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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01179-00

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01179-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 16 Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00 Demandante: Nicacio Gordo Muñoz Acción de tutela 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01179-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01179-00
Demandante: NICACIO GORDO MUÑOZ
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
REAJUSTE PENSIÓN. IBL. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
LEY 33 DE 1985.

Síntesis del caso: el demandante consideró que se configuró una vulneración a sus derechos
fundamentales, con ocasión de la providencia que confirmó la decisión que negó la liquidación
de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales, pues, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. La Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, porque el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una
instancia adicional.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderado judicial, por el
señor Nicacio Gordo Muñoz, en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos
constitucionales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia del 4 de junio de 2025 proferida por dicha autoridad judicial.

1 Mediante escrito radicado el 16 de febrero de 2026.

2

Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00
Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Laboró como empleado público al servicio del Hospital San Blas para el periodo
comprendido entre el 15 de mayo de 1989 al 2 de mayo de 2011.

2) Nació el 7 de diciembre de 1951 y, al 1 de abril de 1994, contaba con 40 años y más
de 15 años de servicios como empleado público, por lo que era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3) Posteriormente, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, petición que fue
negada por el Instituto de Seguro Sociales mediante Resolución no. 015346 del 26 de
mayo de 2010, la cual se confirmó a través de las Resoluciones nos. 001758 del 26 de
enero de 2011, 00460 del 23 de febrero de 2011 y 01757 del 16 de mayo de 2011.

4) Por medio de la Resolución no. GNR 033559 del 12 de marzo de 2013, Colpensiones
le reconoció y pagó una pensión mensual vitalicia de vejez, en la suma de $1.373.300,
con efectos fiscales a partir del 7 de diciembre de 2011.

5) Interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, con
el fin de que se le aplicara la Ley 33 de 1985.

6) Mediante las Resoluciones nos. GNR 197887 del 1 de agosto de 2013 y VPB 6583 del
6 de mayo de 2014, la entidad demandada confirmó la decisión, con el argumento de que
no era posible la reliquidación de la pensión con los factores salariales devengados en el
último año de servicios.

7) Por Resolución no. GNR 380854 del 28 de octubre de 2014 se reliquidó la pensión del
actor, decisión confirmada con las Resoluciones nos. GNR74090 del 11 de marzo de
2015 y VPB52871 del 17 de julio de 2015.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00
Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

8) Mediante la Resolución no. GNR141856 del 13 de mayo de 2016, Colpensiones negó
la solicitud de revocatoria parcial presentada en contra de la Resolución GNR74090 del
11 de marzo de 2015.

9) En cumplimiento del fallo Judicial proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá - Sala Laboral de Descongestión, dentro del proceso con radicación no. 2011-
00265-012, la entidad expidió la Resolución no. GNR225544 del 1 de agosto de 2016 con
la cual reliquidó la pensión de vejez, y disminuyó la mesada pensional reconocida a través
de la Resolución 033559 del 12 de marzo de 2013.

10) Promovió una acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, en la cual solicitó la
nulidad de las resoluciones antes mencionadas y, en consecuencia, que se reajustara su
mesada pensional, de conformidad con la Ley 33 de 1985, es decir, teniendo en cuenta
la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio -entre el 3
de mayo de 2010 al 2 de mayo de 2011-.

11) En sentencia del 21 de mayo de 2024, el Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Bogotá declaró la excepción de inexistencia de la obligación y denegó las súplicas de
la demanda.

12) Dicha decisión fue apelada por el demandante, en atención a que se debía tener en
cuenta lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
respecto del régimen de transición y, por lo tanto, reliquidar la pensión con los factores
salariales del último año de servicio, esto es, entre el 2 de mayo de 2010 al 1 de mayo
de 2011.

13) La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia del 4 de junio de 20254, confirmó íntegramente la
sentencia de primera instancia, en la medida que el demandante se encontraba

2 En el cual se condenó al Instituto de Seguros Sociales al pago de la pensión de jubilación al señor Nicacio

Gordo Muñoz, a partir del mes de mayo de 2011 en un monto inicial de $1.107.808,11 y se dispuso que el
asegurado tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985, con base en el promedio de salarios sobre los cuales
cotizó durante los últimos 10 años.
3 Proceso con radicación no. 11001-33-35-011-2022-00028-00/02.
4 Decisión que fue notificada el 5 de junio de 2025.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00
Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, su pensión
debía liquidarse con el promedio de salarios sobre los cuales cotizó durante los últimos
10 años, no con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de
servicio entre el 3 de mayo de 2010 al 2 de mayo de 2011.

14) Por auto del 6 de agosto de 20255, se negó la solicitud de aclaración de la sentencia,
debido a que la parte actora no sustentó y acreditó qué conceptos o frases contenidos en
la parte resolutiva ofrecían motivo de duda.

Fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión
de la providencia proferida el 4 de junio de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

El tribunal aplicó de manera indebida las reglas de la Ley 100 de 1993 para la liquidación
de su pensión, desconociendo que era beneficiario del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de dicha normativa.

La prestación debía liquidarse conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, teniendo en
cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, y no con base en el ingreso base de liquidación calculado según los criterios
aplicados por la autoridad judicial.

Asimismo, la providencia judicial cuestionada se apartó de la jurisprudencia6 que, en su
entender, ha fijado las reglas para la determinación del ingreso base de liquidación en los
casos de régimen de transición pensional.

5 Decisión notificada el 11 de agosto de 2025.

6 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 3 de diciembre de 2020,

proceso con radicación no. 13001 2333 000 2015 00676 01 (2618-2019), CP Gabriel Valbuena Hernández.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00
Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
DEFENSA y CONTRADICCIÓN del señor NICACIO GORDO MUÑOZ.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia y todas las actuaciones surtidas
dentro del proceso Contencioso Administrativo adelantado en contra del
accionante, desde el momento en que se produjo la indebida notificación.

TERCERO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” Bogotá D.C. que, de considerarlo
procedente, rehaga la actuación procesal y cámbiela sentencia proferida.

CUARTO: Como MEDIDA PROVISIONAL, se ordene la suspensión inmediata
de todas las actuaciones derivadas del proceso Contencioso Administrativo No
1101-33-35 011-2022-00028-02, hasta tanto se decida de fondo la presente
acción de tutela. Por lo anterior, solicito se conceda el amparo constitucional de
los derechos fundamentales invocados y se adopten las medidas pertinentes
para la protección de los mismos.”. (índice 2 Samai, mayúsculas y negrillas del
original)

Actuación procesal

Mediante auto de 18 de febrero de 20267, se inadmitió la demanda con el fin de que el
abogado Jhoan Jair Navas Camargo allegara el respectivo poder especial que lo
habilitara para presentar la acción de tutela en representación del señor Nicacio Gordo
Muñoz.

Una vez subsanada la demanda, el 3 de marzo de 20268, se admitió la acción de tutela y
se ordenó la notificación al presidente y magistrados integrantes de la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado
Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al presidente o quien haga sus
veces de Colpensiones, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción. Además, se negó la medida cautelar solicitada.

7 Índice 4, Samai.

8 Índice 10, Samai.

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Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca 9 sostuvo que la providencia cuestionada se profirió con
estricto cumplimiento de las normas aplicables y con fundamento en el análisis del
material probatorio obrante en el expediente.

Tras valorar las pruebas y la jurisprudencia pertinente, concluyó que debía confirmarse
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, puesto que la
entidad demandada dio cumplimiento al fallo de la jurisdicción ordinaria que ordenó
reconocer la pensión del actor.

En efecto, dicho fallo dispuso que la prestación debía liquidarse con base en el promedio
de los salarios cotizados durante los últimos diez años, además, fijó de manera concreta
el monto inicial de la mesada pensional, por lo cual la reliquidación efectuada por la
administración se ajustó exactamente a lo ordenado judicialmente.

Se explicó que no era procedente reliquidar la pensión con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, como pretendía el demandante, pues ello
contradecía el criterio jurisprudencial vigente según el cual el ingreso base de liquidación
debe determinarse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, incluyendo únicamente
los factores sobre los cuales se realizaron cotizaciones al sistema.

Colpensiones10 afirmó que las pretensiones del demandante ya fueron discutidas en un
proceso judicial ordinario, lo cual impide reabrir el debate mediante la acción de tutela.

Adicionalmente, argumentó que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues, la
tutela se utiliza para controvertir decisiones judiciales ya adoptadas dentro de un proceso
ordinario, pese a que existen mecanismos judiciales idóneos para debatir dichas
inconformidades.

9 Índice 18, Samai.
10 Índice 17, samai.

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Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá guardó silencio en esta
oportunidad, pese a haberse notificado en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia
proferida el 4 de junio de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
razones que procederán a exponerse:

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Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente11, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la

11 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
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legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal12”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales13”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

12 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Acción de tutela

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.14

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar

14 Idem.

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la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

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Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”15.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

2.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) El demandante afirmó que el tribunal desconoció que la prestación debía liquidarse
conforme con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, y no con base en el
ingreso base de liquidación calculado según los criterios aplicados por la autoridad
judicial.

15 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel

Cabo.

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2) Asimismo, sostuvo que la providencia judicial cuestionada se apartó de la
jurisprudencia16 que fijó las reglas para la determinación del ingreso base de liquidación
en los casos de régimen de transición pensional.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos de mera
legalidad que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del
recurso de apelación presentado en contra de la providencia del 21 de mayo de 2024,
oportunidad en la cual el demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende,
que la pensión que le fue reconocida debía reliquidarse teniendo en cuenta los factores
devengados en el último año de servicios, conforme con lo dispuesto en la Ley 33 de
1985.

4) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 4 de junio de
2025, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia, puesto que como al
demandante le faltaban más de 10 años para consolidar el derecho a la pensión, la
cuantía de dicha prestación económica correspondía al setenta y cinco por ciento (75%)
del ingreso base de liquidación del promedio de los salarios sobre los cuales cotizó
durante los diez (10) años anteriores a su reconocimiento.

5) En criterio del tribunal, el IBL debía establecerse con el promedio de los salarios sobre
los cuales efectivamente cotizó durante los últimos diez años, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 3 del artículo 36 del régimen de
transición, y no con la totalidad de los factores salariales devengados durante el último
año de servicios, como lo pretendía el demandante, por lo cual, únicamente podían
incluirse los factores salariales que hubieran sido base de cotización al sistema pensional.

6) Adicionalmente, consideró que Colpensiones ya había dado cumplimiento a las
decisiones judiciales previas y había efectuado las reliquidaciones correspondientes, por
lo que los actos administrativos demandados se encontraban ajustados a derecho.

16 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 3 de diciembre de 2020,

proceso con radicación no. 13001 2333 000 2015 00676 01 (2618-2019), CP Gabriel Valbuena Hernández.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00
Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

7) En ese sentido, en el marco de su autonomía, indicó que la actuación de la entidad se
encontraba acorde con el precedente jurisprudencial vigente de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, según el cual la reliquidación pensional debe realizarse con base
en los factores efectivamente cotizados, así:

“[N]o obstante lo anterior, en aplicación del precedente jurisprudencial fijado
por la Corte Constitucional al cual se hizo alusión en acápites que
anteceden, y teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 en materia pensional, como al demandante le faltaban más de
10 años para consolidar el derecho a la pensión, la cuantía de dicha
prestación económica corresponde al setenta y cinco por ciento (75%) del
ingreso base de liquidación del promedio de los salarios sobre los cuales
cotizó durante los diez (10) años anteriores a su reconocimiento,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…).

De la anterior cita, se colige que la entidad demanda dio estricto
cumplimiento al fallo atrás citado, reliquidando la pensión del actor en los
precisos términos en éste dispuestos, pues recuérdese que tal y como se
ilustro en el acápite de hechos demostrados, esta decisión judicial, ordenó
reliquidar la pensión del actor con base en el promedio de salarios sobre
los cuales cotizó durante los últimos 10 años y estableció en forma concreta
que la mesada pensional del accionante debía corresponder a la suma de
$1.107.808,11, a partir del 02 de mayo de 2011, de tal suerte que, fue la misma
jurisdicción ordinaria la que realizó la operación aritmética para liquidar la
prestación del actor.

Sin embargo, según los motivos de nulidad y las pretensiones formuladas en la
demanda y reiterados en el recurso, van dirigidas a demostrar que los actos
acusados no se ajustan a la legalidad, puesto que según el actor tiene
derecho a la reliquidación de la pensión con la totalidad de los factores
devengados en el último años de servicios (entre el 03 de mayo de 2010 al
02 de mayo de 2011), tesis que riñe con la jurisprudencia actual reinante
que impone reliquidar el IBL conforme lo dispuesto por el inciso 3° del
artículo 36, y artículo 21 de la Ley 100 de 1993 e incluyendo para su
cómputo únicamente los factores salariales sobre los cuales se ha
cotizado al sistema general de pensiones, y atendiendo las reglas
dispuestas para el efecto.

Por ende, a juicio de la Sala, los actos administrativos demandados se
encuentran ajustados a derecho, en tanto están conformes al precedente
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional al cual se hizo alusión
líneas atrás y la posición adoptada por el Consejo de Estado
actualmente.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 18- negrillas de la Sala).

8) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se reliquidara su pensión

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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00
Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último
año de servicios y no con base en el ingreso base de liquidación calculado por
Colpensiones.

9) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación y resueltos en la providencia del 4 de junio de 2025.

10) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada
en la providencia objeto de tutela, concluyó que como el demandante se encontraba
amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, su pensión debía liquidarse
con el promedio de salarios sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años y no con
la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, entre el 3
de mayo de 2010 al 2 de mayo de 2011.

11) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

12) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2026-01179-00
Demandante: Nicacio Gordo Muñoz
Acción de tutela

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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