Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2005-02046-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2005-02046-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-31-000-2005-02046-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de enero de 2023
Radicado: 13001-23-31-000-2005-02046-01 (51019)
Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 13001-23-31-000-2005-02046-01 (51019)
Demandantes: Luis Alfonso García Díaz, Luz Marina Quinchia Agudelo, Diana
Marcela García Quinchia, Andrés Camilo García Quinchia y
Daruin Alexis García Quinchia
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Tema: Responsabilidad del Estado por explosión de mina antipersonal. Se
confirma la sentencia que condenó a la entidad demandada porque
las actuaciones y omisiones de sus agentes incidieron de forma
determinante en la producción del daño: revisaron el área donde
grupos armados ilegales habían derribado torres de energía e
instalado minas antipersonales, y autorizaron el ingreso de los
trabajadores para la reparación de las torres.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia dictada el 7 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Descongestión No. 3, en la que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y dispuso:
<<PRIMERO: DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación – Ministerio de Defensa, Infantería de Marina, por las lesiones padecidas
por el señor LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Infantería de
Marina, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 60 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a favor de LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ.
TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Infantería de
Marina, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 30 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las siguientes
personas: LUZ MARINA QUINCHIA AGUDELO, DIANA MARCELA GARCÍA
QUINCHIA, ANDRÉS CAMILO GARCÍA QUINCHIA y DARUIN ALEXIS GARCÍA
QUINCHIA.
Radicado: 13001-23-31-000-2005-02046-01 (51019)
Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
CUARTO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa, Infantería de
Marina, a pagar, por concepto de daño a la salud, la suma de 70 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a favor de LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso,
DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiera, y ARCHÍVESE el expediente
previas las anotaciones del caso>>.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo (CCA), por tratarse
de un recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo, el cual conoció el proceso en primera instancia en razón de la
cuantía estimada en la demanda 1.
El recurso de apelación fue admitido el 29 de mayo de 2014 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 19 de junio de 2014. Las partes
guardaron silencio. El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia porque la
entidad demandada asumió una posición de garante al asegurar y desminar el
área en la que se repararían unas torres de energía, por lo que es responsable
por el daño causado por la explosión de una mina antipersonal.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 7 de octubre de 2005
por Luis Alfonso García Díaz (víctima directa) y su núcleo familiar. Se dirigió
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional2 para obtener la indemnización
de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por la víctima directa como
consecuencia de la explosión de una mina antipersonal.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<4.1.- Que la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA –
INFANTERÍA DE MARINA) es administrativamente responsable de la totalidad
de los daños y perjuicios (patrimoniales y extrapatrimoniales) ocasionados a los
señores: LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ, LUZ MARINA QUINCHIA AGUDELO,
DIANA MARCELA, ANDRÉS CAMILO y DARUIN ALEXIS GARCIA QUINCHIA;
1 En la demanda la cuantía se estimó en una suma superior a mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes (1000 SMLMV), valor pretendido por daños morales y perjuicios fisiológicos.
2 En la demanda se enunció como parte demandada al <<Ministerio de Defensa Nacional – Infantería de
Marina>>, al igual que en la sentencia de primera instancia. La Infantería de Marina es una dependencia de
la Armada Nacional, que a su vez hace parte del Ministerio de Defensa Nacional según el artículo 1º del
Decreto 49 de 2003, vigente para el momento de la demanda. En este caso la facultad de representación
judicial, que corresponde al ministro según el artículo 149 del CCA, fue delegada al comandante de la Fuerza
Naval del Caribe mediante la Resolución No. 3455 de 2006, quien confirió el poder para representar a la
entidad (fl. 48-56 c. 1). Por lo tanto, cuando en este proceso se ha hecho referencia a la Infantería de Marina,
se entiende que la entidad responsable es el Ministerio de Defensa Nacional.
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Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
con la lesión sufrida por el primero el 16 de octubre de 2003 en El Carmen de
Bolívar, departamento de Bolívar.
4.2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, la NACIÓN
COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA – INFANTERÍA DE MARINA) está
obligada a pagar a cada uno de los demandantes una suma que sea equivalente
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios
morales. El valor del salario mínimo legal mensual será el de la fecha de
ejecutoria de la sentencia, a raíz del dolor, la aflicción, la congoja, cicatriz,
secuelas y repercusiones que ha dejado en todos y cada uno de los
demandantes la lesión padecida por LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ.
4.1.4.- (sic) Que como consecuencia de la anterior declaración, la NACIÓN
COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA – INFANTERÍA DE MARINA) está
obligada a pagar a LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ una suma que sea
equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de
(sic) fisiológicos. El valor del salario mínimo legal mensual será el de la fecha de
ejecutoria de la sentencia, por la limitación o disminución del goce de vivir,
pérdida del placer, limitación que tendrá que soportar para realizar las
actividades (sic).
4.1.5.- (sic) Que, además, la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE
DEFENSA – INFANTERÍA DE MARINA) deberá cancelar a favor de LUIS
ALFONSO GARCIA DIAZ la totalidad de los perjuicios de orden material (daño
emergente y lucro cesante) con la lesión de LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ,
como lucro cesante y consistente en la privación o supresión de aumento
patrimonial que deja de percibir a partir del momento del accidente por los años
de vida que aún le restan por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M. L.
($134.237.000), o en su defecto, lo que se pruebe dentro de proceso.
4.1.6.- (sic) Indexación.- Todas las sumas líquidas que se determinen con cargo
a las pretensiones de la demanda deberán ser reajustadas conforme al
incremento del salario mínimo legal mensual vigente, el índice de precios al
consumidor o al por mayor.
4.1.6.- (sic) Que la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA –
INFANTERÍA DE MARINA) dará cumplimiento a la sentencia que en su contra
llegue a dictarse en los términos de los artículos 176 y 177 y siguientes del
Código Contencioso Administrativo>>.
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El demandante Luis Alfonso García Díaz era trabajador de Ingeolíneas y
Cía. Ltda., empresa contratada por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) para el
montaje y reparación de torres de conducción de energía.
3.2.- En septiembre de 2003 grupos armados ilegales atacaron varias torres de
energía en el circuito de Chinú – Sabanalarga 2 a 500 kV.
3.3.- El 26 de septiembre de 2003 ISA pidió a la Primera Brigada de Infantería
de Marina, como autoridad militar con jurisdicción en la zona de El Carmen de
Bolívar, Bolívar, su apoyo para el cubrimiento, protección, registro y
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desactivación de explosivos en el sitio donde se debían adelantar los trabajos de
recuperación de las torres afectadas.
3.4.- El 14 de octubre de 2003 la brigada confirmó que se podía ingresar a la
zona donde estaban ubicadas las torres No. 772 y 774.
3.5.- Teniendo en cuenta esta autorización, el 16 de octubre de 2003 el inspector
de ISA ordenó a la cuadrilla en la que trabajaba la víctima directa ingresar a
reparar las torres.
3.6.- Cuando la cuadrilla iba a desmontar la torre No. 7743, la víctima directa fue
herida por la explosión de una mina antipersonal. El demandante perdió la visión
de ambos ojos y su capacidad laboral se redujo en un sesenta y ocho punto
setenta y cinco por ciento (68.75%).
4.- Según la parte demandante, el daño fue causado por la <<falla del servicio>>
de la entidad demandada porque autorizó el ingreso para la reparación de las
torres de energía sin tomar las medidas mínimas de seguridad o, de haberse
hecho, fueron adoptadas en forma defectuosa o negligente. A la Infantería de
Marina le correspondía realizar una revisión minuciosa del sitio para descartar la
presencia de minas antipersonales. E, incluso si no se configuró una falla del
servicio, se rompió el principio de igualdad ante las cargas públicas por el riesgo
al que fue sometida la víctima directa.
5.- En relación con los perjuicios, la parte actora señaló que: (i) la víctima directa
vio disminuida su capacidad laboral y dejará de recibir ingresos hasta el final de
su vida probable; (ii) aunque la administradora de riesgos laborales (ARL) le
reconoció una pensión de invalidez, esta se estimó sobre el salario mínimo y,
para la época de los hechos, el señor García Díaz recibía ingresos superiores,
por lo que dejó de devengar una diferencia de doscientos setenta y ocho mil
quinientos pesos ($278.500) mensuales; (iii) la víctima directa, su esposa y sus
hijos sufrieron dolor por la lesión; y (iv) la lesión impide a la víctima directa realizar
actividades que hacen agradable su existencia.
B.- Posición de la parte demandada
6.- El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda.
Como argumentos de defensa expuso los siguientes: (i) no hubo falla del servicio
porque no podía garantizar la ausencia de minas antipersonales; (ii) el daño fue
causado por el hecho de un tercero, pues fue producto de la explosión de una
mina antipersonal instalada por la guerrilla; y (iii) el demandante no fue obligado
3 En algunos hechos de la demanda se mencionó la torre <<774>> y en otros la <<274>>, pero ninguno de
los documentos aportados al expediente menciona el segundo número.
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a cruzar el campo minado: se trató de un riesgo al que todo el que pasara por la
zona estaba expuesto por igual.
C.- Sentencia recurrida
7.- En la sentencia del 7 de junio de 2013 el Tribunal Administrativo de Bolívar
accedió parcialmente a las pretensiones y declaró responsable al Ministerio de
Defensa Nacional con fundamento en las siguientes consideraciones:
7.1.- La Primera Brigada de Infantería de Marina accedió a la solicitud de ISA de
verificar y desminar el área donde fue derribada la torre de energía. Sin embargo,
no revisó en su totalidad el área a desminar, lo que se comprobó con la explosión
de una mina que no fue desactivada.
7.2.- Aunque la mina antipersonal fue instalada por un grupo armado ilegal, la
entidad demandada era la encargada de revisar el terreno y realizar el
desminado. Al señalar que el área era segura y permitir el ingreso del personal
de mantenimiento, adquirió una posición de garante frente a ellos.
7.3.- En relación con los perjuicios, el tribunal: (i) reconoció sesenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (60 SMLMV) para la víctima directa y treinta
salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 SMLMV) para su cónyuge y
cada uno de sus hijos como indemnización por perjuicios morales; (ii) concedió
setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) para la víctima
directa por concepto de daño a la salud; y (iii) negó la indemnización solicitada
por lucro cesante porque la ARL reconoció una pensión de invalidez por un
salario mínimo mensual, y la víctima directa no probó que recibiera ingresos
superiores a esa suma.
D.- Recurso de apelación
8.- El Ministerio de Defensa Nacional solicita que se revoque la sentencia de
primera instancia y se nieguen las pretensiones. Su inconformidad se centra en
los siguientes puntos:
8.1.- El daño fue causado por la explosión de una mina antipersonal instalada por
un grupo ilegal, lo que constituye el hecho de un tercero.
8.2.- La Infantería de Marina desminó el área de la torre derribada por solicitud
de ISA. No hubo falla del servicio porque era imposible garantizar la inexistencia
de minas antipersonales, debido a que estas no siempre son de fácil detección.
La entidad cumplió su función de realizar la verificación con personal
antiexplosivos debidamente capacitado para ello.
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8.3.- La misión de la Fuerza Pública es de medio y no de resultado; aunque
procuran brindar seguridad a los ciudadanos, es imposible garantizar que el
cubrimiento sea total.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales, síntesis de la controversia y decisión a adoptar
9.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos (2)
años previsto en el artículo 136 del CCA. Los hechos ocurrieron el 16 de octubre
de 2003 y la demanda se presentó el 7 de octubre de 20054.
10.- Con los contratos de trabajo5, la historia clínica6, el dictamen del Instituto
Nacional de Medicina Legal7 y el informe de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Antioquia8 está probado, y las partes no discuten, que: (i) el
demandante Luis Alfonso García Díaz era empleado de Ingeolíneas y Cía. Ltda.;
(ii) el 16 de octubre de 2003, cuando trabajaba en la reparación de una torre de
energía, fue herido por la explosión de una mina antipersonal; y (iii) por cuenta
de este hecho perdió su visión en ambos ojos, tuvo secuelas como deformidad
física en el rostro y en el cuerpo, y vio disminuida su capacidad laboral en el
sesenta y ocho punto setenta y cinco por ciento (68.75%).
11.- En esta providencia, la Sala:
11.1.- Confirmará la decisión de condenar al Ministerio de Defensa Nacional a
indemnizar los perjuicios causados a la parte actora porque está demostrado que
la Infantería de Marina autorizó el ingreso de los trabajadores, entre ellos la
víctima directa, a reparar torres de energía que habían sido atacadas por grupos
subversivos. Al hacerlo, adquirió una posición de garante e incidió en forma
determinante en la producción del daño causado por la explosión de una mina
antipersonal.
11.2.- Confirmará la liquidación de los perjuicios porque: (i) la parte demandante
no apeló la decisión de negar la indemnización del lucro cesante; y (ii) aunque,
según los topes establecidos en sentencia de unificación por esta Corporación,
la parte actora tendría derecho a una indemnización mayor por concepto de
perjuicios morales y daño a la salud, no es posible afectar la situación del
4 Fl. 1 c. 1.
5 Fl. 254-257 c. 2.
6 Fl. 70-129 c. 1.
7 Fl. 243 c. 2.
8 Fl. 347-349 c. 2. Aunque en este documento se menciona una pérdida de capacidad laboral del
<<69.85%>>, en sus fundamentos se menciona la pérdida de visión del 68.75% y todos los demás
documentos se refieren a este número. Además, la parte actora formuló las pretensiones por el 68.75%.
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Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
apelante único, esto es, del Ministerio de Defensa Nacional, en aplicación de la
regla de la non reformatio in pejus.
F.- El daño es imputable a la entidad demandada porque autorizó el ingreso
a la zona donde la víctima directa fue herida por una mina antipersonal
12.- El artículo 90 de la C.P. dispone que el Estado responde por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las
autoridades públicas. Aunque la mina antipersonal no fue instalada por la entidad
demandada, la conducta de la Infantería de Marina fue determinante para que la
víctima directa resultara herida por ese artefacto. Al adelantar el desminado y
autorizar el ingreso de los trabajadores a la zona donde se había derribado una
torre de energía, la entidad demandada asumió una posición de garante sobre
ellos que la obliga a responder por los perjuicios causados.
13.- Esta Corporación se ha referido de la siguiente forma a la posición de
garante, figura originalmente trasladada del derecho penal:
<<La posición de garante es una ficción construida a partir de las obligaciones
que le son inherentes a una entidad pública, de la cual se desprende el deber de
impedir que sujetos que se encuentran bajo su órbita de protección y de control
sufran lesiones en sus intereses legítimos y protegidos. Por tal motivo, cuando el
Estado desatiende la posición de garante es posible afirmar que el daño irrogado
a la víctima le es imputable, como si física o materialmente lo hubiera causado,
dado que normativamente estaba obligado a impedirlo. En otros términos, si el
Estado se halla en posición de garante y no impide un resultado nocivo, es tanto
como si lo hubiera ocasionado materialmente>>9.
14.- Ahora bien, la doctrina ha precisado que la posición de garante no implica
un aseguramiento universal por todo riesgo, ni puede evaluarse en abstracto sino
en concreto, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso:
<<La aparente validez de este razonamiento esconde sin embargo una
imprecisión: la posición de garante no tiene alcances ilimitados. En efecto, los
padres no responden por todos los daños que puedan ocurrirles a sus hijos, ni
los esposos por todas las lesiones que sufran sus cónyuges, ni los propietarios
de armas de fuego por todos los delitos que con ellas se cometan. La posición de
garante no es más que la denominación con la que se indica que una persona es
competente para la evitación de determinados daños, competencia que solo
surge en virtud de situaciones especiales (…)>>10.
15.- Una de las formas en que se puede adquirir la posición de garante es por
asunción, esto es, por asumir la seguridad o garantía de otras personas o bienes,
incluso sin una disposición normativa que lo obligue a hacerlo. Al respecto la
doctrina ha dicho:
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
6 de septiembre de 2019, exp. 42613, M.P. María Adriana Marín.
10 Yesid Reyes Alvarado, Imputación objetiva (Bogotá: Temis, 2005), p. 347.
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Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
<<Dentro de los deberes en virtud de responsabilidad también está la asunción,
en el que el autor al igual que en la injerencia, debe responder de las
consecuencias de cómo configura su propio ámbito de organización. La asunción
solo se puede dar por disposición expresa o declarada concluyentemente que
persigue la salvación o el aseguramiento de unos bienes ajenos o que ya no se
pueden garantizar de otra manera. Se puede asumir una expectativa cognoscitiva
(que ha de apreciarse conforme a los hechos) y no una expectativa normativa
(garantizada jurídicamente), por ejemplo cuando se deja el hijo al cuidado de una
vecina. En cambio, sí se convierte en garante aquel que asume el auxilio eficaz
de una persona que está obligada a prestar ayuda. También es garante quien
asume las obligaciones de autoprotección de la persona a la que se trata de
proteger.
Existe asunción no solo cuando el autor promete una prestación expresa o
concluyentemente sino cuando además da a entender que él, como
consecuencia de su promesa, espera y considera adecuado el abandono de otras
medidas de protección, lo que en efecto ocurre. Dicha promesa no
necesariamente debe tener eficacia jurídica, ya que puede tratarse de hacer un
favor cuyo cumplimiento no cabe demandar judicialmente. Ejemplos, el
transeúnte ofrece su brazo al invidente para atravesar la calzada; el maestro
anima al alumno de natación para que nade en la parte honda de la piscina. Lo
importante en estos casos no es el vínculo contractual sino la conexión fáctica
por la que hay que responder y que existe entre el ámbito de organización propio
y el ajeno>>11.
16.- Está demostrado que la Primera Brigada de Infantería de Marina asumió la
responsabilidad de verificar y desminar la zona circundante a la torre de energía
No. 774, en el circuito de Chinú – Sabanalarga 2 y, específicamente, autorizó el
ingreso a la zona por parte de los trabajadores subcontratados por ISA luego de
haberla revisado con su personal antiexplosivos. Se trata de una autorización
particular y determinante para que la víctima directa estuviera en el área y,
posteriormente, resultara herida por una mina antipersonal. Este hecho está
acreditado con los siguientes medios de prueba:
16.1.- Mediante el oficio No. 673-1 del 26 de septiembre de 2003 ISA pidió al
comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina su apoyo con el
<<cubrimiento, protección, registro y desactivación de artefactos explosivos en
los sitios de las torres afectadas, áreas cercanas y caminos de acceso, a fin de
poder realizar los trabajos de recuperación de este circuito>>, incluida la torre No.
774, en El Carmen de Bolívar12.
16.2.- Aunque la respuesta de la autoridad militar a esa solicitud no obra en el
expediente, en el oficio No. 2001-CBRLM1(E)-AJ-746 la Primera Brigada explicó
el procedimiento adelantado para verificar las zonas afectadas por ataques a
torres de energía, y confirmó que este se ejecutó en el caso de la torre No. 774:
11 Claudia López Díaz, “Acciones a propio riesgo”, en Revista Cenipec 25 (2006), p. 158-159.
12 Fl. 199 c. 1.
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Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
<<Cuando se presenta un atentado contra la infraestructura eléctrica, ISA informa
a la Primera Brigada de Infantería de Marina o a la unidad militar con jurisdicción
en la zona donde ocurrió el acto terrorista por medio del cual solicita se realice
una verificación del terreno y aseguramiento del área antes de ingresar el
personal de trabajadores de la firma contratista de ISA para realizar los
trabajos de recuperación.
Posterior a esto, el encargado de la empresa verifica si se autorizó por parte de
la unidad táctica el ingreso de los trabajadores de ISA y la fecha en que esto se
realizará con el fin de poder brindar la seguridad militar.
Previo al ingreso del personal por parte de la unidad militar se ordena una
verificación al área de trabajo por parte de personal militar con
conocimiento de explosivos con el fin de descartar la presencia de cargas
explosivas y/o tratar de realzar un desminado cuando ello sea posible; y se
dispone de la seguridad necesaria para acompañar al personal que efectúa
los trabajos recuperación de las torres.
Estos pasos fueron seguidos tanto por la empresa ISA como por la unidad
militar que realizó el apoyo cuando se presentó el atentado terrorista contra
la torre No. 774 el día 13 de octubre de 2003, pero como es de conocimiento
general, cuando se trata de minas antipersonal no es posible garantizar un cien
por ciento de seguridad por cuanto no siempre estos artefactos son de fácil
detección por los equipos de anti-explosivos, dados los materiales empleados por
los terrorista>>13 (resalta la Sala).
16.3.- En el formato de registro de los atentados a torres de energía y la denuncia
presentada por ISA ante la Fiscalía por estos hechos se registró, respecto de la
torre No. 774, que <<en los alrededores de la estructura fueron dispuestas minas
antipersonales con las cuales se presentaron dos (2) accidentes al momento de
intentar su reparación, en los cuales resultaron lesionadas cuatro (4) personas,
trabajadores de la firma contratista designada para este evento. La Primera
Brigada de Infantería de Marina (BRIM-1) contribuyó en la desactivación de las
minas antipersonales>>14.
16.4.- El testigo Jorge Ubaldo Osorio Alzate, quien estaba con la víctima directa
en el momento del accidente, declaró que los trabajadores no querían ingresar a
la torre porque creían que no había sido revisada por la autoridad militar, pero el
inspector de ISA les aseguró que la revisión sí se había hecho 15. Aunque el
testigo indicó que nunca supo si el área efectivamente fue verificada, la
13 Fl. 344-345 c. 2. La Sala advierte que, aunque el oficio menciona como fecha de los hechos el <<13 de
octubre de 2003>> y no el 16 de octubre de 2003, el número de la torre coincide y el oficio fue aportado en
un proceso laboral por los mismos hechos.
14 Fl. 327-341 c. 2.
15 <<(…) Nosotros fuimos a trabajar a la torre en El Carmen de Bolívar y LUIS ALFONSO dijo que no estaba
revisada la torre todavía, entonces la gente decía con miedo de entrar a la torre porque no estaba revisada,
entonces el capataz de ISA que se llamaba LUCAS dijo que si tenían pereza de entrar porque ya estaba
revisada, entonces la gente entró con miedo a trabajar y trabajaron y ya cuando LUIS llevaba un aparejo en
el hombro iban CARLOS SIERRA y él atrás y en ese momento llegaron donde iban a trabajar, descargó
LUIS el aparejo al suelo y ahí mismo explotó la mina y cogió la pólvora y de una se le fue a los ojos. (…)
PREGUNTADO. Diga si la Infantería de Marina autoriza el ingreso para la reparación de las torres.
CONTESTÓ. No sé. PREGUNTADO. Diga si la Infantería de Marina autorizó a LUCAS para ingresar a
reparar la torre. CONTESTÓ. No sé. (…)>> (fl. 148 c. 1).
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Radicado: 13001-23-31-000-2005-02046-01 (51019)
Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
manifestación del inspector coincide con lo indicado por la Infantería de Marina
en el oficio antes citado.
17.- En relación con los argumentos planteados por la entidad demandada en su
recurso de apelación, la Sala advierte que estos no son suficientes para
exonerarla de responsabilidad:
17.1.- Con base en el oficio No. 2001-CBRLM1(E)-AJ-746 la entidad afirmó que
era imposible garantizar la ausencia de minas antipersonales en la zona y que
usó los medios técnicos a su alcance para la revisión. Sin perjuicio de que no hay
medios de prueba que sustenten esta afirmación, la Sala advierte que la entidad
demandada no puede exonerarse de responsabilidad señalando que fue diligente
al revisar el área. El artículo 90 de la C.P. no exige demostrar que la entidad fue
negligente o descuidada al causar el daño para que este le sea imputable. Su
autorización fue determinante para el ingreso de los trabajadores y, por ende,
para que se produjera el daño: los trabajadores acudieron a reparar la torre solo
cuando la Infantería de Marina le indicó a ISA que la zona había sido verificada.
17.2.- La instalación de la mina antipersonal por parte de terceros no configura la
causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, la cual requiere
acreditar que esa es la causa exclusiva del daño y que resulta imprevisible e
irresistible para el demandado. La presencia de minas antipersonales en el área
era previsible, tanto así que la entidad demandada revisó el área para identificar
y desactivar estos artefactos. De conformidad con el artículo 2344 del Código
Civil16, cuando varias personas concurran a causar el daño, la víctima puede
dirigirse contra cualquiera de ellas para obtener la totalidad de la indemnización,
y es por esa razón que la existencia de otro responsable del daño no exonera
total o parcialmente de responsabilidad.
G.- Los perjuicios indemnizables
18.- Con los certificados de los registros civiles que obran en el expediente está
acreditado que el demandante Luis Alfonso García Díaz es esposo de Luz Marina
Quinchia Agudelo y padre de Diana Marcela, Andrés Camilo y Daruin Alexis
García Quinchia17.
i) Perjuicios morales
19.- Para acreditar las relaciones de trato de la víctima con sus familiares y la
afectación moral producida por las lesiones, la parte demandante solicitó varios
16 <<Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente
responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los
artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del
precedente inciso>>.
17 Fl. 33-37 c. 1.
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Radicado: 13001-23-31-000-2005-02046-01 (51019)
Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
testimonios, de los cuales se practicó el de Jorge Ubaldo Osorio Alzate18. Este
testigo declaró que la víctima directa <<salía con los niños a la piscina a jugar y
con la mujer, son tres hijos, salía con ellos a Medellín, a Comfama, a las fincas a
bañarse>> y que, luego del accidente, ha estado <<muy triste porque ya no
puede salir con sus hijos, tiene que salir con un acompañante, la familia está muy
triste porque LUCHO ha perdido la visibilidad de las vistas (sic), ya la familia no
puede disfrutar con él como antes, siempre tiene que salir con otro ahí>>19.
20.- De acuerdo con los criterios unificados por la Sección Tercera de esta
Corporación20, debido a que la víctima directa sufrió una pérdida de capacidad
laboral superior al cincuenta por ciento (50%), a cada uno de los demandantes le
correspondería la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes
(100 SMLMV) como indemnización de perjuicios morales. Sin embargo, no es
posible afectar la situación del apelante único, por lo que la Sala confirmará las
indemnizaciones ordenadas por el tribunal.
ii) Daño a la salud
21.- Esta tipología de perjuicio fue solicitada en la demanda a título de perjuicios
fisiológicos, porque la víctima directa perdió la visión y se vio limitada para realizar
actividades que hacen agradable la existencia. En la sentencia de primera
instancia se ajustó la tipología del perjuicio al daño a la salud. Aunque de acuerdo
con los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación21, la
víctima directa tendría derecho a la suma de hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV) por la gravedad de la lesión, se confirmará la
decisión del tribunal porque la sentencia no fue apelada por la parte demandante.
H.- Costas
22.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
18 La parte actora pidió los testimonios de varias personas, los cuales fueron decretados y se comisionó al
Juzgado Promiscuo Municipal de El Peñol para practicarlos. Esta autoridad citó a múltiples diligencias para
rendir los testimonios, pero el único que asistió fue Osorio Alzate (fl. 139-147 c. 1). El juzgado devolvió el
despacho comisorio y las partes no recurrieron el auto que cerró el periodo probatorio (fl. 351 c. 2).
19 Fl. 148 c. 1.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto
de 2014, exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle De la Hoz.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto
de 2014, exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero.
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Radicado: 13001-23-31-000-2005-02046-01 (51019)
Demandantes: Luis Alfonso García Díaz y otros
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 7 de junio de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión No. 3.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a
178 del CCA.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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