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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01123-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01123-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Distrito Capital por las razones expuestas en el numeral 3.2 de la presente providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Leidy Nataly Chica Sánchez y otros, actuando a nombre propio, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 36 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger. www.consejodeestado.gov.co 14 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-01123-00 Accionante: Leidy Nataly Chica Sánchez y otros 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01123-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01123-00
Accionante: Leidy Nataly Chica y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda por no configurarse
los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por los señores: Leidy Nataly Chica, Andrea
Manrique, Claudia Johana Zorio Sánchez, Andrés Guillermo Ortíz Ibagón, Martha
Cecilia Munevar, James Fernando Castillo Arévalo, Javier Castillo, Favier Andrés
Grisales Acevedo, Juan Carlos Parra Arévalo, Julio César Rodríguez Sanabria y
Nicolás Cruz Hernández, quienes actúan en nombre propio, contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la
igualdad, ocurrida con ocasión de la providencia del 1.° de diciembre de 2025 2,
al interior de la acción de grupo con radicado 25000-23-41-000-2017-01259- 00
[01] (70259).

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que el 5 de diciembre de
2015, en horas de la noche, los integrantes del grupo accionante se encontraban
en el establecimiento de comercio denominado “Pub La Estación”, ubicado en la
localidad de San Cristóbal de Bogotá, compartiendo en condiciones normales de
funcionamiento del lugar.

3. Aproximadamente a las 12:30 a.m. del 6 de diciembre de la anualidad
citada, el señor Víctor Niño Guerrero3 ingresó al establecimiento portando
combustible, lo esparció en el interior y procedió a incendiarlo, desencadenando
un siniestro que afectó gravemente a quienes allí se encontraban.

1
Acción de tutela presentada el 16 de febrero de 2026.
2
Índice 13 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-41-000-2017-01259- 01. Notificada el 19 de diciembre de 2025.
3
Sujeto que luego de los hechos fue capturado por la Policía Nacional y quien habría provocado inicialmente una riña al
interior del establecimiento por lo que previo al suceso habría sido expulsado del lugar.

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Accionante: Leidy Nataly Chica Sánchez y otros

4. Los accionantes señalaron que, como consecuencia directa del incendio,
al menos treinta y seis personas sufrieron quemaduras de primer, segundo y
tercer grado que les generaron lesiones físicas severas y secuelas psicológicas
permanentes, con impacto adicional en sus respectivos núcleos familiares.

5. En consideración a los hechos citados, los actores promovieron una acción
de grupo contra el Distrito Capital y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, al considerar configurada una falla del servicio derivada de presuntas
omisiones en los deberes de inspección, vigilancia y control del establecimiento
de comercio.

6. Mediante sentencia del 29 de junio de 20234, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” negó las pretensiones al
concluir, de una parte, que el daño tuvo como causa exclusiva y determinante la
conducta de un tercero y, de otra, que el establecimiento operaba conforme a la
normativa vigente, pues contaba con concepto técnico favorable del Cuerpo
Oficial de Bomberos y con certificado de uso del suelo que autorizaba
expresamente la actividad desarrollada5.

7. Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, en el
cual sostuvo que la conducta dolosa del tercero no resultaba suficiente para
exonerar a las entidades demandadas frente a eventuales omisiones previas en
el ejercicio de sus competencias administrativas.

8. El 1 de diciembre de 2025, la Sección Tercera Subsección B del Consejo
de Estado confirmó la providencia apelada, reiterando la configuración del hecho
exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad y validando la
suficiencia de los soportes técnicos que habilitaban el funcionamiento del
establecimiento.

2.2. Fundamento jurídico

9. Los accionantes consideraron transgredidos sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, al estimar que la
sentencia del 1 de diciembre de 2025 proferida por el ad quem incurrió en graves
irregularidades de orden constitucional que incidieron de manera directa en la
decisión adoptada.

10. Como primer reproche, alegaron la configuración de un defecto
sustantivo, por la que consideraron una indebida aplicación de la figura del
hecho exclusivo y determinante de un tercero como causal de exoneración de
responsabilidad, sin verificar rigurosamente si concurrían omisiones estatales
relevantes en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.

11. En segundo lugar, la parte actora alegó la configuración de un defecto
fáctico, al sostener que la autoridad judicial efectuó una valoración parcial y

4
Índice 79 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-41-000-2017-01259- 00
5
En consecuencia, la autoridad judicial encontró que no se acreditó una infracción urbanística ni una irregularidad
administrativa que pudiera estructurar una falla del servicio imputable a las entidades demandadas.

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fragmentada del acervo probatorio, otorgando especial relevancia a documentos
de carácter administrativo, como certificaciones y conceptos técnicos oficiales,
sin realizar, en su sentir, un análisis integral de los demás medios de prueba
dirigidos a acreditar la presunta falla del servicio.

12. La parte actora invocó el desconocimiento del precedente, en particular
de la sentencia SU-029 de 20246, alegando que la providencia inaplicó criterios
consolidados sobre responsabilidad estatal por omisión y concurrencia de
causas.

13. Finalmente, los accionantes señalaron la existencia de una violación
directa de la Constitución, al considerar que la interpretación adoptada
restringió indebidamente el alcance del artículo 90 constitucional y desatendió los
mandatos de protección efectiva de los derechos fundamentales,
comprometiendo la garantía de una decisión judicial debidamente motivada y
constitucionalmente fundada. No obstante, sus planteamientos al respecto
tuvieron una orientación similar a las del defecto sustantivo alegado.

2.3. Pretensiones

14. Con fundamento en lo anterior, el actor solicitó:

«(…) 1. Se reconozcan los derechos fundamentales al debido proceso,
tutela judicial efectiva, igualdad ante la Ley, acceso a la administración
de justicia y demás irrogados por las accionadas, en virtud de lo
instituido en los artículos 1, 2, 13, 29, 228, 229 y demás configurados
en esta acción, reglados en la Constitución Política Nacional.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin valor ni
efecto la sentencia dictada por la parte accionada CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN B, consejero ponente ALBERTO MONTAÑA
PLATA o quien haga sus veces, el 1 de diciembre de 2025 dentro del
proceso quien se identifica con el número de radicado 25000-23-41-
000-2017-01259-01 (70259).

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al accionado
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B, consejero
ponente ALBERTO MONTAÑA PLATA o quien haga sus veces, proferir
una decisión con juicio integral de imputación, valoración completa del
acervo probatorio y respuesta de fondo a los cargos del recurso de
apelación sobre concurrencia de omisiones estatales y alcance del
eximente de tercero.» (SIC EN TODA LA CITA)

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 17 de

6
Corte Constitucional, Sentencia SU-029 de 2024, MP Jorge Enrique Ibáñez Najar. En esta providencia la Corte
Constitucional unificó la jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial del Estado frente a daños ocasionados
por hechos de terceros, particularmente cuando se alega omisión administrativa o concurrencia de causas en la
producción del daño. La Corte precisó que el hecho exclusivo de un tercero constituye causal de exoneración únicamente
cuando concurren los presupuestos de exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad, los cuales deben acreditarse
rigurosamente y analizarse a la luz del deber jurídico concreto que recaía sobre la entidad estatal. Asimismo, reiteró que
la intervención de un tercero no exonera automáticamente al Estado si se demuestra una falla del servicio concurrente
que haya contribuido causalmente al daño, exigiendo un examen estructurado de imputación que distinga entre daño
antijurídico y atribución de responsabilidad jurídica.

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febrero de 20267, a través del cual se ordenó notificar a la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, a la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional y el Distrito Capital y a los demás vinculados en
calidad de terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo, se notificó
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

2.4.1. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado8 indicó que
su providencia contenía los argumentos y elementos necesarios para que el juez
constitucional tomara la decisión que en derecho correspondiere.

2.4.2. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la
Alcaldía Mayor de Bogotá - Distrito Capital9 solicitó declarar improcedente la
acción respecto de esa entidad, así como ser desvinculada de la misma al no
estar legitimada en la causa por pasiva, toda vez que indicó que no ejercía
funciones jurisdiccionales ni poseía atribuciones para incidir en el contenido de
providencias judiciales, por lo que carecía de competencia para resolver las
pretensiones de la parte actora.

2.4.3. La Policía Nacional10 solicitó negar las súplicas de la parte accionante, al
no existir ninguna trasgresión ius fundamental ni acreditarse un perjuicio
irremediable, aunado a que sostuvo que la parte actora no demostró el nexo de
causalidad entre el hecho y el daño sufrido e incumplió además con la carga
probatoria que tenía a su cargo.

2.4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, remitió el vínculo de acceso al expediente, pero no emitió ningún
pronunciamiento.

2.4.5. No se presentaron más informes

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201911 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

17. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía
Mayor de Bogotá - Distrito Capital solicitó ser desvinculada de la acción al

7
Índice 4 del aplicativo SAMAI
8
Índice 12 del aplicativo SAMAI.
9
Índice 16 del aplicativo SAMAI.
10
Índice 9 del aplicativo SAMAI
11
Reglamento interno del Consejo de Estado.

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considerar que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva. No obstante,
toda vez que el Distrito Capital fue vinculado en calidad de tercero interesado en
la presente acción y fue una de las entidades demandadas en la acción de grupo,
se negará su solicitud, en aras de garantizar su derecho de defensa.

3.2.2. Del estudio de los defectos alegados

18. En consideración a que los planteamientos de la parte actora respecto a los
defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución guardan similitud en
su orientación, su análisis se realizará de manera conjunta.

3.3. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, al proferir
la sentencia del 1 de diciembre de 2025, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de la parte accionante,
al incurrir supuestamente en los defectos fáctico, por desconocimiento de
precedente, sustantivo y por violación directa de la Constitución.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,

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la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que fue proferida la sentencia reprochada, esto es el 1 de
diciembre de 202512, y la interposición de la presente acción de tutela, el 16 de
febrero de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de la parte accionante, como
consecuencia de los presuntos defectos fáctico, por desconocimiento de
precedente, sustantivo y por violación directa de la Constitución, los cuales se
encuentran fundamentados razonablemente.

24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación

12
Índice 13 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-41-000-2017-01259- 01. Notificada el 19 de diciembre de 2025.

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del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional13 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa14, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.

b. Una dimensión positiva15, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»16.

27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen

28. De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional,
el defecto fáctico como causal específica de procedibilidad exige la configuración
de un error ostensible, flagrante y determinante en la valoración probatoria, que
desborde el ámbito de autonomía judicial. En el caso sub examine, la providencia
controvertida efectuó un examen integral del material probatorio, sin incurrir en
ninguna omisión, distorsión ni apreciación contraevidente de prueba alguna.

29. En ese entendido, la Sala observa, que lejos de adoptar una decisión sin
respaldo probatorio, el ad quem valoró expresamente el Concepto Técnico núm.
2015–1252 expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos, vigente al momento del
incendio, en el cual se dejó constancia inequívoca de que el establecimiento
cumplía “con los requisitos normativos básicos de seguridad humana y protección
contra incendios”, elemento que desvirtúa cualquier afirmación de ausencia de
soporte fáctico.

30. Asimismo, la providencia precisó que la parte actora no formuló reparos

13
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
14
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
15
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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técnicos concretos contra dicho concepto ni allegó prueba idónea que acreditara
deficiencias estructurales del inmueble, limitándose a afirmaciones genéricas 17
carentes de sustento probatorio suficiente para estructurar la imputación a las
entidades demandadas.

31. De manera concordante, la Sala dejó expresamente consignado que “no
se decretaron o allegaron elementos de juicio que dieran cuenta de las
condiciones del lugar al momento de los hechos”, circunstancia que
evidencia que la autoridad judicial accionada no desconoció ninguna prueba
determinante, sino que resolvió con base en el material válidamente incorporado
al proceso.

32. Ahora bien, incluso, en ejercicio de un análisis hipotético favorable a los
actores, la providencia indicó que18 aun si se abstrajeran las presuntas
irregularidades alegadas, estas no resultaban causalmente determinantes frente
a un incendio premeditado iniciado mediante la dispersión de combustible
inflamable, lo que excluye que la valoración probatoria haya sido determinante
en sentido adverso por error judicial.

33. En consecuencia, la inconformidad de la parte actora no evidencia un yerro
probatorio manifiesto, sino una discrepancia frente a la conclusión razonada a la
que arribó el juez natural tras valorar el acervo en su conjunto por lo que
pretender reabrir dicha discusión por vía de tutela desnaturaliza su carácter
excepcional y vulnera el principio de autonomía judicial y, en definitiva, hace que
el defecto fáctico carezca de todo asidero.

34. Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

35. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con
que cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de
discrecionalidad, cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva
fundada en la lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar
los pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión
como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto
puesto que se trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable
al amparo de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial19.

3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de

17
Providencia del 1 de diciembre de 2025, numeral 25: “La parte actora se limitó a insistir que el establecimiento de
comercio presentaba medidas de protección insuficientes contra incendios, sin hacer reparos concretos contra la
conclusión del Tribunal, o contra el contenido del documento que le sirvió de soporte a su razonamiento. Negrillas
y subrayas de esta Sala.
18
Ibidem, numeral 27 “En cualquier caso, la Sala considera que, por la forma en la que se dieron los hechos, las medidas
de seguridad previstas por el ordenamiento jurídico habrían resultado insuficientes o no idóneas para hacer
frente a la emergencia que se presentó. A partir de la escasa información que se tiene sobre las condiciones en las
que se desarrolló el incendio, todo indica que el fuego no solo fue iniciado de manera premeditada, sino que con ese fin
el agente se valió de un combustible (se afirmó en la demanda que gasolina) que esparció por el lugar para posteriormente
prender el fuego.”. Negrillas y subrayas de esta Sala.
19
Sentencia T-106 de 2000.

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la acción de tutela contra providencias judiciales

36. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 20, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan
clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

37. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.

38. Respecto del precedente vertical21, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

39. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso22.

40. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente
y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha
seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de
la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación23.

41. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la ley.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente

42. Esta Subsección advierte que tampoco se configuró el alegado
desconocimiento del precedente, toda vez que la providencia cuestionada no
ignoró la jurisprudencia invocada, de la cual debe indicarse que la parte actora
no identificó con precisión la ratio decidendi presuntamente vulnerada ni

20
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
21
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
22
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
23
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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argumentó una contradicción frontal con una regla vinculante, limitándose a
discrepar de manera general del juicio de imputación efectuado por la autoridad
judicial.

43. Así las cosas, el desconocimiento del precedente como causal específica
de procedibilidad exige la acreditación de una regla jurisprudencial clara, vigente
y aplicable al caso, cuya ratio decidendi haya sido omitida o contrariada sin
justificación suficiente. En el presente asunto, la providencia no se apartó de la
línea jurisprudencial vinculante alguna en materia de responsabilidad del Estado
en estos casos, por lo que el reparo alegado por las accionantes carece de
asidero.

44. Por el contrario, la Sala aplicó el estándar consolidado según el cual la
responsabilidad patrimonial del Estado exige la concurrencia de daño antijurídico
y de la imputación jurídica, verificando de manera expresa la posible
configuración de una causa extraña como un eximente de responsabilidad24.

45. Asimismo, la providencia examinó concretamente la hipótesis del hecho
exclusivo de un tercero25, evaluando sus elementos estructurales exterioridad,
imprevisibilidad e irresistibilidad y concluyó que el incendio fue iniciado de
manera premeditada mediante la dispersión de combustible inflamable.

46. Aunado a lo anterior, la decisión afirmó categóricamente que los daños
fueron causados exclusivamente por la conducta de un tercero26, declaración que
constituye la ratio decidendi del fallo y se encuentra plenamente alineada con la
jurisprudencia reiterada sobre ruptura del nexo causal.

47. En ese entendido, no se identifica en la demanda de tutela la invocación
de una regla jurisprudencial específica que hubiera sido desconocida pues como
se indicó anteriormente, la argumentación de la parte actora se limitó a expresar
su inconformidad con la conclusión adoptada, sin demostrar una contradicción
frontal con un precedente vertical o unificado aplicable al asunto.

48. En consecuencia, la providencia respetó el precedente vigente y aplicó la
doctrina reiterada sobre imputación y causa extraña por lo que pretender derivar
de una discrepancia interpretativa un supuesto desconocimiento del precedente
desnaturaliza esta causal excepcional y desconoce la autonomía judicial.

49. Por las razones expuestas, no se desconoció el precedente. Así las
cosas, la inconformidad de la parte actora no trasciende el plano de la

24
Providencia del 1 de diciembre de 2025, numeral 35. Es por ello que la Subsección considera que en la presente
controversia se configuró una causa extraña, pues no existía manera de que las autoridades, aun en supuesto de
que se hubieran presentado las dos irregularidades alegadas por el recurrente, estuvieran en la obligación de
anticipar como probable el comportamiento del ciudadano Víctor Niño Guerrero (carácter previsible), o de que
hubieran tenido que hacerle frente de manera oportuna (carácter resistible). Negrillas y subrayas de esta Sala.
25
Al respecto, la Sala advierte que, desde la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las autoridades
tuvieron en cuenta la jurisprudencia aplicable al asunto, entre otras, la providencia del Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”, consejera ponente: María Adriana Marín. Sentencia de 22
de octubre de 2021. Radicación número: 19001-23-31-000-2011 10050-01(53651) que fue invocada expresamente por el
a quo.
26
Ibidem, numeral 32. En ese orden de ideas, la Sala concluye, del mismo modo en que lo hizo el Tribunal, que los daños
padecidos por los demandantes fueron causados exclusivamente por un tercero, de cuyo obrar no puede
responsabilizarse al Estado en la forma planteada por el recurrente. Subrayas de esta Sala.

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discrepancia argumentativa y será desestimado.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

50. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»27.

51. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

27
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

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«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»28.

52. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.7. El defecto por violación directa de la Constitución

53. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto
que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política
según el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales.»29

54. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este
defecto se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius
fundamental necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución30”.

55. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica
de procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a
una disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de
la excepción de inconstitucionalidad31.

4. Análisis de los defectos sustantivo y por violación directa de la
Constitución en el caso concreto

56. La Sala advierte que los reproches formulados por la parte actora respecto
del defecto sustantivo y de la presunta violación directa de la Constitución parten

28
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
29
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
30
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
31
Sentencia SU-198 de 2013.

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de un mismo cuestionamiento frente a la interpretación realizada por la autoridad
judicial accionada sobre el alcance del artículo 9032 constitucional y la teoría de
la causa extraña como eximente de responsabilidad del Estado. En tal sentido,
por tratarse de cargos que se apoyan en una misma premisa argumentativa, su
estudio se realizará de manera conjunta.

57. Así las cosas, la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación, no
aplicó mecánicamente el eximente del hecho exclusivo de un tercero, sino que,
como se vio en el alegado desconocimiento del precedente, verificó sus
elementos estructurales, esto es, la exterioridad, la imprevisibilidad y la
irresistibilidad, concluyendo que el incendio fue producto de una conducta
premeditada33 ajena al ámbito de control por parte de las autoridades que fueron
demandadas.

58. En concordancia con lo anterior, la providencia sostuvo que, aun si se
abstrajeran las presuntas irregularidades administrativas alegadas, estas no
resultarían causalmente determinantes, pues expuso que “no parece que los
verdaderos motivos del incendio pudieran encontrarse en el cumplimiento, o no,
de las disposiciones normativas”34, lo que evidencia un juicio de imputación
material y no meramente formal.

59. Adicionalmente, la Sala analizó el uso del suelo del establecimiento y
concluyó que la actividad desarrollada era compatible con el instrumento
urbanístico aplicable, al permitir “Tabernas, bares y Discotecas” como uso
complementario35, descartando así una infracción normativa que pudiera
sustentar la responsabilidad de las entidades demandadas.

60. No se advierte, entonces, una interpretación arbitraria ni un
desconocimiento del alcance normativo del régimen de la responsabilidad del
Estado, pues, por el contrario, la decisión articuló adecuadamente el análisis
fáctico con el marco jurídico aplicable, preservando la coherencia entre
causalidad e imputación.

61. En consecuencia, la discrepancia del accionante no revela un yerro
manifiesto en la interpretación o aplicación de la normativa, sino una
inconformidad frente a la conclusión jurídica adoptada dentro del margen de
autonomía judicial, lo que a todas luces hace inexistente el defecto
sustantivo alegado.

62. En ese orden de ideas, tampoco se advierte desconocimiento del principio

32
Constitución Política de Colombia, artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
33
Providencia del 1 de diciembre de 2025, numeral 32. “En consecuencia, la Sala concluye que los daños cuya
indemnización se pretende fueron causados exclusivamente por la conducta de un tercero, quien de manera
premeditada inició el incendio mediante la dispersión de combustible inflamable en el interior del establecimiento,
circunstancia que rompe el nexo de imputación frente a las entidades demandadas y excluye la configuración de
responsabilidad estatal.” Negrillas y subrayas de esta Sala
34
Ibidem, numeral 33.
35
Ibidem, numeral 30. “El documento en cuestión, expedido por la Secretaría Distrital de Planeación con fecha 30 de
mayo de 2013, fue valorado parcialmente por la parte actora, pues en los “usos permitidos para la dirección KR 1 BIS
21 83 SUR”, a pesar de indicar que el área de actividad era “residencial general”, en el ítem de “uso complementario”,
en la categoría de “comercio zonal”, estaba prevista la posibilidad de que, en la “venta de servicios”, se ofreciera
el de “a. Servicios recreativos: Tabernas, bares y Discotecas, juegos de salón de billar y electrónicos de habilidad
y destreza”. Negrillas y subrayas de esta Sala.

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de reparación integral ni del deber estatal de responder por daños antijurídicos
que le sean imputables, pues precisamente el análisis se centró en la ausencia
de imputación jurídica, elemento sine qua non para activar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

63. En consecuencia, la inconformidad de la parte accionante constituye una
discrepancia frente a la valoración jurídica realizada, mas no la demostración
de un quebrantamiento directo de la Constitución.

64. Finalmente, es necesario recordar que el análisis que le corresponde
realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
providencia judicial no es de corrección sino de validez36, motivo por el cual solo
habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que se
advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso.

65. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada para
confirmar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar las
pretensiones de la demanda, circunstancia que para la Sala no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

66. Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala
procederá a negar las pretensiones del amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la parte accionante en contra de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá -
Distrito Capital por las razones expuestas en el numeral 3.2 de la presente
providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Leidy Nataly Chica Sánchez y otros, actuando a nombre propio, de acuerdo con
los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto

36
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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