Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01452-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01452-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01452-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01452-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de marzo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: EDWARD MARTÍNEZ CAICEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el demandante consideró que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de las providencias que rechazaron la demanda de reparación
directa que presentó por caducidad del medio de control jurisdiccional, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Edward Martínez Caicedo,
a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y el
Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, consagrado en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos de 6 de febrero de 2025
y 28 de agosto de 2025 proferidos por el Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, respectivamente, en
el proceso de reparación directa con radicación no. 73001-33-33-005-2024-00139-
00/01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 24 de febrero de 2026 (índice 00001 del aplicativo
SAMAI).
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Edward Martínez Caicedo permaneció detenido en las instalaciones de la
Permanente Central de la Policía de Ibagué, desde el 5 de agosto de 2021, hasta el
día 19 de abril de 2022.
2) Una vez liberado se enteró de que había sufrido un estado de hacinamiento, motivo
por el cual, el 17 de enero de 2023, presentó derecho de petición en el que solicitó
información de cuál era la capacidad total con la que contaba la Permanente Central
de la Policía de Ibagué para albergar detenidos y si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario.
3) En informe no. GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 del 19 de enero de
2023, el Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Ibagué le informó que tales
instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas
instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento
del 561%.
4) El 8 de abril de 2024, con base en esa información, presentó solicitud de audiencia
de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos
Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida,
expidiéndose la respectiva certificación el 7 de junio de 2024, lo que suspendió el
término de caducidad del medio de control durante el lapso señalado, esto es, por 1
mes y 30 días.
5) El 11 de junio de 2024, presentó demanda de reparación directa en contra del
municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Nación -
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
y la Fiscalía General de la Nación por todos los perjuicios morales, materiales y la
afectación a sus derechos causados con motivo de las condiciones de hacinamiento
que padeció.
6) En auto de 6 de febrero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Ibagué rechazó la demanda tras evidenciar que el actor ingresó a las instalaciones
de la Permanente Central de la Policía de Ibagué, desde el 5 de agosto de 2021, fecha
3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
en la cual se enteró del estado de hacinamiento, siendo esa la fecha que se debe tomar
para el conteo de la caducidad y. por tanto contaba hasta el 4 de agosto de 2023 para
presentar la demanda, situación que solo ocurrió hasta el 8 de abril de 2024.
7) Inconforme con el rechazo en primera instancia presentó recurso de apelación en el
que argumentó que se presentó un daño continuado o de carácter sucesivo por lo que
no debe tenerse en cuenta el momento de la detención del actor en la Permanente
Central de la Policía de Ibagué.
8) En auto de 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el
auto de primera instancia previa consideración que, según la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la caducidad se cuenta a partir del conocimiento del daño y en
casos de hacinamiento desde el día en que se originó la privación de la libertad, por lo
que en el caso del actor este conoció las condiciones de hacinamiento desde el 5 de
agosto de 2021, de ahí que tenía hasta el 6 de agosto de 2023 para presentar la
demanda, pero lo hizo por fuera de ese término.
2. Los fundamentos de la vulneración
El actor alegó que los autos del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Quinto
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Ibagué vulneraron sus derechos
fundamentales, desconocieron sentencias judiciales y los principios y normas
internacionales.
En primer lugar, alegó que se desconoció lo manifestado por la Corte Constitucional en
las sentencias T-342 de junio 29 de 2016, T-238 de julio 4 de 2023 y SU-241 de junio
20 de 2024, así como lo manifestado por el Consejo de Estado en las sentencias con
radicación nos. 25000-23-26-000-1997-05265-01 de 30 de enero de 2013, 50001-23-
31-000-2012-00196-01 de 9 de diciembre de 2013, 68001-23-31-000-2010-00605-01
de 1 de marzo de 2018, 70001-23-33-000-2014-00186-01 de 3 de octubre de 2019 y
11001-03-15-000-2022-01335-02 de 2 de marzo de 2023 que especifican que el conteo
de la caducidad debe hacerse a partir del efectivo conocimiento del daño que, en su
caso, se dio con la respuesta del 19 de enero de 2023.
Adicionalmente, alegó que se desconocieron sus derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia los cuales a nivel internacional están
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts. 10 y 11), el
4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 14 y 15), aprobado mediante
la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 8 y 9),
aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
Frente al hacinamiento carcelario, precisó que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la sentencia de 27 de abril de 2012, Caso Pacheco Teruel y otros Vs.
Honduras, determinó que el Estado es responsable de la violación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, debido a que tales detenidos padecían
condiciones de reclusión calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Finalmente alegó que también se vulneraron los principios pro damato, pro homine y
pro actione contemplados en las normas internacionales, la doctrina constitucional
consolidada y ratificados por la jurisprudencia de Colombia, en tanto establecen que
para determinar el conteo de la caducidad se debe adoptar la lectura más favorable a
la efectividad de los derechos fundamentales, lo cual no se hizo.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera
instancia proferido por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
el 6 de febrero de 2025, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 28 de agosto de 2025, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA
de EDWARD MARTÍNEZ CAICEDO, radicado No. 73001-33-33-005-2024-
00139 00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, proferidas
por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de
reemplazo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la
jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales
en la primera consagrados.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en
medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal.
Mediante auto del 25 de febrero de 2026 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Tolima y al titular del Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Ibagué y se vinculó al alcalde de Ibagué, al gobernador del Tolima,
al director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a los directores del
5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
INPEC, la Policía Nacional y la USPEC, así como a los ministros de justicia y defensa,
y al fiscal general de la Nación, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
El Tribunal Administrativo del Tolima (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó que las
providencias atacadas realizaron una valoración clara y un estudio de la jurisprudencia
del Consejo de Estado sin que se evidencie alguna vulneración a los derechos
fundamentales del actor, por el contrario, la parte actora pretende lograr un nuevo
pronunciamiento judicial en virtud de lo cual la acción de tutela deviene en
improcedente.
El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó declarar improcedente la acción de tutela
ya que no puede convertirse en el mecanismo ideal para revivir términos judiciales, los
cuales son de estricto cumplimiento por los operadores judiciales, pues, de ser usada
para revivir términos precluidos por la inactividad de la parte, se afectaría el principio
de seguridad jurídica.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- aclaró que en el
presente asunto el accionante solo quiere convertir la acción de tutela en una tercera
instancia, con la cual pretende que se le conceda la razón, respecto de los argumentos
que ya fueron valorados y discutidos en sede de primera y segunda instancia.
Adicionalmente, aclaró que la señora Diana Patricia Álvarez Ramírez actúa como
apoderada judicial en otras 28 acciones de tutela por los mismos hechos y persiguen
las mismas pretensiones, por lo que solicitó “conminar a la apoderada para evite el
desgaste del aparato judicial, incoando nuevas acciones cuando ya existen fallos
respecto de algunas de estas decisiones, en las cuales se declara la improcedencia de
las mismas.”
La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela por
cuanto no se cumplen con los requisitos de procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, no sustentó de manera adecuada y conforme a la regla
jurisprudencial, las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela
sea procedente, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional pues se
vislumbra que se está utilizando la acción de tutela como mecanismo para reabrir
debate legal y no existe vulneración al debido proceso.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
Finalmente, solicitó su desvinculación del asunto por falta de legitimación en la causa
por pasiva pues no es el llamado a responder por la presunta vulneración a los
derechos fundamentales.
El ministerio de Defensa Nacional solicitó su desvinculación del asunto por falta de
legitimación en la causa por pasiva pues no es el llamado a responder por la presunta
vulneración a los derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitud de
desvinculación y 3) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. La solicitud de desvinculación
7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva que formuló la Fiscalía
General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, la Sala considera que, en la
medida en que esas autoridades actuaron como partes demandadas en el proceso
ordinario, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de esa
autoridad, es procedente mantenerlas vinculada dentro del presente trámite.
Por tal razón, en la parte resolutiva de este fallo se negará las referidas solicitudes de
desvinculación de esas autoridades públicas.
3. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Ibagué con el fin de que se protejan los derechos fundamentales
antes mencionados presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias
proferidas el 6 de febrero de 2025 y 28 de agosto de 2025.
Por otra parte, es preciso aclarar que la acción de tutela se dirigió indistintamente contra
las providencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso ordinario; sin
embargo, en este caso el análisis se limitará a esta última, por cuanto fue la que definió
la situación jurídica particular y, en caso de que eventualmente haya lugar a dictar
alguna orden, será el tribunal demandado el encargado de cumplirla.
3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
2 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales4”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.5
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
5 Idem.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).” 6.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
6 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
12
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
3.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
1) El demandante indicó que el tribunal desconoció el precedente contenido en unas
sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las cuales se estableció
que el daño no se materializa en un solo momento, sino que se prolonga en el tiempo,
por lo cual el término de caducidad debía contarse desde el día en que se tuvo certeza
del daño y no desde la fecha en que se inició el hecho generador de la afectación.
2) En esa medida, señaló que el término de caducidad debía iniciar desde el día en
que le respondieron el derecho de petición y no desde la fecha en que fue detenido en
la Permanente Central de Ibagué.
3) No obstante, para la Sala es claro, como lo ha sido de manera reiterada en casos
similares que han resuelto recientemente7, que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del recurso de apelación presentado en contra del auto del 6 de febrero de 2025, con
miras a que, con base en la jurisprudencia sobre la caducidad de la acción de
reparación directa en caso de daños continuados, se estableciera que no había
operado dicho fenómeno, en la medida que el hacinamiento carcelario soportado en la
Permanente Central de Ibagué se extendió en el tiempo, desde el 5 de agosto de 2021.
De manera expresa, en la alzada indicó lo siguiente:
“No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio
presentó un daño continuado o de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse
en cuenta el momento de la detención del directo afectado en la Permanente
Central de Ibagué, por cuanto el daño se prolongó durante todos los meses
que el detenido estuvo recluido en dicha estación, ocasionando perjuicios en
el tiempo. En efecto, desde sus capturas hasta el día en el que fue removido
de la permanente, padeció perjuicios a causa del hacinamiento carcelario.
Así lo ha determinado el Honorable CONSEJO DE ESTADO - SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA
SUBSECCION B, en sentencia del 26 de junio de 2.015, radicación
número: 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG), actor: DEWIS FAGGIR
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de mayo de 2025, exp. 11001-
03-15-000-2025-02062-00 (AC), CP Alberto Montaña Plata, sentencia de 28 de abril de 2025 exp. 11001-
03-15-000-2025-01922-00, CP Fredy Ibarra Martínez, sentencia de 9 de junio de 2025 exp. 11001-03-
15-000-2025-01291-01, CP Fredy Ibarra Martínez, sentencia de 21 de julio de 2025 exp. 11001-03-15-
000-2025-01921-01, CP Fredy Ibarra Martínez y sentencia de 21 de julio de 2025 exp. 11001-03-15-000-
2025-02098-01, CP Fredy Ibarra Martínez.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
ELJURE RICAURTE Y OTRO, demandado: MINISTERIO DE DEFENSA -
ARMADA NACIONAL Y OTROS, consejera ponente: Dra. STELLA CONTO
DIAZ DEL CASTILLO, que al respecto indicó:
(…).
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión,
corresponde a la vulneración de derechos fundamentales y derechos
humanos, como lo tiene entendido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en la Permanente
Central de Ibagué (Tol.), el cual se extendió en el tiempo para el privado de
la libertad EDWARD MOISES MARTINEZ CAICEDO, desde el día 05 agosto
de 2.021 hasta el día 19 de abril de 2.022, es decir, por 8 meses y 14 días,
prolongándose el daño, que no dejó de existir hasta el día que dejó de sufrir
las consecuencias del hacinamiento.
Es más, es tan de vieja data en el sistema penitenciario y carcelario y en los
centros de detención transitoria de nuestro país esa forma de reclusión, que
la población en general la considera “normal”, lo que la Corte Constitucional
denominó el estado de cosas inconstitucional en la sentencia de tutela T-153
de 1.998.
Posteriormente, la misma Corporación extendió ese estado de cosas
inconstitucional a los centros de detención transitoria, mediante sentencia de
unificación SU-122/22, de marzo 31; en consecuencia, no se compadece con
la realidad el exigir a la persona privada de la libertad que, de forma
automática e inmediata, comprenda en todas sus dimensiones la
complejidad de su estado de hacinamiento y, por ende, la vulneración de la
diversidad de derechos humanos y fundamentales que le están siendo
vulnerados.
(…).
Descendiendo al caso concreto, y de acuerdo con lo acreditado en esta etapa
inicial del proceso, Daniel Hernán Orozco Torres estuvo bajo custodia en las
instalaciones de la Permanente Central en virtud de una medida de
aseguramiento en detención en establecimiento carcelario, según lo
dispuesto en la Boleta de Detención N. 1130 del 18 de diciembre de 2021,
emanada del Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Piedras, Tolima, por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes. Fue recibido en el Centro Carcelario y Penitenciario COIBA
el 15 de diciembre de 2022.
En consecuencia, Daniel Hernán Orozco Torres estuvo recluido en la
Permanente Central desde el 18 de diciembre de 2021 hasta el 15 de
diciembre de 2022, fecha en la que fue trasladado al Centro Carcelario y
Penitenciario COIBA. Por lo tanto, el término de caducidad en este asunto
comienza a contarse a partir de esta última fecha, cuando cesa el hecho
dañoso, es decir, cuando dejó la Permanente Central, donde estuvo
sometido a hacinamiento, para ser trasladado a otro lugar de reclusión.
En ese orden, los dos años para la presentación oportuna de la demanda en
virtud del medio de control de reparación directa, so pena de que operara el
fenómeno de la caducidad si no se presentaba dentro de dicho término,
transcurrieron entre el 16 de diciembre de 2022 y el 16 de diciembre de 2024,
y dado que la demanda se formuló el 29 de mayo de 2024, como se advierte
en el acta de reparto, se concluye que fue presentada dentro del término
legal”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice
20, primera instancia- negrillas del original).
14
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
4) Por su parte, en el auto del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del
Tolima confirmó la decisión de primera instancia, en consideración a que, según la
jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, en los casos en los cuales se alegue una
falla del servicio derivada del hacinamiento carcelario, aunque los efectos del daño
perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde
que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño, por lo cual, en el presente asunto, era evidente que el señor
Edward Moisés Martínez Caicedo conoció las condiciones de hacinamiento en las que
se encontraba recluido a partir de su detención, lo cual acaeció el 5 de agosto de 2021,
en los siguientes términos:
“Establecido lo anterior, y dado que el génesis de la presente controversia se
suscita en establecer el momento a partir del cual inicia el cómputo de la
caducidad, la Sala considera necesario distinguir ante qué tipo de daño
nos encontramos, es decir, si ante un daño instantáneo o continuado, con
el propósito de definir el inicio del plazo procesal del presente medio de
control.
En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia
del 06 de diciembre de 2022, C.P: Guillermo Sánchez Luque, proferida
dentro del proceso con radicación No. 05001-23-31-000-2002-04829-01,
se pronunció sobre el fenómeno de caducidad en los casos en que alegue
una falla del servicio derivada por el hacinamiento carcelario, para lo cual
señaló lo siguiente: (…).
Aunado a ello, se tiene que dicha sentencia fue objeto de tutela, la cual
fue conocida y resulta por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
con providencia del 05 de octubre de 2023, C.P: César Palomino Cortés,
dentro del proceso con radicación No. 11001-03-15-000-2023-02769-01,
en la cual negó el amparo deprecado, al considerar que la sentencia se
encontraba ajustada a derecho y que no había transgredido garantías y
derechos fundamentales, para lo cual sostuvo lo siguiente:
(…).
De conformidad con lo dispuesto por el máximo órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa administrativa, se tiene que en los casos de
hacimiento, como el sub judice, la caducidad se debe contabilizar a partir de
que se tenga la certeza del conocimiento del daño; sin embargo, no puede
pasar por alto la Sala que la Subsección A de la sección Tercera del Consejo
de Estado maneja otra posición, la cual fue mencionada dentro de la
sentencia de tutela del 19 de mayo de 2025, en la que establece que no hay
lugar a declarar la caducidad desde el momento en que es privado de la
libertad5, revocando una decisión de la Corporación ordenando efectuar un
nuevo estudio.
En este entendido, la Sala acoge la tesis de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, donde plantea que la caducidad se debe
contabilizar a partir del conocimiento del daño, esto es, desde que se originó
su privación de la libertad, el cual en este caso, con las pruebas aportadas al
cartulario por la parte actora, se evidencia, que el señor EDWAR MOISÉS
MARTÍNEZ CAICEDO conoció las condiciones de hacinamiento en las que
se encontraba recluido a partir de su detención, lo cual acaeció el 05 de
agosto de 2021.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
Así las cosas, encuentra la Sala que el señor EDWAR MOISÉS MARTÍNEZ
CAICEDO, conoció la causación del daño, esto es las condiciones de
hacinamiento a las que estaba sometido mientras estaba privado de su
libertad, el día 5 de agosto de 2021, es decir, que el accionante contaban
hasta el 06 de agosto de 2023 para interponer la demanda o en su defecto
para radicar la solicitud de conciliación e interrumpir el fenómeno de
caducidad
Sin embargo, el demandante elevó la solicitud de conciliación
extrajudicial hasta el 08 de abril de 2024, por lo que se estima que no fue
interrumpido el término de caducidad en tiempo, de tal forma que, para
el día 12 de junio de 2024, cuando fue presentada la demanda, se
encontraba ampliamente vencido el término para la interposición del
medio de control de reparación directa, operando el fenómeno jurídico de
la caducidad de la acción.”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI, índice 20, primera instancia, negrillas de la Sala).
5) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que, con base en varias
sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se declarara que no operó
el fenómeno de la caducidad, en atención a que el hecho u omisión administrativa se
extendió en el tiempo, por lo cual el término para presentar la demanda no se debía
contabilizar desde la fecha de su detención en la Permanente Central de Ibagué.
6) Así pues, como lo expuso esta misma Sala de Decisión recientemente en un asunto
similar8, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso
de apelación, los cuales fueron resueltos en la providencia del 28 de agosto de 2025 y
se dirigieron de manera exclusiva a que se declarara que no había operado el
fenómeno jurídico de la caducidad.
7) Para la Sala resulta claro que, pese a que en la acción de tutela no se invocaron las
mismas sentencias que se mencionaron en el recurso de apelación, lo cierto es que
todas se dirigían a lo mismo, esto es, a sustentar la tesis del daño continuado, con el
fin de que se contabilizara el término de caducidad desde el momento en el que el
demandante salió de la Permanente Central de la Policía de Ibagué, por ser el instante
en el que cesaron los perjuicios causados por el hacinamiento y no desde la fecha de
la privación de su libertad.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de mayo de 2025, exp. 11001-
03-15-000-2025-02062-00 (AC), CP Alberto Montaña Plata.
16
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
8) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
9) El amparo constitucional constituye una herramienta para la protección de los
derechos fundamentales, pero en manera alguna puede constituirse en una patente de
corso para que las partes o incluso el propio juez de tutela impongan su criterio frente
al del juez ordinario, pues como ya se explicó se trata de un juicio de validez y no de
corrección de las decisiones de los jueces de la República, motivo por el cual solo se
habilitará su estudio ante evidentes y flagrantes vulneraciones a los derechos y
garantías constitucionales, lo cual no ocurre en este caso.
10) Finalmente, frente a la solicitud de la USPEC referente a “conminar a la apoderada
para evite el desgaste del aparato judicial” la Sala advierte que si bien mencionó que
se ha instaurado otras 28 acciones de tutela, lo cierto es que no precisó en su totalidad
los números de radicación que presuntamente contienen identidad de hechos y
pretensiones, adicionalmente, tampoco se accederá a la solicitud pues la acción de
tutela es un mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante las
autoridades judiciales, por lo que su solicitud resultaría en una vulneración a los
derechos del debido proceso y postulación.
11) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate jurídico y probatorio ya resuelto por el juez natural de la causa y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01452-00
Demandante: Edward Martínez Caicedo
Acción de tutela
2º) Deniégase las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiscalía General de
la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.