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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01291-01

Fecha
9 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01291-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar, se dispone: 1°) Declárase improcedente la acción de tutela, por no encontrar superado el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01291-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

9 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01291-01
Demandante: CESAR ANDRÉS ESCOBAR SEPÚLVEDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAS PROVIDENCIAS
JUDICIALES QUE RECHAZARON LA DEMANDA POR
CADUCIDAD. DAÑOS OCASIONADOS COMO
CONSECUENCIA DEL PRESUNTO HACINAMIENTO EN LA
CÁRCEL. SE REVOCA LA DECISIÓN QUE NEGÓ EL
AMPARO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el demandante consideró que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de las providencias que rechazaron la demanda de reparación
directa por caducidad, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un desconocimiento del precedente
judicial.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 30 de abril de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:

“[S]egundo: Negar la acción de tutela presentada por el señor César Andrés
Escobar Sepúlveda de conformidad con las consideraciones de la presente
providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 30, proceso primera instancia- negrillas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 6 de marzo de 2025, el señor César Andrés Escobar Sepúlveda, por intermedio de
apoderada judicial, promovió proceso de acción de tutela en contra del Tribunal

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01291-01
Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, con el fin de que se protegiera su derecho constitucional fundamental del debido
proceso y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
suscrito accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia
anticipada de primera instancia (sic) proferida por el Juzgado 9 Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué el 27 de junio de 2.024, y la providencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de septiembre de 2.024, en el
proceso de REPARACION DIRECTA de CÉSAR ANDRÉS ESCOBAR
SEPÚLVEDA, radicado No. 73001-33-33-009-2024-00141-00, así como
también las actuaciones posteriores a la sentencia, tales como: auto de
obedézcase y cúmplase del 1 de octubre de 2.024, y subsiguientes, proferidos
por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar que el Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el
fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera
consagrados.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 2, proceso primera instancia- mayúsculas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) El señor César Andrés Escobar Sepúlveda permaneció detenido en las instalaciones
de la Permanente Central de la Policía de Ibagué, desde el 19 de marzo hasta el 23 de
diciembre de 2021.

2) El demandante adujo que, una vez recobró la libertad, se enteró de que presuntamente
había sufrido estado de hacinamiento, por lo cual, el 17 de enero de 2023, presentó un
derecho de petición ante la Policía Metropolitana de Ibagué, con el fin de que se le
informara cuál era la capacidad total con la que contaba la Permanente Central de la
Policía de Ibagué para albergar detenidos.

3) El 19 de enero del mismo año, la Policía Metropolitana de Ibagué, Distrito Uno de
Ibagué, mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25, informó que
tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL y las antiguas
instalaciones de espacio público para 20 PPL, lo cual implicaba un porcentaje de
hacinamiento del 514%.

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Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

4) El 18 de diciembre de 2023, los señores Cesar Andrés Escobar Sepúlveda y Graciela
Sepúlveda de Escobar presentaron solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría 163 Judicial II para Asuntos Administrativos de la Procuraduría
General de la Nación, la cual se declaró fallida el 7 de marzo de 2024.

5) El 11 de marzo de 2024, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, la
Nación-Rama Judicial-Dirección de Administración Judicial, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC), la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación-Fiscalía General de
la Nación y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que se les
declarara administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados al señor
Escobar Sepúlveda con motivo de las condiciones de hacinamiento sufridas mientras
permaneció detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de
Ibagué.

6) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué1, quien mediante auto del 27 de junio de 2024 rechazó la demanda por
caducidad, en atención a que el demandante conoció del hacinamiento cuando ingresó a
la permanente central el 19 de marzo de 2021, por lo cual tenía hasta el 20 de marzo de
2023 para presentar la demanda de reparación directa; sin embargo, cuando radicó la
solicitud de conciliación extrajudicial, el 18 de diciembre de 2023, ya había operado dicho
fenómeno procesal y, por ende, también cuando presentó la demanda el 11 de marzo de
2024.

7) La parte demandante apeló la decisión pues, consideró que, si bien desde el 19 de
marzo de 2021 estuvo privado de su libertad, su captura se prolongó hasta el 23 de
diciembre del mismo año, situación que demostraba que el daño se prolongó en el tiempo
y finalizó hasta el día que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento.

8) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Tolima que, en auto del 5 de
septiembre de 20242, confirmó la decisión de rechazo, en la medida que el señor Escobar
Sepúlveda conoció la causación del daño, esto es, las condiciones de hacinamiento, el

1 Proceso con radicación no. 73001-33-33-009-2024-00141-00/01.

2 Decisión que se notificó el 11 de septiembre de 2024.

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Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

día 19 de marzo de 2021, por lo cual la parte actora tenía hasta el 20 de marzo de 2023
para interponer la demanda o, en su defecto, para radicar la solicitud de conciliación e
interrumpir el fenómeno de caducidad; no obstante, esa petición se elevó el 18 de
diciembre de 2023 y la demanda se presentó el 11 de marzo de 2024, cuando se
encontraba ampliamente vencido el término.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron su
derecho constitucional fundamental del debido proceso con ocasión de las providencias
proferidas el 27 de junio y el 5 de septiembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron
en un desconocimiento del precedente judicial.

Sostuvo que se desconoció el precedente judicial contenido en unas sentencias del
Consejo de Estado3, de la Corte Suprema de Justicia4, de la Corte Constitucional5 y de
los tribunales administrativos del Tolima6, del Quindío7 y de Antioquia8, las cuales
reforzaban la tesis de que el daño presuntamente ocasionado al señor César Andrés
Escobar Sepúlveda se prolongó hasta el momento en que recobró su libertad, por lo que
el término de caducidad debía iniciar desde el día siguiente a la cesación del daño y no
desde la fecha en que fue detenido en la Permanente Central de Ibagué.

Las autoridades judiciales demandadas omitieron aplicar las reglas fijadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en relación con la caducidad de la acción de
reparación directa en caso de daños continuados, las cuales establecen que el daño no
se materializa en un solo momento, sino que se prolonga en el tiempo, por lo cual el
término de caducidad debía contarse desde el día siguiente a la cesación del daño y no
desde la fecha en que se inició el hecho generador de la afectación.

3 Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 6 de diciembre de 2022,

procedo con radicación no. 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148).
4 Sentencia SC016-2018 de enero 24 de 2018, procedo con radicación no. 11001-31-03-010- 2011-00675-

01.
5 Sentencia SU-113 de 8 de noviembre de 2018, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

6 Providencia de 5 de septiembre de 2024, radicación no. 73001- 33-33-001-2024- 00124-01.

7 Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, fallo del 8 de noviembre de 2024,
radicación no. 63001-3333-005-2024-00227-01.
8 Sala Quinta de Decisión, sentencia de 29 de enero de 2024, radicación no 05001 33 33 029 2019 00033

01.

5
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Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 10 de marzo de 20259 la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación inadmitió la demanda, con el propósito de que se allegara el poder
especial otorgado a la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez.

Una vez subsanada la demanda, el 27 de marzo de 202510, se admitió la acción de tutela
y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima, al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, a la Nación – Rama Judicial – Dirección de
Administración Judicial, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al
Ministerio de Justicia y el Derecho, a la Fiscalía General de la Nación, al departamento
del Tolima, al municipio de Ibagué y a la señora Graciela Sepúlveda de Escobar, para
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 30 de abril
de 202511 negó el amparo invocado, en consideración a que el tribunal profirió la decisión
judicial cuestionada de acuerdo con las pruebas que obraban en el proceso de reparación
directa, la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, con lo cual
garantizó los derechos fundamentales de la parte demandante.

En cuanto a la sentencia del Consejo de Estado, indicó que contradice los argumentos
del actor, pues afirma que el conteo del término de caducidad se realiza desde la
ocurrencia del daño o el conocimiento del mismo.

Por otro lado, frente a la providencia expedida por la Corte Suprema de Justicia, afirmó
que no guarda relación con el caso concreto, debido a que versa sobre el trámite de una
acción de grupo.

Asimismo, sostuvo que, si bien existía identidad fáctica entre el presente caso y las
sentencias proferidas por los tribunales del Tolima, Quindío y Antioquia, dichas

9 Índice 4, Samai.

10 Índice 11, Samai.

11 Índice 30, Samai.

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Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

providencias no constituían precedente judicial con fuerza vinculante equiparable a una
sentencia de unificación.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 19 de mayo de 202512.

La decisión del tribunal que consideró que el conocimiento del daño se dio desde el
momento del ingreso al establecimiento carcelario y que, por tanto, se incurrió en
caducidad, vulnera el acceso efectivo a la justicia de manera desproporcionada.

La caducidad en este caso no solo resulta formalista, sino que contradice el principio pro
homine pues, impide que se estudien las graves violaciones a los derechos
fundamentales sufridas por el demandante, a pesar de que el daño se prolongó en el
tiempo y siguió afectando su integridad personal durante el transcurso que permaneció
detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué.

El hacinamiento en las cárceles y centros de detención es una violación grave y continua
de los derechos fundamentales, especialmente de la dignidad humana e integridad
personal, cuyo daño no es un hecho aislado, sino que tiene efectos prolongados.

Se requiere que se interprete el término de caducidad a partir del momento en que cesó
la afectación a los derechos del demandante, es decir, cuando terminó la situación de
hacinamiento por recobrar su libertad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

12 Índice 37, Samai.

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Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué con el fin de que se proteja su derecho constitucional fundamental del
debido proceso presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias del 27 de junio
y 5 de septiembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un desconocimiento del
precedente judicial.

Ahora bien, la Sala considera preciso advertir que, si bien la acción de tutela se dirigió
indistintamente contra los autos de primera y segunda instancia, proferidos en el trámite
del proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último
por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar, declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
razones que procederán a exponerse:

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Acción de tutela – Impugnación fallo

1) El demandante indicó que el tribunal desconoció el precedente contenido en unas
sentencias del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia
y unos tribunales administrativos en las cuales se estableció que el daño no se materializa
en un solo momento, sino que se prolonga en el tiempo, por lo cual el término de
caducidad debía contarse desde el día siguiente a la cesación del daño y no desde la
fecha en que se inició el hecho generador de la afectación.

2) En esa medida, señaló que el término de caducidad debía iniciar desde el día siguiente
a la fecha en la cual recobró su libertad y no desde la fecha en que fue detenido en la
Permanente Central de Ibagué.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del auto del 27 de junio de 2024, con miras a que, con base en la
jurisprudencia sobre la caducidad de la acción de reparación directa en caso de daños
continuados, se estableciera que no había operado dicho fenómeno, en la medida que el
hacinamiento carcelario soportado en la Permanente Central de Ibagué se extendió en el
tiempo, desde el 19 de marzo de 2021, día de su captura, hasta el 23 de diciembre del
mismo año, fecha en la cual salió de la permanente central. De manera expresa, en la
alzada indicó lo siguiente:

“Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión
corresponde a la vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos,
como lo tiene entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
debido al hacinamiento carcelario soportado en la Permanente Central, el
cual se extendió en el tiempo para el privado de la libertad CESAR
ANDRES ESCOBAR SEPULVEDA, desde el 19 de marzo de 2.021, día de
su captura, hasta el 23 de diciembre de 2.021, día en el que salió de la
permanente central, es decir, por más de 09 meses, prolongándose el
daño, que no dejó de existir hasta el día que dejó de sufrir las
consecuencias del hacinamiento.

No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del
medio de control de la referencia la fecha de detención del privado de la
libertad, por cuanto se estaría dejando por fuera de la órbita procesal el
último día en el que este estuvo detenido en la Permanente Central, día en
el que cesó el perjuicio por causa del hacinamiento.

Para efectos de acreditar lo aquí manifestado obra jurisprudencia del
máximo órgano de lo contencioso administrativo, que ha admitido
excepciones al término de caducidad en los casos en los que el perjuicio
se produce lentamente, como consecuencia de hechos sucesivos, para lo
cual se puede observar sentencia de Tutela T-5.402.361, de fecha 29 de
junio de 2.016, demandante: Claudia Isabel Arévalo actuando como

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Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

defensora pública de Jesús Alfredo Gaviria Ramírez, María Odilia Gaviria
Ramírez y Jahir Antonio Gaviria Ramírez, demandados: Juzgado
Veintidós Administrativo de Descongestión de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
Magistrado Ponente: Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, que
señaló:

(…).

En conclusión, en el presente caso el hecho, que fue el hacinamiento
carcelario, fue visible hasta el día en el que el privado de la libertad salió
del centro de detención transitoria (Permanente Central), prolongándose
durante toda su detención, es decir, que el hecho o la omisión
administrativa se extendió en el tiempo y con ello el daño fue perceptible
con el pasar del tiempo; por lo tanto el término de caducidad debe
contabilizarse a partir de que el PPL fue removido de la estación de
policía.

Al respecto, el honorable Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera, en sentencia del 18 de octubre de 2007,
CP: Dr. Enrique Gil Botero. Exp: AG2001-00029, señaló:

(…).

Así mismo, el honorable CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION
A, en sentencia del 25 de agosto de 2.011, en el proceso de reparación
directa, actor: HECTOR MARIA NAVARRETE Y OTROS, demandado:
NACION-MINISTERIO DE SALUD-INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,
radicación número: 19001-23-31-000-1997-08009-01(20316), Consejero
ponente: Dr. HERNAN ANDRADE RINCON, advirtió: (…).”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 20, primera instancia-
negrillas del original).

4) Por su parte, en el auto del 5 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo del
Tolima confirmó la decisión de primera instancia, en consideración a que, según la
jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, en los casos en los cuales se alegue una
falla del servicio derivada del hacinamiento carcelario, aunque los efectos del daño
perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde
que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño, por lo cual, en el presente asunto, era evidente que el señor Cesar
Andrés Escobar Sepúlveda conoció las condiciones de hacinamiento en las que se
encontraba recluido a partir de su detención, lo cual acaeció el 19 de marzo de 2021, en
los siguientes términos:

“Establecido lo anterior, y dado que el génesis de la presente controversia se
suscita en establecer el momento a partir del cual inicia el cómputo de la
caducidad, la Sala considera necesario distinguir ante qué tipo de daño
nos encontramos, es decir, si ante un daño instantáneo o continuado, con el
propósito de definir el inicio del plazo procesal del presente medio de control.

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Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
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En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia
del 06 de diciembre de 2022, C.P: Guillermo Sánchez Luque, proferida
dentro del proceso con radicación No. 05001-23-31-000-2002-04829-01, se
pronunció sobre el fenómeno de caducidad en los casos en que alegue una falla
del servicio derivada por el hacinamiento carcelario, para lo cual señaló lo
siguiente: (…).

Aunado a ello, se tiene que dicha sentencia fue objeto de tutela, la cual fue
conocida y resulta por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
providencia del 05 de octubre de 2023, C.P: César Palomino Cortés, dentro
del proceso con radicación No. 11001-03-15-000-2023-02769-01, en la cual
negó el amparo deprecado, al considerar que la sentencia se encontraba
ajustada a derecho y que no había transgredido garantías y derechos
fundamentales, para lo cual sostuvo lo siguiente:

(…).

De conformidad con lo dispuesto por el máximo órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa administrativa, se tiene que en los casos de
hacimiento, como el sub judice, la caducidad se debe contabilizar a partir
de que se tenga la certeza del conocimiento del daño, y en ese entendido,
se tiene que de acuerdo a las pruebas aportadas al cartulario por la parte
actora, se evidencia, que el señor CESAR ANDRÉS ESCOBAR
SEPÚLVEDA conoció las condiciones de hacinamiento en las que se
encontraba recluido a partir de su detención, lo cual acaeció el 19 de
marzo de 2021.

En tal sentido, encuentra la Sala que el señor CESAR ANDRÉS ESCOBAR
SEPÚLVEDA, conoció la causación del daño, esto es las condiciones de
hacinamiento a las que estaba sometido mientras estaba privado de su
libertad, el día 19 de marzo de 2021, es decir, que los accionantes contaban
hasta el 20 de marzo de 2023 para interponer la demanda o en su defecto
para radicar la solicitud de conciliación e interrumpir el fenómeno de
caducidad.

Sin embargo, los demandantes elevaron la solicitud de conciliación
extrajudicial hasta el 18 de diciembre de 2023, por lo que se estima que no
fue interrumpido el término de caducidad en tiempo, de tal forma que, para
el día 11 de marzo de 2024, cuando fue presentada la demanda, se
encontraba ampliamente vencido el término para la interposición del medio
de control de reparación directa, operando el fenómeno jurídico de la caducidad
de la acción.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 20, primera instancia, negrillas de la Sala).

5) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que, con base en varias sentencias
del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, se
declarara que no operó el fenómeno de la caducidad, en atención a que el hecho u
omisión administrativa se extendió en el tiempo, por lo cual el término para presentar la
demanda se debía contabilizar desde el momento en el cual se superaron las condiciones
de hacinamiento y no desde la fecha de su detención en la Permanente Central de
Ibagué.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01291-01
Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

6) Así pues, como lo expuso esta misma Sala de Decisión recientemente en un asunto
similar13, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación
es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son
una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación,
los cuales fueron resueltos en la providencia del 5 de septiembre de 2024 y se dirigieron
de manera exclusiva a que se declarara que no había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad.

7) Para la Sala resulta claro que, pese a que en la acción de tutela no se invocaron las
mismas sentencias que se mencionaron en el recurso de apelación, lo cierto es que todas
se dirigían a lo mismo, esto es, a sustentar la tesis del daño continuado, con el fin de que
se contabilizara el término de caducidad desde el momento en el que el demandante salió
de la Permanente Central de la Policía de Ibagué, por ser el instante en el que cesaron
los perjuicios causados por el hacinamiento y no desde la fecha de la privación de su
libertad.

8) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

9) En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el
amparo invocado y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de mayo de 2025, exp. 11001-03-

15-000-2025-02062-00 (AC), CP Alberto Montaña Plata.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01291-01
Demandante: Cesar Andrés Escobar Sepúlveda
Acción de tutela – Impugnación fallo

FALLA

Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar,
se dispone:

1°) Declárase improcedente la acción de tutela, por no encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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