Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01123-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01123-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01123-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2026-01123-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: LEIDY NATALY CHICA SÁNCHEZ Y OTROS.
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS
ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la
sentencia de 12 de marzo de 2026, proferida en primera instancia
por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 que denegó el amparo solicitado.
1
En adelante Sección Segunda.
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Número único de radicación: 110010315000-2026-01123-01
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I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores LEIDY NATALY CHICA SÁNCHEZ, ANDREA
MANRIQUE, CLAUDIA JOHANA ZORIO SÁNCHEZ, ANDRÉS
GUILLERMO ORTÍZ IBAGÓN, MARTHA CECILIA MUNEVAR,
JAMES FERNANDO CASTILLO ARÉVALO, JAVIER CASTILLO,
FAVIER ANDRÉS GRISALES ACEVEDO, JUAN CARLOS PARRA
ARÉVALO, JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ SANABRIA y NICOLÁS
CRUZ HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, los cuales estiman vulnerados por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2 al haber proferido la sentencia de 1o. de diciembre de
2025 dentro del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo identificado con el número de radicación 25000-
23-41-000-2017-01259-01.
2
En adelante SECCIÓN TERCERA.
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I.2.- Hechos
Señalaron que el 5 de diciembre de 2015, en horas de la noche, se
encontraban en el establecimiento de comercio denominado “Pub La
Estación”, ubicado en la localidad de San Cristóbal de Bogotá,
compartiendo en condiciones normales cuando el señor VÍCTOR
NIÑO GUERRERO ingresó con una botella de gasolina que esparció,
generando un incendio que afectó con quemaduras graves a al
menos 36 personas que se hallaban en el lugar.
Indicaron que, como consecuencia directa del incendio, sufrieron
graves lesiones de carácter físico y secuelas psicológicas
permanentes, con impacto adicional en sus respectivos núcleos
familiares.
Adujeron que, debido a lo anterior, promovieron el medio de control
de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra el
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ3 y la NACIÓN - MINISTERIO
DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL4, al considerar configurada
una falla del servicio derivada de presuntas omisiones en los deberes
3
En adelante DISTRITO.
4
En adelante POLICÍA NACIONAL.
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de inspección, vigilancia y control del establecimiento de comercio.
Afirmaron que el anterior proceso fue identificado con el número de
radicación 2017-01259-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA5 que, mediante
sentencia de 29 de junio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda, al concluir, de una parte, que el daño tuvo como causa
exclusiva y determinante en la conducta de un tercero y, de otra,
que el establecimiento operaba conforme a la normativa vigente,
pues contaba con concepto técnico favorable del Cuerpo Oficial de
Bomberos y con certificado de uso del suelo que autorizaba
expresamente la actividad desarrollada.
Aseveraron que inconformes con la anterior decisión interpusieron
recurso de apelación, el cual le correspondió a la SECCIÓN
TERCERA que, mediante sentencia de 1o. de diciembre de 2025,
confirmó en su totalidad la providencia proferida por el a quo, al
determinar la configuración del hecho exclusivo de un tercero como
eximente de responsabilidad y validando la suficiencia de los
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En adelante TRIBUNAL.
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soportes técnicos que habilitaban el funcionamiento del
establecimiento.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de los actores, la SECCIÓN TERCERA vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en defecto sustantivo, por indebida
aplicación de la figura del hecho exclusivo y determinante de un
tercero como causal de exoneración de responsabilidad, sin verificar
rigurosamente si concurrían omisiones estatales relevantes en el
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Afirmaron que al proferir la sentencia cuestionada la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto fáctico, toda vez que efectuó
una valoración parcial del acervo probatorio, otorgando especial
relevancia a documentos de carácter administrativo, como
certificaciones y conceptos técnicos oficiales, sin realizar, en su
sentir, un análisis integral de los demás medios de prueba dirigidos
a acreditar la presunta falla del servicio.
Señalaron que también incurrió en desconocimiento del
precedente judicial de la sentencia SU-029 de 20246 de la Corte
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Constitucional, al inaplicar los criterios allí expuestos sobre
responsabilidad estatal por omisión y concurrencia de causas.
Por último, aseguraron que la sentencia cuestionada incurrió en
violación directa de la Constitución, por cuanto restringió
indebidamente el alcance del artículo 90 constitucional y desatendió
los mandatos de protección efectiva de los derechos fundamentales,
comprometiendo la garantía de una decisión judicial debidamente
motivada y constitucionalmente fundada.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar
sin valor ni efecto la sentencia dictada por la parte accionada
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B,
consejero Ponente ALBERTO MONTAÑA PLATA o quien haga sus
veces, el 1 de diciembre de 2025 dentro del proceso quien se
identifica con el número de radicado 25000-23-41-000-2017-
01259-01 (70259).
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al accionado
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B,
consejero Ponente ALBERTO MONTAÑA PLATA o quien haga sus
veces, proferir una decisión con juicio integral de imputación,
valoración completa del acervo probatorio y respuesta de fondo a
los cargos del recurso de apelación sobre concurrencia de
omisiones estatales y alcance del eximente de tercero. […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a enviar el expediente digital
contentivo del medio de control objeto de estudio, sin realizar
pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA advirtió que la providencia
cuestionada contiene los argumentos y elementos necesarios para
que el juez de tutela tome la decisión que en derecho corresponda,
la cual estará presta a atender.
I.5.3.- El DISTRITO solicitó declarar improcedente la presente
acción de tutela por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, ser desvinculado por
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ejerce
funciones jurisdiccionales ni tiene atribuciones para incidir en el
contenido de providencias judiciales, por lo que carecía de
competencia para resolver las pretensiones expuestas por la parte
actora.
I.5.4.- La POLICÍA NACIONAL solicitó declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, toda vez que no se vislumbra la
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vulneración de los derechos fundamentales invocados.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 12 de marzo de
2026, denegó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva presentada por el DISTRITO, así como las
pretensiones de la demanda al considerar que no se estructuraron
las causales de los defectos invocados.
Para el efecto, señaló que en la inconformidad de los actores no
evidencia un yerro probatorio manifiesto, sino una discrepancia
frente a la conclusión razonada a la que arribó el juez natural tras
valorar el acervo en su conjunto por lo que pretender reabrir dicha
discusión por vía de tutela desnaturaliza su carácter excepcional y
vulnera el principio de autonomía judicial.
Adujo que tampoco se configuró el alegado desconocimiento del
precedente, toda vez que la providencia cuestionada no ignoró la
jurisprudencia invocada y, además, la parte actora no identificó con
precisión la ratio decidendi presuntamente vulnerada ni argumentó
una contradicción frontal con una regla vinculante, limitándose a
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discrepar de manera general del juicio de imputación efectuado por
la autoridad judicial.
Indicó que no se configuraban los defectos sustantivo ni violación
directa de la Constitución, por no existir una interpretación arbitraria
ni un desconocimiento del alcance normativo del régimen de la
responsabilidad del Estado, pues, por el contrario, la decisión
cuestionada articuló adecuadamente el análisis fáctico con el marco
jurídico aplicable, preservando la coherencia entre causalidad e
imputación.
Finalmente, concluyó que el análisis que le corresponde realizar al
juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
providencia judicial no es de corrección sino de validez, motivo por
el cual solo habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los
eventos en los que se advierta que el razonamiento es arbitrario o
caprichoso.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Los actores impugnaron la decisión proferida en primera instancia y
solicitaron que se revoque y, en consecuencia, se amparen los
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derechos fundamentales invocados.
Asimismo, cuestionaron la providencia de primera instancia, al
señalar que, erróneamente, determinó que no se configuraban los
defectos invocados, lo que, a su juicio, evidencia que no se prestó la
debida atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela
que demostraban que la autoridad judicial accionada sí incurrió en
los yerros descritos.
Insistieron en que el hecho exclusivo y determinante de un tercero
como causal plena de exoneración de responsabilidad estatal, no
opera de manera automática ni por la sola circunstancia de que el
daño haya sido materialmente causado por un particular ajeno a la
administración, sino que exige el cumplimiento estricto de
presupuestos jurídicos específicos, entre ellos, la exclusividad causal.
Finalmente, reiteraron que en la sentencia cuestionada se omitió el
análisis integral sobre aspectos determinantes del caso frente a la
actividad concreta de inspección y control desplegada por las
autoridades competentes en el período previo al siniestro, lo que
impidió establecer si la omisión estatal contribuyó a la materialización
del daño o, al menos, a la magnitud de sus consecuencias.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se deje sin efecto la sentencia de 1o. de diciembre de 2025,
proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el
número único de radicación 2017-01259-01.
La controversia tiene origen en la acción de grupo presentada por los
actores contra el DISTRITO y la POLICÍA NACIONAL, al considerar
configurada una falla del servicio derivada de presuntas omisiones
en los deberes de inspección, vigilancia y control del establecimiento
de comercio en el que fueron víctimas de lesiones físicas graves y
psicológicas como consecuencia del incendio provocado por un
tercero.
El disenso de los actores radica en el hecho de que, en su sentir, la
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autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, debido a que aplicó de manera indebida
la figura del hecho exclusivo y determinante de un tercero como
causal de exoneración de responsabilidad y realizó un análisis parcial
del material probatorio obrante en el expediente.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 12 de marzo de
2026, denegó el amparo al considerar que no se configuraban los
defectos invocados.
Inconformes con lo anterior los actores formularon recurso de
impugnación frente a la decisión proferida en primera instancia, en
el que precisaron que el a quo, erróneamente, determinó que no se
configuraban los defectos sin analizar los argumentos expuestos en
el escrito de tutela que demostraban que la autoridad judicial
accionada sí incurrió en los yerros descritos.
Además, insistieron en que el hecho exclusivo y determinante de un
tercero como causal plena de exoneración de responsabilidad estatal,
no opera de manera automática ni por la sola circunstancia de que el
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daño haya sido materialmente causado por un particular ajeno a la
administración.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en establecer si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo
cual, en primer lugar, se debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos invocados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
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judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
objeto de estudio recae sobre aspectos que ya fueron resueltos por
el juez natural del asunto, sin que se observe que su actuar haya
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sido arbitrario.
En efecto, los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte
actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial
accionada valoró indebidamente el material probatorio aportado al
expediente y aplicó indebidamente la figura de la eximente de
responsabilidad por el hecho exclusivo de un tercero, apartándose de
la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
Dicho aspecto, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, lo cual fue resuelto por la
SECCIÓN TERCERA, así:
[…] 24. Sobre lo primero, tal y como lo estableció el Tribunal en
la Sentencia apelada, el establecimiento de comercio contaba
con un concepto técnico (2015 – 1252) expedido por el Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, en el que se dejó constancia de
que “CUMPLE // con los requisitos normativos básicos de
seguridad humana y protección contra incendios” se
resalta-, concepto que tenía una vigencia entre el 2 de marzo de
2015 y el 1º de marzo de 201612 (el incendio ocurrió el 6 de
diciembre de 2015).
25. La parte actora se limitó a insistir que el establecimiento de
comercio presentaba medidas de protección insuficientes contra
incendios, sin hacer reparos concretos contra la conclusión del
Tribunal, o contra el contenido del documento que le sirvió de
soporte a su razonamiento. Vale decir que el extremo actor no
demostró, con otros elementos de juicio que desvirtuaran la
certificación del cuerpo de bomberos, que al momento de los
hechos el lugar no cumplía con exigencias básicas para la
prevención y manejo de una emergencia como la que se
presentó.
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26. Al respecto, las pruebas que se recaudaron en este caso
estuvieron fundamentalmente direccionadas a demostrar el
daño experimentado por las víctimas directas y sus allegados.
No se decretaron o allegaron elementos de juicio que dieran
cuenta de las condiciones del lugar al momento de los hechos (o
que permitieran recrearlas con posterioridad al evento), mucho
menos que, desde el punto de vista técnico, pusieran de
manifiesto o permitieran inferir que el establecimiento no estaba
dotado de los elementos mínimos para hacer frente a una
conflagración.
27. En cualquier caso, la Sala considera que, por la forma en la
que se dieron los hechos, las medidas de seguridad previstas por
el ordenamiento jurídico habrían resultado insuficientes o no
idóneas para hacer frente a la emergencia que se presentó. A
partir de la escasa información que se tiene sobre las condiciones
en las que se desarrolló el incendio, todo indica que el fuego no
solo fue iniciado de manera premeditada, sino que con ese fin el
agente se valió de un combustible (se afirmó en la demanda que
gasolina) que esparció por el lugar para posteriormente prender
el fuego.
28. La gasolina es un líquido inflamable y, en este caso, era
previsible que una vez que el incendio comenzó pudiera
propagarse con relativa rapidez, sobre todo si se repara en que
quien lo originó se cuidó de esparcir previamente el combustible
por el establecimiento de comercio. Lo anterior explicaría que las
víctimas no hubieran tenido la oportunidad de activar ningún tipo
respuesta con miras a evitar o mitigar el daño.
29. Sobre lo segundo, en su demanda, la parte actora sostuvo
que el uso del suelo en la zona era residencial, por lo que allí no
podía estar ubicado el bar en el que se presentó la tragedia. El
Tribunal estableció que el uso de suelo permitía la prestación de
ese tipo de servicio; a ello replicó el recurrente que, el
documento en el que el fallo apelado se soportó fue
indebidamente apreciado, pues en la zona estaba permitida la
venta de licores, pero no su consumo.
30. El documento en cuestión, expedido por la Secretaría
Distrital de Planeación con fecha 30 de mayo de 2013, fue
valorado parcialmente por la parte actora, pues en los “usos
permitidos para la dirección KR 1 BIS 21 83 SUR”, a pesar de
indicar que el área de actividad era “residencial general”, en el
ítem de “uso complementario”, en la categoría de “comercio
zonal”, estaba prevista la posibilidad de que, en la “venta de
servicios”, se ofreciera el de “a. Servicios recreativos: Tabernas,
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bares y Discotecas, juegos de salón de billar y electrónicos de
habilidad y destreza” -se resalta-.
31. Todavía más: en la documentación que la Secretaría de
Planeación allegó como prueba (en cumplimiento al auto que las
decretó), se incorporó un concepto de la Secretaría de Gobierno
Distrital en el que se reafirma que, “…revisada la normatividad
aplicable, esto es el Decreto 190 de 2004 - plan de ordenamiento
territorial – vigente hasta la fecha [27 de octubre de 2021] es
una zona ‘residencial con zonas delimitadas de comercio y
servicio’”-se resalta-15.
32. En ese orden de ideas, la Sala concluye, del mismo modo en
que lo hizo el Tribunal, que los daños padecidos por los
demandantes fueron causados exclusivamente por un tercero,
de cuyo obrar no puede responsabilizarse al Estado en la forma
planteada por el recurrente.
33. En cualquier caso, haciendo abstracción de que quedaran
acreditadas las omisiones que el recurrente identificó como
causas determinantes del daño, no parece que los verdaderos
motivos del incendio pudieran encontrarse en el cumplimiento,
o no, de las disposiciones normativas sobre protección de
incendios o sobre los usos del suelo.
34. Al respecto, la Sala considera razonable sostener que, con
esas previsiones normativas, el ordenamiento jurídico no
pretende evitar o conjurar los efectos del actuar doloso de
terceros, planteamiento que la Subsección limita al caso
concreto atendiendo a sus particularidades. Acá, como ya se
indicó, se corroboró la intervención premeditada de un tercero
con el propósito de afectar la integridad de un grupo de
ciudadanos, para lo cual se valió de medios potencialmente
dañinos que activó con ese específico fin.
35. Es por ello que la Subsección considera que en la presente
controversia se configuró una causa extraña, pues no existía
manera de que las autoridades, aun en supuesto de que se
hubieran presentado las dos irregularidades alegadas por el
recurrente, estuvieran en la obligación de anticipar como
probable el comportamiento del ciudadano Víctor Niño Guerrero
(carácter previsible), o de que hubieran tenido que hacerle
frente de manera oportuna (carácter resistible).
36. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia. […]”.
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De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,
además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que su solución se deriva de la interpretación que los
accionantes pretenden que se dé a las pruebas, a la normatividad
aplicable y a la jurisprudencia dispuesta para el asunto, fueron
resueltas por la autoridad judicial accionada en la sentencia
cuestionada.
En efecto, la SECCIÓN TERCERA en la providencia enjuiciada
explicó con suficiencia las razones por las cuales los daños padecidos
por los demandantes fueron causados exclusivamente por un
tercero, de cuyo obrar no puede responsabilizarse al Estado en la
forma planteada en el recurso de apelación.
Asimismo, determinó que no existía manera de que las autoridades
estuvieran en la obligación de anticipar como probable el
comportamiento del ciudadano que ocasionó el incendio o hubieran
podido hacerle frente de manera oportuna evitando las
consecuencias ocasionadas.
Significa lo precedente que lo pretendido por los actores es que el
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juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en la demanda de acción de grupo, con la finalidad de que
se haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial
accionada y se acoja la interpretación que proponen, como si el
mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los
previstos en el trámite ordinario.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto del
precedente judicial tampoco cumple con la carga argumentativa que
fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte actora se limitó a
citar una sentencia proferida por la Corte Constitucional sin precisar
la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto
y la situación ventilada en el proceso cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-01.
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pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez, más no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
lo que excluye el estudio de situaciones como las planteadas por los
actores, al no advertirse una actuación arbitraria por parte de la
autoridad accionada.
En suma, para la Sala, contrario a lo considerado por el a quo, no se
advierte la existencia de una cuestión que sea de «verdadera
relevancia constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de los
derechos fundamentales de la parte actora, sino una divergencia
dirigida a cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se
tratase de un recurso o instancia adicional, en relación con aspectos
que fueron resueltos de forma admisible por la autoridad accionada,
por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia
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del juez ordinario.
En consecuencia, la Sala modificará la sentencia impugnada que
denegó el amparo y, en su lugar, declarará improcedente la presente
acción de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó el
amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente
acción de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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