Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01292-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01292-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01292-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01292-00
Accionantes: Luis Alirio Cardozo Joya
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y otro.
Tema: Tutela contra providencias judiciales. Reparación directa. Valoración
probatoria. Subsidiariedad e inmediatez. DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Alirio Cardozo
Joya en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar y del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de las sentencias del 18 de mayo de
2012 y del 22 de noviembre de 2021 proferidas respectivamente en el medio de
control de reparación directa, al que le fue asignado el número de radicado 13001-
23-31-000-2005-00025-00/01.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El accionante instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la lesión que sufrió consistente en la
amputación de sus piernas, parte de la falange de uno de los dedos de su mano
derecho y afectación de los tendones del brazo izquierdo, entre otras, por la
explosión de una mina antipersonal, cuando se encontraba instalando unas torres
de energía eléctrica en terrenos custodiados por el Ejército en zona rural del
municipio El Carmen de Bolívar.
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El 18 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia, en
la que negó las pretensiones porque no se acreditó la falla en el servicio, por lo cual
interpuso recurso de apelación.
El actor afirmó que el 31 de enero de 2019, la magistrada sustanciadora del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a quien correspondió el proceso por
reparto requirió a la Armada Nacional y a las partes para que entregaran un informe
sobre el accidente ocurrido, así como a la empresa LIM Ltda., la cual se encontraba
liquidada.
Que mediante oficio del 23 de abril de 2019, la Armada Nacional señaló que el
«señor Luis Alirio Cardozo Joya pisó y activó una mina quiebrapatas causándole
heridas en ambas piernas siendo evacuado para atención hacia el hospital naval».
Que el 22 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la parte demandada.
Considera que con la respuesta otorgada por la Armada Nacional el 23 de abril de
2019, las demandadas incumplieron su deber de colaboración con las entidades
públicas, al ocultar documentos necesarios para esclarecer los hechos, como los
oficios 0000 673-1, 2001-CBRLM(E)-AJ-746 y 2260-9, y los procesos penales
66419 y 137906 iniciados por denuncia del comandante del batallón de Infantería
de Marina núm. 13 José Leónidas Muñoz López.
En ese sentido, indicó que existieron procesos similares, de los que tuvo
conocimiento el presente año, en los que se profirieron decisiones condenatorias en
contra del Estado, con fundamento en documentos que no fueron aportados por la
Armada Nacional y que, en cambio, sí fueron allegados por la empresa Ingeolíneas;
puntualmente, los procesos i) instaurado por el señor Luis Alfonso García Díaz, rad.
46.037, SL 4019-2016, y que fue decidido por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral; y iii) de reparación directa, rad. 13001-23-31-000-2005-02046-01.
PRETENSIONES
Solicitó que se revise nuevamente el proceso de reparación directa; que se profiera
una nueva sentencia con base en las pruebas presentadas en esta tutela; que se
declare con efectos inter comunis a la sentencia de los familiares del señor Luis
Alirio Cardozo Joya y César Orlando Cardozo Joya y otros en contra del Ministerio
de Defensa, rad. 13001-23-31-000-2005-02448-00; que los procesos de los
familiares y de la víctima se resuelvan en una sola providencia por economía
procesal; y que les sean resarcidos, tanto a él como a su núcleo familiar, todos los
daños, como lucro cesante, futuro y consolidado.
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ACTUACIÓN PROCESAL
El 23 de febrero de 2026, se admitió la demanda; se vinculó a la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional, como tercero con interés; y se corrió el traslado
respectivo.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, adujo que no intervino en la aprobación de la sentencia de
segunda instancia, por lo que se limitó a indicar que respetará y acatará lo decidido.
El Tribunal Administrativo de Bolívar expuso que el proceso contencioso
administrativo se rige por el principio de la carga de la prueba, por lo que, si el actor
estimaba que existían documentos adicionales relevantes para el esclarecimiento
de los hechos, debía solicitarlos, requerir su incorporación o interponer los recursos
correspondientes antes del cierre de la etapa probatoria, o si posteriormente a la
ejecutoria de la sentencia obtuvo las pruebas que sustentarían su tesis, debió acudir
al recurso extraordinario de revisión, sin que resultara viable trasladar a la tutela la
omisión en el ejercicio de dichas cargas procesales ni pretender reabrir el debate
probatorio, una vez finalizadas las oportunidades legales dentro del proceso
ordinario.
Que las decisiones adoptadas en el proceso de reparación directa estuvieron
sólidamente soportadas en los precedentes jurisprudenciales debidamente citados,
desarrollados y aplicados, así como en las pruebas aportadas al proceso y en la ley,
por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionantes, por lo cual
solicitó declarar improcedente la acción.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
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se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
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Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde analizar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de los autos controvertidos, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se advierte que en el presente asunto no se cumplen las exigencias de
inmediatez y de subsidiariedad, como se procede a explicar.
En relación con el primero de los requisitos señalados, la Corte Constitucional ha
establecido que su objetivo es que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones de las
autoridades judiciales. Lo anterior teniendo en cuenta que, primero, una eventual
determinación en sede de tutela podría dejar sin efectos un proveído, y, segundo,
está de por medio la protección de un derecho fundamental; situaciones que exigen
una actividad pronta por parte de quien considera que se le ha transgredido o
amenazado un derecho con ocasión de la emisión de cierta providencia.
En ese orden de ideas, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un
término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado.
Así, esta corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida para controvertir decisiones judiciales seis meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia7.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada asunto a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así las
cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante8.
Esclarecidas las generalidades de esta primera exigencia, la Subsección advierte
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
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que el 3 de diciembre de 2021 fue notificada la sentencia del 22 de noviembre de
esa anualidad; sin embargo, el accionante radicó esta acción el 18 de febrero de
2026, esto es, transcurridos más de 4 años y 2 meses desde que la decisión
controvertida en esta sede fue notificada y adquirió ejecutoria, lo que evidencia el
incumplimiento del requisito de inmediatez.
Sobre el particular, el solicitante del amparo afirmó que el ocultamiento de
documentos producía consecuencias sucesivas y no cesaba sus efectos sino hasta
su descubrimiento, pero no se observa prueba siquiera sumaria de que solamente
hasta el año en curso el accionante haya tenido conocimientos de aquellos ni mucho
menos del supuesto encubrimiento.
Debe precisarse que el hecho de que en otros procesos se hayan adoptado
decisiones distintas, aun tratándose de casos similares, no constituye un argumento
para reabrir un debate que finalizó hace más de cuatro años ni menos aún para
extender sus efectos, como lo pretende el accionante, con fundamento en las
pruebas que en su momento fueron legalmente allegadas al proceso, pues ello
implicaría desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, para lo
cual no se instituyó la acción de tutela.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que con la decisión cuestionada en esta
sede no se vulnera el núcleo esencial de derechos de terceros, no existe un nexo
causal entre el ejercicio tardío y la transgresión invocada, esta no es permanente
en el tiempo y la exigencia de la instauración de la acción en tiempo no resulta
desproporcionada para el accionante.
Ahora bien, en cuanto a la exigencia de la subsidiariedad, debe señalarse que la
acción de tutela tiene una naturaleza residual, por lo cual antes de acudir a este
mecanismo de protección de derechos fundamentales, los interesados deben
agotar los mecanismos judiciales con los que cuentan, salvo que estos no sean
idóneos y eficaces o se esté ante la probable configuración de un perjuicio
irremediable, caso en el cual resulta admisible acudir directamente a esta acción
constitucional.
Sin embargo, se observa que en el caso bajo estudio, el actor debió aportar o
solicitar el decreto y práctica de las pruebas que consideraba necesarias para
adoptar la decisión del asunto al interior del medio de control o, en caso de haberlas
encontrado o recobrado con posterioridad a la sentencia, como aduce ocurrió,
interponer el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 1 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, pero en el plazo previsto en el artículo 251
ejusdem, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En esa medida, no puede aceptarse el argumento del actor tendiente a reabrir un
debate jurídico y probatorio, no solo a través de un mecanismo que no resulta
procedente para ese efecto, sino, además, después de transcurrido el plazo previsto
en la norma, pues ello generaría inseguridad jurídica y en la práctica conllevaría
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extender un debate indefinidamente, lo que no resulta procedente en nuestro
ordenamiento jurídico.
El incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad impiden el
estudio de los reparos expuestos, por lo cual se declarará improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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