Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01292-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01292-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01292-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Luis Alirio Cardozo Joya.
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A
y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01292-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo. No se
cumple con el requisito de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
12 de marzo de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Luis Alirio Cardozo Joya en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentó demanda contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara
administrativamente responsable por las lesiones causadas con ocasión a
la explosión de una mina antipersonal en zona rural del municipio de El
Carmen de Bolívar.
1.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 18 de
mayo de 2012 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si
bien con las copias de la historia clínica se comprobó el daño sufrido por
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el actor consistente en la amputación de sus piernas, no era menos cierto
que no se acreditó la falla en el servicio por parte de la demandada, por
supuestamente autorizar al demandante a ingresar a un terreno en el que
luego fue víctima de la explosión de una mina antipersonal.
1.3. Contra la decisión anterior la parte accionante presentó recurso de
apelación.
1.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante decisión de 22 de noviembre de 2021 modificó la sentencia de
primera instancia, al declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en
razón a que “[…] era la empresa Líneas Ingeniería y Montajes Ltda., en
calidad de empleadora del señor Luis Alirio Cardozo Joya, la que tenía la
obligación de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que
el actor realizara su trabajo, por lo que fue la que asumió el riesgo de
enviarlo a un terreno en zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar
para la “instalación de una torre de energía eléctrica” donde ocurrió el
accidente y la que debía realizar todas las actividades de prevención de
riesgos relacionados con su actividad económica […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron su
derecho fundamental al debido proceso por “[…] error inducido […]”, al
considerar que las demandadas incumplieron “[…] su deber de colaboración
con entidades públicas al ocultar documentos necesarios para esclarecer los
hechos […]”, en tanto la Armada Nacional mediante oficio de 23 de abril de
2019 allegado por el comandante del batallón, hizo mención solamente a
hechos que no se discutían, al mencionar que “[…] el señor Luis Alirio Cardozo
pisó y activó una mina quiebrapatas causándole heridas en ambas piernas
siendo evacuado para atención hacia el hospital naval […]”.
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Asimismo, indicó que las demandadas ocultaron documentos que fueron
hallados en el “[…] proceso penal 66419 Fiscalía y el 137906 por denuncia del
comandante del batallón de infantería de marina # 13 José Leónidas Muñoz
López Fiscalía 17 especializada Cartagena, proceso el cual se encuentra bajo
ley 600 del 2000 y del cual no se tenía conocimiento y no se es parte procesal,
la denuncia data de: 2003/11/29 y denuncia 000000 1849 de 2004/01/09 […]”.
[Sic en toda la cita]
Finalmente, refirió que existieron procesos judiciales similares de los que tuvo
conocimiento el presente año, instaurados por el señor Luis Alfonso García
Díaz con radicado núm. 46.037, y que fue decidido por la Corte Suprema de
Justicia - Sala Laboral; y de reparación directa con radicado núm. 13001-23-
31-000-2005-02046-01 “[…] en el cual se declara administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación con base en los documentos no
aportados por la Armada Nacional en el proceso de Luis Alfonso García Díaz
y aportados por la empresa Ingeolíneas e ISA SA […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se revise nuevamente el proceso 13001-23-31-000-2005-00025-01
(45850), y que para restablecer la justicia material se dicte nueva
sentencia teniendo en cuenta las pruebas presentadas en esta acción de
tutela, que se tome la decisión en el menor tiempo posible teniendo en
cuenta los años que llevo esperando justicia.
• Que para un mejor proveer se tengan en cuenta también las sentencias:
• SL 4019-2019 rad: 46037
• 13001-23-31-000-2005-02046-01 (51019)
• Se declaren efectos intercomunis a la sentencia de los familiares de Luis
Alirio Cardozo Joya y Cesar Orlando Cardozo Joya y otros vs Ministerio
de defensa, Nación rad: 13-001-23-31-000-2005-02448-00 con sentencia
de falta de legitimación en la causa por activa, en donde no se demostró
el daño y faltó el registro civil de la víctima para la acreditación de
parentesco, por tanto pedimos muy respetuosamente se declaren efectos
intercomunis para en aras de restablecer la justicia material con sentencia
del 30 de Septiembre de 2015
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• Que los procesos de los familiares y de la víctima se resuelvan en una
sola providencia por economía procesal y atendiendo a que el proceso
de los familiares se encuentra anexado al de la víctima en el cual ya se
encuentran el registro civil y el daño probado.
*Me sean resarcidos todos los daños como lucro cesante, futuro y
consolidado atendiendo al contrato laboral presentado, y demás daños
materiales y no materiales ami y mi núcleo familiar más cercano […]”. [sic
en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 23 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
se vinculó al Tribunal Administrativo de Bolívar y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés en el
resultado del proceso.
2. El 12 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la solicitud de amparo.
3. Mediante auto de 17 de marzo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que
acatará lo que resuelva el juez constitucional.
2. El Tribunal Administrativo de Bolívar realizó un recuento de los principales
antecedentes en que se fundamentó la decisión de segunda instancia y
destacó que en el proceso contencioso administrativo le corresponde a las
partes allegar y solicitar oportunamente el material probatorio que considere
pertinente para sustentar sus pretensiones o excepciones y que en ese sentido
si el accionante “[…] estimaba que existían documentos adicionales relevantes
para el esclarecimiento de los hechos, debía solicitarlos, requerir su
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incorporación o interponer los recursos procesales correspondientes antes del
cierre de la etapa probatoria. Ahora bien, si posteriormente a la ejecutoria de
la sentencia obtuvo las pruebas que sustentarían su tesis, debió acudir al
recurso extraordinario de revisión a través de la causal contemplado en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA […]”.
Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela en atención a
que con la decisión acusada no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, toda vez que se fundamentó en parámetros
legales y las pruebas aportadas, por tanto, se encuentran amparadas por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 12 de marzo de 2026 declaró improcedente la acción de tutela
por no satisfacer los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
Advirtió que “[…] el 3 de diciembre de 2021 fue notificada la sentencia del 22
de noviembre de esa anualidad; sin embargo, el accionante radicó esta acción
el 18 de febrero de 2026, esto es, transcurridos más de 4 años y 2 meses
desde que la decisión controvertida en esta sede fue notificada y adquirió
ejecutoria, lo que evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez […]”.
Asimismo, indicó que en cuanto al argumento del accionante en el que afirmó
que el ocultamiento de documentos producía consecuencias sucesivas y no
cesaba sus efectos sino hasta su descubrimiento, no existe un nexo causal
entre el ejercicio tardío y la transgresión invocada “[…] en tanto esta no es
permanente en el tiempo y la exigencia de la instauración de la acción en
tiempo no resulta desproporcionada para el accionante […]”.
Respecto de lo anterior precisó que, pese a que en otros procesos se hayan
adoptados decisiones distintas aun tratándose de casos similares “[…] no
constituye un argumento válido para reabrir un debate que finalizó hace más
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de cuatro años ni menos aún para extender sus efectos […]”.
En cuanto a la exigencia del requisito de subsidiariedad afirmó que el
accionante en caso de haber encontrado o recobrado las pruebas con
posterioridad a la sentencia, debió interponer el recurso extraordinario de
revisión dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia indicando que “[…] incurre
en una vía de hecho fáctica al haber sido proferida sobre un expediente
incompleto. El a quo limitó su análisis exclusivamente a las actuaciones 9 a
16, como se puede observar en la página de SAMAI actuación índice 00017,
donde se pasa a despacho ignorando que el sustento probatorio del Error
Inducido reside en las actuaciones 1 a 8, remitidas oportunamente mediante
el canal electrónico valido por el propio juzgado […]”. [Sic en toda la cita]
Mencionó que el juez de primera instancia incurrió en “[…] una indebida
aplicación del precedente Sentencia SU-072 DE 2018 […]” en tanto afirma que
esta “[…] permite la intervención cuando la irregularidad es de tal entidad que
amerita el amparo. No existe mayor gravedad que el fraude procesal cometido
por una entidad pública al sustraer documentos del conocimiento del juez
induciéndolo a dictar una sentencia injusta […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, que se configure alguno de los
requisitos especiales.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”5 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional6.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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razonable era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional8 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular9 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”10.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la providencia de 22 de noviembre de 2021
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del proceso de reparación directa identificado con radicación núm.
13001-23-31-000-2005-00025-00/01.
Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de la sentencia de 22 de noviembre de 2021, por ser la decisión que puso fin
a la litis.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de controversia, la notificación de la providencia
de 22 de noviembre de 2021 se surtió el día 7 de diciembre de esa misma
anualidad; mientras que la acción de tutela se presentó el 18 de febrero de
8
Sentencia T-584 de 2011.
9
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
10
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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2026, es decir con posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por
esta Corporación como término razonable.
Adicionalmente, para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por
la parte accionante referentes a que el ocultamiento de documentos se
extendió en el tiempo, los cuales son determinantes para variar la decisión
adoptada el 22 de noviembre de 2021, pues tal como lo consideró el a quo
“[…] no se observa prueba siquiera sumaria de que solamente hasta el año en
curso el accionante haya tenido conocimientos de aquellos ni mucho menos
del supuesto encubrimiento […]”.
Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo o de haber acudido al recurso
extraordinario de revisión, ni tampoco situación que se enmarque en alguno
de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que puedan
justificar su presentación por fuera del término establecido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 12 de marzo de 2026 proferido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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