Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01426-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01426-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01426-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01426 01
Accionante: Luis Gonzalo Villota Quenán
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la sentencia impugnada y, en su lugar declara
improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 26 de marzo de 2026 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Gonzalo Villota Quenán, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y
reparación integral del accionante, por haber sido vulnerados con la sentencia
proferida el 5 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión, dentro del proceso de reparación directa Radicado No.
52001333300220210015600.
2. En consecuencia, dejar sin efecto (anular) la sentencia del 5 de septiembre de
2025 emanada del Tribunal Administrativo de Nariño (segunda instancia) dentro
del citado proceso, así como todas las decisiones que se hayan adoptado en
desarrollo de la misma y que le sean contrarias a los intereses del aquí accionante.
3. Ordenar que la autoridad judicial accionada (u otra de superior jerarquía que se
designe para el efecto) emita una nueva providencia de segunda instancia en el
proceso de reparación directa Rad. 52001333300220210015600, respetando los
lineamientos constitucionales y jurisprudenciales omitidos. En particular, deberá
valorarse integralmente el material probatorio obrante en dicho proceso –
incluyendo el testimonio del testigo ocular, el informe oficial del accidente y el
video– otorgándole el peso que en derecho corresponde, y aplicarse el régimen
de responsabilidad por riesgo excepcional establecido por la jurisprudencia del
Consejo de Estado para casos de daños causados con vehículos oficiales en
servicio. Lo anterior, garantizando una decisión motivada, congruente con las
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01426 00.
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pruebas y conforme al precedente, de manera que se salvaguarden efectivamente
los derechos fundamentales del actor.
4. Adoptar las demás medidas de protección que resulten necesarias para
asegurar el goce efectivo de las garantías fundamentales vulneradas. En especial,
se solicita disponer que, hasta tanto se emita la nueva sentencia en sede
contenciosa, se mantengan transitoriamente los efectos de la sentencia de
primera instancia del 24 de enero de 2025 (que declaró la responsabilidad y
ordenó la reparación material), para evitar que el accionante quede en estado de
indefensión absoluta. (Esta pretensión subsidiaria se sugiere en aras de prevenir
un perjuicio irremediable, sin perjuicio de lo que la autoridad tutelar considere
procedente.)
5. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991,
oficiando a las partes involucradas y, en su momento, remitiendo el expediente a
la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, en julio de 2020, una ambulancia al servicio del Ejército
Nacional de Colombia cruzó un semáforo en rojo e impactó un taxi de su propiedad, el
cual era conducido por el señor Segundo Javier Ortiz Miramag.
Expuso que, como consecuencia del accidente, el vehículo sufrió graves daños
estructurales y el conductor resultó lesionado, situación que, según afirmó, le impidió
trabajar durante varios meses y generó afectaciones económicas y morales a los
perjudicados, quienes además asumieron gastos de reparación, grúa y parqueadero, así
como la pérdida de ingresos derivada de la inmovilización del vehículo durante
aproximadamente cuatro meses.
Adujo que existían pruebas de la imprudencia del conductor de la ambulancia, pues varios
testigos afirmaron que el vehículo oficial cruzó el semáforo en rojo sin activar sirenas ni
luces de emergencia. En especial, destacó el testimonio del señor Julio Andrés Álvarez
Melo y un video del accidente que, según afirmó, mostraba claramente lo ocurrido,
aunque no pudo ser formalmente autenticado por provenir de una cámara de seguridad
privada. Asimismo, indicó que el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) dejó
constancia de los hechos y no atribuyó responsabilidad inmediata al conductor del taxi.
Manifestó que, con fundamento en lo anterior, promovió demanda de reparación directa
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en la cual alegó la
responsabilidad del Estado bajo el régimen de riesgo excepcional.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, el
cual, mediante sentencia de 24 de enero de 2025, resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al concluir que “el daño antijurídico había sido causado por
una falla en el servicio imputable al Ejército, concretamente por la conducta omisiva y
negligente del conductor de la ambulancia militar”.
Inconforme con dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2025, la
revocó y negó las pretensiones al estimar que las pruebas sobre la forma en que ocurrió
el accidente eran insuficientes.
Sostuvo que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, al existir una controversia de relevancia
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constitucional relacionada con la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral. Asimismo,
anotó que se satisfacen los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad, dado
que el accionante actúa en nombre propio contra una providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, fue presentada dentro del término razonable y contra dicha
decisión no procede otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de sus
derechos fundamentales.
En cuanto a los requisitos específicos, el accionante alegó que la providencia enjuiciada
incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
Respecto del defecto fáctico, sostuvo que este se configuró debido a que el tribunal
accionado omitió valorar adecuadamente pruebas determinantes obrantes en el
expediente, como el testimonio presencial del señor Julio Andrés Álvarez Melo, el video
del accidente y el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), los cuales, a su juicio,
demostraban de manera directa la negligencia del conductor de la ambulancia oficial. En
ese sentido, afirmó que la providencia cuestionada incurrió en una apreciación
irrazonable y arbitraria del material probatorio.
Finalmente, sobre el desconocimiento del precedente, aseguró que la autoridad judicial
accionada se apartó injustificadamente de la jurisprudencia vinculante de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado relacionada con la obligación de motivar de
manera rigurosa las decisiones absolutorias adoptadas con fundamento en la duda, así
como del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional aplicable a
accidentes ocasionados por vehículos oficiales.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 23 de febrero de 20262 y correspondió por reparto a la
Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación que, por auto de 26 de
febrero de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Nariño, como
autoridad judicial accionada; así como vincular a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejercito Nacional, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, a
María Teresa Villota Quenán y a Segundo Javier Ortiz Miramag, como terceros con
interés directo en las resultas del proceso.
De igual forma, se ordenó requerir al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Pasto para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de
reparación directa identificado con el radicado núm. 52001 33 33 002 2021 00156 00/01.
3.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional5 allegó escrito en el
que solicitó negar el amparo solicitado, por cuanto consideró que no existe vulneración
de los derechos fundamentales alegados por el accionante, toda vez que las decisiones
adoptadas dentro del proceso de reparación directa se profirieron con observancia de las
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01426 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01426 00.
4 Esta orden se cumplió el 2 de marzo de 2026. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01426 00.
5 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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garantías procesales, la debida valoración de las pruebas y las formalidades legales. En
consecuencia, sostuvo que la inconformidad del accionante corresponde únicamente a
un desacuerdo con las decisiones judiciales adoptadas y no a una actuación arbitraria o
caprichosa que justifique la intervención del juez constitucional.
3.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto6 allegó escrito en el que
solicitó no acceder a las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto consideró que
las circunstancias fácticas que dieron lugar a su interposición no cumplen los
presupuestos generales y específicos de procedencia fijados por la Corte Constitucional.
Por tal motivo, solicitó su desvinculación del presente trámite, al estimar que no vulneró
ninguno de los derechos constitucionales invocados por el accionante.
3.4. El Tribunal Administrativo de Nariño7 rindió informe donde indicó que la acción de
tutela resulta improcedente porque no puede utilizarse como una instancia adicional para
reabrir el debate surtido en el proceso ordinario ni para obtener pretensiones que no
fueron demostradas en ese escenario judicial. En ese sentido, sostuvo que las decisiones
adoptadas en el medio de control de reparación directa se ajustaron al orden jurídico y la
parte accionante pretende, mediante la tutela, cuestionar asuntos ya definidos sin
acreditar una vulneración real de derechos fundamentales.
3.5. Los señores María Teresa Villota Quenán y Segundo Javier Ortiz Miramag guardaron
silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 26 de marzo de 2026 por una parte, negó la solicitud de desvinculación presentada
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto y, por otra, negó el amparo
solicitado al considerar que no se configuraron los defectos alegados por el accionante.
Lo anterior, debido a que estimó que el Tribunal Administrativo de Nariño realizó una
valoración razonable, motivada y autónoma del material probatorio, concluyendo que no
existía certeza suficiente sobre las circunstancias del accidente de tránsito ni sobre el
nexo causal necesario para atribuir responsabilidad al Estado.
Asimismo, consideró que los precedentes invocados por la parte actora no eran
aplicables al caso concreto, por carecer de identidad fáctica y jurídica o por no haber sido
aportados al proceso.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó y reiteró que
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico y en desconocimiento del
precedente jurisprudencial, al valorar de manera irrazonable las pruebas y exigir una
carga probatoria excesiva en un caso que, según afirmó, debía resolverse bajo el régimen
de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01426 00.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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En consecuencia, sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral, por lo que solicitó
revocar la decisión impugnada y conceder el amparo constitucional.
5.2. Por auto proferido el 16 de abril de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 29 de abril de 20269.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.2.1. El accionante y otros presentaron demanda de reparación directa en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de Colombia, con el
propósito de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los
daños y perjuicios ocasionados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 23 de
julio de 2020, en el que se vieron involucrados una ambulancia del Ejército Nacional, el
señor Segundo Javier Ortiz Miramag y el taxi de propiedad del accionante.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Pasto, que mediante sentencia de 24 de enero de 2025 accedió parcialmente
a las pretensiones.
8 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01426 00.
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01426 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 52001 33 33 002 2021 00156
00/01.
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6.2.3. Inconformes con la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación
y el Tribunal, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2025, resolvió revocar la decisión
de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, y comoquiera que el a quo negó
el amparo solicitado al considerar que no se configuraron los defectos alegados por la
parte actora, la Sala considera necesario resolver si, en este caso, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
Descendiendo al caso concreto y de la lectura del escrito inicial de la tutela y de la
impugnación, se observa que el accionante contrae su inconformidad a que la providencia
acusada incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.
En relación con el defecto fáctico, el accionante afirmó que este se configuró porque el
Tribunal dejó de valorar de manera integral y adecuada pruebas relevantes obrantes en
el expediente, entre ellas el testimonio presencial de Julio Andrés Álvarez Melo, el video
del accidente y el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), las cuales, según
sostuvo, permitían acreditar directamente la conducta negligente del conductor de la
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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ambulancia oficial. Por ello, consideró que la providencia cuestionada efectuó una
apreciación arbitraria e irrazonable del acervo probatorio.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente, al
estimar que el Tribunal se apartó sin justificación de la jurisprudencia vinculante de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el deber de motivar de manera
estricta las decisiones absolutorias sustentadas en la duda, así como sobre la aplicación
del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional en accidentes causados
por vehículos oficiales.
En ese orden, de la lectura de la sentencia del 5 de septiembre de 2025 cuestionada se
observa que el Tribunal Administrativo de Nariño, al analizar el régimen de
responsabilidad aplicable en accidentes causados por vehículos oficiales, explicó que,
aunque estos asuntos pueden resolverse bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional,
cuando existe concurrencia de actividades peligrosas corresponde determinar, a partir de
la prueba, cuál fue la causa eficiente del daño.
En ese contexto, el tribunal consideró insuficientes el testimonio presencial, el IPAT y los
demás elementos probatorios aportados, al estimar que no permitían esclarecer si la
ambulancia llevaba activadas las señales de emergencia, cuál vehículo tenía la prelación
semafórica o quién incumplió las normas de tránsito.
Así las cosas, concluyó que no se acreditó el nexo causal entre la actuación estatal y el
daño alegado, ni la responsabilidad del conductor de la ambulancia, razón por la cual no
encontró configurada la responsabilidad estatal, al considerar que las afirmaciones de la
parte actora permanecieron en el plano de las especulaciones y no alcanzaron el
estándar probatorio necesario para imponer una condena contra el Estado.
Bajo este contexto, la Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra,
esto es, evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir decisiones judiciales.
Lo anterior, por cuanto la controversia planteada por el accionante se circunscribe,
esencialmente, a cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez natural y las
conclusiones a las que arribó respecto de la acreditación del nexo causal y del régimen
de imputación aplicable, asuntos que fueron objeto de análisis expreso por parte de la
autoridad judicial accionada.
Así las cosas, la inconformidad expuesta refleja un desacuerdo con el criterio jurídico y
probatorio adoptado en la providencia cuestionada, mas no la configuración de una
actuación arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable que habilite la intervención
excepcional del juez de tutela.
En efecto, la autoridad judicial accionada expuso razones interpretativas suficientes para
sustentar su conclusión sobre el régimen jurídico aplicable al asunto y la valoración
probatoria, circunstancias que descartan la configuración de una vía de hecho y
evidencian que la inconformidad del accionante recae, en realidad, sobre el criterio
jurídico adoptado por el juez natural.
En ese sentido, resulta claro que el accionante pretende que el juez de tutela reexamine
un asunto ya definido por el juez ordinario, con el propósito de obtener una conclusión
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distinta y favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza excepcional de este
mecanismo y desconoce la autonomía judicial.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual se
revocará el fallo proferido el 26 de marzo de 2026 por la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la Subsección
“A” de la Sección Segunda de esta Corporación y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el accionante, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 4 de junio
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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