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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00004-01

Acción de reparación directa

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00004-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO / MORA JUDICIAL [L]a responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la prescripción de la acción penal, no corresponde por sí misma en una premisa que se estatuya como causa generadora de un daño atribuible al Estado y las autoridades a las que se las encomendado la tarea de investigar y sancionar el delito pues para ello se requiere un cúmulo de circunstancias en las que se debe valorar la efectiva presencia de una conducta activa u omisiva reveladora de una falla en el servicio, pues en esta materia, este título de imputación se establece como régimen idóneo y necesario para activar el mandato constitucional fijado en el artículo 90 de la carta política. Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción y diligencia de las autoridades judiciales, para actuar en un plazo razonable puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, pues, no todo procedimiento que se prolongue en el tiempo más allá de las previsiones legales puede calificarse automáticamente como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas circunstancias ajenas al operador judicial. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 25 de noviembre de 2004; Exp. 13539; C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 25 de agosto de 2011; Exp. 19162; C.P. Hernán Andrade Rincón. PROCESO PENAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / MORA JUDICIAL / INVESTIGACIÓN PENAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / RAMA JUDICIAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / COMPULSA DE COPIAS / ACTUACIÓN DEL REPRESENTANTE JUDICIAL / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / VIOLACIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00004-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

13 de agosto de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACTIVIDAD JUDICIAL / FUNCIONES DEL JUEZ / IMPUTABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA / REPARACIÓN DEL DAÑO

Según el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades, incluidas, por supuesto, las judiciales. La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título jurídico de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, está regulado en la Ley 270 de 1996 , plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto, su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos , a través de una función judicial anormal, por indebido funcionamiento, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si las acciones u omisiones desarrolladas en el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, , como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 69

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 28 de mayo de 2012; Exp. 2011 01174; C.P.Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, de la Corte Constitucional, sentencias T 553 de 1995; M.P. Carlos Gaviria Díaz, T 406 de 2002; M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T 268 de 1996; M.P. Antonio Barrera Carbonell, y T-1051 de 2002; M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO / FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACTIVIDAD JUDICIAL / FUNCIONES DEL JUEZ / IMPUTABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

[T]odas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial, esto es, “la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”. Bajo las anteriores consideraciones, y en concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es una fuente de responsabilidad estatal residual con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una providencia judicial.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 69

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 22 de noviembre de 2001; Exp. 13164; C.P. Ricardo Hoyos Duque, de 15 de abril de 2010; Exp. 17507; C.P. Mauricio Fajardo Gómez, de la Corte Constitucional, sentencia T 004 del 16 de enero de 1995 y C 037 de 5 de febrero de 1996.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIONES DEL JUEZ / TRÁMITE DEL PROCESO JUDICIAL / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALLA DEL SERVICIO / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[L]a responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se configura cuando la lesión se materializa a través de una providencia, sino que aquella se deriva de las demás actuaciones judiciales en que incurren “no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” en el giro o tráfico jurisdiccional y que resultan necesarias para adelantar el proceso o ejecutar las decisiones del juez, las cuales deben estar referidas a estándares normales de funcionamiento del servicio. (…) el concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica puede tener tres manifestaciones: i) el servicio ha funcionado mal, ii) el servicio no ha funcionado, y iii) el servicio ha funcionado de forma tardía. Así mismo, se destaca que el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. (…) el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, por regla general, de carácter subjetivo, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 22 de noviembre de 2001; Exp. 13164, de 15 de abril de 2010; Exp. 17507 y de 16 de febrero de 2006, Exp. 14307.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEBIDO PROCESO / TÉRMINO JUDICIAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO PROCESAL / CONCEPTO DE TÉRMINO PROCESAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / DURACIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL / FINALIDAD DEL TÉRMINO PROCESAL / OBLIGATORIEDAD DEL TÉRMINO PROCESAL / BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD / TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en la toma de decisiones judiciales, se debe recordar que la Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia en el artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 228 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial. Así mismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, reconoce el derecho del acusado “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, como garantía básica del debido proceso, prerrogativa que es aplicable a procesos de otra índole, de conformidad con la jurisprudencia del Comité Internacional de Derechos Humanos. Ahora bien, en relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión judicial está justificado o no, como elemento base parta activar el régimen de responsabilidad explicado, esta Corporación ha sostenido que se deben observar diversos factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo del despacho y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial, y las especificidades de cada trámite judicial incluido el análisis de factores exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en general circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los procesos y su duración

FUENTE FORMAL: LEY 16 DE 1972 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / NATURALEZA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - No representa per se una causal generadora de daño imputable al Estado / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / FALLA DEL SERVICIO / MORA JUDICIAL

[L]a responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la prescripción de la acción penal, no corresponde por sí misma en una premisa que se estatuya como causa generadora de un daño atribuible al Estado y las autoridades a las que se las encomendado la tarea de investigar y sancionar el delito pues para ello se requiere un cúmulo de circunstancias en las que se debe valorar la efectiva presencia de una conducta activa u omisiva reveladora de una falla en el servicio, pues en esta materia, este título de imputación se establece como régimen idóneo y necesario para activar el mandato constitucional fijado en el artículo 90 de la carta política. Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción y diligencia de las autoridades judiciales, para actuar en un plazo razonable puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, pues, no todo procedimiento que se prolongue en el tiempo más allá de las previsiones legales puede calificarse automáticamente como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas circunstancias ajenas al operador judicial.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 25 de noviembre de 2004; Exp. 13539; C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 25 de agosto de 2011; Exp. 19162; C.P. Hernán Andrade Rincón.

PROCESO PENAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / MORA JUDICIAL / INVESTIGACIÓN PENAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / RAMA JUDICIAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / COMPULSA DE COPIAS / ACTUACIÓN DEL REPRESENTANTE JUDICIAL / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / VIOLACIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[C]omo en el presente asunto no fue adjudicada pretensión alguna en contra de la Fiscalía General de la Nación, solo pueden ser objeto de estudio las actuaciones llevadas a cabo durante la etapa de juzgamiento a cargo de los despachos judiciales a cuyo cargo estuvo la definición de la causa criminal. (…) el defecto imputado por la parte actora a la pasiva, resulta infundado, pues, la demora de aproximadamente cuatro (4) años para proferir sentencia de primera instancia resulta atribuible a la conducta del sindicado (…) quien en concierto con su abogado optaron por extender los términos, al no notificarse oportunamente de las decisiones y no asistir a las audiencias programadas por los despachos judiciales, de ahí que, no se le pueda adjudicar la dilación del proceso a la actuación de la demandada, la cual, como se evidenció, fue diligente y activa durante el proceso, tanto así que ante las maniobras dilatorias de los referidos sujetos procesales decidió compulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que investigara las actuaciones del abogado defensor y procedió a asignarle al sindicado un defensor de oficio con el que finalizó el proceso penal. (…) el mero incumplimiento de los plazos en el desarrollo del proceso no constituye por sí mismo violación de los derechos fundamentales, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impiden al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión, es decir que, la mora judicial sólo se justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional T 186 de 2017.

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD / INASISTENCIA ALIMENTARIA / FINALIDAD DE LA PENA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / OBLIGACIÓN ALIMENTARIA / AGRAVANTES DE LA INASISTENCIA ALIMENTARIA / PROCESO EJECUTIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[E]n virtud del principio constitucional de solidaridad, se concluye que la finalidad del tipo penal de inasistencia alimentaria no es proteger el bien jurídico del patrimonio de la persona beneficiaria de los alimentos, sino de la familia como “núcleo fundamental de la sociedad”, es decir, que lo que se cuestiona con el tipo penal es la afectación de las relaciones familiares. De otra parte, la Corte también se pronunció respecto de la posibilidad de suspender e incluso desistir del proceso penal, ante un eventual acuerdo de las partes que permitiera garantizar la protección de los derechos del menor. (…) si bien el proceso penal iniciado por la comisión del delito de inasistencia alimentaria pretendía conminar al infractor de la ley para que realizara el pago de los alimentos, lo cierto es que la conclusión del proceso, como ultima ratio, devenía en una sentencia con pena privativa de la libertad y una multa por la comisión del delito, pero no en un mecanismo jurídico para exigir, obligar o garantizar el pago de la deuda, debido a que, para ello, en virtud de los artículos 136 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) y 36 del Decreto 1818 de 1998, existía la competencia los procesos ejecutivos civiles que, por su naturaleza, permitían perseguir el pago de las sumas adeudadas.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2737 DE 1989 - ARTÍCULO 136 / DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 36

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional C 141 de 2001.

FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCESO PENAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / INEXISTENCIA DEL DAÑO

[E]xaminadas en conjunto las actuaciones desplegadas dentro del proceso penal que sirvió como fundamento de la presente acción y las normas aplicables al asunto, aunado a los razonamientos que en extenso se han indicado, para la Sala no se evidencia el perjuicio que, según la parte actora, le causó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido la Rama Judicial, al declarar la prescripción del proceso penal (…) la declaratoria de la prescripción de la acción penal no impedía que el demandante pudiera obtener la indemnización de los perjuicios económicos causados por el sindicado, por cuanto existía la competencia los procesos ejecutivos civiles que, por su naturaleza, permitían perseguir el pago de las sumas adeudadas. A tono con las razones hasta aquí expuestas, se observa que la parte actora no demostró que la pasiva hubiera incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por retardo injustificado en la adopción de una decisión judicial, que fuera susceptible de indemnización, como tampoco el daño que reclama.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 16 de mayo de 2019; Exp. 51326; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00004-01(50498)

Actor: NÉSTOR EDILSON CORTÉS RINCÓN Y OTRO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Prescripción de la acción penal – inasistencia alimentaria- no se configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la señora Martha Cecilia Rincón Rincón presentó denuncia penal por el delito de inasistencia alimentaria en contra del señor José Darío Cortés Orjuela. Con motivo de tal denuncia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pulí (Cundinamarca) condenó al señor Cortés Orjuela a 18 meses de prisión y multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes; sin embargo, en sede de segunda instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá declaró la prescripción de la acción penal. Alega la actora que con esta última determinación se le han causado daños, cuyo resarcimiento persigue en el presente proceso.

SENTENCIA IMPUGNADA

1.1. Corresponde a la sentencia del 9 de diciembre de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de descongestión, dispuso (transcripción literal):

“PRIMERO: INIBIRSE de pronunciarse sobre las pretensiones incoadas por la señora MARTHA CECILIA RINCON RINCON y respecto de los perjuicios morales reclamados por el señor NESTOR EDILSON CORTES RINCON, por no haberse agotado la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad respecto de las mismas.

“SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda”.

1.2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 11 de enero de 2012, por los señores Néstor Edilson Cortés Rincón y Martha Cecilia Rincón Rincón (en adelante la Actora), en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial (en adelante la demandada) , cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

1.2.1. La actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que, afirman, les fueron irrogados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la acción tardía de la Rama Judicial que provocó la terminación del proceso penal 2004-9518 (2007-033) por prescripción de la acción penal.

Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria, en: i) $8’978.662, equivalente al 50% del monto concedido en la sentencia del 30 de abril de 2008 proferida en la primera instancia del proceso penal y el interés legal a la tasa del 0.5% mensual causado desde la fecha de promulgación de la misma sentencia, por concepto de perjuicios materiales, para cada uno de los demandantes y, ii) cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales para cada uno de los actores.

Hechos

1.2.2. Como supuesto fáctico de las pretensiones, señalaron que la señora Martha Cecilia Rincón Rincón, en representación de su hijo Néstor Edilson Cortés Rincón, interpuso denuncia penal en contra del señor José Darío Cortés Orjuela, por el delito de inasistencia alimentaria.

1.2.3. Sostuvieron que, el 19 de marzo de 2004, la Fiscalía 262 delegada ante los jueces municipales de Bogotá D.C. profirió resolución de acusación contra el sindicado; decisión que quedó ejecutoriada el 21 de septiembre del mismo año.

1.2.4. Manifestaron que, mediante sentencia del 30 de abril de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pulí (Cundinamarca) condenó al señor José Darío Cortés Orjuela a 18 meses de prisión y al pago de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por la comisión del delito de inasistencia alimentaria. Decisión que fue objeto del recurso de apelación y en proveído del 15 de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá declaró la prescripción de la acción penal.

1.2.5. Finalmente, concluyeron que la prescripción de la acción penal se produjo por la negligencia de la demandada, lo cual les impidió perseguir ejecutivamente al señor José Darío Cortés Orjuela y les ocasionó perjuicios materiales e inmateriales que deben indemnizarse.

La defensa

1.3. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A siendo debidamente notificada a la demandada, cuyos planteamientos y argumentos de defensa fueron, los siguientes:

1.3.1. La apoderada Judicial de la Rama Judicial se opuso a cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora, en tanto consideró que la prescripción de la acción penal no es elemento suficiente para demostrar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues es necesario demostrar la actuación deficiente o negligente de la parte demandada.

Indicó que, el proceso penal nunca estuvo inactivo, pues durante su trámite no se evidenció una mora injustificada entre la fecha en que el despacho judicial avocó su conocimiento y en la que profirió la providencia que declaró la prescripción de la acción penal.

Por último, propuso las excepciones de (i) “hecho de un tercero” y la (ii) innominada, puesto que, a su juicio, las maniobras dilatorias desplegadas por el señor José Darío Cortés Orjuela y su apoderado fueron las causantes de la prescripción de la acción penal.

1.4. Mediante auto del 29 de octubre de 2013, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

1.4.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

1.4.2. En esta oportunidad procesal la Rama Judicial guardó silencio.

1.4.3. El representante del Ministerio Público, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial de los elementos de la responsabilidad del Estado, señaló que la dilación del proceso penal obedeció a los numerosos aplazamientos de la audiencia preparatoria de juicio oral; sin embargo, solo uno de los aplazamientos obedeció “a una causa imputable a los funcionarios del Juzgado”, puesto que el “secretario” se encontraba en capacitación, los demás fueron consecuencia de la no comparecencia del procesado y de su defensor.

Finalmente, indicó que en el trámite del proceso penal no se advirtió una actuación u omisión por parte del funcionario judicial que denotara un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues ante la dilación del proceso por la no comparecencia del procesado y de su defensor a la audiencia pública, el funcionario judicial compulsó copias y nombró un defensor de oficio.

Por todo lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

La decisión

1.5. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de descongestión se inhibió de pronunciarse de las pretensiones de la señora Martha Cecilia Rincón Rincón y de los perjuicios morales reclamados por Néstor Edilson Cortés Rincón, por no haberse agotado el requisito de procedibilidad y negó las pretensiones de la demanda.

Al respecto indicó que según la constancia de conciliación prejudicial del 19 de diciembre de 2011 se pudo constatar que en la misma solo participó el señor Néstor Edilson Cortés Rincón y, únicamente, en relación con los perjuicios materiales solicitados por éste, por tal motivo no puede entenderse agotado el requisito de procedibilidad en cuanto a la señora Marta Cecilia Rincón Rincón y a los perjuicios morales solicitados en favor del mencionado señor.

Asimismo, el a quo manifestó que la prescripción de la acción penal en el proceso de inasistencia alimentaria iniciado por la parte actora no se produjo por alguna causa atribuible al Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá, puesto que la ausencia del procesado y de su defensor, provocó el aplazamiento en cuatro (4) ocasiones de la audiencia preparatoria y en cinco (5) de la audiencia pública, por tal motivo se compulsaron copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que se investigara disciplinariamente al abogado y se designó un defensor de oficio con el que finalmente se profirió sentencia de primera instancia.

Además, precisó que, en el caso de haberse acreditado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de la demandada, no habría lugar al reconocimiento de suma alguna a favor del señor Néstor Edilson Cortés Rincón, dado que no hay certeza del daño, pues no es posible asegurar que el juez de segunda instancia iba a confirmar la providencia objeto de apelación, y si lo que pretendía el demandante era obtener el pago de las obligaciones alimentarias que le debía su progenitor, tenía la opción de adelantar un proceso ordinario civil.

EL RECURSO INTERPUESTO

2.1. Sustentación del recurso de apelación

2.1.1. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo, por cuanto, en su criterio, el juez penal debió utilizar todas las herramientas jurídicas para darle impulso al proceso penal y no permitir la prescripción de la acción.

Resaltó que si bien se contaba con la posibilidad de adelantar el proceso civil ordinario para reclamar el pago de las obligaciones alimentarias, ello no es óbice para que se emita un pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la demandada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y afirmó que el resultado del proceso penal no puede verse como incierto, dado que en la primera instancia se condenó al señor José Darío Cortés Orjuela por el delito de inasistencia alimentaria.

Adicionalmente, sostuvo que los perjuicios materiales devienen del dinero dejado de percibir por la manutención del entonces menor Néstor Edilson Cortés Rincón y los inmateriales corresponden a la congoja que generó la impunidad, provocados con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Rama Judicial.

2.2. En proveído del 21 de mayo de 2014 esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 16 de julio del mismo año corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 212 del C.C.A..

2.2.1. En esa oportunidad procesal, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. Problema jurídico

3.1.1. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, el aspecto central que será materia de análisis y determinación, se circunscribe a verificar si la Nación – Rama Judicial es responsable por los perjuicios materiales reclamados por el señor Néstor Edilson Cortés Rincón, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la prescripción de la acción penal adelantada en contra del señor José Darío Cortés Orjuela.

Asimismo, se advierte que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno a la decisión del Tribunal de declararse inhibido para pronunciarse de las pretensiones alegadas por la señora Martha Cecilia Rincón Rincón y de los perjuicios morales reclamados por el señor Néstor Edilson Cortés Rincón, por no haber agotado el requisito de procedibilidad, por cuanto dicho aspecto fue definido por el a quo y no fue objeto de cuestionamiento alguno en el recurso de apelación que se analiza.

3.2. Motivación de la sentencia

3.2.1. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se enlistan:

• El 2 de mayo de 2002, la señora Martha Cecilia Rincón Rincón, en representación de su hijo menor Néstor Edilson Cortés Rincón, presentó la denuncia penal en contra el señor José Darío Cortés Orjuela por el delito de inasistencia alimentaria.

• El 7 de mayo de 2002, la Fiscalía 262 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá avocó conocimiento y abrió indagación preliminar.
• El 19 de noviembre de 2002, la Fiscalía 262 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá abrió la etapa de instrucción y decretó la práctica de pruebas
• El 12 de septiembre de 2003, la Fiscalía 262 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá decretó el cierre de la etapa de instrucción.
• El 19 de marzo de 2004, la Fiscalía 262 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá profirió la resolución de acusación, la cual cobró firmeza el 21 de septiembre siguiente.
• El 4 de noviembre de 2004 fue repartido el proceso penal adelantado en contra del señor José Darío Cortés Orjuela por el delito de inasistencia alimentaria y, el 7 de diciembre siguiente, el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Penal Municipal de Bogotá avocó conocimiento y corrió traslado por el término de 15 días a los sujetos procesales, en esa misma oportunidad se fijó audiencia de conciliación y/o preparatoria para el 2 de marzo de 2005.

• El 21 de diciembre de 2004 el proceso penal fue puesto a disposición del Consejo Superior de la Judicatura para que fuera reasignado, por cuanto el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Penal Municipal de Bogotá se convirtió en el Juzgado tres (3) Penal Municipal de Conocimiento, esto en el marco de la implementación del sistema penal acusatorio.

• El 2 de marzo de 2005, el Juez 36 Penal Municipal de Bogotá dejó constancia de no haber podido llevar a cabo la audiencia preparatoria, puesto que ni el procesado, ni su apoderado asistieron, por lo que, dicha audiencia fue reprogramada para el 15 de abril siguiente. Para tal efecto, mediante oficio 1051 del 8 de abril de 2005 el Juez libró telegrama al procesado para que a la audiencia preparatoria.

• El 15 de abril de 2005 no fue posible realizar la audiencia preparatoria, por razones que se desconocen; no obstante, se fijó nuevamente fecha para el 1 de junio siguiente; sin embargo, tampoco se pudo realizar en esa oportunidad, debido a la inasistencia del procesado y de su apoderado, motivo por el cual, se estableció el 28 de julio siguiente como nueva fecha para su realización. Finalmente, en esa oportunidad se llevó a cabo la audiencia preparatoria, con la ausencia del procesado y de su defensor, se ordenó la práctica de pruebas y se fijó la audiencia pública de juzgamiento para el 9 de noviembre siguiente, la cual no se pudo realizar porque el Juez se encontraba en un curso de capacitación organizado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

• El 11 de noviembre de 2005 el Juez 36 Penal Municipal de Bogotá libró despacho comisorio al Juez Penal Municipal de Chiquinquirá con el fin de que le notificara al procesado y a su apoderado de la celebración de la audiencia pública el 5 de diciembre siguiente.

• El 5 de diciembre de 2005 se expidió constancia secretarial en la cual se indicó que la audiencia pública no se pudo realizar, dado que el procesado y su apoderado no asistieron, aun cuando fueron debidamente notificados. En esa misma fecha el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá libró nuevamente despacho comisorio al Juez Penal Municipal de Chiquinquirá para que notificara al procesado y a su apoderado de la celebración de la audiencia pública el 24 de abril de 2006 y se advirtiera que de no comparecer serán adjudicatarios de las sanciones legales, y se compulsaran copias ante el Consejo Superior de la Judicatura de las actuaciones del abogado defensor. Por su parte, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chiquinquirá devolvió el despacho comisorio debidamente diligenciado, por cuanto fueron notificados el sindicado y su defensor.

• El 24 de abril de 2006 no se llevó a cabo la audiencia pública, dado que ni el defensor y ni el acusado asistieron, a pesar de haber sido debidamente notificados. El 15 de junio de 2006, el Juez 36 Penal Municipal de Bogotá envió despacho comisorio al Juez Penal Municipal de Chiquinquirá para que notificara al defensor y al procesado de la celebración de la audiencia pública el 31 de agosto de 2006 y, para que, de paso, se le advirtiera al abogado defensor que esa era la última citación y que debe explicar el motivo de su inasistencia a la audiencia del 24 de abril, asimismo mediante oficio del 10 de julio de 2006 se allegó el comprobante de la notificación personal del abogado y los oficios dirigidos al Inspector Municipal de Policía y a la emisora Radio Furatena, con el fin de notificar al procesado.

• El 31 de agosto de 2006 tampoco fue posible llevar a cabo la audiencia pública debido a la inasistencia del apoderado y del acusado, de modo que, el Juez 36 Penal Municipal de Bogotá fijó la celebración de la audiencia pública para el 19 de octubre siguiente, compulsó copias ante el Consejo Superior de la Judicatura por la conducta en la que pudo incurrir el abogado defensor y solicitó un estudiante de derecho al consultorio jurídico, para ejerciera la defensa del procesado José Darío Cortés Orjuela. El 17 de octubre de 2006 la defensora de oficio solicitó el aplazamiento, por compromisos académicos, motivo por el cual el Juez fijó el 27 de noviembre de 2006 como nueva fecha para la celebración de la audiencia. Finalmente, en esa oportunidad se llevó a cabo la audiencia pública.

• El 1 de agosto de 2007 el Juzgado Promiscuo Municipal de Pulí (Cundinamarca) recibió el proceso penal enviado por el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá, en cumplimiento del acuerdo PSAA07-4084 del 22 de junio de 2007, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

• Mediante sentencia de 30 de abril de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pulí (Cundinamarca) condenó al señor José Darío Cortés Orjuela a 18 meses de prisión y al pago de 10 salarios mínimos mensuales legales por el delito de inasistencia alimentaria.

• Después de varios intentos para notificar al señor José Darío Cortés Orjuela el contenido de la sentencia proferida en primera instancia, hasta el 18 de julio de 2008 se logró su comparecencia para tal fin en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Chiquinquirá.

• Inconforme con la decisión de la primera instancia, el 23 de julio de 2008, el abogado defensor interpuso recurso de apelación, el 14 de agosto de 2008 el Juzgado 36 Penal Municipal dejó el expediente a disposición de la parte apelante (defensor) para que dentro de los 4 días siguientes presentara la sustentación del recurso interpuesto y a partir del 21 de agosto el expediente quedó a disposición de los sujetos procesales no apelantes para que dentro de los 4 días siguientes presentaran las argumentaciones que encuentren pertinentes . El 27 de agosto siguiente fue concedido dicho recurso.

• El 2 de septiembre de 2008 fue repartido el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá y el 15 de octubre de 2009 se abstuvo de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria y, en su lugar, declaró la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.

Como fundamento de su decisión, señaló que “los hechos tuvieron ocurrencia entre el 26 de octubre de 1986 al 24 de noviembre de 2003, fecha en quedó ejecutoriada la resolución que declaró cerrada la investigación, la prescripción fue interrumpida con la resolución acusatoria, fechada el 19 de marzo de 2004, la que quedó ejecutoriada el 21 de septiembre del mismo año… comenzando a contarse nuevamente el término de la misma a partir de esta última fecha, la que sería según el artículo 83 en la mitad, que correspondería para el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA en DOS (2) AÑOS, sin que pueda ser inferior a CINCO (5) AÑOS.

“Dado que desde la ejecutoria de la resolución acusatoria (septiembre 21 de 2004), hasta la fecha, han transcurrido más de cinco (5) años, ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción”.

3.2.2. Responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Según el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades, incluidas, por supuesto, las judiciales.

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título jurídico de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, está regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto, su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos, a través de una función judicial anormal, por indebido funcionamiento, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si las acciones u omisiones desarrolladas en el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia,, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.

Así mismo, la tutela judicial efectiva además de comprender la plenitud de las garantías procesales, que se resumen en el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, constituye un “mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, lo que a su turno deriva en la posibilidad del titular del derecho de exigirlo ante los tribunales”.

Sobre esta base, no cabe duda de que todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial, esto es, “la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”.

Bajo las anteriores consideraciones, y en concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es una fuente de responsabilidad estatal residual con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una providencia judicial.

Sobre esta distinción, la Corporación ha dicho:

“En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. (...)

“En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho” (se resalta).

De manera que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se configura cuando la lesión se materializa a través de una providencia, sino que aquella se deriva de las demás actuaciones judiciales en que incurren “no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” en el giro o tráfico jurisdiccional y que resultan necesarias para adelantar el proceso o ejecutar las decisiones del juez, las cuales deben estar referidas a estándares normales de funcionamiento del servicio.
Al respecto, la doctrina ha sostenido que el concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica puede tener tres manifestaciones: i) el servicio ha funcionado mal, ii) el servicio no ha funcionado, y iii) el servicio ha funcionado de forma tardía. Así mismo, se destaca que el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. Así se ha expresado:
“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la Administración de Justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia, aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”.

Conforme a lo expuesto, debe indicarse, además, que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, por regla general, de carácter subjetivo, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional.

Así, se puede señalar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: i) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia; ii) puede provenir de funcionarios judiciales, particulares en ejercicio de facultades jurisdiccionales y empleados, agentes o auxiliares de la justicia; iii) comprende un funcionamiento defectuoso o anormal que se proyecta por fuera de los estándares de funcionamiento del servicio, lesionando el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva; y, iv) se manifiesta de tres formas, a saber, la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente.

3.2.3. Defectuoso funcionamiento por mora en la adopción de decisiones judiciales. Prescripción de la acción penal.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en la toma de decisiones judiciales, se debe recordar que la Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia en el artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 228 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial.

Así mismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, reconoce el derecho del acusado “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, como garantía básica del debido proceso, prerrogativa que es aplicable a procesos de otra índole, de conformidad con la jurisprudencia del Comité Internacional de Derechos Humanos.

Ahora bien, en relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión judicial está justificado o no, como elemento base parta activar el régimen de responsabilidad explicado, esta Corporación ha sostenido que se deben observar diversos factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo del despacho y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial, y las especificidades de cada trámite judicial incluido el análisis de factores exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en general circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los procesos y su duración: :

“Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla” (se destaca).

Así las cosas, la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la prescripción de la acción penal, no corresponde por sí misma en una premisa que se estatuya como causa generadora de un daño atribuible al Estado y las autoridades a las que se las encomendado la tarea de investigar y sancionar el delito pues para ello se requiere un cúmulo de circunstancias en las que se debe valorar la efectiva presencia de una conducta activa u omisiva reveladora de una falla en el servicio, pues en esta materia, este título de imputación se establece como régimen idóneo y necesario para activar el mandato constitucional fijado en el artículo 90 de la carta política.

Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción y diligencia de las autoridades judiciales, para actuar en un plazo razonable puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, pues, no todo procedimiento que se prolongue en el tiempo más allá de las previsiones legales puede calificarse automáticamente como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas circunstancias ajenas al operador judicial.
Con este marco conceptual y con fundamento en las pruebas a las cuales se hizo referencia antes, el análisis de la responsabilidad de la Rama Judicial reclamada por el señor Néstor Edilson Cortes solo procede a partir de la revisión de las atribuciones que tienen los operadores judiciales en desarrollo del procedimiento penal reglado en la Ley 600 de 2000, Código oponible a los hechos de la presente acción, respecto del plazo razonable que se le otorga para clausurar el análisis de la responsabilidad del sindicado y proferir decisión de fondo, así como, a la luz de las circunstancias justificantes que pueden acaecer en el trámite procesal, bajo la realidad de la administración de justicia.Todo lo anterior, de conformidad con los argumentos esgrimidos en la demanda que le imputan a la demandada: i) haber procedido de manera ineficaz y negligente en las actuaciones del proceso y ii) haber provocado la terminación anormal del mismo.

En este punto es necesario precisar que, como en el presente asunto no fue adjudicada pretensión alguna en contra de la Fiscalía General de la Nación, solo pueden ser objeto de estudio las actuaciones llevadas a cabo durante la etapa de juzgamiento a cargo de los despachos judiciales a cuyo cargo estuvo la definición de la causa criminal.

En este orden de ideas, el material probatorio revela que el 19 de marzo de 2004 fue proferida la resolución de acusación y el 4 de noviembre de 2004 se repartió el proceso penal adelantado en contra del señor José Darío Cortés Orjuela por el delito de inasistencia alimentaria y el 7 de diciembre siguiente el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Penal Municipal de Bogotá avocó conocimiento y corrió traslado por el término de 15 días a los sujetos procesales, en virtud del artículo 400 de la Ley 600 de 2000.

En cuanto a la celebración de la audiencia preparatoria, si bien se acreditó que ésta se llevó a cabo por fuera del término dispuesto en el artículo 401 ibídem, en tanto que se celebró el 28 de julio de 2005, sin la presencia del procesado y de su abogado defensor, lo cierto es que la causa principal para que esto ocurriera fue la inasistencia reiterada de los mencionados sujetos procesales, quienes, a pesar de ser debidamente notificados sobre la fecha de celebración de la referida audiencia preparatoria, sin justificación alguna no comparecieron al despacho judicial para su realización, razón por la cual dicha audiencia se tuvo que reprogramar por lo menos en tres (3) oportunidades, a tal punto que, en la última de ellas, se llevó a cabo sin la presencia del sindicado y de su abogado defensor.

Al respecto, huelga precisar que durante este interregno el juzgado penal se mantuvo activo y atento a lograr la notificación del encausado y de su abogado defensor, sin pronunciamiento alguno por parte de los denunciantes para impulsar el proceso, ni proponer otra opción para lograr la notificación y comparecencia de la contraparte.

En el caso de la audiencia pública, está demostrado que se presentó el mismo obstáculo para su celebración, esto es la inasistencia por parte del acusado y de su defensor, por cuanto, solo pudo llevarse a cabo hasta el 27 de noviembre de 2006, luego de por lo menos cuatro (4) intentos, tiempo en el cual el juzgado de conocimiento libró varios despachos comisorios al Juzgado Penal Municipal de Chiquinquirá para que notificara a la pasiva, a tal punto que, debido a las inasistencias frecuentes e injustificadas del sindicado y de su apoderado, compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara la conducta y las actuaciones del abogado de confianza del procesado y debió continuar la actuación con un defensor de oficio.

Ahora, si bien se acreditó que dicha audiencia no se pudo realizar en dos oportunidades que no pueden atribuirse al sindicado y su apoderado, esto es, la participación del Juez a cargo del proceso en un curso organizado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la reasignación de juzgado, en cumplimiento del acuerdo PSAA07-4084 del 22 de junio de 2007, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que ninguna de dichas circunstancias incidió de manera significativa en la realización de dicha audiencia en la proporción en la que lo hizo las inasistencias reiteradas e injustificadas del sindicado y de su abogado defensor, pues, en la primera de las circunstancias descritas, la audiencia se reprogramó para el 5 de diciembre de 2005, esto es a los 25 días de la fecha inicialmente establecida y el envío del proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de Pulí (Cundinamarca) se hizo dentro de un término razonable.

Ahora, a pesar de que en el expediente no obra prueba alguna de las actuaciones surtidas durante el trámite de la segunda instancia de la causa penal, está demostrado que, mediante providencia del 30 de abril de 2008 el Juzgado Promiscuo Municipal de Pulí (Cundinamarca) condenó al señor José Darío Cortés Orjuela a 18 meses de prisión y al pago de 10 salarios mínimos mensuales legales, por el delito de inasistencia alimentaria, decisión que fue impugnada por el condenado el 23 de julio siguiente y el 15 de octubre de 2009 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá se abstuvo de resolver el recurso de apelación y declaró la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, es posible inferir que el trámite de la segunda instancia duró un año y 13 días -teniendo en cuenta que el 2 de septiembre de 2008 fue repartido el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá-, sin que se evidencien dilaciones injustificadas por parte de la demandada, así mismo, no se demostró que la parte actora hubiere presentado impulsos procesales que permitieran evidenciar el turno en que entró el proceso al despacho para fallo. Lo anterior, sin perjuicio de considerar que, el turno para fallo es inalterable y su falta de acatamiento constituye falta disciplinaria.

Vistas así las cosas, resulta evidente que el defecto imputado por la parte actora a la pasiva, resulta infundado, pues, la demora de aproximadamente cuatro (4) años para proferir sentencia de primera instancia resulta atribuible a la conducta del sindicado, esto es el señor José Darío Cortés Orjuela, quien en concierto con su abogado optaron por extender los términos, al no notificarse oportunamente de las decisiones y no asistir a las audiencias programadas por los despachos judiciales, de ahí que, no se le pueda adjudicar la dilación del proceso a la actuación de la demandada, la cual, como se evidenció, fue diligente y activa durante el proceso, tanto así que ante las maniobras dilatorias de los referidos sujetos procesales decidió compulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que investigara las actuaciones del abogado defensor y procedió a asignarle al sindicado un defensor de oficio con el que finalizó el proceso penal.

Desde esta perspectiva, recuerda la Sala que en concordancia con los definido por esta alta corporación Judicial, la Corte Constitucional ha manifestado que el mero incumplimiento de los plazos en el desarrollo del proceso no constituye por sí mismo violación de los derechos fundamentales, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impiden al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión, es decir que, la mora judicial sólo se justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley, como ocurrió en el sub lite en el que, como consecuencia de las conductas dilatorias del encausado y su abogado defensor se prolongaron durante un período considerable las audiencias y diligencias que se debían llevar a cabo durante el proceso penal.

Así, en consideración a que se acreditó que la dilación de la etapa de juzgamiento durante aproximadamente cuatro (4) años no se debió a una falla en el servicio imputable a la demandada y que, en cambio, se demostró que dicha demora se produjo por la conducta del señor Cortés Orjuela y de su abogado defensor, la cual, sin lugar a dudas, incidió de manera determinante en que se prolongaran los términos en que debían realizarse las audiencia judiciales y, por ende a que prescribiera la acción penal, se confirmará la decisión recurrida.

Por otra parte, y sin desatender la solución final del caso, en relación con el delito de inasistencia alimentaria, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse en diversas ocasiones, en las que ha explicado cuál es su naturaleza, el bien jurídico protegido y la finalidad de adelantar un proceso penal por esta infracción. Así pues, en sentencia C-984 del 13 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional, al realizar el estudio de constitucionalidad del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, reiteró (transcripción literal):

“(…) el fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y su finalidad es la subsistencia de los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma  acusada es la familia y no el patrimonio. A pesar de que dicha obligación se traduce, finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario.

“El artículo 28 de la Constitución que prohíbe la sanción privativa de la libertad "por deudas", se refiere a las obligaciones meramente patrimoniales, en las que el obligado que insatisface un crédito, vulnera los bienes materiales del acreedor. En la inasistencia alimentaria, se reitera, no se pone en riesgo el patrimonio del beneficiario sino su propia subsistencia. De ahí que la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, o "Pacto de Costa Rica", en el artículo 7 numeral 7 excluya de la prohibición de detención por deudas, a quien incumple los deberes alimentarios:

‘Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios’.

“Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último cargo está llamado a prosperar”.

De esta manera, en virtud del principio constitucional de solidaridad, se concluye que la finalidad del tipo penal de inasistencia alimentaria no es proteger el bien jurídico del patrimonio de la persona beneficiaria de los alimentos, sino de la familia como “núcleo fundamental de la sociedad”, es decir, que lo que se cuestiona con el tipo penal es la afectación de las relaciones familiares.

De otra parte, la Corte también se pronunció respecto de la posibilidad de suspender e incluso desistir del proceso penal, ante un eventual acuerdo de las partes que permitiera garantizar la protección de los derechos del menor. En ese sentido a través de la sentencia C-141 de 2001, afirmó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):

“El artículo 136 del Código del Menor prevé que: ‘(…). El acta de conciliación y el auto que la apruebe, prestarán mérito ejecutivo mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en la ley.’ Adicionalmente, la ley prevé la posibilidad de iniciar un proceso penal en contra del quien incumple una obligación alimentaria, y la conducta se castiga con arresto y multa (art. 263 del Código Penal); específicamente cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria es un menor (…).

“(…). En el contexto del proceso que se estudia, esta figura [la conciliación] cumple una doble función: por una parte, es una advertencia a quien falta a su obligación alimentaria ya que, una vez el representante del menor desiste, y con ello extingue la acción penal iniciada en contra del infractor (art. 77 Código Penal), tiene una oportunidad para reparar su comportamiento delictivo, y asumir las responsabilidades que tiene para con el menor. Obviamente esta medida busca la efectividad del cumplimiento de la obligación alimentaria, pues el imputado o procesado es consciente de que existe una investigación o un proceso en su contra (existe el riesgo de terminar en la cárcel) pero aún conserva su libertad para trabajar y así satisfacer las necesidades del menor a quien debe alimentos: de ninguna manera es útil al menor desprotegido, que aquella persona responsable de ver por sus necesidades se encuentre privada de la libertad y por eso, más se guardan sus intereses si se da libertad a aquél, aunque sea temporalmente y con la amenaza inminente de un proceso penal, para que cumpla lo que le corresponde”.

“En el evento de continuar o reincidir en el incumplimiento, nuevamente es posible acudir a la justicia; como ya se ha reiterado, en sus fallos la Corte pretendió aumentar la posibilidad de iniciación de acciones penales en defensa de los menores (…), y esta vez el caso se llevará adelante hasta sus últimas consecuencias - cárcel, multa, antecedentes penales -porque, como lo dice la norma, ese desistimiento sólo es posible por una vez” (se destaca).

Ante tal panorama, esta Subsección destaca que, si bien el proceso penal iniciado por la comisión del delito de inasistencia alimentaria pretendía conminar al infractor de la ley para que realizara el pago de los alimentos, lo cierto es que la conclusión del proceso, como ultima ratio, devenía en una sentencia con pena privativa de la libertad y una multa por la comisión del delito, pero no en un mecanismo jurídico para exigir, obligar o garantizar el pago de la deuda, debido a que, para ello, en virtud de los artículos 136 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) y 36 del Decreto 1818 de 1998, existía la competencia los procesos ejecutivos civiles que, por su naturaleza, permitían perseguir el pago de las sumas adeudadas.

De este modo, examinadas en conjunto las actuaciones desplegadas dentro del proceso penal que sirvió como fundamento de la presente acción y las normas aplicables al asunto, aunado a los razonamientos que en extenso se han indicado, para la Sala no se evidencia el perjuicio que, según la parte actora, le causó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido la Rama Judicial, al declarar la prescripción del proceso penal, puesto que los demandantes, en virtud del acuerdo en el cual se fijó la cuota de alimentos pagadera a la cuenta de ahorros 0119350110474 de Colmena, tenían la posibilidad de reclamar las sumas adeudadas a partir del trámite de procesos ejecutivos adelantados ante la jurisdicción civil, por cuanto aquéllas correspondían a una obligación periódica, que no se agotaban en un solo momento, sino que se renovaban en el tiempo, por tanto, se debían de manera sucesiva.

Asimismo, se advierte que no le asiste razón al recurrente al afirmar que el resultado del proceso penal no puede verse como incierto, puesto que en la primera instancia había sido condenado el señor José Darío Cortés Orjuela por el delito de inasistencia alimentaria, por cuanto para la Sala no es posible afirmar que el proceso penal finalizaría con sentencia condenatoria en contra del señor José Darío Cortés Orjuela y, especialmente, que con dicha decisión se le iba a garantizar el pago de las sumas adeudadas al entonces menor Néstor Edilson Cortés Rincón, de modo que el perjuicio alegado, a lo sumo, podría ser entendido como eventual e hipotético y, por ello, no indemnizable.

En consecuencia, se observa que, tal como lo adujo el recurrente, la declaratoria de la prescripción de la acción penal no impedía que el demandante pudiera obtener la indemnización de los perjuicios económicos causados por el sindicado, por cuanto existía la competencia los procesos ejecutivos civiles que, por su naturaleza, permitían perseguir el pago de las sumas adeudadas.

A tono con las razones hasta aquí expuestas, se observa que la parte actora no demostró que la pasiva hubiera incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por retardo injustificado en la adopción de una decisión judicial, que fuera susceptible de indemnización, como tampoco el daño que reclama. En consecuencia, se confirmará la sentencia recurrida, tal como se ha indicado.

3.7. Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de descongestión.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Folio 66 reverso del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 3 al 8 del cuaderno 1. Folios 5 a 6 del cuaderno 1. Folios 11 y 12 del cuaderno 1. Folio 35 del cuaderno 1. Folios 36 a 39 del cuaderno 1. Folio 44 del cuaderno 1. Folios 45 y 46 del cuaderno 1. Folios 48 a 54 del cuaderno 1. Folios 56 a 66 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 68 y 69 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 75 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 77 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 454 del cuaderno 1. En el acta de conciliación extrajudicial 2011-00345 del 19 de diciembre de 2011, se observa que el señor Néstor Edilson Cortés Rincón, mediante apoderado judicial, solicitó audiencia de conciliación extrajudicial con el fin de reclamar “el resarcimiento económico por concepto de perjuicios materiales que no se lograron ejecutar en contra de José Darío Cortés por el delito de inasistencia alimentaria que se dejó prescribir”, obrante a folio 23 del cuaderno de anexos. Folio 25 del cuaderno de anexos. Folio 29 del cuaderno de anexos. Folio 36 del cuaderno de anexos. Folio 68 del cuaderno de anexos. Folios 79 al 82 del cuaderno de anexos. Folio 95 del cuaderno de anexos. Folio 96 y 97 del cuaderno de anexos. Folio 100 del cuaderno de anexos. Folio 101 del cuaderno de anexos. Folios 102 del cuaderno de anexos. Folio 103 del cuaderno de anexos. Folio 106 del cuaderno de anexos. Folio 112 del cuaderno de anexos. Folio 115 del cuaderno de anexos. Folio 116 del cuaderno de anexos. Folio 117 del cuaderno de anexos. Folio 118 del cuaderno de anexos. Folio 127 del cuaderno de anexos. Folio 128 del cuaderno de anexos. Folio 132 del cuaderno de anexos. Folios 133 y 134 del cuaderno de anexos. Folio 135 del cuaderno de anexos. Folio 142 del cuaderno de anexos. Folio 143 del cuaderno de anexos. Folios 146 a 152 del cuaderno de anexos. Folio 154 del cuaderno de anexos. Folios 5 al 21 del cuaderno de anexos. Folio 176 del cuaderno de anexos. Folios 159 al 163 del cuaderno de anexos. Folio 182 del cuaderno de anexos. Folio 183 del cuaderno de anexos. Folio 184 del cuaderno de anexos. Folios 1 a 4 del cuaderno de anexos. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.:

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione. Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
“Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P.Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011
Corte Constitucional, sentencia T-004 del 16 de enero de 1995, reiterada en: sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, rad. 13164, M.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 15 de abril de 2010, rad. 17507, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001 (exp. 13.164), reiterado, entre otras, en sentencia de 15 de abril de 2010 (exp. 17.507). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 14.307. Cf. Hoyos Duque, Ricardo. “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, en: Revista Vasca de la Administración Pública, No. 49, 1997, Pág. 142 y 143. Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Ed. Tecnos, 1986. p. 358. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón; Folio 95 del cuaderno 1.
“Artículo 400. APERTURA A JUICIO. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.
“Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”. Artículo 401. AUDIENCIA PREPARATORIA. Finalizado el término de traslado común, y una vez se haya constatado que la competencia no corresponde a una autoridad judicial de mayor jerarquía, el juez citará a los sujetos procesales para la realización de una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes, donde se resolverá sobre nulidades y pruebas a practicar en la audiencia pública, incluyendo la repetición de aquellas que los sujetos procesales no tuvieron posibilidad jurídica de controvertir. El juez podrá decretar pruebas de oficio”. Idea tomada de la sentencia T-186 de 2017.
“Artículo 136. En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el Defensor de Familia, los Jueces competentes, el Comisario de Familia o el Inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio. En la conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías y demás aspectos que se estimen necesarios.

“El acta de conciliación y el auto que la apruebe, prestarán mérito ejecutivo, mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en la Ley”.
“Artículo 36. En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el Defensor de Familia, los jueces competentes, el Comisario de Familia, o el Inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio. En la conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías y demás aspectos que se estimen necesarios.

“El acta de conciliación y el auto que la apruebe, prestarán mérito ejecutivo mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en la ley (artículo 136 Código del Menor)”.
Según la cuota de alimentos por $40.000 fijada por las partes, además de lo manifestado por el sindicado (José Darío Cortés Orjuela) en la indagatoria presentada el 26 de agosto de 2003 ante la Fiscalía 31 Local de Chiquinquirá, obrante a folios 32 a 35 del cuaderno de anexos.
El proceso ejecutivo de alimentos es de carácter civil y se adelanta ante el juez de familia competente, a través de éste se busca obtener el pago de la cuota de alimentos a partir del embargo de bienes y derechos del progenitor obligado a brindar alimentos.
En el mismo sentido véase la Sentencia del 16 de mayo de 2019 (Exp.51.326) proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección “A”.

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