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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01229-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01229-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Jorge Leonardo Paz Murillo y Norma Faustina Torijano Ceballos conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01229-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01229-01
Demandante: Jorge Leonardo Paz Murillo y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01229-01
Demandante: JORGE LEONARDO PAZ MURILLO Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 23
de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la presente acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y actuando a través de
apoderado, los señores Jorge Leonardo Paz Murillo y Norma Faustina Torijano Ceballos
pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 25
de agosto de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó
la sentencia del 16 de mayo de 2025 con la que el Juzgado Sexto Administrativo de Cali
denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de reparación directa con
radicado 76001-33-33-006-2022-00258-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al: 1) debido proceso (Art. 29 C.P.), 2) acceso a la
administración de justicia (Art. 229 C.P.), 3) plazo razonable — garantía convencional acogida por el
Bloque de Constitucionalidad (Art. 93 C.P.). Vulneraciones incurridas en la sentencia del 25 de agosto
del 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a las causales
desarrolladas en los acápites: [...].

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa radicado 76001-3333-006-
2022-00258-01 y se le otorgue un plazo razonable para que profiera nueva sentencia sin las
irregularidades que fueron objeto de tutela. [...]”

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Jorge Leonardo Paz Murillo estuvo privado de la libertad del 2 de agosto de 2010
al 14 de agosto de 2020 por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas
de fuego, partes o municiones en concurso con hurto calificado y agravado y acceso

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Demandante: Jorge Leonardo Paz Murillo y otro

carnal violento con ocasión de una medida preventiva en establecimiento carcelario
solicitada por la Fiscalía General de la Nación que luego fue sustituida por detención
intramural domiciliaria por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control
de garantías de Palmira.

El 14 de agosto de 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Palmira dictó sentencia de primera instancia que absolvió de los cargos
imputados al señor Jorge Leonardo Murillo, decisión que modificó el Tribunal Superior del
Distrito de Buga – Sala Penal, que, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2020,
decretó la prescripción de la acción penal y ordenó compulsar copias a la Sala Seccional
del Consejo Superior de la Judicatura para que adelantara la investigación pertinente
respecto de la falta en que hubieran podido incurrir uno o varios de los jueces de
conocimiento que actuaron durante el juicio.

Como consecuencia de lo anterior, los señores Jorge Leonardo Paz Murillo, Norma
Faustina Torijano Ceballos, quienes actuaron en nombre propio y en nombre de su hija
menor María José Paz Torijano; Melba Lily Murillo Ramos, Leonardo Paz Ramos, Óscar
Raúl Caicedo Mancilla, Ana Gisela Paz Murillo, quienes actuaron en nombre propio y en
nombre de sus hijos menores E.S.S.P. y A.I.S.P. y los señores Eliseo Paz Aranda, Fabián
Eduardo Murillo Ramos, Paula Andrea Murillo Ramos, Darly Katherine Escobar Murillo,
Ingrith Lorena Escobar Murillo, Neyder Fernando Escobar Murillo y Robinson Salazar
Sánchez interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación
con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales que
estimaron causados por la privación de la libertad del señor Jorge Leonardo Paz Murillo.

La demanda se adelantó bajo el radicado No. 76001-3333-006-2022-00258-00 y
correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cali, que, mediante sentencia del
16 de febrero de 2024, denegó las pretensiones al considerar que del soporte probatorio
allegado al proceso se pudo colegir la razonabilidad de la medida de aseguramiento,
dado que se puso en funcionamiento el aparato judicial del Estado en pro de la protección
del bien jurídico de la comunidad, dada la gravedad de los hechos y la magnitud de la
conducta delictual investigada, lo que enervó la responsabilidad que se le pudiera
endilgar a las entidades demandadas.

Afirmó que no se acreditó que la imposición de la medida hubiera sido arbitraria,
irrazonable, desproporcionada o ilegal y, en consecuencia, no fue probada la
antijuridicidad del daño alegado e indicó que, pese a que el proceso que se adelantó en
contra del señor Paz Murillo terminó porque operó el fenómeno de la prescripción de la
acción de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, esa circunstancia no
tornó en injusta su privación de la libertad.

Señaló que respecto de la investigación disciplinaria que se adelantó en contra de los
funcionarios judiciales que investigaron el caso del accionante, afirmó que ni siquiera la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca concluyó que los
funcionarios implicados hubiesen incurrido en una falta disciplinaria en desarrollo del
proceso penal en el que vio inmerso el demandante.

Inconforme, la parte demandante apeló y señaló que la decisión de primera instancia no
observó el tiempo que transcurrió desde el año 2010 hasta el año 2020 en el que se
profirió la sentencia absolutoria, lo que consideró que había evidenciado una tardanza
exorbitante que censuró a título de falla en el servicio.

Afirmó que el juez de primera instancia señaló que la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Valle del Cauca concluyó que los funcionarios que participaron en el proceso
penal no incurrieron en falta disciplinaria, pero desconoció que la razón por la que no se
sancionó disciplinariamente fue porque operó la causal de extinción de la acción.

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Mediante sentencia dictada el 25 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia luego de concluir que las decisiones
que se tomaron en el proceso penal cumplieron con los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, por lo que resultó ajustado a la ley imponer la medida de
aseguramiento contra el demandante, comoquiera que las pruebas obtenidas al momento
de la captura, sus circunstancias y la naturaleza del delito permitieron concluir que el
tiempo en el que estuvo detenido el accionante no obedeció al deseo de los funcionarios
de generarle un perjuicio, sin que se pudiera catalogar de excesivo y prolongado.

Sostuvo que la declaratoria de prescripción de la acción penal no conllevó a que la
restricción de la libertad hubiese sido injustificada y que tampoco se acreditó que la mora
procesal hubiera obedecido a omisiones atribuibles a los funcionarios encargados del
impulso procesal y la adopción de las correspondientes decisiones.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, el accionante afirmó que incurrió en el siguiente
vicio de fondo:

Defecto fáctico dado que la autoridad accionada desconoció elementos probatorios que
acreditaron la mora judicial irrazonable; en particular, señaló que se omitió valorar <<las
devoluciones de expedientes que tardaron años>>, las declaraciones de impedimentos
que tardaron entre 4 y 5 años, la compulsa de copias que ordenó el Tribunal Superior de
Buga – Sala Penal el hecho de que el referido tribunal haya señalado que <<la situación
de una persona no puede permanecer sub-judice al arbitrio de la autoridad.>>

En ese sentido, afirmó que la dilación estaba plenamente justificada con la prescripción
de la acción penal por inactividad estatal, la compulsa de copias ordenada contra los
funcionarios judiciales, la documentación de devoluciones de expedientes que tardaron
años, los impedimentos sin resolver durante 4 y 5 años y el transcurso de más de 10 años
del proceso penal.

Violación directa de la Constitución por desconocimiento del derecho al debido
proceso, el derecho de acceso a la administración de justicia dentro de un plazo
razonable y las garantías establecidas por los artículos 7.5. y 8.1. de la Convención
Americana de Derechos Humanos, aplicable en virtud del artículo 93 de la Constitución.

Desconocimiento del precedente respecto de la sentencia proferida el 13 de agosto de
2021 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado No. 25000-23-26-000-
2012-00004-01(50498), que afirmó, señaló que la dilación injustificada puede tomarse
como causa de afecciones jurídicas.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que la acción de tutela no cumple
con el requisito de relevancia constitucional dado que la parte actora pretende usarla
como una instancia adicional del proceso ordinario.

Señaló que la providencia cuestionada se expidió conforme al material probatorio
allegado al proceso y por las razones allí expuestas.

El Juez Sexto Administrativo del Valle del Cauca solicitó su desvinculación de la
acción dado que la inconformidad de los accionantes fue contra la providencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que carece de legitimación
en la causa por pasiva dado que la representación de la Rama Judicial en el proceso de

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reparación directa fue ejercida exclusivamente por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali.

La Fiscalía General de la Nación, la señora Melba Lily Murillo Ramos, quien en el
proceso de reparación directa actuó a nombre propio y en nombre de sus hijos menores
E.S.S.P. y A.I.S.P. y los señores Eliseo Paz Aranda, Fabián Eduardo Murillo Ramos,
Paula Andrea Murillo Ramos, Darly Katherine Escobar Murillo, Ingrith Lorena
Escobar Murillo, Neyder Fernando Escobar Murillo y Robinson Salazar Sánchez no
rindieron informe pese a haber sido notificados en debida forma de la acción de tutela 1.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, por sentencia del 23 de abril de 2026, declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional y de agotamiento de todos los medios de defensa judicial.

Señaló que la indebida valoración probatoria, que a su vez se cimentó en los defectos
catalogados como «desfiguración del régimen de responsabilidad por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por tardanza judicial irracional» y violación
directa de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, no contaba con la carga
argumentativa para ser estudiado en el marco de la transgresión de derechos
fundamentales, porque, además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede
ordinaria, no desvirtuaba el análisis que realizó el tribunal accionado.

Destacó que el tribunal sustentó la negativa de las pretensiones al haber expuesto que
la medida preventiva fue razonable, proporcional y en cumplimiento de los presupuestos
legales para el efecto comoquiera que para el momento de la restricción de libertad
existían serios indicios frente al peligro que representaba el sindicado para la comunidad
y para la víctima ya que se contaba con el informe de policía sobre los hechos,
reconocimiento en fila de personas y la entrevista realizada a la víctima, lo que estimó
suficiente para deducir que aquel podía ser autor de la conducta delictiva investigada, sin
que se pudiera pedir al juez de control de garantías tomar una decisión diferente a la
medida restrictiva de la libertad.

Afirmó que el cargo de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
tampoco tenía vocación de prosperidad, dado que la declaratoria de prescripción de la
acción penal y la consecuente preclusión de la investigación no conllevaban que la
restricción de la libertad hubiera sido injustificada, máxime cuando no se acreditó que la
mora judicial obedeció a omisiones atribuibles a los funcionarios encargados del impulso
procesal.

En consecuencia, sostuvo que la parte demandante pretendía reabrir un debate legal que
ya había sido asumido por el juez natural, quien se enfrentó a múltiples posibilidades
hermenéuticas, sin que le corresponda al juez constitucional señalar la correcta, pues ello
vulneraría su independencia y autonomía.

Además, afirmó que tampoco se cumplió con el requisito de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial dado que, frente a la aludida omisión de analizar la compulsa
de copias ordenada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, la parte actora
contaba con la solicitud de adición, sin que tampoco se evidenciara la existencia de un
perjuicio irremediable.

1
A través de los correos electrónicos jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co,
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, jorgeleonardopazmurillo583@gmail.com, marioalfonsocm@gmail.com,
jorgeleonardopazmurillo583@gmail.com, marioalfonsocm@gmail.com, jorgeleonardopazmurillo583@gmail.com,
marioalfonsocm@gmail.com, jorgeleonardopazmurillo583@gmail.com, melbamurillo2017@gmail.com,
escobaringrid599@gmail.com, anunciacionsalazar86@gmail.com,
murillopaula505@gmail.com,pazleonardo176@gmail.com, gicelapazmurillo@gmail.com,
oscarmansilla419@gmail.com, respectivamente.

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7. Impugnación

La parte demandante impugnó y solicitó revocarla para, en su lugar, acceder a las
pretensiones del escrito de amparo.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela e indicó que el fallo de primera
instancia erró al señalar que la tutela carecía de relevancia constitucional y carga
argumentativa, por cuanto el tribunal accionado ignoró que la Sala Penal del Tribunal
Superior de Buga compulsó copias contra los funcionarios judiciales por <<las demoras
irracionales.>>

Afirmó que la aclaración de sentencias no es un recurso y no puede usarse para solicitar
aclaraciones o cambios en la decisión de fondo y que el Tribunal Administrativo del Valle
sí resolvió la litis, pero omitió la valoración de una prueba dentro de su análisis e indicó
que, al declarar la improcedencia de la acción, la tutela impugnada evitó pronunciarse
sobre <<una mora judicial sistemática e injustificada>> que se extendió por más de una
década.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela promovida por los señores Jorge Leonardo
Paz Murillo y Norma Faustina Torijado Ceballos.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela al encontrar incumplido el requisito general de relevancia constitucional.
La parte actora la utiliza como una instancia adicional del proceso de reparación directa
e insiste en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

La parte accionante cuestiona la sentencia del 25 de agosto de 2025 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó la sentencia proferida el 16 de
mayo de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali que negó las pretensiones de
la demanda dentro del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-006-
2022-00258-00/01.

Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que el demandante insiste
en los argumentos expuestos en el proceso de reparación directa. En efecto, aunque la
parte accionante alegó la configuración de los defectos fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, lo cierto es que lo hace para insistir en
que debió declararse el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el
tiempo que el señor Jorge Leonardo Paz Murillo estuvo privado de la libertad pues afirmó
no se tuvo en cuenta que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga ordenó compulsar
copias al Consejo Superior de la Judicatura para que adelantara la investigación
pertinente respecto de la falta en que hubieran podido incurrir uno o varios de los jueces
de conocimiento que actuaron durante el juicio, lo que a su parecer denota <<las demoras
irracionales en el enjuiciamiento del acusado.>>

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
providencia del 16 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral
de Cali, se lee lo siguiente:
«2.1 Se censura enérgicamente que en la sentencia objeto de alzada el JUEZ ADMINISTRATIVO a
pesar de haber efectuado un RECUENTO cronológico de las actuaciones que se dieron en el proceso
penal, NO HUBIESE OBSERVADO que TRANSCURRIÓ desde el – programaciones del juicio oral al
año 2020 fecha en la que se profirió la SENTENCIA absolutoria, pues precisamente el proceso penal
tuvo actividad continua desde el AÑO 2010 al 2013 conforme al estudio cronológico efectuado por el
DESPACHO, pero del AÑO 2013 al año 2020 cuando se emite la sentencia Absolutoria, es un espacio
temporal que evidencia una tardanza exorbitante para la administración de justicia que fue
CENSURADA en la demanda a título de falla del servicio, estudio cronológico del proceso PENAL que
el juzgador administrativo realizó de la siguiente manera: (Página 20, 21 y 22 de la sentencia) “En el
presente caso, obra el expediente penal que corresponde al radicado No. 76520600018220100139600,

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Demandante: Jorge Leonardo Paz Murillo y otro

respecto del cual se considera pertinente resaltar las siguientes actuaciones: - Audiencia concentrada
del 02 de agosto de 2010, adelantada ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Palmira, en la cual se legalizó la captura, se formuló la imputación y se impuso la
medida de aseguramiento en contra del señor Jorge Leonardo Paz Murillo, librando orden de
encarcelación al Director de la Penitenciaria Nacional Villa de las Palmas de Palmira. - El 6 de octubre
de 2010, se llevó́ a cabo la audiencia de acusación ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Palmira, en donde la Fiscalía acusó al señor Jorge Leonardo Paz Murillo por los delitos de hurto
calificado y agravado, en concurso con el punible de acto sexual violento y fabricación, tráfico, porte o
tenencia de arma de fuego. -Audiencia Preparatoria del 09 de febrero de 2011, donde el Juez de
Conocimiento, fijo para los días 13 de abril, 19 de mayo y 13 de junio de 2011; 16 de mayo, 5 de junio,
10 y 16 de julio de 2012; 14, 16 y 28 de enero, 26 de febrero, 11 de marzo y 26 de junio de 2013 las
audiencias del juicio oral. -El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Palmira, expidió la sentencia No. 070 del 14 de agosto de 2020, a través de la cual, se resolvió la
situación judicial del señor Jorge Leonardo Paz Murillo”. NÓTESE ENTONCES como la SENTENCIA
absolutoria proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Palmira – Valle, ocurrió tan solo el DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020, transcurriendo MÁS DE 10 AÑOS
entre la formulación de imputación ocurridas los días 2 y 10 de agosto del 2010 y la sentencia de primera
instancia ocurrida el día 14 de agosto del 2020, MOTIVO POR EL CUAL, resulta censurable que el
JUZGADOR ADMINISTRATIVO, no se hubiese percatado de tan aberrante falla del servicio, YA QUE
inclusive el Tribunal Superior de Buga – Sala Penal al momento de resolver la segunda instancia
mediante providencia del día 30 de septiembre de 2020, decretó la prescripción de la acción penal y la
COMPULSA DE COPIAS a los jueces ordinarios de conocimiento por tan grosera demora en el
procesamiento del enjuiciado, considerándose por parte del Tribunal Superior de Buga – Sala Penal
que LA JUSTICIA HABÍA SOBREPASADO EL LIMITE TEMPORAL PARA DECIDIR SOBRE LA
RESPONSABILIDAD PENAL, por lo cual, COMPULSO COPIAS a los jueces de conocimiento que
obraron en el proceso, al haberse presentado DEMORAS IRRACIONALES en el enjuiciamiento del
acusado como DEVOLUCIONES EN LOS EXPEDIENTES POR NO CONTAR CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA JUDICATURA QUE TARDARON AÑOS, como también declaraciones de
impedimentos judiciales que tardaron entre 4 y 5 años, lo que finalmente produjo que transcurrieran
MÁS DE 10 AÑOS entre la formulación de imputación ocurridas los días 2 y 10 de agosto del 2010 y la
sentencia de primera instancia ocurrida el día 14 de agosto del 2020 por parte del Juzgado Cuarto Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira – Valle, SOBREPASANDO EL ESTADO EL
LIMITE TEMPORAL PARA DECIDIR SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL del enjuiciado conforme
a los Art. 82 núm. 4; 86 del código penal; los artículos 292 de la ley 906 de 2004, normativa que fue
aludida por el Tribunal Superior de Buga – Sala Penal, para decretar de esta manera la preclusión de
la acción penal y poner en evidencia la PROTUBERANTE FALLA DEL SERVICIO ALEGADA EN LA
DEMANDA de la Nación – Rama Judicial, por haber SOBREPASADO EL ESTADO EL LIMITE
TEMPORAL PARA DECIDIR SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL del señor Jorge Leonardo Paz
Murillo, YA QUE conforme a lo manifestado por el mismo Tribunal Superior de Buga – Sala Penal, la
situación jurídica de una persona, No puede permanecer sub- judice al arbitrio de la autoridad. (sic para
toda la cita).

Por su parte, en la acción de tutela (ahora impugnación), el actor argumenta lo siguiente:

<<Sin embargo, el Tribunal Administrativo OMITIÓ COMPLETAMENTE analizar la controversia central
del proceso: LA COMPULSA DE COPIAS ordenada por el Tribunal Superior de Buga – Sala Penal
contra los funcionarios judiciales por las DEMORAS IRRACIONALES en el enjuiciamiento
documentadas y cesuradas por el mismo tribunal Superior de Buga – Sala Penal, consistentes en
devoluciones de expedientes que tardaron años y declaraciones de impedimentos que permanecieron
sin resolver entre 4 y 5 años transcurriendo MÁS DE 10 AÑOS entre la formulación de imputación (2
de agosto de 2010) y la sentencia de primera instancia (14 de agosto de 2020), decretándose la
prescripción de la acción penal y en las propias palabras del Tribunal Superior de Buga – Sala Penal
por la “falta de actividad estatal”, ya que la “situación jurídica de una persona NO PUEDE
PERMANECER SUB-JUDICE AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD”.>>

A su vez en el escrito de impugnación, señaló:

<<Motivo por el cual, resulta insostenible que en la sentencia de tutela se afirmara que existía carencia
de relevancia constitucional y de carga argumentativa, cuando el Tribunal Administrativo ignoró un
documento público donde el propio superior jerárquico penal compulsó copias a los jueces penales de
conocimiento,documentando demoras de 4 y 5 años en resolver impedimentos, y declaró que la
situación jurídica del procesado no podía "permanecer sub-júdice al arbitrio de la autoridad". Siendo
esta la evidente falla del servicio frente a la cual el Tribunal Administrativo cerró sus ojos ante la prueba
para concluir la ausencia de responsabilidad. Desconocer esta prueba no es una discrepancia
interpretativa; es una arbitrariedad judicial que cercena de tajo las garantías del Art. 29 de la
Constitución Política y los estándares del plazo razonable (Art. 8.1 de la Convención Americana), y que
configura claramente el defecto fáctico señalado y sustentado en la acción de tutela y aludido por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-448 de 2016: “El defecto fáctico por omisión se presenta

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01229-01
Demandante: Jorge Leonardo Paz Murillo y otro

cuando el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente en el proceso, porque
omite la valoración de pruebas determinantes.>>

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en sentencia dictada el 25 de agosto de 2025, en la que se consideró:

«(…)Vale la pena destacar del proceso penal, que quedó plenamente demostrado que la víctima del
abuso sexual le comentó al mayordomo de la finca la situación en que ocurrieron los hechos, y dio una
descripción física de los agresores, quien manifestó que los conocía y aportó unos nombres y apodos.
Luego, por órdenes impartidas por el comandante de la estación “La Dolores”, fue quien proporcionó
los nombres de los investigados, es decir, de quienes la comunidad presentaba quejas y eran señalados
por otras personas en otro hurto. Así quedó consignado el informe elaborado por policía judicial.

En criterio de la Sala, para el momento en que la medida de aseguramiento se impuso al señor Jorge
Leonardo Paz Murillo el 2 de agosto de 2010, la Fiscalía contaba con elementos materiales probatorios
suficientes- el informe policía sobre los hechos, reconocimiento en fila de personas y la entrevista
realizada a la víctima- para iniciar investigación en contra del demandante a fin de esclarecer la posible
participación del mismo en los delitos endilgados y, además cuando se solicitó la medida de
aseguramiento, para el juez natural la misma resultó necesaria y proporcional, debido a la conducta
que en ese momento desplegó el actor.

Las razones expuestas por la juez penal para imponer la medida de aseguramiento se encuentran
ajustadas a derecho. En efecto, la Sala comparte que el juez de control de garantías impuso la medida
de aseguramiento para salvaguardar los derechos de la víctima, toda vez que el señor Jorge Leonardo
Paz Murillo vivía en una vereda cercana a la casa en la que sucedieron los hechos por los cuales fue
investigado. (…).
Para la Sala, es claro que las decisiones que se tomaron en el proceso penal cumplieron con los
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, es decir, resultaba ajustado a la ley imponer la
medida de aseguramiento contra el ahora demandante, comoquiera que las pruebas obtenidas al
momento de la captura, la naturaleza del delito y las circunstancias mismas de la captura. Cabe decir
que el tiempo en el que estuvo detenido el procesado, aquí demandante, no fue generado con el deseo
de los funcionarios de generarle un perjuicio, como para catalogar de excesivo o prolongado el tiempo
que estuvo detenido.
Finalmente, la Sala acoge las consideraciones del A quo en relación con el alegado defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, en virtud de la declaratoria de prescripción de la acción
penal y la consecuente preclusión de la investigación. Ello, en la medida de que dicha circunstancia no
conlleva a que la restricción de la libertad del hoy demandante hubiese sido injustificada. Tampoco se
acreditó en esta sede que la mora procesal obedeció a omisiones atribuibles a los funcionarios
encargados del impulso procesal y de la adopción de las decisiones correspondientes.>>

Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que señaló que para el momento en que se impuso la
medida de aseguramiento al señor Jorge Leonardo Páez, la Fiscalía contaba con
elementos materiales probatorios suficientes para solicitarla y las razones expuestas por
el Juez Penal para su imposición se encontraron ajustadas a derecho por lo que las
decisiones que se tomaron en el proceso penal cumplieron con los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Frente al alegado defectuoso funcionamiento, la autoridad accionada destacó que la
declaratoria de la prescripción penal no conllevaba a que la restricción de la libertad del
señor Páez hubiera sido injustificada y tampoco se acreditó que la mora procesal hubiera
obedecido a omisiones atribuibles a los funcionarios encargados del impulso procesal y
de la adopción de las decisiones correspondientes.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de reparación directa con radicado 76001-33-33-006-2022-00258-00/01, finalidad para la
que no está previsto este mecanismo constitucional.

En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por la parte actora están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de reparación directa, lo
que denota que la acción de tutela de la referencia no colma el requisito de relevancia
constitucional.

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Demandante: Jorge Leonardo Paz Murillo y otro

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por los señores Jorge Leonardo Paz Murillo y Norma Faustina Torijano
Ceballos conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 5

5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de Inteligencia Artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la Ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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