Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01841-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01841-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01841-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01841-01
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 13 de abril de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado.
SÍNTESIS1
La señora Luz Elena Vargas Londoño cuestiona la sentencia del 17 de septiembre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la decisión del
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira mediante la cual se negaron las pretensiones
de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con diferencias salariales del
escalafón docente. Se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
declarará improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional,
porque la controversia planteada es de naturaleza legal y económica, y pretende reabrir
el debate decidido por el juez natural sobre el régimen salarial docente y la valoración
probatoria efectuada en el proceso ordinario.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. La señora Luz Elena Vargas Londoño, por intermedio de apoderada judicial, presentó
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva, así como del principio de favorabilidad, los cuales, a su juicio, fueron
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda con ocasión de la sentencia del 17
de septiembre de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 66001-33-33-004-2024-00198-02.
2. La parte accionante formuló, en síntesis, las pretensiones que se transcriben a
continuación:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300420240019800, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora LUZ ELENA VARGAS
1Tesis reiterada: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad y restablecimiento del derecho /
escalafón docente / diferencias salariales / improcedencia / falta de relevancia constitucional / se revoca.
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Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional
LONDOÑO. 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate
jurídico y analizando de manera concreta la situación particular del docente”.
B. Hechos
3. La señora Luz Elena Vargas Londoño se desempeña como docente oficial y se
encuentra ubicada en la categoría 3BM del escalafón docente regulado por el Decreto
Ley 1278 de 2002.
4. Según la parte actora, para el año 2008 el Gobierno Nacional fijó incrementos salariales
diferenciados entre las categorías 3BM y 3DM, pues el incremento para la primera fue
del 13,92 %, mientras que para la segunda fue del 44,89 %. Agregó que, aunque en el
año 2009 el incremento del grado 3BM fue superior al del grado 3DM, ese ajuste no
compensó la diferencia acumulada desde la vigencia anterior.
5. La señora Vargas Londoño promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Dosquebradas, con el fin de obtener la inaplicación del Decreto 284 de 2024, la nulidad
de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de diferencias
salariales y, a título de restablecimiento, el pago de las sumas que estimó adeudadas.
6. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Pereira negó las pretensiones de la demanda. Para ello, consideró que no era
procedente equiparar las condiciones de formación, experiencia y mérito de los docentes
ubicados en distintos grados y niveles del escalafón, pues existían parámetros objetivos
que justificaban la diferenciación salarial.
7. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. A su vez, la
Nación - Ministerio de Educación Nacional apeló lo relativo a la ausencia de condena en
costas.
8. Mediante sentencia del 17 de septiembre de 2025, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión de primera instancia. En lo
sustancial, estimó que los docentes ubicados en las categorías 3BM y 3DM no eran
plenamente equiparables, que la estructura del escalafón docente responde a criterios de
formación, experiencia, desempeño y mérito, y que no se acreditó un trato discriminatorio
contrario al principio de igualdad.
C. Fundamentos de la vulneración
9. La parte accionante sostuvo que la sentencia del 17 de septiembre de 2025 incurrió en
defecto sustantivo, porque, en su criterio, el Tribunal Administrativo de Risaralda realizó
una indebida interpretación del régimen salarial docente, de la Ley 4 de 1992, del Decreto
Ley 1278 de 2002 y del principio de igualdad.
10. Afirmó que la controversia ordinaria no se refería a la diferencia estructural entre
grados del escalafón docente, sino al presunto trato desigual producido por los
incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009. Por ello, consideró que el
tribunal accionado no podía limitar el análisis a señalar que los docentes de distintos
grados no eran sujetos plenamente comparables.
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11. También alegó que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia C-1064 de
2001, en la medida en que, a su juicio, dicha providencia exige una justificación objetiva
y suficiente para los tratos diferenciados en materia salarial.
12. Finalmente, sostuvo que se configuró un defecto fáctico, porque el tribunal habría
avalado la existencia de motivos válidos para el trato diferenciado sin que las entidades
demandadas hubieran aportado estudios técnicos, razones objetivas o pruebas que
justificaran la diferencia porcentual en los incrementos salariales reclamados.
D. Trámite procesal
13. Mediante auto del 11 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Risaralda.2
14. En la misma providencia, vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, al municipio de Dosquebradas, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de la Función Pública, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A., en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.
15. El Tribunal Administrativo de Risaralda, el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira,
el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público rindieron informe dentro del trámite constitucional.
E. Oposiciones e intervenciones
16. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira solicitó negar el amparo, al
considerar que las etapas procesales y las decisiones adoptadas dentro del proceso
ordinario se fundamentaron en el material probatorio obrante en el expediente y en la
normatividad y jurisprudencia aplicables al caso concreto.
17. El Tribunal Administrativo de Risaralda también solicitó negar la acción de tutela.
Señaló que la decisión cuestionada fue producto del análisis de las disposiciones
aplicables y del material probatorio obrante en el proceso, valorado de manera integral
conforme a la sana crítica.
18. Además, indicó que los argumentos de la parte accionante versaban sobre un asunto
de naturaleza legal y patrimonial, sin afectación constitucional directa, por lo que la tutela
no podía emplearse como instancia adicional para reabrir el debate resuelto por el juez
natural.
19. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público solicitaron declarar la improcedencia de la acción o negar el amparo, al
estimar que no se acreditó vulneración alguna de derechos fundamentales atribuible a
dichas entidades ni a la providencia judicial cuestionada.
F. Sentencia de primera instancia
20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 13 de abril de 2026, negó el amparo solicitado.3
2SAMAI, índice 008 del expediente de primera instancia.
3SAMAI, índice 025 del expediente de primera instancia.
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21. Para arribar a esa conclusión, sostuvo que la providencia proferida por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, pues no evidenció un análisis arbitrario o
caprichoso, ajeno a los preceptos jurídicos de orden constitucional y legal.
22. El a quo consideró que la decisión ordinaria cuestionada no constituyó una vía de
hecho por defecto sustantivo o fáctico, en tanto el tribunal accionado explicó las razones
jurídicas y probatorias por las cuales no se configuraba la discriminación salarial alegada.
23. Asimismo, indicó que la tutela no podía utilizarse para obtener una nueva valoración
del debate jurídico surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ni
para imponer al juez ordinario una interpretación distinta del régimen salarial docente.
24. En consecuencia, concluyó que no se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y negó la solicitud de amparo.
G. Impugnación
25. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia.4
26. En su escrito, sostuvo que el fallo impugnado desconoció el deber de motivación
reforzada que rige las tutelas contra providencias judiciales y se apartó del precedente
constitucional que exige un control estricto frente a tratos salariales diferenciados sin
justificación objetiva.
27. Reiteró que la providencia cuestionada desconoció la sentencia C-1064 de 2001 y que
el juez constitucional de primera instancia omitió analizar de fondo si la diferencia
porcentual entre los incrementos salariales de los grados 3BM y 3DM contaba con una
razón objetiva, suficiente y probada.
28. También insistió en la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, al considerar
que el tribunal accionado redujo el debate a una comparación normativa entre categorías
del escalafón docente y avaló la diferenciación salarial sin que existieran estudios
técnicos, presupuestales o probatorios que la justificaran.
29. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y amparar los derechos
fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
30. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver, en segunda instancia, la impugnación presentada contra la sentencia de primera
instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 y el Acuerdo 80 de 2019 del Consejo de
Estado.
I. Sentido de la decisión
31. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar,
declarará improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.
4SAMAI, índice 028 del expediente de primera instancia.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-01
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
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J. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
32. La acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional. Su
procedencia exige, como presupuesto inicial, que el asunto sometido al juez
constitucional tenga verdadera relevancia constitucional y no corresponda a una
discusión ordinaria de legalidad, interpretación normativa, valoración probatoria o
contenido económico ya resuelta por el juez natural.
33. La relevancia constitucional no se satisface con la sola invocación de derechos
fundamentales ni con la afirmación de que una sentencia es equivocada. La parte actora
debe mostrar, con una carga argumentativa suficiente, que la providencia cuestionada
produjo una afectación directa, grave y evidente de garantías superiores, y no
simplemente que adoptó una interpretación distinta a la que estima correcta.
34. En especial, tratándose de controversias salariales o prestacionales, el juez de tutela
debe verificar con mayor rigor que la discusión no se reduzca a un desacuerdo sobre la
aplicación de normas legales, la comparación de regímenes o categorías, o el alcance
económico de una decisión administrativa. Esos debates, por regla general, pertenecen
al juez contencioso administrativo.
35. Por ello, cuando la demanda de tutela busca que se reabra el análisis efectuado en
el proceso ordinario sobre la legalidad de los actos administrativos, el alcance de decretos
salariales o la suficiencia de las pruebas aportadas para acreditar un trato desigual, sin
evidenciar una afectación constitucional autónoma, el amparo resulta improcedente por
falta de relevancia constitucional.
K. El caso concreto – tesis reiterada5
36. En el presente asunto, la señora Luz Elena Vargas Londoño cuestiona la sentencia
del 17 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda
confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra
la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Dosquebradas.
37. La controversia ordinaria tuvo por objeto el reconocimiento y pago de diferencias
salariales derivadas de los incrementos fijados para docentes ubicados en distintas
categorías del escalafón, particularmente entre los grados 3BM y 3DM. En ese proceso
se discutió si los porcentajes aplicados en los años 2008 y 2009 generaron un trato
desigual y si existía justificación normativa, técnica o probatoria para esa diferencia.
38. En la tutela, la parte actora insistió en que el Tribunal Administrativo de Risaralda
incurrió en defecto sustantivo y fáctico, porque, a su juicio, no interpretó adecuadamente
el artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992, el Decreto Ley 1278 de 2002 y la
sentencia C-1064 de 2001, ni exigió prueba suficiente sobre los motivos que justificaban
el incremento salarial diferenciado.
39. La Sala advierte que esos planteamientos no superan el requisito de relevancia
constitucional. La accionante no formula un verdadero problema constitucional autónomo,
sino que pretende que el juez de tutela revise nuevamente la lectura normativa y
probatoria que realizó el tribunal dentro del proceso ordinario sobre una reclamación de
contenido salarial.
5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, radicado núm.
11001-03-15-000-2026-01991-00, Sentencia del 5 de junio de 2026.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-01
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Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional
40. En efecto, el reproche se concentra en sostener que el tribunal debió valorar de
manera distinta la comparación entre categorías del escalafón docente y exigir una
justificación adicional sobre los porcentajes de incremento. Ese desacuerdo corresponde
al ámbito propio del medio de control ejercido y no convierte la decisión judicial en un
asunto constitucionalmente relevante.
41. La invocación de la sentencia C-1064 de 2001 tampoco modifica esta conclusión. La
parte actora no demuestra que el tribunal hubiese desconocido una regla constitucional
específica, aplicable de manera directa y necesaria al caso, sino que utiliza ese
precedente para reforzar su inconformidad con la manera en que se resolvió la discusión
salarial.
42. Lo mismo ocurre con el defecto fáctico alegado. La demandante no identifica una
prueba determinante que haya sido omitida, tergiversada o valorada de forma
contraevidente. Su reparo consiste en afirmar que no se probó suficientemente la
justificación del trato diferenciado, asunto que fue examinado por el juez natural en el
marco de la controversia ordinaria.
43. En ese contexto, la acción de tutela pretende funcionar como una instancia adicional
para reabrir un debate legal, probatorio y económico ya definido por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Esa finalidad es incompatible con el carácter excepcional del
amparo contra providencias judiciales.
44. La Sala reitera que la tutela no está instituida para corregir toda diferencia
interpretativa ni para permitir que la parte vencida obtenga una nueva valoración de los
argumentos ordinarios. La inconformidad con la decisión judicial, por sí sola, no constituye
relevancia constitucional.
45. Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo y,
en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de tutela por falta de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 13 de abril de 2026 por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la señora Luz Elena Vargas
Londoño, por falta de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01841-01
Accionante: Luz Elena Vargas Londoño
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente Magistrado
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