Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01286-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01286-00
Accionante: ALBERTO FALLA SÁNCHEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – Se niegan las pretensiones de la acción de
amparo porque la autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Alberto Falla Sánchez, en nombre propio, presentó acción de tutela contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia con la presunta mora judicial dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 08001-23-33-
000-2016-00353-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms.
GNR 594 de 2 de enero de 2014; 348871 de 5 de octubre de 2014; GNR 133723
del 8 de mayo de 2015 y VPB 75255 de 17 de diciembre de 2015, por medio de las
cuales se negó la reliquidación pensional pretendida.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01286-00
Accionante: Alberto Falla Sánchez
2.2. Manifestóque el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que, mediante providencia de 22 de
octubre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.3. Señaló que la parte demandada presentó recurso de apelación contra la decisión
indicada supra, el cual fue concedido por el a quo mediante auto de 29 de junio de
2022.
2.4. Resaltó que el proceso fue asignado a la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado por reparto el 30 de mayo de 2023.
2.5. Expuso que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante auto de 20 de octubre de 2023, admitió el recurso de apelación.
2.6. Adujo que “[…] a la fecha de presentación de esta tutela 12 de febrero de 2026,
han transcurrido más de dos (2) años – ocho (8) meses y veintidós (22) días sin que
se haya proferido el fallo de segunda instancia […]”.
2.7. Destacó que “[…] como aparece en los registros del sistema SAMAI de la
jurisdicción contencioso administrativa en diferentes oportunidades se han realizada
(sic) peticiones de Impulso Procesal para que se profiera Sentencia de segunda
instancia […]”.
2.8. Afirmó que “[…] la mora en la decisión me genera un perjuicio irremediable, toda
vez que el acto administrativo de pensión del mes de enero de 2014 a la fecha, han
trascurrido más de 11 años, sin haber recibido una pensión justa, legal y equitativa
por los servicios prestados al Estado, que afectan el mínimo vital, la salud, en donde
mi avanzada edad […]”.
III. PRETENSIONES
3. El accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA Magistrado
Ponente Doctor LUIS EDUARDO MESA NIEVE que, en un término no mayor
a cuarenta y ocho (48) horas, proceda a resolver de fondo el recurso de
apelación dentro del proceso radicado bajo el número 080012333000 2016
00353 01. […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 23 de febrero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, a la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de
Estado y al Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Accionante: Alberto Falla Sánchez
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
negar la presente acción de tutela en razón a que no se han vulnerado los derechos
fundamentales invocados, toda vez que:
“[…] este Despacho ha venido ejerciendo sus funciones de manera diligente y
responsable, en atención a la significativa carga laboral que le ha sido asignada.
En efecto, a la fecha se encuentra a su cargo un total de 890 procesos
pendientes de decisión en segunda instancia y 441 pendientes de trámite de
sustanciación, circunstancia que evidencia el volumen de asuntos sometidos a
estudio. Asimismo, desde mi posesión, ocurrida el 7 de marzo de 2024, hasta
la actualidad, se registra un promedio mensual de evacuación de
aproximadamente 140 procesos con decisión definitiva, frente a un ingreso
trimestral cercano a 240 procesos, lo cual demuestra un esfuerzo constante y
sostenido por garantizar la oportuna administración de justicia, dentro de los
límites materiales y humanos disponibles.
Si bien no se desconoce el tiempo transcurrido en el trámite procesal, se
observa que este se encuentra justificado, no solo por la congestión judicial que
no es ajena al despacho, sino por cuanto existe un orden de estudio de los
procesos que puede obedecer al criterio de antigüedad - según la fecha de
ingreso al Despacho- o al criterio temático, según se disponga como medida de
gestión judicial efectiva.
El despacho reitera su compromiso con la administración de justicia, por lo cual
se encuentra adelantando el análisis concienzudo que amerita el presente
debate en aras de presentar la ponencia que en derecho corresponda para
ponerla a consideración de la Sala […]”.
5.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que no es la autoridad judicial
llamada a responder o a proteger los derechos fundamentales del actor, en la
medida que “[…] no se dirige a cuestionar una actuación desplegada por esta
Corporación en el marco de su competencia funcional, ni a reprochar una omisión
atribuible al trámite surtido en primera instancia. Por el contrario, el núcleo de
inconformidad radica en la no emisión de un fallo de segunda instancia dentro del
proceso contencioso administrativo respectivo, circunstancia que escapa a la órbita
decisoria del Tribunal […]”.
5.3. La
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su
desvinculación de la acción constitucional, comoquiera que “[…] no somos la
entidad que presuntamente vulneró el derecho fundamental alegado […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
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Accionante: Alberto Falla Sánchez
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. En el caso objeto de estudio, se observa que la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones fue parte demandada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 08001-23-33-000-2016-
00353-00/01.
10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01286-00
Accionante: Alberto Falla Sánchez
VI.3. Problema jurídico
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia con la presunta mora judicial dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 08001-23-33-000-2016-00353-00/01.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en
el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.
VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de
los procesos judiciales
13. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”8, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”9.
14. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.10
15. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo de
201711 precisó lo siguiente:
“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
8
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo de
2017.
9
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de
diciembre de 2010.
10
Ibidem.
11
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle Correa;
28 de marzo de 2017.
6
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Accionante: Alberto Falla Sánchez
[…]
[L]a mora judicial se justifica cuando:
-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”12
13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando:
(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante
casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando
(1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio,
consistente en la alteración del turno era, excepcional […].
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201613, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].
16. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna
del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta imprescindible
analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva
dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la
complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las
partes de sus deberes de impulso procesal14.
12
“En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la
autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”.
13
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo de 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
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VI.5. El caso concreto
11. El señor Alberto Falla Sánchez, en nombro propio, presentó acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia con la presunta mora judicial dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 08001-23-33-
000-2016-00353-00/01.
12. La autoridad judicial accionada al rendir informe dentro de la presente acción
constitucional explicó que ha venido ejerciendo sus funciones de manera diligente
y responsable, en atención a la significativa carga laboral que le ha sido asignada.
13. Puso de presente que, a la fecha se encuentra a su cargo un total de 890
procesos pendientes de decisión en segunda instancia y 441 pendientes de trámite
de sustanciación, circunstancia que evidencia el volumen de asuntos sometidos a
estudio y que, desde su posesión ocurrida el 7 de marzo de 2024, hasta la
actualidad, se registra un promedio mensual de evacuación de aproximadamente
140 procesos con decisión definitiva, frente a un ingreso trimestral cercano a 240
procesos, lo cual demuestra un esfuerzo constante y sostenido por garantizar la
oportuna administración de justicia, dentro de los límites materiales y humanos
disponibles.
14. Cabe advertir que la Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada
que configura la violación del derecho fundamental al debido proceso, se caracteriza
por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
actuación por parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de
las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii)
la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias
que no se pueden contrarrestar.
15. Según la información relacionada en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
– SAMAI15, se advierte que:
i) El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 22 de
octubre de 2021, accedió a las súplicas de la demanda y la parte
demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, el cual fue concedido por el a quo mediante auto de 29 de junio
de 2022.
ii). Proceso que fue asignado a la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por reparto el 30 de mayo de 2023.
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Proceso ordinario con radicado 08001233300020160035301.
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Accionante: Alberto Falla Sánchez
iii). El 20 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada. Providencia notificada a las partes
el 10 de noviembre de 2023.
iv) El 4 de diciembre de 2023, pasó al despacho para sentencia.
16. Teniendo en cuenta lo anterior, pese a que no se ha proferido la sentencia que
resuelva el recurso de apelación, el despacho accionado explicó en el informe
allegado al presente trámite que si bien no se desconoce el tiempo transcurrido, se
observa que este se encuentra justificado, no solo por la congestión judicial que no
es ajena al despacho, sino por cuanto los asuntos sometidos a su conocimiento se
deciden en orden de acuerdo con la antigüedad, según la fecha de ingreso al
despacho o al criterio temático.
17. En consecuencia, la Sala considera que no se configura la mora judicial en el
caso concreto, pues el tiempo transcurrido desde la última actuación hasta la
presentación de la acción de amparo no resulta irrazonable ni evidencia inactividad
atribuible al despacho judicial.
18. Adicionalmente, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
excepcional, o que se encontrara en alguna circunstancia particular de la que se
pudiera advertir la necesidad de impartir una orden orientada a agilizar el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en la menor brevedad posible.
19. Enconsecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, al
haberse comprobado que la autoridad judicial accionada no incurrió en mora judicial,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Accionante: Alberto Falla Sánchez
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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