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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01199-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01199-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Fondo de Pensiones Protección S.A., por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la accionante, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01199-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 01199 00
Accionante: Luz Marina Pacheco Polo
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Luz Marina Pacheco Polo, en contra de
las providencias del 19 de febrero de 2019 y el 22 de octubre de 2025, proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de
Sucre, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con número único de radicación 70001 33 33 004 2018 00221 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de las
precitadas providencias, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la protección reforzada de la
persona de la tercera edad, vulnerados por las providencias judiciales proferidas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 70001-33-
33-004-2018-00221-00 (primera instancia) y 700013333004-2018-00221-01
(segunda instancia).

2. DECLARAR que las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Sincelejo (19 de febrero de 2019) y por el Tribunal
Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión Oral (22 de octubre de 2025,
notificada el 24 de octubre de 2025) constituyen vía de hecho judicial, por haber
incurrido en defecto fáctico, defecto sustantivo y falta de motivación
suficiente, al validar un traslado pensional viciado y permitir la pérdida
inconstitucional del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

3. DEJAR SIN EFECTOS las referidas providencias judiciales, por contrariar la
Constitución, desconocer la protección reforzada del afiliado y producir una
afectación directa y continuada sobre mi derecho fundamental a la seguridad
social.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01199 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01199 00
Accionante: Luz Marina Pacheco Polo
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

4. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión Oral
que, dentro del término que fije el juez constitucional, profiera una nueva sentencia
de segunda instancia dentro del proceso 700013333004-2018-00221-01, en la
cual:

• examine de manera material y no formal la validez del traslado del Régimen
de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, verificando la existencia
del consentimiento informado,

• aplique el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
conforme a su finalidad constitucional, en mi condición de mujer con más de
35 años al 1° de abril de 1994,

• incorpore los principios de favorabilidad, pro persona, prevalencia del
derecho sustancial, confianza legítima y protección del afiliado,

• y descarte cualquier interpretación que permita que un traslado viciado
destruya derechos pensionales en formación.

5. ORDENAR que, se reconozca mi derecho a pensionarme en el Régimen de Prima
Media bajo el régimen de transición, con base en las reglas del Acuerdo 049 de
1990, o la norma más favorable aplicable, garantizando el goce efectivo de mi
derecho fundamental a la seguridad social.

6. DISPONER que la nueva decisión judicial se adopte con enfoque de protección
reforzada, atendiendo mi condición de persona de la tercera edad y la naturaleza
alimentaria de la pensión, ponderando de manera expresa el impacto de la
decisión sobre mi mínimo vital, mi estabilidad económica y mi vida digna.

7. OFICIAR a COLPENSIONES y a PROTECCIÓN S.A. para que, en el marco de
sus competencias, acaten y ejecuten los efectos derivados del amparo
constitucional, incluyendo las actuaciones administrativas necesarias para
restablecer mi situación pensional conforme al fallo que se profiera.

8. DECRETAR, como medida provisional, si el despacho lo estima necesario para
evitar un perjuicio irremediable, la adopción de medidas inmediatas por parte de
COLPENSIONES destinadas a asegurar mi subsistencia mientras se decide de
fondo la tutela, tales como la priorización del trámite, el pago transitorio o cualquier
otra garantía que el juez constitucional considere idónea, en atención al carácter
alimentario del derecho pensional y a la afectación actual y continuada que
padezco.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante manifestó que se encontraba amparada por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Indicó que, durante su vida laboral, prestó servicios en distintas entidades públicas del
departamento de Sucre y acumuló 1001,12 semanas cotizadas en el sistema público (en
cajas de previsión, CAJANAL y el ISS), lo que, a su juicio, le permitía acceder al
reconocimiento de la pensión de vejez conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de
1990.
Relató que, en el año 1995, fue visitada por un asesor de una administradora privada de
pensiones que le ofreció trasladarse de régimen, asegurándole mayores beneficios.

2

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Accionante: Luz Marina Pacheco Polo
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

Señaló que aceptó dicho traslado sin recibir información clara, suficiente ni comparativa
acerca de sus consecuencias, particularmente respecto de la eventual pérdida del
régimen de transición, por lo que consideró que su consentimiento estuvo viciado y que
se incumplió el deber de información.
Expuso que, al solicitar el reconocimiento de su pensión, la Administradora Colombiana
de Pensiones2 negó la prestación con fundamento en el referido traslado al régimen
privado. Debido a ello, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante la cual solicitó que se declarara la ineficacia del
traslado y se ordenara el reconocimiento de su pensión bajo el régimen de transición.
Manifestó que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Sincelejo que, mediante sentencia del 19 de febrero de 2019 negó las
pretensiones de la demanda, validando, a su juicio, el traslado al régimen privado desde
una perspectiva meramente formal, sin adelantar un examen probatorio orientado a
verificar la existencia de consentimiento informado ni exigir a la administradora del fondo
privado la acreditación del cumplimiento del deber de asesoría reforzada.
Sostuvo que dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre
mediante sentencia del 22 de octubre de 2025, consolidando una interpretación que
privilegió la apariencia documental del traslado por encima de la verificación material de
su validez, sin efectuar ponderación constitucional sobre la favorabilidad en materia de
seguridad social, la protección del régimen de transición, ni el impacto de la decisión
sobre los derechos fundamentales comprometidos.
Como consecuencia de estas decisiones, afirmó que permanece sin pensión, lo que
afecta gravemente su mínimo vital, su seguridad social y su vida digna como persona
adulta mayor, razón por la cual considera que las providencias judiciales constituyen una
vía de hecho que vulnera sus derechos fundamentales.
Como fundamento de la acción de tutela aseveró que en el presente asunto se cumplen
los requisitos generales de procedencia de este mecanismo y que las providencias
enjuiciadas adolecen de los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del
precedente jurisprudencial y por falta de motivación suficiente.
Alegó que las providencias judiciales incurrieron en un defecto fáctico al no examinar con
rigor la validez material del traslado pensional, pues presumieron que la afiliación al
régimen privado fue informada y válida basándose únicamente en la existencia de un
formulario firmado, sin verificar si existió asesoría suficiente ni consentimiento libre e
informado, ni exigir al fondo pensional probar el cumplimiento de su deber de información.
Anotó, además, que las providencias judiciales incurrieron en vía de hecho por
desconocimiento del precedente constitucional, al apartarse del estándar fijado por la
Sentencia SU-107 de 2024, que exige un análisis material y probatorio reforzado del
consentimiento informado en los traslados pensionales, pues validaron el traslado
únicamente con base en la existencia de documentos de afiliación, sin verificar el
cumplimiento del deber de información ni justificar su apartamiento del precedente, lo que
vulneró el debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica.
Respecto del defecto sustantivo, sostuvo que este se configuró al aplicar las normas
pensionales de manera contraria a su finalidad constitucional, pues se permitió que un
traslado pensional realizado sin consentimiento informado eliminara el régimen de
transición que protegía a la afiliada, desconociendo los principios de confianza legítima,
favorabilidad y protección reforzada en materia de seguridad social.

2 En adelante Colpensiones.

3

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Accionante: Luz Marina Pacheco Polo
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

Finalmente, en cuanto al defecto por falta de motivación, afirmó que las providencias
judiciales no analizaron ni respondieron el problema jurídico central del proceso, esto es,
la validez material del traslado pensional y la existencia de consentimiento informado, y
se limitaron a constatar la afiliación formal, sin justificar por qué ello bastaba para negar
la pensión ni ponderar las implicaciones constitucionales sobre derechos como el mínimo
vital, la seguridad social y la protección de la persona adulta mayor.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de febrero de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 23 de febrero de 20264 la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal
Administrativo de Sucre y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo,
como autoridades judiciales accionadas; así como vincular a Colpensiones y al Fondo de
Pensiones Protección S.A., como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió tanto al Tribunal como al Juzgado para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con radicado núm. 70001 33 33 004 2018 00221 00/01.

3.2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones6 allegó informe en el
que solicitó denegar la acción de tutela, al considerar que no se ha materializado ningún
vicio o defecto que comprometa los derechos fundamentales de la accionante.

Indicó que, en el caso sub examine, el despacho accionado actuó conforme a la ley y a
la Constitución, en tanto: (i) aplicó las normas pertinentes en la materia; (ii) observó los
preceptos constitucionales aplicables; (iii) tuvo en cuenta la jurisprudencia existente sobre
el asunto; y (iv) sus actuaciones no transgreden, vulneran ni amenazan los derechos
fundamentales de la accionante.

Asimismo, sostuvo que decidir de fondo las pretensiones de la actora y acceder a ellas
implicaría invadir la órbita funcional del juez natural del proceso y exceder las
competencias del juez constitucional, máxime cuando no se acreditó la vulneración de
derechos fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente el amparo.

Finalmente, señaló que la situación planteada en la presente tutela ya fue objeto de
estudio por el juez competente, quien no accedió a las pretensiones formuladas por la
accionante, por lo que el mecanismo constitucional resulta improcedente ante la
existencia de cosa juzgada.

3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01199 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01199 00.
5 Esta orden se cumplió el 25 de febrero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01199 00.
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01199 00.
4

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Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

3.3. El Tribunal Administrativo de Sucre7 presentó informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y/o, en su defecto, negar el amparo solicitado, al
considerar que no ha incurrido en actuación alguna que permita configurar una causal de
procedibilidad de la acción de tutela.

Señaló que en el presente asunto no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, en la medida en que la parte accionante pretende convertir este
mecanismo de amparo en una instancia adicional con el propósito de reabrir una
discusión jurídica que ya fue resuelta en el marco del proceso ordinario adelantado ante
el juez natural de la causa.

Agregó que, la providencia acusada no incurrió en los defectos alegados, toda vez que
la decisión fue coherente, debidamente razonada y sustentada en una valoración
probatoria completa, así como ajustada al marco normativo y jurisprudencial aplicable.

Expuso que, en el proceso ordinario, resultaba procedente confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues la accionante no reunía
los requisitos para ser considerada beneficiaria del régimen de transición pensional, lo
que impedía el reconocimiento de una pensión de jubilación bajo las reglas del Acuerdo
049 de 1990.

Finalmente, indicó que tampoco procedía el reconocimiento de la pensión de vejez bajo
el Sistema General de Pensiones, en tanto la demandante no acreditaba los requisitos
establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en su versión vigente para la fecha
en que formuló la solicitud en sede administrativa.

3.4. El Fondo de Pensiones Protección S.A.8 allegó contestación en la que manifestó que
ha obrado de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, razón por la
cual no se advierte conducta alguna que constituya vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.

Anotó que la acción de tutela no constituye una tercera instancia a través de la cual pueda
reabrirse el debate propio del proceso ordinario judicial que ya cuenta con sentencia. En
ese sentido, indicó que este mecanismo es de carácter excepcional, subsidiario y residual
para la protección de derechos fundamentales, y no una instancia adicional para discutir
hechos y pretensiones que ya fueron objeto de debate y decisión.

Indicó que el presente asunto no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la
accionante no interpuso el recurso extraordinario de revisión, razón por la cual la solicitud
de amparo resulta improcedente.

Finalmente, señaló que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la
medida en que la presunta vulneración de los derechos fundamentales se atribuye a las
providencias proferidas por el Juzgado y el Tribunal, y no a Protección S.A., entidad que,
a su juicio, carece de competencia en relación con los hechos que originaron la solicitud
de amparo.

7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01199 00.
8 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01199 00.
5

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3.5. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo9 allegó el enlace del proceso
ordinario, pero no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Se observa que el Fondo de Pensiones Protección S.A., en su respectivo informe, solicitó
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no es procedente acceder a dicha
solicitud, por cuanto de la revisión del expediente correspondiente al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se advierte que dicha entidad actuó como extremo
pasivo de la litis, razón por la cual su intervención no puede desconocerse en esta sede
constitucional.

En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
asegurar el respeto de los principios de contradicción y defensa, permitiéndole
pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

4.3.1. La accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones y el Fondo de Pensiones Protección
S.A. con el propósito de declarar la nulidad de las Resoluciones núm. GNR 180398 de
11 de julio de 2013 y GNR 389282 de 6 de noviembre de 2014, que negaron el

9 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01199 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 70001 33 33 004 2018 00221 00/01.
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reconocimiento a favor de la aquí accionante de una pensión de vejez. A dicho expediente
se le asignó el número único de radicación 70001 33 33 004 2018 00221 00.

4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Sincelejo que, mediante sentencia de 19 de febrero de 2019, negó las pretensiones
de la demanda.

4.3.3. Inconforme con la decisión anterior, la accionante interpuso recurso de apelación,
y el Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 22 de octubre de 2025 la confirmó.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que15:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:

15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
7

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]18 (Se
destaca)

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el

17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra, esto es,
evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales.

De la revisión de la acción de tutela el accionante sostuvo que la providencia cuestionada
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente
jurisprudencial y por falta de motivación suficiente.

Respecto del defecto fáctico indicó que, la providencia acusada incurrió en este defecto
al presumir la validez del traslado al régimen privado únicamente a partir de la existencia
de un formulario de afiliación firmado, sin verificar si la aquí accionante recibió asesoría
suficiente ni si otorgó un consentimiento libre e informado, ni exigir al fondo pensional
demostrar el cumplimiento de su deber de información.

En lo relativo al desconocimiento del precedente jurisprudencial, sostuvo que la decisión
desconoció el precedente fijado en la Sentencia SU-107 de 2024 de la Corte
Cosntitucional, que exige un análisis material y probatorio del consentimiento informado
en los traslados pensionales, pues el juez ordinario validó el traslado con base
únicamente en documentos de afiliación, sin justificar su apartamiento de dicho estándar.

En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que se configuró al aplicar las normas pensionales
de manera contraria a su finalidad constitucional, al permitir que un traslado sin
consentimiento informado implicara la pérdida del régimen de transición que la protegía,
desconociendo los principios de favorabilidad, confianza legítima y protección reforzada
en seguridad social.

Respecto del defecto por falta de motivación, señaló que la providencia no resolvió el
problema jurídico central, la validez material del traslado pensional, y se limitaron a
constatar la afiliación formal, sin explicar por qué ello era suficiente para negar la pensión
ni ponderar las implicaciones constitucionales de la decisión.

Ahora bien, de la lectura de la providencia cuestionada el Tribunal accionado analizó si
la accionante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez con base en el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, concluyendo que, aunque cumplía el requisito de edad al entrar
en vigencia la ley, no acreditaba los 15 años de servicio exigidos para conservar el
beneficio de transición.

Además, estableció que la accionante se trasladó al régimen de ahorro individual en 1995
y posteriormente regresó al régimen de prima media, lo que implicó la pérdida del régimen
de transición. Asimismo, durante el proceso judicial desistió de la pretensión de ineficacia
del traslado, por lo que este se consideró válido.

En consecuencia, su situación pensional debía regirse por las reglas generales del
sistema establecidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 199319. No obstante, el Tribunal
verificó que la accionante solo acreditaba alrededor de 967 semanas cotizadas, por lo

19 Modificado por la Ley 797 de 2003.

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Accionante: Luz Marina Pacheco Polo
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

que tampoco cumplía el número mínimo de semanas requeridas para acceder a la
pensión de vejez.

Bajo este contexto, la Sala considera que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia adicional para controvertir lo decidido por el juez natural, particularmente
en lo relativo a la aplicación de la normativa pensional y a la valoración probatoria
efectuada en las autoridades judiciales accionadas, con el propósito de reabrir el debate
acerca del régimen pensional aplicable y del eventual reconocimiento de la pensión de
vejez a favor de la accionante, asuntos que ya fueron ampliamente debatidos y resueltos
en sede ordinaria.

Por tanto, se concluye que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la solicitud de
amparo no satisface el tercer presupuesto del requisito de relevancia constitucional, en
cuanto pretende convertir la tutela en un mecanismo alternativo para revisar cuestiones
de legalidad y valoración probatoria.

En ese sentido, cabe recordar que cuando el juez decide la controversia que le ha sido
sometida y acoge la posición de alguna de las partes, no hace otra cosa que ejercer las
funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley dentro del ámbito de sus
competencias. Por ello, cualquier intervención del juez constitucional que desconozca
tales atribuciones implicaría un pronunciamiento por fuera de su órbita competencial,
además de utilizar el trámite de una acción que no fue concebida para ese propósito,
como lo es la acción de tutela.

En una situación de esta naturaleza, sería el propio juez constitucional quien podría
vulnerar el derecho al debido proceso, en la medida en que, sin contar con competencia
para ello, entraría a reexaminar la valoración fáctica y jurídica realizada en el proceso
ordinario con el fin de modificar la decisión adoptada por el juez natural. Todo ello dentro
del reducido término previsto para resolver la tutela y mediante un procedimiento que no
está diseñado para sustituir el análisis propio del proceso judicial correspondiente, con el
consiguiente riesgo de incurrir en imprecisiones.

Así, cuando el juez de la causa se limita a resolver las cuestiones de hecho y de derecho
que fueron objeto del debate, conforme a las pretensiones, excepciones y argumentos
expuestos por las partes, simplemente cumple con su función de dirimir la controversia
sometida a su conocimiento, en ejercicio de las competencias que le han sido conferidas
por el ordenamiento jurídico. En tales condiciones, no corresponde al juez constitucional
indicarle cómo debe decidir el caso concreto, pues ello implicaría alterar el equilibrio
procesal que el propio procedimiento judicial busca garantizar.

Distinto sería el escenario en el que la decisión judicial se aparte del debate planteado y
sorprenda a las partes con fundamentos o consideraciones ajenos a los hechos y
argumentos discutidos en el proceso. En ese evento, la providencia podría afectar el
núcleo esencial del debido proceso, particularmente el derecho de defensa, en la medida
en que las partes no habrían tenido la oportunidad de controvertir tales aspectos. No
obstante, ese supuesto no se configura en el asunto que aquí se examina.

En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional.

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Accionante: Luz Marina Pacheco Polo
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Fondo de Pensiones
Protección S.A., por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
accionante, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de
marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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