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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01310-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01310-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Odazzil Caamaño Villalobos para otorgar poder en nombre de sus familiares para que se promoviera la presente acción de tutela, conforme lo expuesto en precedencia. CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Odazzil Caamaño Villalobos, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01310-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 01310 00
Accionante: Odazzil Caamaño Villalobos
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Odazzil Caamaño Villalobos,
en contra de la sentencia de reemplazo del 27 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, en el proceso de reparación directa identificado con el
radicado núm. 20001 33 33 001 2018 00522 02.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Odazzil Caamaño Villalobos, actuando a través de apoderada judicial, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al
de igualdad, a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia,
a la caracterización del defecto por desconocimiento del precedente
constitucional y del Consejo de Estado, en favor del accionante señor ODAZZIL
CAAMAÑO VILLALOBOS, y los señores ANA LAUDELINA VILLALOBOS,
DINELBA CAAMAÑO VILLALOBOS, NERYS CAAMAÑO VILLALOBOS,
ARACELIS CAAMAÑO VILLALOBOS, RUTH AMPARO CAAMAÑO
VILLALOBOS, SOLFANIS CAAMAÑO VILLALOBOS, YOMAIRA ESTHER
CAAMAÑO VILLALOBOS, WILMAN CAAMAÑO VILLALOBOS, ODAZZIL
CAAMAÑO VILLALOBOS, DANELIA ISABEL CAAMAÑO PEINADO,
ÁNGEL CAAMAÑO VILLALOBOS y MARIA ANGELICA CAAMAÑO
MARQUEZ, por ser partes demandantes en el MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTА contra el INPEC, con Radicado 20001-33-33-001-
2018-00522-00

SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, para que
profiera un nuevo fallo de reemplazo conforme a los criterios señalados en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, valorando los medios de prueba
allegados al proceso MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
contra el INPEC, con Radicado 20001-33-33-001-2018-00522-00, aportados

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01310 00.

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Accionante: Odazzil Caamaño Villalobos
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

en la demanda, en la etapa de la contestación de la demanda y proposición de
excepciones. Y estudiar minuciosamente si el recurso de apelación interpuesto
por el INPEC, cumple con la carga procesal de sustentación material, dado que
es obligación del impugnante, cuando pretenda cuestionar las decisiones
judiciales, expresar de manera concreta los motivos de su divergencia.
[Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante manifestó que, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela
del 6 de noviembre de 20252, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de
reemplazo el 27 de noviembre de 2025, mediante la cual revocó la decisión de primera
instancia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Valledupar, dentro del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado núm. 20001-33-33-001-2018-00522-02, que había declarado administrativa y
patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC por
los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión del fallecimiento del señor
Adolfo Rafael Caamaño Villalobos.
Sostuvo que dicha sentencia de reemplazo vulnera sus derechos fundamentales, por
cuanto, a su juicio, adolece del defecto fáctico derivado de una indebida valoración
probatoria, razón por la cual considera procedente la presente acción constitucional.
Indicó, además, que existen dos procesos de reparación directa basados en los mismos
hechos y dirigidos contra la misma entidad, pero con decisiones diferentes, lo que, según
afirma, genera un trato desigual para las víctimas, en especial para la madre del fallecido,
quien es una persona de avanzada edad, y para sus hermanos.
En ese sentido, afirmó que la sentencia de reemplazo configuró una vía de hecho que
vulnera sus derechos fundamentales, pues, a su juicio, el Tribunal accionado aplicó
criterios distintos en casos similares, situación que ya había sido advertida por el Consejo
de Estado en el fallo de tutela previo, cuyo cumplimiento, según sostiene, no se respetó
en la providencia ahora cuestionada.
De igual manera, manifestó que en el presente asunto se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en particular los relativos a la
legitimación en la causa por activa y pasiva, la inmediatez, dado que la acción de tutela
se presentó dentro del término razonable, y la subsidiariedad, al no contar con otro medio
de defensa judicial.
Agregó que también se satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida
en que la providencia acusada afecta garantías fundamentales, especialmente el
derecho al debido proceso, lo cual hace procedente la solicitud de amparo.

Como fundamento de su acción de tutela, sostuvo igualmente que el recurso de
apelación presentado por el INPEC en el trámite ordinario carecía de una adecuada
sustentación material, puesto que no expuso de manera concreta las razones de
inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, y que el tribunal no verificó el
cumplimiento de dicha carga argumentativa antes de resolver la apelación.

2 Proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación en la acción de tutela identificada con el radicado

núm. 11001 03 15 000 2025 05000 01.

2

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Finalmente, la parte accionante adujo que, conforme a los estándares del derecho
internacional y constitucional, el Estado tiene el deber de investigar seriamente las
violaciones de derechos humanos y garantizar a las víctimas los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación. En esa medida, señaló que en casos como el analizado puede
configurarse responsabilidad estatal por falla en el servicio cuando personas privadas de
la libertad cometen delitos debido al incumplimiento del deber de vigilancia y control que
recae sobre el INPEC.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 19 de febrero de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 23 de febrero de 20264 la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal
Administrativo del Cesar, como autoridad judicial accionada; así como vincular al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, a la Nación - Ministerio de Justicia y
del Derecho - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, a la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a la Nación - Rama Judicial y a los
señores Ana Laudelina Villalobos, Dinelba Caamaño Villalobos, Nerys Caamaño
Villalobos, Aracelis Caamaño Villalobos, Ruth Amparo Caamaño Villalobos, Solfanis
Caamaño Villalobos, Yomaira Esther Caamaño Villalobos, Daniela Caamaño Peinado,
María Angélica Caamaño Marquez, Wilman Caamaño Villalobos y Ángel Caamaño
Villalobos, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal y al Juzgado para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso de reparación directa identificado con radicado
núm. 20001-33-33-001-2018-00522-00/01/02.

3.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho6 allegó informe mediante el cual solicitó que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, que se
denieguen las pretensiones de la demanda.

Manifestó que la acción de tutela está siendo utilizada para reabrir un debate propio del
medio de control de reparación directa y del fallo de reemplazo proferido por el Tribunal
accionado, razón por la cual considera que el amparo solicitado resulta improcedente.

3.3. El Tribunal Administrativo del Cesar7 presentó informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo solicitado, al
considerar que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

Indicó que, en el fallo de reemplazo, se analizaron cada uno de los elementos de la
responsabilidad del Estado y que, en ejercicio de la autonomía judicial que orienta la labor

3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01310 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01310 00.
5 Esta orden se cumplió el 25 de febrero y 2 de marzo de 2026. Visto en los índices 7 y 17 de la Sede

Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01310 00.
6 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01310 00.
7 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01310 00.
3

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

de la administración de justicia, se adoptó la decisión correspondiente, debidamente
sustentada en las normas aplicables y en la jurisprudencia pertinente.

En ese sentido, sostuvo que la presente acción de tutela constituye un intento adicional
de la parte accionante por obtener una respuesta favorable a sus pretensiones, lo que
desdibuja la naturaleza residual de este mecanismo constitucional, en la medida en que
pretende convertirlo en una tercera instancia.

3.4. La Policía Nacional8 allegó contestación en la que solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, al configurarse la falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Adujo que no tiene competencia frente a lo pretendido por la parte accionante, teniendo
en cuenta que la Policía Nacional no fue parte en el medio de control de reparación
directa, razón por la cual no se encuentra legitimada para discutir, oponerse o controvertir
lo resuelto por la autoridad judicial accionada.

3.5. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC9, allegó informe en el que
solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional, por configurarse la falta
de legitimación en la causa por pasiva.

Alegó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante, por
cuanto la competencia para resolver las inconformidades planteadas corresponde al
Tribunal accionado, que es la autoridad a la que se le atribuye la presunta vulneración.

Adicionalmente, señaló que no le compete atender los requerimientos formulados en la
acción de tutela, en la medida en que al INPEC le corresponde velar por la ejecución de
las penas privativas de la libertad impuestas, entre otras funciones, sin que le
corresponda definir lo relacionado con la solicitud de amparo de los derechos invocados.

3.6. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar10 allegó el enlace del
proceso ordinario, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de
la acción de tutela.

3.7. La Nación - Rama Judicial y los señores Ana Laudelina Villalobos, Dinelba Caamaño
Villalobos, Nerys Caamaño Villalobos, Aracelis Caamaño Villalobos, Ruth Amparo
Caamaño Villalobos, Solfanis Caamaño Villalobos, Yomaira Esther Caamaño Villalobos,
Daniela Caamaño Peinado, María Angélica Caamaño Marquez, Wilman Caamaño
Villalobos y Ángel Caamaño Villalobos, guardaron silencio.

3.8. Mediante escrito radicado el 8 de abril de 2026, el consejero Pablo Andrés Córdoba
Acosta manifestó encontrarse impedido para conocer y decidir la presente acción
constitucional.

8 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01310 00.
9 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01310 00.
10 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01310 00.
4

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Accionante: Odazzil Caamaño Villalobos
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

4.2.1. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional y la Nación - Rama Judicial, con el propósito que se declarara la responsabilidad
patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados con ocasión de la muerte del señor
Adolfo Rafael Caamaño Villalobos, ocurrida el 20 de noviembre de 2014, como
consecuencia del impacto de bala propinado por el señor Carlos Alfredo Aguilar Becerra,
quien se encontraba privado de la libertad en su domicilio bajo vigilancia electrónica.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Valledupar, que, mediante sentencia del 11 de mayo de 2023, resolvió lo
siguiente:

PRIMERO: Declarar NO probada la excepción falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-,
de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- por los perjuicios ocasionados a los
demandantes, con ocasión del fallecimiento de Adolfo Rafael Caamaño Villalobos
ocurrida el 20 de noviembre de 2014.

TERCERO: Condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- a
pagar por perjuicios morales a cada una de las siguientes personas, los siguientes
valores:

11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.

20001-33-33-001-2018-00522-00/01/02.
5

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CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, el INPEC interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 12 de junio de 2025 la revocó
y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

4.2.4. Los señores Wilman Caamaño Villalobos, Ana Laudelina Villalobos, Dinelba
Caamaño Villalobos, Nerys Caamaño Villalobos, Aracelis Caamaño Villalobos, Ruth
Amparo Caamaño Villalobos, Solfanis Caamaño Villalobos, Yomaira Esther Caamaño
Villalobos, Odazzil Caamaño Villalobos, Daniela Caamaño Peinado, María Angélica
Caamaño Marquez, y Ángel Caamaño Villalobos interpusieron acción de tutela en contra
de la precitada sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar.

4.2.5. La tutela correspondió en primera instancia a la Subsección A, Sección Tercera del
Consejo de Estado que, mediante sentencia del 15 de septiembre de 2025 la declaró
improcedente por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

4.2.6. Inconforme con la anterior decisión, los accionantes la impugnaron y, mediante
sentencia del 6 de noviembre de 2025 la Sección Cuarta de esta Corporación la revocó
y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales de los accionantes, dejo sin efectos
la sentencia del 12 de junio de 2025 y ordenó al Tribunal Administrativo del Cesar proferir
una decisión de reemplazo.

4.2.7. En cumplimiento del anterior fallo de tutela, el Tribunal Administrativo del Cesar
profirió sentencia de reemplazo el 27 de noviembre de 2025, por la cual nuevamente
revocó el fallo de primera instancia del 11 de mayo de 2023 dictado por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Valledupar y, en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

4.3.1. Frente a la manifestación de impedimento presentada por el Consejero de
Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta

El doctor Pablo Andrés Córdoba Acosta, en su calidad de Consejero de Estado de la
Sección Primera, manifestó encontrarse impedido para conocer y decidir la presente
acción constitucional, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En mi condición de magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado me
permito manifestar que me considero incurso en las causales de impedimento
previstas en los numerales 1° y 3° del artículo 56 del Código de Procedimiento

6

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Penal, norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991
y cuyo tenor es el siguiente:

(…)

La acreditación de las causales invocadas las sustento en el hecho de que mi
hermano, Francisco Javier Córdoba Acosta, desde el 30 de enero de 202616 se
desempeña como director de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del
Derecho y, en ejercicio de esa función le otorgó poder a la abogada Paola Marcela
Díaz Triana para que representara los intereses de esa cartera ministerial dentro
del proceso de la referencia.

De ahí que considero que mi hermano en su condición de director de la Dirección
Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho tiene un interés en el resultado
del presente proceso, quien además se encuentra ejerciendo la defensa de los
intereses de dicha cartera ministerial (…).

Examinada la manifestación de impedimento, la Sala encuentra acreditada la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por
remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida en que el Consejero
de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta manifestó que se encuentra impedido para
conocer del presente asunto, por cuanto su hermano, el señor Francisco Javier Córdoba
Acosta, es director jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho entidad vinculada al
presente trámite tutelar, por lo tanto le asiste interés.

En consecuencia, la Sala declarará fundado el impedimento formulado por el Consejero
de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta.

4.3.2. Frente a las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y el INPEC

Se observa que el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y el INPEC
solicitaron, en sus respectivos informes, su desvinculación de la presente acción
constitucional.

No obstante, la Sala considera que no hay lugar a acceder a dichas solicitudes, por
cuanto, de la revisión del expediente correspondiente al medio de control de reparación
directa, se advierte que tales entidades actuaron como extremo pasivo de la litis, razón
por la cual su intervención no puede ser desconocida en esta sede constitucional.

En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
asegurar el respeto de los principios de contradicción y defensa, permitiéndoles
pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

4.4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa del señor Odazzil
Caamaño Villalobos

16 Nombrado mediante Resolución 0184 de 30 de enero de 2026 y posesionado mediante acta 0023 de

esa misma fecha.
7

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Accionante: Odazzil Caamaño Villalobos
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio
del demandante y no de otra persona17.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que «[…] toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad […]». [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece lo siguiente:

La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. [Negrillas fuera del
texto].

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales que se
estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i) por sí mismo o
actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente oficioso, quien deberá
manifestar que actúa como tal y acreditar las razones por las cuales el titular de los
derechos fundamentales que se estiman amenazados o conculcados no puede ejercer
por sí mismo su propia defensa.

En el presente caso, el señor Odazzil Caamaño Villalobos otorgó poder a la profesional
del derecho Oriana Gutiérrez Charris para que presentara acción de tutela “como
mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales del suscrito y de
mi madre ANA LAUDELINA VILLALOBOS y hermanos Dinelba Caamaño Villalobos,
Nerys Caamaño Villalobos, Aracelis Caamaño Villalobos, Ruth Amparo Caamaño
Villalobos, Solfanis Caamaño Villalobos, Yomaira Esther Caamaño Villalobos, Wilman
Caamaño Villalobos, Daniela Isabel Caamaño Peinado, Ángel Caamaño Villalobos María
Angélica Caamaño Marquez”.

De lo anterior, la Sala considera que, si bien el señor Odazzil Caamaño se encuentra
legitimada en la causa por activa para promover la presente acción de tutela a través de
apoderada conforme el poder otorgado en su nombre, y por ello se admitió la acción de
tutela teniéndolo como parte accionante y, a su vez, se le reconoció personería adjetiva
a la profesional del derecho Gutiérrez Charris como su apoderada, lo cierto es que no
está legitimado para otorgar poder en nombre de su madre ni de sus hermanos, quienes
son mayores de edad y no se acreditó una situación que les impidiera otorgar poder de
manera autónoma, directa y en causa propia para que la profesional del derecho
Gutiérrez Charris promoviera la presente acción de tutela en nombre de ellos.

17 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

8

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01310 00
Accionante: Odazzil Caamaño Villalobos
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Por tanto, la Sala advierte que el señor Caamaño Villalobos carece de legitimación en la
causa por activa para otorgar poder en nombre de sus familiares, por lo que la acción de
tutela será declarada improcedente por este aspecto.

4.4.2. Del requisito de relevancia constitucional

Aclarado lo anterior y como el señor Caamaño Villalobos sí se encuentra legitimada para
interponer la acción de tutela a través de apoderada, la Sala analizará la procedencia de
la solicitud de amparo.

En el presente caso, tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.4.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades18:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 19. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

4.4.2.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del tercer criterio que la compone, esto es impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]20 (Se
destaca)

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

19 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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La Sala advierte que el accionante pretende que se profiera una nueva sentencia de
reemplazo donde se valore nuevamente los medios de prueba allegados al medio de
control de reparación directa con número único de radicación 20001 33 33 001 2018
00522 00.

En su escrito de tutela, el accionante manifestó que la sentencia acusada vuelve a
vulnerar sus derechos fundamentales, en la medida en que, a su juicio, incurre en un
defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio.

Asimismo, señaló que existen dos procesos de reparación directa sustentados en los
mismos hechos y dirigidos contra la misma entidad, pero con decisiones disímiles, lo que,
según afirma, genera un trato desigual para las víctimas, particularmente para la madre
del fallecido, persona de avanzada edad, y sus hermanos.

De la lectura de la providencia cuestionada, se advierte que el Tribunal tuvo por
debidamente acreditado el daño antijurídico, consistente en la muerte del señor Adolfo
Rafael Caamaño Villalobos, ocasionada por un tercero que, al momento de los hechos,
se encontraba sometido a una medida de aseguramiento de detención preventiva en su
lugar de residencia. En ese contexto, precisó que la controversia se centraba en
establecer si dicho resultado era imputable al INPEC a título de falla del servicio,
particularmente en lo relacionado con el alcance de sus deberes de vigilancia y control.

Al respecto, concluyó que el hecho dañoso fue causado de manera directa por la
conducta de un tercero, quien incumplió voluntariamente las condiciones de la medida de
aseguramiento y actuó por fuera del ámbito de control razonable de la entidad. En
consecuencia, estimó que dicho comportamiento era imprevisible e irresistible para el
INPEC, lo que configura la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho
exclusivo de un tercero y rompe el nexo causal entre la actuación de la administración y
el daño.

A su turno, el tribunal accionado destacó que, si bien se había advertido la existencia de
un precedente horizontal con supuestos fácticos similares y una decisión distinta,
resultaba procedente apartarse de este, en la medida en que en esa oportunidad se
confundieron las obligaciones de custodia propias del cumplimiento de una pena con
aquellas derivadas de una medida de aseguramiento domiciliaria, y se exigió un nivel de
vigilancia incompatible con el marco normativo aplicable.

En ese orden de ideas, el tribunal decidió apartarse del precedente referido con
fundamento en una carga argumentativa suficiente y concluyó que no se configuró una
falla del servicio imputable al INPEC. Por el contrario, encontró acreditada la causal
eximente de responsabilidad por el hecho exclusivo de un tercero, razón por la cual
revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

A juicio de la Sala, el debate planteado por el accionante constituye una reiteración de
aquel que ya fue objeto de análisis y decisión en el marco del proceso de reparación
directa, relativo a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte
del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos, presuntamente derivada de una omisión en
los deberes de vigilancia y control por parte del INPEC respecto de quien ocasionó el
deceso, quien se encontraba sometido a detención domiciliaria.

En efecto, se advierte que el accionante pretende que el juez constitucional reexamine la
valoración probatoria y el análisis jurídico efectuado por el juez natural de la causa. En
consecuencia, resulta claro que la finalidad de la presente acción no es la protección
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inmediata de derechos fundamentales, sino la obtención de un nuevo pronunciamiento
sobre un asunto de estricta legalidad que ya fue resuelto en las instancias ordinarias.

En ese contexto, no le corresponde al juez constitucional sustituir a la autoridad judicial
accionada en la apreciación del material probatorio ni en la interpretación y aplicación de
la normatividad o del precedente, ni mucho menos erigirse en una instancia adicional o
en un superior funcional encargado de revisar el acierto de sus decisiones.

Aceptar un estudio de fondo en sede de tutela implicaría una injerencia indebida en la
valoración fáctica y jurídica realizada dentro del proceso de reparación directa, lo cual
desnaturalizaría el carácter subsidiario y excepcional de este mecanismo y
comprometería la estabilidad y seguridad jurídica de las decisiones adoptadas en el
trámite ordinario.

En consecuencia, sin que resulte necesario efectuar consideraciones adicionales, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela, por no cumplirse el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de
Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
• INPEC, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
del señor Odazzil Caamaño Villalobos para otorgar poder en nombre de sus familiares
para que se promoviera la presente acción de tutela, conforme lo expuesto en
precedencia.

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Odazzil Caamaño Villalobos, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 9 de
abril de 2026.

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CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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