Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2017-01259-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2017-01259-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2017-01259-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
1 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025
Radicación: 25000-23-41-000-2017-01259-01 (70259)
Demandantes: Andrea Julieth Manrique Cortés y otros
Demandados: Distrito Capital y otro
Referencia: Acción de grupo
Temas: acción de grupo – incendio provocado en establecimiento de comercio – hecho
de un tercero como eximente de responsabilidad.
Síntesis del caso: se demanda por las lesiones físicas y la muerte de uno de los integrantes
de un grupo de personas, a raíz del incendio iniciado por un tercero en un bar.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera Subsección A-, que negó
las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada y
trámite relevante – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 4 de agosto de 20171, Andrea Julieth Manrique Cortes, Andrés Guillermo
Ortíz Ibagón, Jhonatan Camilo Peña Ibagón, William Guillermo Villalba
Arévalo, Wendy Dayan Manrique Cortés, Eduardo Acevedo Marín, Martha
Cecilia Munevar Sierra, Claudia Johana Zorio Sánchez, Raúl David Díaz
Chávez, James Fernando Castillo Arévalo, Favier Andrés Grisales Acevedo,
Leidy Nataly Chica Suárez, Nicolás Cruz Hernández, Julio César Rodríguez,
Juan Carlos Parra Arévalo, Jovanni Alberto Vivas León, Javier Castillo
Alquichire, Gabriel Munevar Sierra, Cristian Camilo Morales Carrillo, cada uno
con sus grupos familiares, así como los familiares del fallecido Gustavo
Munevar Sierra, presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de grupo,
en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Distrito
Capital, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:
1 Folio 1 del cuaderno 1.
2 Páginas 4-58 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-41-000-2017-01259-01 (70259)
Demandantes: Andrea Julieth Manrique Cortés y otros
Demandados: Distrito Capital y otro
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Confirmar
“1. Que se declare a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, solidariamente
responsable de los perjuicios morales, daño a la salud y materiales, causados
a [los demandantes] y relacionados en la presente acción.
2. Que se declare que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, solidariamente responsable de los perjuicios morales, daño a la
salud y materiales, causados a [los demandantes] y relacionados en la
demanda…”3.
2. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso, en
síntesis, los siguientes hechos:
3. 1) En la noche del 5 de diciembre de 2015 los demandantes principales
departían en un bar llamado “Pub La Estación-Sede ppal.” ubicado en la
Localidad San Cristóbal, Bogotá. Aproximadamente a las 12:30 del 6 de
diciembre, “ingresó un hombre que posterior (sic) fue identificado por las
autoridades como VÍCTOR NIÑO GUERRERO, que presuntamente minutos
antes había sido expulsado de dicho establecimiento luego de sostener una
riña con un cliente, regresó al bar en mención llevando en sus manos una
botella con gasolina, la esparció y prendió fuego”.
4. 2) Como resultado del incendio, “al menos 36 personas tuvieron
quemaduras en cara y cuerpo de primer, segundo y tercer grado”,
afectaciones que, en el caso de los demandantes principales, se
acreditaban con sus historias clínicas y registros fotográficos. Las víctimas
directas experimentaron perturbaciones físicas que afectaron “su estado
sicológico y social, como el dolor, la aflicción y en general los sentimientos
de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra y otros…”; por los
mismos hechos también se vieron afectados sus familiares “como quiera que
han sufrido el dolor, la aflicción y el sufrimiento derivados del daño
antijurídico…”.
5. 3) Por pesquisas adelantadas por los familiares de las víctimas directas, se
estableció que el bar estaba abierto al menos 3 años antes de la tragedia
“y no contaba con extintores y demás permisos que legalmente se requieren
para el funcionamiento de un establecimiento de comercio, máxime
cuando se trata de un negocio que vendía bebidas embriagantes”.
6. 4) La Alcaldía Mayor de Bogotá “es la entidad facultada para vigilar,
sancionar y/o ordenar el cierre definitivo de establecimientos que no
cuenten con los medios mínimos exigidos para contar con la capacidad de
aglomerar un grupo máximo de personas y que además cienten con los
mecanismos de protección a fin de evitar el hecho inicialmente narrado”;
además, en cumplimiento de la Ley 232 de 1195 y 762 de 2005, como
entidad controladora del uso del suelo, podía “exigir a los titulares de los
establecimientos de comercio (…) la Licencia de Construcción” y le
3 Folio 5 del cuaderno 1.
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correspondía “verificar, controlar y sancionar el cumplimiento adecuado e
inadecuado del uso del suelo”. Por su parte, a la Policía Nacional, con
fundamento en el artículo 2 de la Ley 232 de 19954, le correspondía “actuar
de oficio (…) a fin de garantizar la protección de los ciudadanos y/o
habitantes del estado colombiano”, exigencia que, con respaldo en la
misma norma, era predicable de “las alcaldías locales”, por lo que le
correspondía “sancionar y tomar las medidas preventivas y correctivas
necesarias para garantizar la protección de los ciudadanos y/o
habitantes…”.
1.2. Posición de la parte demandada y trámite relevante
7. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones5. Afirmó que, en el estudio
de la imputación, “según el escrito demandatorio, se habla de que la
muerte y las lesiones sufridas fue como consecuencia del Señor VICTOR NIÑO
GUERRERO y no por la acción u omisión de los uniformados” y que “no existe
prueba que la POLICIA NACIONAL haya cometido tal acto o a su vez que
no haya efectuado los procedimientos legales y constituciones”. Con
fundamento en lo anterior, planteó las excepciones de “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”; “Hecho exclusivo y determinante de
un tercero”; “Inexistencia de falla que pueda demostrar responsabilidad por
parte de la Policía Nacional”; “Inexistencia de configuración del elemento
de la responsabilidad: imputación” y “Carencia probatoria”.
8. El Distrito de Bogotá se opuso a las pretensiones6, pues los hechos “que dan
lugar a la acción bajo examen, no se originan, ni son responsabilidad de la
entidad territorial, ni de ninguna otra entidad distrital”, por el contrario, el
daño lo causó en forma exclusiva un tercero, cuyo actuar delictivo fue
totalmente imprevisible e irresistible para la administración. Con respaldo en
ello, y luego de poner de presente que, a la luz de la Ley 232 de 1995 “no
tenía la obligación de expedir o solicitar permiso o licencia de
funcionamiento a los establecimientos de comercio abiertos por
4 Con fines de claridad, se trascribe el contenido de los primeros 2 artículos de la Ley 232 de 1995: “ARTÍCULO
1o. Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los establecimientos
comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren
ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente ordenado por el legislador.
ARTÍCULO 2o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los
establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:
a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación
expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la
expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción
municipal o distrital respectiva;
b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia;
c) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente
obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por
la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas
complementarias;
d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción;
e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus veces de la entidad territorial
correspondiente, la apertura del establecimiento”.
5 Folio 199 y siguientes del cuaderno 1.
6 Folio 211 y siguientes del cuaderno 1.
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particulares”, propuso las excepciones de: “inexistencia de los elementos del
régimen de responsabilidad del Estado”; “Falta de jurisdicción rompimiento
o inexistencia del fuero de atracción”; “Falta de legitimación en la causa
por pasiva”; “Hecho exclusivo y determinante de un tercero” e “Inexistencia
de responsabilidad”.
9. Mediante a Auto de 25 de septiembre de 20187 el tribunal rechazó por
improcedente la reforma de la demanda.
10. El 19 de octubre de 2021 tuvo lugar la audiencia de conciliación prevista
en el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, la cual se declaró fracasada por
inexistencia de ánimo conciliatorio; en esa misma diligencia el Tribunal abrió
el proceso a pruebas; recaudados los elementos de juicio se corrió traslado
para alegar de conclusión, oportunidad en la que las partes se reafirmaron
en su posición frente al litigio.
1.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda al encontrar probado el hecho exclusivo y determinante de un
tercero (Víctor Niño Guerrero) como causa eximente de responsabilidad.
12. Señaló que “conforme a lo indicado por las partes, luego de un
altercado con otra persona que se encontraba en ese establecimiento de
comercio, [Víctor Niño Guerrero] salió y regresó con un líquido inflamable
que esparció y, acto seguido, prendió fuego, lo que causó lesiones a los
miembros del grupo demandante”. A juicio del Tribunal, la causa eficiente
de los daños no estuvo dada porque el establecimiento de comercio no
tuviera permisos o no contara con extintores, como lo alegó la parte actora,
pues se acreditó que tenía concepto favorable del cuerpo de bomberos y,
además, en la regulación sobre el uso del suelo, tenía habilitada la
prestación de servicio de bar.
13. En esas condiciones, concluyó que la causa del daño solo pudo ser el
comportamiento de un tercero, el cual reunía los presupuestos
jurisprudenciales para exonerar de responsabilidad a las demandadas, pues
la conducta fue imprevisible, irresistible y externa a las entidades
accionadas8.
1.5. Recurso de apelación
7Folio 331 del cuaderno 1.
8 Folio 472-478 del cuaderno principal.
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14. La parte demandante interpuso recurso de apelación9. Insistió en que,
en este caso, el establecimiento de comercio incumplió reglamentos y que
no fue regulado ni controlado por las entidades demandadas, quienes
incurrieron en omisión en la regulación de sus condiciones de
funcionamiento, de manera que los demandantes “no pudieron activar los
mecanismos de protección que previnieran no solo la muerte del Señor
Gustavo Munevar Sierra sino las lesiones en magnitud padecidas” por los
demás.
15. Alegó que el debate no debió centrarse en identificar al responsable de
la conflagración, sino en la omisión de las demandadas “al no controlar
dicho local comercial en su funcionamiento y permitir su atención al público
sin el lleno de los requisitos mínimos en activación de planes contra
incendios, salidas de emergencia, porte de extintores y demás”; además, el
bar funcionaba en “una zona residencial con limitaciones para este tipo de
actividades comerciales mercantiles”, con lo cual se desconoció el
contenido del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, que exigía a los
establecimientos el cumplimiento de las normas sobre uso del suelo, así
como el artículo 4 de esa misma normativa, que preveía la posibilidad de
hacer requerimientos a los infractores o hasta el cierre definitivo del lugar. En
línea con lo anterior, manifestó que, la prueba de la que se valió el Tribunal
para tener por acreditado que el negocio cumplía con las normas sobre el
uso del suelo, fue interpretada de manera equivocada, pues, aunque se
permitía la venta de licor en esa zona residencial, no lo estaba el consumo
de bebidas de ese tipo.
16. Planteó que la responsabilidad del Distrito estaba comprometida porque
el establecimiento funcionaba sin cumplir con los requisitos establecidos en
el artículo 111 del acuerdo 79 de 2003 (Código de Policía de Bogotá vigente
al momento de los hechos), conforme al cual ese lugar debía cumplir con
las normas vigentes en materia de seguridad y de protección contra
incendios, disposición que contemplaba asimismo que, le correspondía al
Departamento Administrativo de Planeación verificar, en cualquier tiempo,
el cumplimiento de esas normas y, de ser el caso, aplicar medidas
correctivas. A juicio del recurrente, tanto la Alcaldía como la Policía
Nacional omitieron la observancia de ese artículo, pues nunca verificaron
que el bar cumpliera con las condiciones de funcionamiento y seguridad.
17. Desde el punto de vista causal, el recurrente expuso que, “si el
establecimiento de comercio hubiese estado debidamente regulado,
cumpliendo con las normas vigentes en materia de seguridad y de
protección contra incendios, contando con el número necesario de
extintores, sensor de humo, salida de emergencia y demás requisitos
indispensables, [los demandantes] no hubiesen sufrido los daños y
9 Folio 488-493 del cuaderno principal.
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afectaciones que actualmente se están viendo obligados a soportar”. En
otras palabras, alegó que “otra hubiera sido la suerte de los demandantes si
ese establecimiento no hubiera estado habilitado con anuencia de las
demandadas, pues si no existe un bar funcionado, no se hubiera generado
la aglomeración de personas en ese establecimiento y menos se hubiera
generado el incendio”.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Presupuestos procesales y anuncio de la decisión – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Sobre la
condena en costas
2.1. Presupuestos procesales, síntesis de la controversia y anuncio de la
decisión
18. La Sala se pronunciará de fondo en este caso, pues se encuentran
cumplidos los presupuestos procesales de este tipo de acciones. La acción
de grupo es el medio de control idóneo para reparar los perjuicios
ocasionados a un grupo de personas por la omisión administrativa en la que,
a juicio de los demandantes, habrían incurrido entidades públicas
demandadas y que conllevaron la afectación a la integridad física de las
víctimas directas.
19. Además, en el estudio de la oportunidad en el ejercicio del medio de
control, se observa que la acción fue ejercida dentro del término legal. Los
accionantes principales solicitaron la indemnización de los perjuicios
patrimoniales y extra patrimoniales derivados de las quemaduras de diversos
grados en distintas partes de su cuerpo; en el caso de un grupo de
demandantes, el daño alegado consistió en la muerte de una de las
víctimas directas (Gustavo Munevar Sierra10), por la gravedad de las
quemaduras que experimentó. La demanda fue presentada el 4 de agosto
de 2017, y el incendio del establecimiento de comercio en el que se
causaron esos daños tuvo lugar en las primeras horas del 6 de diciembre de
2015.
20. De otra parte, la información suministrada en la demanda permitía
identificar la existencia de un grupo determinado de ciudadanos afectados
por el fuego. Adicionalmente, por la forma como trascurrieron los hechos, es
claro que la causa del daño es común para todos ellos, en los términos del
artículo 3 de la Ley 472 de 1998.
21. Como síntesis de la controversia, la Sala pone de presente que no existe
discusión sobre la existencia y prueba de los daños experimentados por las
víctimas directas11. En el estudio de la causalidad, el fallo apelado encontró
10 Que se acreditó con el registro civil de defunción (folio 139 del cuaderno de pruebas 10).
11 Al respecto, cfr. cuadernos de pruebas 2 al 10.
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demostrado que el incendio fue provocado de manera intencional por un
tercero, cuyo comportamiento cumplía con los presupuestos del hecho
exclusivo y determinante de un tercero, como causa eximente de
responsabilidad. De cara a los planteamientos de la parte actora, el Tribunal
tuvo por demostrado que el establecimiento de comercio tenía concepto
favorable del cuerpo de bomberos y que el uso del suelo era compatible
con la prestación del servicio de bar.
22. Ahora bien, que la causa inmediata de los daños fue el comportamiento
de Víctor Niño Guerrero fue un aspecto incontrovertido por las partes del
proceso, que solo divergieron sobre los alcances que esa conducta estaba
llamada a tener, esto es: si las entidades demandadas debían, o no,
responder por el acto evidentemente doloso de ese tercero. Frente a lo
resuelto en el fallo de primera instancia, el recurrente insistió en que, el Distrito
Capital y la Policía Nacional, debían responsabilizarse de la indemnización
de perjuicios porque: 1. Omitieron verificar el cumplimiento de reglamentos
por parte del bar en el que ocurrieron los hechos relacionados con la
protección contra incendios; 2. Omitieron asimismo verificar el cumplimiento
de los usos permitidos del suelo. A juicio del recurrente, si se hubieran
acatado esos mandatos, el día de los hechos no habría estado en
funcionamiento el bar, por lo que no se habría dado concurrencia de
personas en ese establecimiento, ni se habría presentado el incendio que
les causó afectaciones.
23. En esas condiciones, la Sala anuncia que confirmará la sentencia
apelada, pues 1. el recurrente no cuestionó la tesis del Tribunal según la cual
el lugar contaba con visto bueno para su funcionamiento por parte del
cuerpo de bomberos; 2. aunque en el recurso sí se cuestionó la valoración
por parte del Tribunal de la prueba que acreditaba los usos del suelo, la
lectura que el recurrente da al documento no consulta la integralidad de su
contenido.
2.2. Análisis sustantivo.
24. Sobre lo primero, tal y como lo estableció el Tribunal en la Sentencia
apelada, el establecimiento de comercio contaba con un concepto
técnico (2015 – 1252) expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá, en el que se dejó constancia de que “CUMPLE // con los requisitos
normativos básicos de seguridad humana y protección contra incendios” -
se resalta-, concepto que tenía una vigencia entre el 2 de marzo de 2015 y
el 1º de marzo de 201612 (el incendio ocurrió el 6 de diciembre de 2015).
25. La parte actora se limitó a insistir que el establecimiento de comercio
presentaba medidas de protección insuficientes contra incendios, sin hacer
12 Folio 135 del cuaderno 1.
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reparos concretos contra la conclusión del Tribunal, o contra el contenido
del documento que le sirvió de soporte a su razonamiento. Vale decir que el
extremo actor no demostró, con otros elementos de juicio que desvirtuaran
la certificación del cuerpo de bomberos, que al momento de los hechos el
lugar no cumplía con exigencias básicas para la prevención y manejo de
una emergencia como la que se presentó.
26. Al respecto, las pruebas que se recaudaron en este caso estuvieron
fundamentalmente direccionadas a demostrar el daño experimentado por
las víctimas directas y sus allegados. No se decretaron o allegaron elementos
de juicio que dieran cuenta de las condiciones del lugar al momento de los
hechos (o que permitieran recrearlas con posterioridad al evento), mucho
menos que, desde el punto de vista técnico, pusieran de manifiesto o
permitieran inferir que el establecimiento no estaba dotado de los
elementos mínimos para hacer frente a una conflagración.
27. En cualquier caso, la Sala considera que, por la forma en la que se dieron
los hechos, las medidas de seguridad previstas por el ordenamiento jurídico
habrían resultado insuficientes o no idóneas para hacer frente a la
emergencia que se presentó. A partir de la escasa información que se tiene
sobre las condiciones en las que se desarrolló el incendio13, todo indica que
el fuego no solo fue iniciado de manera premeditada, sino que con ese fin
el agente se valió de un combustible (se afirmó en la demanda que
gasolina) que esparció por el lugar para posteriormente prender el fuego.
28. La gasolina es un líquido inflamable14 y, en este caso, era previsible que
una vez que el incendio comenzó pudiera propagarse con relativa rapidez,
sobre todo si se repara en que quien lo originó se cuidó de esparcir
previamente el combustible por el establecimiento de comercio. Lo anterior
explicaría que las víctimas no hubieran tenido la oportunidad de activar
ningún tipo respuesta con miras a evitar o mitigar el daño.
29. Sobre lo segundo, en su demanda, la parte actora sostuvo que el uso del
suelo en la zona era residencial, por lo que allí no podía estar ubicado el bar
en el que se presentó la tragedia. El Tribunal estableció que el uso de suelo
permitía la prestación de ese tipo de servicio; a ello replicó el recurrente que,
el documento en el que el fallo apelado se soportó fue indebidamente
13 La Sala se vale del contenido informativo de las notas que la prensa (de RCN, El Tiempo y El Espectador) registró
sobre los hechos, documentos que fueron allegados por la parte actora al descorrer el traslado de las excepciones
y que fueron decretados como pruebas. Sobre los hechos noticiosos, esos documentos convergen en que, luego
de que se presentara una riña, un sujeto que había sido expulsado del bar regresó poco después con una sustancia
combustible que esparció por el lugar. En una de las entregas, que citó textualmente la declaración de un teniente
coronel, se informó que “…quienes están allí no alcanzan a reaccionar” (RCN fl. 258). Otra noticia, que citó el
testimonio de uno de los testigos presenciales, informó que de las personas que estaban en el lugar (50) solo 10
salieron antes del incendio, pues “ellos se percataron del olor a gasolina que esparció disimuladamente el hombre
que causó la tragedia” (El Tiempo fl. 259).
14 Según definición del Diccionario de la Lengua Española: “Que se enciende con facilidad y desprende llamas”.
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apreciado, pues en la zona estaba permitida la venta de licores, pero no su
consumo.
30. El documento en cuestión, expedido por la Secretaría Distrital de
Planeación con fecha 30 de mayo de 2013, fue valorado parcialmente por
la parte actora, pues en los “usos permitidos para la dirección KR 1 BIS 21 83
SUR”, a pesar de indicar que el área de actividad era “residencial general”,
en el ítem de “uso complementario”, en la categoría de “comercio zonal”,
estaba prevista la posibilidad de que, en la “venta de servicios”, se ofreciera
el de “a. Servicios recreativos: Tabernas, bares y Discotecas, juegos de salón
de billar y electrónicos de habilidad y destreza” -se resalta-.
31. Todavía más: en la documentación que la Secretaría de Planeación
allegó como prueba (en cumplimiento al auto que las decretó), se
incorporó un concepto de la Secretaría de Gobierno Distrital en el que se
reafirma que, “…revisada la normatividad aplicable, esto es el Decreto 190
de 2004 - plan de ordenamiento territorial – vigente hasta la fecha [27 de
octubre de 2021] es una zona ‘residencial con zonas delimitadas de
comercio y servicio’”-se resalta-15.
32. En ese orden de ideas, la Sala concluye, del mismo modo en que lo hizo
el Tribunal, que los daños padecidos por los demandantes fueron causados
exclusivamente por un tercero, de cuyo obrar no puede responsabilizarse al
Estado en la forma planteada por el recurrente.
33. En cualquier caso, haciendo abstracción de que quedaran acreditadas
las omisiones que el recurrente identificó como causas determinantes del
daño, no parece que los verdaderos motivos del incendio pudieran
encontrarse en el cumplimiento, o no, de las disposiciones normativas sobre
protección de incendios o sobre los usos del suelo.
34. Al respecto, la Sala considera razonable sostener que, con esas
previsiones normativas, el ordenamiento jurídico no pretende evitar o
conjurar los efectos del actuar doloso de terceros, planteamiento que la
Subsección limita al caso concreto atendiendo a sus particularidades. Acá,
como ya se indicó, se corroboró la intervención premeditada de un tercero
con el propósito de afectar la integridad de un grupo de ciudadanos, para
lo cual se valió de medios potencialmente dañinos que activó con ese
específico fin.
35. Es por ello que la Subsección considera que en la presente controversia
se configuró una causa extraña, pues no existía manera de que las
autoridades, aun en supuesto de que se hubieran presentado las dos
irregularidades alegadas por el recurrente, estuvieran en la obligación de
15 Folio 385 del cuaderno 1.
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Referencia: Acción de grupo
Decisión: Confirmar
anticipar como probable el comportamiento del ciudadano Víctor Niño
Guerrero (carácter previsible), o de que hubieran tenido que hacerle frente
de manera oportuna (carácter resistible).
36. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia.
2.3. Sobre la condena en costas
37. La Sala, en aplicación de precedente jurisprudencial de esta misma
Subsección16, considera que, en lo que respecta a la acción de grupo, la
condena en costas cuando las pretensiones han sido denegadas,
solamente procede cuando se encuentre demostrada la temeridad o la
mala fe. En el presente asunto no se observa temeridad ni mala fe del
apoderado judicial de la parte demandante, por lo que la Sala se abstendrá
de condenar por este concepto.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera Subsección A-.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Con aclaración de voto Magistrado
Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
16 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. B, Sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 68712.
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