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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06321-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06321-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN, conforme a la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-06321-00 Demandante: Óscar Mauricio Mora Suárez SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Óscar Mauricio Mora Suárez, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06321-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06321-00
Demandante: Óscar Mauricio Mora Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C y otro

Temas: Tutela contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores a la
sentencia. Vinculación en el trámite de tutela como tercero
interesado. Cargo en provisionalidad. Concurso de méritos.
Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Óscar Mauricio Mora Suárez contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 7 de octubre de 2025, la parte actora presentó acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
transgredidos por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, en el trámite de una
acción de tutela con radicado No. 11001-33-35-018-2025-00104-00/01.

2. A título de amparo, solicitó que (i) se declarara la nulidad de todo lo actuado
desde el auto admisorio en el marco de un proceso de tutela; (ii) se le ordenara a
las autoridades judiciales que se abstuvieran de incurrir nuevamente en prácticas
violatorias del debido proceso a los funcionarios públicos que se encontraban
vinculados a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
y (iii) que se le ordenara a la DIAN que se abstuviera de desvincularlo o a cualquier
otro funcionario provisional bajo la figura de cumplimiento de fallos de tutela.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, manifestó que era
empleado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, en la cual se encontraba vinculado desde el
2 de febrero de 2004 mediante la figura de provisionalidad, en el cargo de gestor I,
código 301, grado 1.

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Demandante: Óscar Mauricio Mora Suárez

4. Indicó que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) adelantó un
concurso de méritos a través de la Convocatoria No. 2497 de 2022, regulada
mediante el Acuerdo CNT2022AC000008 de 29 de diciembre de 2022, en el cual
se ofertaron 60 vacantes en diferentes ciudades del país para el empleo de gestor
I, código 301, grado 1, identificado con la OPEC 198341.

5. El 13 de marzo de 2024, la CNSC publicó la Resolución No. 7484 de 12 de
marzo de 2024, por medio de la cual se estableció la lista de elegibles
correspondiente a la OPEC 198341. Agregó que, por necesidad del servicio y en
virtud del Decreto 419 de 2023, la DIAN amplió la oferta de vacantes y creó 1.421
cargos adicionales de gestor I, código 301, grado 1.

6. El 1 octubre de 2025, la DIAN, mediante oficio, le informó que, debido a
fallos judiciales, debía utilizar la lista de elegibles establecida en la Resolución No.
7484 del 12 de marzo de 2024 – OPEC 198341, para proveer las vacantes del cargo
de gestor I, código 301, grado 1. Ello implicaba que serían nombrados nuevos
servidores en algunos de los empleos que hasta entonces se encontraban ocupados
en provisionalidad o encargo. Precisó que dicha determinación se adoptaba en
cumplimiento de las decisiones proferidas por el Juzgado 18 Administrativo de
Bogotá y por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 11001-33-35-
018-2025-00104-00-/01.

7. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que nunca
había recibido notificación del auto admisorio de la tutela ni copia de la misma. En
consecuencia, consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, puesto que no tuvo la oportunidad
de ejercer su defensa oportunamente. Asimismo, estimó conculcado su derecho a
la igualdad, ya que desconocía la existencia de la acción de tutela y no se le brindó
la posibilidad de intervenir en el proceso para defenderse en condiciones de
igualdad frente a los tutelantes.

8. Adujo que la omisión de vincularlo al trámite generaba un vicio de nulidad
que afectaba la validez de toda la actuación. Precisó que se encontraba
desempeñando en provisionalidad el cargo de gestor I, código 301, grado 1, con
OPEC 198341, en la DIAN, motivo por el cual ostentaba la calidad de tercero con
interés directo en las resultas del trámite de tutela, dado que las decisiones
adoptadas incidían de manera directa en su situación jurídica.

9. Señaló que la falta de vinculación al proceso como tercero interesado y la
ausencia de notificación de la acción de tutela representaban una grave vulneración
a sus derechos fundamentales, en tanto no tuvo la posibilidad de pronunciarse ni de
presentar argumentos frente a lo debatido en dicho proceso.

10. Manifestó que las autoridades judiciales habían incurrido en una
extralimitación de sus competencias, al desconocer el principio de legalidad en la

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función pública y la reserva de jurisdicción que el legislador había conferido a los
jueces ordinarios para la adopción de ese tipo de decisiones.

11. Finalmente, indicó que, en todo caso, la acción de tutela resultaba
improcedente, por cuanto no cumplía con el requisito de subsidiariedad, dado que
contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
debatir la situación. Explicó que la lista de elegibles aún se encontraba vigente y no
estaba próxima a expirar, y que podía solicitar ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativa las medidas cautelares necesarias para proteger, de manera
provisional, el objeto del proceso.

Intervenciones1

12. La CNSC solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no era de su competencia fijar lineamientos a las entidades
públicas respecto de la forma de provisión de empleos cuando un funcionario, en
condición de sujeto de especial protección constitucional, ocupaba en
provisionalidad un cargo ofertado en concurso público de méritos. En tal sentido,
señaló que correspondía a la DIAN adoptar las medidas administrativas necesarias
para garantizar tanto los derechos de los elegibles como los de los funcionarios
vinculados en provisionalidad.

13. Precisó que la vinculación que ostentaba el accionante tenía carácter
transitorio, al tratarse de un nombramiento en provisionalidad. En consecuencia, los
empleos en vacancia definitiva, o provistos mediante nombramiento provisional o
encargo, debían ser ocupados a través de concurso de méritos; y, una vez finalizado
este, procedía la expedición de las listas de elegibles. Por ende, la estabilidad
laboral relativa de quienes se encontraban vinculados en provisionalidad debía
ceder ante el mejor derecho de quienes superaran el respectivo proceso de
selección.

14. Afirmó que no se cumplían los presupuestos procesales para acceder a las
pretensiones formuladas mediante la acción de tutela, toda vez que ello desvirtuaría
su naturaleza y la convertiría en un ciclo interminable de litigios, lo cual afectaba la
seguridad jurídica y la eficacia del sistema judicial.

15. El Juzgado 18 Administrativo de Bogotá consideró que la acción de tutela
no tenía vocación de prosperidad frente al argumento relacionado con la falta de
notificación del auto admisorio a los funcionarios provisionales que ocupaban los
cargos que serían provistos en virtud de las Sentencias de 21 de abril y de 28 de
mayo de 2025. Lo anterior, bajo el entendido de que no se había incurrido en
irregularidad procesal alguna por la ausencia de dicha notificación.

1
Mediante Auto de 14 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, y se vinculó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Paula Alejandra Rojas Siabato,
Leisver Castro Calero y Yesenia Paola Torres Polo.

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16. Indicó que, en todo caso, había quedado demostrado que durante el trámite
de la tutela se analizó la posibilidad de vincular a los funcionarios provisionales que
desempeñaban el cargo de gestor I, código 301, grado 1, con OPEC 198341 de la
DIAN. Sin embargo, explicó que dicha vinculación fue descartada, toda vez que el
empleador tenía la obligación de adoptar acciones afirmativas frente al personal
amparado por fuero de estabilidad laboral.

17. Advirtió que no resultaba necesaria la vinculación de los empleados
provisionales al proceso, por cuanto los derechos de estos debían ceder frente a los
derechos de quienes figuraban en la lista de elegibles. En ese sentido, respaldó su
decisión en la Sentencia T-424 de 2024 de la Corte Constitucional, en la cual se
precisó que los servidores nombrados en provisionalidad en cargos de carrera
gozaban únicamente de una estabilidad laboral relativa o intermedia.

18. Según esa jurisprudencia, dicha estabilidad implicaba que el retiro del
servicio solo podía producirse por razones objetivas establecidas en la Constitución
y la ley, o con el fin de nombrar a una persona que hubiera superado el concurso
de méritos. Por tanto, la terminación de una vinculación en provisionalidad, cuando
la plaza debía ser provista por quien había ganado el concurso, no desconocía los
derechos de los funcionarios provisionales, ya que la estabilidad relativa reconocida
a estos cedía ante el mejor derecho de quienes accedieron al cargo mediante
concurso público de méritos.

19. La DIAN solicitó ser desvinculada del trámite, tras considerar que carecía
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no había afectado ninguno de
los derechos fundamentales invocados por el accionante. Señaló que eran las
autoridades judiciales las que debían responder por la presunta vulneración
alegada. Adicionalmente, pidió que se denegara el amparo de tutela, por cuanto la
acción resultaba improcedente al no evidenciarse afectación alguna de derechos
fundamentales. Afirmó que, en su calidad de parte pasiva dentro del trámite
constitucional, no le correspondía vincular ni notificar a terceros interesados en la
acción. En consecuencia, sostuvo que de su actuación en defensa de sus intereses
no podía derivarse que, por acción u omisión, hubiese incurrido en la vulneración
de los derechos fundamentales mencionados por el accionante.

20. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se negara el amparo, al no haberse demostrado que se
hubiese incurrido en defecto alguno, por lo cual debía concluirse que no existía
vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, señaló que existían 2
mecanismos de control sobre las decisiones adoptadas en sede de tutela, pues
resultaba evidente que las supuestas irregularidades alegadas debían corregirse a
través de los recursos previstos dentro del mismo proceso.

21. Explicó que quienes consideraran afectados sus intereses durante el trámite
podían denunciar las arbitrariedades o errores que advirtieran mediante la solicitud
de nulidad de las actuaciones procesales que estimaran irregulares. Agregó que,
aunque el trámite de selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional no

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constituía un recurso en sentido estricto, sí representaba un medio de control
específico e idóneo respecto de los fallos de instancia que violaran de manera
ostensible la Constitución. Bajo esa consideración, precisó que cualquier persona
con interés legítimo estaba facultada para presentar una solicitud ciudadana ante la
Sala de Selección, con el fin de exponer las razones fácticas y jurídicas por las
cuales estimara que las autoridades judiciales habían desconocido normas
constitucionales o legales al momento de proferir el fallo.

22. Sostuvo que el accionante no podía acudir a una nueva acción de tutela con
el propósito de eludir los procedimientos internos establecidos, especialmente
cuando había omitido cuestionar oportunamente las presuntas irregularidades
dentro del trámite original. Afirmó que el proceso de tutela identificado con el
radicado No. 11001-33-35-018-2025-00104-01 no fue seleccionado para revisión
por la Corte Constitucional, lo que evidenciaba la configuración de la cosa juzgada
constitucional.

23. Manifestó que la cuestión de fondo relativa al respeto de las garantías de
los terceros con interés directo ya había sido objeto de pronunciamiento expreso en
la sentencia acusada, en un caso similar al que ahora se exponía. Recordó que la
señora Yesenia Paola Torres Polo, dentro de ese mismo trámite de tutela, había
solicitado la nulidad de lo actuado al considerar que no fue notificada sobre el riesgo
de perder su cargo en provisionalidad ni de la existencia de la acción de tutela.

24. Frente a ello, el Tribunal estimó que la integración del contradictorio se
había efectuado en debida forma, dado que se dispuso la publicación tanto del auto
admisorio como del escrito de tutela en la página web de la DIAN para conocimiento
general. Además, concluyó que la peticionaria no había acreditado suficientemente
su interés legítimo, toda vez que no demostró su condición de funcionaria vinculada
en provisionalidad ni su retiro con ocasión del cumplimiento de la sentencia.

25. Paula Alejandra Rojas Siabato, Yesenia Paola Torres Polo y Leisver Castro
Calero, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestiones previas

27. En su intervención, la CNSC y la DIAN solicitaron que se desvincularan del
presente trámite constitucional, al considerar que no eran las entidades
competentes para atender las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto, la

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Demandante: Óscar Mauricio Mora Suárez

Sala negará la solicitud de desvinculación comoquiera que el resultado de la
controversia podría ser de su interés, teniendo en cuenta que son parte demandada
dentro del proceso de tutela con radicado No. 11001-33-35-018-2025-00104-00/01.

28. La Sala advierte que para efectos metodológicos y en razón a que la
presente acción de tutela va dirigida, principalmente, a que se declare la nulidad de
todo lo actuado a partir del auto admisorio dentro de un proceso de tutela2, con
ocasión a la falta de vinculación, en dicho trámite, del hoy accionante, como tercero
con interés en el proceso, por ocupar el cargo en provisionalidad de gestor I, código
301, grado 1, con OPEC 198341, se analizarán los requisitos de procedibilidad
conforme a las reglas establecidas en la Sentencia SU-627 de 2015 proferida por la
Corte Constitucional3.

29. En principio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de
tutela contra tutela resulta improcedente, dado que las decisiones adoptadas en
sede de amparo gozan de la garantía de cosa juzgada constitucional y, por tanto,
no pueden ser objeto de revisión por otra autoridad judicial. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha reconocido excepciones estrictas a dicha regla general,
orientadas a salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso de quienes no
fueron oídos ni vinculados en el trámite inicial, pese a tener un interés legítimo en el
resultado del mismo.

30. En ese sentido, cuando la irregularidad alegada ocurre antes de la sentencia
y consiste en la omisión del juez de tutela de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a un tercero que sería afectado por la demanda, la acción de
tutela sí procede, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad
y sin que sea necesario que la Corte Constitucional haya seleccionado el asunto
para su revisión.

31. Por consiguiente, la Sala verificará, en primer lugar, si en el caso concreto
se configura esta regla excepcional, esto es, si (i) la actuación cuestionada acaeció
con anterioridad a la sentencia, (ii) si existió una omisión en la vinculación de un
tercero con interés legítimo, y (iii) si se satisfacen los requisitos generales de

2
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«4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar
por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su
Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder
de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distin guir
si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.»

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06321-00
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procedibilidad de la acción de tutela, a fin de establecer si resulta procedente el
estudio de fondo de la presente solicitud de amparo.

Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se configura la
regla excepcional de procedencia de la acción de tutela contra tutela, esto es, si (i)
la actuación cuestionada tuvo lugar con anterioridad a la sentencia objeto de
controversia, (ii) si efectivamente se presentó una omisión en la vinculación de un
tercero con interés legítimo dentro del trámite constitucional, y (iii) si se encuentran
satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, con el
propósito de establecer si, una vez superados dichos presupuestos, el Juzgado 18
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de Óscar Mauricio
Mora Suárez, al no haberlo vinculado en el trámite de tutela como tercero con interés
en el proceso.

Procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra tutela por falta de
vinculación de tercero con interés

33. La presente acción de tutela sí cumplió con los requisitos establecidos por
la Corte Constitucional, toda vez que (1) la actuación cuestionada acaeció con
anterioridad a la Sentencia de 28 de mayo de 2025 [vinculación al proceso]; (2)
presuntamente existió una omisión en la vinculación de un tercero con interés
directo por cuanto el hoy accionante acreditó que desempeñaba el cargo en
provisionalidad de gestor I, código 301, grado 1 de la DIAN, cargo que fue objeto de
controversia en dicho trámite; (3) se orientó a lograr el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia; (4) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora alego que tenía la calidad de
tercero con interés en la acción de tutela y, por el otro, el Juzgado 18 Administrativo
de Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca eran las autoridades judiciales que conocieron el proceso; (5) hubo
un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela, teniendo en cuenta
que el accionante conoció sobre el trámite de la acción de tutela el 1 de octubre de
2025, fecha en la que la DIAN informó sobre las acciones afirmativas en
cumplimiento de la decisión tomada en sede de tutela.

34. Ahora bien, (6) en lo que respecta al presupuesto de subsidiariedad, es
preciso señalar que las decisiones adoptadas dentro de un trámite constitucional,
si bien en principio pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos ordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico, como las nulidades contempladas en el
artículo 133 del Código General del Proceso, en el caso concreto tales instrumentos
no resultan eficaces para garantizar de manera inmediata la protección de los
derechos fundamentales, comoquiera que las órdenes dadas en las sentencias de
tutelas están siendo objeto de cumplimiento e incluso en sede de desacato.

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35. Lo anterior obedece a que, en el presente caso, supeditar la defensa de los
derechos fundamentales a la interposición de una nulidad procesal, cuyo trámite y
resolución podrían prolongarse en el tiempo, implicaría desconocer tanto la
naturaleza preferente y sumaria de la tutela como la necesidad de asegurar una
protección pronta y efectiva de los derechos previamente mencionados.

36. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, la Sala estudiará el
fondo de la controversia.

Análisis de vulneración alegada

37. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

38. En criterio del accionante, tanto el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
como la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, al no haberlo vinculado dentro del
trámite de tutela radicado No. 11001-33-35-018-2025-00104-00/01, pese a ser parte
del personal vinculado en provisionalidad en el cargo objeto de controversia dentro
de dicho proceso.

39. Ahora bien, se observa que dentro de ese trámite la DIAN, mediante
informe, advirtió la necesidad de vincular a los servidores públicos en
provisionalidad, en atención a la posible afectación que podría generarse con la
provisión del empleo a través de la lista de elegibles, máxime cuando algunos de
ellos podían gozar de estabilidad reforzada. No obstante, el Juzgado 18
Administrativo de Bogotá consideró que dicha vinculación no era necesaria, dado
que los derechos de los empleados provisionales debían ceder frente a los derechos
de quienes integraban la lista de elegibles. Sin perjuicio de ello, en la decisión
dispuso que la DIAN adoptara acciones afirmativas en favor del personal provisional
sujeto de especial protección constitucional, conforme a las reglas fijadas por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-424 de 2024. En esa providencia, la Corte
precisó que la entidad debía brindar un trato preferencial a dichos servidores,
procurando que (i) fueran los últimos en ser desvinculados y (ii) se les reubicara,
cuando fuera posible, en otros empleos de carrera o temporales dentro de la misma
entidad o en otras del mismo sector administrativo, siempre que cumplieran los
requisitos exigidos para el cargo.

40. A su turno, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de segunda instancia, señaló que
durante el trámite constitucional la señora Yesenia Paola Torres Polo solicitó la
nulidad de todo lo actuado, alegando que no había sido notificada del proceso pese
a tener interés como tercera, por ocupar en provisionalidad el cargo respecto del
cual se aplicaría la lista de elegibles. El tribunal, sin embargo, consideró que la
integración del contradictorio se había efectuado en debida forma, pues se dispuso

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la publicación tanto del auto admisorio como del escrito de tutela en la página web
de la DIAN, garantizando así su conocimiento general. Además, observó que la
peticionaria no acreditó suficientemente su interés legítimo, dado que no demostró
su condición de funcionaria vinculada en provisionalidad ni su retiro como
consecuencia del cumplimiento de la sentencia.

41. Adicionalmente, señaló que la existencia de una lista de elegibles
conformada en el marco del Proceso de Selección DIAN 2022 constituye una causa
objetiva y jurídicamente suficiente para justificar la desvinculación de quienes
ocupaban cargos en provisionalidad. En efecto, respaldó dicho argumento con base
en la Sentencia T-313 de 2024 de la Corte Constitucional en la que precisó que, si
bien la carrera administrativa es la regla general para el acceso al servicio público,
los nombramientos provisionales son válidos de manera excepcional, a fin de
garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, su naturaleza es esencialmente
transitoria y su duración se encuentra supeditada a la selección de funcionarios
mediante concurso de méritos.

42. Bajo ese contexto, la Sala advierte que no se trató de una actuación
arbitraria. En efecto, el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, en su fallo de primera
instancia, consideró que, aun sin vincular formalmente a quienes ocupaban los
cargos en provisionalidad, debía garantizarse la protección reforzada de aquellos
sujetos de especial protección constitucional, conforme a los parámetros fijados en
la Sentencia T-424 de 2024. Por su parte, el Tribunal, al ejercer el control sobre la
debida conformación del contradictorio, reiteró que la existencia de la lista de
elegibles constituía una causa objetiva y jurídicamente suficiente para la
desvinculación de los empleados provisionales, atendiendo a lo precisado en la
Sentencia T-313 de 2024 acerca del carácter temporal de dicha modalidad de
vinculación.

43. En consecuencia, del análisis de las decisiones proferidas dentro del trámite
de tutela se concluye que, pese a no haber sido vinculado el hoy accionante, no se
evidencia vulneración alguna de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso o al acceso a la administración de justicia. Ello, por cuanto las
autoridades judiciales justificaron la decisión de no incluir en el contradictorio a los
empleados provisionales, en tanto se garantizó su estabilidad relativa, también
denominada protección intermedia, conforme a la cual solo pueden ser
desvinculados por causas legales, tales como la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias, la desaparición de la causa que originó la vacancia
o la provisión del cargo en propiedad mediante concurso de méritos. Además, en el
trámite de tutela se reconoció el trato preferencial que la jurisprudencia
constitucional ha dispuesto para los sujetos de especial protección, como madres o
padres cabeza de familia, personas próximas a pensionarse o quienes se
encuentren en situación de discapacidad o debilidad manifiesta por enfermedad.

44. Dicha situación cobra mayor relevancia en la medida en que el accionante
aportó Oficio de 1 de octubre de 2025, mediante el cual la DIAN le informó sobre las
decisiones adoptadas en sede de tutela y la implementación del uso de las listas de

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elegibles para proveer las vacantes del cargo de gestor l, código 301, grado 1, lo
que implicaba el eventual nombramiento de nuevos servidores en empleos que
hasta ese momento eran desempeñados por funcionarios en encargo o en
provisionalidad. Sin embargo, también se advierte que, en cumplimiento de la
jurisprudencia constitucional señalada por las autoridades judiciales, la entidad
solicitó a dichos servidores que informaran si pertenecían a alguna de las categorías
de especial protección, tales como madre o padre cabeza de familia, persona en
condición de discapacidad, próxima a pensionarse, en estado de embarazo, con
enfermedad catastrófica o de alto costo, o amparada por fuero sindical, con el fin de
garantizar la observancia del principio de estabilidad laboral reforzada y la aplicación
preferente de las medidas de protección a poblaciones vulnerables en el marco de
los procesos de provisión definitiva de cargos públicos.

45. Lo anterior, en razón a que dentro de las órdenes impartidas por las
autoridades judiciales se incluyó la adopción de acciones afirmativas en favor del
personal en provisionalidad sujeto de especial protección constitucional. Esta
orientación resulta coherente con las reglas jurisprudenciales que buscan
armonizar: (i) la prevalencia del mérito como criterio rector para el acceso a la
carrera administrativa; (ii) el reconocimiento de que el trato preferencial no otorga
un derecho a la permanencia indefinida en el cargo provisional, cuya duración se
mantiene hasta la provisión definitiva mediante concurso o hasta que su
desvinculación cumpla los requisitos constitucionales; (iii) la obligación de la entidad
nominadora de adoptar medidas afirmativas a favor de los sujetos de especial
protección, tales como garantizar que sean los últimos en ser desvinculados y
procurar, cuando sea posible, su reubicación en cargos vacantes equivalentes; (iv)
la exigencia de acreditar la situación de vulnerabilidad o especial protección al
momento de la desvinculación y del eventual nombramiento, y (v) la imposibilidad
de efectuar nuevas vinculaciones cuando exista una persona con mejor derecho por
haber superado un concurso público, salvo que surjan nuevas vacantes que
permitan hacerlo4.

46. En conjunto, del análisis de las decisiones proferidas por el Juzgado 18
Administrativo de Bogotá y por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en armonía con las reglas jurisprudenciales
fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias T-313 de 2024 y T-424 de 2024,
se advierte que la actuación judicial estuvo plenamente ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, mientras el juzgado valoró que los
derechos de los empleados provisionales debían ceder frente al derecho prevalente
de quienes integraban la lista de elegibles, sin desconocer la obligación de adoptar
acciones afirmativas a favor de quienes fueran sujetos de especial protección, el
tribunal, al confirmar dicha decisión, verificó la debida conformación del
contradictorio. A su vez, las referidas sentencias constitucionales reforzaron el
entendimiento de que la carrera administrativa y el mérito son la regla general, y
que la vinculación en provisionalidad tiene un carácter excepcional y transitorio, sin
que de ella derive un derecho a la permanencia indefinida. Bajo este marco, la no

4
Corte Constitucional, Sentencia T-313 de 2024.

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vinculación del accionante dentro del trámite de tutela no comportó una afectación
material de sus derechos fundamentales, pues la decisión judicial respondió a
criterios objetivos y se garantizó, incluso de manera indirecta, la protección
intermedia que ampara a los servidores provisionales, así como la adopción de
medidas afirmativas en favor de quienes acrediten especial vulnerabilidad.

47. Sobre el particular, no puede perderse de vista que, en Sentencia de 8 de
agosto de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-03162-00 y acumulados, esta
Subsección, al estudiar un caso con identidad fáctica y jurídica, sostuvo:

«58. En este contexto, es evidente que los servidores públicos en provisionalidad no
tienen injerencia en los debates centrados en la aplicación de la lista de elegibles para
la provisión de cargos de carrera, pues este tipo de nombramiento constituye una
medida temporal excepcional, cuya estabilidad relativa cede frente al derecho
preferente de quienes superan el concurso.
[…]
61. En conclusión, esta Sala de Subsección estima que las autoridades judiciales
accionadas no incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna, estabilidad
laboral reforzada al no vincular a las acciones de tutela en cuestión a los servidores
públicos que desempeñaban en provisionalidad el cargo Gestor I, Código 301, Grado
1, debido a que el debate constitucional se centró exclusivamente en la aplicación o no
de la lista de elegibles, un mecanismo que se deriva del mérito y que, por lo tanto,
excluye a los servidores en provisionalidad, quienes, de forma individual podrán alegar
situaciones especiales de estabilidad reforzada que no se invocaron ni advirtieron en
esta instancia, pero que de todas maneras no son plenamente oponibles al derecho
que le asiste a las personas que superaron el concurso de méritos.

62. En otras palabras, el debate jurídico en las acciones de tutelas censuradas
involucra a las personas que hacen parte de la lista de elegibles, a la entidad que realizó
el concurso y a la entidad nominadora, aspecto totalmente diferente del que pueda
generarse entre esta última y las personas que ocupaban los cargos en provisionalidad,
en caso de que aleguen situaciones especiales de estabilidad laboral reforzada,
quienes además podrán hacer uso, si a bien lo tienen, del medio de control respectivo
para atacar el acto administrativo particular de una eventual desvinculación.»

Conclusión

48. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no encontrarse acreditado
que el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hayan incurrido en alguna
actuación que se pudiera catalogar como violatoria a los derechos fundamentales
de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC y a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacional – DIAN, conforme a la parte motiva de esta providencia.

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Demandante: Óscar Mauricio Mora Suárez

SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Óscar Mauricio Mora
Suárez, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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