Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01470-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01470-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01470-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01470-00
Accionante: SOCIEDAD ILUMINACIONES DE LA SABANA S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de controversias
contractuales. Incumplimiento del requisito de inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S., quien actúa a través
de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de febrero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, supuestamente
vulnerados por las autoridades accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“7.1.- Solicito se sirva amparar de forma integral, los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y la garantía de debido proceso de la sociedad en sus distintos tópicos,
vulnerados en la sentencia del 11 de julio de 2025 proferida por Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. Radicado No. 25000-23-36- 000-2019-00629-00.
7.2.- En virtud de lo anterior, solicito que se ordene a la Sala, la expedición de una nueva
sentencia que proteja los derechos fundamentales conculcados con las siguientes reglas
de amparo:
● La nueva sentencia se deberá someter a las posibles transgresiones al alcance del
medio de control de controversias contractuales, exceptuando la revisión de los actos
precontractuales.
● Que de mantenerse la censura de nulidad contractual se le otorgue un plazo previo a
las partes para que se manifiesten y pidan pruebas.
● Que la valoración de las pruebas, de haber lugar a ello, debe hacerse conforme la
garantía de valoración integral”.
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Accionante: Sociedad Iluminaciones de la Sabana
S.A.S.
2. Hechos1
Mediante el Acuerdo no. 108 de 2016, el Concejo de Chía autorizó al alcalde para
celebrar un contrato de concesión cuyo objeto consistía en la reposición, operación,
mantenimiento, expansión y administración del servicio de alumbrado público en el
municipio, autorización cuya vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de
2018. En desarrollo de dicha habilitación, a través de la Resolución no. 4809 del 20
de noviembre de 2018 se ordenó la apertura de la licitación pública no. 028 de 2018,
al término de la cual se presentaron como oferentes las sociedades AGM Desarrollo
S.A.S., distribuciones eléctricas La Sabana S.A.S. y la promesa de sociedad Futura
Iluminaciones de la Sabana S.A.S.
En el curso del proceso de selección, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública mediante comunicación del 13 de diciembre de
2018, formuló observaciones relacionadas principalmente con la titularidad de la
infraestructura sobre la cual recaería el contrato y con la forma de aplicación de la
cláusula de reversión al finalizar la concesión. Frente a ello, el municipio mediante
oficio de 21 de diciembre de 2018 aclaró que el objeto contractual recaía sobre las
luminarias y no sobre los postes cuya propiedad correspondía a un tercero -ENEL
Codensa S.A.-, y que desde los estudios previos se habían definido con precisión
los bienes sujetos a reversión.
Agotadas las etapas de evaluación, traslado de informes y respuesta a las
observaciones formuladas por los interesados, la entidad territorial adjudicó el
contrato a la promesa de sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S.,
decisión adoptada en audiencia pública el 22 de diciembre de 2018 y formalizada
mediante la Resolución no. 5402 de la misma fecha. En consecuencia, el 28 de
diciembre de 2018 se suscribió el contrato de concesión no. 635 por un valor de
$14.766.934.737 y un plazo de 30 años, contados a partir de la firma del acta de
inicio, la cual tuvo lugar el 1º de marzo de 2019.
En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la Nación presentó demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el municipio de
Chía y la sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A. con la pretensión de que se
declarara la nulidad del contrato de concesión no. 635 del 28 de diciembre de 2018.
Y como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordenara a la sociedad que
devolviera en su integridad las sumas de dinero recibidas como contraprestación
por la ejecución del contrato, indexar los valores devueltos y liquidar y pagar a favor
del municipio de Chía los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta
autorizada por ley de las sumas liquidadas.
Lo anterior, al considerar que el contrato se encontraba viciado de nulidad absoluta
por haber sido celebrado con abuso o desviación de poder en los términos de lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, toda vez que el
mismo fue el resultado de un proceso en el que se vulneraron los deberes de
selección objetiva y planeación, afectando la libre concurrencia y la igualdad de los
oferentes.
En ese contexto, la sociedad accionante refirió que el proceso le correspondió por
reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
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Los hechos enunciados fueron tomados del escrito de tutela y del proceso ordinario.
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B2, que mediante sentencia de 1° de septiembre de 2023 declaró la nulidad del
contrato no. 635 del 28 de diciembre de 2018, suscrito por el municipio de Chía y la
sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S. cuyo objeto era “contratar por el
sistema de concesión la operación, administración, mantenimiento, modernización,
reparación y expansión del sistema de alumbrado público en el municipio de Chía,
Cundinamarca”. Y como consecuencia de lo anterior, moduló la decisión adoptada
con el fin de que la entidad en un plazo máximo de 10 meses efectuara la
contratación para que se garantizara la prestación del servicio de operación,
administración, mantenimiento, modernización, reparación y expansión del sistema
de alumbrado público en el municipio de Chía, y condenó en costas a las
demandadas, fijando como agencias en derecho el 3%.
Asimismo, condenó en abstracto el reconocimiento y pago de las prestaciones, las
cuales se debían efectuar mediante incidente conforme a lo previsto en el artículo
193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Lo anterior, al considerar que el proceso licitatorio presentó
irregularidades sustanciales, toda vez que la exigencia de acreditar experiencia
exclusivamente en contratos de concesión restringió injustificadamente la libre
concurrencia y resultó desproporcionada, contrariando los principios de la
contratación estatal. Asimismo, determinó que la promesa de sociedad futura
adjudicataria no cumplía los requisitos del pliego, pues parte de la experiencia
acreditada no era válida ni transferible, por lo que su oferta debió ser rechazada. En
consecuencia, estimó que la entidad territorial desconoció el deber de selección
objetiva, configurándose una causal de nulidad absoluta del contrato por desviación
de poder. Adicionalmente, sostuvo que al no contar con elementos para determinar
las prestaciones ejecutadas, ordenó la condena en abstracto respecto de las
restituciones mutuas.
Contra la anterior determinación, las partes presentaron recurso de apelación. La
sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S. alegó en primer lugar, la vulneración
del principio de congruencia al existir falta de coherencia entre las pretensiones de
la demanda, el problema jurídico planteado y la decisión adoptada, así como la
inclusión de una modulación de efectos sin motivación y la imposición indebida de
costas. Asimismo, sostuvo que no se configuró una transgresión del deber de
planeación ni una causal de nulidad del contrato, pues la exigencia de experiencia
en contratos de concesión respondía a las necesidades del municipio y a
antecedentes contractuales previos. Además, afirmó que no se vulneró el deber de
selección objetiva ya que el pliego permitió amplia participación y la adjudicataria
cumplió los requisitos mediante la acumulación válida de experiencia de sus socios.
De igual forma, argumentó que el a quo desconoció la diferencia entre el servicio
de energía eléctrica y el de alumbrado público, así como el hecho de que la
infraestructura podía ser compartida sin que su titularidad condicionara la
prestación del servicio. Añadió que la demanda debía dirigirse contra el acto de
adjudicación y no contra el contrato, respecto del cual ya habría operado la
caducidad, y que la propiedad de la infraestructura no era determinante para la
prestación del servicio. Finalmente, sostuvo que no se acreditó la causal de nulidad
por desviación de poder, pues el proceso de selección se adelantó conforme al
pliego de condiciones y sin irregularidades atribuibles a la entidad.
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Radicado no. 25000-23-36-000-2019-00629-00.
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Por su parte, el municipio de Chía limitó su inconformidad a la condena en costas
impuesta en la sentencia de primera instancia, al considerar que no se acreditó la
causación de gastos, expensas u otros conceptos que justificaran su imposición.
En ese sentido, señaló que la Procuraduría General de la Nación actuó a través de
un servidor público de su planta de personal, lo que excluye la generación de
agencias en derecho. Adicionalmente, sostuvo que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA, no había lugar a la condena en costas cuando el proceso
involucraba la defensa de un interés público, como ocurría en el caso concreto.
Sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por sentencia
de 11 de julio de 2025, modificó la decisión de primera instancia, cuya parte
resolutiva quedó de la siguiente manera:
“PRIMERO: Declarar, por las razones expuestas, la nulidad absoluta del contrato No.
635 del 28 de diciembre de 2018, suscrito por el Municipio de Chía y la Sociedad
Iluminaciones de la Sabana SAS cuyo objeto fue “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
CONCESIÓN LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO,
MODERNIZACIÓN, REPARACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA”.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la Sala modula la decisión adoptada en
el numeral anterior, a fin de que la entidad, en un plazo máximo de 10 meses contados
a partir de la ejecutoria de esta decisión, efectúe la contratación para que se garantice la
prestación del servicio de operación, administración, mantenimiento, modernización,
reparación y expansión del sistema de alumbrado público en el municipio de Chía,
Cundinamarca.
Los efectos de la nulidad del contrato solo se producirán cuando el negocio jurídico
correspondiente se haya perfeccionado o, en todo caso, cuando haya transcurrido el
plazo de los 10 meses antes indicado, computado desde la ejecutoria de esta
providencia, lo que ocurra primero.
TERCERO. Se condena en abstracto al reconocimiento y pago de las prestaciones que
hayan sido ejecutadas por la sociedad concesionaria hasta el acaecimiento del hito de
que trata el punto resolutivo segundo. La liquidación correspondiente se deberá efectuar
mediante incidente conforme a lo previsto por el artículo 193 del CPACA y a lo expresado
en la presente decisión.
El respectivo incidente se promoverá dentro de los 60 días siguientes al
perfeccionamiento del contrato de que trata la parte inicial del anterior numeral o desde
cuando haya transcurrido el plazo de los 10 meses allí indicado, computado desde la
ejecutoria de esta providencia, lo que ocurra primero.
CUARTO: Sin condena en costas, por tratarse de un proceso en el que se ventiló un
interés público.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a los canales digitales registrados por los sujetos
procesales.
SEXTO. Liquídense por Secretaría los gastos del proceso. En caso de que pasados dos
años, no hayan sido reclamados por la parte actora, la Secretaría declarará la
prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial o de la entidad que haga sus veces”.
Lo anterior, al considerar que confirmaba la nulidad del contrato de concesión al
encontrar acreditada la vulneración del principio de selección objetiva, dado que el
municipio de Chía adjudicó el contrato a un proponente que no cumplía con los
requisitos de experiencia exigidos en el pliego de condiciones. En ese contexto,
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precisó que el contrato se encontraba sometido al régimen de la Ley 80 de 1993 y
que la declaratoria de nulidad absoluta no dependía de la previa anulación del acto
administrativo de adjudicación, pues los efectos del mismo se agotaban con la
celebración del contrato. Asimismo, señaló que bastaba la configuración de una
causal de nulidad para retirar el negocio jurídico del ordenamiento, sin que fuera
necesario analizar otros vicios alegados, y aclaró que la referencia al principio de
planeación no constituyó el fundamento de la decisión.
De otra parte, la Corporación ajustó la modulación de los efectos de la nulidad con
el fin de garantizar la continuidad del servicio de alumbrado público, disponiendo
que estos se difirieran hasta la celebración de un nuevo contrato o, en su defecto,
por un término máximo determinado. Igualmente, ante la falta de prueba sobre las
prestaciones ejecutadas, ordenó una condena en abstracto para su posterior
liquidación conforme a los parámetros fijados. Finalmente, revocó la condena en
costas al considerar que el Ministerio Público actuó en defensa del interés público y
no en ejercicio de un interés particular, razón por la cual no resultaba procedente su
imposición.
En ese orden de ideas, mediante memorial radicado el 28 de julio de 2025, la entidad
territorial formuló diversas solicitudes de aclaración respecto de la sentencia
proferida, específicamente en relación con los ordinales primero, segundo y tercero
de la parte resolutiva. Adicionalmente, solicitó la adición del fallo frente a dos
aspectos que, a su juicio, hacían parte del litigio y no habrían sido objeto de
pronunciamiento. Por su parte, la sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S.,
mediante escrito presentado el 29 de julio de 2025 solicitó la aclaración y/o adición
de la sentencia, con el fin de que se precisara en la parte resolutiva si, al momento
de la liquidación del contrato, surgían de manera simultánea las obligaciones de
pago de los saldos a favor del contratista y la reversión de los bienes al municipio.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante providencia de 11
de agosto de 2025, negó las solicitudes de aclaración y adición elevadas por el
municipio de Chía y la sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S., porque ni la
liquidación del contrato ni los efectos derivados de su terminación distintos a los
expresamente definidos en la sentencia constituían aspectos oscuros que debieran
ser objeto de aclaración, ni correspondían a puntos omitidos dentro de la discusión
jurídico-procesal resuelta en el fallo de segunda instancia.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Al respecto, afirmó que el asunto
planteado revestía de relevancia constitucional toda vez que la decisión cuestionada
vulneraba el derecho al debido proceso y de defensa, y agregó que no se trataba
de un debate legal. Asimismo, precisó que los recursos ordinarios fueron ejercidos
de manera oportuna y adecuada, que se cumplió con el requisito de inmediatez,
toda vez que la providencia que resolvió las solicitudes de adición quedó en firme el
25 de agosto de 2025, por lo que se encontraba dentro del término razonable,
asimismo, precisó que la decisión cuestionada no correspondía a una sentencia de
tutela.
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En lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que en la
decisión objetada se configuraron los defectos procedimental absoluto,
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
Respecto del defecto procedimental absoluto, la parte actora afirmó que aunque
la autoridad judicial accionada sostuvo que no era necesario demandar el acto de
adjudicación para invalidar el contrato posterior, lo cierto era que la Procuraduría
General de la Nación promovió la nulidad del contrato alegando desviación de
poder, y la misma fue declarada por objeto ilícito. Por lo tanto, señaló que dicha
interpretación omitió un error procedimental esencial, ya que el control correcto
debía dirigirse al acto de adjudicación y no al contrato mismo, lo que afectaba
directamente la oportunidad y el procedimiento para interponer la acción
correspondiente.
Asimismo, precisó que el régimen de controversias contractuales, la nulidad
absoluta o relativa de un contrato podía demandarse dentro de los dos años
siguientes a su perfeccionamiento, mientras que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a actos previos al contrato tiene un término de
cuatro meses desde su notificación, comunicación o ejecución. En ese sentido,
sostuvo que la vía adecuada no era la controversia contractual, sino el medio de
control de simple nulidad, lo que evidenciaba que la demanda presentada no
correspondía al medio de control correcto.
En relación a la violación directa de la Constitución, la parte actora precisó que
“la sentencia de segunda instancia incurrió en una violación directa de la
constitución, al vulnerar el derecho a la defensa de la sociedad accionante, lo que
a su vez generó la agravación de su condición de apelante único”. Asimismo,
sostuvo que la autoridad judicial accionada declaró la nulidad del contrato de
concesión de alumbrado público del municipio de Chía por objeto ilícito, pese a que
la sociedad apelante única había fundamentado su defensa en la nulidad por
desviación de poder, como lo resolvió la primera instancia.
En ese sentido, refirió que al modificar la causal de nulidad hacia un objeto ilícito, la
autoridad judicial accionada excedió su competencia y vulneró los derechos al
debido proceso y a la defensa de la sociedad, desmejorando su situación sin que
existieran fundamentos probatorios sólidos que justificaran tal decisión. Y en ese
sentido, señaló que dicha actuación contravino el principio de “non reformatio in
pejus”, que limita al juez de segunda instancia a pronunciarse únicamente sobre lo
desfavorable al apelante, salvo casos excepcionales de manifiesta ilegitimidad de
la decisión de primera instancia, lo cual no se configuró en el caso. En ese contexto,
concluyó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado basó
su fallo en una interpretación incorrecta del pliego y en una valoración indebida de
la prueba, agravando de manera ilegítima la posición de la sociedad y adoptando
una decisión desproporcionada y fuera de su competencia.
Frente al defecto sustantivo, la sociedad accionante afirmó que la sentencia
cuestionada realizó una “interpretación irrazonable de la causal de nulidad de
concesión y del control de legalidad de los actos previos al contrato”. En ese sentido,
precisó que la autoridad judicial accionada consideró que la sociedad no cumplía
con los requisitos de experiencia, pero no identificó ninguna prestación contractual
prohibida o contraria al derecho público que fuera la base legítima para declarar
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nulidad absoluta por objeto ilícito, conforme al artículo 1519 del Código Civil y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
En ese contexto, señaló que la nulidad por objeto ilícito exigía que se precisara qué
obligaciones son ilícitas, qué norma imperativa se quebranta y por qué el vicio es
manifiesto. No obstante, refirió que en el caso concreto la providencia confundió
irregularidades en la etapa precontractual como la habilitación y la selección de la
oferta con la licitud del objeto contractual, que consistía en la operación,
modernización y expansión del alumbrado público, actividad lícita y conectada con
el interés general. Por lo tanto, concluyó que ese salto conceptual constituía una
interpretación irrazonable de la ley y un defecto sustantivo en la decisión.
Finalmente, en lo que respecta al defecto fáctico, la parte actora sostuvo que la
autoridad judicial accionada desconoció las pruebas obrantes en el plenario que
acreditaban las certificaciones de experiencia de la concesionaria, en particular (i)
el certificado de experiencia expedido por el secretario general de la Alcaldía
Municipal de San José de Cúcuta, (ii) certificado de experiencia expedido por el
secretario general del municipio de Soledad, (ii) certificado de experiencia expedido
por el representante legal de la firma VISA INGENIERÍA S.A. Interventora para el
contrato de concesión no. AP-002-2000, (iv) certificado expedido por la Secretaría
de Planeación del municipio de Sincelejo, y (v) certificaciones adicionales.
4. Trámite procesal
Por auto de 27 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y al
municipio de Chía, como terceros interesados en el resultado del proceso. De igual
modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de
lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 37874 a 37879 de
3 de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
El magistrado sustanciador rindió informe en el que precisó que al analizar los
cargos presentados por la sociedad accionante, se observó que la controversia
planteada mediante esta acción de tutela subsidiaria y excepcional no cumplía con
el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la misma se limita a cuestionar
la correcta valoración jurídica y probatoria realizada por el Consejo de Estado en la
sentencia del 11 de julio de 2025.
Agregó que el escrito de tutela evidenciaba un claro desacuerdo con la decisión
adoptada en sede ordinaria y buscaba, a través de este mecanismo constitucional,
generar una nueva instancia que revierta la anulación del contrato de concesión nº
635 de 2018, con el fin de proteger intereses económicos derivados del negocio
jurídico.
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En consecuencia, precisó que la tutela resultaba improcedente, pues la peticionaria
se limitó a controvertir interpretaciones y valoraciones ya efectuadas por los jueces
naturales de la controversia. Por lo que las cuestiones planteadas no afectaban ni
comprometían derechos fundamentales, sino que se circunscribían a un interés
económico particular, careciendo de la trascendencia constitucional necesaria para
que este mecanismo fuera procedente.
Adicionalmente, sostuvo que en el presente caso la sentencia de 11 de julio de 2025
fue objeto de solicitudes de aclaración y adición, las cuales fueron resueltas
mediante providencia del 11 de agosto de 2025 y notificadas por estado electrónico
el 21 de agosto del mismo año. No obstante, la acción de tutela se interpuso hasta
el 24 de febrero de 2026, lo que evidenciaba que se acudió a la jurisdicción
constitucional fuera de un término razonable y suficiente. En consecuencia, no
resultaba correcta la afirmación reiterada de la accionante de que el auto que
resolvió la aclaración correspondió al 25 de agosto de 2025.
Adicionalmente, la interesada no presentó justificación alguna para explicar su
demora, tal como exige la jurisprudencia citada, ni precisó por qué la vulneración o
amenaza alegada tendría carácter actual, ni en qué medida el plazo transcurrido
podría considerarse irrazonable ante una eventual debilidad manifiesta de sus
derechos.
Por último, sostuvo que la acción de tutela es improcedente para dejar sin efectos
la sentencia cuestionada, por carecer abiertamente de relevancia constitucional y
ser extemporánea. Adicionalmente, la decisión adoptada por el Consejo de Estado
no incurrió en los defectos endilgados y tampoco desconoció el precedente judicial;
por ende, no violó el derecho al debido proceso ni el principio de la seguridad
jurídica.
5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, remitió copia digital del proceso de controversias contractuales no.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en la sentencia de 11 de julio
de 2025 incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora
al configurarse los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y violación
directa de la Constitución.
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3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora
bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y
lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en
cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos
vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en
cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional3 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar5, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20166,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal
del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en
el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones
permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la
inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que
la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino
que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza
de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
3
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
4
Ibídem.
5
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
9
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inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que
se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que,
aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la
tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de
terceros si se declarara procedente”7
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito
diferente al de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la
respuesta negativa a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de
justificación, pues lo que pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de
la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional9.
4. Estudio y solución del caso concreto
La sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S., quien actúa a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con la pretensión de que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa,
presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A con la sentencia de 11 de julio de 2025, mediante la cual se modificó la decisión
de 1° de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que declaró la nulidad del contrato
no. 635 del 28 de diciembre de 2018, suscrito por el municipio de Chía y la sociedad
Iluminaciones de la Sabana S.A.S. cuyo objeto era “contratar por el sistema de
concesión la operación, administración, mantenimiento, modernización, reparación
y expansión del sistema de alumbrado público en el municipio de Chía,
Cundinamarca”.
7
Ibídem.
8
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Y como consecuencia de lo anterior, moduló la decisión adoptada, con el fin de que
la entidad en un plazo máximo de 10 meses efectuara la contratación para que se
garantizara con la prestación del servicio de operación, administración,
mantenimiento, modernización, reparación y expansión del sistema de alumbrado
público en el municipio de Chía, y condenó en costas a las demandadas, fijando
como agencias en derecho el 3%, dentro del medio de control de controversias
contractuales no. 25000-23-36-000-2019-00629-01.
Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la inmediatez.
De conformidad con las actuaciones que reposan en el expediente que contiene las
actuaciones del medio de control de controversias contractuales con radicado no.
25000-23-36-000-2019-00629-01, la Sala observa que la sentencia de segunda
instancia de 11 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado Sección Tercera,
Subsección A, fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 22 de julio
de 2025, por lo tanto, en atención al artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la decisión se entiende notificada el 25 de
julio de 2025. No obstante, la sentencia de segunda instancia fue objeto de
solicitudes de aclaración y adición por parte de la sociedad accionante y del
municipio de Chía, las cuales fueron resueltas mediante providencia del 11 de
agosto de 2025, notificada por estado electrónico el 21 de agosto de 2025, fecha
a partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
Como la solicitud de amparo fue promovida el 24 de febrero de 202610,
transcurrieron seis (6) meses y dos (2) días entre el momento de la notificación
de la providencia que resolvió las solicitudes de aclaración y adición presentadas
por la parte actora contra la sentencia de segunda instancia dictada en el medio de
control de controversias contractuales y el de la interposición de la acción
constitucional, término que excede el límite razonable y suficiente establecido
jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general,
acogido igualmente por la Corte Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
11
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” ,
10
Acta individual de reparto.
11
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho
término es perentorio”12.
En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses),
lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe
acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le
corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso
13
concreto” .
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales, aunado al hecho
de que la parte actora solo se limitó a señalar que la acción de tutela cumplía con
los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales, lo que no
justifica la presentación de la solicitud de amparo sin el cumplimiento del requisito
de la inmediatez.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, toda vez
que no se cumple con el requisito de la inmediatez.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad
Iluminaciones de la Sabana S.A.S., quien actúa a través de apoderado judicial,
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones aquí expuestas.
12
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12
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S.A.S.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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