Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07069-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07069-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07069-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07069-00
Demandante: Harold Castellanos Motta
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C y otro
Temas: Tutela contra autoridades judiciales. Vinculación como tercero
interesado en un proceso de la misma naturaleza. Cargo en
provisionalidad. Concurso de méritos.
Decisión: Niega el amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Harold Castellanos Motta contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 7 de noviembre de 2025, Harold Castellanos Motta instauró acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, debido proceso (defensa y contradicción), acceso a la administración de
justicia, igualdad, trabajo y «estabilidad laboral relativa».
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se (i) suspendan, de manera
inmediata, todos los efectos derivados de la sentencia de tutela dictada en el
proceso No. 11001-33- 35-018-2025-00104-00, en especial, la Resolución No.
011866 de 2025, hasta que se resuelva el presente trámite; (ii) declare la nulidad de
todo lo actuado en dicha acción desde el auto admisorio; y (iii) ordene rehacer el
trámite garantizando su vinculación efectiva con interés legítimo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
indicó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante la
Resolución No. 00376 del 27 de junio de 2025, lo nombró provisionalmente en el
cargo de facilitador II, código 102, grado 01, en la Dirección Seccional de Aduanas
del Aeropuerto El Dorado.
4. En el proceso de tutela con radicado No. 11001-33-35-018-2025-00104-00,
el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá ordenó el nombramiento, en período de
prueba, de Harold Fabían Delgado Gómez, quien ocupó la posición 123 en la lista
de elegibles para el cargo de gestor I, código 301, grado 01, ficha AF-LF 3007. En
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virtud de esa orden, la DIAN expidió la Resolución No. 011866 del 9 de octubre de
2025.
5. El anterior nombramiento, implicó la terminación del encargo de la
funcionaria Celia Astrid Ramírez Acosta, quien debía regresar a su puesto de
carrera como facilitador II, código 102, grado 02. Sin embargo, el accionante venía
ocupando este cargo en provisionalidad desde el año 2017, conforme a la
Resolución No. 002605 del 12 de abril de 2017.
6. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que en el
trámite de la acción de tutela radicada bajo el número 11001-33-35-018-2025-
00104-00 no fue vinculado ni notificado, a pesar de tener un interés legítimo, directo
y actual en el resultado del proceso, ya que la ejecución de los fallos de amparo
provocó la terminación de su nombramiento provisional en el cargo de facilitador II,
código 102, grado 02, en la Dirección Seccional de Aduanas del Aeropuerto El
Dorado.
7. Alegó que la omisión de su vinculación como parte interesada constituyó
una grave violación a su derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, al no haber sido convocado al trámite de la
acción de tutela antes mencionado, se le impidió ejercer su defensa y contradicción,
presentar argumentos, pruebas y acreditar cualquier condición que pudiera justificar
la protección reforzada de su estabilidad laboral, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional.
8. Adicionalmente, manifestó que la ejecución de la Resolución No. 011866
del 9 de octubre de 2025, que formalizó su retiro del servicio, «configuró un daño
irremediable», puesto que (i) lo privó de una fuente de ingreso, afectando
directamente su mínimo vital y el de su núcleo familiar; (ii) interrumpió
«abruptamente» su proyecto de vida laboral; (iii) lo ubicó en una situación emocional
y económica vulnerable, al perder su empleo sin haber sido escuchado; y (iv) no
pudo ejercer sus derechos de acceso a la administración de justicia, igualdad y
trabajo.
Intervenciones1
9. El Juzgado 18 Administrativo de Bogotá indicó que la acción de tutela era
improcedente toda vez que con ella se pretendió discutir las decisiones adoptadas
en el marco de un proceso de la misma naturaleza, máxime cuando este no fue
seleccionado para revisión eventual por parte de la Corte Constitucional.
10. Adicionalmente, frente a la ausencia de vinculación y notificación, precisó
que los nominados en provisionalidad no tienen la condición de terceros interesados
1
El 4 de diciembre de 2025, se (i) avocó conocimiento de la acción de la referencia; (ii) admitió la tutela en contra de la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
y (iii) vinculó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Paula
Alejandra Rojas Siabato, Leisver Castro Calero, Yesenia Paola Torres Polo y Celia Astrid Ramírez Acosta.
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porque pueden ser removidos del cargo para proveerlo con personal seleccionado
por concurso de méritos quienes sí tendrían interés en el ejercicio de la acción, por
lo que al momento de expedir el auto admisorio únicamente ordenó «publicar por
cualquier medio idóneo la presente providencia y el escrito de tutela, con el fin de
otorgar a los integrantes de la lista de elegibles conformada por Resolución № 7484
del 12 de marzo de 2024, la oportunidad de intervenir en la presente acción
constitucional».
11. Aclaró que si bien la DIAN, en su escrito de contestación, sugirió que los
servidores en provisionalidad debían vincularse al trámite de tutela, en el trámite se
desestimó su incorporación debido a que el empleador tiene la obligación de realizar
acciones afirmativas frente al personal que goza de algún fuero de estabilidad.
12. Además, resaltó que el señor Castellanos Motta no ostentaba el cargo de
gestor I, código 301, grado 1 y, si bien es cierto que el regreso de la persona titular
del cargo de facilitador II, código 102, grado 2, provocó la terminación de su
nombramiento provisional tal circunstancia no lo constituía en tercero interesado en
las resultas del proceso, pues a lo sumo recaería en quienes se desempeñaron en
provisionalidad o en encargo como gestor I, código 301, grado 1, y no sería
sostenible jurídicamente que todo el personal vinculado a la DIAN en vacancias de
temporales de otros cargos adquiriera legitimación en calidad de terceros. En ese
orden de ideas, estimó que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad.
13. La DIAN manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que los hechos y presuntas vulneraciones alegadas no son atribuibles a esa
entidad, sino que derivan exclusivamente de las decisiones adoptadas por
autoridades judiciales dentro del trámite de la tutela con radicado 11001-33-35-018-
2025-00104-00.
14. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, señaló que, en atención a la naturaleza residual de la tutela, el actor
no puede acudir a una nueva acción para discutir las irregularidades que no se
cuestionaron oportunamente en el trámite original. Adicional a ello, sostuvo que en
la providencia acusada se analizaron las garantías de los terceros con interés
directo.
15. De otra parte, informó que el Consejo de Estado se decidieron de manera
negativa 2 acciones de tutela (11001-03-15-000-2025-06321-00 y 11001-03-15-
000-2025-06271-00), las cuales se basaron en hechos similares a los expuestos en
el caso que aquí se discute. Por lo anterior, solicitó negar el amparo deprecado.
16. La CNSC indicó que al verificar los antecedentes no identificó ningún dato
que le permitiera notificar a Celia Astrid Ramírez Acosta; sin embargo, evidenció
que aquella estuvo vinculada de manera provisional con la DIAN, por lo que
procedió a correrle traslado a esta última. Posteriormente, la DIAN, en cumplimiento
de lo anterior, informó que el correo electrónico para notificar del presente trámite a
la señora Ramírez Acosta era cramireza1@dian.gov.co.
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17. Paula Alejandra Rojas Siabato, Leisver Castro Calero, Yesenia Paola
Torres Polo y Celia Astrid Ramírez Acosta no se pronunciaron sobre los hechos
expuestos en el escrito de tutela, a pesar de haber sido notificados del auto
admisorio de la acción de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestiones previas
19. Previo a plantear el problema jurídico que aquí se desarrollará, la Sala
considera necesario aclarar que no accederá a la solicitud de desvinculación
formulada por la DIAN, comoquiera que aquella fue vinculada al presente trámite
debido a que actuó como accionada en la acción de tutela con radicado No. 11001-
33-35-018-2025-00104-00/01, cuyo trámite se discute en esta sede, por lo que
podría tener interés en el resultado del presente proceso.
20. Ahora, en atención a que la acción de tutela va dirigida, principalmente, a
que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio dentro de
un proceso de tutela, con ocasión a la falta de vinculación en dicho trámite del hoy
accionante, como tercero con interés en el proceso, por ocupar el cargo en
provisionalidad de facilitador II, código 102, grado 02, se analizarán los requisitos
de procedibilidad conforme a las reglas establecidas en la Sentencia SU-627 de
2015 proferida por la Corte Constitucional 2.
21. En principio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de
tutela contra tutela resulta improcedente, dado que las decisiones adoptadas en
2
«4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar
por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su
Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder
de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) l a
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir
si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.»
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sede de amparo gozan de la garantía de cosa juzgada constitucional y, por tanto,
no pueden ser objeto de revisión por otra autoridad judicial. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha reconocido excepciones estrictas a dicha regla general,
orientadas a salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso de quienes no
fueron oídos ni vinculados en el trámite inicial, pese a tener un interés legítimo en el
resultado de este.
22. En ese sentido, cuando la irregularidad alegada ocurre antes de la sentencia
y consiste en la omisión del juez de tutela de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a un tercero que sería afectado por la demanda, la acción de
tutela sí procede, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad
y sin que sea necesario que la Corte Constitucional haya seleccionado el asunto
para su revisión.
23. Por consiguiente, la Sala verificará, en primer lugar, si en el caso concreto
se configura esta regla excepcional, esto es, si (i) la actuación cuestionada acaeció
con anterioridad a la sentencia, (ii) si existió una omisión en la vinculación de un
tercero con interés legítimo, y (iii) si se satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, a fin de establecer si resulta procedente el
estudio de fondo de la presente solicitud de amparo.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se configura la
regla excepcional de procedencia de la acción de tutela contra tutela, esto es, si (i)
la actuación cuestionada tuvo lugar con anterioridad a la sentencia objeto de
controversia, (ii) si efectivamente se presentó una omisión en la vinculación de un
tercero con interés legítimo dentro del trámite constitucional, y (iii) si se encuentran
satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, con el
propósito de establecer si, una vez superados dichos presupuestos, el Juzgado 18
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de Harold
Castellanos Motta, al no haberlo vinculado en el trámite de tutela como tercero con
interés en el proceso.
Procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra tutela por falta de
vinculación de tercero con interés
25. La presente acción de tutela sí cumplió con los requisitos establecidos por
la Corte Constitucional, toda vez que (1) la actuación cuestionada acaeció con
anterioridad a la Sentencia de 28 de mayo de 2025 [vinculación al proceso]; (2)
presuntamente existió una omisión en la vinculación de un tercero con interés
directo por cuanto el hoy accionante acreditó que desempeñaba el cargo en
provisionalidad de facilitador II, código 102, grado 02, cargo que fue objeto de
controversia en dicho trámite; (3) se orientó a lograr el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
mínimo vital y trabajo; (4) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por
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activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte es la titular de las garantías
constitucionales que invoca vulneradas y, por el otro, el Juzgado 18 Administrativo
de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca eran las autoridades judiciales que conocieron el proceso; (5) hubo
un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela, teniendo en cuenta
que el accionante conoció sobre el trámite de la acción de tutela el 9 de octubre de
2025, fecha en la que la DIAN informó sobre las acciones afirmativas en
cumplimiento de la decisión tomada en sede de tutela.
26. Ahora bien, (6) en lo que respecta al presupuesto de subsidiariedad, es
preciso señalar que las decisiones adoptadas dentro de un trámite constitucional, si
bien en principio pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos ordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico, como las nulidades contempladas en el
artículo 133 del Código General del Proceso, en el caso concreto tales instrumentos
no resultarían eficaces para garantizar de manera inmediata la protección de los
derechos fundamentales, comoquiera que las órdenes dadas en las sentencias de
tutelas están siendo objeto de cumplimiento e incluso en sede de desacato.
27. Así las cosas, al haberse superado los requisitos generales de
procedibilidad, la Sala efectuará un análisis de fondo sobre la controversia
planteada.
Análisis de la vulneración alegada
28. La Sala negará el amparo solicitado, por las razones que a continuación se
exponen:
29. En criterio del accionante, tanto el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
como la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, al no haberlo vinculado dentro del
trámite de tutela radicado No. 11001-33-35-018-2025-00104-00/01, pese a ser parte
del personal vinculado en provisionalidad en el cargo objeto de controversia dentro
de dicho proceso.
30. Ahora bien, se observa que dentro de ese trámite la DIAN, mediante informe,
advirtió la necesidad de vincular a los servidores públicos en provisionalidad, en
atención a la posible afectación que podría generarse con la provisión del empleo a
través de la lista de elegibles, máxime cuando algunos de ellos podían gozar de
estabilidad reforzada. No obstante, el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
consideró que dicha vinculación no era necesaria, dado que los derechos de los
empleados provisionales debían ceder frente a los derechos de quienes integraban
la lista de elegibles. Sin perjuicio de ello, en la decisión dispuso que la DIAN
adoptara acciones afirmativas en favor del personal provisional sujeto de especial
protección constitucional, conforme a las reglas fijadas por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-424 de 2024. En esa providencia, la Corte precisó que la entidad
debía brindar un trato preferencial a dichos servidores, procurando que (i) fueran los
últimos en ser desvinculados y (ii) se les reubicara, cuando fuera posible, en otros
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empleos de carrera o temporales dentro de la misma entidad o en otras del mismo
sector administrativo, siempre que cumplieran los requisitos exigidos para el cargo.
31. A su turno, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de segunda instancia, señaló que
durante el trámite constitucional la señora Yesenia Paola Torres Polo solicitó la
nulidad de todo lo actuado, alegando que no había sido notificada del proceso pese
a tener interés como tercera, por ocupar en provisionalidad el cargo respecto del
cual se aplicaría la lista de elegibles. Sin embargo, la autoridad judicial precitada
consideró que la integración del contradictorio se había efectuado en debida forma,
pues se dispuso la publicación tanto del auto admisorio como del escrito de tutela
en la página web de la DIAN, garantizando así su conocimiento general.
32. Adicionalmente, señaló que la existencia de una lista de elegibles
conformada en el marco del Proceso de Selección DIAN 2022 constituye una causa
objetiva y jurídicamente suficiente para justificar la desvinculación de quienes
ocupaban cargos en provisionalidad. En efecto, respaldó dicho argumento con base
en la Sentencia T-313 de 2024 de la Corte Constitucional en la que precisó que, si
bien la carrera administrativa es la regla general para el acceso al servicio público,
los nombramientos provisionales son válidos de manera excepcional, a fin de
garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, su naturaleza es esencialmente
transitoria y su duración se encuentra supeditada a la selección de funcionarios
mediante concurso de méritos.
33. En consecuencia, del análisis de las decisiones proferidas dentro del trámite
de tutela se concluye que, pese a no haber sido vinculado el hoy accionante, no se
evidencia vulneración alguna de sus derechos fundamentales. Ello, por cuanto las
autoridades judiciales justificaron la decisión de no incluir en el contradictorio a los
empleados provisionales, en tanto se garantizó su estabilidad relativa, también
denominada protección intermedia, conforme a la cual solo pueden ser
desvinculados por causas legales, tales como la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias, la desaparición de la causa que originó la vacancia
o la provisión del cargo en propiedad mediante concurso de méritos. Además, en el
trámite de tutela se reconoció el trato preferencial que la jurisprudencia
constitucional ha dispuesto para los sujetos de especial protección, como madres o
padres cabeza de familia, personas próximas a pensionarse o quienes se
encuentren en situación de discapacidad o debilidad manifiesta por enfermedad.
34. Bajo ese contexto, la Sala advierte que no se trató de una actuación
arbitraria, toda vez que el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, en su fallo de
primera instancia, consideró que, aun sin vincular formalmente a quienes ocupaban
los cargos en provisionalidad, debía garantizarse la protección reforzada de
aquellos sujetos de especial protección constitucional, conforme a los parámetros
fijados en la Sentencia T-424 de 2024.
35. Adicionalmente, el Tribunal, al ejercer el control sobre la debida
conformación del contradictorio, reiteró que la existencia de la lista de elegibles
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constituía una causa objetiva y jurídicamente suficiente para la desvinculación de
los empleados provisionales, atendiendo a lo precisado en la Sentencia T-313 de
2024 acerca del carácter temporal de dicha modalidad de vinculación.
36. De esta forma, se advierte que la actuación judicial estuvo plenamente
ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que mientras el
juzgado valoró que los derechos de los empleados provisionales debían ceder frente
al derecho prevalente de quienes integraban la lista de elegibles, sin desconocer la
obligación de adoptar acciones afirmativas a favor de quienes fueran sujetos de
especial protección, el Tribunal, al confirmar dicha decisión, verificó la debida
conformación del contradictorio. A su vez, los pronunciamientos constitucionales
precitados reforzaron el entendimiento de que la carrera administrativa y el mérito
son la regla general, y que la vinculación en provisionalidad tiene un carácter
excepcional y transitorio, sin que de ella derive un derecho a la permanencia
indefinida.
37. Bajo este marco, la no vinculación del accionante dentro del trámite de tutela
no comportó una afectación material de sus derechos fundamentales, pues la
decisión judicial respondió a criterios objetivos y se garantizó, incluso de manera
indirecta, la protección intermedia que ampara a los servidores provisionales, así
como la adopción de medidas afirmativas en favor de quienes acrediten especial
vulnerabilidad.
38. Sobre el particular, no puede perderse de vista que, en Sentencia de 8 de
agosto de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-03162-00 y acumulados, esta
Subsección, al estudiar un caso con identidad fáctica y jurídica, sostuvo:
«58. En este contexto, es evidente que los servidores públicos en provisionalidad no
tienen injerencia en los debates centrados en la aplicación de la lista de elegibles para
la provisión de cargos de carrera, pues este tipo de nombramiento constituye una
medida temporal excepcional, cuya estabilidad relativa cede frente al derecho
preferente de quienes superan el concurso.
[…]
61. En conclusión, esta Sala de Subsección estima que las autoridades judiciales
accionadas no incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna, estabilidad
laboral reforzada al no vincular a las acciones de tutela en cuestión a los servidores
públicos que desempeñaban en provisionalidad el cargo Gestor I, Código 301, Grado
1, debido a que el debate constitucional se centró exclusivamente en la aplicación o no
de la lista de elegibles, un mecanismo que se deriva del mérito y que, por lo tanto,
excluye a los servidores en provisionalidad, quienes, de forma individual podrán alegar
situaciones especiales de estabilidad reforzada que no se invocaron ni advirtieron en
esta instancia, pero que de todas maneras no son plenamente oponibles al derecho
que le asiste a las personas que superaron el concurso de méritos.
62. En otras palabras, el debate jurídico en las acciones de tutelas censuradas
involucra a las personas que hacen parte de la lista de elegibles, a la entidad que realizó
el concurso y a la entidad nominadora, aspecto totalmente diferente del que pueda
generarse entre esta última y las personas que ocupaban los cargos en provisionalidad,
en caso de que aleguen situaciones especiales de estabilidad laboral reforzada,
quienes además podrán hacer uso, si a bien lo tienen, del medio de control respectivo
para atacar el acto administrativo particular de una eventual desvinculación».
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Demandante: Harold Castellanos Motta
Conclusión
39. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no encontrarse acreditado
que el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en alguna
actuación que diera lugar a la transgresión de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Harold Castellanos Motta
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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