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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01235-00

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01235-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Haylen Karina Velásquez Mercado contra el Tribunal Administrativo de Córdoba-Sala Tercera de Decisión y el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, por no 12 Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01235-00 Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado Acción de tutela – Primera instancia cumplirse el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01235-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01235-00

Accionante: HAYLEN KARINA VELÁSQUEZ MERCADO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B Y
OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Haylen Karina Velásquez
Mercado contra la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección B-, mediante la cual se confirmó, en lo
sustancial, la decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Córdoba-Sala Tercera de Decisión dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la accionante.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 17 de febrero de 2026, por conducto de apoderado judicial, Haylen Karina
Velásquez Mercado formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Córdoba-Sala Tercera de Decisión y el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B, con ocasión de las sentencias proferidas dentro del medio de control

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01235-00
Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Acción de tutela – Primera instancia

de nulidad y restablecimiento del derecho1 promovido contra el acto administrativo
ficto negativo derivado del silencio del municipio de Moñitos frente a la reclamación
de salarios y prestaciones sociales.

En virtud del amparo, la parte accionante solicitó textualmente:

«1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y el derecho fundamental a la igualdad de mi poderdante.

2. Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el Consejo
de Estado derecho radicado bajo el número 23001-23-33-000-2016-00559-01.

3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión en la
que se analice de manera integral la figura del acto administrativo ficto y se resuelva
el fondo del asunto sin aplicar indebidamente la prescripción».

1. Hechos relevantes

La señora Haylen Karina Velásquez Mercado indicó que se vinculó laboralmente al
municipio de Moñitos (Córdoba) mediante el Decreto 283 del 2 de noviembre de
2010, en el cargo de secretaria auxiliar de la Secretaría de Planeación. Expuso que,
posteriormente, por medio del Decreto 013 del 16 de enero de 2012, la entidad
territorial declaró la insubsistencia de su nombramiento. Señaló que, al momento de
su retiro, el municipio no le reconoció ni pagó los salarios y prestaciones sociales
causados durante los años 2011 y 2012, entre ellos primas, cesantías, intereses a
las cesantías y demás emolumentos laborales que consideró legalmente adeudados.

La accionante manifestó que, ante esa omisión, elevó reclamaciones administrativas
los días 3 y 24 de febrero de 2012, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de
las acreencias laborales adeudadas. Afirmó que el municipio de Moñitos guardó
silencio frente a dichas solicitudes, por lo que se configuró un acto administrativo
ficto negativo. Con fundamento en ello, promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que solicitó la declaratoria de nulidad de los actos
fictos o presuntos resultantes del silencio administrativo y, como consecuencia, el
pago de las prestaciones sociales reclamadas, así como de las indemnizaciones y
sanciones moratorias derivadas del no pago oportuno de las cesantías.

1 Proceso identificado con número de radicación: 23001-23-33-000-2016-00559-00/01.

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Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Acción de tutela – Primera instancia

La señora Velásquez Mercado expuso que el proceso fue conocido en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba, autoridad que declaró
parcialmente la nulidad del acto ficto y ordenó el pago de aportes a la seguridad
social, pero declaró prescritas las demás acreencias laborales reclamadas. Indicó
que interpuso recurso de apelación contra esa decisión, en el cual sostuvo, entre
otros aspectos, que el tribunal omitió analizar adecuadamente la figura del acto
administrativo ficto y aplicó indebidamente la prescripción, pese a que, a su juicio,
los actos administrativos fictos podían ser demandados en cualquier tiempo.

Finalmente, manifestó que el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B,
mediante sentencia del 10 de julio de 2025, notificada el 22 de septiembre de 2025,
confirmó en lo sustancial la decisión de primera instancia y reiteró la declaratoria de
prescripción de las acreencias laborales reclamadas.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el acto
administrativo ficto negativo derivado del silencio del Municipio de Moñitos frente a
la reclamación de salarios y prestaciones sociales.

Sostuvo de manera expresa que la providencia cuestionada incurrió en defectos
sustantivo, procedimental y de motivación, los cuales, en su criterio, configuraron
una vía de hecho. No obstante, el desarrollo argumentativo de la demanda se
concentró principalmente en el defecto sustantivo y en el supuesto desconocimiento
del precedente judicial. En ese sentido, afirmó que las decisiones accionadas
aplicaron indebidamente la figura de la prescripción respecto de las acreencias
laborales reclamadas, pues declararon extinguidos esos derechos pese a que, a su
juicio, el artículo 164 numeral 1 literal d del CPACA permite demandar en cualquier
tiempo los actos administrativos fictos o presuntos. Señaló que esa interpretación
trasladó injustificadamente a la accionante las consecuencias de la inactividad de la
administración y vació de contenido la garantía prevista frente al silencio estatal.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01235-00
Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Acción de tutela – Primera instancia

Añadió que las autoridades judiciales omitieron efectuar un análisis autónomo e
integral sobre la existencia y los efectos del acto administrativo ficto negativo, de
modo que el silencio administrativo, en lugar de operar como mecanismo de
protección del administrado, terminó convertido en un obstáculo para el estudio de
fondo de sus pretensiones.

También adujo la vulneración del derecho a la igualdad, por cuanto, en su entender,
las autoridades judiciales se apartaron injustificadamente del criterio adoptado en
otros procesos que presentaban identidad fáctica y jurídica sustancial, en particular
frente a reclamaciones laborales formuladas contra el Municipio de Moñitos con
ocasión de la configuración del mismo silencio administrativo. En apoyo de ese
reparo, aludió al proceso promovido por Claudia Isabel Acosta Meza, identificado con
el radicado 23001-23-33-000-2014-00454-01, conocido en segunda instancia por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B.

3. Trámite procesal

El 23 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
al accionante y a la autoridad judicial accionada, así como al Municipio de Moñitos-
Secretaría de Planeación-Córdoba, en calidad de tercero interesado en el resultado
de la acción. También se dispuso a informar a la autoridad judicial accionada y a los
terceros con interés que, en el término de tres (3) días, podían rendir informe sobre
los hechos objeto de la tutela. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para su eventual intervención y publicar la
providencia en la página web del Consejo de Estado para el conocimiento de quienes
pudieran tener interés en el asunto. Se tuvieron como pruebas los documentos
allegados con la acción de tutela y se solicitó al Tribunal Administrativo de Córdoba-
Sala Tercera de Decisión que remitiera copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho2. Finalmente, se suspendió el término para decidir
mientras se practicaban las pruebas ordenadas y se le reconoció personería a Wilson
Miguel Arguello Argumedo como apoderado de la accionante.

2 Proceso identificado con número de radicación: 23001-23-33-000-2016-00559-00/01.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01235-00
Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Acción de tutela – Primera instancia

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B solicitó3 que se declarara su improcedencia por falta de relevancia
constitucional. Señaló que la inconformidad formulada por la accionante no planteó
una verdadera controversia de orden constitucional, sino un desacuerdo con la
interpretación jurídica acogida en la sentencia del 10 de julio de 2025. En ese sentido,
sostuvo que la tutela no podía convertirse en una instancia adicional para reabrir el
debate resuelto por el juez natural dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por otra parte, se opuso al defecto sustantivo alegado por la parte actora. Expuso
que la providencia cuestionada sí estudió el marco normativo y jurisprudencial
aplicable a la prescripción de los derechos laborales reclamados y que, a partir de
las fechas relevantes del caso, concluyó que había operado la prescripción trienal.
Indicó que se tuvo en cuenta la fecha de desvinculación de la accionante, la
reclamación administrativa presentada el 24 de febrero de 2012, así como la
suspensión del término con ocasión de la solicitud de conciliación prejudicial y su
posterior reanudación, para concluir que la demanda judicial fue presentada cuando
el término ya había vencido. Precisó, además, que esa conclusión no se fundó en
una norma inexistente ni en una interpretación caprichosa, sino en las disposiciones
especiales que regulaban la prescripción de los derechos laborales, en particular los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. Por ello,
afirmó que la sentencia no desconoció el sistema normativo aplicable ni incurrió en
un error ostensible de interpretación.

También sostuvo que en la providencia acusada sí se examinó el argumento
relacionado con el acto administrativo ficto negativo. Sobre ese aspecto, explicó que
la Sala consideró que la reclamación administrativa no bastaba por sí sola para
impedir indefinidamente la prescripción de las acreencias laborales, pues dentro del
término legal correspondiente la interesada debía acudir a la jurisdicción para
obtener la nulidad del acto presunto y el reconocimiento del derecho reclamado.
Desde esa perspectiva, afirmó que la sentencia armonizó el régimen del silencio
administrativo con las reglas especiales sobre prescripción laboral, sin incurrir en
contradicción normativa.

3 SAMAI, índice 13.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01235-00
Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Acción de tutela – Primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba remitió4 vínculo contentivo del expediente
digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No.
23-001-23-33-000-2016-00559-01, junto con las audiencias inicial, de pruebas y de
continuación de pruebas. Asimismo, indicó que esa información fue cargada en el
aplicativo SAMAI y que se habilitó el acceso conforme a lo solicitado por esta
Corporación.

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por
Haylen Karina Velásquez Mercado contra las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Córdoba-Sala Tercera de Decisión y el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho5 promovido contra el acto administrativo ficto negativo derivado del
silencio del municipio de Moñitos frente a la reclamación de salarios y prestaciones
sociales y, en particular, si tales providencias vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

5. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción de tutela con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental6. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que

4 SAMAI, índices 12 y 15.
5 Proceso identificado con número de radicación: 23001-23-33-000-2016-00559-00/01.
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela7.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional8: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada; y (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron

7 Ibidem.
8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

« (…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o
para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

La parte actora sostuvo que las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo
de Córdoba-Sala Tercera de Decisión y por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, porque, en su criterio, aplicaron
indebidamente la figura de la prescripción frente a unas acreencias laborales
reclamadas a partir de la configuración de un acto administrativo ficto negativo.
Afirmó, además, que las autoridades judiciales omitieron efectuar un análisis
autónomo e integral sobre la existencia y efectos de dicho acto y que se apartaron
injustificadamente del criterio adoptado en otros asuntos que, a su juicio,
presentaban identidad fáctica y jurídica sustancial.

No obstante, al examinar el contenido de las sentencias cuestionadas, la Sala
advierte que los reparos formulados por la accionante no revelan, en estricto sentido,
una controversia autónoma de estirpe constitucional, sino una discrepancia con la
manera en que el juez natural resolvió el litigio ordinario. En efecto, la sentencia de
primera instancia declaró la nulidad parcial del acto ficto derivado del silencio de la
administración frente a la petición del 24 de febrero de 2012 y, como consecuencia,
ordenó al Municipio de Moñitos realizar, de ser procedente, los pagos
correspondientes a seguridad social por el tiempo laborado por la actora. Sin
embargo, respecto de los demás emolumentos reclamados, concluyó que había
operado la prescripción trienal, tras efectuar el cómputo del término previsto en los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, con consideración de la reclamación
administrativa y de la suspensión derivada del trámite conciliatorio prejudicial.

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Por su parte, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B delimitó con
claridad el problema jurídico de segunda instancia, consistente en definir si, en el
caso concreto, operó o no el fenómeno de la prescripción y, a partir de ello, si era
procedente ordenar el pago de las acreencias laborales y prestacionales derivadas
de la desvinculación de la demandante. Para resolver ese problema, la Subsección
desarrolló el marco normativo aplicable a la prescripción de los derechos laborales,
examinó los hechos probados y concluyó que la reclamación administrativa
presentada el 24 de febrero de 2012 interrumpió la prescripción por una sola vez y
por un lapso igual, de modo que la interesada debía acudir a la jurisdicción dentro de
los tres años siguientes para obtener el reconocimiento judicial de su derecho.
También precisó que la solicitud de conciliación prejudicial suspendió el término
faltando un año y dieciocho días para su vencimiento, razón por la cual este feneció
el 9 de abril de 2015. Como la demanda fue presentada el 17 de marzo de 2016, la
Sala concluyó que las pretensiones fueron formuladas de manera extemporánea.

Así las cosas, la censura planteada en sede de tutela no logró demostrar que las
providencias reprochadas hubieran incurrido en una actuación arbitraria, caprichosa
o manifiestamente irrazonable. Por el contrario, lo que se observa es que tanto el
Tribunal Administrativo de Córdoba como el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B motivaron de manera expresa sus decisiones y expusieron las razones
jurídicas por las cuales consideraron configurada la prescripción de las acreencias
reclamadas. Incluso, la sentencia de segunda instancia examinó de forma directa el
argumento de la apelante relativo al acto ficto negativo y sostuvo que la sola
presentación de la reclamación en sede administrativa no bastaba para impedir
indefinidamente la prescripción, pues dentro del término legal correspondiente debía
acudirse a la jurisdicción para procurar la nulidad del acto presunto y el consecuente
restablecimiento del derecho.

En ese contexto, el cargo por defecto sustantivo no pasó de expresar una diferencia
de criterio respecto de la interpretación acogida por el juez natural sobre la relación
entre el silencio administrativo negativo y el régimen de prescripción laboral. La parte
actora insistió en que, por aplicación del artículo 164 numeral 1 literal d del CPACA,
el acto ficto podía demandarse en cualquier tiempo y que, por tanto, no resultaba
jurídicamente admisible declarar prescritas las acreencias reclamadas. Sin embargo,

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Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Acción de tutela – Primera instancia

esa tesis fue expresamente considerada y desestimada en la sentencia de segunda
instancia, que optó por armonizar la regla sobre control judicial del acto presunto con
las disposiciones especiales que regulaban la prescripción de los derechos
laborales. De esa sola discrepancia interpretativa no surgió, por sí misma, una
afectación grosera o evidente del debido proceso, sino un desacuerdo con la solución
jurídica adoptada dentro del proceso contencioso administrativo.

Lo mismo ocurrió con el reproche relativo a la presunta ausencia de estudio
autónomo del acto administrativo ficto negativo. Las providencias atacadas no
guardaron silencio absoluto sobre ese punto. La de primera instancia declaró la
nulidad parcial del acto ficto respecto de la petición del 24 de febrero de 2012, y la
de segunda instancia analizó el alcance de ese silencio administrativo dentro del
cómputo de la prescripción. De allí que el cuestionamiento de la actora no se dirigiera
realmente a denunciar una omisión total de pronunciamiento, sino a censurar que el
examen efectuado no condujo a la conclusión favorable que ella esperaba. Ese tipo
de inconformidad permanece en el plano de la legalidad y no adquiere, por sí solo,
dimensión constitucional.

Tampoco el alegado desconocimiento del precedente logró estructurar un problema
de relevancia constitucional. Si bien la accionante aludió al proceso promovido por
Claudia Isabel Acosta Meza, lo cierto es que en la tutela no desarrolló de manera
suficiente las razones por las cuales dicho asunto presentaba identidad fáctica,
jurídica y procesal con el suyo, ni explicó con precisión por qué el eventual
apartamiento carecía de justificación constitucional. En esas condiciones, la simple
referencia a otra decisión que, en su entender, resolvió de manera distinta un asunto
semejante, no fue suficiente para demostrar una vulneración autónoma del derecho
a la igualdad, sino que se mantuvo como una crítica dirigida a la uniformidad o
corrección de la interpretación judicial.

Además, esta Sala observa que la controversia tuvo un contenido
predominantemente patrimonial. En efecto, el litigio ordinario versó sobre el
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, cesantías, intereses e
indemnizaciones moratorias derivadas de la desvinculación de la actora del
Municipio de Moñitos. Aunque ese elemento no excluyó, por sí solo, la procedencia
excepcional del amparo, en este caso sí resultó indicativo de la ausencia de

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relevancia constitucional, porque la demanda de tutela se encaminó, en esencia, a
reabrir la discusión sobre la procedencia material de esas acreencias y sobre la
manera en que debían computarse los términos de prescripción, sin evidenciar una
lesión iusfundamental distinta y autónoma.

De igual forma, no pasó inadvertido para esta Sala que los defectos procedimental y
de motivación fueron apenas enunciados en la demanda de tutela, pero no recibieron
un desarrollo argumentativo propio, claro y suficiente. El escrito de amparo se
concentró, ante todo, en defender una lectura diversa del régimen jurídico aplicable
al caso y en insistir en que el acto ficto debía recibir un tratamiento distinto frente a
la prescripción. Por ello, la argumentación propuesta no permitió advertir una
irregularidad procesal trascendente ni una ausencia de motivación de tal entidad que
comprometiera la validez constitucional de las providencias reprochadas.

En consecuencia, esta Sala concluye que la acción de tutela no superó el requisito
general de relevancia constitucional. Los cargos formulados por la accionante no
evidenciaron una afectación autónoma, grave y manifiesta de derechos
fundamentales derivada de una actuación judicial ostensiblemente arbitraria, sino la
intención de replantear un debate de legalidad ya resuelto por el juez natural en torno
al acto ficto negativo, al cómputo de la prescripción y a la procedencia de unas
pretensiones de contenido económico. Admitir la procedencia del amparo en estas
condiciones equivaldría a convertir la tutela en una instancia adicional para revisar
nuevamente la corrección de las sentencias proferidas dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, finalidad que resulta incompatible con el
carácter excepcional y subsidiario de este mecanismo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Haylen
Karina Velásquez Mercado contra el Tribunal Administrativo de Córdoba-Sala
Tercera de Decisión y el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, por no

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Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Acción de tutela – Primera instancia

cumplirse el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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