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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01426-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01426-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado 2 Administrativo de Pasto. SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Luis Gonzalo Villota Quenan, por las razones anteriormente expuestas. TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01426-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, DC, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01426-00
Demandante: Luis Gonzalo Villota Quenan
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Accidente
de tránsito. Vehículo oficial. Régimen de imputación

Decisión: Niega el derecho al amparo

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis
Gonzalo Villota Quenan contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 24 de febrero de 2026, Luis Gonzalo Villota Quenan presentó una acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y reparación
integral, con ocasión de la Sentencia de 5 de septiembre de 2025 proferida en el
proceso de reparación directa No. 52001-33-33-002-2021-00156-011.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se dejara sin efectos la
mencionada providencia y, en su lugar, se profiriera una decisión de remplazo en
donde se valoraran de manera integral y razonable las pruebas, y se aplicara el
régimen de responsabilidad objetiva, derivado de la operación de un vehículo oficial
en desarrollo de funciones propias del Estado.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, el accionante señaló que, el
23 de julio de 2020, en la ciudad de Pasto, una ambulancia al servicio del Ejército
Nacional se pasó un semáforo en rojo e impactó un taxi de propiedad de María
Teresa Villota Quenan y suyo. Como consecuencia del accidente el taxi sufrió daño
estructural y su conductor tuvo lesiones que le impidieron trabajar por varios meses.

4. Por lo anterior, el 28 de septiembre de 2021, Segundo Javier Ortiz
Miramag2, Luis Gonzalo Villota Quenan y María Teresa Villota Quenan presentaron
demanda de reparación directa3 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, con el propósito de obtener el pago de perjuicios
materiales e inmateriales derivados del accidente.

1 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 22 de septiembre de 2025.
2 Conductor del vehículo al momento del accidente.
3 El proceso fue asignado al Juzgado 2 Administrativo de Pasto con radicado No. 52001-33-33-002-2021-

00156-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01426-00
Demandante: Luis Gonzalo Villota Quenan

5. Mediante Sentencia del 24 de enero de 2025, el Juzgado 2 Administrativo
de Pasto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda4. Para ello,
determinó que, aunque se trata de una actividad de alto riesgo, el daño se produjo
por una falla en el servicio del conductor militar, quien no acató lo dispuesto en el
artículo 118 del Código Nacional de Tránsito.

6. Inconforme con la decisión, las partes presentaron recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia. Por un lado, la parte demandante sostuvo
que debieron reconocerse perjuicios morales y daño emergente, en atención al
sufrimiento físico y psicológico padecido con ocasión del accidente. Mientras que el
Ejército Nacional cuestionó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, al afirmar que no era cierto que el vehículo oficial se
desplazara con las sirenas apagadas o que hubiera desconocido las señales de
tránsito. Por el contrario, señaló que los demás vehículos cedieron el paso, con
excepción del taxi involucrado en el accidente.

7. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante Sentencia del 5 de
septiembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia. Señaló que no existían
elementos probatorios suficientes que permitieran establecer con claridad las
circunstancias del accidente ni determinar su causante. En particular, indicó que si
bien se anunció la existencia de un video del accidente, este no fue aportado en la
oportunidad procesal correspondiente. Además, el informe policial de accidente de
tránsito (IPAT) no contenía una hipótesis de fondo relacionada con las
circunstancias en que ocurrieron los hechos y el testigo Julio Andrés Álvarez Melo
no ofreció la precisión necesaria.

8. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la Sentencia del 5 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en
defecto factico debido a una valoración inadecuada del material probatorio,
especialmente, del IPAT, el testimonio de Julio Andrés Álvarez Melo y el video del
accidente, pues dichas pruebas resultaban suficientes para acreditar la
responsabilidad del Estado.

9. Asimismo, manifestó que se desconoció el precedente en materia de
accidentes de tránsito ocasionados por vehículos oficiales en los que se ha
reconocido la procedencia del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo
excepcional. Citó las Sentencias del Consejo de Estado de 3 de diciembre de 2014,
Rad. 25000-23-26-000-2001-02341-01; 28 de agosto de 2019, Rad. 25000-23-26-
000-2010-00347-01; y 15 de septiembre de 2022, Rad. 25000-23-26-000-2016-
00321-01, así como la Sentencia SU-373 de 2019 de la Corte Constitucional.

Intervenciones5

10. El Ejército Nacional indicó que la sentencia atacada no vulneró derechos
fundamentales al accionante, ya que se respetó el debido proceso durante todo el
proceso. Agregó que las pruebas se valoraron conforme a la ley, por lo que solicitó
negar las pretensiones.

4 Condenó al Ejército Nacional a pagar en favor de los accionantes los perjuicios materiales y negó el
reconocimiento de los perjuicios inmateriales.
5 Mediante Auto de 26 de febrero de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal

Administrativo de Nariño y vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, al Juzgado
2 Administrativo de Pasto, a María Teresa Villota Quenan y a Segundo Javier Ortiz Miramag.

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Demandante: Luis Gonzalo Villota Quenan

11. El Juzgado 2 Administrativo de Pasto6 se pronunció frente a los hechos y
pretensiones invocadas por el accionante. Solicitó no conceder la acción de tutela
por cuanto la misma resulta improcedente o, en su defecto, desvincularlo del
proceso.

12. El Tribunal Administrativo de Nariño manifestó que con la decisión adoptada
no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, ya que no se acreditó
que la Administración hubiera sido la causante del daño alegado. En ese sentido,
citó varias sentencias del Consejo de Estado en donde se manifiesta que no es de
obligatorio aplicar a casos como este el régimen de responsabilidad objetiva por
riesgo excepcional. Por el contrario, cuando la actuación de la Administración sea
irregular, la imputación puede estructurarse bajo el régimen de falla probada del
servicio.

13. Concluyó que le corresponde al juez, a partir de un análisis de imputación
objetiva determinar en cada caso el régimen de responsabilidad a aplicable. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

14. María Teresa Villota Quenan y Segundo Javier Ortiz Miramag no se
pronunciaron, pese a haber sido notificados.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

16. La Sala estudiará la presunta vulneración al debido proceso, ya que este se
ajusta de manera más precisa frente a los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente alegados por el accionante. Además, dicho derecho comprende las
garantías de acceso a la administración de justicia y de reparación integral de los
daños que el actor afirma haber sufrido. En el evento en el que se advierta la
vulneración al primero de los derechos antes mencionados, existirán razones
suficientes para conceder el amparo solicitado.

17. Asimismo, será negada la solicitud de desvinculación presentada por el
Juzgado 2 Administrativo de Pasto, dado que dicha autoridad judicial actuó como
juez de primera instancia dentro del proceso de reparación directa No. 52001-33-
33-002-2021-00156-00/01.

6 Adjunto el enlace del proceso.

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Demandante: Luis Gonzalo Villota Quenan

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Nariño vulneró el derecho fundamental al debido proceso
del actor, al incurrir presuntamente en un defecto fáctico y/o en el desconocimiento
del precedente judicial, al valorar el acervo probatorio y definir el régimen de
imputación en el proceso de reparación directa.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La Sala declarará procedente la acción de tutela dado que: (1) posee
relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centró en la posible
vulneración del derecho al debido proceso, no se trata de un asunto de mera
legalidad o eminentemente económico y los reparos fueron dirigidos concretamente
contra la decisión de segundo grado en el marco del proceso ordinario; (2) se
encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto
que el accionante participó como demandante en el proceso ordinario y la decisión
objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño; (3)
se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los
recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (4) la
acción de tutela fue presentada el 24 de febrero de 2026, esto es, dentro del plazo
de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia enjuiciada7; (5) no se
alegó una irregularidad procesal; (6) los hechos y fundamentos en los que se basó
la presunta vulneración fueron identificados de manera razonable; y (7) la tutela no
fue interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.

20. Comoquiera que la acción de tutela de la referencia es procedente, se
estudiarán de fondo los reparos presentados contra la providencia enjuiciada.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

21. La Sala negará el amparo invocado por las razones que a continuación se
exponen:

22. Para analizar el defecto fáctico alegado, es preciso resaltar que, sobre los
elementos de juicio que la parte actora invocó como indebidamente valorados, el
Tribunal Administrativo de Nariño sostuvo:

«Es preciso [destacar] que, aunque en el escrito de la demanda se anunció que se
adjuntaba un video en el que estaba registrado el hecho, ese elemento no se anexó al
libelo inicial en las oportunidades probatorias legales.

Con la demanda se aportaron los documentos que dan cuenta de las condiciones
personales de los conductores de los dos vehículos y aquellos que dan cuenta de su
idoneidad para asumir esa actividad. También del transporte, en la ambulancia, del
paciente al que se refiere el Ejército Nacional.

No obstante, al proceso compareció por iniciativa de los demandantes el señor Julio
Andrés Álvarez Melo, quien informó que el 23 de julio de 2020 transitaba por un lugar
cercano a aquel en el que ocurrió el accidente (no concretó en qué parte se encontraba
y cuál era su posibilidad de mirar la colisión) percibió de manera presencial el choque
entre el taxi y la ambulancia adscrita a la entidad demandada.

7 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 22 de septiembre de 2025.

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Demandante: Luis Gonzalo Villota Quenan

Señaló que el vehículo de emergencia cruzó el semáforo en rojo, sin tener en cuenta
que los carros que transitaban por la intersección, incluido el taxi de placas SMM-148,
se encontraban en marcha porque el semáforo estaba en verde, lo cual causó que se
generara el accidente.

Mencionó que la ambulancia se desplazaba a alta velocidad y que no tenía encendida
la sirena ni otra señal que advirtiera de su presencia a los conductores o a los peatones.

La entidad accionada presentó también los documentos relacionados con la remisión
del paciente y el informe que presentó el conductor de la ambulancia.

No obstante, teniendo en cuenta que en el Informe Policial de Accidente de Tránsito
que se levantó en el sitio, en relación con los hechos que son objeto de este estudio se
plasmó en las “Observaciones: Hipótesis # 157. (OTRA) Por establecer ya que en la
intersección existe semáforo operación”, ni siquiera este elemento crea algún viso de
certeza sobre lo que realmente ocurrió, puesto que no es posible establecer cuál era el
flanco de la intersección que en ese momento tenía paso libre por efectos de la señal
verde del semáforo, si en la ambulancia se habían activado la sirena y las luces o una
de las dos, si alguno de los dos (2) vehículos que colisionaron bajó la velocidad, puesto
que según el testigo transitaban dos (2) taxis, pero uno de ellos si paró.

Es decir, puesto que lo que es objeto de análisis es el tratar de definir cuál fue la
circunstancia material que permitió que se concretara el riesgo, por la simultaneidad de
actividades peligrosas, teniendo en cuenta que no existe una prueba con la cual se
pudiera crear siquiera una mediana certeza sobre la forma en la que ocurrieron los
hechos, no es posible pretender una imputación de responsabilidad en contra del
Estado.

En efecto, aunque el informe oficial que presentó el conductor de la ambulancia es un
documento público que no se ha tachado de falso, su contenido es el objeto de la
controversia por los términos que se plasmaron en el libelo inicial, puesto que en él se
informa que se prendieron las luces y la sirena de la ambulancia, lo cual se controvierte
por los demandantes.

El informe policial no contiene una hipótesis de fondo relacionada con las
circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Por último, la falta de concreción y de detalles en la declaración del testigo tampoco
contribuyen a dilucidar cómo ocurrieron los hechos con los cuales se generó el daño,
o a cuál de los conductores se podría responsabilizar por ellos.

Esa ausencia de prueba sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho y sobre el
posible causante hacen imposible tener como demostrado el nexo causal, por lo que
mal podía el señor fallador de primer examen imponer ningún tipo de condena contra
la institución demandada».

23. De lo transcrito, la Sala no advierte que el tribunal haya incurrido en una
apreciación arbitraria o irrazonable de los elementos de juicio aportados al proceso.
Por el contrario, partiendo del análisis de las pruebas determinó que no era posible
establecer un nexo causal entre la conducta del agente del estado y el accidente, a
partir de lo cual concluyó que no podía imponerse ningún tipo de condena al Ejército
Nacional.

24. El tribunal efectuó un examen razonado del IPAT, el testimonio y el video, y
señaló que el informe no contenía una hipótesis sólida que permitiera evidenciar el
incumplimiento de normas de tránsito por parte del conductor de la ambulancia del
Ejército. Indicó, además, que el testimonio no fue concluyente y que el video del
accidente no se aportó oportunamente8. Con fundamento en ello, determinó que no
podía establecerse que la actividad estatal hubiera generado el daño.

8 El video fue aportado en el escrito de contestación de excepciones

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25. Conviene recordar que las autoridades judiciales actúan con independencia
y autonomía, y dentro de sus funciones se encuentra la valoración del acervo
probatorio recaudado en el proceso. En este contexto, la intervención del juez
constitucional solo resulta procedente cuando se evidencia un error manifiesto que
contraríe los principios de la sana crítica. El hecho de que la decisión adoptada por
el tribunal no coincida con las pretensiones de la parte accionante no implica, por sí
mismo, la configuración de un defecto fáctico, máxime cuando la interpretación
probatoria fue razonable y no se advierten omisiones ni yerros en su valoración.

26. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Nariño
efectuó una valoración razonable de los elementos probatorios y sustentó su
decisión en un análisis debidamente motivado. El simple desacuerdo de una de las
partes con el sentido del fallo no constituye, por sí solo, una irregularidad ni una
vulneración de derechos fundamentales.

27. Asimismo, es preciso recordar que el defecto fáctico no se configura por la
sola discrepancia probatoria, sino que exige una valoración ostensiblemente
irrazonable o caprichosa.

28. En relación con el presunto desconocimiento del precedente, no se advierte
la configuración de este. Los accionantes invocaron como desconocido el contenido
de la Sentencia de 3 de diciembre de 2014, Rad. 25000-23-26-000-2001-02341-019,
el cual no resulta aplicable al caso concreto, pues se fundamenta en supuestos
fácticos claramente diferentes, lo que impide su utilización como precedente para el
caso que aquí se estudia.

29. Si bien dicha providencia aborda la responsabilidad del Estado por
accidentes de tránsito en donde se encuentra involucrado un agente estatal, lo cierto
es que no existe un régimen único o predeterminado de responsabilidad aplicable a
este tipo de casos, por lo que corresponde al juez administrativo definir en cada
asunto el régimen de imputación aplicable, a partir de los hechos materiales de cada
uno.

30. En este sentido, se observa que el Tribunal Administrativo de Nariño analizó
el proceso de reparación directa bajo el régimen de imputación de falla en el
servicio, criterio que resulta válido, en tanto estos eventos no necesariamente deben
estudiarse de manera automática bajo un régimen de responsabilidad objetiva.

31. Así las cosas, aun cuando en determinados casos la jurisprudencia ha
admitido la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo
excepcional en eventos de accidentes de tránsito con vehículos oficiales, su
procedencia exige la acreditación mínima del nexo causal entre la actividad estatal
y el daño alegado. En el presente asunto, ante la imposibilidad de establecer con
certeza las circunstancias en las que ocurrió el accidente y la conducta determinante
de alguno de los intervinientes, se justificó que el juez natural del proceso haya
descartado cualquier tipo de imputación, incluso bajo el régimen objetivo.

9 Estudió una demanda de reparación directa debido a las lesiones causadas a una persona arrollada por una

motocicleta de propiedad de la Policía Nacional. En dicho caso se declaró patrimonialmente responsable al
Estado. Se evidenció concurrencia de culpas puesto que la actuación de la demandante fue imprudente al tratar
de atravesar la vía, pero a ello contribuyó también el exceso de velocidad en una zona donde el límite máximo
era de 40 km/h.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01426-00
Demandante: Luis Gonzalo Villota Quenan

32. Ahora bien, frente a la Sentencia SU-373 de 201910 de la Corte
Constitucional, debe indicarse que no resulta aplicable como precedente en el
presente caso, ya que no presenta identidad fáctica ni jurídica con el asunto bajo
estudio.

33. Finalmente, frente a las Sentencias de 28 de agosto de 2019, rad. 25000-
23-26-000-2010-00347-01; y 15 de septiembre de 2022, Rad. 25000-23-26-000-
2016-00321-01, todas del Consejo de Estado, debe indicarse que la parte actora no
aportó copia y no fue posible acceder al documento a través de los Sistema de
Gestión Judicial (SAMAI), motivo por el cual no puede determinarse con certeza
cuáles fueron los supuestos fácticos y jurídicos que sustentaron dichas decisiones.

34. En otras palabras, la falta de aportación de dichas providencias impide a la
Sala verificar los supuestos fácticos y jurídicos que les dieron origen, lo cual resulta
suficiente para descartar su aplicación como precedente vinculante en el caso
concreto.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado
2 Administrativo de Pasto.

SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Luis Gonzalo Villota
Quenan, por las razones anteriormente expuestas.

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10 La Corte estudio la acción de tutela presentada por un exsenador condenado en única instancia por la Sala

Penal de la Corte Suprema de Justicia por varios delitos. Contra la decisión interpuso un recurso de apelación
apoyado en el Acto Legislativo 01 de 2018 que creó la doble instancia para congresistas. La Sala rechazó el
recurso alegando que las nuevas salas aún no estaban en funcionamiento por lo que debían seguir fallando en
única instancia. La Corte concedió la acción de tutela y concluyó que la Sala Penal si podía dictar sentencia en
ese momento.

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