Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01386-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01386-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01386-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01386-00
Referencia: Acción de tutela
Actoras: MANUELA RUDA GALLEGO Y OTRA
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO,
LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA PARTE ACTORA.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por las
actoras contra la SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Las señoras MANUELA RUDA GALLEGO y LUCERO GUTIÉRREZ
CARDONA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron
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En adelante el Tribunal.
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la protección de su derecho fundamental de petición, el cual estiman
vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto no han
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que
enviaron, vía electrónica, el 5 de junio de 2025, en la que pidieron
información relacionada con expedientes tramitados por dicha
autoridad judicial.
I.2. Hechos
Manifestaron que en la actualidad se encuentran cursando una
maestría en derecho administrativo en la Universidad Autónoma
Latinoamericana, por lo que están adelantando una investigación
relacionada con la obligatoriedad de la conciliación prejudicial como
requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos contractuales
que se adelanten contra los municipios.
Señalaron que el 5 de junio de 2025, presentaron ante la parte
demandada derecho de petición en el que solicitaron información
relacionada con procesos ejecutivos derivados de contratos en los
que la parte allí accionada sea un municipio, que fueran radicados a
partir de enero de 2023 y en los que exija el cumplimiento del
requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.
Además, de los links de acceso a los procesos en los que se hubiere
emitido al menos una actuación.
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I.3. Fundamentos de la solicitud
Aseguraron que hasta la fecha de la presentación de la acción de
tutela de la referencia no habían recibido respuesta clara y de fondo
por parte de las accionadas.
Afirmaron que “[…] la solicitud de información presentada no
pretende que el accionado rinda algún concepto jurídico, toda vez
que, la solicitud presentada ante este requería que se informará la
decisión que ha tomado el Despacho Judicial en aquellos procesos
que han sido de su conocimiento, y en caso de no conocer de los
procesos con las características indicadas en el derecho de petición,
sería suficiente se informe tal situación […]”.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] 1. Tutelar el derecho fundamental de petición.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, brindar una
respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud
presentada el 5 de junio de 2025 […]”. (Destacado pertenece al
texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECRETARÍA señaló que en atención a la solicitud
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presentada por las actoras, el mismo 5 de junio de 2025 atendió tal
requerimiento.
Asimismo, informó que el 27 de febrero de 2026, remitió una
comunicación de complementación al correo electrónico
investigacion.ejecutivos@gmail.com, en la que advirtió que la
verificación del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad,
incluido el agotamiento de la conciliación prejudicial, corresponde al
análisis particular de cada caso concreto, pues las condiciones del
proceso deben evaluarse de manera individual.
I.5.2.- El TRIBUNAL pese a ser notificado del presente trámite,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que las actoras instauraron la
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho
fundamental de petición, el cual estiman vulnerado por el TRIBUNAL
y su SECRETARÍA, por cuanto no han recibido una respuesta de
fondo, clara y concreta a la solicitud que enviaron, vía electrónica, el
5 de junio de 2025, en la que pidieron información relacionada con
expedientes tramitados por dicha autoridad judicial.
Los disensos de las actoras radican en que hasta la fecha de la
presentación de la acción de tutela de la referencia, no habían
recibido respuesta clara y de fondo por parte de las accionadas.
Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala
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hará mención del marco legal del derecho fundamental de petición,
para en seguida abordar el estudio del fondo del asunto.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20112, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
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resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 3 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación con las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que las actoras,
presentaron, vía electrónica, la petición objeto de la solicitud de
amparo de la referencia el 5 de junio de 2025, a través de la cual
solicitaron lo siguiente:
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“[…] Medellín, 05 de junio de 2025
Señores […]
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]
Asunto: Derecho de petición
Manuela Ruda Gallego identificada con cédula de ciudadanía
número 1216724850 y Lucero Gutiérrez Cardona identificada con
cédula de ciudadanía número 1216722017, obrando en nombre
propio y, en ejercicio del derecho de petición que consagra el
artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 de
2015 y demás concordantes, por medio de la presente nos
permitimos solicitar se atiendan las siguientes:
PETICIONES
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en
los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la parte
demandada es un municipio y que fueron radicados a partir de
enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los
procesos ejecutivos contractuales contra municipios que
ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta la fecha en que
se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se hubiese
emitido al menos la primera actuación de Despacho […]”.
(Destacado pertenece al texto).
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que, la
SECRETARÍA al contestar la demanda informó que la solicitud
presentada por las actoras fue atendida, de la siguiente manera:
• A través de la comunicación de 5 de junio de 2025, la cual
fue notificada debidamente en esa misma fecha, al correo
electrónico investigacion.ejecutivos@gmail.com, en la que se
les informó que la consulta requerida la podrían efectuar
mediante el sistema de información SAMAI, así:
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• Posteriormente, mediante comunicación de 27 de febrero de
2026, la cual fue notificada debidamente en esa fecha, al
correo electrónico investigacion.ejecutivos@gmail.com, la
SECRETARÍA complementó la respuesta a la petición de las
actoras, de la siguiente manera:
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Por lo precedente, la Sala encuentra que la petición presentada por
las actoras fue atendida, pues, de una parte, la SECRETARÍA el 5
de junio de 2025 les informó que la consulta requerida la podrían
efectuar a través del sistema de información SAMAI. Igualmente,
como complementación de la primera respuesta, el 27 de febrero
de 2026, les indicó que la verificación del cumplimiento de los
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requisitos de procedibilidad le correspondía al juez a quien le
corresponde efectuar el análisis particular de cada caso concreto.
En ese sentido, la Sala advierte que la inconformidad de las actoras
radica en la respuesta obtenida por parte de la SECRETARÍA, razón
por la cual es importante precisar que el hecho de que la respuesta
no haya sido favorable a las pretensiones de la misma no significa
que hubo una vulneración al derecho de petición deprecado, lo que
de forma alguna incumple con los requisitos del núcleo esencial del
derecho, pues la solicitud se resolvió de fondo, clara, precisa, de
manera congruente y fue comunicada en debida forma.
En consecuencia, para la Sala es evidente que el TRIBUNAL a través
de su SECRETARÍA otorgó respuesta a la solicitud de las actoras el
5 de junio de 2025- antes de la presentación de la acción de tutela
y el 27 de febrero de 2026, como complementación de la
inicialmente dada- estando en trámite la presente acción
constitucional4, razón por la cual se advierte que las circunstancias
fácticas que generaron la presunta vulneración fueron atendidas por
la autoridad judicial accionada.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
4
La acción de tutela de la referencia fue radicada el 20 de febrero de 2026. Índice núm. 2 aplicativo
de consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026013
86001100103
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actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»5. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
5
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”6. (Se resalta).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la accionante, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”7.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto, toda vez que
la solicitud presentada por las actoras ya fue atendida, como en
6
Ibídem.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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