Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02637-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02637-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02637-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02637-01
Demandantes: Cristian Fernando Cándelo Martínez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Privación de la libertad. Falla del servicio por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Dilación
injustificada del proceso penal. Prescripción de la acción penal.
Plazo razonable. Defecto fáctico. Desconocimiento del
precedente. Violación de la Constitución Política.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora contra la Sentencia de
19 de mayo de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 8 de abril de 2026, el señor Cristian Fernando Cándelo Martínez y Myriam
Martínez Montenegro, a través de apoderado, presentaron acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa No.
76001-33-33-016-2022-00242-01.
2. A título de amparo, solicitaron que se dejara sin efectos la Sentencia de 31
de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y,
en consecuencia, profiriera una sentencia de reemplazo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
manifestó que el 20 de octubre de 2022 radicó, junto con otros 1 , demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que
se las declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios
materiales e inmateriales ocasionados con motivo de la privación de la libertad y de
1 «Sorley Tascón Bolaños, Beatriz Eugenia Tascón Bolaños, Yeison Alexander Tascón Bolaños, Karina Andrea
Ordóñez Tascón, Diego Armando Casañas Martínez, Sugey Martínez Borrero, Luis Alirio Martínez Borrero y
Natividad Montenegro.»
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Demandantes: Cristian Fernando Cándelo y otro
la mora judicial derivada de la declaratoria de prescripción del proceso penal
seguido contra el señor Cristian Fernando Cándelo Martínez.
4. El 28 de noviembre de 2024, el Juzgado 16 Administrativo de Cali negó las
pretensiones de la demanda al considerar que correspondía a la parte actora
demostrar y precisar cuál había sido la omisión en que incurrieron las autoridades
durante el trámite del proceso penal, pues, de lo contrario, no resultaba posible
establecer si se presentó una dilación injustificada. Indicó que no podía concluirse
que las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal hubieran sido
inapropiadas, contrarias a derecho o dictadas con arbitrariedad, falta de
proporcionalidad o capricho por parte de quienes las profirieron. Agregó que las
decisiones y medidas adoptadas, incluida la detención preventiva, no fueron injustas
y, por el contrario, obedecieron a la concurrencia de los requisitos previstos en el
estatuto procesal penal vigente. Sostuvo que, si bien el proceso penal concluyó por
la prescripción de la acción penal, esa circunstancia, por sí sola, no convertía en
injusta la restricción de la libertad del demandante.
5. El 3 de diciembre de 2024, la parte actora y otros interpusieron recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, por considerar que el juzgado
omitió pronunciarse sobre la grave falla del servicio derivada de la declaratoria de
prescripción de la acción penal, la cual obedeció al deficiente funcionamiento del
aparato judicial que permitió el vencimiento de los plazos máximos previstos para el
enjuiciamiento. Señalaron que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga
compulsó copias a los jueces de conocimiento que intervinieron en el proceso penal,
debido a las demoras irrazonables presentadas durante el trámite, las cuales
ocasionaron que transcurrieran más de 10 años entre la formulación de la acusación
y la expedición de la sentencia de primera instancia.
6. El 31 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la Sentencia de 28 de noviembre de 2024 al considerar que el recurso de
apelación no cuestionó la decisión relativa a la inexistencia de una privación injusta
de la libertad, sino que se limitó a expresar su desacuerdo porque el juez de primera
instancia no se pronunció sobre la alegada falla del servicio derivada de la
declaratoria de prescripción de la acción penal, que atribuyó al deficiente
funcionamiento del aparato judicial. Sostuvo que el material probatorio obrante en
el expediente era insuficiente para analizar la imputación de la presunta mora
atribuida a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, toda vez que no
se encontraba acreditada la totalidad de las providencias proferidas durante el
trámite del proceso penal, lo que impedía verificar la existencia de un retardo
injustificado. Advirtió que el desconocimiento del plazo razonable no podía
examinarse desde la perspectiva de un Estado ideal, sino a partir de la realidad de
la administración de justicia, caracterizada, entre otros factores, por los graves
problemas de congestión que enfrenta.
7. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto fáctico por omisión
en la valoración de pruebas determinantes, en cuanto las irregularidades
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documentadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga evidenciaban una
tardanza judicial irrazonable. Señaló que la afirmación del Tribunal según la cual
«resulta imposible determinar cuál fue el comportamiento procesal de las partes y
los jueces que conocieron del proceso penal, respecto del cual se puedan
determinar las posibles causas que llevaron a la dilación del mismo» era una
conclusión abiertamente contraria a las pruebas obrantes en el expediente y
configuraba el defecto alegado, máxime cuando prescindió de valorar las pruebas
documentales que acreditaban de manera inequívoca que la mora judicial obedeció
al funcionamiento irregular del aparato judicial.
8. Indicó que el Tribunal también incurrió en desconocimiento del precedente,
en la medida en que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 13
de agosto de 2021 con radicado No. 25000-23-26-000-2012-00004-01, reconoció la
configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia con
ocasión del desconocimiento del plazo razonable.
9. Expuso que el Tribunal incurrió en una violación directa de la Constitución
al desconocer las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, instrumento que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano en
virtud del artículo 93 de la Constitución. Afirmó que la autoridad judicial omitió
realizar el análisis del plazo razonable conforme a los estándares interamericanos,
pese a que la demanda invocó expresamente dicha Convención. Agregó que
también se solicitó el estudio del plazo razonable de acuerdo con el criterio
desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado para determinar la
configuración del daño antijurídico y la consecuente responsabilidad del Estado.
Intervenciones2
10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación
del trámite de tutela y, en su lugar, la vinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali, al considerar que esta fue la autoridad que
intervino en el proceso ordinario en representación de la Rama Judicial.
11. Indicó que la acción de tutela debía negarse, por cuanto los argumentos
expuestos por la parte actora carecían de vocación de prosperidad, ya que de su
análisis no se advertía que el Tribunal hubiera incurrido en vulneración alguna de
las garantías fundamentales invocadas. Añadió que la acción constitucional
pretendía reabrir un debate ya definido y modificar una decisión adoptada por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, debidamente ejecutoriada y amparada
por el principio de cosa juzgada. Sostuvo que la tutela fue concebida para la
protección de los derechos fundamentales y no como una instancia adicional dentro
de los procesos ordinarios.
2 Mediante Auto de 15 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y vinculó al Juzgado 16 Administrativo de Cali, a Sorley Tascón Bolaños,
Beatriz Eugenia Tascón Bolaños, Yeison Alexander Tascón Bolaños, Diego Armando Casañas Martínez, Sugey
Martínez Borrero; Luis Alirio Martínez Borrero, Natividad Montenegro, Karina Andrea Ordóñez Tascón, a la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.
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12. El Juzgado 16 Administrativo de Cali envió el enlace del expediente digital
de proceso ordinario.
13. La Fiscalía General de la Nación alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva al considerar que no existía relación de causalidad entre sus actuaciones
y la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, la cual atribuía a la actuación u omisión de la autoridad judicial accionada.
14. Indicó que no se evidenciaba vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados y que, por el contrario, la acción de tutela se utilizaba
como un mecanismo para reabrir un debate jurídico ya definido mediante una
decisión ejecutoriada. Agregó que, en el presente asunto, no se advertía que la
sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de reparación directa
hubiera vulnerado las garantías fundamentales de la parte actora.
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sorley Tascón Bolaños,
Beatriz Eugenia Tascón Bolaños, Yeison Alexander Tascón Bolaños, Diego
Armando Casañas Martínez, Sugey Martínez Borrero, Luis Alirio Martínez Borrero,
Natividad Montenegro y Karina Andrea Ordóñez Tascón guardaron silencio.
Sentencia impugnada
16. El 19 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, tras aclarar
que su vinculación al trámite de tutela obedeció a su condición de terceros con
interés, en garantía de sus derechos de defensa y contradicción, dado que
integraron la parte demandada dentro del proceso que dio lugar a la providencia
objeto de reproche.
17. Negó el amparo solicitado por la parte actora al considerar que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca sí abordó expresamente el cargo relacionado con
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, pues
expuso el régimen jurídico y la jurisprudencia aplicables, identificó los elementos
que estructuraban ese título de imputación y precisó que correspondía a la parte
demandante acreditar la existencia de una actuación tardía e injustificada, así como
los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad al Estado.
18. Indicó que los cuestionamientos formulados por la parte actora no
evidenciaban una omisión en la valoración del material probatorio, sino una
discrepancia con las conclusiones a las que arribó el juez natural respecto de su
alcance demostrativo. Explicó que la Sentencia de 31 de octubre de 2025 no
desconoció la existencia de la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Buga ni la declaratoria de prescripción de la acción penal; por el
contrario, concluyó que tales elementos, por sí solos, no permitían acreditar los
presupuestos necesarios para estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado
por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
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19. Advirtió que tampoco se configuraba un desconocimiento del precedente
judicial, por cuanto la sentencia cuestionada identificó los criterios jurisprudenciales
aplicables a los eventos de mora judicial y explicó por qué, a partir del material
probatorio disponible, no era posible verificar los elementos exigidos para declarar
la responsabilidad del Estado. Precisó que no se incurrió en una violación directa
de la Constitución, pues, aunque la parte actora sostenía que se desconoció el
derecho al plazo razonable, lo cierto era que la providencia cuestionada examinó la
alegada tardanza judicial injustificada y concluyó que el acervo probatorio no
permitía arribar a esa conclusión. Estimó que la discrepancia recaía sobre la
valoración probatoria efectuada por el Tribunal y no sobre la inaplicación de normas
constitucionales o convencionales.
20. Concluyó que el hecho de que la providencia objeto de tutela no hubiera
resultado favorable a la parte actora no significaba, por sí solo, el desconocimiento
de sus derechos fundamentales. Agregó que tampoco era admisible utilizar la
acción de tutela como una instancia adicional con el propósito de reabrir el debate
jurídico surtido dentro del proceso de reparación directa y obtener un
pronunciamiento acorde con sus intereses y pretensiones.
Impugnación
21. El 1 de julio de 2026, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia al
considerar que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en un error al calificar como una mera discrepancia valorativa lo que, en
realidad, constituía una omisión total en la valoración probatoria. Afirmó que no se
trataba de pedirle al juez de tutela que sustituyera al Tribunal en la apreciación del
alcance demostrativo de las pruebas, sino que constatara que esa autoridad judicial
declaró la inexistencia de un elemento de juicio que sí obraba en el expediente y
que evidenciaba la mora judicial injustificada en que se incurrió durante el trámite
del proceso penal, al punto de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga
ordenó compulsar copias contra los jueces de conocimiento.
22. Manifestó que la sentencia de primera instancia tampoco analizó si el
Tribunal ignoró la prueba trasladada del proceso penal que obraba en el expediente,
así como el pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga
mediante el cual compulsó copias contra los jueces de conocimiento por la tardanza
irrazonable en el trámite del proceso. Sostuvo que dicha omisión encajaba en la
causal contemplada en la Sentencia SU-448 de 2016 de la Corte Constitucional,
conforme a la cual el defecto fáctico se configura cuando el funcionario judicial
«omite la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».
23. Sostuvo que el fallo impugnado descartó el cargo relacionado con la
presunta violación directa de la Constitución sin efectuar un análisis autónomo a la
luz de los estándares interamericanos, pese a la relevancia constitucional que
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revestía el asunto. Señaló que ni el juez de tutela ni el Tribunal realizaron el análisis
del plazo razonable, aun cuando tanto en la demanda como en la acción de tutela
se invocó expresamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así
como el criterio desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto
del plazo razonable como parámetro para determinar la producción de un daño
antijurídico y la consecuente responsabilidad del Estado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, al incurrir en
los defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y de violación directa de la
Constitución que se le atribuyen en la Sentencia de 31 de octubre de 2025, proferida
dentro del proceso de reparación directa No. 76001-33-33-016-2022-00242-01.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La Sala advierte que, en el escrito de impugnación, no se formularon
reparos concretos frente al análisis efectuado por el juez de primera instancia
respecto de la procedencia de la acción de tutela. Además, revisado nuevamente el
expediente, se observa que se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad del mecanismo constitucional. En consecuencia, se abordará el
estudio de fondo de los argumentos planteados por la parte actora.
Análisis de la vulneración alegada: estudio de defecto
27. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de
amparo incoado por Cristian Fernando Cándelo y Myriam Martínez Montenegro, por
las razones que pasan a explicarse:
28. En primer lugar, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca incurrió en un defecto fáctico por omisión, al considerar que no era
posible determinar las causas de la mora judicial que condujo a la declaratoria de
prescripción de la acción penal, pese a que en el expediente obraban pruebas que,
en su criterio, demostraban de manera inequívoca la existencia de una dilación
injustificada, entre ellas, la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal
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Superior de Buga mediante la cual se declaró la prescripción de la acción penal y
se ordenó compulsar copias contra los jueces que intervinieron en el proceso penal.
29. Pues bien, de la lectura integral de la Sentencia de 31 de octubre de 2025
se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no omitió pronunciarse
sobre la alegada falla del servicio derivada del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, sino que abordó expresamente ese título de imputación,
expuso el régimen de responsabilidad aplicable y precisó que, al tratarse de un
supuesto de mora judicial, correspondía a la parte demandante acreditar los
elementos que permitieran establecer la existencia de un retardo injustificado
imputable a las entidades objeto de reproche.
30. Con fundamento en ese criterio, el Tribunal concluyó que el material
probatorio era insuficiente para reconstruir integralmente el trámite penal y
establecer si la duración del proceso obedeció a una mora injustificada atribuible a
las entidades demandadas. Asimismo, señaló que no obraban las actuaciones
derivadas de la compulsa de copias ordenada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Buga, razón por la cual tampoco era posible establecer si de ese trámite
podía derivarse la responsabilidad patrimonial cuya declaratoria se pretendía.
31. Igualmente, el Tribunal destacó que el análisis del plazo razonable no podía
efectuarse desde la perspectiva de un funcionamiento ideal de la administración de
justicia, sino a partir de las condiciones reales en que esta presta el servicio, entre
ellas, los problemas estructurales de congestión judicial. A partir de esa
consideración concluyó que la parte demandante no cumplió con la carga de
acreditar las circunstancias fácticas necesarias para establecer la configuración de
una mora judicial injustificada, ni los presupuestos que permitieran imputar al Estado
el daño cuya reparación reclamaba.
32. De este modo, la providencia cuestionada no desconoció la existencia de la
decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga ni el hecho de
que el proceso penal hubiera culminado por prescripción de la acción penal. Por el
contrario, partió de tales circunstancias para concluir que esos elementos,
apreciados de manera aislada, no resultaban suficientes para demostrar el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en tanto no permitían
reconstruir integralmente el desarrollo del proceso penal ni identificar las causas
concretas que condujeron a la prolongación de la actuación judicial.
33. Ahora bien, tampoco resulta acertado afirmar que la sola circunstancia de
que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga hubiera ordenado compulsar copias
contra los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso penal constituya,
por sí misma, una demostración concluyente de la existencia de una mora judicial
injustificada generadora de responsabilidad patrimonial del Estado. En efecto, la
compulsa de copias corresponde a una medida encaminada a poner en
conocimiento de las autoridades competentes posibles irregularidades que ameritan
verificación, pero no comporta una declaración definitiva acerca de la existencia de
una actuación negligente ni releva a quien pretende la reparación de acreditar los
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elementos fácticos necesarios para estructurar el correspondiente juicio de
imputación. Por ello, aun cuando dicho elemento podía ser valorado dentro del
conjunto probatorio, el Tribunal no estaba obligado a tenerlo como prueba suficiente
de la falla alegada ni a derivar automáticamente de él la responsabilidad cuya
declaratoria se perseguía.
34. En ese contexto, la Sala considera que el desacuerdo planteado por la parte
actora no recae sobre una verdadera omisión en la apreciación del material
probatorio, sino sobre las conclusiones a las que arribó el juez ordinario respecto de
su suficiencia para acreditar la mora judicial alegada, y de esta un eventual daño
imputable al Estado. En otras palabras, el Tribunal sí examinó el acervo probatorio
obrante en el expediente y, con fundamento en él, explicó las razones por las cuales
estimó que no era posible estructurar el juicio de responsabilidad patrimonial
pretendido. Por consiguiente, el reproche formulado por los accionantes pretende
cuestionar el valor demostrativo que el juez atribuyó a las pruebas y no la ausencia
absoluta de valoración de un elemento de juicio determinante.
35. Debe recordarse que el defecto fáctico por omisión únicamente se configura
cuando el funcionario judicial prescinde injustificadamente del examen de una
prueba determinante para la solución del litigio, de manera que esa omisión resulte
trascendental en la decisión adoptada. No obstante, dicha causal no se configura
cuando la inconformidad del accionante se dirige a discutir el alcance demostrativo
atribuido por el juez a las pruebas regularmente incorporadas al proceso, pues la
acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir el debate
probatorio ni para sustituir la valoración efectuada por el juez competente.
36. Así las cosas, puesto que la providencia cuestionada contiene una
motivación expresa sobre el material probatorio aportado al proceso y explica las
razones por las cuales lo estimó insuficiente para acreditar la existencia de una mora
judicial injustificada, no es posible concluir que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca hubiera incurrido en una valoración arbitraria, caprichosa o
manifiestamente irrazonable de las pruebas. En consecuencia, no se configura el
defecto fáctico alegado.
37. La parte actora también sostuvo que la autoridad judicial accionada
desconoció el precedente contenido en la Sentencia de 13 de agosto de 2021,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso con
radicado No. 25000-23-26-000-2012-00004-01, al considerar que en dicha
providencia se desarrollaron los criterios para establecer la responsabilidad
patrimonial del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia derivado del desconocimiento del plazo razonable y de la consecuente
prescripción de la acción penal.
38. Al revisar el precedente invocado, la Sala advierte que dicha providencia
resolvió una acción de reparación directa promovida con ocasión de la prescripción
de un proceso penal adelantado por el delito de inasistencia alimentaria. En esa
oportunidad, la Sección Tercera efectuó un examen integral del expediente penal y
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reconstruyó cronológicamente cada una de las actuaciones surtidas durante la
etapa de juzgamiento, con el propósito de establecer si la prolongación del proceso
obedeció a una actuación negligente de la Rama Judicial o, por el contrario, a
circunstancias ajenas a su actuación. Con fundamento en el acervo probatorio,
constató que la mayor parte de los aplazamientos obedecieron a las reiteradas
inasistencias del procesado y de su apoderado, que los despachos judiciales
impulsaron permanentemente la actuación, adoptaron medidas para garantizar la
comparecencia de los sujetos procesales, compulsaron copias por las conductas
dilatorias advertidas e, incluso, designaron un defensor de oficio para evitar la
paralización del proceso. En consecuencia, concluyó que la prescripción de la
acción penal no era suficiente, por sí sola, para estructurar la responsabilidad del
Estado, pues la prolongación del proceso no obedeció a una actuación negligente
de la Rama Judicial, sino principalmente a las maniobras dilatorias desplegadas por
el procesado y su defensor.
39. El supuesto fáctico del presente asunto objeto de estudio difiere
sustancialmente del precedente invocado. En efecto, la sentencia cuestionada no
negó la posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia cuando se acredita una
mora judicial injustificada. En su lugar, reconoció que ese constituye el régimen
jurídico aplicable y expuso los criterios jurisprudenciales que gobiernan dicha
modalidad de responsabilidad. Sin embargo, concluyó que el material probatorio
incorporado al proceso de reparación directa era insuficiente para reconstruir el
trámite del proceso penal y establecer las causas que condujeron a la prolongación
de la actuación, toda vez que no obraba la totalidad de las providencias proferidas
durante ese trámite ni los demás elementos de juicio necesarios para determinar si
existió un retardo imputable a las entidades demandadas. Es decir, la decisión no
descansó en una interpretación distinta del precedente, sino en la insuficiencia del
acervo probatorio para verificar los presupuestos fácticos que permitían aplicar ese
régimen de responsabilidad.
40. En esas condiciones, la Sala considera que no se configura el
desconocimiento del precedente alegado por la parte actora. La Sentencia de 13 de
agosto de 2021 no estableció una regla según la cual la sola declaratoria de
prescripción de la acción penal conduce a declarar la responsabilidad del Estado,
sino que reiteró la necesidad de verificar, en cada caso concreto, si la demora
obedeció a un funcionamiento anormal de la administración de justicia, para lo cual
resulta indispensable contar con los elementos probatorios que permitan reconstruir
el desarrollo de la actuación judicial y determinar las causas de la dilación. Lejos de
apartarse de esa regla jurisprudencial, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
partió del mismo entendimiento jurídico, pero concluyó que el material probatorio
disponible no permitía verificar los presupuestos fácticos necesarios para aplicar
ese régimen de responsabilidad. En consecuencia, no existía identidad fáctica entre
ambos asuntos que impusiera adoptar la misma decisión, razón por la cual el cargo
no está llamado a prosperar.
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41. Finalmente, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en una violación directa de la Constitución al omitir el análisis del plazo
razonable conforme a los estándares previstos en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, pese a que dicho instrumento fue invocado tanto en la
demanda de reparación directa como en la acción de tutela, circunstancia que, en
su criterio, implicó el desconocimiento del artículo 93 de la Constitución Política3.
42. La Sala tampoco comparte ese planteamiento. Como quedó expuesto en
precedencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí examinó la imputación
relacionada con el presunto defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia por mora judicial y explicó las razones por las cuales consideró que el
material probatorio allegado al proceso resultaba insuficiente para establecer la
existencia de un retardo injustificado atribuible a las entidades demandadas. En
desarrollo de ese análisis, precisó que el estudio del plazo razonable debía
realizarse atendiendo las condiciones reales en que se presta el servicio de
administración de justicia y no desde la perspectiva de un funcionamiento ideal del
aparato judicial, de manera que la sola duración del proceso o la posterior
declaratoria de prescripción de la acción penal no permitían, por sí mismas,
estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado.
43. Adicionalmente, conviene precisar que los estándares desarrollados por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de plazo razonable no
operan en abstracto ni conducen, por sí solos, a la declaración de un funcionamiento
defectuoso de la administración de justicia. La aplicación de dichos parámetros
exige contar con elementos fácticos suficientes que permitan examinar aspectos
tales como la complejidad del asunto, la conducta procesal de las partes, la
actuación de las autoridades competentes y las circunstancias particulares que
incidieron en la duración del proceso. En consecuencia, aun cuando la Convención
Americana sobre Derechos Humanos integra el bloque de constitucionalidad en
virtud del artículo 93 de la Constitución Política, el análisis convencional presupone
la existencia de un soporte probatorio que permita verificar esos criterios en el caso
concreto. Precisamente, la sentencia cuestionada concluyó que el material
probatorio allegado al proceso no permitía reconstruir integralmente el trámite penal
ni establecer las causas de su prolongación, razón por la cual no era posible
determinar si se configuró una vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un
plazo razonable.
44. En esas condiciones, no resulta acertado afirmar que la autoridad judicial
accionada hubiera prescindido por completo del parámetro convencional invocado
3 Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por
la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de
conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en
materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución
tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02637-01
Demandantes: Cristian Fernando Cándelo y otro
por la parte actora. Lo que evidencia la providencia cuestionada es que, luego de
examinar el régimen jurídico aplicable y los elementos de juicio obrantes en el
expediente, concluyó que no se encontraba demostrada una mora judicial
injustificada, presupuesto indispensable para establecer el desconocimiento del
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y, por esa vía, la
responsabilidad patrimonial del Estado.
45. Así las cosas, la inconformidad de la parte actora no deriva de la
inaplicación del artículo 93 de la Constitución Política ni de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, sino del desacuerdo con las conclusiones a
las que arribó el juez ordinario respecto de la suficiencia del material probatorio para
acreditar la falla del servicio alegada. En consecuencia, al no haberse acreditado
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hubiera incurrido en un defecto
fáctico por omisión ni que se hubiera apartado injustificadamente del precedente
judicial invocado, tampoco es posible concluir que la providencia cuestionada
hubiera desconocido los estándares convencionales sobre el plazo razonable o
incurrido en una violación directa de la Constitución. Por ello, al no configurarse
ninguno de los defectos invocados por la parte actora, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado.
Conclusión
46. La Sala confirmará la Sentencia de 19 de mayo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Cristian Fernando Cándelo
Martínez y Myriam Martínez Montenegro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 19 de mayo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02637-01
Demandantes: Cristian Fernando Cándelo y otro
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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