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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01991-00

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01991-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00 Accionante: Claudia Marcela Montoya León Se declara la improcedencia de la demanda CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01991-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Cinco (05) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia – Reiteración

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Claudia Marcela Montoya León en contra de la sentencia proferida el 25 de septiembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Educación Nacional y el
Departamento de Risaralda, con el fin de que se le reconocieran y pagaran las diferencias
salariales causadas con ocasión de los incrementos salariales decretados para los años
2008 y 2009. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto no se
superó el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 10 de marzo de 2026, la señora Claudia Marcela Montoya León, mediante
apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad, los cuales, a
su juicio, fueron vulnerados por la sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda. En dicha providencia se confirmó la decisión del
19 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Pereira dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
66001-33-33-002-2024-00289-00, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Relevancia constitucional / Escalafón

docente.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Se declara la improcedencia de la demanda

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300220240028900, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora CLAUDIA MARCELA
MONTOYA LEÓN, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y el material
probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate
jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular de la docente CLAUDIA
MARCELA MONTOYA LEÓN a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria
y los hechos debidamente probados en el debate jurídico”.

B. Hechos

3.La señora Claudia Marcela Montoya León es docente oficial ubicada en la categoría
2B del escalafón docente regulado por el Decreto 1278 de 20022.

4. Según la parte actora, en los años 2008 y 2009 el Gobierno Nacional decretó aumentos
porcentuales diferenciados para la asignación básica salarial del personal docente. Para
el año 2008, el grado 2A habría recibido un incremento del 14,11%, mientras que la
categoría 2B obtuvo un aumento del 5,69%; y para el año 2009, el grado 2A habría
recibido un incremento del 15,61%, mientras que la categoría 2B obtuvo un aumento del
7,67%.

5. La señora Claudia Marcela Montoya León interpuso reclamación administrativa ante la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda, con el fin de
que se le reconocieran y pagaran las diferencias salariales causadas con ocasión de los
incrementos dispuestos para los años 2008 y 2009.

6. Tales solicitudes fueron atendidas desfavorablemente mediante el oficio sin número
del 27 de febrero de 2024, expedido por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, y
el acto ficto o presunto configurado el 2 de mayo de 2024 frente a la petición presentada
el 2 de febrero de 2024 ante el Departamento de Risaralda.

7. La señora Claudia Marcela Montoya León presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento de Risaralda, con el fin de que se inaplicaran los
decretos salariales que, a su juicio, consolidaron la diferencia, se declarara la nulidad de
los actos administrativos que negaron su reclamación y se reconocieran las diferencias

2 “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Se declara la improcedencia de la demanda

salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la solicitud administrativa, así
como las prestaciones y emolumentos derivados de esa diferencia.

8. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Pereira negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que
no se acreditó la ilegalidad de los actos acusados ni la existencia de una discriminación
salarial que diera lugar al reconocimiento económico reclamado.

9. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, mediante el cual cuestionó las diferencias salariales entre las categorías 2A y
2B, alegó la falta de justificación objetiva del trato diferenciado y solicitó que se revocara
la decisión para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

10. El 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la
sentencia del 19 de diciembre de 2024. Para ello, consideró, entre otros aspectos, que la
diferencia porcentual en los incrementos salariales no configuraba, por sí misma, una
vulneración del derecho a la igualdad, que correspondía al Gobierno Nacional fijar el
régimen salarial docente dentro de los límites de la Ley 4 de 1992 y que no se acreditó
que los actos administrativos acusados hubieran sido expedidos con desconocimiento
del marco normativo aplicable.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La accionante indicó que la sentencia del 25 de septiembre de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico, razón por la cual se transgredieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva y principio de favorabilidad.

12. Sobre el defecto sustantivo, manifestó que el Tribunal realizó una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada del marco normativo aplicable al caso
concreto, en particular, frente al artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 19923
y el Decreto 1278 de 2002.

13. Señaló que la autoridad judicial accionada desconoció que la discusión no giraba en
torno a la diferencia estructural y permanente entre los grados del escalafón, sino a un
trato diferenciado respecto de los incrementos porcentuales decretados para los años
2008 y 2009, diferencia que afectó la base salarial y que, en su criterio, no fue
compensada en los años posteriores.

14. Alegó que la sentencia cuestionada desconoció el alcance normativo del principio de
igualdad, el mandato de progresividad y el precedente constitucional sobre la necesidad
de justificar objetivamente los tratos diferenciados en materia salarial. A su juicio, el
Tribunal se limitó a realizar una comparación abstracta entre grados del escalafón
docente sin verificar la razonabilidad de los incrementos disímiles aplicados.

3 Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que

debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos”.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Se declara la improcedencia de la demanda

15. Respecto del defecto fáctico, argumentó que el Tribunal efectuó una indebida
valoración probatoria, pues no se allegó prueba que demostrara la existencia de motivos
técnicos, objetivos y suficientes para justificar la diferencia en los incrementos salariales,
lo que, en su criterio, compromete la legalidad de la decisión judicial cuestionada.
16. Sostuvo que la autoridad judicial accionada desestimó sus pretensiones con
fundamento en la supuesta corrección de una brecha salarial, sin que tal aspecto hubiera
sido acreditado en el proceso ordinario. Por ello, solicitó dejar sin efectos la sentencia del
25 de septiembre de 2025 y ordenar que se profiera una nueva decisión.

D. Trámite procesal

17. Mediante auto del 16 de marzo de 20264, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda y, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, a la Secretaría de
Educación del Departamento de Risaralda y al Ministerio de Educación Nacional, para
que rindieran informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

18. El Tribunal Administrativo de Risaralda5 solicitó declarar improcedente la demanda de
tutela. Para el efecto, explicó que la accionante actuó como demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado ante el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y, en segunda instancia, ante esa
Corporación, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de diferencias salariales
derivadas de los incrementos aplicados al escalafón docente.

19. Indicó que la tutela se dirige contra la sentencia que confirmó la decisión de primera
instancia, pero que los reparos formulados por la parte actora corresponden a las mismas
inconformidades expuestas en el proceso ordinario. En ese sentido, sostuvo que la
providencia cuestionada se adoptó con fundamento en el marco normativo y
jurisprudencial aplicable y que no se configuró defecto fáctico ni sustantivo.

20. El Ministerio de Educación Nacional6 y la Secretaría de Educación del Departamento
de Risaralda solicitaron su desvinculación del presente asunto. Por su parte, la carretera
ministerial solicitó que se declarara improcedente la demanda de tutela y adujo que no
profirió la sentencia cuestionada ni desplegó acción u omisión que pudiera afectar los
derechos fundamentales invocados. Además, señaló que la tutela pretende reabrir un
debate decidido por el juez natural y convertir el mecanismo constitucional en una tercera
instancia.

22. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, pese a ser
debidamente notificado, no rindió informe.

4 Índice 005 del expediente digital disponible en SAMAI.
5 Índice 015 del expediente digital disponible en SAMAI.
6 Índice 014 del expediente digital disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Se declara la improcedencia de la demanda

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

23. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Claudia Marcela Montoya León
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

H. Cuestión previa

24. La Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, en
tanto que fueron vinculadas al trámite en calidad de terceros con interés, debido a que
fueron demandadas dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio lugar a la providencia judicial cuestionada.

I. Sentido de la decisión – Reiteración

25. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar7, declarará
la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto no se satisfizo el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la controversia planteada por la accionante
corresponde a la reiteración de los argumentos expuestos en sede de apelación en el
proceso ordinario y se circunscribe a un asunto de mera legalidad y de naturaleza
predominantemente económica.

26. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela8.

J. El requisito de relevancia constitucional

27. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Radicados

núm. 11001-03-15-000-2026-01905-00; 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-
01; 11001-03-15-000-2026-00234-00; 11001-03-15-000-2026-01070-00; 11001-03-15-000-2025-07187-00;
11001-03-15-000-2026-01685-00 y 11001-03-15-000-2026-01648-00.
8 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Se declara la improcedencia de la demanda

fundamentales9. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada10, con el fin de impedir que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

28. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones11.

29. En la sentencia SU-215 de 202212, la Corte Constitucional estableció, entre otros13,
que la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico. En
ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender
la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

30. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se configure,
al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii) defecto
procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión
sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la
Constitución.

31. En el sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia del 25 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, porque, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las características y

9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.

Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de

2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de

tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
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elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y
examinar la presunta vulneración de derechos fundamentales.

32. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

33. Por su parte, el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión14.

L. Análisis del caso concreto – tesis reiterada

34. La accionante cuestiona la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, porque, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico
y sustantivo; sin embargo, la Sala advierte que la discusión planteada carece de
relevancia constitucional.

35. Se evidencia que la demanda de tutela, más allá de procurar el amparo de los
derechos fundamentales invocados, está orientada a reabrir un debate de mera legalidad
a partir de los argumentos expuestos en el proceso ordinario, con el fin de que se tome
una determinación favorable respecto del reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas de los incrementos porcentuales desiguales decretados por el
Gobierno Nacional para los años 2008 y 2009.

36. En efecto, tanto en el recurso de apelación del proceso ordinario como en la demanda
de tutela, la parte actora insistió en que la diferencia porcentual aplicada a las categorías
2A y 2B carecía de justificación objetiva, desconocía los principios de igualdad y
progresividad y generaba una disminución de la base salarial con efectos hacia el futuro.

[...] se evidencia la ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional,
puesto que en el año 2009 en lo que se trata de incrementos salariales para los escalafones
2B, 2C y 2D, que son reubicaciones del escalafón dos, adicionales al mejoramiento salarial
reconocido por la especialización, [...] fueron decretados sin tener en cuenta el grado de
formación, quedando en evidencia ese aumento caprichoso que se realizó en esta anualidad.

37. Del mismo modo, en el escrito de tutela, la accionante reiteró, en términos similares,
los argumentos expuestos en el trámite del proceso ordinario para sustentar los defectos
invocados. En particular, sostuvo que la ausencia de justificación suficiente para asignar
incrementos salariales superiores a quienes se encuentran en el nivel 2A, en detrimento
de quienes se ubican en la categoría 2B, comportaba una vulneración de los principios
constitucionales de igualdad material, mérito, progresividad y debido proceso.

38. No obstante, tal discusión ya fue resuelta mediante la sentencia del 25 de septiembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, tras concluir que la alegada

14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
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diferencia en los incrementos salariales no demostraba, por sí sola, una discriminación
constitucionalmente relevante, ni la ilegalidad de los actos administrativos acusados.
Además, la autoridad judicial accionada explicó que la controversia debía resolverse a
partir del marco normativo que regula la fijación del régimen salarial docente y de los
actos administrativos efectivamente demandados.

39. Así las cosas, es claro que la accionante se limita a reiterar los argumentos expuestos
en el proceso ordinario para sustentar la supuesta configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, sin advertir una discusión novedosa que trascienda la mera inconformidad
respecto de la interpretación y decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.

40. En ese sentido, la Sala advierte que la discusión presentada corresponde a un asunto
de mera legalidad, por cuanto pretende que el juez de tutela realice, nuevamente, el
análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente y el marco normativo que
regula el régimen salarial docente, aun cuando tal discusión ya fue agotada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

41. Aunado a lo anterior, el debate que propone la accionante corresponde a un asunto
predominantemente económico, ya que no se plantean argumentos suficientemente
dirigidos a demostrar que la providencia judicial cuestionada afectó de manera grave las
garantías iusfundamentales invocadas. Por el contrario, el objeto de la solicitud de
amparo se circunscribe a que se reconozcan y paguen diferencias salariales causadas
con ocasión de los incrementos porcentuales fijados para los años 2008 y 2009 por el
Gobierno Nacional.

42. En suma, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto no
se superó el requisito de relevancia constitucional, ya que la controversia que presentó
la parte accionante (i) corresponde a un asunto de mera legalidad en el cual se busca
una tercera instancia para cuestionar la decisión adoptada por el juez natural del asunto,
(ii) se limita a un asunto predominantemente económico y (iii) se reduce a los argumentos
expuestos en sede de apelación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01991-00
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Se declara la improcedencia de la demanda

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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