Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06568-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06568-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06568-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06568-01
Accionante: Jeison Daniel Ruiz Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial1
Decisión: Se revoca parcialmente la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor Jeison Daniel Ruiz Vargas, contra la
sentencia del 6 de febrero de 2026 mediante la cual la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2. El señor Jeison Daniel Ruíz Vargas, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Medellín, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo
vital, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y a la seguridad social, con
ocasión de las decisiones adoptadas dentro de la acción de tutela seguida bajo
el radicado núm. 05001-33-33-001-2025-00085-00/01/022.
2.1. Hechos
3. Del escrito de tutela y del expediente se colige que mediante Acuerdo núm.
CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, la Comisión Nacional del
Servicio Civil convocó públicamente el Proceso de Selección DIAN 2022, con el
fin de proveer empleos de carrera administrativa en la planta de personal de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, bajo el principio
1
Por la no vinculación de empleado en provisionalidad a un proceso de la misma naturaleza por parte de las autoridades
judiciales accionadas, así como contra la resolución proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
derivada del cumplimiento de la sentencia de tutela en la que el actor no fue vinculado como tercero interesado.
2
Que ordenaron el uso de la lista de elegibles del proceso de selección DIAN 2022 (OPEC 198479), así como el acto
administrativo de ejecución por parte de la DIAN que derivó en la terminación de su vinculación en provisionalidad, de
acuerdo con lo expuesto por el accionante, sin haber sido vinculado oportunamente como tercero con interés legítimo
dentro de dicho trámite constitucional ni garantizarse el ejercicio efectivo de sus derechos de defensa y contradicción.
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Accionante: Jeison Daniel Ruíz Vargas
constitucional del mérito.
4. En desarrollo del concurso, la CNSC expidió la Resolución núm. 14162 del
31 de julio de 2024, por medio de la cual conformó la lista de elegibles para
proveer vacantes del empleo Gestor I, Código 301, Grado 01, identificado con la
OPEC 198479, la cual adquirió firmeza el 12 de agosto de 2024.
5. Con fundamento en dicha lista, la DIAN efectuó nombramientos en período
de prueba hacia finales de 2024, iniciando la provisión de los cargos convocados.
Posteriormente, el señor Juan David Jiménez Barreto presentó acción de
tutela3 contra la DIAN y la CNSC, solicitando el uso de la lista de elegibles para
el nombramiento en el referido cargo.
6. Mediante sentencia del 3 de abril de 2025, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Medellín amparó los derechos invocados y
ordenó a la DIAN adelantar las actuaciones necesarias para el uso de la lista de
elegibles.
7. No obstante, mediante providencia del 20 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto
admisorio, por indebida integración del contradictorio, al advertir la falta de
vinculación de terceros con interés legítimo, tales como funcionarios en encargo,
provisionalidad y elegibles de la lista.
8. En cumplimiento de dicha decisión, el 21 de mayo de 2025 el Juzgado
citado ordenó la vinculación de los terceros mencionados y rehízo el trámite,
garantizando su participación.
9. Posteriormente, el 9 de junio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Medellín profirió nueva sentencia de tutela, en la que ordenó
a la DIAN reportar vacantes definitivas y hacer uso de la lista de elegibles para
proveer los cargos de Gestor I (Ficha AT-OP3015).
10. Esta decisión fue confirmada el 30 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, consolidando el amparo del
derecho al mérito de los elegibles.
11. En cumplimiento de lo ordenado, la DIAN expidió, entre otros actos, la
Resolución núm. 10623 del 17 de septiembre de 2025, mediante la cual efectuó
nuevos nombramientos en período de prueba y dispuso la terminación de
encargos y nombramientos provisionales.
12. Como consecuencia de lo anterior, el accionante sostuvo que se generó
un fenómeno administrativo denominado “efecto escalera de encargos”,
consistente en el retorno de funcionarios de carrera a sus cargos de origen, lo
cual originó, de manera sucesiva, la terminación de nombramientos en
provisionalidad.
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Seguida bajo el radicado núm. 05001-33-33-001-2025-00085-00
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13. Producto de dichas actuaciones, la señora Blanca Emilse Cubillos Galindo,
quien se encontraba en encargo en el empleo Gestor I, Código 301, Grado 01,
retornó a su cargo de carrera en propiedad como Analista II, Código 202, Grado
02, lo que implicó la terminación del nombramiento en provisionalidad del señor
Jeison Daniel Ruíz Vargas, quien ocupaba dicho empleo. Ante esta situación el
actor alegó que no fue vinculado oportunamente al trámite de tutela que dio
origen a dichas decisiones ni tuvo oportunidad de controvertirlas, lo cual adujo,
derivó indirectamente en la terminación de su vinculación.
2.2. Fundamento jurídico
14. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la estabilidad
laboral reforzada, al trabajo y a la seguridad social, por cuanto adujo que su
desvinculación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se produjo
como consecuencia de un trámite de tutela en el que no fue vinculado ni
notificado, pese a considerar que tenía un interés directo, y sin que la DIAN
realizara un análisis individual, ni se adoptaran medidas menos lesivas frente a
su condición de padre cabeza de familia con menores a cargo.
15. El actor alegó la existencia de un defecto procedimental absoluto,
presuntamente configurado por la indebida integración del contradictorio dentro
de la acción de tutela con radicado núm. 05001-33-33-001-2025-00085-00, en
tanto las autoridades judiciales omitieron vincularlo como tercero con interés
legítimo, pese a que, en su criterio, las órdenes impartidas tenían incidencia en
su situación laboral, derivada del uso de listas de elegibles para proveer cargos
de carrera administrativa.
16. De igual forma, alegó que se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso en la actuación administrativa, al afirmar que la DIAN procedió a su
desvinculación en cumplimiento de las órdenes judiciales, sin otorgarle
oportunidad de audiencia, ni permitirle acreditar su condición de sujeto de
especial protección constitucional, ni motivar de manera suficiente la decisión
adoptada, desconociendo los estándares de proporcionalidad y razonabilidad.
17. Asimismo, adujo que la DIAN desconoció que ostentaba, desde su
perspectiva, una estabilidad laboral reforzada por su calidad de padre cabeza de
familia, y que no evaluó alternativas menos gravosas, como la reubicación en un
cargo equivalente, pese a considerar que existían posibilidades de mantener su
vínculo laboral sin afectar el cumplimiento del principio del mérito.
18. Finalmente, el actor sostuvo que las sentencias cuestionadas produjeron
una afectación desproporcionada e irrazonable de sus derechos fundamentales,
en la medida en que las órdenes judiciales generaron efectos derivados en su
situación laboral sin haber sido vinculado al trámite, lo que, a su juicio, imponía
la necesidad de declarar la nulidad de la actuación o modular los efectos del fallo
para garantizar la protección de sujetos de especial protección constitucional.
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2.3. Pretensiones
19. La parte accionante solicitó:
«1. Que se declare la nulidad de lo actuado en el trámite de tutela a partir del auto
admisorio, por falta de integración del contradictorio respecto del suscrito, como
tercero con interés directo, y en consecuencia de lo anterior, se ordene rehacer la
actuación con mi vinculación efectiva para garantizar el derecho de defensa y
contradicción.
2. Que, de conformidad con lo anterior, se modulen los efectos de la sentencia de
tutela para evitar afectaciones desproporcionadas a derechos fundamentales de
terceros no vinculados, en particular los derechos prevalentes de mis hijos de 2 y
6 años, disponiendo medidas transicionales mientras se rehace la notificación y
se decide de fondo con plena contradicción.
3. Que se disponga mi vinculación inmediata al proceso de tutela como tercero
con interés legítimo, con traslado integral de lo actuado, acceso al expediente,
apertura de término para contestar, solicitar y practicar pruebas, y para presentar
alegatos.
4. Que se suspenda temporalmente la ejecución de los efectos particulares de la
sentencia en lo que me concierne, hasta tanto se integre debidamente el
contradictorio y exista decisión que resuelva con plena garantía del debido
proceso, con el fin de evitar un perjuicio irremediable al mínimo vital del hogar y a
los derechos de la primera infancia.
5. Que se ordene a la entidad accionada y a la autoridad ejecutora del fallo adoptar
medidas de mitigación y de menor lesividad durante el periodo de modulación o
rehacer de la actuación, incluyendo continuidad de la vinculación o reubicación
temporal, aseguramiento de la afiliación al sistema de seguridad social y
preservación del acceso a salud, educación y alimentación de los menores.
6. Que se precise expresamente en la sentencia, o en la decisión que resuelva la
nulidad/modulación, que el cumplimiento de la orden de nombrar a la persona
elegible por mérito no exonera a la administración de aplicar un test de
proporcionalidad reforzado, de identificar sujetos de especial protección y de
motivar caso a caso, ni autoriza la adopción de medidas que impongan cargas
extremas y evitables a niños de primera infancia.
7. Que se requiera a la DIAN para que, en cumplimiento de la sentencia modulada
o del trámite rehecho, documente de manera específica las alternativas menos
gravosas consideradas frente a terceros afectados —reubicación temporal,
diferimiento razonable, provisión escalonada, uso de vacantes equivalentes— y
justifique, con criterios objetivos y verificables, la opción finalmente adoptada.
8. Que se ordene la notificación personal o por el medio más eficaz a todos los
terceros identificados como potencialmente afectados por la ejecución del fallo de
tutela, y se oficie a la entidad para que entregue relación actualizada de tales
terceros, garantizando la publicidad y participación efectiva.
9. Que se prevenga al juez de primera instancia de tutela para que, en lo sucesivo,
asegure la integración plena del contradictorio cuando sus decisiones puedan
producir efectos particulares sobre terceros, so pena de nulidad, conforme al
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
10. Que, de mantenerse la decisión de tutela, se disponga en su parte resolutiva
la obligación de respetar situaciones administrativas especiales y derechos de
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sujetos de especial protección, en especial hogares con niños de primera infancia
y cuidadores principales, y se establezca un plazo razonable para implementar
medidas de transición compatibles con el orden de mérito.» (SIC en toda la cita)
2.4. Intervenciones
20. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado mediante auto del 22 de octubre de 20254, a través del cual
ordenó notificar como accionados al magistrado Dohor Edwin Varón Vivas del
Tribunal Administrativo de Antioquia, al titular del Juzgado 1º Administrativo de
Medellín, a la DIAN y a la CNSC.
21. Asimismo, como terceros con interés en el resultado del proceso vinculó al
Ministerio de Hacienda; a quienes hacen parte de la lista de elegibles conformada
mediante Resolución 14162 de 20245 del empleo denominado Gestor I, Código
301, Grado 1, identificado con el Código OPEC 198479, del Nivel Profesional de
los Procesos Misionales del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la DIAN; y a los funcionarios de la DIAN nombrados en
encargo o provisionalidad bajo el cargo denominado “GESTOR I ATOP 3015”,
que fueron vinculados al proceso núm. 05001333300120250008500/02; y a Juan
David Jiménez Barreto, que fungió como accionante en el aludido trámite.
2.4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 se limitó a remitir el enlace de
acceso al expediente digital y manifestó expresamente que no se pronunciaría
sobre los hechos ni el fondo de la acción de tutela, indicando que acataría la
decisión que se adopte en esta sede constitucional.
2.4.2. El Juzgado Primero Administrativo de Medellín7 informó que la acción
de tutela seguida bajo el radicado 05001-33-33-001-2025-00085-00, instaurada
por el señor Juan David Jiménez Barreto, fue admitida mediante auto del 20 de
marzo de 2025, ordenándose la vinculación de la DIAN, la CNSC y los integrantes
de la lista de elegibles, así como su notificación mediante publicaciones oficiales,
ante la imposibilidad inicial de ubicar a todos los interesados.
22. Indicó que, luego de surtirse el trámite, profirió sentencia el 3 de abril de
2025, pero el 20 de mayo de 2025 esta fue anulada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia por indebida notificación, ordenando rehacer la actuación e incluir
tanto a los integrantes de la lista de elegibles como a los funcionarios en
provisionalidad. Expuso que una vez cumplido lo anterior, dictó un nuevo fallo el
9 de junio de 2025, que fue confirmado por el ad quem el 30 de julio de 2025, en
el que se ordenó el uso de la lista de elegibles y la provisión de cargos
conforme al principio del mérito.
23. Finalmente, precisó que, si bien mediante auto del 17 de octubre de 2025
ordenó dar cumplimiento a una decisión de la Corte Suprema de Justicia y, en
ese contexto, dispuso la notificación a terceros, incluidos funcionarios en
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Índice 4 del aplicativo SAMAI
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Índice 11 del aplicativo SAMAI, 14_RECIBEMEMORIAL_10PruebaListaElegibl_0_20251028081932736
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provisionalidad, posteriormente, mediante providencia del 18 de noviembre de
2025, dejó sin efectos dicha determinación al advertir que obedecía a un error
material en la orden superior, por lo que dispuso la continuación del trámite en su
estado correspondiente, conservando la validez de las actuaciones surtidas.
2.4.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN8 sostuvo que
no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, en la
medida en que su actuación se limitó a dar cumplimiento a las decisiones
adoptadas en el marco del concurso de méritos y acatar las órdenes impartidas
por las autoridades judiciales, dentro del ámbito de sus competencias legales.
24. Precisó que la supuesta omisión en la vinculación del actor al trámite de
tutela no es atribuible a la entidad, pues, conforme al artículo 16 del Decreto 2591
de 1991, la obligación de notificar y vincular a los terceros interesados
corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, razón por la cual no puede
predicarse responsabilidad alguna de la DIAN por actuaciones propias del juez
constitucional.
25. Finalmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva y la
improcedencia de la acción, al considerar que no existe una conducta activa u
omisiva atribuible a la entidad que haya generado la presunta vulneración de
derechos fundamentales, solicitando en consecuencia su desvinculación del
trámite o, subsidiariamente, la negativa del amparo respecto a esa entidad.
2.4.4. El señor Jimmy Rivera González9 en calidad de elegible del proceso
DIAN 2022 (OPEC 198479) y nombrado en período de prueba mediante
Resolución 010678 del 17 de septiembre de 2025, solicitó ser reconocido como
tercero interesado, al considerar que las pretensiones del accionante afectan
directamente su derecho de acceso a la función pública por mérito y el
cumplimiento del fallo de tutela base que ordenó el uso de la lista de elegibles.
26. Sostuvo que la acción promovida por el señor Ruíz Vargas es
improcedente, en tanto no se dirige contra la sentencia de tutela que ordenó el
uso de la lista, sino contra decisiones administrativas internas de la DIAN, como
los movimientos de personal derivados de su ejecución, las cuales deben ser
controvertidas a través de los mecanismos ordinarios y no mediante una nueva
acción constitucional.
27. Finalmente, argumentó que el fallo base se circunscribió al empleo de
Gestor I – Ficha AT-OP3015, por lo que no obliga ni justifica afectaciones en otros
cargos, y señaló que la provisionalidad es de carácter precario y cede frente
al principio del mérito, solicitando, en todo caso, que cualquier medida de
protección sea individual y no afecte los nombramientos, posesiones ni el uso de
la lista de elegibles.
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Índice 15 del aplicativo SAMAI
9
Índice 15 del aplicativo SAMAI. En esencia, bajo los mismos argumentos presentaron oposición el señor Jean Carlo
Sánchez Anillo, índice 22, la señora Irene de los Ángeles Blanco Mestizo, índice 37, Raquel Rocio Hosten Diaz, índice
38, Junner Alexander Galindo Avila, índice 41, Sebastián Buitrago Ramírez, índice 42, Alcibiades Escarraga Saavedra,
índice 44, Andrea Carolina Ramos Arteta, índice 45 y Laura Botero Restrepo, índice 46, ibidem.
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2.4.5. La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC10 se opuso a las
pretensiones del accionante y solicitó su desvinculación del trámite, al considerar
que no le es atribuible la presunta vulneración de derechos fundamentales, pues
el cuestionamiento se dirige contra decisiones adoptadas por autoridades
judiciales dentro de un trámite de tutela, frente a las cuales carece de
competencia funcional.
28. Indicó que su actuación se limitó a adelantar el Proceso de Selección DIAN
2022, conforme a los parámetros constitucionales y legales del artículo 125
superior, así como a las reglas fijadas en el Acuerdo núm. 08 de 2022, las cuales
son obligatorias para todos los intervinientes; precisó además que la
administración de la planta de personal y la expedición de los actos de
nombramiento corresponden exclusivamente a la DIAN.
29. Finalmente, sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva,
no incurrió en ninguna vulneración iusfundamental, toda vez que no existía
actuación u omisión atribuible a la CNSC relacionada con los hechos expuestos,
concluyendo que la controversia planteada debía resolverse en el ámbito judicial
o administrativo correspondiente y no a través de esta acción constitucional.
2.4.6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público11 manifestó que no vulneró
los derechos fundamentales invocados por el accionante, en tanto no tiene
injerencia en los hechos objeto de controversia, los cuales se relacionan con
decisiones judiciales y actuaciones administrativas propias de la DIAN en el
marco del proceso de selección y provisión de empleos.
30. Precisó que su función se limita a la asignación global de recursos y la
definición de la política fiscal, sin intervenir en la administración de la planta de
personal ni en los actos de nombramiento o retiro de funcionarios, competencias
que corresponden de manera autónoma a la DIAN en virtud de su personería
jurídica y autonomía administrativa y presupuestal.
31. En consecuencia, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva
y solicitó su desvinculación del trámite, al no existir acción u omisión atribuible al
Ministerio que justifique la procedencia del amparo, ni competencia para adoptar
las medidas solicitadas por el actor.
2.4.7. La señora Glenia Alejandra Cardona Botello12 en calidad de elegible del
proceso DIAN 2022 (OPEC 198479) y nombrada en período de prueba, solicitó
ser reconocida como tercero interesado, al considerar que las pretensiones del
accionante afectan directamente su derecho fundamental de acceso al empleo
público por mérito y la estabilidad derivada de su nombramiento.
32. Sostuvo que la acción de tutela carece de objeto, por cuanto la sentencia
base fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia, lo que implica su
inexistencia jurídica y la corrección del supuesto vicio alegado, razón por la cual
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no es posible reabrir un debate sobre una decisión que ya fue dejada sin efectos.
33. Finalmente, argumentó que su derecho se funda en un acto administrativo
en firme (la lista de elegibles) y no en la tutela anulada, reiterando que la
provisionalidad es transitoria y cede frente al mérito, por lo que solicitó negar el
amparo y permitir la continuidad de los nombramientos y posesiones.
2.4.8. La señora Yuly Marcela Castelblanco Pinilla13 en calidad de funcionaria
provisional de la DIAN, compareció como tercero con interés directo para
coadyuvar las pretensiones de la tutela, al considerar que las decisiones
adoptadas en cumplimiento de un fallo previo vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, estabilidad laboral reforzada y
mínimo vital de los servidores afectados.
34. Sostuvo que la desvinculación masiva derivó del llamado “efecto escalera”
de encargos, producto de nombramientos ordenados sin integrar debidamente el
contradictorio ni garantizar participación a todos los afectados, lo que impidió
ejercer su derecho de defensa y controvertir decisiones que incidían directamente
en su situación laboral, configurándose una vulneración del debido proceso tanto
judicial como administrativo.
35. Finalmente, cuestionó la utilización extensiva de las listas de elegibles y la
ejecución automática de decisiones sin análisis individual, señalando que ello
desconoce la estabilidad relativa de los provisionales, la seguridad jurídica y el
marco normativo del concurso, por lo que solicitó la nulidad de lo actuado, la
protección de los derechos invocados y la adopción de medidas que eviten
desvinculaciones sin evaluación particularizada.
2.4.9. El señor Juan David Jiménez Barreto integrante de la lista de elegibles
(OPEC 198479) y accionante en la tutela radicada 05001-33-33-001-2025-
00085-00/01/02, intervino para oponerse a la nueva acción, señalando que la
supuesta falta de vinculación ya había sido corregida con la declaratoria inicial
de nulidad, por lo que no existía una vulneración actual al debido proceso.
36. Sostuvo que el señor Ruiz Vargas no tiene un interés directo, pues ocupa
un cargo distinto (Analista II) y no hace parte del empleo objeto de la tutela
(Gestor I AT-OP3015), por lo que cualquier afectación es indirecta y deriva de
decisiones administrativas de la DIAN y no del fallo.
37. Finalmente, afirmó que la desvinculación de provisionales es una
consecuencia legal del principio de mérito y del Decreto 927 de 2023, por lo que
no era obligatorio vincularlos al proceso, atribuyendo a la DIAN la responsabilidad
por la ejecución y solicitando declarar improcedente la tutela.
2.4.10. No se rindieron más informes.
13
Índice 21 del aplicativo SAMAI. Bajo la misma línea argumentativa presentó un escrito la señora Andrea del Sagrario
López Puentes, en calidad de funcionaria provisional de la DIAN coadyuvando las pretensiones del accionante, índice 26
ibidem.
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2.5. Sentencia Impugnada14
38. El a quo declaró improcedente la solicitud de amparo, al concluir que el
actor no cumplió el requisito de subsidiariedad, tanto frente a las decisiones
judiciales cuestionadas como respecto de su desvinculación laboral.
39. La Sección Tercera, Subsección C, examinó el trámite de la acción de
tutela cuestionada y verificó que, mediante auto del 17 de octubre de 2025 15, el
Juzgado Primero Administrativo de Medellín ordenó dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Corte Suprema de Justicia16 e impartió instrucciones para la
notificación a terceros, entre ellos los funcionarios en provisionalidad.
40. La primera instancia precisó que, no obstante, la autoridad judicial
accionada, dejó sin efectos dicha decisión mediante auto del 18 de noviembre de
202517, al advertir que obedecía a un error material en la orden superior, y
dispuso la continuación del trámite, precisando que las actuaciones surtidas
conservaban su validez.
41. A partir de lo anterior, la Corporación determinó que la supuesta
irregularidad por la falta de vinculación en la tutela seguida bajo el radicado
05001-33-33-001-2025-00085-00 debía alegarse mediante incidente de nulidad
dentro de ese mismo proceso, el cual aún se encontraba en trámite, por lo que
existía un mecanismo judicial idóneo que el accionante no agotó.
42. Asimismo, precisó que la terminación del nombramiento del actor no
provenía directamente de las sentencias de tutela, sino de un acto administrativo
de la DIAN, cuya legalidad debía controvertirse mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, incluso con posibilidad de solicitar
medidas cautelares.
43. Finalmente, la Sala descartó la existencia de un perjuicio irremediable,
pese a la condición de padre cabeza de familia del accionante, y concluyó que la
acción de tutela no puede emplearse como mecanismo paralelo para controvertir
actuaciones judiciales o administrativas frente a las cuales existen vías ordinarias
eficaces, razón por la cual declaró improcedente el amparo solicitado.
2.6. Impugnación18
44. El accionante consideró que el a quo realizó un análisis insuficiente de los
hechos y desconoció la vulneración de sus derechos fundamentales, en especial
al debido proceso, defensa y mínimo vital, derivados de su desvinculación de la
DIAN sin haber sido vinculado al trámite de tutela que ordenó los nombramientos.
14
Índice 67 del aplicativo SAMAI
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La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 19 de agosto de 2025 dentro del
radicado (STP13271-2025), concedió el amparo dentro de una tutela promovida por la señora Nidia Graciela Dueñas
Quintero, y dispuso, en un primer momento, dejar sin efectos las decisiones adoptadas en la acción de tutela núm.
05001-33-33-001-2025-00085-00; sin embargo, posteriormente, mediante autos aclaratorios de septiembre y noviembre
de 2025, precisó que dicha orden obedecía a un error material y no era aplicable a ese expediente, por lo que las
actuaciones conservaron su validez.
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Acción de Tutela
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Accionante: Jeison Daniel Ruíz Vargas
Alega que dicha situación constituye una vía de hecho judicial y que la tutela
procede para corregir decisiones arbitrarias.
45. Sostuvo que la acción de tutela sí resulta procedente, pese a la existencia
de mecanismos ordinarios, en la medida en que estos no son idóneos ni eficaces
para garantizar una protección inmediata, dadas las condiciones de
vulnerabilidad en que se encuentra como padre cabeza de familia con hijos
menores que requieren atención médica especializada, lo que, en su criterio,
configura un perjuicio irremediable. Asimismo, afirmó que no podía promover
incidente de nulidad dentro de la tutela del señor Jiménez Barreto, pues para el
momento en que conoció su situación los fallos ya se encontraban en firme.
46. Finalmente, insistió en que su desvinculación no fue precedida de un
análisis individual ni de medidas menos lesivas, desconociendo su estabilidad
laboral relativa como provisional y su calidad de sujeto de especial protección
constitucional, por lo que solicitó revocar el fallo impugnado y ordenar la adopción
de medidas que garanticen su permanencia o reubicación laboral, en protección
de sus derechos y los de su núcleo familiar.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
47. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201919 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la delimitación del objeto de estudio en sede constitucional
48. Antes de abordar el análisis de procedencia de la presente acción
constitucional, la Sala considera necesario delimitar el objeto de estudio, en
atención a que los reproches formulados por el accionante no se circunscriben
solamente a una providencia judicial, sino que comprenden tanto las decisiones
adoptadas dentro de la acción de tutela seguida bajo el radicado
05001-33-33-001-2025-00085-00, como las actuaciones adelantadas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en cumplimiento de dichas
órdenes, particularmente la terminación de su vinculación en provisionalidad.
49. En ese contexto, se advierte que la controversia se desarrolla en dos
planos diferenciados: de un lado, el judicial, relacionado con la presunta falta de
vinculación del actor en el trámite de tutela cuestionado; y de otro, el
administrativo, relativo a la legalidad del acto mediante el cual la DIAN dispuso
su desvinculación.
50. En consecuencia, el estudio se abordará de manera integral, con el fin de
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establecer si los cargos formulados cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, en especial el de subsidiariedad.
3.3. Problema jurídico
51. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, al proferir sus providencias dentro
de la acción de tutela seguida bajo el radicado núm. 05001-33-33-001-2025-
00085-00/01/02, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y acceso a la administración de justicia del señor Jeison Daniel Ruíz
Vargas, al no vincularlo como tercero con interés legítimo, pese a que, según
afirmó el accionante, dichas decisiones incidieron en su desvinculación como
servidor en provisionalidad.
52. Para resolver lo anterior, la Sala deberá establecer, en primer lugar, si la
presente acción de tutela cumple los requisitos generales y específicos de
procedencia contra providencias judiciales, en especial el requisito de
subsidiariedad echado de menos en primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
53. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
3.4.1. Del requisito de subsidiariedad
54. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
55. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
56. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
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bajo su competencia20.
57. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo
el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
3.4.2. De los servidores públicos en provisionalidad21
58. En relación con los servidores públicos en provisionalidad, la Corte
Constitucional22 ha señalado que:
«La vinculación en calidad de provisional constituye un modo de proveer cargos
públicos cuando se presentan vacancias definitivas o temporales y mientras estos
se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley o cesa la situación
administrativa que originó la vacancia temporal. Los cargos provisionales, como
su nombre lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan solucionar
las necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones
públicas mientras se realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las
vacantes en una determinada entidad, en aplicación de los principios de eficiencia
y celeridad.
(…)
Los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no
cuentan con las garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el derecho
a que se motive el acto administrativo por medio del cual son retirados de su
cargo, ya que dicha motivación se erige como una garantía mínima que se deriva
del derecho fundamental al debido proceso y del control a la arbitrariedad de la
administración, y no del hecho de pertenecer a un cargo de carrera.
Los cargos provisionales no son asimilables a los cargos de carrera
administrativa, y es por ello que a los primeros no les son aplicables los
derechos que se derivan de ella, ya que quienes se hallan vinculados en
provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la Constitución y la ley
para gozar de tales beneficios, es decir, superar exitosamente el concurso
de méritos y el período de prueba, entre otros. Pero tampoco pueden
asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su vinculación no se
sustenta en la confianza para ejercer funciones de dirección o manejo que es
propia de éstos, sino en la necesidad de evitar la parálisis de la función pública
mientras se logra su provisión en los términos que exige la Constitución.
En consecuencia, frente a los cargos provisionales no puede predicarse ni la
estabilidad laboral propia de los de carrera ni la discrecionalidad relativa de los
de libre nombramiento y remoción; razón por la que el nominador tiene la
obligación de motivar el acto administrativo mediante el cual se produce la
desvinculación». Negrillas y subrayas de la Sala.
20
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los
derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad,
vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta
Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las
jurisdicciones».
21
Con relación al tema resulta relevante revisar la providencia del 9 de abril de 2026 de la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2026-01222-00. Asimismo, las sentencias del 8 de agosto de 2025, rad.
11001-03-15-000-2025-03162-00 y acumulados, la de 26 de marzo de 2026, rad. 11001-03-15-000-2026-01438-00, la del
7 de mayo de 2026 con radicado 11001-03-15-000-2026-01251-00 y el radicado 11001-03-15-000-2025-07069-00 entre
otros.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2013 y Sentencia SU-250 de 1998.
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59. En este contexto, es evidente que los servidores públicos en
provisionalidad no tienen injerencia en los debates centrados en la aplicación de
la lista de elegibles para la provisión de cargos de carrera, pues este tipo de
nombramiento constituye una medida temporal excepcional, cuya estabilidad
relativa cede frente al derecho preferente de quienes superan el concurso.
60. Aunado a lo anterior, se destaca que, aun cuando un servidor público en
provisionalidad se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, puede acudir ante
la entidad empleadora a efectos de dar a conocer su situación, sin que ello le
otorgue un derecho indefinido a permanecer en un cargo de carrera, ya que debe
prevalecer el principio de mérito23.
4. Análisis del caso concreto
61. En el asunto objeto de estudio, el accionante cuestiona, de una parte, la
supuesta vulneración de su derecho al debido proceso por no haber sido
vinculado en el trámite de tutela con radicado 05001-33-33-001-2025-00085-
00/01/02, y de otra, la afectación derivada de la terminación de su nombramiento
en provisionalidad como consecuencia de la ejecución de las órdenes allí
impartidas.
62. Ahora bien, tratándose de una acción de tutela dirigida contra decisiones
judiciales, corresponde a la Sala verificar, de manera preliminar, el cumplimiento
de los requisitos de procedencia, en especial el de subsidiariedad echado de
menos en primera instancia, dada la naturaleza excepcional y residual del
mecanismo constitucional.
63. En ese entendido, en relación con la alegada falta de vinculación en la
acción de tutela24, la Sala advierte que, contrario a lo señalado en la decisión de
primera instancia, no puede exigirse de manera automática al actor la promoción
de un incidente de nulidad como presupuesto de procedibilidad del amparo, pues
dicha exigencia debe analizarse a la luz de las circunstancias concretas del caso
y de la idoneidad real del mecanismo.
64. En consecuencia, la nulidad por indebida integración del contradictorio
únicamente adquiere relevancia cuando el sujeto excluido ostenta un
interés directo, cierto y cualificado en el debate constitucional. No obstante,
tratándose de controversias relacionadas con la aplicación de listas de elegibles
para la provisión de cargos de carrera administrativa, esta Subsección ha
precisado que los servidores públicos vinculados en provisionalidad no tienen,
en principio, un interés directo25 que imponga su vinculación obligatoria,
dado el carácter transitorio de su vínculo y su sujeción al principio del mérito.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2022.
24
Seguida bajo el radicado 05001-33-33-001-2025-00085-00/01/02
25
Al respecto, ver entre otras las sentencias dictadas dentro de los rad. 11001-03-15-000-2026-01222-00. MP Luis
Eduardo Mesa Nieves y 11001-03-15-000-2025-07069-00 MP Juan Camilo Morales Trujillo, de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.
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65. De otra parte, aun en el evento de admitirse la procedencia formal del
incidente de nulidad, este no resulta idóneo ni eficaz para la protección de los
derechos invocados en el presente caso, pues la controversia planteada no se
agota en un aspecto procesal, sino que se proyecta sobre los efectos derivados
de actuaciones administrativas posteriores, particularmente la terminación del
vínculo en provisionalidad.
66. Frente a ello, el ordenamiento prevé mecanismos ordinarios de defensa
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, especialmente el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, la solicitud
de nulidad carece de idoneidad en este caso y no puede desplazar los
mecanismos judiciales ordinarios previstos para la protección de los derechos
alegados.
67. Bajo ese entendimiento, la Sala concluye que la falta de vinculación de los
servidores en provisionalidad no afecta la validez del trámite constitucional, en la
medida en que el debate se circunscribe al derecho preferente de quienes
integran la lista de elegibles y a la actuación de las autoridades competentes en
el proceso de selección.
68. En consecuencia, la eventual omisión en la vinculación del actor dentro del
trámite de tutela cuestionado no configura, por sí sola, una irregularidad procesal
con entidad suficiente para invalidar la actuación judicial, ni torna inoponibles las
decisiones adoptadas, máxime cuando la controversia principal no recaía sobre
su situación jurídica particular, sino sobre la provisión de cargos por mérito.
69. De otra parte, en lo que respecta a la terminación de su vínculo laboral, la
Sala comparte la conclusión del a quo en torno al incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, toda vez que la desvinculación del actor se materializó mediante
un acto administrativo expedido por la DIAN, cuya legalidad puede ser
controvertida a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
70. Así las cosas, dicho mecanismo judicial no solo resulta idóneo para discutir
la validez del acto, sino también eficaz, en la medida en que permite solicitar
medidas cautelares, incluso de carácter anticipado, orientadas a evitar la
consolidación de un daño o a restablecer provisionalmente la situación jurídica
del señor Ruiz Vargas.
71. Ahora bien, la Sala no desconoce la situación personal y familiar expuesta
por el accionante, ni la especial consideración que merecen los derechos de los
menores de edad; no obstante, tales circunstancias, aunque dignas de atención,
no permiten por sí solas inferir la existencia de un perjuicio irremediable, en tanto
no se acreditó su inminencia, gravedad y urgencia en los términos exigidos por
la jurisprudencia constitucional.
72. En ese sentido, la existencia de mecanismos judiciales ordinarios eficaces,
así como la ausencia de una afectación inminente que haga indispensable la
intervención inmediata del juez constitucional, impiden desplazar las
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competencias del juez natural y habilitar la procedencia excepcional de la tutela
como mecanismo principal o transitorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente la sentencia del 6 de febrero de 2026, proferida
por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, frente a la
declaratoria de improcedencia por subsidiariedad respecto de la presunta
irregularidad procesal por la falta de vinculación del actor en el trámite de tutela
con radicado núm. 05001-33-33-001-2025-00085-00/01/02 y, en su lugar, negar
el amparo en ese aspecto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Confirmar en lo demás la providencia impugnada.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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