Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01274-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01274-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01274-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01274-01
Accionante: Germán de Jesús Valencia Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 19 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela.
SÍNTESIS1
El señor Germán de Jesús Valencia Cardona cuestiona la sentencia del 28 de agosto de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la decisión del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dirigida al reconocimiento y pago de
diferencias salariales derivadas de los incrementos aplicados a los grados 3AM y 3DM
del escalafón docente. Se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, porque la controversia propuesta carece de relevancia
constitucional y pretende reabrir un debate de legalidad ya definido por el juez natural.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El señor Germán de Jesús Valencia Cardona, por intermedio de apoderada judicial,
presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva, así como del principio de favorabilidad, los cuales, a su
juicio, fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda con ocasión de la
sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 66001-33-33-007-2024-
00221-00/01.
2. La parte accionante formuló, en síntesis, las pretensiones que se transcriben a
continuación:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 28 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300720240022100, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor GERMÁN DE JESÚS
VALENCIA CARDONA.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera
1 Tesis reiterada: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad y restablecimiento del derecho /
escalafón docente / diferencias salariales / improcedencia / relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01274-01
Accionante: Germán de Jesús Valencia Cardona
Se confirma la improcedencia de la demanda
una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y analizando
de manera concreta la situación particular del docente”.
B. Hechos
3. El señor Germán de Jesús Valencia Cardona promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Dosquebradas, con el fin de obtener la inaplicación del Decreto 284 de 2024
y la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de
diferencias salariales causadas por los incrementos decretados en los años 2008 y 2009
entre los docentes ubicados en los grados 3AM y 3DM del escalafón docente.
4. Según la parte actora, en el año 2008 el grado 3DM recibió un incremento del 44,89
%, mientras que al grado 3AM se le aplicó un incremento del 17,40 %. Agregó que,
aunque en el año 2009 el incremento del grado 3AM fue superior al del grado 3DM, ese
ajuste no compensó la diferencia acumulada desde la vigencia anterior.
5. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la demanda. Para ello, sostuvo que, al
realizar el test de igualdad bajo un nivel de intensidad estricto, no encontró elementos
que permitieran advertir un trato diferencial discriminatorio, atendiendo la forma en que
fue diseñado el escalafón docente y las reglas de reubicación y ascenso tanto de grado
como de nivel salarial.
6. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en cuanto
fueron negadas las pretensiones. A su vez, el Ministerio de Educación Nacional apeló lo
relativo a la ausencia de condena en costas.
7. Mediante sentencia del 28 de agosto de 2025, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión de primera instancia. En lo
sustancial, consideró que el material probatorio obrante en el expediente era limitado y
que no permitía advertir la vulneración del derecho a la igualdad, pues el tratamiento
diferente entre los porcentajes de aumento salarial de los grados 3DM y 3AM no debía
considerarse discriminatorio.
8. En relación con las costas, el Tribunal Administrativo de Risaralda también confirmó la
decisión de primera instancia, al estimar que no existía prueba legalmente aportada que
permitiera revocar la negativa de condena en costas.
C. Fundamentos de la vulneración
9. La parte accionante sostuvo que la sentencia del 28 de agosto de 2025 incurrió en
defecto sustantivo, porque, en su criterio, el Tribunal Administrativo de Risaralda realizó
una indebida interpretación del régimen salarial docente, de la Ley 4 de 1992, del Decreto
Ley 1278 de 2002 y del principio de igualdad.
10. Afirmó que la controversia ordinaria no se refería a la diferencia estructural entre
grados del escalafón docente, sino al presunto trato desigual producido por los
incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009. Por ello, consideró que el
tribunal accionado no podía limitar el análisis a señalar que los docentes de distintos
grados no eran sujetos plenamente comparables.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01274-01
Accionante: Germán de Jesús Valencia Cardona
Se confirma la improcedencia de la demanda
11. También alegó que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia C-1064
de 2001, en la medida en que, a su juicio, dicha providencia exige una justificación
objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia salarial.
12. Finalmente, sostuvo que se configuró un defecto fáctico, porque el tribunal habría
avalado la existencia de motivos válidos para el trato diferenciado sin que las entidades
demandadas hubieran aportado estudios técnicos, razones objetivas o pruebas que
justificaran la diferencia porcentual en los incrementos salariales reclamados.
D. Trámite procesal
13.Mediante auto del 24 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda2.
14. En la misma providencia, vinculó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, al
municipio de Dosquebradas y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira,
en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.
15. El 19 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
16. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que la parte actora no demostró la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, ni acreditó la relevancia
constitucional del asunto o la configuración de un defecto fáctico o procedimental.
17. El Tribunal Administrativo de Risaralda también solicitó declarar improcedente la
acción de tutela. Señaló que la decisión cuestionada obedeció al análisis de las
disposiciones aplicables y del material probatorio obrante en el proceso, valorado de
manera integral conforme a la sana crítica.
18. Además, indicó que los argumentos de la parte accionante versaban sobre un asunto
de naturaleza legal y patrimonial, sin afectación constitucional directa, por lo que la tutela
carecía de relevancia constitucional.
19. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por falta de relevancia constitucional, al considerar que la discusión planteada era de
contenido económico. Asimismo, pidió su desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
F. Sentencia de primera instancia
20. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de marzo de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito general
de relevancia constitucional3.
21. Como cuestión previa, negó la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Educación Nacional, al considerar que esa entidad fue parte dentro del proceso
ordinario cuestionado y, por tanto, tenía interés directo en el resultado del trámite
constitucional.
2 SAMAI, índice 008 del expediente de primera instancia.
3 SAMAI, índice 023 del expediente de primera instancia.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01274-01
Accionante: Germán de Jesús Valencia Cardona
Se confirma la improcedencia de la demanda
22. Respecto de la procedencia de la acción de tutela, el a quo consideró que la
argumentación de la parte actora no evidenciaba que el asunto girara en torno al alcance
de un derecho fundamental, sino que expresaba una inconformidad con la decisión
adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
23. La Sección Primera precisó que la controversia estaba asociada al reconocimiento y
pago de diferencias salariales derivadas de incrementos decretados en los años 2008 y
2009 para el grado 3AM del escalafón docente, asunto que ya había sido resuelto por los
jueces naturales del proceso ordinario.
24. En consecuencia, concluyó que la acción de tutela no podía utilizarse como recurso
o instancia adicional para reabrir la discusión decidida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, pues ello implicaría desconocer la competencia y la independencia del juez
natural.
G. Impugnación
25. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia4.
26. En su escrito, sostuvo que el caso sí superaba el requisito de relevancia constitucional,
porque, en su criterio, involucraba la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y
favorabilidad, afectados por una decisión judicial que habría convalidado un trato salarial
discriminatorio.
27. Reiteró que la providencia cuestionada desconoció el precedente constitucional
contenido en la sentencia C-1064 de 2001 y omitió realizar un control estricto sobre la
justificación objetiva del trato diferenciado entre docentes ubicados en los grados 3AM y
3DM.
28. También insistió en la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, al considerar
que el tribunal accionado redujo el análisis a una comparación abstracta entre grados del
escalafón docente y omitió valorar que no existían pruebas o estudios técnicos que
justificaran la diferencia porcentual de los incrementos salariales reclamados.
29.Mediante auto del 28 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
concedió la impugnación presentada por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
30. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver, en segunda instancia, la impugnación presentada contra la sentencia de primera
instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 y el Acuerdo 80 de 2019 del Consejo de
Estado.
I. Sentido de la decisión
31. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela, porque la controversia propuesta por la parte accionante no supera el
requisito de relevancia constitucional. En efecto, los reparos formulados contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda buscan reabrir el debate sobre la forma
4 SAMAI, índice 025 del expediente de primera instancia.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01274-01
Accionante: Germán de Jesús Valencia Cardona
Se confirma la improcedencia de la demanda
en que se valoró la razonabilidad de los incrementos salariales aplicados a los grados
3AM y 3DM del escalafón docente, asunto que fue estudiado por los jueces naturales
dentro del proceso ordinario.
J. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
32. La acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional, pues no
fue instituida como una instancia adicional ni como un mecanismo alternativo para reabrir
debates jurídicos, probatorios o económicos ya definidos por el juez natural.
33. Por ello, quien acude a este mecanismo debe cumplir los requisitos generales de
procedencia fijados por la jurisprudencia constitucional, entre ellos, la relevancia
constitucional, la subsidiariedad, la inmediatez, la identificación razonable de los hechos
que generaron la vulneración y la carga mínima argumentativa respecto de la causal
específica invocada.
34. La relevancia constitucional exige que la controversia sometida al juez de tutela
trascienda la mera inconformidad con la interpretación legal o con la valoración probatoria
realizada por el juez ordinario. No basta, entonces, con invocar la vulneración de
derechos fundamentales, pues corresponde a la parte actora demostrar que la
providencia cuestionada produjo una afectación real, grave y directa de garantías
constitucionales.
35. En ese sentido, la acción de tutela no procede cuando la parte actora pretende
convertir el mecanismo constitucional en una instancia adicional para obtener una nueva
lectura del material probatorio, una interpretación normativa distinta o una decisión más
favorable a sus intereses económicos.
K. El caso concreto – tesis reiterada5
36. En el presente caso, el señor Germán de Jesús Valencia Cardona cuestiona la
sentencia del 28 de agosto de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Risaralda confirmó la decisión del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
dirigida al reconocimiento de diferencias salariales en el escalafón docente.
37. A juicio de la parte accionante, el tribunal incurrió en defecto sustantivo y fáctico,
porque no realizó un control estricto sobre la razonabilidad de los incrementos salariales
aplicados a los grados 3AM y 3DM en los años 2008 y 2009 y porque aceptó la existencia
de razones objetivas para el trato diferenciado sin que existieran pruebas suficientes que
lo justificaran.
38. Sin embargo, la Sala comparte la conclusión del juez constitucional de primera
instancia. Los argumentos formulados por la parte accionante no plantean una
controversia constitucional autónoma, sino que reproducen el desacuerdo con la
interpretación normativa y la valoración jurídica realizada por el Tribunal Administrativo
de Risaralda dentro del proceso ordinario.
39.En efecto, la autoridad judicial accionada examinó el régimen del escalafón docente
y concluyó que, con el material probatorio obrante en el expediente, no era posible
advertir la vulneración del derecho a la igualdad. Para ello, tuvo en cuenta que el trato
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, radicado núm.
11001-03-15-000-2026-01991-00, Sentencia del 5 de junio de 2026.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01274-01
Accionante: Germán de Jesús Valencia Cardona
Se confirma la improcedencia de la demanda
diferente entre los porcentajes de incremento salarial de los grados 3DM y 3AM no debía
considerarse discriminatorio, dada la estructura propia del escalafón y la ausencia de
elementos que permitieran acreditar la afectación alegada.
40. Esa conclusión puede ser compartida o no por la parte actora, pero se encuentra
sustentada en una interpretación razonable del marco normativo y probatorio aplicable.
La tutela no habilita al juez constitucional para sustituir al juez natural en la definición de
cuál lectura del régimen salarial docente resulta más adecuada, ni para efectuar un nuevo
juicio sobre la conveniencia o suficiencia de los incrementos fijados por el Gobierno
Nacional.
41. Tampoco se advierte que la controversia tenga una dimensión constitucional que
justifique la intervención excepcional del juez de tutela. El debate propuesto se contrae
al reconocimiento de diferencias salariales, reliquidación de prestaciones y efectos
económicos derivados de los incrementos aplicados en vigencias anteriores. Aunque la
parte actora invoca derechos fundamentales, sus reproches están dirigidos a obtener una
nueva decisión sobre un asunto patrimonial ya decidido en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
42. La impugnación insiste en que la sentencia C-1064 de 2001 exigía un control estricto
del trato diferenciado en materia salarial. No obstante, esa afirmación no demuestra, por
sí misma, que la providencia cuestionada hubiera incurrido en una arbitrariedad
manifiesta o en una interpretación abiertamente contraria a la Constitución. Lo que se
observa es una discrepancia con la manera en que el tribunal abordó el juicio de igualdad
y con las consecuencias jurídicas que derivó del material probatorio.
43. En cuanto al defecto fáctico, la parte accionante tampoco identifica una prueba
determinante que hubiera sido omitida o valorada de manera caprichosa. Su reparo se
dirige, en realidad, a sostener que no existían estudios técnicos suficientes para justificar
los incrementos diferenciales. Ese argumento fue planteado en el proceso ordinario y fue
resuelto por el juez natural, quien consideró que no se acreditó la discriminación salarial
alegada.
44. Así las cosas, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo para revisar
nuevamente la legalidad de los actos administrativos que fijaron las asignaciones
salariales del personal docente, ni para sustituir el análisis efectuado por las autoridades
judiciales ordinarias. Permitirlo implicaría transformar la tutela en una tercera instancia,
en contravía de su carácter excepcional y subsidiario.
45. En ese contexto, la Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el requisito de
relevancia constitucional. La parte accionante obtuvo una decisión de fondo en el proceso
ordinario, ejerció el recurso de apelación y recibió respuesta judicial a sus argumentos.
Que esas decisiones hayan sido desfavorables a sus intereses no convierte la
controversia en un asunto susceptible de corrección por vía de tutela.
46. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01274-01
Accionante: Germán de Jesús Valencia Cardona
Se confirma la improcedencia de la demanda
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela presentada por el señor Germán de Jesús Valencia Cardona.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente Magistrado
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