Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02062-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 26 de mayo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02062-00
Demandante: Ricardo Roa Escarraga
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia,
que rechazaron una demanda de reparación directa.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Ricardo Roa
Escarraga en contra del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo de Tolima.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 8 de abril de 2025, Ricardo Roa Escarraga, a través de apoderada
judicial, presentó una acción de tutela en contra del Juzgado 9
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
providencias de 21 de junio de 2024 y 17 de octubre de 2024 proferidas,
respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas dentro del
proceso de reparación directa No. 73001-33-33-009-2024-00140-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera
instancia proferido por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
el 21 de junio de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02062-00
Demandante: Ricardo Roa Escarraga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Tolima el 17 de octubre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de
RICARDO ROA ESCARRAGA, radicado No. 73001-33-33-009-2024-00140-00, así
como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de
obedézcase y cúmplase del 29 de noviembre de 2.024, y subsiguientes,
proferidos por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo
con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que
no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Ricardo Roa Escarraga estuvo privado de la libertad desde el 27 de
marzo de 2021 hasta el 12 de abril de 2022 en la Permanente Central de la
Policía Metropolitana de Ibagué.
5. 2) El señor Roa Escarraga, una vez recobró su libertad, manifestó que
presuntamente había sido víctima de hacinamiento durante su reclusión. Por
tal motivo, el 17 de enero de 2023, mediante derecho de petición
presentado ante la Policía Metropolitana de Ibagué, solicitó información
sobre la capacidad total de la Permanente Central para albergar personas
privadas de la libertad, así como la existencia de posibles condiciones de
hacinamiento carcelario.
6. 3) La Policía Metropolitana de Ibagué, mediante Oficio GS-2023-
003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 de 19 de enero de 2023, indicó que, para
el periodo en que el actor estuvo detenido, el centro presentaba un nivel de
hacinamiento del 514%.
7. 4) A partir de dicha constatación oficial, el demandante presentó
solicitud de conciliación extrajudicial, radicada el 18 de diciembre de 2023,
ante la Procuraduría 163 Judicial II para Asuntos Administrativos, y esta se
declaró fallida el 7 de marzo de 2024.
8. 5) El 11 de marzo de 2024, presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, en contra del municipio de Ibagué,
departamento de Tolima, Nación - Rama Judicial - Dirección de
Administración Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Nación - Ministerio
de Justicia y del Derecho, Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los
perjuicios sufridos por el hacinamiento durante su reclusión.
9. 6) La demanda correspondió, por reparto, al Juzgado 9 Administrativo
de Ibagué, el cual, mediante Auto de 21 de junio de 2024, rechazó la
demanda por considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad,
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Decisión: Declara improcedencia
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tras estimar que el término de 2 años debía contarse desde el 28 de marzo
de 2021, día siguiente del ingreso del accionante al centro de detención.
10. 7) La parte demandante apeló el auto que rechazó la demanda, con
fundamento en sentencias del Consejo de Estado2 y bajo el argumento de
que el hacinamiento carcelario que sufrió el señor Roa Escarraga constituía
un daño continuado o de carácter sucesivo que se prolongó durante toda
su detención. Por ende, el término de caducidad debía contabilizarse
desde que él salió de la Permanente Central de la Policía de Ibagué, y no
desde el momento en el que ingresó.
11. 8) Mediante Auto de 17 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Tolima confirmó el rechazo de la demanda, tras considerar que las
circunstancias de hacinamiento que, presuntamente, padeció el señor Roa
Escarraga en la Permanente Central de la ciudad de Ibagué, obedecieron
a un daño de ejecución instantánea, independientemente que este hubiera
generado efectos en el tiempo. Por tanto, el término legal para demandar
feneció el 28 de marzo de 2023.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que las
providencias judiciales cuestionadas adolecían de un desconocimiento del
precedente judicial, en tanto ignoraron los criterios fijados por el Consejo de
Estado y Tribunales Administrativos3 sobre el cómputo del término de
caducidad, el cual debía contabilizarse a partir del momento en el que la
víctima se hubiera percatado de las condiciones de hacinamiento
carcelario, y no desde el primer día que ingresó al centro de detención.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
13. El Juzgado 9 Administrativo de Ibagué5 remitió el expediente del
proceso ordinario solicitado e indicó que el actor tuvo conocimiento del
hacinamiento desde el momento en que ingresó a la Permanente Central
de Ibagué, por lo que esa debía ser la fecha para iniciar el conteo de la
caducidad. Además, manifestó que la actuación realizada no constituyó
una vía de hecho, ni se enmarcó en ninguna de las causales generales o
2 Consejo de Estado - Subsección B - Sección Tercera, Sentencia de 26 de junio de 2015, radicado No. 25000-23-
41-000-2014-01569-01(AG); Sentencia de 18 de octubre de 2007, radicado No. AG2001-00029; Consejo de Estado -
Subsección A - Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2011, radicado No. 9001-23-31-000-1997-08009-
01(20316).
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 6 de diciembre de 2022, radicado No. 05001-
23-31-000-2002-04829-01 (47148); Tribunal Administrativo de Quindío, Sala Quinta de Decisión, Sentencia de 8 de
noviembre de 2024 radicado No. 63001-3333-005-2024-00227-01; Tribunal Administrativo de Tolima, Sentencia de 5
de septiembre de 2024 radicado No. 73001-33-33-001-2024-00124-01; Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, Sentencia de 29 de enero de 2024, radicado No. 05001-33-33-029-2019-00033-01.
4 Mediante Auto de 10 de abril de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Tolima y el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, y vinculó, como terceros con interés, a la Nación
• Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y del
Derecho, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al departamento de Tolima y al municipio de Ibagué,
5 Índices 11y 16 en el aplicativo SAMAI.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues los argumentos que sustentaron el rechazo de la demanda
no fueron arbitrarios ni carecieron de soporte legal.
14. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial6 solicitó que se negaran las pretensiones de la
acción de tutela al no existir vulneración de los derechos fundamentales, y
que se ordenara la desvinculación de la entidad por configurarse una falta
de legitimación pasiva en la causa.
15. La Coordinadora del grupo de tutelas del INPEC7 solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no satisfacerse los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
16. El jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)8 solicitó que se le excluyera de la
responsabilidad presentada por la supuesta afectación de derechos del
actor, y que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir
los requisitos, o se negara en razón a que no se ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
17. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué9 solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con los requisitos
generales para su procedencia contra providencias judiciales.
18. El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho10 solicitó que las
pretensiones de la acción fueran resueltas de manera desfavorable, y que
se desvinculara a la cartera ministerial del proceso porque no se le atribuía
ninguna responsabilidad.
19. La Secretaría General de la Policía Nacional11 solicitó que no se
concedieran las pretensiones formuladas por la parte actora, dada la
inexistencia de vulneración de sus derechos fundamentales. Además, alegó
una falta de legitimación pasiva en la causa y, con fundamento en ello,
solicitó su desvinculación del presente asunto.
20. La Oficina Jurídica del municipio de Ibagué12 alegó falta de
legitimación en la causa por pasiva, por carecer de aptitud legal para
conocer y dar respuesta a la solicitud de la presente acción.
6 Índice 9 en el aplicativo SAMAI.
7 Índice 10 en el aplicativo SAMAI.
8 Índice 12 en el aplicativo SAMAI.
9 Índice 13 en el aplicativo SAMAI.
10 Índice 14 en el aplicativo SAMAI.
11 Índice 15 en el aplicativo SAMAI.
12 Índice 17 en el aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02062-00
Demandante: Ricardo Roa Escarraga
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Decisión: Declara improcedencia
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21. El jefe del área jurídica de la Policía Metropolitana de Ibagué13 pidió
ser excluida por no tener atribuciones judiciales ni responsabilidad para
pronunciarse y/o resolver sobre las pretensiones invocadas y solicitó su
desvinculación.
22. La profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación14 solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela y se le desvinculara por carecer de legitimación pasiva en
la causa.
23. El Tribunal Administrativo de Tolima y el departamento de Tolima, pese
a haber sido notificados15 en debida forma, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación 2.2. Identificación de la providencia objeto
estudio. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusiones.
2.1. Solicitudes de desvinculación
24. Frente a la alegada falta de legitimación pasiva en la causa que
formularon la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el municipio
de Ibagué, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Ibagué, la Sala
considera que, en la medida en que estas autoridades fueron demandadas
en el proceso de reparación directa No. 73001-33-33-009-2024-00140-00/01 y
sus actuaciones fueron señaladas como parte del contexto fáctico en el
que se originó el daño alegado, su participación dentro del presente trámite
resulta procedente para que hagan valer sus derechos.
25. Por esa razón, se negarán las referidas solicitudes de desvinculación,
en tanto fueron vinculadas como terceros con interés en aras de garantizar
su derecho de defensa y debido proceso.
2.2. Identificación de la providencia objeto estudio
26. La Sala considera oportuno aclarar que el objeto de la presente
controversia, de acuerdo con lo planteado por el accionante, lo constituye
el rechazo de la demanda de reparación directa.
13 Índice 18 en el aplicativo SAMAI.
14 Índice 20 en el aplicativo SAMAI.
15 Índice 7 en el aplicativo SAMAI.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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27. En ese orden, la Sala pone de presente que se centrará en analizar los
reparos invocados respecto del auto que confirmó la providencia de
primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, el 17 de
octubre de 2024, puesto que, a pesar de que también se enjuició el auto
proferido por el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, lo cierto es que, con
ocasión del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió
el litigio. Asimismo, se recalca que, ante una eventual decisión favorable a
las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en
segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala declarará improcedente esta solicitud de amparo al no
cumplirse el requisito de relevancia constitucional, por las razones que pasan
a explicarse:
29. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional16.
30. En el mismo sentido, dicha corporación, en Sentencia SU-295 de
2023 , estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de
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tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos,
(2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir
debates concluidos.
31. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto18; (2) que la solicitud de amparo
16 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
17 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
18 (se trascribe) Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-
01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que
el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
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no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario19 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad20.
32. En el asunto de la referencia se cuestiona la aplicación del fenómeno
jurídico de la caducidad como sustento del rechazo de la demanda de
reparación directa que presentó el actor, con ocasión las condiciones de
hacinamiento que vivió durante su reclusión.
33. Si bien, en la acción de tutela se alegó un aparente desconocimiento
del precedente judicial porque, a juicio del actor, la autoridad judicial
demandada inaplicó jurisprudencia en relación con el cómputo del término
de caducidad en eventos de daño continuado o sucesivo como el
hacinamiento carcelario porque aquel debía contabilizarse desde la
cesación del daño o desde el momento en que el afectado tuvo
conocimiento cierto de su configuración, lo cierto es que, para la Sala,
resulta claro que los fundamentos que soportaron la interposición de la
acción de tutela se dirigieron exclusivamente a discutir aspectos que ya
fueron expuestos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de
reparación directa, tanto en primera como en segunda instancia, con miras
a que se acogiera una interpretación favorable sobre el punto de partida
del término de caducidad.
34. En efecto, los aspectos en concreto que fundamentaron la acción de
tutela son una reiteración de los argumentos que el señor Roa Escarraga
utilizó en la apelación que presentó en contra del auto proferido por el
Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, el 21 de junio de 2024. Tales
argumentos estuvieron encaminados a demostrar que el daño alegado
tenía un carácter continuado y que, en consecuencia, el término de
caducidad debía contarse a partir del momento en que cesara dicho daño.
Asimismo, el actor sostuvo que esa autoridad judicial desconoció el
precedente establecido por el Consejo de Estado para la contabilización
de dicho término, en los siguientes términos:
“De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad debe ser calculado
desde el día siguiente a la cesación del daño continuado, es decir, el 13 de abril
de 2022, a partir del cual transcurrieron 1 año, 8 meses y 5 días, hasta que el
accionante radicó solicitud de conciliación extrajudicial para agotar el requisito
de procedibilidad, esto es, el 18 de diciembre de 2023, cuando faltaban 3
meses y 25 días para la configuración de la caducidad, lo cual suspendió el
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
19 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
20 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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término hasta que la constancia del trámite de conciliación fue expedida, que
lo fue el 7 de marzo de 2024; a partir del día siguiente se reanudó el cómputo
por los días que faltaban al momento de presentar la solicitud de conciliación,
por lo que la caducidad del medio de control operaba el 2 de julio de 2024.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se
presentó el 11 de marzo de 2024, es evidente que fue radicada antes de la
configuración de la caducidad; es decir que este fenómeno procesal no operó
el 28 de marzo de 2023, como se determinó en el fallo, y que el medio de control
se ejerció dentro de la oportunidad establecida en la ley, por lo que no hay
lugar a declarar el fenómeno jurídico de la caducidad”.
35. Estos planteamientos fueron objeto de estudio por parte del Tribunal
Administrativo de Tolima en el Auto de 17 de octubre de 2024, con las
consideraciones que a continuación se trascriben:
“(…) es preciso indicar que la Sala de Decisión debe determinar conforme a los
lineamientos impartidos por la Ley y la jurisprudencia del Honorable Consejo de
Estado, si nos encontramos ante un daño de ejecución instantánea o uno continuo
o de tracto sucesivo.
(…)
Vemos entonces que las condiciones propias del hacinamiento son evidentemente
notables, al punto que como se indicó afectan la cotidianidad de las personas que
la padecen, respecto de lo cual se tiene que para efectos del vértice de partida de
la caducidad se establece que el Consejo de Estado ha indicado respecto de la
caducidad del medio de control en asuntos de hacinamiento carcelario que
“aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad
para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha
en que el demandante tuvo conocimiento del daño21”.
Así las cosas, frente a la posición del apelante de entender que el hecho dañoso
causado en circunstancias de hacinamiento carcelario obedece a un daño de
tracto sucesivo y/o continuado, resulta una postura jurídica que se separa de la
postura jurisprudencial traída a colación.
Una vez claro lo explicado por el Honorable Consejo de Estado se concluye
entonces que el asunto en particular debe entenderse que las circunstancias de
hacinamiento que presuntamente padeció el señor Ricardo Roa Escarraga en la
Permanente Central de la ciudad de Ibagué obedecen entonces a un daño de
ejecución instantánea independientemente que el mismo genere efectos en el
tiempo (...)
Frente a lo anterior, es evidente que la demanda de Reparación Directa que nos
ocupa fue presentada de forma extemporánea, es decir, posterior al vencimiento
de los 2 años previstos, concluyendo entonces que le asistió razón al Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, al rechazar la demanda por
caducidad del medio de control, razón por la cual se confirmará el auto del 21 de
junio del 2024”.
36. De cuerdo con lo anterior, la Sala evidenció que, aunque el tribunal
no se pronunció, expresamente, sobre las providencias citadas por la parte
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 6 de diciembre de 2022, radicado No. 05001-
23-31-000-2002-04829-01 [47148]; Sección Segunda, Subsecciones A y B, Sentencias de 27 de julio y 5 de octubre
de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02769-00/01.
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Demandante: Ricardo Roa Escarraga
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Decisión: Declara improcedencia
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actora, lo cierto es que, para fundamentar su decisión en relación con la
caducidad, la naturaleza del daño y la caducidad del medio de control en
casos relacionados con hacinamiento carcelario hizo alusión a otras y, con
ello, resolvió los reparos planteados en el recurso de apelación y en el escrito
de tutela la presente acción de tutela y concluyó que, dadas las
circunstancias específicas del caso, el daño era de ejecución instantánea
porque el actor estaba en capacidad de identificar desde el inicio las
condiciones que dieron lugar a su reclamo judicial, lo cual excluía la
posibilidad de aplicar una regla excepcional como pretendía.
37. En esa medida, dejó claro que, aunque los efectos del daño se
hubieran prolongado en el tiempo, dicha circunstancia no implicaba un
cómputo distinto del término de caducidad, ya que el accionante tuvo
conocimiento del hacinamiento desde el momento en que ingresó a la
Permanente Central de Ibagué.
38. En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción
de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la
demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso
ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias
que desbordan su competencia. Se recuerda que la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional22.
2.4. Conclusión
39. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Ricardo Roa Escarraga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02062-00
Demandante: Ricardo Roa Escarraga
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el municipio de Ibagué, la
Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Ibagué, por los motivos dados.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin23.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
23 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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