Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01416-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01416-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01416-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01416-00
Accionante: Erika Patricia Roncallo Betancur
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo iusfundamental
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela presentada por la señora Erika Patricia Roncallo Betancur, quien actúa en
nombre propio contra el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Catorce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Comisión Nacional del
Servicio Civil, a efectos de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y contradicción, a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad
laboral reforzada, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y de
derecho de petición, así como «los principios constitucionales del mérito, publicidad,
transparencia, confianza legítima y buena fe».
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
1. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la Convocatoria DIAN-2497 de 2022,
dirigida al cargo de nivel profesional denominado Gestor I, Código 301, Grado 1,
dentro del proceso de cercanía con el ciudadano, subproceso asistencia al usuario,
identificado con la ficha técnica No. CC-AU3008 y la OPEC No. 198476, en la cual
se ofertaron 189 vacantes. Como resultado de dicho concurso, se conformó la lista
de elegibles mediante la Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024.
2. Posteriormente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante
el Decreto 0419 de 2023, amplió su planta de personal con la creación de 10.207
cargos de carácter permanente, incluyendo 170 plazas adicionales para el cargo
ofertado en la convocatoria precitada.
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Accionante: Erika Patricia Roncallo Betancur
3. En virtud de lo anterior, se interpuso la acción de tutela1 con radicado 68001-33-33-
014-2025-00034-00 [01], contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, pretendiendo que se ordenara a dichas
entidades hacer uso de la lista de elegibles para la provisión de las 170 vacantes
adicionales.
4. Por consiguiente, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga
amparó los derechos fundamentales de la accionante y ordenó a la DIAN que hiciera
uso de la lista de elegibles, teniendo en cuenta aquellos que se encontraban
ocupados con estabilidad laboral reforzada y debilidad manifiesta, decisión
confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander.
5. En cumplimiento de lo ordenado, la DIAN expidió Resolución 012968 del 31 de
octubre de 2025, mediante la cual se efectuó un nombramiento en periodo de prueba
y se terminó el nombramiento provisional de la señora Erika Patricia Roncallo
Betancur.
6. Así las cosas, la accionante presentó recurso de reposición ante la DIAN dada su
condición de madre cabeza de familia, su situación de salud y la existencia de
vacantes definitivas para el cargo Gestor I, Código 301, Grado 01. Sin embargo, la
entidad resolvió desfavorablemente el mismo a través de la Resolución 001684 del
18 de febrero de 2026.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte accionante indicó que el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la DIAN vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
trabajo, mínimo vital, así:
• El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander debido a que no la vincularon al proceso de tutela
con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01, pese a que la controversia
tenía la potencialidad de afectar su situación como servidora pública en
provisionalidad y madre cabeza de familia diagnosticada con una enfermedad.
• La DIAN al expedir el acto administrativo mediante el cual se da por terminado
su nombramiento provisional, sin adelantar un procedimiento previo e
independiente para evaluar sus circunstancias de vulnerabilidad ni expedir un
acto administrativo autónomo que resuelva su solicitud de estabilidad laboral
reforzada.
2.3. Pretensiones
8. La parte accionante solicitó:
1 En virtud de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la carrera
administrativa, igualdad y trabajo.
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Accionante: Erika Patricia Roncallo Betancur
«PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la estabilidad laboral
reforzada, a la salud y a la protección especial del núcleo familiar y, en
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS, para mi caso concreto, el acto
administrativo mediante el cual se ordenó mi desvinculación, por vulnerar mis
derechos fundamentales.
SEGUNDO. DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado con posterioridad al
auto admisorio de la acción de tutela con radicado 680013333014-2025-00034-
00, tramitada por el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bucaramanga y confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander bajo el radicado 680013333014-2025-00034-01,
manteniéndose incólume lo informado por las entidades inicialmente
demandadas, conservando validez las pruebas y demás documentos allegados
al libelo de tutela y teniendo eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de
controvertirlos, en los términos del inciso segundo del artículo 138 del Código
General del Proceso, por la falta de notificación y vinculación del suscrito como
tercero directamente afectado.
TERCERO. ORDENAR al despacho judicial y a la DIAN vincular a la tutela con
radicado 680013333014-2025-00034-00 a la servidora ERIKA PATRICIA
RONCALLO BETANCUR, identificada con C.C. No. 1.045.671.338, así como a
los demás servidores provisionales no vinculados, otorgándoles un término
prudencial para rendir informe, allegar explicaciones y aportar la documentación
que consideren pertinente, con notificación efectiva a los correos institucionales
que reposan en poder de la entidad.
CUARTO. RECONOCER la procedencia de la estabilidad laboral reforzada en mi
caso y, en consecuencia, disponer las medidas necesarias para su garantía
efectiva; o, subsidiariamente, ORDENAR a la DIAN que, dentro del término
perentorio que fije el despacho, adelante un procedimiento previo, autónomo,
individualizado, imparcial y debidamente motivado para determinar su
procedencia, en el cual: a) Se valore integralmente la prueba aportada y la que
se decrete. b) Se realicen actuaciones oficiosas de verificación. c) Se garantice
mi derecho de contradicción y defensa. d) Se expida un acto administrativo
susceptible de recursos. Lo anterior en cumplimiento del precedente
constitucional (Sentencias SU-049 de 2017, T-084 de 2018, SU-061 de 2023 y T-
061 de 2025), así como de los procedimientos internos PR-TAH-0061 y PR-TAH-
0066, las Circulares 000013 de 2021 y 10 de 2022 de la DIAN, y la Circular 0040
de 2022 del Ministerio del Trabajo.
QUINTO. ORDENAR a la DIAN que las actuaciones de vinculación y
desvinculación se adelanten mediante actos administrativos autónomos,
separados y numerados independientemente, con plena observancia del debido
proceso, otorgando recursos de ley en cada actuación, de manera que los vicios
de una no contaminen la otra.
SEXTO. ORDENAR, como medida de restablecimiento, mi reintegro al cargo que
venía desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía, o, subsidiariamente,
mi reubicación, hasta tanto se surta el procedimiento ordenado.
SÉPTIMO. ORDENAR, como medida de protección constitucional transitoria, la
inaplicación de los artículos 36 (parcial) y 152 del Decreto-Ley 927 de 2023 en
mi caso concreto, o, subsidiariamente, la suspensión de los efectos de cualquier
actuación de desvinculación fundada en dichas disposiciones, hasta tanto la
Corte Constitucional adopte decisión definitiva dentro de los procesos de
constitucionalidad en curso.
OCTAVO. ORDENAR la continuidad de mi afiliación y acceso efectivo al Sistema
General de Seguridad Social, especialmente al servicio de salud.
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NOVENO. ADVERTIR a la entidad accionada sobre su deber de observar el
precedente constitucional, los principios de igualdad, mérito y protección
reforzada, así como los procedimientos internos de la misma DIAN PR-TAH-
0061, PR-TAH-0066, y las Circulares 000013 de 2021 y 10 de 2022, y la Circular
0040 de 2022 del Ministerio del Trabajo». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
9. Por medio del auto del 9 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, negó la solicitud de medida provisional y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Catorce Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la Comisión Nacional del Servicio
Civil como accionados y a la señora Mariela Gutiérrez Bautista, Dirección General del
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a los
señores Darwin Cifuentes Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo
Corrales Figueroa y Pablo Alfonso Prada Flórez como terceros interesados en el
resultado del proceso.
10. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga señaló que
ordenó a la DIAN utilizar la lista de elegibles de la Resolución No. 7480 para proveer
las vacantes creadas por el Decreto 0419 de 2023, correspondientes al cargo de
Gestor 1 Grado 1 (Código 301, ficha CC-AU-3008) en el proceso de cercanía con el
ciudadano, subproceso de asistencia al usuario.
11. Sin embargo, aclaró que no impartió ninguna orden relacionada con la situación
particular de la señora Roncallo Betancur, aunque sí solicitó considerar los empleos
ocupados por personas con estabilidad laboral reforzada o en condición de debilidad
manifiesta.
12. Finalmente, precisó que el conflicto planteado en la presente tutela, relativo a la
presunta estabilidad laboral reforzada de la accionante, es autónomo e independiente
del analizado en la tutela en cuestión.
13. La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que la presunta vulneración iusfundamental alegada no se predica
respecto de ellas, motivo por el cual, la acción de tutela tampoco se dirige en su
contra.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.
2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.2. Cuestión previa
14. Esta Subsección advierte que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron su desvinculación del trámite
de la presente acción de tutela, argumentando carecer de legitimación en la causa
por pasiva. No obstante, se observa que: i) el Ministerio de Hacienda financió los
empleos públicos creados mediante el Decreto 0419 del 21 de marzo de 2023 y ii) la
CNSC adelantó la convocatoria del concurso de méritos que dio lugar a la
controversia. En consecuencia, estas entidades tienen un interés directo y relevante
en el asunto debatido, por lo cual se anticipa la negativa a sus solicitudes de
desvinculación.
3.3. Problema jurídico
15. Elproblema jurídico consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de
Santander, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la DIAN
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante. En particular: i) si las
autoridades judiciales afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, al no vincularla a una tutela que podía incidir
en su situación como funcionaria provisional en condición de vulnerabilidad, y ii) si la
DIAN desconoció sus derechos fundamentales al trabajo y mínimo vital al finalizar su
nombramiento sin evaluar previamente su situación ni resolver de forma autónoma
su solicitud de estabilidad laboral reforzada.
3.4. De la acción de tutela
16. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
17. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
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18. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.4.1. Análisis del caso concreto
19. La parte accionante indicó que el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez
que en el proceso de tutela con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00 no fue
vinculada, pese a que la controversia tenía la potencialidad de afectar su situación
como servidora pública en provisionalidad y prepensionada.
20. Al respecto, se observa que la entonces accionante pretendía principalmente que
se le ordenara a la DIAN solicitar autorización de la Comisión Nacional del Servicio
Civil para utilizar la lista de elegibles contenida en la Resolución 7480 de marzo de
2024 y, en consecuencia, que se efectuaran los nombramientos en periodo de
prueba correspondientes.
21. De conformidad con lo anterior, resulta imperativo para esta Sala de Subsección
analizar si las autoridades judiciales accionadas tenían el deber de notificar los
autos admisorios de las acciones de tutela a los servidores públicos que
desempeñaban en provisionalidad el cargo de Gestor I, Código 301, Grado 1, en
calidad de terceros interesados.
22. Sobre el particular, el artículo 289 de la Ley 1564 de 2012 dispone que la
notificación de las providencias judiciales debe efectuarse respecto de las partes y
demás interesados. Seguido a ello, el artículo 290 ibidem establece que la
notificación personal del auto admisorio de la demanda debe realizarse al
demandado o a su representante o apoderado judicial, a los terceros, funcionarios
públicos y a las personas que ordene la ley para casos especiales.
23. A partir de lo expuesto, se concluye que un tercero interesado es aquella persona
que, sin formar parte directa del proceso, podría resultar afectado en el desarrollo
del mismo, razón por la que se le garantiza el derecho fundamental al debido
proceso (contradicción y defensa).
24. 57. Ahora bien, en relación con los servidores públicos en provisionalidad, la
Corte Constitucional3 ha señalado que:
3 Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2013 y Sentencia SU-250 de 1998.
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«La vinculación en calidad de provisional constituye un modo de proveer
cargos públicos cuando se presentan vacancias definitivas o temporales y
mientras estos se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley
o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal. Los
cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y
excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar la
parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los
procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada
entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y celeridad.
(…)
Los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no
cuentan con las garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el
derecho a que se motive el acto administrativo por medio del cual son
retirados de su cargo, ya que dicha motivación se erige como una garantía
mínima que se deriva del derecho fundamental al debido proceso y del
control a la arbitrariedad de la administración, y no del hecho de pertenecer
a un cargo de carrera.
Los cargos provisionales no son asimilables a los cargos de carrera
administrativa, y es por ello que a los primeros no les son aplicables los
derechos que se derivan de ella, ya que quienes se hallan vinculados en
provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la Constitución y la ley
para gozar de tales beneficios, es decir, superar exitosamente el concurso
de méritos y el período de prueba, entre otros. Pero tampoco pueden
asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su vinculación no
se sustenta en la confianza para ejercer funciones de dirección o manejo que
es propia de éstos, sino en la necesidad de evitar la parálisis de la función
pública mientras se logra su provisión en los términos que exige la
Constitución.
En consecuencia, frente a los cargos provisionales no puede predicarse ni la
estabilidad laboral propia de los de carrera ni la discrecionalidad relativa de
los de libre nombramiento y remoción; razón por la que el nominador tiene la
obligación de motivar el acto administrativo mediante el cual se produce la
desvinculación».
25. En este contexto, es evidente que los servidores públicos en provisionalidad no
tienen injerencia en los debates centrados en la aplicación de la lista de elegibles
para la provisión de cargos de carrera, pues este tipo de nombramiento constituye
una medida temporal excepcional, cuya estabilidad relativa cede frente al derecho
preferente de quienes superan el concurso.
26. Ahora, si bien la parte accionante manifestó que la DIAN vulneró sus derechos
fundamentales al expedir el acto administrativo mediante el cual se da por terminado
su nombramiento provisional, sin adelantar un procedimiento previo e independiente
para evaluar sus circunstancias de vulnerabilidad ni expedir un acto administrativo
autónomo que resuelva su solicitud de estabilidad laboral reforzada, lo cierto es que
dicho planteamiento carece de sustento en el ordenamiento jurídico, pues no existe
disposición normativa ni desarrollo jurisprudencial que imponga a la administración
la obligación de surtir una actuación en esos términos como requisito de validez del
acto administrativo mediante el cual se termina un nombramiento en provisionalidad.
27. Sobre ese aspecto, se destaca que, cuando un servidor público en
provisionalidad se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, puede acudir ante la
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entidad empleadora a efectos de dar a conocer su situación, sin que ello le otorgue
un derecho indefinido a permanecer en un cargo de carrera, ya que debe prevalecer
el principio de mérito4.
28. En ese sentido, la accionante alegó ante la DIAN su condición de madre cabeza
de familia y su estado de salud, la entidad solo tuvo por acreditado, a partir de la
historia clínica del cónyuge, que este padece una enfermedad, sin evidencia de una
discapacidad que le impida trabajar. Además, advirtió que este figura como cotizante
en el sistema de salud, por lo que presumió que percibe ingresos. En relación con
la enfermedad alegada por la accionante, consideró que esta no le impide ni dificulta
de manera significativa el desempeño normal de sus funciones. En consecuencia,
concluyó que no se acreditaba la estabilidad laboral reforzada.
29. En conclusión, esta Sala de Subsección estima que las autoridades judiciales
accionadas no incurrieron en la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, al no vincular a la señora posada Guevara al trámite de la acción de tutela
en cuestión, debido a que el debate se centró exclusivamente en la aplicación o no
de la lista de elegibles, un mecanismo que se deriva del mérito y que, por lo tanto,
excluye a los servidores en provisionalidad, quienes pueden alegar situaciones
especiales de estabilidad reforzada ante la entidad, sin que por ello resulten
plenamente oponibles al derecho que le asiste a las personas que superaron el
concurso de méritos.
30. En otras palabras, el debate jurídico en la acción de tutela censurada involucra a
las personas que hacen parte de la lista de elegibles, a la entidad que realizó el
concurso y a la entidad nominadora, aspecto totalmente diferente del que pueda
generarse entre esta última y las personas que ocupaban los cargos en
provisionalidad, en caso de que aleguen situaciones especiales de estabilidad
laboral reforzada, quienes además podrán hacer uso, si a bien lo tienen, del medio
de control respectivo para atacar el acto administrativo particular de una eventual
desvinculación.
31. Finalmente, en respaldo de lo argumentado es pertinente traer a colación el
trámite impartido a la acción de tutela que dio origen a la sentencia T-493 de 2023,
en la cual, la parte accionante, al igual que la entonces accionante en el trámite
cuestionado, solicitó la utilización de las listas de elegibles existentes para proveer
vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados en el concurso de
mérito, y su respectivo nombramiento en período de prueba.
32. En aquella oportunidad ninguna de las autoridades judiciales de primera,
segunda instancia y sede de revisión ordenó la vinculación de las personas que
desempeñaban en provisionalidad los cargos cuya provisión se buscaba con la
acción constitucional, pues la tutela se instauró, tramitó y decidió exclusivamente en
contra de la Subdirección de Talento Humano y la Comisión de Carrera Especial de
la Fiscalía General de la Nación5, responsables de las situaciones administrativas y
4 Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2022.
5 La acción de tutela tramitada bajo el radicado 70-001-31-04-004-2023-00022-00 fue admitida por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo mediante auto del 19 de abril de 2023, teniendo como demandados a la
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del concurso de méritos de esa entidad. Es decir, que en casos como esos no es
necesaria ni obligatoria la vinculación de las personas que desempeñan en
provisionalidad los cargos que buscan proveerse con la lista de elegibles.
33. Cabe resaltar que, en asuntos análogos6 al examinado en el caso concreto, esta
Subsección ha optado por negar las pretensiones de la demanda, con fundamento
en las mismas consideraciones expuestas en la presente providencia.
34. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con los
argumentos expuestos en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Fiscalía General de la Nación-Subdirección de Talento Humano y la Comisión Especial de Carrera de esa
entidad, y como vinculados «a los participantes de la convocatoria No. 001 de 2021, que hacen parte de la lista
de elegibles en el cargo de Fiscal Delegado Ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos Municipales
código OPECE 1-103-10(40)-65737 y a los participantes de la convocatoria No. 001 de 2021, que hacen parte
de la lista de elegibles en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO II, Código OPECE 1-108-46(1)34244,
por tener injerencia en las resultas del presente trámite».
6 Sentencia de 8 de agosto de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-03162-00 y acumulados; sentencia de 26 de
marzo de 2026, Rad. 11001-03-15-000-2026-01438-00.
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