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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01673-01

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01673-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Leonardo Fabio Pérez Mozo, por falta de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Radicado: 11001-03-15-000-2026-01673-01 Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01673-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

7 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01673-01
Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 9 de abril de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

El señor Leonardo Fabio Pérez Mozo cuestiona la sentencia del 28 de agosto de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó la decisión del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar mediante la cual se negaron
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con diferencias
salariales del escalafón docente. Se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se declarará improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional, porque la controversia planteada es de naturaleza legal y económica, y
pretende reabrir el debate decidido por el juez natural sobre el régimen salarial docente
y la valoración probatoria efectuada en el proceso ordinario.

I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 2 de marzo de 2026, el señor Leonardo Fabio Pérez Mozo, por intermedio de
apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, así como del principio de favorabilidad,
los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con
ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 20001-33-33-001-2024-
00216-01.

2. La parte accionante formuló, en síntesis, las pretensiones que se transcriben a
continuación:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida el
día 28 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 20001-33-33-001-2024-
00216-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y

1 Tesis reiterada: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad y restablecimiento del derecho /

escalafón docente / diferencias salariales / defectos sustantivo y fáctico / Revoca y declara la improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01673-01
Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor LEONARDO FABIO PÉREZ MOZO.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y analizando de
manera concreta la situación particular del docente”.

B. Hechos
3. El señor Leonardo Fabio Pérez Mozo se desempeña como docente oficial y se
encuentra ubicado en la categoría 2BE del escalafón docente regulado por el Decreto
Ley 1278 de 2002.

4. Según la parte accionante, para el año 2009 el Gobierno Nacional fijó incrementos
salariales diferenciados entre las categorías 2AE y 2BE, pues el incremento para la
primera fue del 15,61 %, mientras que para la segunda fue del 7,67 %. A su juicio, esa
diferencia afectó la base salarial de los años subsiguientes y produjo un trato desigual
frente a docentes ubicados en una categoría inferior.

5. El actor presentó reclamación administrativa ante la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Cesar, con el propósito de obtener el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales causadas por los incrementos que consideró
inequitativos. Las solicitudes fueron resueltas desfavorablemente por las entidades
requeridas.

6. El señor Pérez Mozo promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Cesar, con el
fin de obtener la nulidad de los actos que negaron el reconocimiento de las diferencias
salariales y, a título de restablecimiento, el pago de las sumas que estimó adeudadas.

7. Mediante sentencia del 10 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar negó las pretensiones de la demanda. Para ello, consideró
que no era procedente equiparar las condiciones de formación y experiencia de los
docentes ubicados en distintos grados del escalafón, pues existían parámetros objetivos,
discernibles y razonables que justificaban la diferenciación salarial y prestacional.

8. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Mediante
sentencia del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
decisión de primera instancia, al considerar que no se configuró la discriminación
alegada, pues los docentes de los grados 2AE y 2BE no se encuentran en un mismo
plano de igualdad material dentro de la estructura del escalafón docente.

C. Fundamentos de la vulneración
9. La parte accionante sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar
incurrió en defecto sustantivo, porque habría avalado un incremento salarial desigual y
regresivo entre los grados 2AE y 2BE, sin exigir una justificación normativa, técnica o
probatoria suficiente que explicara por qué a un nivel inferior del escalafón se le aplicó un
mayor porcentaje de incremento.

10. Alegó que la autoridad judicial accionada desconoció los artículos 13, 25, 53 y 125 de
la Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto el
sistema remunerativo docente debe responder a criterios de mérito, formación
académica, experiencia, responsabilidad y evaluación de competencias.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01673-01
Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional

11. También invocó la configuración de un defecto fáctico, al considerar que el Tribunal
Administrativo del Cesar dio por justificada la diferencia salarial sin que en el expediente
obraran pruebas idóneas sobre las razones técnicas, financieras o de política pública que
sustentaran el trato diferenciado.

12. Por último, indicó que otros despachos judiciales, en asuntos similares, habían
considerado que los incrementos salariales diferenciados entre categorías del escalafón
docente podían constituir un trato inequitativo, razón por la cual estimó que la decisión
cuestionada desconoció el precedente y los principios de igualdad y favorabilidad.

D. Trámite procesal
13. Mediante auto del 6 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Cesar.

14. En la misma providencia se vinculó al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar,
a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y al departamento del Cesar, y se requirió la remisión del expediente
ordinario identificado con el radicado núm. 20001-33-33-001-2024-00216-00/01.

E. Oposiciones e intervenciones
15. El Juzgado Primero Administrativo de Valledupar indicó que los fundamentos de hecho
y de derecho que condujeron a negar las pretensiones se encontraban consignados en
la sentencia del 10 de marzo de 2025. Además, remitió el enlace de acceso al expediente
ordinario.

16. El Tribunal Administrativo del Cesar reiteró los argumentos expuestos en la sentencia
cuestionada y señaló que los juzgados administrativos de Valledupar y los despachos del
tribunal han mantenido una línea decisional uniforme en los asuntos relacionados con
incrementos salariales del escalafón docente.

17. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción y su
desvinculación del trámite, al estimar que carecía de legitimación en la causa por pasiva,
pues la controversia recae sobre una providencia judicial y no sobre una actuación
atribuible a esa cartera ministerial.

18. El Departamento del Cesar guardó silencio.

F. Sentencia de primera instancia
19. Mediante sentencia del 9 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por Leonardo Fabio Pérez Mozo.

20. La autoridad judicial de primera instancia consideró que no se configuraron los
defectos sustantivo y fáctico alegados, pues el Tribunal Administrativo del Cesar realizó
una interpretación coherente de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002, y
valoró el material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica.

21. Al analizar la providencia cuestionada, el a quo resaltó que el Tribunal explicó que el
sistema de carrera docente clasifica a los maestros oficiales de acuerdo con su formación
académica, experiencia, evaluación de desempeño y competencias, variables que
justifican la existencia de grados y niveles salariales diferenciados.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01673-01
Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional

22. Asimismo, concluyó que los grados 2AE y 2BE no eran equiparables, debido a que
difieren en las exigencias de formación académica, evaluación de competencias,
experiencia y méritos, por lo que no podía predicarse, sin más, una vulneración del
derecho a la igualdad.

23. Finalmente, la Subsección A precisó que las sentencias proferidas por algunos
juzgados administrativos de Medellín en asuntos similares no tenían fuerza vinculante
para el Tribunal Administrativo del Cesar, por cuanto no provenían de autoridades
encargadas de unificar jurisprudencia.

G. Impugnación
24. El 20 de abril de 2026, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia.

25. En su escrito, reiteró que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
porque convalidó un trato salarial desigual entre docentes ubicados en los grados 2AE y
2BE, sin efectuar un control material de constitucionalidad sobre la razonabilidad del
incremento aplicado en la vigencia 2009.

26. Sostuvo que la sentencia impugnada efectuó una lectura fragmentada del marco
normativo y probatorio, pues omitió valorar que los docentes del grado 2AE recibieron un
incremento del 15,61 %, mientras que a los docentes del grado 2BE se les reconoció un
incremento sustancialmente menor, pese a que estos últimos se encontraban en una
categoría superior del escalafón.

27. También insistió en la configuración del defecto fáctico, al considerar que el Tribunal
Administrativo del Cesar aceptó una supuesta justificación del trato diferenciado sin que
las entidades demandadas hubieran aportado estudios técnicos, criterios objetivos o
elementos probatorios que explicaran la diferencia porcentual de los incrementos.

28. Por último, afirmó que la acción de tutela no busca reabrir el debate ordinario, sino
corregir una decisión judicial que, en su criterio, desconoció los principios de igualdad,
mérito, progresividad y favorabilidad en materia laboral docente.

II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver, en segunda instancia, la impugnación presentada contra la sentencia de primera
instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 y el Acuerdo 80 de 2019 del Consejo de
Estado.

I. Sentido de la decisión
30. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar,
declarará improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

J. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
31. La acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional. Su
procedencia exige, como presupuesto inicial, que el asunto sometido al juez
constitucional tenga verdadera relevancia constitucional y no corresponda a una

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01673-01
Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional

discusión ordinaria de legalidad, interpretación normativa, valoración probatoria o
contenido económico ya resuelta por el juez natural.

32. La relevancia constitucional no se satisface con la sola invocación de derechos
fundamentales ni con la afirmación de que una sentencia es equivocada. La parte actora
debe mostrar, con una carga argumentativa suficiente, que la providencia cuestionada
produjo una afectación directa, grave y evidente de garantías superiores, y no
simplemente que adoptó una interpretación distinta a la que estima correcta.

33. En especial, tratándose de controversias salariales o prestacionales, el juez de tutela
debe verificar con mayor rigor que la discusión no se reduzca a un desacuerdo sobre la
aplicación de normas legales, la comparación de regímenes o categorías, o el alcance
económico de una decisión administrativa. Esos debates, por regla general, pertenecen
al juez contencioso administrativo.

34. Por ello, cuando la demanda de tutela busca que se reabra el análisis efectuado en el
proceso ordinario sobre la legalidad de los actos administrativos, el alcance de decretos
salariales o la suficiencia de las pruebas aportadas para acreditar un trato desigual, sin
evidenciar una afectación constitucional autónoma, el amparo resulta improcedente por
falta de relevancia constitucional.

K. El caso concreto – tesis reiterada2
35. En el presente asunto, el señor Leonardo Fabio Pérez Mozo cuestiona la sentencia
del 28 de agosto de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó
la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Cesar.

36. La controversia ordinaria tuvo por objeto el reconocimiento y pago de diferencias
salariales derivadas de los incrementos fijados para docentes ubicados en distintas
categorías del escalafón, particularmente entre los grados 2AE y 2BE. En ese proceso
se discutió si los porcentajes aplicados en el año 2009 generaron un trato desigual y si
existía justificación normativa, técnica o probatoria para esa diferencia.

37. En la tutela, la parte actora insistió en que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió
en defecto sustantivo y fáctico, porque, a su juicio, no interpretó adecuadamente los
artículos 13, 25, 53 y 125 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de
2002, ni exigió prueba suficiente sobre los motivos que justificaban el incremento salarial
diferenciado.

38. La Sala advierte que esos planteamientos no superan el requisito de relevancia
constitucional. El accionante no formula un verdadero problema constitucional autónomo,
sino que pretende que el juez de tutela revise nuevamente la lectura normativa y
probatoria que realizó el tribunal dentro del proceso ordinario sobre una reclamación de
contenido salarial.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, radicado núm.

11001-03-15-000-2026-01991-00, Sentencia del 5 de junio de 2026.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01673-01
Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional

39. En efecto, el reproche se concentra en sostener que el tribunal debió valorar de
manera distinta la comparación entre categorías del escalafón docente y exigir una
justificación adicional sobre los porcentajes de incremento. Ese desacuerdo corresponde
al ámbito propio del medio de control ejercido y no convierte la decisión judicial en un
asunto constitucionalmente relevante.

40. La invocación de los principios de igualdad, mérito, progresividad y favorabilidad
tampoco modifica esta conclusión. La parte actora no demuestra que el tribunal hubiese
desconocido una regla constitucional específica, aplicable de manera directa y necesaria
al caso, sino que utiliza esos mandatos para reforzar su inconformidad con la manera en
que se resolvió la discusión salarial.

41. Lo mismo ocurre con el defecto fáctico alegado. El demandante no identifica una
prueba determinante que haya sido omitida, tergiversada o valorada de forma
contraevidente. Su reparo consiste en afirmar que no se probó suficientemente la
justificación del trato diferenciado, asunto que fue examinado por el juez natural en el
marco de la controversia ordinaria.

42. La referencia a decisiones proferidas por algunos juzgados administrativos en sentido
diferente tampoco otorga relevancia constitucional al asunto. La existencia de criterios
judiciales disímiles sobre una controversia de legalidad no demuestra, por sí misma, una
afectación directa de derechos fundamentales ni habilita al juez de tutela para imponer
una interpretación determinada.

43. En ese contexto, la acción de tutela pretende funcionar como una instancia adicional
para reabrir un debate legal, probatorio y económico ya definido por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Esa finalidad es incompatible con el carácter excepcional del
amparo contra providencias judiciales.

44. La Sala reitera que la tutela no está instituida para corregir toda diferencia
interpretativa ni para permitir que la parte vencida obtenga una nueva valoración de los
argumentos ordinarios. La inconformidad con la decisión judicial, por sí sola, no constituye
relevancia constitucional. Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia
que negó el amparo y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de tutela por
falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Leonardo Fabio Pérez
Mozo, por falta de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01673-01
Accionante: Leonardo Fabio Pérez Mozo
Revoca y declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente Magistrado

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