preciso evento, el medio de control de
nulidad electoral, por su especificidad, desplaza al primero de ellos, para lo cual
deberán acreditarse los elementos que ha definido la jurisprudencia referentes a
la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa, que son:

2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este
elemento puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de
legalidad y (ii) violación de los principios generales del derecho.

(i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica por la
acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en
ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular
que ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función
pública.
(…)

(ii) Pero también forman parte del ordenamiento jurídico Colombiano aquellos
principios generales del derecho consagrados en la Constitución y la ley, como los
concretos de una materia. En este contexto y para efectos del derecho colectivo,
la acción u omisión reputada de inmoral en el ejercicio de una función
administrativa debe transgredir un principio del derecho, ya sea de carácter general
o que se aplique a un tema determinado, de manera que éste se convierte, al lado
de la regla, en otro criterio de control para la protección de la moralidad
administrativa.
(…)

2.2.2. Elemento subjetivo

No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública sin
hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si
incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de
la correcta función pública.

Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u
omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe
acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular del servidor

61

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento
o del de un tercero.

Este presupuesto está representado en factores de carácter subjetivo opuestos a
los fines y principios de la administración, traducidos en comportamientos
deshonestos, corruptos, o cualquier denominación que se les dé; en todo caso,
conductas alejadas del interés general y de los principios de una recta
administración de la cosa pública, en provecho particular.

2.2.3. Imputación y carga probatoria

Ya se vio cómo para disponer la protección del derecho colectivo pretendido por el
juez popular deben tener presencia tanto el elemento objetivo como el elemento
subjetivo y su debida correlación. Para ello se requiere de una carga argumentativa
por el actor popular en la que se efectúe una imputación directa, seria y real de la
violación del ordenamiento jurídico y de la realización de las conductas atentatorias
de la moralidad administrativa.

En este sentido corresponde al actor popular hacer esa imputación y cumplir con
la carga probatoria que le corresponde, no sólo por así disponerlo el artículo 18 de
la Ley 472 de 1998, sobre contenido de la demanda, o el artículo 167 del Código
General del Proceso, sino porque tratándose del derecho colectivo en estudio,
donde debe ineludiblemente darse la concurrencia de los dos elementos
anteriormente señalados, su imputación y prueba, junto con el impulso oficioso del
juez, limita eficazmente que la acción popular sea utilizada inadecuadamente como
medio judicial para resolver un juicio de simple legalidad y otorga todos los
elementos necesarios para que el juez ponga en la balanza los supuestos jurídicos,
fácticos y probatorios que lo lleven al convencimiento de que la actuación
cuestionada estuvo bien justificada y no fue transgresora del derecho colectivo o
que, por el contrario, se quebrantó el ordenamiento jurídico y de contera se vulneró
la moralidad administrativa.

(…)

Por ello, la concurrencia de estos presupuestos garantiza que al momento de
determinar la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa el juez
cuente con todos los elementos fácticos, debidamente probados, sobre los cuales
calificará si la conducta del servidor es reprochable moralmente o no, según las
alegaciones de las partes.

Lo anterior significa la concreción de la institución jurídica del debido proceso. De

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Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

no ser así se estaría juzgando a la administración por violación a la moralidad
administrativa sin las formas propias del juicio de acción popular, en el que para
su prosperidad se requiere la concurrencia de los elementos subjetivo y objetivo y
el tercer presupuesto, no menos importante, consistente en la acusación y prueba
tanto del primero como del segundo”70.

Bajo este contexto y de lo analizado en precedencia, la Sala concluye el
demandante sustenta el elemento objetivo en la vulneración de los artículos 113
y 372 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 581 de 2000, los cuales
fueron previamente estudiados y se concluyó que hubo desconocimiento de la
última norma citada.

Sin embargo, el elemento subjetivo lo centra el actor en la supuesta
concentración del poder en el mandatario de turno; sin embargo, según lo tiene
definido la jurisprudencia, este elemento se refiere a las maniobras amañadas,
corruptas o arbitrarias que se alejen de los fines de la función pública, nada de lo
cual fue tan siquiera objeto de debate probatorio y mucho menos fue acreditado.

Finalmente, tampoco se acreditó la imputación, comoquiera que ella tiene
sustento en la comprobación de los elementos objetivos y subjetivos y su
correlación, así las cosas no se demostraron concurrentemente los elementos
decantados en la jurisprudencia para que se dé por probada la violación del
derecho colectivo de la moralidad administrativa.

8. Desviación de las atribuciones propias de quien profirió el acto
demandado.

Finalmente, considera el actor que se incurrió en desviación de las atribuciones
propias de quien profirió el acto demandado, toda vez que el presidente, de
manera arbitraria, cooptó la Junta Directiva del Banco de la República con el fin

70
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación del 1 de diciembre de 2015, expediente: 11001-
33-31-035-2007-00033-01(AP), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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de eliminar su autonomía funcional e impidió que su diseño constitucional se
mantuviera.

Respecto de esta causal de nulidad se tiene que el acto administrativo debe
perseguir fines legítimos, es decir, los que señala específicamente la normativa
que lo regula, en concordancia con los fines esenciales del Estado del artículo 2
de la Constitución y el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 (servir a la comunidad,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes superiores,
satisfacer el interés general, el bien común y las necesidades básicas de todas
las personas, entre otros), so pena de incurrir en el fundamento de nulidad de
desviación de poder, que se configura precisamente porque su finalidad -explícita
o implícita- es espuria o porque aun siendo legítima, es distinta de los objetivos
concretos que le trazó el legislador. Al respecto, esta Sección ha señalado que:

“45. Para lograr establecer ese fin contrario a la función pública, se impone un
análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado, para
trasladarse a la esfera estrictamente volitiva de las personas que representan a la
administración, situación que implica la demostración del iter desviatorio para
quien la alega como causal de anulación. Debe entonces aparecer acreditado
fehacientemente, que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor
de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los
deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar.

46. Quiere decir lo anterior, que para que se materialice esta infracción, se debe
llevar al juzgador a la convicción plena, que la intención de quien profirió el acto se
alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos
por la norma, es decir, “…Cuando se invoca este vicio, necesariamente la prueba
ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa,
pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide
el acto, que es previa a la toma de la decisión”71.

Por lo anterior, es común que la desviación de poder no aparezca evidente en el
acto sino que se encuentre oculta o vedada en su letra, en cuanto permanece en
el fuero interno del funcionario que lo expide, quien bien puede camuflarla tras la

71 Consejo de estado, Sección Quinta, auto del 16 de diciembre de 2020, expediente: 11001-03-28-000-

2020-00085-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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invocación expresa de los fines legalmente autorizados para su decisión y, de allí
la gran dificultad probatoria para su demostración, que además suele conllevar
su responsabilidad penal o disciplinaria.

Como se ha explicado a lo largo de esta providencia, el presidente de la
República en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales nombró, ante
la falta absoluta de unos de los miembros de dedicación exclusiva y por el resto
del período, al señor Alberto Carrasquilla Barrera, sin que con ello se haya
afectado en manera alguna la autonomía de ese órgano, ni su diseño
constitucional, según se ha expuesto con suficiencia en el estudio de los
fundamentos de las demandas, razón por la cual este cargo no prospera.

9. Conclusión

La Sala declarará la nulidad del acto acusado, esto es, el nombramiento de
Alberto Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva de la Junta
Directiva del Banco de la República, contenido en el Decreto 1032 del 1° de
septiembre de 2021, al encontrar acreditado que se desconoció la cuota de
género y con ello postulados de rango constitucional, convencional y legal;
axiomas de gran importancia que han buscado la paridad de género en el acceso
a las funciones públicas y la inclusión de la mujer tanto en la participación como
en la toma de decisiones en ese ámbito, pues, en la conformación de los cinco
miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la
República, el 30% se cumple con el nombramiento de dos mujeres, razón por la
cual la falta absoluta, que se originó por la renuncia de Carolina Soto, se debió
proveer con el nombramiento de una mujer.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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Demandantes: Juan Manuel López Molina y otros
Demandado: Alberto Carrasquilla Barrera

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del nombramiento de Alberto Carrasquilla
Barrera como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco
de la República, contenido en el Decreto 1032 del 1° de septiembre de 2021.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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