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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01483-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01483-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN. SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Pablo Antonio Velandia Meneses. TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01483-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01483-00
Demandante: Pablo Antonio Velandia Meneses
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Temas: Tutela contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores a la
sentencia. Vinculación en el trámite de tutela como tercero
interesado. Cargo en provisionalidad. Concurso de méritos.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Pablo Antonio Velandia Meneses
contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 14 Administrativo de
Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 25 de febrero de 2026, la parte actora presentó una acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, el cual fue presuntamente transgredido por el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga, dentro del trámite de
acción de tutela No. 68001-33-33-014-2025-00034-00/01.

2. A título de amparo, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado
dentro del mencionado proceso a partir del auto admisorio, se ordene su vinculación
en el trámite y se disponga a proferir un nuevo fallo de tutela garantizando el derecho
al debido proceso (defensa y contradicción).

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) adelantó un concurso de
méritos para proveer empleos del sistema específico de carrera administrativa de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4. En el marco de dicho concurso, se expidió la Resolución No. 7480 de 12 de
marzo de 2024, mediante la cual se conformó la lista de elegibles para el empleo de
gestor I - OPEC No. 198476 y, además, se estableció expresamente que sería
utilizada única y exclusivamente para las vacantes ofertadas en la respectiva
convocatoria.

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5. La parte actora afirmó que se desempeñaba desde hacía más de 15 años
en el cargo de gestor I, en una vacante que no fue ofertada dentro del proceso de
selección adelantado por la CNSC.

6. Indicó que la señora Mariela Gutiérrez Bautista interpuso acción de tutela
contra la DIAN y la CNSC, «con el propósito de ser nombrada con fundamento en
la lista de elegibles, pese a ocupar el puesto 315 en la misma».

7. El 28 de febrero de 2025, el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga
amparó los derechos fundamentales al acceso a cargos públicos por mérito,
igualdad, trabajo y debido proceso. Ordenó a la DIAN iniciar los trámites necesarios
para hacer uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 7480 de 12
de marzo de 2024, teniendo en cuenta aquellos empleos ocupados por personas
con estabilidad laboral reforzada o en situación de debilidad manifiesta, conforme al
ordenamiento jurídico vigente tras considerar que no existía una justificación
constitucional válida para abstenerse de utilizar dicha lista en la provisión de las
vacantes del concurso.

8. Dicha providencia fue impugnada por Juan Sebastián Oviedo García, quien
sostuvo que no resultaba procedente hacer uso de la lista de elegibles contenida en
la referida resolución para proveer las vacantes creadas mediante el Decreto 419
de 2023. Argumentó que el parágrafo transitorio del artículo 36 de dicho decreto
impedía emplear dichas listas para reemplazar a quienes ocupaban los cargos en
encargo o en provisionalidad.

9. El 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
Sentencia de 28 de febrero de 2025. Concluyó que el artículo 6 de la Ley 1960 de
2019 establecía que las listas de elegibles elaboradas por la CNSC debían ser
utilizadas no solo para proveer las vacantes inicialmente convocadas, sino también
aquellas equivalentes que surgieran con posterioridad. Señaló que no se
evidenciaba una justificación presupuestal válida, en tanto los empleos cuya
provisión se reclamaba existían dentro de la planta de personal de la entidad y
estaban siendo desempeñados en provisionalidad o en encargo. Estimó que existía
apropiación presupuestal suficiente para cubrir los emolumentos salariales
correspondientes, descartando así cualquier impedimento de naturaleza fiscal que
justificara la negativa en el uso de la lista de elegible.

10. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
autoridades judiciales incurrieron en un defecto procedimental absoluto durante el
trámite de la acción de tutela, en la medida en que no fue vinculado ni notificado,
pese a ostentar un interés directo y legítimo en el asunto. Afirmó que la decisión
adoptada afectaba de manera inmediata su situación jurídica, al poner en riesgo la
permanencia en el cargo que venía desempeñando.

11. Indicó que solo tuvo conocimiento de la existencia de la acción de tutela
cuando le fue notificado el acto administrativo de desvinculación, expedido en

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cumplimiento de un fallo de tutela ya ejecutoriado. Sostuvo que la omisión en su
vinculación y notificación le impidió ejercer oportunamente sus derechos de
defensa, contradicción e impugnación dentro del trámite constitucional.

Intervenciones1

12. Sara Yuliana González Álvarez2, Laura Marcela Pinto Molinares3, María
Camila Parrado Vargas4, Oscar Andrés Novoa Chala5, Santiago Roldán Montoya6,
Sandra Paola Velandia Monsalve7, Lida María Rodríguez Montero8, José Nelson
Álzate Ríos9, Camilo Andrés Rey Soler10, Bridget Marcela Ramírez Zambrano11,
Luisa Fernanda Medina Sánchez12 y Laura Castaño Quintero13 manifestaron, en
escritos separados, su oposición a la acción de tutela y, en consecuencia, solicitaron
que se negaran las pretensiones del hoy accionante.

13. Sostuvieron que el Consejo de Estado emitió, en reiteradas oportunidades,
pronunciamientos frente a situaciones análogas, en los que determinó que los
servidores públicos vinculados en provisionalidad no tenían injerencia en los
debates relacionados con la aplicación de listas de elegibles para la provisión de
cargos de carrera, por cuanto este tipo de nombramiento constituía una medida
temporal y excepcional, cuya estabilidad relativa cedía frente al derecho preferente
de quienes superaban el concurso de méritos.

14. Afirmaron que los servidores en provisionalidad que serían desvinculados
con el ingreso de los elegibles contaron con la oportunidad procesal para
pronunciarse, mediante la interposición del recurso de reposición contra el acto
administrativo que dispuso su desvinculación. Consideraron que pretender reabrir
el debate a través de una nueva acción de tutela implicaba desconocer la firmeza
de las decisiones adoptadas y el carácter prevalente del mérito como regla
estructural de acceso y permanencia en los cargos de carrera administrativa.

15. Indicaron que la acción de tutela no cumplía con los requisitos de
procedibilidad de subsidiariedad e inmediatez, por cuanto existían mecanismos
ordinarios idóneos para ventilar la controversia. Señalaron que la solicitud de
amparo no fue presentada dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del fallo

1 Mediante Auto de 27 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal

Administrativo de Santander y el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y, se vinculó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), a la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Mariela Gutiérrez
Bautista, Darwin Cifuentes Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo Corrales Figueroa y Pablo
Alfonso Prada Flórez.
2 Índice 12, aplicativo SAMAI.
3 Índice 13, aplicativo SAMAI.
4 Índice 14, aplicativo SAMAI.
5 Índice 15, aplicativo SAMAI.
6 Índice 16, aplicativo SAMAI.
7 Índice 17, aplicativo SAMAI.
8 Índice 18, aplicativo SAMAI.
9 Índice 19, aplicativo SAMAI.
10 Índice 20, aplicativo SAMAI.
11 Índice 21, aplicativo SAMAI.
12 Índice 22, aplicativo SAMAI.
13 Índice 27, aplicativo SAMAI.

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de segunda instancia, con lo cual se superaba el término razonable exigido para su
interposición.

16. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se desestimaran las
pretensiones de la acción de tutela, ya que no se configuraba ninguno de los
defectos alegados por la parte actora ni se evidenciaban irregularidades en la
providencia de segunda instancia cuestionada. Indicó que no había desplegado
actuación alguna que implicara la vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Por el contrario, sostuvo que la decisión adoptada respetó plenamente
las garantías del debido proceso de las partes involucradas.

17. El Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga adujo que desconocía los
hechos narrados por el accionante en su condición de servidor público vinculado en
provisionalidad en la DIAN, así como cualquier situación relacionada con el
reconocimiento de sus derechos, dado que tales aspectos no fueron objeto de litigio
dentro del trámite de tutela (2025-00034-00).

18. Concluyó que no se configuraba identidad procesal entre el fallo de tutela
proferido y la presente acción, ni se acreditaba una situación de fraude, presupuesto
que resultaba necesario para habilitar su estudio.

19. Mariela Gutiérrez Bautista solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela por configurarse la cosa juzgada constitucional y por no acreditarse
ninguno de los presupuestos excepcionales que habilitara la procedencia de la
tutela contra providencias de la misma naturaleza. De manera subsidiaria, pidió que
se negaran las pretensiones, en la medida en que no se evidenciaba vulneración
actual de derechos fundamentales ni la configuración de fraude procesal o defecto
estructural alguno.

20. Solicitó la acumulación de la presente acción de tutela con otras
previamente decididas por el Consejo de Estado, relacionadas con fallos que
ordenaron el uso de listas de elegibles en la DIAN, tras considerar que existía
identidad de objeto, de causa jurídica y de decisiones judiciales cuestionadas.

21. En todo caso, recordó que dicha corporación reiteró que el objeto de esos
fallos no versaba sobre la situación jurídica particular de los servidores en
provisionalidad, sino sobre la obligación institucional de aplicar las listas de
elegibles. Concluyó que la alegada falta de vinculación no constituía una
irregularidad estructural ni configuraba cosa juzgada fraudulenta que permitiera
reabrir el debate constitucional.

22. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público alegó la legitimación en la causa
por pasiva y, en consecuencia, pidió su desvinculación del trámite tras no encontrar
ninguna conducta en la que se le pudiera atribuir responsabilidad o se pudiera
determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, máxime
cuando las funciones que desempeña se circunscribían a la formulación,

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programación y seguimiento del presupuesto general de la Nación, sin facultad
alguna para intervenir en los actos administrativos o judiciales que dieron origen al
debate, por tanto, afirmó que no existía acto, decisión u omisión que configurara la
vulneración o amenaza al debido proceso de la parte actora.

23. La DIAN manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, en
tanto la controversia no se originaba en una decisión autónoma de la entidad, sino
en actuaciones procesales surtidas en el marco de una acción de tutela tramitada
ante el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander.

24. Advirtió que la jurisprudencia constitucional fue consistente en señalar que
los nombramientos en provisionalidad tenían una naturaleza precaria y no
generaban un derecho de estabilidad absoluta. Sostuvo que el nombramiento de los
elegibles que superaron el concurso de méritos obedeció al cumplimiento del
principio de mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución y a las
directrices de la CNSC, sin que ello implicara vulneración alguna de derechos
fundamentales.

25. La CNSC indicó que se configuraba la falta de legitimación en la causa por
pasiva y, por ende, solicitó su desvinculación del trámite, comoquiera que carecía
de competencia para adelantar actuaciones administrativas relacionadas con la
vinculación o desvinculación de servidores nombrados en período de prueba,
facultad que correspondía exclusivamente a la DIAN. Señaló que las pretensiones
del accionante se orientaban a dejar sin efectos un fallo de tutela proferido por el
Tribunal Administrativo de Santander.

26. Darwin Cifuentes Ballesteros, David Elías Castellón Beltrán, Luis Eduardo
Corrales Figueroa y Pablo Alfonso Prada Flórez, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

28. En su intervención, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la CNSC y
la DIAN solicitaron que se desvincularan del presente trámite constitucional, al
considerar que no eran las entidades competentes para atender las pretensiones
de la acción de tutela. Al respecto, la Sala negará la solicitud de desvinculación

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comoquiera que el resultado de la controversia podría ser de su interés, teniendo
en cuenta que fueron parte dentro del proceso de tutela No. 68001-33-33-014-2025-
00034-00/01.

29. La Sala advierte que para efectos metodológicos y en razón a que la
presente acción de tutela va dirigida, principalmente, a que se declare la nulidad de
todo lo actuado a partir del auto admisorio dentro de un proceso de tutela 14, con
ocasión a la falta de vinculación, en dicho trámite, del hoy accionante, como tercero
con interés en el proceso, por ocupar el cargo en provisionalidad de gestor I con
OPEC No. 198476, se analizarán los requisitos de procedibilidad conforme a las
reglas establecidas en la Sentencia SU-627 de 2015 proferida por la Corte
Constitucional15.

30. Por consiguiente, la Sala verificará, en primer lugar, si en el caso concreto
se configura esta regla excepcional, esto es, si (i) la actuación cuestionada acaeció
con anterioridad a la sentencia, (ii) si existió una omisión en la vinculación de un
tercero con interés legítimo, y (iii) si se satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, a fin de establecer si resulta procedente el
estudio de fondo de la presente solicitud de amparo.

Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se configura la
regla excepcional de procedencia de la acción de tutela contra tutela, el Juzgado 14
Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander
vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de Pablo Antonio Velandia
Meneses, al no haberlo vinculado en el trámite de tutela como tercero con interés
en el proceso.

14 Radicado: 68001-33-33-014-2025-00034-00/01.
15 «4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se

debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede
el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se
debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir
con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de
tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional.»

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Procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra tutela por falta de
vinculación de tercero con interés

32. La presente acción de tutela sí cumplió con los requisitos establecidos por
la Corte Constitucional, toda vez que (1) la actuación cuestionada acaeció con
anterioridad a la Sentencia de 10 de abril de 2025 [vinculación al proceso]; (2)
presuntamente existió una omisión en la vinculación de un tercero con interés
directo por cuanto el hoy accionante acreditó que desempeñaba el cargo en
provisionalidad de gestor I, código 301, grado 1 de la DIAN, cargo que fue objeto de
controversia en dicho trámite; (3) se orientó a lograr el amparo del derecho
fundamental al debido proceso; (4) se encuentra satisfecha la legitimación en la
causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora alego que
tenía la calidad de tercero con interés en la acción de tutela y, por el otro, el Juzgado
14 Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander eran
las autoridades judiciales que conocieron el proceso; (5) hubo un plazo razonable
en la presentación de la acción de tutela, teniendo en cuenta que el accionante
conoció sobre el trámite de la acción de tutela el 14 de noviembre de 2025, fecha
en la que la DIAN expidió la Resolución No. 12914 de 31 de octubre de 2025
mediante la cual dio cumplimiento al fallo de tutela, se efectuó un nombramiento en
período de prueba y se terminó el nombramiento provisional del hoy accionante.

33. Ahora bien, (6) en lo que respecta al presupuesto de subsidiariedad, es
preciso señalar que las decisiones adoptadas dentro de un trámite constitucional, si
bien en principio pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos ordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico, como las nulidades contempladas en el
artículo 133 del Código General del Proceso, en el caso concreto tales instrumentos
no resultan eficaces para garantizar de manera inmediata la protección de los
derechos fundamentales, dado que las órdenes dadas en las sentencias de tutelas
están siendo objeto de cumplimiento e incluso en sede de desacato.

34. Lo anterior obedece a que, en el presente caso, supeditar la defensa de los
derechos fundamentales a la interposición de una nulidad procesal, cuyo trámite y
resolución podrían prolongarse en el tiempo, implicaría desconocer tanto la
naturaleza preferente y sumaria de la tutela como la necesidad de asegurar una
protección pronta y efectiva de los derechos previamente mencionados.

35. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de vulneración alegada

36. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

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37. En criterio del accionante, el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y
el Tribunal Administrativo de Santander vulneraron su derecho fundamental al
debido proceso, al no haberlo vinculado dentro del trámite de tutela No. 68001-33-
33-014-2025-00034-00/01, pese a ostentar la calidad de servidor vinculado en
provisionalidad en el cargo objeto de controversia dentro de dicho proceso.

38. A su turno, el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de
segunda instancia, señaló que la existencia de una lista de elegibles conformada en
el marco del Proceso de Selección DIAN 2022 constituía una causa objetiva y
jurídicamente suficiente para justificar la desvinculación de quienes ocupaban
cargos en provisionalidad, máxime cuando existía apropiación presupuestal
suficiente para cubrir los salarios derivados del nombramiento en carrera de dichos
empleos.

39. Adicionalmente, sostuvo que se evidenciaba la inobservancia de lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, que modifica la Ley 909 de 2004,
en cuanto establece que las listas de elegibles elaboradas por la CNSC deben ser
utilizadas no solo para la provisión de las vacantes inicialmente convocadas, sino
también para aquellas equivalentes que surjan con posterioridad. De igual manera,
advirtió que el Acuerdo No. 19 de 2024, expedido por la CNSC, imponía la
obligación de reportar tanto las novedades relacionadas con las listas de elegibles
como las nuevas vacantes que se generen del mismo empleo o de uno equivalente.

40. Bajo ese contexto, la Sala advierte que no se trató de una actuación
arbitraria. En efecto, el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga, en su fallo de
primera instancia, consideró que no existía razón constitucional válida para
abstenerse de hacer uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución No.
7480 de 12 de marzo de 2024, razón por la cual ordenó su utilización con el
propósito de proveer las vacantes creadas. No obstante, precisó que debían tenerse
en cuenta aquellos empleos ocupados por sujetos con estabilidad laboral reforzada
o en situación de debilidad manifiesta, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

41. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó dicha
decisión y la complementó en lo relativo a la disponibilidad presupuestal, al señalar
que los empleos cuya provisión se reclamaba existían dentro de la planta de
personal de la entidad y estaban siendo desempeñados bajo las modalidades de
provisionalidad o encargo. En ese sentido, concluyó que existía apropiación
presupuestal suficiente para cubrir los emolumentos salariales derivados del
ejercicio de dichos cargos, descartándose así cualquier impedimento de naturaleza
fiscal que justificara la negativa de la entidad a hacer uso de la lista de elegibles
vigente.

42. En consecuencia, del análisis de las decisiones proferidas dentro del trámite
de tutela se concluye que, pese a no haber sido vinculado el hoy accionante, no se
evidencia vulneración alguna de su derecho fundamental al debido proceso. Lo
anterior, por cuanto las autoridades judiciales justificaron su decisión en la garantía

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del uso de la lista de elegibles en estricto orden de mérito y, si bien no efectuaron
un pronunciamiento expreso sobre la estabilidad relativa, también denominada
protección intermedia, de quienes se encontraban en provisionalidad, sí advirtieron
que, al momento de proveer las vacantes, debían considerarse los sujetos de
especial protección, tales como madres o padres cabeza de familia, personas
próximas a pensionarse o quienes se encontraran en situación de discapacidad o
debilidad manifiesta por enfermedad.

43. Esta conclusión cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el
accionante aportó la Resolución No. 12914 de 31 de octubre de 2025, mediante la
cual la DIAN dio por terminado su nombramiento en provisionalidad. De dicho acto
administrativo se evidenció que, una vez revisados los documentos aportados y
realizadas las consultas pertinentes, se concluyó que el señor Velandia Meneses
no acreditaba la condición de padre cabeza de familia, dado que declaró tener
sociedad conyugal vigente, sin que se evidenciara una deficiencia sustancial de
apoyo por parte de otros miembros del núcleo familiar. En consecuencia, no acreditó
la condición alegada. Lo anterior, en el marco del requerimiento efectuado para que,
en caso de encontrarse amparado por alguna condición de protección laboral
especial, remitiera los soportes correspondientes.

44. Dicha situación guarda relación directa con la orden impartida por el
Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga, consistente en tener en cuenta la
eventual existencia de estabilidad laboral reforzada o de situaciones de debilidad
manifiesta respecto de los servidores que se desempeñaban en provisionalidad.

45. En conjunto, del análisis de las decisiones proferidas por el Juzgado 14
Administrativo de Bucaramanga y por el Tribunal Administrativo de Santander, en
armonía con las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en las
sentencias T-313 de 2024 y T-424 de 2024, se advierte que la actuación judicial
estuvo plenamente ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en
la medida que buscan armonizar: (i) la prevalencia del mérito como criterio rector
para el acceso a la carrera administrativa; (ii) el reconocimiento de que el trato
preferencial no otorga un derecho a la permanencia indefinida en el cargo
provisional, cuya duración se mantiene hasta la provisión definitiva mediante
concurso o hasta que su desvinculación cumpla los requisitos constitucionales; (iii)
la obligación de la entidad nominadora de adoptar medidas afirmativas a favor de
los sujetos de especial protección, tales como garantizar que sean los últimos en
ser desvinculados y procurar, cuando sea posible, su reubicación en cargos
vacantes equivalentes; (iv) la exigencia de acreditar la situación de vulnerabilidad o
especial protección al momento de la desvinculación y del eventual nombramiento,
y (v) la imposibilidad de efectuar nuevas vinculaciones cuando exista una persona
con mejor derecho por haber superado un concurso público, salvo que surjan
nuevas vacantes que permitan hacerlo.

46. A su vez, es necesario recordar que dichas sentencias constitucionales
reforzaron el entendimiento de que la carrera administrativa y el mérito son la regla

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general, y que la vinculación en provisionalidad tiene un carácter excepcional y
transitorio, sin que de ella derive un derecho a la permanencia indefinida. Bajo este
marco, la no vinculación del accionante dentro del trámite de tutela no comportó una
afectación material de sus derechos fundamentales, pues la decisión judicial
respondió a criterios objetivos y se garantizó, incluso de manera indirecta, la
protección intermedia que ampara a los servidores provisionales, así como la
adopción de medidas afirmativas en favor de quienes acrediten especial
vulnerabilidad.

47. Sobre el particular, no puede perderse de vista que, en Sentencia de 8 de
agosto de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-03162-00 y acumulados, esta
Subsección, al estudiar un caso con identidad fáctica y jurídica, sostuvo:

«58. En este contexto, es evidente que los servidores públicos en provisionalidad no
tienen injerencia en los debates centrados en la aplicación de la lista de elegibles para
la provisión de cargos de carrera, pues este tipo de nombramiento constituye una
medida temporal excepcional, cuya estabilidad relativa cede frente al derecho
preferente de quienes superan el concurso.
[…]
61. En conclusión, esta Sala de Subsección estima que las autoridades judiciales
accionadas no incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, trabajo, vida digna, estabilidad
laboral reforzada al no vincular a las acciones de tutela en cuestión a los servidores
públicos que desempeñaban en provisionalidad el cargo Gestor I, Código 301, Grado
1, debido a que el debate constitucional se centró exclusivamente en la aplicación o no
de la lista de elegibles, un mecanismo que se deriva del mérito y que, por lo tanto,
excluye a los servidores en provisionalidad, quienes, de forma individual podrán alegar
situaciones especiales de estabilidad reforzada que no se invocaron ni advirtieron en
esta instancia, pero que de todas maneras no son plenamente oponibles al derecho
que le asiste a las personas que superaron el concurso de méritos.

62. En otras palabras, el debate jurídico en las acciones de tutelas censuradas
involucra a las personas que hacen parte de la lista de elegibles, a la entidad que realizó
el concurso y a la entidad nominadora, aspecto totalmente diferente del que pueda
generarse entre esta última y las personas que ocupaban los cargos en provisionalidad,
en caso de que aleguen situaciones especiales de estabilidad laboral reforzada,
quienes además podrán hacer uso, si a bien lo tienen, del medio de control respectivo
para atacar el acto administrativo particular de una eventual desvinculación.»

Conclusión

48. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no encontrarse acreditado
que el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander hayan incurrido en alguna actuación que se pudiera catalogar como
violatoria al derecho fundamental de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01483-00
Demandante: Pablo Antonio Velandia Meneses

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN.

SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Pablo Antonio Velandia
Meneses.

TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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