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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01235-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01235-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de abril de 2026 proferida por la Sección Tercera – Subsección C de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01235-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 01235 01
Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 17 de abril de 2026 por la Sección Tercera – Subsección C del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Haylen Karina Velásquez Mercado, actuando a través de apoderado, interpuso
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Tercera de
Decisión y el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y el derecho fundamental a la igualdad de mi
poderdante.

2. Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el
Consejo de Estado derecho radicado bajo el número 23001-23-33-000-2016-
00559-01.

3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión en
la que se analice de manera integral la figura del acto administrativo ficto y se
resuelva el fondo del asunto sin aplicar indebidamente la prescripción.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que, mediante el Decreto núm. 283 del 2 de noviembre de 2010,
se vinculó laboralmente al municipio de Moñitos (Córdoba) en el cargo de secretaria
auxiliar de la Secretaría de Planeación, y que posteriormente fue retirada del servicio por
insubsistencia del nombramiento mediante el Decreto núm. 013 del 16 de enero de 2012.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026-01235 00.

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Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro

Aseveró que, al momento de su desvinculación, la entidad territorial no le reconoció ni
pagó los salarios y prestaciones sociales correspondientes a los años 2011 y 2012, entre
ellas primas, cesantías, intereses a las cesantías y demás acreencias laborales que
estimó adeudadas.

Indicó que, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de dichas acreencias,
presentó reclamaciones administrativas los días 3 y 24 de febrero de 2012. Sostuvo que
el municipio de Moñitos guardó silencio frente a esas solicitudes, por lo que, según
expuso, se configuró un acto administrativo ficto negativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, relató que promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del citado municipio, en el que solicitó la nulidad
de los actos derivados del silencio administrativo y el consecuente reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales reclamadas, así como de las indemnizaciones y sanciones
moratorias originadas en el no pago oportuno de las cesantías.

Expuso que el proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, autoridad que, mediante sentencia del 4 de marzo de 2021, declaró
parcialmente la nulidad del acto administrativo ficto y ordenó el pago de los aportes al
sistema de seguridad social, pero declaró prescritas las demás acreencias laborales
reclamadas.

Contra esa decisión interpuso recurso de apelación, en el que alegó, entre otros aspectos,
que el tribunal aplicó indebidamente la prescripción y omitió valorar los efectos del acto
administrativo ficto, pese a que, en su criterio, este podía ser demandado en cualquier
tiempo.

El recurso fue conocido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 10 de julio de 2025, confirmó la decisión
de primera instancia.

Como fundamentos de la tutela, la accionante manifestó que las providencias judiciales
cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
al acceso efectivo a la administración de justicia.

Señaló que dichas decisiones incurrieron en defectos sustantivo, defecto procedimental,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente judicial.

En relación con el defecto sustantivo, anotó que las autoridades judiciales aplicaron
indebidamente la figura de la prescripción respecto de las acreencias laborales
reclamadas, pese a que, a su juicio, el artículo 164, numeral 1, literal d), del CPACA
permite demandar en cualquier tiempo los actos administrativos fictos o presuntos. En
ese sentido, sostuvo que la interpretación acogida trasladó injustificadamente a la
administrada las consecuencias de la inactividad de la administración y desnaturalizó la
garantía prevista frente al silencio administrativo.

Asimismo, adujo que las autoridades judiciales omitieron realizar un análisis autónomo e
integral sobre la existencia y los efectos jurídicos del acto administrativo ficto negativo,
con lo cual el silencio administrativo, en lugar de constituir un mecanismo de protección
para el administrado, se convirtió en un obstáculo para el examen de fondo de sus
pretensiones.

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Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
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Finalmente, frente al desconocimiento del precedente y la consecuente vulneración del
derecho a la igualdad, arguyó que las autoridades accionadas se apartaron
injustificadamente del criterio adoptado en otros asuntos con identidad fáctica y jurídica,
particularmente en el proceso promovido por Claudia Isabel Acosta Meza, identificado
con el radicado núm. 23001-23-33-000-2014-00454-01, resuelto en segunda instancia
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de febrero de 20262 y correspondió por reparto a la
Sección Tercera – Subsección C de esta Corporación que, por auto del 23 de febrero de
20263 la admitió y dispuso notificar al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera
de Decisión y al Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, como autoridad
judicial accionada; así como vincular a la Secretaría de Planeación del municipio de
Moñitos (Córdoba), como tercero con interés.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Córdoba para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 23001
23 33 000 2016 00559 00/01.

3.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B presentó informe4 en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, al
estimar que la inconformidad de la accionante correspondía a un desacuerdo con la
interpretación jurídica adoptada en la sentencia cuestionada y no a una vulneración de
derechos fundamentales.

Además, sostuvo que no se configuró el defecto sustantivo alegado, pues la providencia
aplicó de manera razonada las normas especiales sobre prescripción laboral y concluyó
que la demanda fue presentada una vez vencido el término legal correspondiente.

3.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba5 remitió el expediente digital del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, junto con los registros de las audiencias
surtidas dentro del proceso.

Asimismo, informó que dicha documentación fue cargada en el sistema SAMAI y que se
habilitó su acceso conforme a lo solicitado por la Corporación.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 17
de abril de 20266, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito
general de relevancia constitucional.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 00.
4 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 00.
5 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 00.
6 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 00.

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Advirtió que los cuestionamientos de la accionante no planteaban una controversia de
naturaleza constitucional, sino una inconformidad con la interpretación y aplicación del
derecho realizada por los jueces naturales.

En efecto, explicó que, tanto el Tribunal Administrativo de Córdoba como el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, motivaron de manera suficiente sus decisiones
y concluyeron que las acreencias laborales reclamadas estaban prescritas, tras analizar
la reclamación administrativa, la interrupción y suspensión del término de prescripción y
la oportunidad en que fue presentada la demanda.

Asimismo, indicó que la autoridad judicial de segunda instancia examinó expresamente
el argumento relativo al acto ficto negativo y concluyó que, aunque este podía ser
demandado, ello no impedía la aplicación del régimen de prescripción de los derechos
laborales ni eximía a la interesada de acudir oportunamente a la jurisdicción. En ese
sentido, la discrepancia de la accionante con dicha interpretación no evidenció un defecto
sustantivo ni una actuación arbitraria o irrazonable, sino un desacuerdo con la solución
jurídica adoptada en el proceso ordinario.

La Sala también descartó la existencia de una omisión frente al estudio del acto ficto
negativo, pues las providencias cuestionadas abordaron ese aspecto y definieron su
incidencia en el análisis de la prescripción. Del mismo modo, concluyó que el supuesto
desconocimiento del precedente no fue sustentado de manera suficiente, ya que la
accionante no demostró la identidad fáctica, jurídica y procesal entre su caso y el
precedente invocado ni explicó por qué el eventual apartamiento comprometía el derecho
a la igualdad.

Adicionalmente, observó que la controversia tenía un contenido esencialmente
patrimonial, relacionado con el reconocimiento de acreencias laborales y prestacionales,
y que la tutela buscaba reabrir un debate de legalidad ya resuelto, sin acreditar una
afectación autónoma de derechos fundamentales. Igualmente, los presuntos defectos
procedimental y de motivación fueron únicamente enunciados, sin un desarrollo
argumentativo que permitiera evidenciar una irregularidad de relevancia constitucional.

En consecuencia, la Sala concluyó que la acción de tutela no superó el requisito general
de relevancia constitucional, pues las censuras formuladas pretendían reabrir la discusión
sobre el cómputo de la prescripción y la procedencia de las acreencias reclamadas,
materias que fueron resueltas por el juez natural mediante decisiones debidamente
motivadas.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el accionante la impugnó7 al
considerar que la acción de tutela sí satisface el requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que el amparo no busca reabrir un debate de legalidad ni convertir la tutela en
una instancia adicional, sino obtener un pronunciamiento sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia por el desconocimiento injustificado del precedente judicial.

Afirmó que la decisión impugnada redujo la controversia a una discrepancia sobre la
interpretación del acto administrativo ficto negativo y de la prescripción de las acreencias

7 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 00.

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laborales, cuando el verdadero reproche consiste en que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, adoptó soluciones diferentes frente a dos casos que, a su juicio,
presentan identidad fáctica y jurídica, sin ofrecer una justificación objetiva y suficiente.

Señaló que su caso es sustancialmente similar al de la señora Claudia Isabel Acosta
Meza, pues ambas fueron servidoras públicas del municipio de Moñitos, fueron
desvinculadas en enero de 2012, formularon reclamaciones administrativas en febrero
del mismo año, obtuvieron un acto ficto negativo por silencio de la administración,
promovieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y reclamaron
el pago de acreencias laborales derivadas de su vinculación. No obstante, mientras en el
proceso de la señora Acosta Meza se reconocieron las prestaciones reclamadas al
concluir que no había operado la prescripción y en el suyo se confirmó la prescripción de
tales derechos.

Con fundamento en ello, sostuvo que el problema planteado es de naturaleza
constitucional, pues corresponde determinar si existió un trato desigual frente a
situaciones sustancialmente análogas y si el eventual apartamiento del precedente
estuvo debidamente justificado. En ese sentido, afirmó que el análisis sobre la identidad
entre ambos asuntos y la razonabilidad del trato diferenciado constituye un examen de
fondo que no podía ser descartado en la etapa de procedencia mediante la declaratoria
de falta de relevancia constitucional.

Finalmente, reiteró que la tutela no pretende reemplazar las competencias de la
jurisdicción contencioso-administrativa ni controvertir la interpretación de las normas
sobre prescripción, sino verificar si la providencia cuestionada desconoció el precedente
judicial y, con ello, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al acceso efectivo a la administración de justicia. Por tal razón, solicitó revocar la
decisión impugnada y realizar un estudio de fondo de los cargos propuestos.

5.2. Por auto proferido el 2 de julio de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 17 de julio de 20269.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como

8 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 00.
9 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026-01235 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".

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con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

6.2.1. La señora Haylen Karina Velasquez Mercado, actuando a través de apoderado
judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
municipio de Moñitos (Córdoba), con el fin de obtener la nulidad de los actos fictos
derivados del silencio administrativo frente a las peticiones radicadas el 3 y el 24 de
febrero de 2012.

Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de salarios,
prestaciones sociales, cesantías, intereses, sanciones moratorias, aportes al sistema de
seguridad social y pensiones, así como las demás consecuencias económicas derivadas
de la relación laboral, además de la condena en costas e intereses.

6.2.2. El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Córdoba, que
mediante sentencia del 4 de marzo de 2021 declaró la nulidad parcial del acto ficto
originado en la petición del 24 de febrero de 2012 y ordenó al municipio de Moñitos
efectuar, de ser procedente, los aportes al sistema de seguridad social por el tiempo
laborado por la demandante, previo cálculo actuarial. Asimismo, declaró probada la
excepción de prescripción trienal respecto de las demás acreencias reclamadas y se
abstuvo de condenar en costas.

6.2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación al considerar que la sentencia
omitió analizar integralmente las normas aplicables al caso, en particular las relacionadas
con el acto ficto derivado del silencio administrativo negativo. Sostuvo que dicho acto
podía ser demandado en cualquier tiempo, de conformidad con los artículos 76 y 164,
numeral 1, literal d), del CPACA y la Sentencia C-875 de 2011.

6.2.4. Mediante sentencia del 10 de julio de 2025, notificada el 22 de septiembre de 2025,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó íntegramente la
decisión de primera instancia.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la impugnación, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en
el escrito de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.

13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 23001-23-33-000-2016-00559-

00/01.

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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que16:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra

15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)». [Se
destaca].

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, por cuanto la solicitud de amparo está siendo utilizada por la parte actora
para reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
comoquiera que sus reproches están orientados a controvertir lo resuelto por la autoridad
judicial accionada respecto de la prescripción trienal de las acreencias laborales
reclamadas.

En la providencia cuestionada, el Consejo de Estado, Sección Segunda- Subsección B
concluyó que:

[…] frente al caso concreto, se precisa que, la señora Haylen Karina Velásquez
Mercado finalizó su vinculación con el ente demandado el 16 de enero de 2012, y
que, la reclamación en sede administrativa fue formulada el 24 de febrero de ese
mismo año, con lo cual, interrumpió el término de prescripción al que se ha hecho
referencia. Sin embargo, dicha interrupción opera por una sola vez y por un lapso
igual, motivo por el cual, dentro del interregno de los tres años siguientes, y dado que
se había configurado el acto presunto negativo por la ausencia de respuesta de la
Administración, debía continuar con los trámites correspondientes para procurar el
reconocimiento del derecho en sede judicial.

Vale decir que, no bastaba con haber presentado la solicitud ante la autoridad
administrativa, sino que, dentro de ese mismo término, debía acudir ante esta
jurisdicción para obtener la nulidad de dicho acto administrativo y, en consecuencia,
el reconocimiento de su derecho laboral.

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Dicho en otras palabras, al haber sido presentada la demanda el 17 de marzo de
201614, esta Sala evidencia que, inicialmente, el término para acudir a la jurisdicción,
teniendo en cuenta la correspondiente reclamación administrativa (24 de febrero de
2012), vencía el 24 de febrero de 2015. No obstante, la solicitud de conciliación
prejudicial fue radicada el 29 de enero de 2014, con lo cual se suspendió el término,
faltando 1 año y 18 días para su vencimiento, y no 1 año y 26 días, como erradamente
señaló el fallador de primera instancia.

Ahora bien, la constancia del trámite conciliatorio fallido fue expedida el 10 de marzo
de 2014, por lo que el cómputo de la prescripción se reanudó a partir del día siguiente,
es decir, el 11 de marzo; así, el año y 18 días restantes fenecieron el 9 de abril de
2015.

De manera que las pretensiones ante esta jurisdicción podían formularse de forma
oportuna hasta el 9 de abril de 2015; por lo tanto, su presentación el 17 de marzo de
2016 fue ampliamente extemporánea, toda vez que se superó el término de tres años
durante los cuales se mantuvo interrumpido el término prescriptivo y, por ende, se
configuró el referido fenómeno jurídico-procesal, tal como concluyó el a quo.

Por consiguiente, para esta Subsección no hay duda sobre la configuración de la
prescripción en el presente caso, independientemente, como se aclaró al inicio de
este acápite, del derecho que le asistía a la accionante respecto del pago de las
prestaciones sociales devengadas mientras se desempeñó al servicio del ente
demandado, pero que no fueron reclamadas oportunamente.

[…]

Por otra parte, la decisión recurrida declaró la nulidad parcial del acto ficto
demandado, a efectos de ordenar el reconocimiento y pago de los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones. Frente a este particular, la sección segunda de
esta corporación ha sostenido de manera reiterada15 que los aportes a pensión son
imprescriptibles, toda vez que, atendiendo al carácter periódico del derecho
pensional y su naturaleza como prestación fundamental, las contribuciones
pensionales pueden ser reclamadas en cualquier tiempo y no están sujetas a
prescripción extintiva, a diferencia de otros derechos laborales o prestaciones
sociales que sí prescriben. […]

[…]

Así las cosas, le asiste razón al tribunal de primera instancia, al ordenar al municipio
demandado, que en caso de no haberse realizado los pagos a la seguridad social por
el tiempo laborado, debe proceder con el pago, previo cálculo actuarial, toda vez que,
la documentación allegada al proceso, dan cuenta solo de los aportes a pensión por
los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto de 2011; y las cotizaciones a
salud por los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre de igual año.
Adicionalmente, el municipio indicó que «[…] se deja constancia que no existen archivos
físicos o magnéticos, que den fe de la existencia de pagos, abonos o algún tipo de pago de
prestaciones sociales de los años 2010, 2011 y 2012 a favor de la señora Haylen Karina
Velásquez Mercado […]».

Así, la Sala observa que la inconformidad del accionante corresponde a un desacuerdo
con la interpretación jurídica efectuada por el juez natural, pues pretende que el juez
constitucional sustituya el criterio adoptado por la jurisdicción contencioso administrativa
e imponga una interpretación distinta sobre dichas materias, con el fin de obtener una
decisión favorable a sus intereses, lo que resulta ajeno a la finalidad de la acción de
tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 01235 01
Accionante: Haylen Karina Velásquez Mercado
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro

En consecuencia, la controversia propuesta no evidencia un problema de relevancia
constitucional, sino una discrepancia con la decisión adoptada en el proceso ordinario,
por lo que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de abril de 2026 proferida por la Sección
Tercera – Subsección C de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 6 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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