Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01179-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01179-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01179-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01179 01
Accionante: Nicacio Gordo Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección C
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 20 de marzo de 2026 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Nicacio Gordo Muñoz, actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción
de tutela en contra de la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
DEFENSA y CONTRADICCIÓN del señor NICACIO GORDO MUÑOZ.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia y todas las actuaciones surtidas
dentro del proceso Contencioso Administrativo adelantado en contra del
accionante, desde el momento en que se produjo la indebida notificación.
TERCERO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” Bogotá D.C. que, de considerarlo
procedente, rehaga la actuación procesal y cámbiela sentencia proferida.
CUARTO: Como MEDIDA PROVISIONAL, se ordene la suspensión inmediata
de todas las actuaciones derivadas del proceso Contencioso Administrativo No
1101-33-35- 011-2022-00028-02, hasta tanto se decida de fondo la presente
acción de tutela.
Por lo anterior, solicito se conceda el amparo constitucional de los derechos
fundamentales invocados y se adopten las medidas pertinentes para la
protección de los mismos.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01179 00.
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Accionante: Nicacio Gordo Muñoz
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que laboró como empleado público del Hospital San Blas entre el
15 de mayo de 1989 y el 2 de mayo de 2011, por lo que afirmó ser beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Indicó que el Instituto de Seguros Sociales2 le negó inicialmente el reconocimiento de la
pensión de jubilación mediante varias resoluciones expedidas entre los años 2010 y
2011; sin embargo, relató que, con posterioridad, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, le reconoció una pensión de vejez con efectos fiscales a partir
del 7 de diciembre de 2011.
Anotó que cuestionó la forma en que fue liquidada su pensión de vejez, al considerar que
debía aplicarse la Ley 33 de 1985 y tenerse en cuenta la totalidad de los factores
salariales devengados durante su último año de servicios.
Expuso que, como consecuencia de múltiples recursos y solicitudes administrativas
presentadas, Colpensiones expidió diversas resoluciones mediante las cuales reliquidó
la prestación, confirmó decisiones anteriores y negó solicitudes de revocatoria.
Agregó que, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá, la entidad volvió a reliquidar la pensión en 2016, reduciendo el valor de la mesada
previamente reconocida, circunstancia que dio lugar a nuevas reclamaciones de su parte.
Informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
Colpensiones, con el propósito de obtener la reliquidación de su pensión conforme a la
Ley 33 de 1985, la indexación de las sumas adeudadas y el reintegro de las mesadas
que, según afirmó, le fueron descontadas indebidamente.
Manifestó que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Bogotá, el cual, mediante sentencia del 21 de mayo de 2024, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que la pensión no debía reliquidarse con
fundamento en la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año
de servicio.
Inconforme con dicha decisión interpuso recurso de apelación y la Subsección C, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 4 de junio
de 2025 la confirmó y mediante auto del 6 de agosto de 2025, resolvió la solicitud de
aclaración presentada frente a dicha providencia.
Como fundamento de la acción de tutela, expuso que este mecanismo resulta procedente
por existir una controversia de relevancia constitucional relacionada con los derechos al
debido proceso, la seguridad social y el respeto de los derechos adquiridos. Afirmó,
además, que agotó todos los mecanismos judiciales ordinarios a su alcance y que la
tutela constituye el único medio disponible para la protección de sus derechos
fundamentales.
Asimismo, alegó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, al no
aplicar correctamente el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 ni las reglas jurisprudenciales relativas al ingreso base de liquidación (IBL) de las
2 En adelante ISS.
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pensiones. En ese sentido, sostuvo que fueron desconocidos diversos pronunciamientos
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relacionados con la protección de los
derechos adquiridos y la aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral.
Finalmente, consideró que el Tribunal interpretó de manera errónea las normas aplicables
a su caso, lo que afectó el monto de su pensión y condujo al desconocimiento del régimen
pensional más favorable que, en su criterio, le correspondía en calidad de beneficiario del
régimen de transición.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 16 de febrero de 20263 y correspondió por reparto a la
Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación que, por auto de 3 de marzo
de 20264 la admitió y dispuso notificar5 a la Subsección “C” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como autoridad judicial accionada; así como
vincular al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá y a Colpensiones.
De igual forma, se ordenó requerir al Juzgado para que allegara copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 11001 33 35 011 2022 00028 00/02.
3.2. Colpensiones6 allegó contestación en la que señaló que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto las providencias judiciales cuestionadas fueron adoptadas con
fundamento en la ley y la jurisprudencia aplicable, sin que se configure alguno de los
defectos que excepcionalmente permiten cuestionarlas por esta vía.
Aseveró que el accionante pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto por los jueces
naturales y utilizar la tutela como una instancia adicional, desconociendo su carácter
residual y excepcional.
3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca7 rindió informe en el que manifestó que
las sentencias cuestionadas fueron adoptadas con fundamento en las pruebas
recaudadas, la normativa aplicable y la jurisprudencia vigente, concluyendo que no
procedía reliquidar la pensión del actor con base en todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.
Explicó que, aunque el accionante era beneficiario del régimen de transición, el ingreso
base de liquidación (IBL) debía calcularse conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y al precedente jurisprudencial aplicable, es decir, con el promedio de los salarios
cotizados durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01179 00.
4 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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5 Esta orden se cumplió el 4 de marzo de 2026. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01179 00.
6 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01179 00.
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Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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En consecuencia, afirmó que las providencias cuestionadas estuvieron debidamente
motivadas, no incurrieron en falsa motivación ni en violación directa de la ley, y que
tampoco se configura alguna de las causales excepcionales que permiten la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales. Por ello, solicitó que el amparo fuera declarado
improcedente.
3.4. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá guardó silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
20 de marzo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al considerar no superado
el requisito general de relevancia constitucional.
Señaló que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues los argumentos
del accionante se limitan a cuestionar la forma en que fue liquidada su pensión y a insistir
en que esta debía reliquidarse con la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, asunto que ya fue debatido y resuelto dentro del proceso
ordinario.
Destacó que el Tribunal concluyó que, aunque el demandante era beneficiario del
régimen de transición, su ingreso base de liquidación debía calcularse con el promedio
de los salarios sobre los cuales cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento
de la pensión, de conformidad con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el
precedente jurisprudencial vigente. Asimismo, consideró que Colpensiones había dado
cumplimiento a las decisiones judiciales previas y que los actos administrativos
demandados se ajustaban a derecho.
En consecuencia, la Sala estimó que la tutela pretende reabrir una discusión de mera
legalidad ya resuelta por el juez natural lo que hace que el mecanismo desborde su
carácter excepcional y residual.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó escrito de
impugnación, en el que reiteró que es beneficiario del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, en consecuencia, su pensión debía liquidarse
conforme a la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios. En ese sentido, sostuvo que las
decisiones adoptadas por Colpensiones desconocieron dicho régimen y ocasionaron una
reducción indebida del valor de su mesada pensional.
Insistió en que la providencia cuestionada incurrió en falsa motivación, desconocimiento
de las normas aplicables y violación directa de la ley sustancial, al calcular la prestación
con fundamento en las reglas de la Ley 100 de 1993 y no en el régimen especial que, a
su juicio, le correspondía en su condición de servidor público beneficiario del régimen de
transición.
Alegó que la disminución de su ingreso pensional ha afectado gravemente sus
condiciones de subsistencia, particularmente por su avanzada edad, sus dificultades
económicas y sus necesidades de salud.
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Agregó que ya agotó todos los mecanismos judiciales ordinarios a su alcance, razón por
la cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela y dejar sin efectos las providencias cuestionadas.
5.2. Por auto proferido el 4 de mayo de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 15 de mayo de 20269.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.2.1. El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
Colpensiones, con el propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales se reconoció, liquidó y reliquidó su prestación pensional. A dicho
proceso se le asignó el número único de radicación 11001 33 35 011 2022 00028 00.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Bogotá, que mediante sentencia de 21 de mayo de 2024 negó las pretensiones.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
y el Tribunal, mediante sentencia de 4 de junio de 2025, resolvió confirmar la decisión de
primera instancia.
8 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01179 00.
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01179 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 33 35 011 2022 00028 02.
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6.2.4. Contra la anterior decisión el accionante allegó solicitud de aclaración de sentencia
la cual fue resuelta mediante providencia de 6 de agosto de 2025 y notificada el 11 de
agosto de 2025.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
Descendiendo al caso concreto, de la lectura del escrito de tutela y de la impugnación se
advierte que la inconformidad del accionante radica en que las autoridades
administrativas y judiciales liquidaron y reliquidaron su pensión aplicando las reglas del
ingreso base de liquidación (IBL) previstas en la Ley 100 de 1993, cuando, a su juicio,
por ser beneficiario del régimen de transición, debía aplicarse integralmente la Ley 33 de
1985, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicios.
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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En ese sentido, enfatiza que la providencia enjuiciada incurre en defecto sustantivo, por
cuanto la autoridad judicial accionada aplicó indebidamente las normas que regulan su
situación pensional al determinar el ingreso base de liquidación con fundamento en las
reglas de la Ley 100 de 1993, en lugar de aplicar, según su interpretación, las
disposiciones de la Ley 33 de 1985 correspondientes a los beneficiarios del régimen de
transición.
Respecto del defecto por desconocimiento del precedente, sostiene que la providencia
cuestionada se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional que, en su criterio, respalda la aplicación del régimen más favorable y la
protección de los derechos adquiridos de quienes se encuentran amparados por el
régimen de transición.
Asimismo, alega la configuración de una violación directa de la Constitución, al considerar
que la decisión judicial afecta garantías superiores como los derechos a la seguridad
social y al debido proceso, así como los principios de favorabilidad laboral y de protección
de los derechos adquiridos.
Finalmente, afirma que la providencia incurre en falsa motivación, en la medida en que
parte de una interpretación errónea del régimen de transición y del alcance de las normas
aplicables a la liquidación de su prestación pensional.
En ese orden, de la lectura de la sentencia del 4 de junio de 2025 se advierte que el
tribunal accionado señaló que la pretensión principal de la demanda consistía en obtener
la reliquidación de la pensión con fundamento en la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, comprendido entre el 3 de mayo de 2010
y el 2 de mayo de 2011.
No obstante, precisó que dicha pretensión desconocía el precedente jurisprudencial
aplicable, pues tratándose de personas a quienes les faltaban más de diez años para
consolidar el derecho pensional cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, el ingreso
base de liquidación debía calcularse con el promedio de los salarios sobre los cuales
cotizaron durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizado
conforme a la variación del índice de precios al consumidor.
Asimismo, al analizar los actos administrativos demandados, en especial la Resolución
GNR 225544 del 1 de agosto de 2016, expedida por Colpensiones en cumplimiento de
una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, destacó que dicha providencia había
ordenado reconocer la pensión de jubilación del accionante en una cuantía inicial de
$1.107.808,11, a partir de mayo de 2011.
En ese contexto, indicó que Colpensiones se limitó a dar cumplimiento a lo ordenado por
el juez laboral, puesto que ajustó la mesada pensional a los términos definidos en la
decisión judicial, por cuanto una reliquidación anterior había fijado una cuantía superior a
la ordenada en el fallo ejecutoriado.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que Colpensiones dio estricto cumplimiento a
las decisiones judiciales previas y que la liquidación efectuada se ajustó tanto a la
sentencia laboral como al precedente vigente de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado.
En consecuencia, consideró que los actos administrativos demandados se encontraban
ajustados a derecho y que el accionante no tenía derecho a la reliquidación de su pensión
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con la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
sino únicamente con aquellos sobre los cuales efectuó cotizaciones al sistema general
de pensiones durante los diez años anteriores al reconocimiento de la prestación.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra,
esto es, evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir decisiones judiciales.
Lo anterior, por cuanto la controversia planteada por el accionante se circunscribe,
esencialmente, a cuestionar la valoración jurídica y probatoria realizada por el juez
natural, así como las conclusiones a las que este arribó respecto de la forma de liquidar
su prestación pensional, asuntos que fueron objeto de análisis expreso y decisión por
parte de la autoridad judicial accionada.
Así las cosas, la inconformidad expuesta refleja un desacuerdo con el criterio jurídico y
probatorio adoptado en la providencia cuestionada, mas no la configuración de una
actuación arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable que habilite la intervención
excepcional del juez de tutela.
En efecto, la autoridad judicial accionada expuso razones para sustentar su conclusión
sobre el régimen jurídico aplicable al asunto y la valoración probatoria, circunstancias que
descartan la configuración de una vía de hecho y evidencian que la inconformidad del
accionante recae, en realidad, sobre el criterio jurídico adoptado por el juez natural.
En ese sentido, resulta claro que el accionante pretende que el juez de tutela reexamine
un asunto ya definido por el juez ordinario, con el propósito de obtener una conclusión
distinta y favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza excepcional de este
mecanismo y desconoce la autonomía judicial.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual se
confirmará el fallo proferido el 20 de marzo de 2026 por la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
9
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 01179 01
Accionante: Nicacio Gordo Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 18 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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