Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01991-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01991-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01991-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01991 01
Accionante: Claudia Marcela Montoya León
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 5 de junio de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Claudia Marcela Montoya León, actuando a través de apoderada, interpuso
acción de tutela en contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, en la
sentencia proferida el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente
radicado bajo el número 66001333300220240028900, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora CLAUDIA MARCELA
MONTOYA LEÓN, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, al marco normativo aplicable
al caso y al material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y proferir una nueva, con una debida interpretación de
la norma aplicable al debate jurídico y analizando de manera concreta la
situación particular de la docente CLAUDIA MARCELA MONTOYA LEÓN, a
la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y de los hechos
debidamente probados en el debate jurídico. (Negrillas y mayúsculas
originales del escrito de tutela).
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01991 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2B del
escalafón regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
Relató que, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de
los empleados del Estado, el Gobierno nacional dispuso incrementos iguales para el
personal docente vinculado al nuevo escalafón durante los años 2005, 2006 y 2007. No
obstante, señaló que para los años 2008 y 2009 se decretaron aumentos porcentuales
inequitativos en la asignación básica salarial, sin que mediara una exposición de motivos
previa, razonada y suficiente que justificara dicha diferenciación, pese a que en el año
2010 y desde el 2012 se retomó un esquema de incrementos homogéneos.
Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, se vio afectada al evidenciar que los
docentes ubicados en una categoría inferior, como la 2A, recibieron incrementos
superiores frente a su categoría, pues para el año 2008 el aumento para la categoría 2A
fue del 14,11 %, mientras que para la categoría 2B alcanzó el 5,69 %. Asimismo, para el
año 2009, el incremento para la categoría 2A fue del 15,61 %, en tanto que para la
categoría 2B correspondió al 7,67 %.
Señaló que, frente a dicha situación, presentó reclamación administrativa ante la Nación
– Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda, con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales decretados para los años 2008 y 2009, en los que se favoreció a docentes de
una categoría inferior en detrimento de quienes se encontraban en una mejor posición en
el escalafón.
Indicó que el Ministerio de Educación Nacional negó sus pretensiones mediante oficio sin
número del 27 de febrero de 2024, mientras que el Departamento de Risaralda guardó
silencio frente a la reclamación formulada.
Expuso que, ante la negativa administrativa, promovió demanda contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda, en la que solicitó la
inaplicación por ilegalidad del decreto expedido en el año 2024 que fijó la escala salarial
del personal docente, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados
y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los tres años
anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, así como de aquellas que
se causaran hacia el futuro.
Refirió que el proceso correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Pereira, autoridad que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, negó
las pretensiones de la demanda.
Anotó que, inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante la providencia del 25 de
septiembre de 2025, en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia.
Frente a la procedencia de la acción de tutela, la parte accionante sostuvo que su solicitud
de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
2
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Al respecto, aseveró lo siguiente2:
El presente asunto reviste especial relevancia constitucional, en la medida en que
el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva y principio de favorabilidad —en su manifestación de obtener una decisión
justa, motivada y suficiente— de la señora Claudia Marcela Montoya León, toda
vez que la sentencia proferida en el marco de la controversia laboral incurrió en
defecto sustantivo, al haberse adoptado con desconocimiento de la normativa
aplicable al régimen salarial del personal docente y, de manera concomitante,
adolece de defecto fáctico, dado que se omitió la adecuada valoración de las
pruebas allegadas al proceso que evidenciaban la existencia de incrementos
salariales desproporcionados, en tanto se otorgaron mayores aumentos a
servidores ubicados en escalafones inferiores (como la categoría 2) respecto de
aquellos que ostentaban un nivel superior (como el grupo 2B, al cual pertenecía
mi prohijada), sin que mediara justificación normativa, técnica o probatoria que
respaldara dicha alteración del principio de igualdad retributiva.
En igual sentido anotó que3:
[…] el Tribunal Administrativo de Risaralda no cumplió con su deber de ejercer un
control judicial estricto sobre la actuación administrativa censurada, al validar
como ajustada a derecho una decisión que desconoció los principios
constitucionales de igualdad material, mérito y debido proceso, así como los
parámetros normativos y probatorios aplicables al régimen salarial docente, sin
ofrecer una motivación suficiente, razonada y válida, se torna imperativa la
intervención del juez de tutela, quien, en su condición de garante de la supremacía
constitucional, debe corregir la interpretación errónea acogida en sede ordinaria y
adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos fundamentales de
la señora Claudia Marcela Montoya León, asegurando de este modo la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y la vigencia de un orden
justo. […].
En cuanto a los requisitos generales de procedencia, alegó que la providencia acusada
incurrió en defecto sustantivo y defecto fáctico.
Sobre el defecto sustantivo argumentó lo siguiente4:
En consecuencia, se evidencia que la sentencia objeto del presente recurso de
amparo incurre en un desacierto sustancial al no lograr articular esa línea
interpretativa con las particularidades del caso concreto. En efecto, no ofrece una
justificación clara y suficiente que explique por qué, a pesar de encontrarse el (la)
demandante en una categoría superior del escalafón —grado 2, nivel B—, se le
reconoció un aumento inferior al otorgado a un docente ubicado en un nivel más
bajo, como el grado 2, nivel A, concluyendo, además, de manera infundada que
dicho tratamiento salarial se ajustaba a derecho, sin proporcionar una motivación
suficiente y razonable que permita comprender cómo esa diferencia podría
considerarse razonable y conforme con el principio de igualdad material y la
equidad retributiva que rige el servicio público docente.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01991 00.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
3
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Así pues, resulta notorio que la sentencia de segunda instancia no expone de
manera clara y coherente cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia vertical,
que defiende los incrementos salariales basados en la idoneidad del desempeño
y las competencias del personal docente, podría justificar la legalidad de los
aumentos desiguales en el caso del (la) demandante, quien demostró en el
proceso judicial que ocupaba una posición superior en el escalafón 2B en
comparación con la categoría 2A, a la cual se le otorgó un ajuste salarial
significativamente mayor durante los años 2008 y 2009.
Por último, respecto al defecto fáctico explicó lo siguiente5:
En el sub examine, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del
extremo pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados
en un nivel inferior del escalafón, como es el caso del escalafón 2A, en
comparación con la accionante, quien se encontraba en la categoría 2B,
respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Ello,
por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran dicha decisión administrativa, por lo que, si no se tomó en
cuenta la Ley 1278 de 2002, la cual reconoce la proporcionalidad salarial en
función de la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada
por el educador, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos
incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la
sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una profunda
incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión administrativa que
avaló este incremento salarial desigual.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 10 de marzo de 20266 y correspondió por reparto a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto del 16 de marzo
del 20267 la admitió y dispuso notificar8 al Tribunal Administrativo de Risaralda como
accionado; así como vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira y a la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y al Ministerio de
Educación Nacional como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira y al Tribunal Administrativo de Risaralda para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 66001 33 33 002 2024 00289 00, el cual fue remitido9.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 00.
7 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 00.
8 Esta orden se cumplió el 18 de marzo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01991 00.
9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 00.
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3.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda10 sostuvo que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, pues pretende reabrir un debate de naturaleza legal y
económica ya resuelto por el juez natural.
Afirmó que la providencia cuestionada valoró integralmente las pruebas y aplicó de
manera razonable la normativa y la jurisprudencia pertinentes, incluida la sentencia C-
1064 de 2001, por lo que no se configuraron los defectos fáctico ni sustantivo alegados.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo o, subsidiariamente, negarlo.
3.3. La Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda11 manifestó que no
profirió la providencia cuestionada ni tiene competencia para modificarla o dejarla sin
efectos. Señaló que la inconformidad de la accionante con la interpretación del juez
natural no configura, por sí sola, los defectos fáctico y sustantivo alegados, en
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente,
negar el amparo y disponer su desvinculación del trámite.
3.4. La profesional especializada de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Educación Nacional allegó escrito12 en el que solicitó que se declare la improcedencia de
la solicitud de amparo.
Sostuvo que esa cartera carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no profirió
la providencia cuestionada ni incurrió en una acción u omisión vulneradora de derechos
fundamentales. Agregó que la controversia es de naturaleza legal y económica y que la
accionante pretende convertir la tutela en una tercera instancia, sin acreditar los defectos
atribuidos a la decisión judicial.
3.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, guardó silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del
5 de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se
cumplió el requisito general de relevancia constitucional.
En primer lugar, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, debido
a que fueron vinculadas como terceros con interés, por haber integrado la parte
demandada dentro del proceso ordinario que dio origen a la providencia cuestionada.
Al analizar el caso concreto, advirtió que la accionante reiteró los mismos argumentos
planteados en el recurso de apelación del proceso ordinario, relacionados con la falta de
justificación objetiva de los incrementos salariales diferenciados entre las categorías 2A
y 2B, así como con el supuesto desconocimiento de los principios de igualdad, mérito y
progresividad.
10 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 00.
11 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 00.
12 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 00.
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Señaló que esos cuestionamientos ya habían sido examinados por el Tribunal
Administrativo de Risaralda en la sentencia del 25 de septiembre de 2025, en la que
concluyó que la diferencia porcentual entre los incrementos no demostraba, por sí sola,
la existencia de discriminación ni la ilegalidad de los actos administrativos demandados.
Asimismo, precisó que la autoridad judicial accionada resolvió el asunto con fundamento
en el marco normativo aplicable al régimen salarial docente y en los actos efectivamente
sometidos a control judicial.
En consecuencia, concluyó que la solicitud de amparo pretendía reabrir un debate de
mera legalidad, obtener una nueva valoración de las pruebas y del régimen jurídico
aplicable, y alcanzar el reconocimiento y pago de unas diferencias salariales. Por tanto,
determinó que se trataba de una controversia predominantemente económica, carente
de argumentos que demostraran una afectación grave de los derechos fundamentales
invocados y orientada a convertir la tutela en una tercera instancia.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, la accionante presentó impugnación
y solicitó que se revocara el fallo del 5 de junio de 2026 y, en su lugar, se ampararan los
derechos fundamentales invocados y se dejara sin efectos la sentencia cuestionada.
Sostuvo que el asunto sí cumple el requisito de relevancia constitucional, pues la
controversia no se limita a una pretensión económica, sino que involucra la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, derivada
del trato salarial diferenciado entre los docentes ubicados en las categorías 2A y 2B del
escalafón.
Afirmó que la tutela no pretende constituirse en una tercera instancia, sino obtener el
control constitucional de una providencia que, a su juicio, avaló incrementos salariales
desiguales sin exigir una justificación objetiva, técnica y razonable. En particular, señaló
que, para el año 2008, el incremento de la categoría 2A fue del 14,11 %, mientras que el
de la categoría 2B correspondió al 5,69 %; y que, para el año 2009, los aumentos fueron
del 15,61 % y del 7,67 %, respectivamente.
Alegó que se configuró un defecto sustantivo, porque el Tribunal interpretó el régimen
salarial docente de manera contraria a los principios constitucionales de igualdad, mérito
y progresividad. Asimismo, insistió en la existencia de un defecto fáctico, debido a que
no obraba prueba que demostrara que los mayores incrementos reconocidos a los
docentes de la categoría 2A respondieran a criterios objetivos o a estudios técnicos que
justificaran esa diferenciación.
Finalmente, adujo que la providencia cuestionada aceptó como cierta la existencia de una
finalidad legítima de corrección de brechas salariales, pese a que dicha circunstancia no
fue acreditada dentro del proceso, y omitió valorar el impacto permanente que los
incrementos desiguales produjeron sobre la base salarial y las prestaciones de la
accionante.
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5.2. Por auto proferido el 10 de julio de 2026 se concedió la impugnación13 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 23 de julio de 202614.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 15, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 16, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:
6.2.1. La señora Claudia Marcela Montoya León, actuando por conducto de apoderada,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda, con las siguientes
pretensiones:
[…] DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo OFICIO SIN NUMERO DE
FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024, proferido por CRISTIAN OSWALDO
CARMONA SANCHEZ, en calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en cuanto
le negó a mi poderdante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que
fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado
en el escalafón 2A, con ocasión que fue realizado un incremento del 14.11%,
por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el
MEN, mientras que el incremento efectuado a la categoría del escalafón 2B, fue
del 5.69% en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que
se realizó en el año 2009 a la categoría 2A del escalafón docente, que fue un
incremento del 15.61%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de
13 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 00.
14 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01991 01.
15 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
16 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
18 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 66001 33 33 002 2024 00289
00/01/02.
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Accionante: Claudia Marcela Montoya León
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2009, proferidos por el MEN, mientras que a la categoría 2B del mismo
escalafón, le fue realizado un incremento del 7,67%, para su salario en el año
2009. […]. (Mayúsculas, subrayas y negrillas originales del escrito de tutela).
En igual sentido, solicitó la nulidad:
[…] DECLARE LA NULIDAD total del acto administrativo ACTO FICTO O
PRESUNTO CONFIGURADO EL 02 DE MAYO DE 2024 FRENTE A LA
PETICIÓN PRESENTADA EL 02 DE FEBRERO DE 2024, del DEPARTAMENTO
DE RISARALDA en cuanto le negó a mi poderdante el derecho a la diferencia en
el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en
el año 2008 para el grado en el escalafón 2A, con ocasión que fue realizado un
incremento del 14.11%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407
de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuado a la
categoría del escalafón 2B, fue del 5.69% en su salario; así como también, por la
diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 2A del
escalafón docente, que fue un incremento del 15.61%, por medio de los
Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que a
la categoría 2B del mismo escalafón, le fue realizado un incremento del
7,67%, para su salario en el año 2009. […]. (Mayúsculas, subrayas y negrillas
originales del escrito de tutela).
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las entidades
demandadas:
[…] al reconocimiento y pago de los dineros al docente oficial, perteneciente a la
categoría 2B, de acuerdo al artículo 21 del Decreto -Ley 1278 de 2002, de las
diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a esta
petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se
lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en el incremento salarial
que fue decretado de manera indiscriminada e ilegal en el año 2008 para el grado
en el escalafón 2A, con ocasión que fue realizado un incremento del 14.11%,
por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el
MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2B, fue
del 5.69% en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que
se realizó en el año 2009 a la categoría 2A del escalafón docente, que fue un
incremento del 15.61%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de
2009, proferidos por el MEN, mientras que a la categoría 2B del mismo
escalafón, le fue realizado un incremento del 7,67%, para su salario en el año
2009, reconociéndose tres (3) años hacia atrás contados desde el momento en
que se realizó la reclamación. […] (Mayúsculas, subrayas y negrillas originales del
escrito de tutela).
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Pereira, que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, negó
las pretensiones.
6.2.3. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2025, en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
8
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de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
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Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)19. (Se destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, mediante la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues sus
inconformidades se dirigen a cuestionar la interpretación de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002, así como la valoración probatoria efectuada por la autoridad
judicial accionada. En particular, sostiene que no existían elementos de prueba que
justificaran los incrementos salariales diferenciados fijados para los años 2008 y 2009.
Lo anterior, con el propósito de insistir en que se presentó una desigualdad salarial
injustificada entre las categorías 2A y 2B del escalafón docente, asunto que ya fue
analizado y resuelto dentro del proceso ordinario.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la sentencia de segunda instancia
cuestionada, expuso lo siguiente20:
19 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
20 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 66001
33 33 002 2024 00289 00/01/02.
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Es así como se observa que la reclamación de la parte actora versa sobre la
diferencia en los aumentos salariales de los docentes pertenecientes al escalafón
oficial, Decreto Ley 1278 de 2002, al considerar que dichos incrementos fueron
irregulares, debido a que los porcentajes aplicados variaron entre los diferentes
grados y niveles salariales; y esa misma legislación consagra el derecho a la
igualdad y el reconocimiento salarial según el nivel de formación del docente,
promueve la profesionalización y, en consecuencia, la calidad del servicio
educativo.
No obstante lo antedicho, argumenta también la parte actora, que en los períodos
mencionados, los incrementos salariales fueron aplicados en porcentajes
dispares, de lo que resulta que, por regla general, los escalafones 1A, 2A y 3A
experimentan un reajuste superior en comparación con los grados 1B, 1C, 1D, 2B,
2C, 2D, 3B, 3C y 3D, cuestión que, a su juicio, genera un trato discriminatorio,
dado que estos últimos ostentan el mismo nivel profesional, pero cuentan con
mayor experiencia.
Debe resaltar la Sala de Decisión que, al pretender la nulidad de actos
administrativos como los que ahora se cuestionan, la parte demandante debe
demostrar que han sido expedidos con alguna causal de nulidad; sin embargo, la
información que brinda el material probatorio obrante en el plenario es muy
limitada, sin que la carga argumentativa permita llegar a la conclusión propuesta,
en cuanto de los documentos que reposan en el plenario no es posible advertir
una vulneración al derecho a la igualdad, habida cuenta que el tratamiento
diferente que se establece en los actos acusados, en relación con el porcentaje
del aumento salarial entre quienes se encontraban en el escalafón 2A y quienes
se encontraban en el escalafón 2B no debe considerarse discriminatorio, por las
siguientes razones.
Itera esta colegiatura judicial que los criterios que el legislador señaló
específicamente en el numeral 2º del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, mediante
la cual se confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República para
expedir los decretos que se pide inaplicar, en virtud del principio de la
configuración legislativa, bien puede el legislador considerar que es necesario fijar
unas diferentes condiciones salariales para los docentes escalafonados de un
grado, respecto de otro, atendiendo unos parámetros, sin que ello signifique que
se esté discriminado a los docentes de uno u otro grado.
Ahora bien, debe reseñar esta Magistratura que no existe una norma, ni alguna
jurisprudencia o línea jurisprudencial que respalde la tesis de la parte demandante,
según la cual el Gobierno Nacional está obligado a realizar incrementos iguales
para todos los servidores públicos sin que importe o sea relevante su nivel y grado
o incluso para el caso concreto, para todos los docentes, quienes también tienen
su propia regulación específica al respecto (diferentes grados de escalafón y nivel
salarial); aquello no se deduce ni de la redacción de los artículos 2°, 3° y 4° de la
Ley 4ª de 1992, ni tampoco del artículo 53 de la Carta Política que se señalan
vulnerados en el escrito de demanda.
Luego, la parte demandante aduce en la apelación, aunque aquello no se plantea
en la demanda, una supuesta falta de “fundamento técnico”, que en el escrito de
impugnación concreta como falta de estudios técnicos respecto de los actos
acusados, que den cuenta de la existencia de razones objetivas y válidas para
ordenar los incrementos desiguales. Pues bien, como ya se anunció, tal
argumento no fue presentado en la demanda y además se resalta, en la apelación
tampoco se identifica la norma jurídica que establece dicha obligación y que en
consecuencia se desconoció; por ende, no le es dable a este Juez Colegiado en
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esta instancia judicial pronunciarse al respecto de este punto no planteado desde
el libelo introductorio.
En el hipotético caso que ese tema se hubiere invocado desde el inicio del
proceso, tampoco le asistiría razón a la parte demandante, en cuanto no probó
que el gobierno haya tenido la obligación de realizar dichos estudios técnicos, por
cuanto la Ley 4ª de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de
los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política”, tampoco establece dicha obligación en su artículo 2°28, que fijó los
criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Ejecutivo para la determinación
del régimen salarial y prestacional.
Así entonces, la sola aseveración realizada en la apelación no tiene la capacidad
de enervar la legalidad ni de las normas generales (decretos), ni de los actos
administrativos particulares demandados; no basta con afirmar una indebida
sustentación al momento de fijar los incrementos desiguales para los años 2008 y
2009, para tener por demostrada una vulneración al principio de igualdad, pues la
misma debe probarse y su mera enunciación no desdibuja un régimen que
contiene normas especiales como es el caso del Estatuto de Profesionalización
Docente, para dar un trato similar a grados y niveles diferentes cuando estos son
disímiles en requisitos y experiencia.
Igualmente, en el sub lite se acusa ilegalidad de los actos opugnados, sin señalar
la norma legal que dispone la obligación de un incremento salarial igual entre los
distintos grados de escalafón, lo que supone que estos últimos deben ser
homogéneos y, por lo mismo, el solo establecimiento de grados dentro del
escalafón29 sería per se discriminatorio, lo que por supuesto no resiste mayor
análisis. Como bien lo anotó la Corte Constitucional, no es posible comparar
prestaciones específicas entre grados de escalafón diferentes.
Por su parte, el Decreto Ley 1278 de 2002 establece unas características distintas
para los docentes escalafonados en un grado diferente al otro, a manera de
ejemplo, los títulos académicos que se exigen para el docente escalafonado en el
grado 2A, son diferentes a los que se le exigen a un docente escalafonado en el
grado 2B, están ligados a unos requisitos distintos que no encuentran equivalentes
entre ambos.
Así, en la medida en que se trata de escalafones diferentes, no cabe efectuar
comparaciones entre la asignación salarial que se establece para quienes
ingresan a la carrera en grados disimiles y ya se estableció que no existe norma
que imponga una obligación de realizar estudios técnicos para la expedición de
los decretos de aumento salarial, y tampoco existe en el ordenamiento jurídico la
obligación de realizar aumentos iguales para los docentes; incluso, la Corte
Constitucional estableció la posibilidad jurídica debidamente fundamentada de
realizar aumentos por debajo a quienes ganen más de 2 SMLMV y ello materializa
la posibilidad de aumentos diferenciados entre diversos empleados públicos.
Se observa que la entidad demandada no vulneró los preceptos constitucionales
a que alude la demandante, comoquiera que se estableció la actualización salarial
de los docentes para la vigencia 2008 y 2009, dentro de los límites y de acuerdo
a las competencias que le habían sido conferidas, sin que se encuentre
vulneración al principio de progresividad.
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De este modo, el aumento salarial reconocido a la parte actora se cimentó en
circunstancias y criterios objetivos, de tal manera que el "grado" del escalafón fue
un elemento determinante en su remuneración mensual; luego, para el caso
concreto, no puede ser de recibo que se solicite la aplicación de un incremento
superior, en cuanto la fijación del incremento de los salarios de quienes conforman
el servicio público debe responder, por mandato de las leyes sobre la materia, a
condiciones y contextos reales de orden social, administrativo y económico, dado
que en todo caso el alza salarial no tiene que ser idéntico para todos, en tanto si
bien en un Estado Social de Derecho se propugna por el aumento salarial para
todos sus servidores públicos, no debe entenderse que este aumento deba
realizarse en el mismo porcentaje, por cuanto la igualdad se extiende y se entiende
entre iguales.
Considera la Sala que, como lo señaló el a quo, no resulta de recibo la
interpretación de la parte actora respecto de la normativa invocada, porque lo que
se buscó con la diferenciación en el porcentaje del incremento al salario, fue, por
un lado, garantizar que el docente que pertenece al escalafón inferior mantenga
su valor adquisitivo y, por el otro, reconocer la formación, capacitación y
preparación de quienes se encuentran en un escalafón superior, cuyo trato
diferenciado es justificado en atención a razones objetivas.
Para concluir, al analizar el momento histórico del país, así como los elementos
esenciales de los acuerdos alcanzados entre FECODE30 y el Gobierno Nacional
para los años 2008 y 2009, no se puede desconocer que los aumentos
diferenciados entre escalafones corresponden a una política de incentivo a la
formación avanzada y las negociaciones con el magisterio, en las que se pretendía
mejorar la calidad educativa. Así, por ejemplo, se encontró que existió para la
época una política de austeridad y control fiscal que llevó a priorizar los aumentos
diferenciados, que no generalizados debido a que la crisis financiera global de los
años 2008 y 2009 impactó fuertemente las condiciones fiscales del país, y generó
una forma de controlar el gasto público sin dejar de incentivar la calidad educativa.
De conformidad con todo lo discurrido, la Sala encuentra que la parte demandante
no probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los
aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y
nivel salarial, para los años 2008 y 2009, conforme lo expresado a lo largo de
estas consideraciones; ya que, como se explicó, no se trata de sujetos ubicados
en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o
jurisprudencial para predicar que existía la obligación de aumentos iguales; carga
procesal que le correspondía al tenor del artículo 167 del Código General del
Proceso, en concordancia con el 164 ibidem según los cuales toda decisión judicial
debe estar soportada en las pruebas que regular y oportunamente fueron
allegadas al proceso, y que corresponde a la parte interesada, por razón de los
artículos 1757 del Código Civil y 167 del citado CGP, probar la obligación o el
supuesto de hecho de las normas que consagren el efecto jurídico que ellas
persiguen.
Por tanto, el éxito de la pretensión y de los medios exceptivos, es directamente
proporcional a los medios de prueba. Así, la carga de la parte es, a través de los
medios legales de prueba oportunamente arrimados al plenario, convencer a la
administración de justicia sobre las circunstancias fácticas que considera
subsumen en la norma que consagra el derecho.
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No basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se requiere probar
aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas allegadas por la contraparte,
actividad que se surte también con los medios legales de prueba.
Y comoquiera que los cargos de nulidad sustancial de la actuación administrativa
enjuiciada, no cuenta con el respaldo probatorio de los supuestos de hecho en los
cuales se fundan, resulta forzoso para esta corporación judicial, confirmar la
sentencia impugnada, en cuanto desestimatoria de las pretensiones formuladas
en el libelo demandatorio.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial se estructura a partir de las
pretensiones, excepciones y hechos planteados por las partes, y que la decisión del juez
se fundamenta en las razones expuestas en la demanda y su contestación, así como en
las pruebas y en el derecho aplicable al caso, sin perjuicio del ejercicio de las facultades
oficiosas previstas en la ley.
Por lo tanto, cuando el juez resuelve la controversia sometida a su conocimiento y acoge
la posición de alguna de las partes, ejerce las funciones atribuidas por la Constitución y
la ley. En consecuencia, una intervención del juez constitucional dirigida a sustituir dicha
valoración implicaría utilizar la acción de tutela para fines distintos de aquellos para los
cuales fue instituida.
En una situación de esta naturaleza, sería el juez constitucional quien podría desconocer
el derecho al debido proceso, al intervenir en la valoración jurídica y probatoria efectuada
dentro del proceso ordinario y modificar una decisión adoptada por el funcionario
competente, mediante un trámite sumario que no está diseñado para reemplazar su
criterio.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez natural se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y jurídicas que integraron el debate, como ocurrió en el presente
asunto, en el que el Tribunal Administrativo de Risaralda examinó la procedencia de
comparar los incrementos salariales aplicados a las categorías 2A y 2B del escalafón
docente, la presunta vulneración del principio de igualdad y la facultad del Gobierno
nacional para fijar aumentos diferenciados, simplemente resuelve la controversia en
ejercicio de sus competencias, sin que corresponda al juez de tutela indicarle el sentido
en el que debía decidir.
Una situación distinta se presentaría si la autoridad judicial se hubiera apartado del
debate propuesto o hubiera sorprendido a las partes con una determinación ajena a los
hechos, pretensiones y argumentos expuestos, circunstancia que podría comprometer el
derecho de defensa. Sin embargo, tal supuesto no se configura en el caso bajo estudio.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada, comoquiera que, tal como
lo indicó el a quo, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de junio de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 6 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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