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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01286-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01286-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada que negó las pretensiones de la acción de tutela para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01286-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01286-01
Demandante: Alberto Falla Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 16 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01286-01
Demandante: ALBERTO FALLA SÁNCHEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Mora judicial en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 19
de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Alberto Falla
Sánchez pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la mora judicial
injustificada en que incurrió el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado bajo el No. 08001-23-33- 000-2016-00353-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA Magistrado Ponente Doctor LUIS
EDUARDO MESA NIEVE que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, proceda a resolver
de fondo el recurso de apelación dentro del proceso radicado bajo el número 080012333000 2016 00353
01.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Alberto Falla Sánchez promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones con
el objeto de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. GNR 594 de 2 de
enero de 2014; 348871 de 5 de octubre de 2014; GNR 133723 del 8 de mayo de 2015 y
VPB 75255 de 17 de diciembre de 2015, por medio de las cuales se negó la reliquidación
pensional solicitada por el actor.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01286-01
Demandante: Alberto Falla Sánchez

El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, bajo el
radicado No. 08001-23-33-000-2016-00353-00/01, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 22 de octubre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.

Inconforme, Colpensiones apeló. El recurso fue concedido por auto de 18 de julio de 2022
y asignado por reparto de 30 de mayo de 2023 al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

Mediante auto de 20 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, admitió el recurso de apelación.

A través de memoriales radicados en Samai los días 22 de octubre de 2024, 27 de enero
de 2025, 3 de marzo y 25 de noviembre de 2025, el accionante solicitó dar impulso al
proceso.

Para la fecha de presentación de la acción de tutela, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A no había proferido sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2016-00353-
00/01.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante afirmó que la mora del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, en proferir sentencia de segunda instancia le genera un perjuicio irremediable toda vez
que han transcurrido más de 11 años desde la fecha de expedición del acto administrativo
demandado sin poder recibir una pensión justa, legal y equitativa por los servicios que
prestó al Estado, situación que afecta su derecho al mínimo vital y a la salud dado que
es una persona de edad avanzada que no tiene la misma fuerza y capacidad laboral de
antes, además, sufre de diferentes enfermedades como deficientes cardiacas, visuales y
auditivas, afecciones al pulmón e hipertensión y no cuenta con los recursos necesarios
para poder afrontarlas y llevar una vida digna.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través del magistrado de
conocimiento del asunto, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela
debido a que no se habían vulnerado los derechos invocados.

Destacó que venía ejerciendo sus funciones de manera diligente y responsable en
atención a la significativa carga laboral que tenía asignada, toda vez que tenía a su cargo
un total de 890 procesos pendientes de decisión en segunda instancia y 441 procesos
pendientes de trámite de sustanciación, e indicó que desde la fecha de su posesión,
ocurrida el 7 de marzo de 2024, se registra un promedio mensual de evacuación de 140
procesos con decisión definitiva, frente a un ingreso trimestral cercano a 240 procesos,
lo que denotaba un esfuerzo constante para garantizar la oportuna administración de
justicia dentro de los límites materiales y humanos disponibles.

Afirmó que, si bien no desconocía el tiempo transcurrido en el trámite procesal, observaba
que el mismo se encontraba justificado no solo por la congestión judicial, sino porque
existe un orden de estudio de los procesos que puede obedecer al criterio de antigüedad
• según la fecha de ingreso al despacho - o al criterio temático, según se dispusiera como
medida de control efectiva.

Reiteró su compromiso con la administración de justicia e indicó que estaba adelantando
un análisis concienzudo del caso en aras de presentar la respectiva ponencia en
consideración de la Sala.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01286-01
Demandante: Alberto Falla Sánchez

El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó su desvinculación de la acción, por
cuanto no era jurídicamente admisible atribuirle alguna responsabilidad frente a la
supuesta mora en la expedición de la sentencia de segunda instancia.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su
desvinculación de la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la
pretensión de la acción de tutela no es un asunto de su competencia.

6. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia dictada el 18 de marzo de 2026
negó las pretensiones de la acción de tutela luego de considerar que pese a que no se
había proferido sentencia de segunda instancia, la autoridad accionada explicó en el
informe allegado que si bien no desconocía el tiempo transcurrido, el mismo se
encontraba justificado no solo por la congestión judicial sino porque los asuntos
sometidos a su conocimiento se decidían en orden de antigüedad según la fecha de
ingreso al despacho o por el criterio temático, en ese sentido, concluyó que no se había
configurado mora judicial dado que el tiempo transcurrido desde la última actuación hasta
la fecha de presentación de la acción de tutela no resultaba irrazonable ni evidenciaba
inactividad atribuible a la autoridad accionada.

Además, señaló que el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable
ni que se encontrara en una circunstancia particular de la que se pudiera advertir la
necesidad de impartir una orden orientada a agilizar el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el menor tiempo posible.

7. Impugnación

El accionante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo deprecado.

Luego de hacer un recuento de las actuaciones que se surtieron dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33- 000-2016-00353-01, afirmó que,
pese a que la autoridad accionada adujo que la mora en proferir la sentencia de segunda
instancia obedecía a la significativa carga laboral que se le había asignado, no observó
que el accionado haya elevado peticiones al Consejo Superior de la Judicatura para que
se adoptaran las medidas necesarias para conjurar su carga de trabajo, así como
tampoco informó al accionante las dificultades que se le estaban presentando, pese a las
reiteradas solicitudes de impulso procesal.

Adujo que la mora en proferir sentencia de segunda instancia resultaba desproporcionada
e injustificada y conllevaba la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
que no pierde efectividad aun en aquellos supuestos de excesiva carga laboral cuando
éste es el único argumento de la dilación.

Junto con el escrito de impugnación, allegó copia de su historia clínica.

III. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la acción de tutela.

La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada para, en su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01286-01
Demandante: Alberto Falla Sánchez

impugnación, la autoridad accionada emitió la sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2016-00353-01.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia
de objeto en materia de tutela y, (ii) analizará el caso concreto.

2. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: <<Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes>>.

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 1. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

3. Análisis del caso concreto

En el sub-lite, la Sala advierte que la parte actora alega una mora judicial injustificada,
pues para el momento de presentación de la acción de tutela, Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, no había proferido sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2016-
00353-01.

No obstante, la Sala verificó el expediente digital del referenciado proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y las actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI para ese proceso y encontró que el 16 de abril de 2026, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, dictó sentencia de segunda instancia que
confirmó la sentencia proferida el 22 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico. Providencia notificada a las partes a través de correo electrónico enviado
el 4 de junio de 2026.

Así las cosas, la Sala observa que las pretensiones formuladas por la parte actora
encaminadas a que se decida de fondo respecto al recurso de apelación interpuesto en

1 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto

Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01286-01
Demandante: Alberto Falla Sánchez

contra de la sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2016-00353-00/01 fueron resueltas
en el trámite de segunda instancia de la presente acción de tutela, lo que conlleva revocar
la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada que negó las pretensiones de la acción de tutela
para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador2

2 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente, a través de su
grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un sistema de apoyo de inteligencia
artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica,
gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el
que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente
errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico
(uso impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la
Real Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones
expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones alternativas, reescribiera
párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de
la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página,
párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta
fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia
o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se
hayan incorporado al texto reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el
sistema se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el funcionario judicial.
Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales, información sensible ni elementos de
carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de
debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las
finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16
de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético
de la inteligencia artificial en la Rama Judicial".

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