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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01091-00

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01091-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01091-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

20 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Oscar Yohani Hernández
Martínez, a través de apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 13 de febrero de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, debido a que, mediante auto
del 21 de agosto de 2024, confirmó el auto del 13 de febrero de ese año, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
a través del cual se negó el mandamiento de pago por él solicitado contra el Distrito
Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá; así
como también cuestionó el auto del 24 de julio de 2025, dictado en el marco del
proceso ejecutivo de radicado 25000 23 42 000 2023 00 134 00/01.

2. Hechos

2.1. El actor manifiesta que, mediante sentencia del 24 de octubre de 2019, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000 23 25000
2012 00 491 01, resolvió lo siguiente:

1
Índice 2 de SAMAI, certificado B58D1BD94F489B95 7D0B50B4E8763796 C1D860B59591BBF4 B4219B6FFA7DAB90.
2
Índice 3 de SAMAI, certificado 31B433E3122EA2DF C5A0DDCC7280BBF4 8FA9B686A9F16A69 A122A01872ACB214.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

“PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de 13 de junio de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual
negó las súplicas de la demanda incoada por el señor OSCAR YOHANI HERNANDEZ
MARTINEZ en contra del Cuerpo Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá. En su lugar dispone:

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio N° 2011 EE4191 sin fecha, por medio del
cual el Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá le negó la reliquidación y pago de las diferencias que causaron de algunas
prestaciones; y, el Oficio N° 2011 EE 5564 de 9 de septiembre de 2011, suscrito por la
misma autoridad administrativa, quien al resolver el recurso de reposición, confirmó en
todas y cada una de sus partes al anterior acto administrativo.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos demandados
y a título de restablecimiento de derecho CONDÉNASE al Distrito Capital - Secretaría de
Gobierno - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a
reconocer y pagar al señor OSCAR YOHANI HERNANDEZ MARTINEZ, los siguientes
derechos laborales:

a. El valor correspondiente a cincuenta (50) horas extras diurnas al mes, desde el 17 de
junio del 2008 y por todo el tiempo que desarrolló en calidad de bombero una jornada
laboral de 24 horas de servicio por 24 de descanso en la entidad demandada. Lo anterior
con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, acorde con la prueba
documental allegada al proceso, las cuales serán liquidadas con base en el valor hora
que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el número de horas mensuales
de la jornada ordinaria laboral (190 horas).

b. Reajustar los valores de los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos
reconocidos al actor desde el 17 de junio de 2008 (según certificaciones de pagos
allegados al proceso), empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas
mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240, y pagar las
diferencias que resulten a favor del demandante, entre lo pagado por el Distrito de
Bogotá y lo que debió pagarse por tales conceptos como resultado del reajuste.

c. Reliquidar el auxilio de cesantías causado a partir de 17 de junio de 2008 incluyendo
el valor de las sumas reconocidas en los literales a) y b) de la presente providencia.

d. No se accederá al reconocimiento y pago de los días de descanso compensatorios
previstos en el literal e) del artículo 36 y 39 del decreto 1042 de 1978, por encontrarse
debidamente acreditado su pago y disfrute conforme a las pruebas allegadas al proceso,
ni tampoco a la reliquidación de las primas de servicios, vacaciones y navidad, por
cuanto el trabajo suplementario no constituye factor salarial para su liquidación.

[…] CUARTO: DENIÉGASE las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva.”

2.2. A raíz de lo anterior, el señor Oscar Yohani Hernández Martínez presentó
demanda ejecutiva contra el Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de obtener el pago de la suma de
$50.634.272, más los intereses moratorios y el DTF por los primeros 10 meses
desde la ejecutoria de la sentencia.3

3
Archivo denominado “Ejecutivo Oscar Johani Hernández”, carpeta “1_Demanda digitalizada […]” visible a índice 11 de
SAMAI, certificado 0A382CBDDB860CFE 6F77A12B8BDA7595 146B679D931ACEDE F776A1274999F094.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.3. El 2 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, consideró que, previo a pronunciarse de fondo sobre el
mandamiento de pago, era necesario remitir el expediente a la Oficina de Apoyo
Judicial – Área Contable, con el fin de elaborar un concepto técnico de la liquidación
para determinar si hay un saldo pendiente a favor del ejecutante por los conceptos
alegados en las pretensiones y para estimar contablemente si hubo un cumplimiento
total, parcial o no de la obligación dispuesta en las sentencias título base de
recaudo.

2.4. A través del auto del 13 de febrero de 2024,4 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, acogió y aprobó el concepto
técnico aportado por la Oficina de Apoyo a esa Corporación – Área Contable,
contentivo de la liquidación fruto de la obligación y cumplimiento —en principio—
del título ejecutivo base de recaudo, en el que se expuso que la administración no
solo pagó lo correspondiente a la obligación impuesta en sede judicial, sino que
aquella realizó una erogación mayor a la que correspondía en derecho, esto es, una
diferencia negativa de $2’785.419,73. En consecuencia, negó librar mandamiento
de pago por cumplimiento de la obligación dispuesta en la sentencia, título base de
recaudo, dentro de la demanda ejecutiva ejercida por el señor Óscar Yohani
Hernández Martínez.

2.5. Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación.

2.6. Luego, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio del
auto del 21 de agosto de 2024,5 confirmó la providencia apelada.

2.7. Posteriormente, la parte ejecutante elevó solicitud de aclaración, adición y
corrección de la providencia del 21 de agosto de 2024.

2.8. Mediante auto del 24 de julio de 20256, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, resolvió confirmar el auto del 13 de febrero de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

4
Archivo denominado “009 Autos interlocutorios […]” visible a índice 11 de SAMAI, certificado 0A382CBDDB860CFE
6F77A12B8BDA7595 146B679D931ACEDE F776A1274999F094.
5
Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado 9C706FEA925C7309
93029EBEC37D2D8B 482AF661B7455F17 6EC8C5ABFBBEF49F, radicado 25000 23 42 000 2023 00 134 01.
6
Índice 22 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado E25A1F3D53463E2F
ACBB378744B1C128 98EF84B36E31F51B 75088C9F56EDDA39, radicado 25000 23 42 000 2023 00 134 01.

4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad judicial accionada desconoció el título ejecutivo contenido en la
sentencia del 24 de octubre de 2019, según el cual los recargos festivos son del
doble de la remuneración, es decir, el 200% y 235%, respectivamente, conforme al
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, sin perjuicio de la remuneración percibida en
la asignación básica por haber laborado el mes. Se equivoca cuando liquida el 100%
y 135% sobre 190 horas mensuales y descuenta los recargos ordinarios nocturnos
del 35%, los recargos festivos diurnos del 200% y los recargos festivos nocturnos
del 235%, liquidados y pagados sobre 240 horas mensuales por la entidad
ejecutada, lo que genera saldos negativos.

3.2. El período reclamado es del 17 de junio de 2008 (por prescripción trienal) hasta
el 31 de enero de 2019, fecha hasta la cual el actor laboró 15 turnos mensuales de
24 horas, en promedio de 360 horas mensuales. Sin embargo, en el concepto
contable se realizó la liquidación desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 20 de
octubre de 2020, fecha del pago parcial, sin tener en consideración que las
condiciones laborales del actor cambiaron sustancialmente desde el 1 de febrero de
2019.

Así, liquidar del 1 de febrero de 2019 al 20 de octubre de 2020 es erróneo, toda vez
que en esas fechas el actor laboró turnos de 12 horas por 24 de descanso, para un
total de 240 horas mensuales, en las cuales le reconocieron 50 horas extras diurnas
y los recargos del 35%, 200% y 235%, para lo cual dividieron la asignación básica
mensual en 190 horas.

3.3. La accionada desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las
sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 25 de
septiembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04299-00; y de la Sección
Segunda, del 9 de noviembre de 2023, radicado 25000234200020180152601
(3428-2022), expediente 25000 23 42000 2013 05420 01 (4704-2016); providencias
del 14 de noviembre de 2024, radicados 25000 23 42000 2018 01500 01 (3403-
2022) y 25000 2 3 42000 2018 0 1523 01 (3426-2022); del 2 de junio de 2022,
radicado 25000 23 42000 2019 01070-01; del 22 de junio de 2023, radicado 25000

5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

23 42000 2018 01477 01 (4303-2022); y la sentencia de unificación del 2 de febrero
de 2015, radicado 25000-23-25000-2010-00725-01.

3.4. Existen graves errores en la reliquidación de los recargos festivos diurnos y de
los recargos festivos nocturnos, toda vez que, al tenor de lo dispuesto en el literal
b) del numeral 3 de la sentencia de recaudo de segunda instancia, se dejó claro que
se debían: “REAJUSTAR los valores de los recargos nocturnos y el trabajo en
dominicales y festivos reconocidos al actor desde el 17 de junio de 2008 (según
certificaciones de pagos allegados al proceso), empleando para el cálculo de los
mismos el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria
laboral, y no 240, y pagar las diferencias que resulten a favor del demandante”.

3.5. La obligación clara, expresa y exigible contenida en la sentencia de recaudo de
segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado, respecto de los recargos
nocturnos ordinarios y del trabajo en dominicales y festivos reconocidos al actor,
consiste en tener en cuenta las certificaciones de pagos con la demanda ejecutiva.
Así, la parte ejecutante allegó las copias de los desprendibles de pago, mes a mes,
desde el mes de junio de 2008 hasta enero de 2019, en los cuales claramente se
registran, en cada caso, las horas liquidadas por recargos nocturnos ordinarios del
35% y el valor pagado, las horas liquidadas por recargos festivos diurnos del 200%
y las horas liquidadas por recargos festivos nocturnos del 235%.

3.6. Lo ordenado en la sentencia de recaudo de segunda instancia, de manera clara
y concreta, consiste en reajustar los recargos pagados sobre 240 horas y pagarlos
sobre 190 horas. Para ello, se toma la asignación básica y se realizan las
respectivas operaciones para obtener el valor unitario de los recargos del 35%,
200% y 235%, para luego encontrar las diferencias entre lo pagado y lo que debió
pagarse.

En ese sentido, el concepto contable encuentra que debía reconocerse, con base
en 190 horas, un valor de $122.394.781 y descontar los recargos pagados sobre
240 horas por valor de $132.221.804, cuando la operación real consiste en
multiplicar el valor de $132.221.804 por un 26% favorable al actor y no reliquidar los
recargos con el 35%, 100% y 135% sobre 190 horas ni descontar los valores
pagados con el 35%, 200% y 235% por la entidad demandada, liquidados sobre 240
horas mensuales.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.7. La entidad, en la liquidación parcial e incompleta, ordenó reconocer la
reliquidación de cesantías por valor de $6.445.275, y en el concepto técnico
contable solamente fija, a título de reliquidación de cesantías e intereses de
aquellas, la suma de $5.278.309,28. Al cambiar el capital del proceso ejecutivo de
$121.522.234 a solamente $67.363.725,53, se desconocieron en su totalidad los
intereses entre la ejecutoria de la sentencia y el pago parcial de $70.887.707, así
como el correspondiente saldo insoluto de $50.634.272.

En la liquidación de la parte actora, entre junio de 2008 y el 31 de enero de 2019
(pagado en febrero de 2019), aparecen diferencias positivas por recargos del 35%
de $9.278.468, recargos festivos diurnos del 200% por $12.267.646 y recargos
festivos nocturnos del 235% por valor de $14.179.985, para un total de diferencias
por recargos a su favor de $35.726.099, y no diferencias negativas de -$9.827.023
por los recargos del 35%, 200% y 235%.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos Constitucionales
fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO
PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, principios
Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en especial la igualdad de
oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; así como el derecho al acceso a la
administración de justicia conforme al artículo 229 de la Constitución Política, ante la
existencia de defecto fáctico y sustantivo.

Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la providencia
de segunda instancia proferida por la Subsección "A" de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado de fecha 21 de agosto de 2024, notificada electrónicamente el 11 de
septiembre de 2024, en el expediente 25000 23 42 000 2023 00 134 01, Proceso
ejecutivo laboral siendo demandante OSCAR YOHANI HERNANDEZ MARTINEZ
demandado DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó
solicitud de adición, aclaración y corrección el 12 de septiembre de 2024, la cual fue
negada de manera tácita mediante providencia proferida 24 de julio de 2025 y notificada
electrónicamente el 26 de agosto de 2025, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala
accionada proferir nueva providencia conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39
del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto a los porcentajes reales y valores favorables a
reconocer por concepto de reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y
recargos festivos nocturnos del 235% con el factor de 190 horas mensuales (jornada
máxima legal empleados públicos), toda vez que la H. Sala accionada confirmó la
decisión errónea del H. Tribunal al desconocer lo dispuesto en la sentencia de recaudo
de primera instancia, tanto así que tanto en el recurso de apelación en los numerales 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, (folios 5 a 12), se desglosan los motivos de inconformidad, así como

7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

en la solicitud de adición, aclaración y corrección de la providencia de segunda instancia
en el proceso ejecutivo en los numerales 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 , 9,10, 11,12, 13, 1 4 (folios
2 al 1 4 del mismo), COMO EN LA PETICION visible a folios 16 a 19 acorde con la
liquidación presentada por la parte actora con la demanda ejecutiva visible a folios 66 a
90 del expediente, además se transcribieron apartes pertinentes de la sentencia del
proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho de segunda instancia […].”7
(Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 17 de febrero de 20268, el despacho ponente admitió la
acción de tutela y vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B y al Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. También dispuso la notificación a las partes
y a los vinculados.

5.2. El Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá9 señaló que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el requisito
de inmediatez, pues la providencia censurada fue proferida el 24 de julio de 2025,
notificada en el mes de agosto de 2025, y la presente acción se radicó en febrero
de 2026, de manera que transcurrió aproximadamente 6 meses desde aquella
decisión. Asimismo, tampoco cumple el requisito de subsidiariedad, porque el actor
cuenta con el recurso extraordinario de revisión para hacer valer sus pretensiones.
De su lado, afirmó que no se acreditó un perjuicio irremediable.

Aseveró que el recargo por trabajo en dominicales y festivos debe liquidarse con un
100% adicional sobre el valor ordinario de la jornada habitual, pues la finalidad del
recargo dominical no es otorgar una doble compensación sobre la jornada regular,
sino reconocer la labor en días destinados al descanso mediante un incremento
igual al doble de la remuneración ordinaria exclusivamente. Al calcular el recargo
con el 200% o 235% adicional, como lo pretende el accionante, se termina
cancelando tres veces el valor de una jornada normal, lo cual excede el alcance
dispuesto por la norma y genera un reconocimiento indebido.

Sin perjuicio de lo anterior, también debe tenerse en cuenta que en la liquidación
elaborada por el área contable del tribunal se tomaron los porcentajes del 200% y

7
Índice 2 de SAMAI, certificado B58D1BD94F489B95 7D0B50B4E8763796 C1D860B59591BBF4 B4219B6FFA7DAB90,
folios 2 al 4.
8
Índice 5 de SAMAI, certificado 333AFC61841F0FA2 1E5E977973AB9D94 BA22E1C7F429C72A 209A69BB43B3570C.
9
Índice 15 de SAMAI, certificado A1D0BE7C21A216EC 5BF53C794F4293F4 257DEA6E3736026A 389314A50FEC6F2C.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

el 235%, con lo cual se evidencia que ni siquiera con la aplicación de tales
porcentajes incorrectos la liquidación arroja mayores valores que los cancelados por
la entidad en el año 2020.

Finalmente, sostuvo que el juez natural de los procesos ejecutivos cuenta con la
competencia y el conocimiento especializado para resolver estas controversias.
Permitir la intervención de este mecanismo constitucional en dichos procesos no
solo desnaturaliza su finalidad, sino que también menoscaba la eficacia y la
competencia de los jueces de la jurisdicción ordinaria.

5.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B10, no se
pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Oscar
Yohani Hernández Martínez en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos

10
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, hubieran rendido informe,
pese a la notificación electrónica surtida, obrante a índice 8 de SAMAI.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12, con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.13

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber14: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202215, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a

11
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
14
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
15
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, el señor Hernández Martínez cuestiona, en esencia, que
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, desconoció el título
ejecutivo contenido en la sentencia del 24 de octubre de 2019, según el cual los
recargos festivos son del doble de la remuneración, es decir, el 200% y 235%,
respectivamente, conforme al artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, sin perjuicio de
la remuneración percibida en la asignación básica por haber laborado el mes. En su
concepto, se equivoca cuando liquida el 100% y 135% sobre 190 horas mensuales
y descuenta los recargos ordinarios nocturnos del 35%, los recargos festivos diurnos
del 200% y los recargos festivos nocturnos del 235%, liquidados y pagados sobre
240 horas mensuales por la entidad ejecutada, lo que genera saldos negativos.

De su lado, advirtió que el período reclamado es del 17 de junio de 2008 (por
prescripción trienal) hasta el 31 de enero de 2019, fecha hasta la cual el actor laboró
15 turnos mensuales de 24 horas, en promedio de 360 horas mensuales. Sin
embargo, en el concepto contable se realizó la liquidación desde el 1 de febrero de
2019 hasta el 20 de octubre de 2020, fecha del pago parcial, sin tener en
consideración que las condiciones laborales del actor cambiaron sustancialmente
desde el 1 de febrero de 2019.

Manifiesta que, en la liquidación de la parte actora, entre junio de 2008 y el 31 de
enero de 2019 (pagado en febrero de 2019), aparecen diferencias positivas por
recargos del 35% de $9.278.468, recargos festivos diurnos del 200% por
$12.267.646 y recargos festivos nocturnos del 235% por valor de $14.179.985, para
un total de diferencias por recargos a su favor por $35.726.099 y no diferencias
negativas de -$9.827.023 por los recargos del 35%, 200% y 235%.

A su juicio, existen graves errores en la reliquidación de los recargos festivos diurnos
y de los recargos festivos nocturnos, toda vez que, al tenor de lo dispuesto en el
literal b) del numeral 3 de la sentencia de recaudo de segunda instancia, se dejó
claro que se debían “REAJUSTAR los valores de los recargos nocturnos y el trabajo
en dominicales y festivos reconocidos al actor desde el 17 de junio de 2008 (según
certificaciones de pagos allegados al proceso), empleando para el cálculo de los
mismos el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria
laboral, y no 240, y pagar las diferencias que resulten a favor del demandante”.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en el auto del 24 de julio de
2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se
observa el siguiente análisis textual:

“[…] Entonces, si bien es claro que la sentencia que se trae como título ordenó el
reconocimiento de unos derechos laborales que generaron en favor del señor Hernández
Martínez el pago de unas horas extras, el reajuste de unos recargos y la reliquidación
de las cesantías, media un acto de cumplimiento a través del cual se cancelaron al
ejecutante unos valores, los cuales fueron objeto de revisión por parte del Tribunal para
proferir la providencia del 13 de febrero de 2024.

Igualmente, discute que el concepto técnico no debió tener como fecha final el 20 de
octubre de 2020, sino el 1° de febrero de 2019 cuando cambió el sistema de turnos,
revisado el informe contable que sirvió de soporte para el auto, claramente se advierte
que ninguno de los derechos laborales que fueron ordenados en el título y que fueron
liquidados por el profesional de apoyo tuvo como fecha final el 20 de octubre de 2020
como lo refiere el recurrente, razón por la cual el presunto error que se enrostra no tiene
sustento de acuerdo a lo resuelto en el caso concreto.

La parte recurrente además insiste en que, según la liquidación aportada con la
demanda, existe un saldo insoluto por $50.634.272 y que resultado negativo encontrado
por la primera instancia afecta de manera significativa la reliquidación de las cesantías,
la indexación y los intereses ordenados, planteamientos que no permiten modificar el
ejercicio matemático llevado a cabo por el Tribunal en la providencia y que fue el sustento
para negar el mandamiento de pago, toda vez que no se controvierte de manera puntual
los valores arrojados en la liquidación y únicamente se insiste en la suma traída en la
demanda ejecutiva, por lo que no tienen vocación prosperidad.

Refiere el ejecutante que el valor que por concepto de reliquidación de cesantías
consideró el Tribunal, es menor al reconocido por la entidad al momento de dar
cumplimiento a la sentencia, lo que afecta su patrimonio. Para la Subsección, la
afectación o no del patrimonio del ejecutante, no resulta ser un argumento que permita
variar lo decidido en la providencia, teniendo en cuenta que no se trata de una
explicación que lleve a desconocer la liquidación llevada a cabo por el profesional
contable.

Tampoco lo alegado sobre la reliquidación de los recargos debe acogerse por parte de
esta instancia, pues es evidente que no se precisa el presunto error en el ejercicio
matemático con respecto a este punto de la liquidación.

Finalmente, lo que la parte refiere de manera general que fue resuelto en casos análogos
no afecta la decisión puntual adoptada por el Tribunal en el caso concreto, ni permite
variar lo resuelto. […]”16

De su lado, el auto del 21 de agosto de 2024, señaló:

“i) A diferencia de lo que se indicó en el recurso de apelación, la Sala advierte que el
Tribunal liquidó los recargos dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías de
200 % y 235 %, respectivamente, lo cual descarta de plano el reproche expuesto por el
señor Óscar Yohani Hernández Martínez. Lo anterior se desprende de las tablas de
liquidación que presentó el auxiliar contable del a quo, en las que se aplicaron las
siguientes fórmulas:

16
Índice 22 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado E25A1F3D53463E2F
ACBB378744B1C128 98EF84B36E31F51B 75088C9F56EDDA39, radicado 25000 23 42 000 2023 00 134 01.

12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que la sentencia del 13 de junio de
2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que había denegado las pretensiones de la demanda, fue revocada por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo del 24 de
octubre de 2019, en cuya parte resolutiva, ordinal segundo, literal b), se ordenó,
exclusivamente, reajustar el valor de los recargos nocturnos y el trabajo en días
dominicales y festivos, desde el 17 de junio de 2008, sobre la base de 190 horas
mensuales, mas no 240 horas, y pagar las diferencias que resultaran a favor del señor
Óscar Yohani Hernández Martínez, teniendo en cuenta cancelado y lo que debió
sufragarse por tales conceptos.

Adicionalmente, en el título denominado «[s]obre la reliquidación de los recargos
nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos», contenido en el acápite de
consideraciones de la sentencia del 24 de octubre de 2019, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado se circunscribió a indicar que confirmaría la
decisión de primera instancia, en tanto denegó el reconocimiento de los descansos
compensatorios por el trabajo realizado en días dominicales y festivos, debido a que el
señor Hernández Martínez laborada con un sistema de turnos de 24 horas de trabajo por
24 horas de descanso (24 x 24).

Así las cosas, la Sala observa que el fallo del 24 de de octubre de 2019 no contiene una
obligación clara, expresa y exigible de reliquidar la remuneración por el trabajo realizado
en días dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías equivalentes a 200 % y
235 %, respectivamente. Lo anterior, porque solo se ordenó reliquidar tales conceptos,
desde el 17 de junio de 2008, «empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190
horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240», y pagar
las diferencias que resultaran a favor del actor. Es decir, la decisión sobre el reajuste no
se enfocó en el porcentaje de la remuneración, sino en el número de horas mensuales
que debía tomarse como base para el cálculo.

Por otro lado, en las páginas 11 y 12 de la sentencia del 24 de octubre de 2019 se incluyó
un cuadro sobre «los pagos que deben realizarse cuando se excede la jornada ordinaria
de trabajo de acuerdo con el Decreto 1042 de 1978 (44 horas mensuales)»; sin embargo,
a) allí no se indicó que el trabajo en dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, tuviera
que retribuirse con recargos del 200 % y 235 % adicionales a la remuneración ordinaria,
como lo pretende el actor; y b) tal información se expuso de manera general, en el
acápite de consideraciones, para explicar el tema bajo estudio, pero, al momento de
analizar el caso concreto, solo se ordenó reliquidar los recargos dominicales y festivos,
diurnos y nocturnos, sobre la base de 190 horas mensuales, sin precisión de porcentajes,
tal como se señaló previamente.

[…] El recurrente afirmó que la liquidación no debía realizarse hasta el 20 de octubre de
2020, sino hasta el 31 de enero de 2019, pues hasta esta última fecha laboró mediante
el sistema de turnos «24 x 24». Sin embargo, la Sala encuentra que el Tribunal calculó
las horas extras, los recargos y la reliquidación de las cesantías y sus intereses hasta
enero de 2019. Al respecto, vale la pena precisar que lo que se extendió hasta el 1.° de
octubre de 2020 fue la liquidación de los intereses moratorios, los cuales fueron
determinados desde el 29 de febrero de 2020, día siguiente a la ejecutoria de la
providencia objeto de recaudo.

[…] iii) En la sentencia del 24 de octubre de 2019, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado ordenó el pago de las diferencias que hubieran podido
resultar a favor del señor Óscar Yohani Hernández Martínez, entre lo que se le pagó y
lo que se le debía cancelar por los conceptos allí reconocidos. Sin embargo, ello no
indica que, inexorablemente, tenían que liquidarse saldos a favor del accionante. De

13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

hecho, la providencia citada no fue ajena a la posibilidad de que los cálculos mostraran
diferencias negativas o en contra del demandante, pues se precisó que, en caso de que
así ocurriera, no se ordenaría la devolución de lo pagado en exceso […]

[…] iv) El hecho de que en la Resolución 1002 del 7 de octubre de 2020 se hayan
calculado $ 6.445.275 COP a título reliquidación de cesantías y sus intereses, y que el
tribunal haya determinado $ 5.278.309 COP por tales conceptos no significa, por sí solo,
que exista una irregularidad en la decisión del a quo. Sobre el particular, es importante
señalar que el recurrente tenía la carga de explicar, con claridad y suficiencia
argumentativa, por qué esa diferencia resultaba injustificada o contraria a la obligación
contenida en el título ejecutivo, pero se limitó a poner de presente la situación e indicar
que, a su juicio, se estaba perjudicando su patrimonio. […]”17

4.5. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.

Pues bien, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, explicó, in
extenso, el desarrollo normativo en materia de procesos ejecutivos. Luego, al
valorar el material probatorio que reposaba en el expediente, determinó que el
tribunal liquidó los recargos dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías
de 200% y 235%, respectivamente, y que la sentencia objeto de ejecución ordenó,
exclusivamente, reajustar el valor de los recargos nocturnos y el trabajo en días
dominicales y festivos, desde el 17 de junio de 2008, sobre la base de 190 horas
mensuales, mas no 240 horas.

Recalcó que la sentencia objeto de ejecución confirmó la negativa de reconocer los
descansos compensatorios por el trabajo realizado en días dominicales y festivos,
debido a que el señor Hernández Martínez laboraba con un sistema de turnos de
24 horas de trabajo por 24 horas de descanso (24 x 24), razón por la cual aquella
no contiene una obligación clara, expresa y exigible de reliquidar la remuneración
por el trabajo realizado en días dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en
cuantías equivalentes a 200% y 235%, respectivamente. Así las cosas, refirió que
no le asistía razón al entonces demandante cuando afirmaba que el a quo debía
liquidar la retribución por el trabajo en dominicales y festivos, diurnos y nocturnos,
en cuantías equivalentes a 200% y 235%, ya que, justamente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, utilizó dichos
porcentajes, aun cuando ello no fue consignado en el título ejecutivo.

17
Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado 9C706FEA925C7309
93029EBEC37D2D8B 482AF661B7455F17 6EC8C5ABFBBEF49F, radicado 25000 23 42 000 2023 00 134 01.

14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

De su lado, explicó que el tribunal calculó las horas extras, los recargos y la
reliquidación de las cesantías y sus intereses hasta enero de 2019. Lo que se
extendió hasta el 1° de octubre de 2020 fue la liquidación de los intereses
moratorios, que se determinaron desde el 29 de febrero de 2020, día siguiente a la
ejecutoria de la providencia objeto de recaudo.

Aseveró que, si bien en la Resolución 1002 del 7 de octubre de 2020 se calculó
$6.445.275 a título de reliquidación de cesantías y sus intereses, mientras que el
tribunal lo cuantificó en la suma de $5.278.309, lo cierto era que lo anterior, por sí
solo, no significaba que existiera una irregularidad en la decisión, comoquiera que
correspondía al entonces ejecutante la carga de explicar, con claridad y suficiencia
argumentativa, por qué esa diferencia resultaba injustificada o contraria a la
obligación contenida en el título ejecutivo; sin embargo, no lo hizo.

Finalmente, dijo que lo resuelto en casos análogos no afectaba la decisión adoptada
por el tribunal en el caso concreto ni permitía variar lo resuelto.

4.6. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

4.7. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esta última
corporación ha sostenido que establecer su configuración exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el
precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus
garantías fundamentales.18

Ahora, en el sub lite, el accionante cita las sentencias del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, del 25 de septiembre de 2023, expediente: 11001-

18
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

03-15-000-2023-04299-00 y de la Sección Segunda, del 9 de noviembre de 2023
radicado 25000234200020180152601 (3428-2022), expediente 25000 23 42000
2013 05420 01 (4704-2016), del 14 de noviembre de 2024, radicados 25000 23
42000 2018 01500 01 (3403-2022) y 25000 23 42000 2018 0 1523 01 (3426-2022)
y del 2 de junio de 2022, radicado 25000 23 42000 2019 01070-01, del 22 de junio
de 2023, radicado 25000 23 42000 2018 01477 01 (4303-2022) y la sentencia de
unificación del 2 de febrero de 2015, radicado 25000-23-25000-2010-00725-01.

No obstante, no indicó la similitud fáctica que permita acertadamente concluir que,
en efecto, se incurrió en la causal específica invocada, para ligar de manera
inescindible los fundamentos de hecho con una situación que pudiera transgredir
los derechos fundamentales de los que es titular. Esta falta de sustento impide el
análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un estudio de fondo, lo que permite
concluir que el defecto alegado carece de relevancia constitucional.

4.8. Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que
tuvo lugar en el proceso ejecutivo con el fin de que prevalezca su interpretación
sobre la acogida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el
proceso 25000 23 42 000 2023 00 134 00/01. Cuestión distinta es que la parte
accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda
el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir
la forma en que el juez natural debe decidir.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario20.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,

19
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
20
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-00
Accionante: Oscar Yohani Hernández Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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