Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00353-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00353-01 (3362-2023)
Demandante: Alberto Falla Sánchez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Tema: Reliquidación pensional. Régimen pensional de la Rama
Judicial. Decreto 546 de 1971. Fecha de vinculación a la Rama
Judicial.
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones. Condena
en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada en contra de la sentencia del 22 de octubre de 2021, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Atlántico1 Sección B, accedió a las pretensiones
de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2. El señor Alberto Falla Sánchez, actuando por conducto de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y
condenas:
2.1.1. Pretensiones
• Declarar la nulidad parcial de la Resolución GNR 594 del 2 de enero de
2014 por medio de la cual COLPENSIONES revocó la Resolución 19930 de
1 Con ponencia del magistrado Oscar Wilches Donado.
2 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo
«12_PROCESOABONADO_001DEMANDA.pdf ».
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Demandante: Alberto Falla Sánchez
28 de febrero de 2013 que le había negado el reconocimiento de una pensión
de jubilación y en su lugar accedió a la petición con fundamento en la Ley 71
de 1988, esto es sin aplicación del Decreto 546 de 1971.
• Declarar la nulidad de la Resolución GNR 348871 de 5 de octubre de 2014
por medio de la cual se ordena la reliquidación de una pensión de vejez y
ordena el cobro coactivo de las mesadas pensionales pagadas al actor en
los periodos enero a julio de 2014.
• Declarar la nulidad de la Resolución GNR 133723 de 8 de mayo de 2015
por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición y se modificó la
Resolución GNR 348871 de 5 de octubre de 2014, esto en aplicación de la
Ley 33 de 1985.
• Declarar la nulidad de la Resolución VPB 75255 de 17 de diciembre de
2015 por la cual, al resolver el recurso de apelación, se negó la aplicación
del Decreto 546 de 1971 se ordenó modificar la Resolución GNR 133723,
que modificó la Resolución GNR 348871.
3. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación con aplicación del Decreto 546
de 1971 teniendo en cuenta la asignación más elevada devengada en el último año
de servicios, anterior al 30 de abril de 2014, con inclusión de todos los factores
salariales devengados y certificados por la entidad empleadora.
4. Igualmente solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de las
diferencias adeudadas debidamente actualizadas de acuerdo con el IPC sobre las
diferencias dejadas de reconocer desde el 1.° de mayo de 2014 y hasta cuando se
pague su totalidad, que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes del CPACA y que se condene en costas y agencias en
derecho a la entidad demandada.
2.1.2. Fundamentos fácticos
5. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:
6. El demandante nació el 19 de mayo de 1947 y prestó sus servicios de la siguiente
manera:
• En la Universidad Libre de Colombia, desde el 7 de agosto de 1977 hasta el
18 de marzo de 1981, como coordinador de publicaciones, por un término de
3 años y 7 meses y 11 días.
• En la Contraloría General de la República, en el cargo de revisor de
documentos y auditor regional grado 3, desde el 11 de agosto de 1983 hasta
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Demandante: Alberto Falla Sánchez
el 5 de abril de 1991, por un término de 7 años, 7 meses y 23 días.
• En la Rama Judicial desde el 9 de octubre de 2001 hasta el 30 de abril de
2014 donde ocupó los cargos de fiscal seccional delegado ante los jueces
penales de circuito; juez penal municipal de El bagre -Antioquia, juez penal
del circuito de El Banco - Magdalena y juez de circuito de ejecución de penas
y medidas de seguridad de Barranquilla. Esto es, por 12 años, 6 meses y 21
días.
7. Según lo explicó, efectuó cotizaciones al sector público y privado por más de
1225 semanas, es decir, por 23 años, 9 meses y 25 días.
8. Durante su último año de trabajo en la Rama Judicial percibió asignación básica,
prima especial de servicio mensual, bonificación judicial, prima anual, prima de
navidad, bonificación por actividad judicial (primer semestre), bonificación por
actividad judicial (segundo semestre), servicios autorizados por ley, prima de
vacaciones e indemnización de vacaciones.
9. El demandante solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación mediante
petición de 29 de enero de 2012 que le fue negada mediante la Resolución GNR
019930 de 28 de febrero de 2013; decisión contra la cual se interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación.
10. A través de la Resolución GNR 594 del 2 de enero de 2014, la entidad
demandada revocó la decisión anterior y concedió la pensión de jubilación al actor
a la luz de la Ley 71 de 1988 y ateniendo a lo establecido en el Decreto 1158 de
1994.
11. Contra esta decisión interpuso nuevamente recurso de reposición y en subsidio
de apelación.
12. Por Resolución GNR 348871 del 5 de octubre de 2014, se ordenó reliquidar la
pensión de jubilación del actor y el cobro coactivo de unas mesadas pagadas
indebidamente. Contra esta decisión igualmente se interpusieron los recursos
correspondientes de reposición y apelación.
13. Mediante la Resolución VPB 75255 de 17 de diciembre de 2015
COLPENSIONES modificó el reconocimiento realizado en la Resolución GNR
348871 frente al cobro de las mesadas adeudadas, pero negó la solicitud de
reconocimiento de la pensión en los términos del Decreto 546 de 1971.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 1.°,
2.°, 6.°, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 23.1 y 32.2 de la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos, 6.° y 7.° de la Declaración Americana de los
Derechos del Hombre, 36 de la Ley 100 de 1993, 6.° del Decreto 546 de 1971; la
Ley 4ª de 1966 y los Decretos 717 de 1978, 911 de 1978, 1743 de 1966 y 1042 de
1978.
15. Al desarrollar el concepto de la violación, indicó que, la entidad, al expedir
los actos demandados incurrió en desconocimiento de las normas en que debería
fundarse porque era beneficiaria del régimen de transición y con ello del régimen
especial establecido en el Decreto 546 de 1971 artículo 6.°, que no le fue tomado
en cuenta en el reconocimiento inicial.
16. Según se indicó en la demanda, laboró más de 20 años al servicio de la Rama
Judicial, con lo que le asiste el derecho a que la pensión se liquide de acuerdo con
las pautas establecidas en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, esto es, en
suma equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicios y con la inclusión de como factores
salariales todas las sumas que habitual y periódicamente percibió como retribución
de sus servicios, en atención a lo dispuesto en los artículos 6.° del Decreto 546 de
1971 y 12 del Decreto 717 de 1978.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES3, a
través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que, los
actos administrativos cuestionados fueron proferidos acorde con el ordenamiento
jurídico, porque se atendió al régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
17. Para el reconocimiento pensional la entidad verificó que si bien el demandante
se encuentra amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no
obstante no es posible la aplicación del Decreto 546 de 1971 dado que ingresó a la
Rama Judicial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100, tal como lo
señaló la entidad en la Circular Interna 01 de 2012 emitida por la Vicepresidencia
de Beneficios y Prestaciones, la Vicepresidencia Jurídica y la Secretearía General
de Colpensiones, en la que se señala que el interesado debió vincularse antes de
la entrada en vigencia de la citada norma.
18. En este sentido, como el primer aporte en pensiones del señor Falla Sánchez
a COLPENSIONES por cuenta de su vinculación a la Rama Judicial data de octubre
de 2001 no le son aplicables las previsiones del Decreto 546 de 1971.
3 Ibidem. Archivo «32_PROCESOABONADO_021CONTESTACIONDEM.pdf».
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19. Propuso las excepciones de «cobro de lo no debido», «inexistencia de la
obligación», «falta de causa para demandar», «buena fe», «prescripción» y
«compensación».
2.3. Sentencia de primera instancia4
20. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 22 de
octubre de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor
Falla Sánchez.
21. Para tal efecto se refirió al acervo probatorio recaudado, así como al Decreto
546 de 1971, artículo 6.°, a la sentencia de unificación del Consejo de Estado de
12 de septiembre de 2014 dictada dentro del proceso radicado 1434-2014. De esta
última destacó que dio aplicación al Decreto 546 de 1971 a una ex funcionaria de
la Rama Judicial que no acreditó vinculación con anterioridad al 1.° de abril de 1994
de lo que coligió que resultaba aplicable el Decreto 546 de 1971 frente a los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, sin que sea conditio sine qua non para aplicar el régimen especial de la Rama
Judicial, el haber estado vinculado en la Rama Judicial o el Ministerio Público a 1°
de abril de 1994.
22. Luego, con base en la sentencia de unificación proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso radicado CE- SUJ S2-021-20
de 11 de junio de 2020, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17)
referente al personal de la Rama Judicial y el Ministerio Público, regido por el
Decreto 546 de 1971 estimó que le asistía razón al demandante, por lo cual, habría
de ordenarse la reliquidación de la pensión de jubilación tomando en cuenta el
promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años, teniendo en
cuenta para la liquidación los factores aportados al sistema de acuerdo con el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 (asignación básica, bonificación por servicios
prestados) así como la bonificación judicial, la prima especial de servicio mensual
y la bonificación por actividad judicial, de conformidad con los lineamientos
expuestos por el Consejo de Estado en la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-
021- 20.
23. En consecuencia declaró la nulidad solicitada frente a los actos administrativos
demandados y a título de restablecimiento a COLPENSIONES «[…] reliquidar y
pagar al señor ALBERTO FALLA SANCHEZ, la pensión de jubilación solicitada
efectiva a partir del 01 de mayo de 2014, liquidada según lo dispuesto por el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, en este caso, teniendo en cuenta el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado en los últimos 10 años, así
como los factores salariales que devengó y sobre los cuales cotizó, como son la
asignación básica y la bonificación por servicios previstos en el Decreto 1158 de
4 Ibidem. Archivo «7_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA_CONCEDESU.pdf»
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1994 y la bonificación judicial, la Prima Especial de servicio mensual y la
Bonificación por actividad judicial, de conformidad con los lineamientos expuestos
por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20».
24. Finalmente se abstuvo de imponer condena en costas a cargo de la accionada.
2.5. El recurso de apelación
25. La apoderada de COLPENSIONES5 presentó recurso de apelación, donde
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las
pretensiones de la demanda.
26. Al efecto, explicó que no compartía la decisión adoptada en la sentencia dado
que los criterios allí expuestos se limitaron a enunciar las normas aplicables a la
reliquidación de la pensión así como a citar la sentencia del Consejo de Estado de
12 de septiembre de 2014, radicado interno 1434-2014, en la que se dio aplicación
al Decreto 546 de 1971, sin embargo, no se analizó si el señor Alberto Falla
Sánchez, se encuentra en similares condiciones fácticas, como para reconocerle
las mismas pretensiones, máxime porque no se hizo un análisis de las
circunstancias del caso concreto.
27. Adicionalmente, mediante la Resolución GNR 133723 del 8 de mayo de 2015,
Colpensiones resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
348871 del 5 de octubre de 2014, modificándola para reconocer al señor Falla
Sánchez la pensión conforme a la Ley 33 de 1985, a partir del 1.º de mayo de 2014,
por valor de $4´885.000, calculada con un IBL de $6´513.333, una tasa de
reemplazo del 75 % y 1.219 semanas cotizadas.
28. Dicho reconocimiento se fundamentó en la aplicación del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en virtud del cual la edad, el
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de
vejez para quienes, al entrar en vigencia el sistema, contaran con 35 años o más si
eran mujeres, o 40 años o más si eran hombres, o con 15 años o más de servicios
cotizados, serían los establecidos en el régimen anterior, aplicándose para los
demás requisitos las disposiciones de la Ley 100 de 1993. A su turno, el Acto
Legislativo 01 de 2005 dispuso que dicho régimen de transición no podría
extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo para quienes, además, contaran
con al menos 750 semanas cotizadas, a quienes se les mantendría hasta el año
2014.
29. Del análisis de los actos administrativos proferidos por Colpensiones se
concluyó que el demandante es beneficiario del régimen de transición hasta el 31
5 Idem. Archivo «8_AGREGARMEMORIAL_RECURSO PODER Y APELACION-COLPENSIONES.pdf».
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de diciembre de 2014, lo que permitiría, en principio, el estudio de su situación
pensional con base en el Decreto 546 de 1971, sin embargo, la Circular Interna 01
de 2012 dispuso la aplicación de dicho decreto a los servidores públicos
beneficiarios del régimen de transición que cumplieran con la edad requerida,
acreditaran 20 años de servicios al Estado —de los cuales al menos 10 hubiesen
sido prestados a la Rama Judicial o al Ministerio Público— y demostraran
vinculación a dichas entidades con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
30. Por tanto, adujo, que como en este caso el actor no registró cotizaciones a la
Rama Judicial o al Ministerio Público con anterioridad al 1.º de abril de 1994, siendo
su primer aporte el correspondiente al año 2001, no resultaba procedente la
aplicación del régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971. En
consecuencia, Colpensiones no se encuentra obligada al reconocimiento solicitado,
pues no puede suplir la carga probatoria que recae sobre el actor tanto en sede
administrativa como judicial, razón por la cual los alcances del fallo recurrido no se
ajustan a la situación fáctica del demandante y la decisión debe ser revocada.
2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. El demandante6 presentó escrito de alegaciones, donde señaló, en síntesis,
que la entidad no formuló ni precisó los reparos concretos frente a la sentencia
apelada y al contrario el Tribunal si realizó un razonamiento lógico, cuando
concluyó, que resultaba aplicable el Decreto 546 de 1971 frente al beneficio del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sin que
requisito indispensable para aplicar el régimen especial de la Rama Judicial, el estar
vinculado en la Rama Judicial o el Ministerio Publico a 1.º de abril de 1994.
2.6.2. En esta oportunidad tanto la entidad demandada como el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
31. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
6 Índice 13.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
7
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32. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3288 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
33. En el presente caso, la demandada es apelante única, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.
3.2. Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala de Subsección determinar ¿si el señor Alberto Falla
Sánchez tiene derecho a la reliquidación pensional con base en el Decreto 546 de
1971 pese a que no se encontraba vinculado a la Rama Judicial el 1.º de abril de
1994, cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993?
3.3. Marco normativo
35. Para tal efecto, la Sala se referirá a las reglas jurisprudenciales sobre la
interpretación del régimen de transición y sus implicaciones frente a los funcionarios
de la Rama Judicial, establecidas en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-
20 de 11 de junio de 2020, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
15001233300020160063001 (4083-2017), luego se analizará el precedente de la
Sección frente a la aplicación del Decreto 546 de 1971 para servidores no
vinculados a la Rama Judicial o Ministerio Público antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993.
36. Con posterioridad, se verificarán las pruebas que reposan en el expediente,
para determinar si le asiste razón a la entidad apelante.
3.3.1. Sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-
2017).
8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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37. En primer lugar es menester indicar que la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 20209, estableció, la
necesidad de unificar jurisprudencia toda vez que tanto en la Corte Constitucional
como en el Consejo de Estado existían diversas posiciones frente al régimen
pensional de los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público y su relación
con la Ley 100 de 1993.
38. En la citada providencia SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección
Segunda de esta Corporación unificó su postura en torno a establecer el ingreso
base de liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las pensiones de
los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público regulados
por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho en virtud del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
39. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones
establecidas en el régimen de transición del sistema de seguridad social para la
fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de
1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial,
correspondientes a tener cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las
mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, se adquiere el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al
amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso
de los que fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público corresponde al consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.
40. Recordó la Corporación que este Decreto a su vez exige, para tener derecho al
reconocimiento de la pensión a su amparo, el cumplimiento de 50 años edad si se
trata de mujer, o 55 años para el caso del hombre y el tiempo de 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto10, de los cuales, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la
Rama Judicial o al Ministerio Público, o a ambas actividades.
41. Por tanto, se estableció que cuando se es beneficiario del régimen de transición
por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100
de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior, y, a su vez, se adquirió el
estatus pensional con el cumplimiento de los requisitos de la edad y el tiempo de
servicios de ese régimen anterior, contemplado por el Decreto 546 de 1971 en el
artículo 6.º, ello implica que la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado
de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con una tasa de reemplazo del 75% y
9 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001
(4083-2017).
10 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación
en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971, por lo que su
vigencia corresponde al 16 de julio de 1971.
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en lo referente al ingreso base de liquidación, no se liquida con el del régimen
anterior, es decir, con la asignación más alta devengada el último año dedicado a
la actividad judicial, como reza en el artículo 6.º11 en mención, pues el que se debe
aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.º
de su artículo 36.
42. Con fundamento en lo anterior explicó la Corporación que según el artículo 2112
el ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esa ley, corresponde al
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE y que el inciso 3.º de su artículo 3613 dispone que el ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Al efecto puntualizó:
«[…]
4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes
presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga:
a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de
servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el
estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55
años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores
o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; 14 c) de
11 Artículo 6. «Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55
años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual mas elevada que hubiere devengado en el último año de servicio
en las actividades citadas» (Resalta la Sala).
12 Artículo 21. «INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso
de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
13 Artículo 3 inciso 3. «El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE».
14
Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación
en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.
10
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esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.
iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior
consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si
es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o
discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de
servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso
base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993,
según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el
DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente
con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados
por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 15 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.°
del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial
o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las
cotizaciones respectivas».
43. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación la decisión de
unificación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de
1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical
o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.
44. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
(c) La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.
(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1.
15 Artículo 1.°
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(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial.
45. Lo anterior, toda vez que, las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes.
46. De ahí que la providencia en cita consideró que prestaciones tales como las
primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la
liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.
3.3.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993 frente a empleados de la
Rama Judicial y el Ministerio Público no vinculados antes del 1.º de abril de
1994
47. Como ya lo ha indicado esta Subsección16, la providencia de unificación sobre
la que se habló en el acápite anterior no se refirió al caso de los funcionarios a
quienes se les aplica el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que no se
habían vinculado a la Rama Judicial o al Ministerio Público antes de la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993.
48. Sobre el tema tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
sostenido posturas diversas frente a la aplicación de regímenes especiales en el
caso de servidores no vinculados a las entidades respectivas, antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993. En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido,
en sede de revisión, posturas opuestas frente a la aplicación de las previsiones del
Decreto 546 de 1971 y la exigencia de vinculación a la Rama Judicial para el día
1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
49. En efecto, en sentencia C-596 de 199717, la Corte estudió la constitucionalidad
del inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente la expresión
«al cual se encuentren afiliados», respecto de la que señaló que para ser
beneficiario de un régimen especial, en razón del régimen de transición, resultaba
necesario estar afiliado al mismo, al momento de entrar en vigencia de Ley 100 de
1993, es decir, al 1.° de abril de 1994, esto por cuanto dicha norma buscaba
proteger una expectativa a ser pensionado bajo las reglas del régimen al cual se
encontraba inscrito el trabajador, por lo que resulta necesario que efectivamente el
beneficiado estuviera en el régimen cuya aplicación reclamaba al momento de
16 Ver sentencias de 30 de julio de 2020, dentro del proceso 25000-23-42-000-2015-03244-01 (1643-2017) y
de 27 de octubre de 2022, dentro del proceso radicado 63001-23-33-000-2015-00089-02 (2948-2017).
17 Con ponencia del magistrado dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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entrar a regir la Ley 100, de lo contrario, no existía ninguna expectativa que
proteger.
50. No obstante, en sentencia T-483 de 200918 la Corte consideró que, para ser
beneficiario de un régimen especial en virtud del régimen de transición, no resultaba
necesario estar inscrito en él al 1° de abril de 1994, por lo que, para ese caso,
consideró que se presentaba una vía de hecho por parte de CAJANAL al exigir a
un ex magistrado la vinculación al régimen especial cuya aplicación exigía, al
momento de entrar en vigencia la Ley 10019.
51. Posteriormente en sentencia T-353 de 201220, la Sala Séptima de Revisión
propuso a la Sala Plena hacer un cambio en esta posición y retornar a la tesis de
la sentencia C-596 de 1997, por considerar que la teoría aplicada en la sentencia T-
483 de 2009 constituía una desnaturalización del régimen de transición, toda vez
que el propósito del legislador fue garantizar el respeto por las expectativas que
algunas personas tenían con relación a la adquisición de un status pensional al
cotizar en un sistema o régimen distinto a los que se crearían con la Ley 100 de
1993.
52. En sentencia T- 080 de 201321 la Corte indicó que la Ley 100 de 1993 buscaba
proteger la expectativa a ser pensionado bajo las reglas del régimen al que
pertenecía el trabajador cuando comenzó el tránsito normativo, por lo que resultaba
necesario que efectivamente el beneficiado estuviera en el régimen cuya aplicación
reclamaba al momento de entrar a regir la Ley 100, de lo contrario, no existiría
ninguna expectativa que proteger.
53. Por su parte, el Consejo de Estado inicialmente en sentencia de 2 de febrero
de 2009 dictada dentro del proceso radicado interno 1732 -0822, indicó que no era
necesario que el allí peticionario se encontrara vinculado como magistrado del
Consejo de Estado a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a efectos de
obtener la aplicación de las previsiones de los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de
1994, tal como lo indicó en los siguientes términos:
«[…]
No es admisible el criterio expuesto por la apelante en el sentido de que el
régimen de transición aplicable es el previsto al 1º de abril de 1994 pues la
ley en ningún momento condicionó ese supuesto. Sabido es que en materia
laboral rige el principio de favorabilidad. De manera que ante el tránsito
18 Con ponencia del magistrado dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
19 Posición reiterada en las sentencias T-631 de 2002 y T-771 de 2010, entre otras.
20 Con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Ibidem
22 Con ponencia de la consejera dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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legislativo la expectativa que tenía la actora para pensionarse debe
estudiarse a la luz de la preceptiva jurídica que más la beneficie. […]
[…]
En conclusión, considera la Sala que para ser beneficiario del régimen de
transición consagrado en los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no se
requería ostentar la condición de Magistrado del Consejo de Estado para el
1º de abril de 1994; lo que si era necesario acreditar era 15 años de
cotización o 35 años de edad».
54. Esta posición se reiteró en sentencia de 25 de noviembre de 2010 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda, dentro del proceso radicado 25000-23-25-
000-2006-08362-01(2109-09)23 donde se indicó que «[…] es cierto que el artículo
25 del Decreto 043 de 1999, vigente para cuando la actora cumplió 50 años,
dispuso que para ser beneficiario del régimen de transición se requería estar
desempeñando el cargo de Magistrado a 1º de abril de 1994; sin embargo, dicha
exigencia fue declarada nula por el Consejo de Estado24 al considerar que era un
condicionamiento no previsto en la preceptiva jurídica superior para acceder al
beneficio especial mencionado. Así las cosas, la circunstancia de que la
demandante a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones
-1º de abril de 1994- no se encontrara ejerciendo el cargo de Directora Ejecutiva de
Administración Judicial, no es óbice para que se le aplique el régimen especial de
la Rama Judicial».
55. Posteriormente en sentencia de 12 de abril de 2012 por la Subsección B de la
Sección Segunda, en el proceso radicado interno 1977-1025, modificó esta postura
expresando la necesidad de la vinculación del funcionario a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993:
«Se tiene entonces, que tal y como se evidencia en el acervo probatorio allegado al
expediente que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor Robles
Carrillo no era beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 para los
servidores de la Rama Judicial, pues a pesar de que laboró en ella durante un mes en el
año 1971, no se encontraba para el 1 de abril de 1994 vinculado a la Rama Judicial y por
ende no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable para que se
reconociera su derecho pensional de vejez de conformidad con lo previsto en el artículo 10
del mencionado Decreto.
[…]».
56. En sentencia de 12 de septiembre de 201426, dentro del expediente radicado
interno 1434-14, la Sección Segunda, dio aplicación al Decreto 546 de 1971, a una
ex funcionaria de la Rama Judicial que no estaba vinculada a ésta el 1.º de abril de
23 Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero
24 Sentencia de 18 de noviembre de 2002. Exp. IJ 008. Actor: Luís Fernando Velandia Rodríguez
25 Con ponencia del consejero dr. Gerardo Arenas Monsalve.
26 Consejero ponente el Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E).
14
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1994 y que acreditó el cargo de juez desde el 6 de febrero de 1981 hasta el 11
de abril de 1982 y luego en el Consejo de Estado en calidad de magistrada auxiliar
desde el 2 de septiembre de 2002 hasta el 31 de enero de 2006 y del 16 de mayo
de 2006 hasta el 10 de enero de 2008; como procuradora primera judicial II
administrativo de Bogotá entre el 11 de enero de 2008 y el 17 de enero de 2008;
nuevamente como magistrada auxiliar del Consejo de Estado desde el 18 de enero
de 2008 hasta el 12 de mayo de 2010; y, el último cargo que desempeñó fue en
calidad de consejera entre el 13 de mayo de 2010 y el 31 de octubre de 2011.
57. La Subsección B de la Sección Segunda, ha señalado respecto de la aplicación
del Decreto 546 de 1971, que serán beneficiarios de él, quienes además de cumplir
con las condiciones ya descritas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
encontraren vinculados a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público a su entrada en
vigencia, esto es, al 1º de abril de 1994, tal como lo indicó en sentencias de 2 de
marzo de 2017, dentro del proceso 25001-23-42-000-2013-05374-01(1363-15), de
9 de marzo del mismo año27, de 9 de marzo de 2017, radicado 25000-23-25-000-
2011-00930-0128, de la misma fecha 9 de marzo de 2017, dentro del proceso
05001233300020130179601 (2306-2016)29 y en sentencia de 22 de octubre de
2018, dentro del proceso radicado 25000232500020110072001 (1792-2013)30, la
Subsección B explicó que en los casos en el que se pide la aplicación del régimen
especial de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, la persona
deberá demostrar que antes del 1º de abril de 1994 laboró en tal condición.
58. En ese mismo sentido la Subsección A en sentencias de 30 de julio de 2020,
dentro del proceso 25000-23-42-000-2015-03244-01 (1643-2017) y de 27 de
octubre de 2022, en radicado 63001-23-33-000-2015-00089-02 (2948-2017)
consideró que la naturaleza jurídica del régimen de transición consiste en proteger
los derechos de las personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o
tuviesen cierto tiempo de servicio, a efectos de proteger su expectativa legítima de
pensionarse al amparo del régimen al cual se encontraban afiliados por lo que no
puede aceptarse la aplicación del Decreto 546 de 1971 a quienes, si bien
acreditaron los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, no estuvieron vinculados ni a la Rama Judicial ni al Ministerio Público antes
del 1.º de abril de 1994. Así lo señaló en la última de las decisiones citadas:
«57. Aceptar la aplicación del aludido Decreto en los casos de personas que ni siquiera
laboraron en las citadas entidades antes del 1.º de abril de 1994, sería desnaturalizar el
objetivo del régimen de transición toda vez que aquellos no tenían una expectativa legítima
de adquirir el derecho pensional a la luz del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio
Público.
27 Reiterando la providencia del 26 de mayo de 2016, expediente 4554-2013, con idéntica ponente.
28 Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.
29 Con ponencia de la consejera dra. Sandra Lissett Ibarra
30 Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
15
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58. Así entonces, a efectos de obtener el reconocimiento pensional a la luz del Decreto 546
de 1971 y de las pautas jurisprudenciales de la sentencia de unificación SUJ-S2-021-20, de
11 de junio de 202031, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el servidor
deberá demostrar, (I) que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
(ii) que estuvo vinculado a la Rama Judicial o al Ministerio Público antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y (iii) deberá acreditar los requisitos de edad y tiempo de
servicios que exige el Decreto 546 de 1971».
59. Recientemente esta Subsección en sentencia de 24 de julio de 2025 dictada
dentro del proceso radicado interno 6205-202332, destacó la importancia de haber
estado vinculada a la Rama Judicial o al Ministerio Público antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 para la aplicación de las pautas del Decreto 546 de
1971 y de la sentencia de unificación de CE-SUJ-S2-021-20, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001 (4083-2017):
«30. Es importante anotar que, aunque los beneficiarios del régimen de transición conservan
la edad, tiempo de servicio o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior; en todo caso el IBL debe calcularse conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100, según corresponda.
31. Así las cosas, para obtener el reconocimiento pensional de conformidad con los
parámetros establecidos en el Decreto 546 de 1971, la demandante debía cumplir tres
requisitos: (i) ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, (ii) haber
estado vinculada a la Rama Judicial o al Ministerio Público antes de la entrada en vigencia
de dicha ley y (iii) acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por el
decreto, conforme a lo establecido en la sentencia de unificación SUJ-S2-021-20 del 11 de
junio de 2020.
32. En este caso, la actora no cumple con el segundo de los requisitos, puesto que se vinculó
en la Procuraduría General de la Nación el 1 de enero de 2005, es decir, con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Por ende, la actora no tiene derecho a que su
pensión fuera liquidada con el régimen especial de la Rama Judicial porque cuando entró a
regir la citada ley la demandante ni siquiera tenía una expectativa de pensionarse conforme
a las reglas establecidas en el Decreto 546 de 1971.»
3.3.3. Lo acreditado en el proceso
60. En este caso, no se encuentra en discusión que el señor Alberto Falla Sánchez
se encontraba amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
artículo 36, por cuanto:
▪ Del registro civil de nacimiento aportado al proceso se advierte que nació el
19 de mayo de 194733, por lo que al 1.° de abril de 1994 contaba con 46 años
de edad.
31 Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01
(4083-2017).
32 C o n p o n e n c i a d e l c o n s e j e r o J u a n C a m i l o M o r a l e s T r u j i l l o .
33
Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia Opción: «Visualizar expediente». Archivo «
13_PROCESOABONADO_002ANEXOS.pdf ». Folio 1 del archivo PDF.
16
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61. Esta Corporación advierte como probados los siguientes tiempos de servicios,
• En la Universidad Libre de Colombia desde el 7 de agosto de 1977 hasta el
18 de marzo de 1981, como coordinador del Departamento de
Publicaciones34;
• En la Contraloría General de la República desde el 11 de agosto de 1983 y
hasta el 4 de abril de 199135:
• En la Fiscalía General de la Nación – Seccional Atlántico, donde se
desempeñó como fiscal seccional en la Unidad de Patrimonio Económico
como lo señala la certificación que obra en el folio 5.° del documento pdf
«26_PROCESOABONADO_015ANEXOS.pdf»36:
34 I b i d e m
documento « 100_PROCESOABONADO_00129991000000007452.tif »
35
Ibidem Archivo «02_PROCESOABONADO_00129991000000007452.tif ».
36 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia Opción: «Visualizar expediente».
17
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• En la Rama Judicial, como Juez Primero Penal Municipal de El Bagre
Antioquia37, desde el 9 de octubre de 2001, hasta el 31 de agosto de 2003:
▪ Juez Penal del Circuito de El Banco Magdalena, desde el 1.° de septiembre
de 2003, hasta el 10 de enero de 2005, de conformidad con la siguiente
certificación:
37
Según certificación que obra en el archivo:
«118_PROCESOABONADO_00129991000000007452.tif » Ibidem.
18
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Demandante: Alberto Falla Sánchez
▪ Como juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Barranquilla, desde el 11 de enero de 200538 hasta el 30 de abril de 201439.
▪ En sus últimos 10 años de servicios (2004 – 2014) devengó40:
38 Acta de posesión visible en el folio 12 del archivo pdf
«142_PROCESOABONADO_GENANXCI2015_9496.pdf » Ibidem.
39 A t r a v é s d e R e s o l u c i ó n 2 3 9 2 d e 3 0 d e a b r i l d e 2 0 1 4 e l T r i b u n a l A d m i n i s t r a t i v o d e l
Distrito Judicial de Barranquilla autorizó la dejación del cargo al demandante en virtud
de su inclusión en nómina de pensionados. Archivo:
«142_PROCESOABONADO_GENANXCI2015_9496.pdf » Ibidem. Folio 19.
40
Documentos «142_PROCESOABONADO_GENANXCI2015_9496.pdf » Ibidem.
«150_PROCESOABONADO_00129991000000007452.tif ».
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3.3.1. Actuación Administrativa.
• De conformidad con la Resolución GNR 594 de 2 de enero de 2014 41
COLPENSIONES le concedió al demandante la pensión de jubilación de
acuerdo con lo establecido en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
y con ello, de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores
establecidos en el Decreto 1158 de 1994. Esto por la suma de $ 4´637.438
y con efectividad desde el 1 de enero de 2014.
• Por la Resolución GNR 348871 de 5 de octubre de 201442 COLPENSIONES
reliquidó la pensión de jubilación con aplicación de la Ley 71 de 1988 y por
valor de $ 4´848.582.
41
Archivo «229_PROCESOABONADO_GENANXCI2014_2491.pdf », Ibidem.
42 A r c h i v o
«236_PROCESOABONADO_GENANXCI2014_9440.pdf ». Ibidem.
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• Mediante Resolución GNR 133723 de 8 de mayo de 202543 se modificó la
Resolución GNR 348871, esto para reliquidar la pensión de acuerdo con lo
señalado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de
1985, por valor de $5´063.791.
• A través de la Resolución VPB 75225 de 17 de diciembre de 2015 44 se le
negó al demandante su solicitud de reliquidación pensional a la luz de lo
establecido en el Decreto 546 de 1971.
3.4. Análisis de la Sala.
62. Como ya se indicó, es evidente que la posición de la Subsección actualmente
exige para obtener el reconocimiento pensional de conformidad con los parámetros
establecidos en el Decreto 546 de 1971 (i) ser beneficiario del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, (ii) haber estado vinculado a la Rama Judicial o al Ministerio
Público antes de la entrada en vigencia de dicha ley y (iii) acreditar los requisitos
de edad y tiempo de servicio exigidos por el decreto, conforme a lo establecido en
la sentencia de unificación SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020
63. En este caso es indudable que el accionante se encontraba amparado por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que a la entrada en vigencia de
la norma acreditaba 46 años de edad.
64. En cuanto los tiempos de servicios, el Tribunal Administrativo del Atlántico
encontró probado lo siguiente (sic):
«En la Universidad Libre de Colombia seccional Atlántico, desde el 07 de agosto de 1977
hasta el 01 de febrero de 1979
En la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia seccional Atlántico desde
el 01 de octubre de 1978 hasta el 16 de junio de 1981
En la Contraloría General de la República desde el 11 de agosto de 1983 hasta el 04 de
abril de 1991
En la rama Judicial, desde el 01 de octubre de 2001 hasta el 30 de abril de 2014; siendo su
último cargo el de Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Barranquilla.»
65. De acuerdo con ese análisis el Tribunal fundó su decisión en que, pese a que
el señor Falla Sánchez no se vinculó a la Rama Judicial o al Ministerio Público con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le aplicaría las
previsiones del Decreto 546 de 1971 con base en lo expresado por esta
Corporación en sentencia de 12 de septiembre de 201445, dentro del expediente
radicado interno 1434-14, en la que, según el Tribunal, no se exigía a vinculación a
la Rama Judicial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
43 A r c h i v o
«238_PROCESOABONADO_GJRNOTAF2016_4024.pdf » Ibidem.
44 A r c h i v o
«240_PROCESOABONADO_GJRNOTAF2016_7962.pdf ». Ibidem.
45 Consejero ponente el Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E).
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66. Empero es de aclarar que en la sentencia de la Sección Segunda sí se dio
aplicación al Decreto 546 de 1971 a la allí demandante, ex funcionaria de la Rama
Judicial, quien, si bien no se encontraba vinculada al 1.° de abril de 1994, no
obstante acreditó una vinculación previa como juez desde el 6 de febrero de 1981
hasta el 11 de abril de 1982 y reunió los demás requisitos exigidos en la norma.
67. Pese a lo anterior estima la Sala que la sentencia apelada debe ser confirmada,
pero por los siguientes motivos:
68. Como ya se vio, al examinar el expediente se advierte que el demandante sí
acreditó su ingreso a la Fiscalía General de la Nación antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 como se certificó por esa misma entidad, según la
cual laboró como fiscal seccional en la Unidad de Patrimonio económico desde el
22 de junio al 16 de julio de 1993 y del 1.° al 9 de enero de 1994.
69. Como
se aprecia
el demandante ingresó a la Rama Judicial antes de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993 y laboró allí en varios periodos completando más de los 10 años
exigidos en la norma e incluso 20 años en el sector público.
70. Es importante precisar que la Fiscalía General de la Nación fue creada en el
artículo 249 de la Constitución Política de 1991 dentro de la estructura de la Rama
Judicial. Además, ni en el derogado Decreto 2699 de 1991 ni en la Ley 938 de
2004 se establecieron normas referentes a la liquidación de las pensiones, por lo
que, siendo parte de la Rama Judicial, le es aplicable el Decreto 546 de 1971,
explícito para la Rama Jurisdiccional.
71. Además, en numerosas providencias tanto de esta corporación como de la
Corte Constitucional se ha considerado el tiempo laborado en la FGN para el
reconocimiento de la pensión de jubilación en los casos en que se reúnen los
requisitos establecidos en el Decreto 546 de 1971. (Sub B sentencias de 7 de
febrero de 2013, proceso 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12, sentencia de
2 de octubre de 2014 25000-23-25-000-2012-00379-012569-01(2569-13), entre
otras.
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72. Así mismo, es de precisar que a través del artículo transitorio 5.° de la
Constitución Política se revistió de facultades extraordinarias al presidente de la
República para expedir las normas que organizaran la FGN y en desarrollo de ello
se profirió el Decreto 2699 de 30 de noviembre de 1991 (vigente hasta el año 2004),
con lo que se explica que el demandante ingresó a la entidad antes del 1.° abril de
1994.
73. Ahora bien, esa vinculación fue puesta en conocimiento de COLPENSIONES
en el recurso de apelación «complementación contra la Resolución GNR 348871
de 5 de octubre de 2.014»46 empero, no se advierte pronunciamiento de la entidad
al respecto.
74. De acuerdo con lo anterior, le asiste al demandante el derecho al
reconocimiento a la pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto 546 de 1971,
pues como se vio, acreditó su vinculación a la Fiscalía General con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y así mismo contaba tanto con la edad,
como con el tiempo de servicios que exige el Decreto 546 de 1971 para obtener el
derecho a la prestación solicitada y en este sentido, le asistió razón al Tribunal
cuando declaró la nulidad de los actos demandados, dado que la debió reconocerse
la pensión al señor Falla Sánchez bajo los parámetros del Decreto 546 de 1971 y
con ello de las pautas de unificación del Consejo de Estado dado en sentencia de
11 de junio de 2020, radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).
75. No le asiste razón a COLPENSIONES en que se desbordaron las peticiones
de la demanda comoquiera que las pretensiones formuladas se propusieron a la
luz de lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971 y a la anterior
concepción de la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a los
funcionarios que acreditaron los requisitos exigidos en el citado decreto, donde se
reconocía la pensión con el 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio, empero, lo que se advierte de los
antecedentes de esta providencia, es que la sentencia apelada acató la postura
unificadora de la Sección Segunda de esta Corporación de 11 de junio de 2020,
radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017), donde incluso no se
atiende de todos los factores devengados ni al último año de servicio como lo
solicitó la accionante, siendo evidente que no se rebasó el marco de las
pretensiones de la demanda.
76. En esa medida, como en el sub lite se solicitó la reliquidación de la pensión con
base en lo dispuesto por el Decreto 546 de 1971, en virtud de la aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era imperante que el Tribunal
46
Documento «140_PROCESOABONADO_GENANXCI2015_5304.pdf».
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Administrativo del Atlántico aplicara las pautas allí impartidas, como en efecto lo
hizo, al ordenar la reliquidación de la prestación « en suma equivalente al 75% del
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado en los últimos 10 años, así como
los factores salariales que devengó y sobre los cuales cotizó, como son la
asignación básica y la bonificación por servicios previstos en el Decreto 1158 de
1994 y la bonificación judicial, la Prima Especial de servicio mensual y la
Bonificación por actividad judicial, de conformidad con los lineamientos expuestos
por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20»
77. De acuerdo con lo anterior, y dado que los demás aspectos de la decisión no
fueron objeto de apelación se confirmará la sentencia dictada el 22 de octubre de
2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. pero por las razones expuestas en
esta providencia.
3.5. Condena en costas.
78. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
80. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
81. En consecuencia, se impondrán costas de esta instancia a la entidad apelante
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre de 2021, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Alberto Falla
Sánchez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, por las razones expresadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a COLPENSIONES.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.
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