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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03162-00

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03162-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia de la parte demandante presentadas por los señores Karen Ramon, Jerry Hawkins, Mayra Bermúdez, Jonathan Mejía, Cielo Galindo, Raquel Flórez, Mauricio Parada, Elquin Valderrama, Luisa Walker, Aida López, Verónica Rivera, Ana Mayor, Fabio García, Irma Cárdenas, César Español, Edith Martínez, Leidy Murcia, Marta Montiel, Leonardo Cansimanse, Shirley Socorro, Rosa Rivera, Antonio Fuminaya, Gloria Correa, Andrés Naar, Nohora Rocha, Glenis Barakat, Sandra Ruíz, por los argumentos referidos previamente. SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia de la parte demandada, presentada por los señores Mariela Gutiérrez Bautista, Darwin Cifuentes Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo Corrales Figueroa, Pablo Alfonso Prada Flórez, Sandra Paola Velandia Monsalve, Nathaly López Sánchez, Luz Angélica Serna Camacho, Liliana Andrea Cerquera Ortiz, Inés Paulina Cuevas Ospino, Doris Mireya Lizarazo Lagos, Oriana Marcela Mora Rave, Ana María Cobos Pedraza, Karol Yulieth Uzuriaga Zuñiga, Sunem Campo García, Mayra Cecilia Cañavera Cervantes, Juan Carlos Vélez Ramírez, Aldemar Rangel Campos, Santiago Roldán Montoya, Luisa Fernanda Gómez Montaño, Marcela del Socorro Bastidas Chamorro, David Enrique Niño Triana, Yeimy Ramos, Luisa Medina, Fredy Becerra, Liliana López, José Álzate, Daniela Zora, Óscar Novoa, Laura Pinto, Sara González, Santander Barrera, María Parrado, Rebeca Verano, John Ortega, Ximena Muñoz, Marlon Benítez, Jair Usme, Jenny Ropero, Jenny Rodríguez, Erica Vanegas, Leidys Viveros, Elias Choles, Katherine Murillo, Adriana del Pilar Avellaneda, Andrea Apolinar, Angy Gómez, Laura Dávila, Lida Rodríguez, Zuly Pabón, Briget Ramírez, Ana Soledad, Cindy Serrano, Laura Castaño, César Vélez, María Jaramillo, Jhonatan Sánchez, Esperanza Cardona, Ricardo Oquendo, Aljadis Cueto Cárdenas, Katherine Calderón, Armand Herberth, Ludy Pinzón, Yulieth González, Diego Urueña, Diana Fuli, Camila Vargas, Olga Vanegas, Nayibe Salazar, Marizol Riascos, Maricela Serna, María del Pilar Palacios, Ruby Cedano, 5 La acción de tutela tramitada bajo el radicado 70-001-31-04-004-2023-00022-00 fue admitida por el Juzgado […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03162-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-000-
2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-
000-2025-03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-
15-000-2025-04106-00, 11001-03-15-000-2025-03477-00
Accionante: Erika Esther Orozco Atencio y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros

Tema: Acción de tutela por no vinculación en trámite de tutela que
pretendía el nombramiento en periodo de prueba de las personas
que integran lista de elegibles

Decisión: Niega la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide las
acciones de tutela formuladas por las señoras Erika Esther Orozco Atencio, Milena
María Castellar Donado, Gisella Irina Quiroz Gutiérrez, Jacqueline Mael Taffur,
Lizeth Paola Aguas Vega, Jenny Milena Aparicio Gómez y Diana Marcela Mejía
quienes actúan en nombre propio, en contra del Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Bucaramanga, Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Pasto, Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga,
Juzgado Primero Penal del Circuito de Adolescencia con Funciones de
Conocimiento de Medellín, Tribunal Administrativo de Santander, Tribunal Superior
de Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna,
estabilidad laboral reforzada, ocurrida al interior de las acciones de tutela con
radicados 68001-33-33-013-2025-00022-00 [01], 68001-33-33-014-2025-00034-00
[01], 68001-31-10-006-2025-00074-00 [01], 52001-31-05-003-2025-10007-00 y
05001-31-18-001-2025-00051-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones

2.1.1. Expedientes: 11001-03-15-000-2025-03162-00 – Erika Esther Orozco
Atencio y 11001-03-15-000-2025-03283-00 – Milena María Castellar Donado y
11001-03-15-000-2025-03294-00 – Gisella Irina Quiroz Gutiérrez.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

2. El 23 de mayo de 2025, la señora Erika Esther Orozco Atencio presentó acción
de tutela. De igual forma, el 29 de mayo de la anualidad, las señoras Milena María
Castellar Donado y Gisella Irina Quiroz Gutiérrez presentaron escrito de tutela. Sin
embargo, las accionantes dirigieron su escrito contra el Juzgado Trece
Administrativo de Bucaramanga, Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga,
Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, Tribunal Administrativo de Santander,
el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Familia y la Unidad Administrativa
Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en virtud de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo y la vida digna.
Adicionalmente, la señora Castellar Donado consideró vulnerado su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, formularon las
siguientes pretensiones:

«1. Solicito la nulidad de los fallos los fallos de tutela proferidos por el
Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, Juzgado Trece
Administrativo de Bucaramanga, Tribunal Administrativo de Santander,
Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga y Tribunal Superior de
Bucaramanga – Sala Familia con Radicados 680013333014-2025-00034-
01, 680013333013-2025-00022-01, 68001311000620250007401, que
fueron expedidos con violación al debido proceso.

2. Solicito la protección de mis derechos fundamentales relativos al debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna, que
se están viendo amenazados por las decisiones judiciales reprochadas». (Al
respecto, la señora Castellar Donado adicionó el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada)

«3. Solicito que con motivo de la nulidad que aqueja a los fallos proferidos
por el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, Juzgado Trece
Administrativo de Bucaramanga, Tribunal Administrativo de Santander,
Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga y Tribunal Superior de
Bucaramanga – Sala Familia con Radicados 680013333014-2025-00034-
01, 680013333013-2025-00022-01, 68001311000620250007401, se dejen
sin efecto dichas decisiones de tutela, y se ordene a LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES DIAN abstenerse de desvincular a funcionarios que se vean
afectados por estos fallos en especial los empleados identificados GESTOR
I, código 301, grado 1, con OPEC 198476.

3. Así mismo solicito no hacer ningún nombramiento con relación a estos
fallos hasta tanto se garanticen los derechos procesales de todos los
funcionarios afectados, se vinculen al proceso y puedan ejercer derecho de
contradicción y defensa respecto de las pretensiones de la tutela». (Sic en
toda la cita)

2.1.2. Expedientes: 11001-03-15-000-2025-03487-00 – Jacqueline Mael Taffur
Flórez, 11001-03-15-000-2025-03490-00 – Lizeth Paola Aguas Vega,
y 11001-03-15-000-2025-04106-00 – Jenny Milena Aparicio Gómez.

4. El 6 de junio de 2025, las señoras Jacqueline Mael Taffur Flórez y Lizeth Paola
Aguas Vega presentaron acción de tutela. Por su parte, la señora Jenny Milena
Aparicio Gómez instauró el mecanismo constitucional el 2 de junio del mismo año.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

Sin embargo, las accionantes dirigieron su escrito contra el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Pasto, el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Adolescencia con Funciones de Conocimiento de Medellín, el Tribunal
Administrativo de Santander y la Unidad Administrativa Especial de Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
mínimo vital, trabajo, vida digna, estabilidad laboral reforzada. Luego, solicitaron lo
siguiente:

1. Solicito la nulidad de los fallos los fallos de tutela proferidos por los
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BUCARAMANGA, en el marco de la acción de tutela Expediente No.
680013333014-2025- 00034-00, JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE
BUCARAMANGA, en el marco de la acción de tutela Radicado No
68001311000620250007400, JUZGADO TERCERO LABORAL DEL
CIRCUITO DE PASTO en el marco de la acción de tutela Radicado No
52001310500320251000700; TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, en el marco de la sentencia de segunda instancia Radicado
No. 680013333013-2025-00022-01 y; JUZGADO PRIMERO PENAL DEL
CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO, en el marco de la acción de tutela Radicado No
050013118001 2025-00051 00 que fueron expedidos con violación al debido
proceso.

2. Solicito la protección de mis derechos fundamentales relativos al debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna,
estabilidad laboral reforzada, que se están viendo amenazados por las
decisiones judiciales reprochadas.

3. Solicito que con motivo de la nulidad que aqueja a los fallos proferidos por
los JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA, en el marco de la acción de tutela
Expediente No. 680013333014-2025- 00034-00, JUZGADO SEXTO DE
FAMILIA DE BUCARAMANGA, en el marco de la acción de tutela Radicado
No 68001311000620250007400, JUZGADO TERCERO LABORAL DEL
CIRCUITO DE PASTO en el marco de la acción de tutela Radicado No
52001310500320251000700; TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, en el marco de la sentencia de segunda instancia Radicado
No. 680013333013-2025-00022-01 y; JUZGADO PRIMERO PENAL DEL
CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO, en el marco de la acción de tutela Radicado No
050013118001 2025-00051 00, se dejen sin efecto dichas decisiones de
tutela, y se ordene a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
abstenerse de desvincular a funcionarios que se vean afectados por estos
fallos en especial los empleados identificados GESTOR I, código 301, grado
1, con OPEC 198476

4. Así mismo solicito no hacer ningún nombramiento con relación a estos
fallos hasta tanto se garanticen los derechos procesales de todos los
funcionarios afectados, se vinculen al proceso y puedan ejercer derecho de
contradicción y defensa respecto de las pretensiones de la tutela». (Sic en
toda la cita)

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

2.1.3. 11001-03-15-000-2025-03477-00 – Diana Marcela Mejía
Serrano

5. El 6 de junio de 2025, la señora Diana Marcela Mejía presentó acción de tutela
contra el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la Unidad
Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en virtud
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna, estabilidad
laboral reforzada. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Solicito la nulidad de los fallos los fallos de tutela proferidos
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA radicados No. 680013333014-2025-
00034-00 que fueron expedidos con violación al debido proceso.

2. Solicito la protección de mis derechos fundamentales relativos al
debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida
digna, estabilidad laboral reforzada, derechos de las víctimas de la
violencia, que se están viendo amenazados por las decisiones judiciales
reprochadas.

3. Solicito que con motivo de la nulidad que aqueja a los fallos proferidos
por JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA radicados No. 680013333014-2025-
00034-00 se dejen sin efecto dichas decisiones de tutela, y se ordene a
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN abstenerse de
desvincular a funcionarios que se vean afectados por estos fallos en
especial los empleados identificados GESTOR I, código 301, grado 1,
con OPEC 198476

4. Así mismo solicito no hacer ningún nombramiento con relación a
estos fallos hasta tanto se garanticen los derechos procesales de todos
los funcionarios afectados, se vinculen al proceso y puedan ejercer
derecho de contradicción y defensa respecto de las pretensiones de la
tutela».

2.2. Hechos

6. La parte accionante manifestó que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó
la Convocatoria DIAN-2497 de 2022, dirigida al cargo de nivel profesional
denominado Gestor I, Código 301, Grado 1, dentro del proceso de cercanía con el
ciudadano, subproceso asistencia al usuario, identificado con la ficha técnica No.
CC-AU3008 y la OPEC No. 198476, en la cual se ofertaron 189 vacantes. Como
resultado de dicho concurso, se conformó la lista de elegibles mediante la
Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024.

7. Posteriormente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
mediante el Decreto 0419 de 2023, amplió su planta de personal con la creación de
10.207 cargos de carácter permanente, incluyendo 170 plazas adicionales para el
cargo ofertado en la convocatoria precitada.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

8. En virtud de lo anterior, se interpusieron las acciones de tutela1 con radicado
68001-33-33-013-2025-00022-00 [01], 68001-33-33-014-2025-00034-00 [01],
68001-31-10-006-2025-00074-00 [01], 52001-31-05-003-2025-10007-00 y 05001-
31-18-001-2025-00051-00 contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pretendiendo que se ordenara a
dichas entidades hacer uso de la lista de elegibles para la provisión de las 170
vacantes.

9. Como resultado de lo anterior, las autoridades judiciales accionadas ampararon
los derechos fundamentales de las accionantes y ordenaron a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales que solicitara formalmente a la Comisión Nacional
del Servicio Civil la autorización para hacer uso de la lista de elegibles.

10. Finalmente, en cumplimiento de lo ordenado, la DIAN comunicó a los servidores
públicos en provisionalidad que, el cargo de Gestor I. Código 301, grado 1, sería
provisto conforme a la lista de elegibles contenida en la Resolución 7480.

2.3. Fundamentos jurídicos

11. La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna y estabilidad
laboral reforzada, toda vez que en los procesos de tutela con radicado 68001-33-33-
013-2025-00022-00 [01], 68001-33-33-014-2025-00034-00 [01], 68001-31-10-006-
2025-00074-00 [01], 52001-31-05-003-2025-10007-00 y 05001-31-18-001-2025-
00051-00 no fueron vinculadas, a pesar de que la controversia tenía la potencialidad
de afectar su situación como servidoras públicas en provisionalidad del cargo Gestor
I, Código 301, Grado 1, dentro del proceso de cercanía con el ciudadano, subproceso
asistencia al usuario, identificado con la ficha técnica No. CC-AU3008 y la OPEC No.
198476.

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela presentada por la señora Erika Esther Orozco Atencio, fue
admitida mediante auto del 12 de junio de 2025, a través del cual se ordenó notificar
al Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, Juzgado Trece Administrativo
de Bucaramanga, Tribunal Administrativo de Santander, Juzgado Sexto de Familia
de Bucaramanga y Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Familia como
accionados, y a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a la Dirección General del Presupuesto
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los señores Mariela
Gutiérrez Bautista, Darwin Cifuentes Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis
Eduardo Corrales Figueroa, Pablo Alfonso Prada Flórez, Sandra Paola Velandia
Monsalve, Nathaly López Sánchez, Luz Angelica Serna Camacho, Liliana Andrea

1 En virtud de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la carrera

administrativa, igualdad y trabajo.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

Cerquera Ortiz, Inés Paulina Cuevas Ospino, Doris Mireya Lizarazo Lagos, Oriana
Marcela Mora Rave, Ana María Cobos Pedraza, Karol Yulieth Uzuriaga Zuñiga,
Sunem Campo García, Mayra Cecilia Cañavera Cervantes, Juan Carlos Vélez
Ramírez, Aldemar Rangel Campos, Santiago Roldán Montoya, Luisa Fernanda
Gómez Montaño, Marcela del Socorro Bastidas Chamorro, David Enrique Niño
Triana y a los demás participantes del concurso de méritos DIAN 2022 en la OPEC
No. 198476, que conforman la lista de elegibles para el cargo GESTOR I, CÓDIGO
301, GRADO 1, como terceros interesados en el resultado del proceso.

13. Luego, a través de los autos proferidos el 19 de junio, 3 y 18 de julio de 2025,
se acumularon las acciones de tutela presentadas por las señoras Milena María
Castellar Donado, Diana Marcela Mejía Serrano, Jenny Milena Aparicio Gómez con
radicados 11001-03-15-000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03477-00,
11001-03-15-000-2025-04106-00 y se ordenó notificar al Juzgado Catorce
Administrativo de Bucaramanga, Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga,
Tribunal Administrativo de Santander, Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga
y Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Familia como accionados y a la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN, a la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como terceros interesados en
el resultado del proceso.

14. De igual forma, mediante auto del 20 de junio de 2025, se acumuló el expediente
11001-03-15-000-2025-03487-00 de la señora Jacqueline Mael Taffur Flórez, y se
ordenó notificar como accionados al Juzgado Catorce Administrativo de
Bucaramanga, Tribunal Administrativo de Santander, Juzgado Sexto de Familia de
Bucaramanga y Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Pasto y al Juzgado Primero Penal del Circuito Para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento de Bucaramanga y a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN, y a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, a
la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público como terceros interesados en el resultado del proceso.

15. Aunado a lo anterior, a través del auto del 18 de julio de 2025, se acumuló el
expediente con radicado 11001-03-15-000-2025-03490-00 de la señora Lizeth
Paola Aguas Vega, y se advirtió que la Sección Quinta, mediante auto del 11 de
junio de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó notificar como accionados al
Tribunal Administrativo de Santander, Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga, al Juzgado Sexto Administrativo de Familia del Circuito
Judicial de Bucaramanga, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Pasto
y al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de
Conocimiento de Medellín, y como terceros interesados al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Bucaramanga y a todas las partes e intervinientes de
las acciones de tutela con radicados: 68001-33-33-013-2025-00022-00 [01], 68001-
33-33-014-2025-00034-00 [01], 68001-31-10-006-2025-00074-00 [01], 52001-31-
05-003-2025-10007-00 y 05001-31-18-001-2025-00051-00.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

16. Finalmente, mediante auto del 21 de julio de 2025, se acumuló el expediente
11001-03-15-000-2025-03294-00 de la señora Gisella Irina Quiroz Gutiérrez, y se
ordenó notificar por estado al Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga,
Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga, Juzgado Sexto de Familia de
Bucaramanga, Tribunal Administrativo de Santander, Tribunal Superior de
Bucaramanga – Sala Familia y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales como accionados, y a la Comisión Nacional del
Servicio Civil – CNSC, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN,
a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público como terceros interesados en el resultado del proceso, de
conformidad con el numeral 3° del artículo 148 del Código General del Proceso.

17. El Tribunal Administrativo de Santander argumentó que la acción de tutela
es improcedente, toda vez que no cumple los requisitos para cuestionar una
sentencia de la misma naturaleza. Adicionalmente, estimó que no se configuró
ninguno de los defectos alegados por la accionante.

18. El Tribunal Superior de Bucaramanga solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que controvierte una sentencia de la
misma naturaleza. Además, manifestó que en el proceso cuestionado se vinculó a
los participantes del concurso adscritos al cargo Gestor I, Código 301, Grado 1 y a
los sujetos que se encontraban ocupando dicho cargo en provisionalidad o encargo,
garantizando los derechos fundamentales invocados.

19. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga indicó
que, aunque los cargos fueron creados con posterioridad al proceso de selección
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la entidad tiene la obligación
de proveer las vacantes de conformidad con la lista de elegibles, pues los aspirantes
incluidos en ella, adquirieron un derecho preferente frente a quienes, ocupan cargos
públicos de manera provisional o en encargo. Sin embargo, afirmó que hizo un
énfasis especial en que se tuvieran en cuenta los empleos ocupados con estabilidad
laboral reforzada y debilidad manifiesta. Por lo tanto, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de
la misma.

20. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga señaló que
la acción de tutela no cumple los requisitos excepcionales para cuestionar una
sentencia de la misma naturaleza, ni tampoco con el requisito de subsidiariedad,
pues el proceso cuestionado se encuentra para trámite de revisión. Finalmente,
indicó que efectuó la orden «pertinente y adecuada» para que los terceros
interesados contaran con la posibilidad de ejercer su derecho al debido proceso.

21. El Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga solicitó que se nieguen las
pretensiones de la demanda, debido a que la acción de tutela no es una herramienta
para acceder a una tercera instancia y, así, corregir los errores en que puedo incurrir
en accionante.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

22. El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Conocimiento
de Bucaramanga allegó el expediente 68001-31-18-001-2025-00051-00.

23. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Nariño allegó pruebas al proceso
y, además, el expediente 52001-31-05-003-2025-10007-00.

24. El Ministerio de Hacienda manifestó que no incurrió en la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte accionante, toda vez que no tiene competencia
para intervenir en las actuaciones administrativas desplegadas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente
proceso.

25. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales manifestó que las
pretensiones de la acción de tutela son idénticas a las expuestas en los siguientes
procesos: 68001-33-33-013-2025-00022-00/01, 68001-33-33-014-2025-00034-
00/01, 68001-31-10-006-2025-00074-00. Además, afirmó que la entidad no tiene
injerencia en la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Luego,
solicitó su desvinculación del presente proceso.

26. La Comisión Nacional del Servicio Civil refirió que la acción de tutela se torna
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, pues la señora Orozco
Atencio cuenta con otros medios idóneos para defender sus intereses. De otra parte,
adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su
desvinculación.

27. La Contraloría General de la República solicitó la desvinculación de la acción
de tutela de la referencia al considerar que no contaba con legitimación en la causa
por pasiva.

28. El Departamento Administrativo de la Función Pública refirió que la acción
de tutela es improcedente, debido a que cuestiona un actuar judicial, contrariando
la autonomía judicial y la seguridad jurídica. De igual forma, destacó que no existe
un perjuicio irremediable que justique la procedencia del mecanismo constitucional.

29. La Procuraduría General de la Nación aseguró que no cuenta con legitimación
en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.

2.4.1. Oposiciones

30. Los señores Mariela Gutiérrez Bautista, Darwin Cifuentes Ballesteros, David
Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo Corrales Figueroa, Pablo Alfonso Prada
Flórez, Sandra Paola Velandia Monsalve, Nathaly López Sánchez, Luz Angélica
Serna Camacho, Liliana Andrea Cerquera Ortiz, Inés Paulina Cuevas Ospino, Doris
Mireya Lizarazo Lagos, Oriana Marcela Mora Rave, Ana María Cobos Pedraza,
Karol Yulieth Uzuriaga Zuñiga, Sunem Campo García, Mayra Cecilia Cañavera
Cervantes, Juan Carlos Vélez Ramírez, Aldemar Rangel Campos, Santiago Roldán
Montoya, Luisa Fernanda Gómez Montaño, Marcela del Socorro Bastidas

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

Chamorro, David Enrique Niño Triana, Yeimy Ramos, Luisa Medina, Fredy Becerra,
Liliana López, José Álzate, Daniela Zora, Óscar Novoa, Laura Pinto, Sara González,
Santander Barrera, María Parrado, Rebeca Verano, John Ortega, Ximena Muñoz,
Marlon Benítez, Jair Usme, Jenny Ropero, Jenny Rodríguez, Erica Vanegas, Leidys
Viveros, Elias Choles, Katherine Murillo, Adriana del Pilar Avellaneda, Andrea
Apolinar, Angy Gómez, Laura Dávila, Lida Rodríguez, Zuly Pabón, Briget Ramírez,
Ana Soledad, Cindy Serrano, Laura Castaño, César Vélez, María Jaramillo,
Jhonatan Sánchez, Esperanza Cardona, Ricardo Oquendo, Aljadis Cueto
Cárdenas, Katherine Calderón, Armand Herberth, Ludy Pinzón, Yulieth González,
Diego Urueña, Diana Fuli, Camila Vargas, Olga Vanegas, Nayibe Salazar, Marizol
Riascos, Maricela Serna, María del Pilar Palacios, Ruby Cedano, Víctor Escobar,
Sandra Amaya, Paola Jazmín Escobar Solarte presentaron escrito de oposición a
la acción de tutela de la referencia. Al respecto, solicitaron de manera preliminar, su
acumulación con el proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia con
radicado 11001-02-03-000-2025-02669, el cual cuenta, aparentemente, con triple
identidad.

31. En gracia de discusión, refirieron que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, pues, a través de esta, la accionante pretende acceder a una
instancia adicional para controvertir las decisiones de los jueces ordinarios.

32. Aunado a lo anterior, los terceros interesados indicaron que, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales le suministró un link de consulta sobre acciones
constitucionales a los empleados provisionales o en encargo, por lo que contaban
con la posibilidad de controvertir las decisiones judiciales adoptadas al interior de la
acción de tutela en cuestión, y no lo hicieron.

33. De otra parte, estimaron que la accionante pudo presentar solicitud de selección
o revisión ante la Corte Constitucional antes de acudir ante el juez constitucional.
En consecuencia, consideraron que no se cumple el requisito de subsidiariedad.

34. Por último, manifestaron que, los nombramientos provisionales no otorgan
derechos adquiridos, sino que se derivan de un acto administrativo de carácter
temporal, razón por la que no resulta necesario notificar individualmente a dichos
empleados. De ahí que, no evidencien un fraude procesal o una afectación
sustancial de derechos fundamentales que amerite el análisis del juez
constitucional.

35. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

3.2. De la solicitud de coadyuvancia

37. A través del memorial suscrito por los señores Karen Ramon, Jerry Hawkins,
Mayra Bermúdez, Jonathan Mejía, Cielo Galindo, Raquel Flórez, Mauricio Parada,
Elquin Valderrama, Luisa Walker, Aida López, Verónica Rivera, Ana Mayor, Fabio
García, Irma Cárdenas, César Español, Edith Martínez, Leidy Murcia, Marta Montiel,
Leonardo Cansimanse, Shirley Socorro, Rosa Rivera, Antonio Fuminaya, Gloria
Correa, Andrés Naar, Nohora Rocha, Glenis Barakat, Sandra Ruíz, presentaron
solicitud de coadyuvancia de la parte demandante en el trámite de la acción de
referencia.

38. Al respecto, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:

«Artículo 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por
un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la
Sala).

39. Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia
surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en
el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que este pueda
realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante (…)»2.

40. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que quienes presentan solicitud de
coadyuvancia respecto de la señora Lizeth Paola Aguas Vega manifiestan que las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas pueden afectar sus
condiciones laborales, por lo que se estima que tienen interés en el resultado del
proceso.

41. Además, se evidencia que la solicitud se encuentra estrictamente relacionada
con las acciones de tutela presentadas por la parte accionante, pues mencionan
que han sido «víctimas» de los mismos hechos, y persiguen el mismo objetivo. Por
lo anterior, esta Sala de Subsección anticipa que aceptará la solicitud de
coadyuvancia.

2 Sentencia T-070 de 2018, Corte Constitucional

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

42. Por otro lado, se observa que los señores Mariela Gutiérrez Bautista, Darwin
Cifuentes Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo Corrales
Figueroa, Pablo Alfonso Prada Flórez, Sandra Paola Velandia Monsalve, Nathaly
López Sánchez, Luz Angélica Serna Camacho, Liliana Andrea Cerquera Ortiz, Inés
Paulina Cuevas Ospino, Doris Mireya Lizarazo Lagos, Oriana Marcela Mora Rave,
Ana María Cobos Pedraza, Karol Yulieth Uzuriaga Zuñiga, Sunem Campo García,
Mayra Cecilia Cañavera Cervantes, Juan Carlos Vélez Ramírez, Aldemar Rangel
Campos, Santiago Roldán Montoya, Luisa Fernanda Gómez Montaño, Marcela del
Socorro Bastidas Chamorro, David Enrique Niño Triana, Yeimy Ramos, Luisa
Medina, Fredy Becerra, Liliana López, José Álzate, Daniela Zora, Óscar Novoa,
Laura Pinto, Sara González, Santander Barrera, María Parrado, Rebeca Verano,
John Ortega, Ximena Muñoz, Marlon Benítez, Jair Usme, Jenny Ropero, Jenny
Rodríguez, Erica Vanegas, Leidys Viveros, Elias Choles, Katherine Murillo, Adriana
del Pilar Avellaneda, Andrea Apolinar, Angy Gómez, Laura Dávila, Lida Rodríguez,
Zuly Pabón, Briget Ramírez, Ana Soledad, Cindy Serrano, Laura Castaño, César
Vélez, María Jaramillo, Jhonatan Sánchez, Esperanza Cardona, Ricardo Oquendo,
Aljadis Cueto Cárdenas, Katherine Calderón, Armand Herberth, Ludy Pinzón,
Yulieth González, Diego Urueña, Diana Fuli, Camila Vargas, Olga Vanegas, Nayibe
Salazar, Marizol Riascos, Maricela Serna, María del Pilar Palacios, Ruby Cedano,
Víctor Escobar, Sandra Amaya, Paola Jazmín Escobar Solarte presentaron escrito
de oposición a la acción de tutela de la referencia, alegando que cuentan con un
interés directo en el resultado del proceso, en la medida en que se encuentran en
la lista de elegibles. Por lo tanto, se aceptará su solicitud en calidad de
coadyuvantes de la parte demandada en el proceso de referencia.

3.3. Cuestión previa

43. Esta Subsección advierte que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC), la Contraloría General de la República y la Procuraduría
General de la Nación solicitaron su desvinculación del trámite de la presente acción
de tutela, argumentando carecer de legitimación en la causa por pasiva.

44. No obstante, se observa que: i) el Ministerio de Hacienda financió los empleos
públicos creados mediante el Decreto 0419 del 21 de marzo de 2023; ii) la CNSC
adelantó la convocatoria del concurso de méritos que dio lugar a la controversia; y
iii) la DIAN comunicó a los accionantes la terminación de sus nombramientos
provisionales como consecuencia de la provisión definitiva de los cargos. En
consecuencia, estas entidades tienen un interés directo y relevante en el asunto
debatido, por lo cual se anticipa la negativa a sus solicitudes de desvinculación.

45. Por el contrario, respecto de la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación, no se advierte una participación directa en los
hechos objeto de controversia, por lo que se accederá a su solicitud de
desvinculación del presente trámite.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

46. En relación con la solicitud de improcedencia formulada por el Tribunal
Administrativo de Santander, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bucaramanga y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga,
corresponde a esta Sala aclarar que las acciones de tutela de la referencia
cuestionan la falta de vinculación a los procesos cuestionados, y no precisamente
una providencia judicial. Por lo tanto, no son exigibles los requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza.

47. Por último, se observa que, el 18 de junio de 2025, los coadyuvantes de la parte
demandada solicitaron que se remita la acción de tutela objeto de estudio a la Corte
Suprema de Justicia para su posible acumulación con el radicado 11001-0203-000-
2025-02669-00. Sin embargo, no aportaron elementos de juicio de los cuales
pudiese determinarse que los procesos guardan identidad de parte (siquiera
accionada), objeto y causa, por lo cual se negará la solicitud.

3.4. Problema jurídico

48. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo,
vida digna, estabilidad laboral reforzada al no vincular a los servidores públicos en
provisionalidad a las acciones de tutela con radicado 68001- 33-33-014-2025-
00034-01, 68001-33-33-013-2025-00022-01 y 68001-31-10-006-2025-00074-01,
instauradas con la finalidad de hacer efectiva la lista de elegibles y realizar los
respectivos nombramientos en los cargos ocupados provisionalmente.

3.5. Procedencia de la acción de tutela

49. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

50. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es

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000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

51. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.6. Análisis del caso concreto

52. Las partes accionantes sostuvieron que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia,
igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna, estabilidad laboral reforzada, toda vez que
en los procesos de tutela con radicado 68001-33-33-013-2025-00022-00 [01], 68001-
33-33-014-2025-00034-00 [01], 68001-31-10-006-2025-00074-00 [01], 52001-31-05-
003-2025-10007-00 y 05001-31-18-001-2025-00051-00, no fueron vinculadas, a
pesar de que la controversia tenía la potencialidad de afectar su situación como
servidoras públicas en provisionalidad del cargo Gestor I, Código 301, Grado 1,
dentro del proceso de cercanía con el ciudadano, subproceso asistencia al usuario
de la DIAN, identificado con la ficha técnica No. CC-AU3008 y la OPEC No. 198476.

53. Al respecto, se observa que los entonces accionantes pretendían principalmente
que se le ordenara a la DIAN solicitar autorización de la Comisión Nacional del
Servicio Civil para utilizar la lista de elegibles contenida en la Resolución 7480 de
marzo de 2024 y, en consecuencia, que se efectuaran los nombramientos en periodo
de prueba correspondientes.

54. De conformidad con lo anterior, resulta imperativo para esta Sala de Subsección
analizar si las autoridades accionadas tenían el deber de notificar los autos
admisorios de las acciones de tutela a los servidores públicos que desempeñaban
en provisionalidad el cargo de Gestor I, Código 301, Grado 1, en calidad de terceros
interesados.

55. Sobre el particular, el artículo 289 de la Ley 1564 de 2012 dispone que la
notificación de las providencias judiciales debe efectuarse respecto de las partes y
demás interesados. Seguido a ello, el artículo 290 ibidem establece que la
notificación personal del auto admisorio de la demanda debe realizarse al
demandado o a su representante o apoderado judicial, a los terceros, funcionarios
públicos y a las personas que ordene la ley para casos especiales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03162-00. Acumulados: 11001-03-15-
000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

56. A partir de lo expuesto, se concluye que un tercero interesado es aquella persona
que, sin formar parte directa del proceso, podría resultar afectado en el desarrollo
del mismo, razón por la que se le garantiza el derecho fundamental al debido proceso
(contradicción y defensa).

57. Ahora bien, en relación con los servidores públicos en provisionalidad, la Corte
Constitucional3 ha señalado que:

«La vinculación en calidad de provisional constituye un modo de proveer
cargos públicos cuando se presentan vacancias definitivas o temporales
y mientras estos se proveen en propiedad conforme a las formalidades
de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal.
Los cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter
transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio
y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se
realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una
determinada entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y
celeridad.
(…)
Los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no
cuentan con las garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el
derecho a que se motive el acto administrativo por medio del cual son
retirados de su cargo, ya que dicha motivación se erige como una
garantía mínima que se deriva del derecho fundamental al debido
proceso y del control a la arbitrariedad de la administración, y no del
hecho de pertenecer a un cargo de carrera.

Los cargos provisionales no son asimilables a los cargos de carrera
administrativa, y es por ello que a los primeros no les son aplicables los
derechos que se derivan de ella, ya que quienes se hallan vinculados en
provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la Constitución y la
ley para gozar de tales beneficios, es decir, superar exitosamente el
concurso de méritos y el período de prueba, entre otros. Pero tampoco
pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su
vinculación no se sustenta en la confianza para ejercer funciones de
dirección o manejo que es propia de éstos, sino en la necesidad de evitar
la parálisis de la función pública mientras se logra su provisión en los
términos que exige la Constitución.

En consecuencia, frente a los cargos provisionales no puede predicarse
ni la estabilidad laboral propia de los de carrera ni la discrecionalidad
relativa de los de libre nombramiento y remoción; razón por la que el
nominador tiene la obligación de motivar el acto administrativo mediante
el cual se produce la desvinculación».

58. En este contexto, es evidente que los servidores públicos en provisionalidad no
tienen injerencia en los debates centrados en la aplicación de la lista de elegibles
para la provisión de cargos de carrera, pues este tipo de nombramiento constituye
una medida temporal excepcional, cuya estabilidad relativa cede frente al derecho
preferente de quienes superan el concurso.

3 Corte Constitucional. Sentencia T-147 de 2013 y Sentencia SU-250 de 1998.

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000-2025-03283-00, 11001-03-15-000-2025-03294-00, 11001-03-15-000-2025-
03487-00, 11001-03-15-000-2025-03490-00, 11001-03-15-000-2025-04106-00,
11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

59. Aunado a lo anterior, se destaca que, aun cuando un servidor público en
provisionalidad se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, puede acudir ante la
entidad empleadora a efectos de dar a conocer su situación, sin que ello le otorgue
un derecho indefinido a permanecer en un cargo de carrera, ya que debe prevalecer
el principio de mérito4.

60. Sin embargo, en los escritos de tutela de referencia, no se mencionó la existencia
de amenaza de perjuicios irremediables, ni tampoco se cuestionaron actos
administrativos que carezcan de motivación, elementos que justificarían la
intervención del juez constitucional.

61. En conclusión, esta Sala de Subsección estima que las autoridades judiciales
accionadas no incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna, estabilidad
laboral reforzada al no vincular a las acciones de tutela en cuestión a los servidores
públicos que desempeñaban en provisionalidad el cargo Gestor I, Código 301, Grado
1, debido a que el debate constitucional se centró exclusivamente en la aplicación o
no de la lista de elegibles, un mecanismo que se deriva del mérito y que, por lo tanto,
excluye a los servidores en provisionalidad, quienes, de forma individual podrán
alegar situaciones especiales de estabilidad reforzada que no se invocaron ni
advirtieron en esta instancia, pero que de todas maneras no son plenamente
oponibles al derecho que le asiste a las personas que superaron el concurso de
méritos.

62. En otras palabras, el debate jurídico en las acciones de tutelas censuradas
involucra a las personas que hacen parte de la lista de elegibles, a la entidad que
realizó el concurso y a la entidad nominadora, aspecto totalmente diferente del que
pueda generarse entre esta última y las personas que ocupaban los cargos en
provisionalidad, en caso de que aleguen situaciones especiales de estabilidad
laboral reforzada, quienes además podrán hacer uso, si a bien lo tienen, del medio
de control respectivo para atacar el acto administrativo particular de una eventual
desvinculación.

63. Finalmente, en respaldo de lo argumentado es pertinente traer a colación el
trámite impartido a la acción de tutela que dio origen a la sentencia T-493 de 2023,
en la cual, la parte accionante, al igual que los actores de las tutelas aquí
cuestionadas, solicitó la utilización de las listas de elegibles existentes para proveer
vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados en el concurso de mérito,
y su respectivo nombramiento en período de prueba.

64. En aquella oportunidad ninguna de las autoridades judiciales de primera,
segunda instancia y sede de revisión ordenó la vinculación de las personas que
desempeñaban en provisionalidad los cargos cuya provisión se buscaba con la
acción constitucional, pues la tutela se instauró, tramitó y decidió exclusivamente en
contra de la Subdirección de Talento Humano y la Comisión de Carrera Especial de

4 Corte Constitucional. Sentencia 77-405 de 2022.

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y otros

la Fiscalía General de la Nación5, responsables de las situaciones administrativas y
del concurso de méritos de esa entidad. Es decir, que en casos como esos no es
necesaria ni obligatoria la vinculación de las personas que desempeñan en
provisionalidad los cargos que buscan proveerse con la lista de elegibles.

65. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia de la parte demandante
presentadas por los señores Karen Ramon, Jerry Hawkins, Mayra Bermúdez,
Jonathan Mejía, Cielo Galindo, Raquel Flórez, Mauricio Parada, Elquin Valderrama,
Luisa Walker, Aida López, Verónica Rivera, Ana Mayor, Fabio García, Irma
Cárdenas, César Español, Edith Martínez, Leidy Murcia, Marta Montiel, Leonardo
Cansimanse, Shirley Socorro, Rosa Rivera, Antonio Fuminaya, Gloria Correa,
Andrés Naar, Nohora Rocha, Glenis Barakat, Sandra Ruíz, por los argumentos
referidos previamente.

SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia de la parte demandada,
presentada por los señores Mariela Gutiérrez Bautista, Darwin Cifuentes
Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo Corrales Figueroa, Pablo
Alfonso Prada Flórez, Sandra Paola Velandia Monsalve, Nathaly López Sánchez,
Luz Angélica Serna Camacho, Liliana Andrea Cerquera Ortiz, Inés Paulina Cuevas
Ospino, Doris Mireya Lizarazo Lagos, Oriana Marcela Mora Rave, Ana María Cobos
Pedraza, Karol Yulieth Uzuriaga Zuñiga, Sunem Campo García, Mayra Cecilia
Cañavera Cervantes, Juan Carlos Vélez Ramírez, Aldemar Rangel Campos,
Santiago Roldán Montoya, Luisa Fernanda Gómez Montaño, Marcela del Socorro
Bastidas Chamorro, David Enrique Niño Triana, Yeimy Ramos, Luisa Medina, Fredy
Becerra, Liliana López, José Álzate, Daniela Zora, Óscar Novoa, Laura Pinto, Sara
González, Santander Barrera, María Parrado, Rebeca Verano, John Ortega,
Ximena Muñoz, Marlon Benítez, Jair Usme, Jenny Ropero, Jenny Rodríguez, Erica
Vanegas, Leidys Viveros, Elias Choles, Katherine Murillo, Adriana del Pilar
Avellaneda, Andrea Apolinar, Angy Gómez, Laura Dávila, Lida Rodríguez, Zuly
Pabón, Briget Ramírez, Ana Soledad, Cindy Serrano, Laura Castaño, César Vélez,
María Jaramillo, Jhonatan Sánchez, Esperanza Cardona, Ricardo Oquendo, Aljadis
Cueto Cárdenas, Katherine Calderón, Armand Herberth, Ludy Pinzón, Yulieth
González, Diego Urueña, Diana Fuli, Camila Vargas, Olga Vanegas, Nayibe
Salazar, Marizol Riascos, Maricela Serna, María del Pilar Palacios, Ruby Cedano,

5
La acción de tutela tramitada bajo el radicado 70-001-31-04-004-2023-00022-00 fue admitida por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo mediante auto del 19 de abril de 2023, teniendo como demandados a la
Fiscalía General de la Nación-Subdirección de Talento Humano y la Comisión Especial de Carrera de esa
entidad, y como vinculados «a los participantes de la convocatoria No. 001 de 2021, que hacen parte de la lista
de elegibles en el cargo de Fiscal Delegado Ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos Municipales
código OPECE 1-103-10(40)-65737 y a los participantes de la convocatoria No. 001 de 2021, que hacen parte
de la lista de elegibles en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO II, Código OPECE 1-108-46(1)34244,
por tener injerencia en las resultas del presente trámite».

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11001-03-15-000-2025-03477-00. Accionantes: Erika Esther Orozco Atencio
y otros

Víctor Escobar, Sandra Amaya, Paola Jazmín Escobar Solarte, por las
consideraciones de la parte motiva de esta decisión judicial.

TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), por las razones expuestas
en el presente proveído.

CUARTO: ACEPTAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta decisión.

QUINTO: NEGAR las solicitudes de los coadyuvantes de la parte demandada
encaminadas a que se remitan la acción de tutela de la referencia y los expedientes
acumulados a la Corte Suprema de Justicia para su posible acumulación con el
proceso 11001-02-03-000-2025-02669-00, de acuerdo a los argumentos
desarrollados en la parte motiva.

SEXTO: NEGAR las pretensiones de las acciones de tutela referidas, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

OCTAVO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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