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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01177-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01177-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Pedro Edilberto López Martínez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 20 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15- 000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv) sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Pedro Edilberto López Martínez Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico Radicado: 11001-03-15-000-2026-01177-00 TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01177-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de marzo de 2026

Demandante: Pedro Edilberto López Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01177-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., doce [12] de marzo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01177-00
Demandante: PEDRO EDILBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL C

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia
de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el señor Pedro Edilberto López
Martínez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de
la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 16 de febrero de 2026, el señor Pedro Edilberto López Martínez, por conducto de
apoderado, presentó acción de tutela con el fin de que se le protejan los derechos
fundamentales a «la igualdad, al debido proceso, a la favorabilidad laboral, supremacía
constitucional, prevalencia del derecho sustancial».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
sentencia de 23 de enero de 2026, en la que el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral C, revocó la providencia de 6 de octubre de 2025 dictada por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla que había accedido
a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Pedro Edilberto López Martínez contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana. Dicha causa se identificó con el
radicado 08001-33-33-008-2023-00164-00/01.
1

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Demandante: Pedro Edilberto López Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01177-00

1.2. Pretensiones

La parte actora planteó las siguientes peticiones:

1. TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, favorabilidad
laboral, supremacía constitucional, prevalencia del derecho sustancial y a la tutela
judicial efectiva del señor PEDRO EDILBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ.

2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico de fecha del Veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis
(2026), dentro del proceso con radicación No. 08-001-33-33-008-2023-00164-01.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico que, profiera una nueva sentencia
de reemplazo que se ajuste a la Constitución y a la jurisprudencia de las Altas Cortes,
reconociendo que la vinculación del accionante se produjo el 19 de enero de 1998 y, por
ende, es beneficiario del régimen de cesantías retroactivo1.

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Pedro Edilberto López Martínez informó que: (i) ingresó a la Escuela de
Suboficiales CT. Andrés M. Díaz de la Fuerza Aérea Colombiana [en adelante FAC] el
19 de enero de 1998, periodo que se extendió hasta el 21 de diciembre de 2000; (ii)
ingresó al escalafón militar como suboficial el 22 de diciembre de 2000 de conformidad
con la resolución 3216 de 2 de marzo de 2023 de CREMIL; (iii) permaneció en servicio
activo de manera continua hasta su desvinculación con asignación de retiro el 28 de
febrero de 2023, para un total de 25 años, 6 meses y 15 días; y (iv) alcanzó el grado
de técnico subjefe.

Adujo que el reconocimiento de sus cesantías definitivas se fundamentó en los
Decretos 1211 de 19902 y 1252 de 20003 y en la Ley 50 de 19904, según el contenido
de la resolución 00342 de 3 de abril de 2023 expedida por la Dirección de Nómina y
Prestaciones Sociales de la FAC.

Precisó que, inconforme con la referida liquidación porque no se aplicó el régimen de
cesantías retroactivas, solicitó la reposición de esa decisión, no obstante, el recurso
fue decidido de manera desfavorable en la resolución 00442 del 2 de mayo de 2023.

Advirtió que, contra la referida decisión, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declarara la nulidad de los actos

1
Cita del texto original con posibles errores.
2 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
3 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
4 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
2

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demandados y se ordenara la reliquidación de las cesantías con sujeción al régimen
retroactivo por cuanto su vinculación se produjo antes de la entrada en vigor del
Decreto 1252 de 2000.

Acotó que el conocimiento de la referida causa le correspondió en primera instancia al
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, autoridad que
en fallo de 6 de octubre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que el recurso de apelación elevado por la entidad demandada lo resolvió
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C en sentencia de 23 de
enero de 2026 en el sentido de revocar lo decidido por el a quo, para, en su lugar,
negar las súplicas con sustento en que la vinculación efectiva del accionante al cuerpo
de suboficiales ocurrió con su nombramiento y escalafonamiento el 22 de diciembre
de 2000 [no con el ingreso a la escuela de formación], por lo tanto, concluyó que era
aplicable el régimen de cesantías anualizado establecido en el Decreto 1252 de 2000
vigente desde el 6 de julio del 2000.

1.4. Fundamentos de la solicitud5

El señor Pedro Edilberto López Martínez aseguró que en la providencia de 23 de enero
de 2026 se incurrió en los siguientes defectos:

1.4.1. Defecto sustantivo en atención a que el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral C, realizó una interpretación «irrazonable y restrictiva» del
Decreto 1211 de 1990 al considerar que su vinculación efectiva a las Fuerzas Militares
se materializó con el escalafonamiento en el grado de suboficial ocurrido el 22 de
diciembre de 2000, y desestimó que el accionante ingresó a la escuela de formación
el 19 de enero de 1998.

Como consecuencia de lo anterior, el tribunal concluyó que la norma que regulaba la
situación del señor López Martínez era el Decreto 1252 de 2000 en donde se estipula
el régimen de cesantías anualizadas, pese a que, a su juicio, es beneficiario del
régimen retroactivo de conformidad con la fecha en que ingresó a la escuela de
formación.

Así, resaltó que el artículo 1706 del Decreto 1211 de 1990 determina que el tiempo de
permanencia en la escuela de formación de suboficiales debe ser tenido en cuenta

5
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles
errores.
6 «ARTÍCULO 170. Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones
sociales, el Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así:
a. Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de Formación de Oficiales, con un
máximo de dos (2) años;
b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como Soldado o Alumno de una Escuela de Formación de
Suboficiales, con un máximo de dos (2) años;
c. El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial».

3

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para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro y las demás prestaciones
sociales.

1.4.2. Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado consistentes en señalar que «la vinculación a las Fuerzas Militares se
materializa desde el ingreso a las escuelas de formación para efectos prestacionales,
esta tesis ha sido desarrollada para garantizar una aplicación integral del derecho a la
seguridad social de los miembros de la Fuerza Pública».

Al respecto, citó las siguientes sentencias:

(i) Sentencia de la Corte Constitucional T-166 de 2020: «[…] el artículo 170 del
Decreto Ley 1211 de 1990 incluía, para efectos de asignación de retiro y demás
prestaciones sociales de Oficiales y Suboficiales, el tiempo de permanencia en
las escuelas de formación sin que este sobrepasara dos años. No obstante,
señaló que ese tiempo de servicio únicamente tiene efectos a favor de los
oficiales y suboficiales que consolidaron su derecho a la asignación de retiro,
en la medida que es un derecho para el personal militar, regulado por el régimen
prestacional de la fuerza pública […]».

(ii) Sentencia de tutela de 8 de julio de 2024 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B dentro del expediente 11001-03 15-000-2024-
03055-00: «9.3.- Aunado a ello, el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 sujetó la
aplicabilidad del régimen anualizado de cesantías a que el trabajador <> en
vigencia de esta norma. Sin embargo, como se señaló en la sentencia
reprochada, la vinculación de Andrés Camilo Córdoba Chamorro al Ejército
Nacional se produjo antes de la entrada en vigor del Decreto 1252 de 2000,
pues (i) ingresó a la Escuela Militar de Suboficiales - Sargento Inocencio Chincá
el 6 de marzo de 1999 y (ii) la incorporación a las escuelas de formación
involucra la prestación del servicio castrense, según el artículo 218 del Decreto
1211 de 19904. 10.- Por otra parte, amerita mencionar que la jurisprudencia
constitucional ha establecido que es constitucionalmente admisible computar
los tiempos de vinculación en las escuelas de formación de la Fuerza Pública
para acceder a un derecho prestacional».

En ese orden, aseguró que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
han realizado una interpretación constitucional sobre la materia en el sentido de
resaltar que la vinculación de los miembros de la Fuerza Pública se produce desde el
momento de su ingreso a las escuelas de formación militar, tal como se ha iterado en
la reciente «sentencia proferida el ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024)» de
esta corporación.

Así, recalcó que su ingreso a la escuela de suboficiales ocurrió el 19 de enero de 1998,
esto es, antes del 25 de mayo de 2025 [plazo máximo para beneficiarse de la transición],
razón por la cual el tribunal erró al tomar como fecha de vinculación el momento en
4

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que se efectuó el escalafonamiento [22 de diciembre de 2000], pues con dicha
interpretación desconoció el criterio de las referidas altas cortes.

Por último, argumentó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional prevalece
debido a que es el intérprete supremo de la Constitución y de las leyes, puesto que
establece criterios que son de obligatoria observancia para los operadores jurídicos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con proveído de 19 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C. En calidad de terceros con
eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se dispuso la vinculación del
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, y a las demás partes,
personas y/o entidades que hubiesen participado en el proceso ordinario 08001-33 33-
008-2023-00164-01.

Finalmente, se le reconoció personería al abogado Diego Mauricio Calderón Ramón
como apoderado del extremo accionante, y se le ordenó a la oficina de sistemas de la
corporación realizar una publicación en la página web con la información de este
trámite tutelar.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. En memorial proveniente del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C, suscrito por el magistrado ponente de la decisión cuestionada, se
precisó que, en la segunda instancia del proceso ordinario se resolvió revocar lo
decidido por el a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda al
considerar que el señor López Martínez no tiene derecho a la reliquidación de sus
cesantías con base en el régimen retroactivo por cuanto el tiempo empleado en la
escuela de formación no puede tenerse en cuenta como vinculación efectiva al cuerpo
de suboficiales de la entidad demandada [22 de diciembre de 2000], «por lo tanto, la
norma aplicable para el pago de sus cesantías es el artículo 1° del Decreto 1252 del
30 de junio de 2000, esto es, bajo el régimen anualizado».

De otro lado, refirió que la acción de la referencia es improcedente comoquiera que no
ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante al dictar una providencia con
sujeción al marco jurídico aplicable al caso y a los principios de autonomía e
independencia judicial, por cuanto no se acreditó la configuración de alguna de las
causales especiales señaladas como defectos por el extremo actor, lo cual, a su juicio,
deja en evidencia que lo pretendido con este mecanismo constitucional es agotar una
instancia adicional a la causa ordinaria.
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1.6.2. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se deniegue la solicitud de
amparo en atención a que el tribunal censurado dictó una sentencia ajustada a derecho
que se encuentra debidamente ejecutoriada.

Además, se pronunció respecto al debate ordinario en el sentido de indicar que la
liquidación de las cesantías reconocidas al señor López Martínez no contraviene
precepto legal alguno, habida cuenta de que, al haberse escalafonado como suboficial
el 11 de diciembre de 2000, implicaba que «para el 25 de mayo de 20007, no se
encontraba vinculado a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA», en ese orden, no tenía
derecho a que se le aplicara el régimen retroactivo sino el anualizado previsto en el
Decreto 1252 de 30 de junio de 20008.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Pedro Edilberto López Martínez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en los Acuerdos 080 de 2019 y 434
de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar sí en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia de
23 de enero de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C, a través de la cual se resolvió la segunda instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-
33-33-008-2023-00164-00/01.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.

7 Fecha límite de transición para beneficiarse del régimen de cesantías retroactivas.
8 El cual incluyó el régimen anualizado de cesantías y dispuso en el artículo 1. º: «Los miembros de la
fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán
derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432
de 1998».
6

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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por el señor Pedro Edilberto López Martínez no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de
16 de junio de 2022.

2.4.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

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Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal13.

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a

13
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
8

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un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»15.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”16. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»17.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso18, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.4.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor Pedro Edilberto López Martínez, advierte que el
asunto carece de la carga argumentativa desde la perspectiva constitucional para que
proceda su análisis en sede de tutela contra providencia judicial.

En síntesis, el señor López Martínez manifestó que la decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, consistente en negarle el
reconocimiento del derecho a la reliquidación de sus cesantías por el régimen
retroactivo como exmiembro de la FAC, incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
16
Ibídem.
17
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
18
Sentencia SU-573 de 2019.
9

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Pedro Edilberto López Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01177-00

Lo anterior, en tanto, al no tener en cuenta el tiempo que empleó el señor López
Martínez en la escuela de formación de suboficiales, se le aplicó indebidamente el
Decreto 1252 de 2000 [régimen anualizado], pese a que, lo que correspondía, era
resolver su situación conforme lo establecido en el Decreto 1211 de 1990. Ello, a su
vez, desatendió el criterio de las referidas altas cortes concerniente a que la formación
sí debe computarse para efectos prestacionales, por lo tanto, citó las sentencias de
tutela T-166 de 2020 de la Corte Constitucional y 8 de julio de 2024 del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, dictada dentro del expediente 11001-03 15-
000-2024-03055-00.

Al respecto, esta colegiatura señala que los cargos sustantivo y desconocimiento del
precedente se limitan a proponer la reapertura del debate abordado y zanjado por el
juez de lo contencioso administrativo, habida cuenta de que, el problema jurídico se
concentró en «establecer, si el señor Pedro Edilberto López Martínez tiene derecho a
la reliquidación de sus cesantías definitivas bajo el régimen anualizado, toda vez que
como lo indica la entidad recurrente, debe tenerse en cuenta la fecha de ingreso al
escalafón como Suboficial que lo fue el 22 de diciembre de 2000, esto es, en vigencia
del Decreto 1252 de 2000»19, lo cual deja al descubierto que la discusión se contrae a
un análisis de interpretación meramente legal.

Además, es preciso acotar que las providencias del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional citadas como desatendidas no son pronunciamientos de unificación
sobre la materia, por lo que es evidente que no se advierte, a priori, la vulneración
iusfundamental alegada por el señor López Martínez.

Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un análisis a partir de
los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de la decisión del
tribunal, la cual fue adoptada en el marco de los principios de autonomía e
independencia judicial.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado la autoridad accionada.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el accionante ejecute una exposición que sin
lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de

19
El recurso de apelación lo ejerció la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que se recuerda
que la decisión de primera instancia accedió a las pretensiones del señor Pedro Edilberto López
Martínez y ordenó la reliquidación de las cesantías de conformidad con el régimen retroactivo.

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Demandante: Pedro Edilberto López Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01177-00

reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.

Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial, comoquiera
que el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente legal y no se
advierte una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela20.

Lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión declare la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.

2.5. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Pedro
Edilberto López Martínez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Pedro Edilberto López Martínez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral C.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

20
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01177-00

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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