Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00629-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00629-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00629-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
Temas: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – El fallo debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley. Su vulneración difiere de la falta de motivación de la sentencia. / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
ESTATAL – Puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. La oficiosidad en esta materia habilita al
juzgador para modular los efectos de dicha declaratoria, y no está normativamente condicionada a que
previamente se despoje de su presunción de legalidad al acto administrativo de adjudicación del proceso de
selección que precedió al negocio jurídico. / CONDENA EN COSTAS – No procede cuando se ventilan asuntos
de interés público.
1. La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la sociedad
Iluminaciones de la Sabana S.A.S. y el municipio de Chía, sujetos demandados
en este proceso, contra la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La Procuraduría General de la Nación1 solicitó la declaratoria de nulidad absoluta
del Contrato de Concesión nº 635 de 2018, celebrado entre el municipio de Chía
y la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., cuyo
objeto consistió en la operación, administración, mantenimiento, modernización,
reposición y expansión del sistema de alumbrado público en dicha entidad
territorial, con un valor de $14.766’934.737 y una duración de 30 años, alegando
que en el proceso de escogencia del contratista se transgredieron los deberes
de selección objetiva y planeación, lo que derivó en la configuración del vicio de
desviación o abuso de poder.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 3 de septiembre de 20192, la Procuraduría3 presentó demanda de
controversias contractuales contra el municipio de Chía4 e Iluminaciones de la
1 En adelante, la Procuraduría o la demandante.
2 Índice 001 del historial de SAMAI, en primera instancia.
3 Según se refirió en la demanda, actuando por intermedio del Procurador 200 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Zipaquirá, en ejercicio de la Agencia Especial nº 009 del 25 de enero de 2019, otorgada por
el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.
4
En lo sucesivo, también, el Municipio, la entidad territorial o la contratante.
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
Sabana S.A.S.5, elevando las siguientes pretensiones, que se transcriben con
su propio énfasis y posibles errores:
“2.1 DECLARATIVA
Sírvanse señores magistrados declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión 635
del 28 de diciembre de 2018, por valor fiscal de CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS ($14.766’934.737), celebrado entre el Municipio de Chía y la sociedad
Iluminaciones de la Sabana S.A.S., cuyo objeto es ‘CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
CONCESIÓN LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO,
MODERNIZACIÓN, REPARACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA’.
2.2 CONDENATORIAS
2.2.1 Ordenar a la sociedad contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que
haya recibido como contraprestación por la ejecución del contrato, dado que la nulidad
absoluta del mismo implica volver las cosas al estado anterior en la medida de lo posible.
2.2.2 Ordenar a la sociedad contratista indexar los valores devueltos aplicando las fórmulas
de matemática financiera que resulten adecuadas para lograr su equitativa actualización.
2.2.3 Ordenar a los demandados dar estricto y puntual cumplimiento a la sentencia conforme
a los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
2.2.4 Condenar a la sociedad contratista a liquidar y pagar en favor del Municipio de Chía, a
partir de la ejecutoria de la sentencia que acoja las pretensiones atrás formuladas, intereses
comerciales moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley todas las sumas liquidadas y
hasta que se produzca el pago efectivo de tales valores.
2.2.5 Condenar en costas a las partes demandadas”.
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron los siguientes:
5. A través del Acuerdo nº 108 de 2016, se autorizó al alcalde municipal de Chía
para celebrar un contrato de concesión para la reposición, operación,
mantenimiento, expansión y administración del servicio de alumbrado público en
dicha entidad territorial. La vigencia de tal autorización se prorrogó hasta el 31
de diciembre de 2018.
6. Por Resolución nº 4809 del 20 de noviembre de 2018, se dio apertura a la
licitación pública nº 028 de 2018, con la finalidad antes anotada y, al cierre del
proceso de selección, se presentaron tres oferentes: AGM Desarrollo S.A.S.,
Distribuciones Eléctricas La Sabana S.A.S. y promesa de sociedad futura
Iluminaciones de la Sabana S.A.S.
7. Mediante comunicación n° 162409 del 13 de diciembre de 2018, la Procuraduría
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública remitió al Municipio
observaciones respecto del proceso licitatorio, manifestando dudas frente a la
propiedad de la infraestructura sobre la que recaería el contrato y la forma como
operaría la cláusula de reversión al finalizar el plazo de la concesión. En
respuesta a tales observaciones (mediante Oficio E-2018-633181 del 21 de
diciembre de 2018), la entidad territorial señaló que el negocio jurídico a celebrar
versaba sobre las luminarias y no sobre los postes de titularidad de terceros
(específicamente, ENEL - Codensa S.A.), y que desde los estudios previos se
tuvo claridad sobre cuáles serían los bienes objeto de reversión.
5
En adelante, igualmente, la Sociedad, la contratista o la concesionaria.
2
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
8. Surtido el traslado del informe de evaluación, las observaciones presentadas al
mismo y su correspondiente respuesta, se adjudicó el contrato a la Promesa de
Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., en audiencia celebrada el
22 de diciembre de 2018, decisión que fue consignada en la Resolución nº 5402
de la misma fecha.
9. El 28 de diciembre de 2018, se celebró el respectivo Contrato de Concesión nº
635, por valor de $14.766’934.737 y un plazo de 30 años, contados a partir de
la firma del acta de inicio, que se produjo el 1° de marzo de 2019.
Concepto de violación y fundamentos de derecho
10. Sostuvo la demandante que el contrato se encuentra viciado de nulidad absoluta
por haber sido celebrado con abuso o desviación de poder, en los términos del
artículo 44, numeral 3, de la Ley 80 de 1993, en tanto fue el resultado de un
proceso de selección en el que se vulneraron los deberes de selección objetiva
y planeación, afectando la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes.
11. En lo atinente al deber de planeación, señaló que, al momento de dar apertura
del proceso licitatorio, el Municipio no contaba con certeza respecto de la
propiedad de los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto
contratado, en tanto la infraestructura del alumbrado público sobre la que el
mismo recae es de titularidad de terceros, como lo confirmó en la respuesta
brindada a las observaciones presentadas por la Procuraduría Delegada para la
Vigilancia Preventiva de la Función Pública, lo que implica: (i) que el contratista
dependa de autorizaciones de terceros para cumplir sus obligaciones y (ii) la
falta de claridad respecto de cómo operaría la reversión o devolución total de los
bienes afectos al servicio, al finalizar el contrato.
12. Añadió que, de conformidad con los estudios previos, el servicio de alumbrado
público se prestaba bajo la figura de convenio, suscrito con ENEL- Codensa
S.A.6 y prorrogado hasta el 12 de enero de 2019, cuyo objeto consistió en “dar
en arrendamiento -uso- de infraestructura de alumbrado público de CODENSA
S.A. E.S.P.”, lo que, a juicio de la demandante, implicó que la entidad territorial
reconociera a ENEL - Codensa S.A. como propietaria de la infraestructura
requerida para la prestación del servicio público en comento en la entidad
territorial.
13. De otro lado, frente al deber de selección objetiva, sostuvo que en la Licitación
Pública nº 028 de 2018 no se garantizó la libre concurrencia de los interesados,
pues, de un lado, se fijaron reglas de participación con condiciones restrictivas,
en tanto se limitó la experiencia que se podía acreditar para participar en el
proceso de selección a aquella adquirida en contratos de concesión; y, del otro,
se adjudicó el proceso a un proponente que no cumplía con los requisitos de
experiencia señalados en los pliegos de condiciones, dado que se tuvieron en
6 Las partes demandante y demandada hicieron uso indistinto de las expresiones “Codensa S.A.”, “ENEL” y
“ENEL - Codensa S.A.” para referirse a la misma persona jurídica. En la medida que no se trata de un sujeto
procesal vinculado a la presente causa (y en todo caso la Sala no aprecia que ostente la condición de
litisconsorte necesario que hubiese ameritado su vinculación), la Sala no estima necesario detenerse en analizar
la naturaleza jurídica que corresponde a dicho organismo y la denominación precisa que de ella se deriva, de
modo que, en lo sucesivo, se referirá al mismo como “ENEL - Codensa S.A.”.
3
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
cuenta, como parte de la experiencia de una de sus sociedades integrantes -
Iluminaciones Especializadas del Norte S.A.-, actividades previas a la fecha de
constitución de esta última.
Contestación del municipio de Chía
14. La entidad contratante se opuso a las pretensiones7 y propuso como
excepciones previas las de inepta demanda y caducidad8. Como medios
exceptivos de fondo formuló los denominados “pleno respeto del principio de
planeación dentro del proceso licitatorio LP-028 de 2018” y “respeto y debida
aplicación del deber de selección objetiva dentro del proceso de licitación LP-
028 de 2018”.
15. Manifestó que, desde 2003, ENEL - Codensa S.A.9 venía operando el sistema
de alumbrado público en el Municipio, beneficiándose de un modelo de
explotación monopólico derivado de la propiedad que detenta sobre la
infraestructura del alumbrado público, sin garantizar la libre concurrencia de
otros agentes del mercado. Esa circunstancia, añadió, fue la que intentó
remediarse con la Licitación Pública nº 028 de 2018 y el contrato que se derivó
de ella. Precisó que lo relativo a la propiedad de la infraestructura sí fue tenido
en cuenta en el modelo negocial (contrario a lo sostenido por la parte
demandante), a tal punto que el proceso de selección se estructuró para permitir
la participación de una pluralidad de oferentes y no solamente de quien
ostentaba la titularidad de la infraestructura eléctrica.
16. De otro lado, argumentó que el deber de selección objetiva fue plenamente
observado, porque tanto en el análisis de mercado como en los estudios previos
y en los pliegos de condiciones se emplearon indicadores suficientes,
ponderados y adecuados para seleccionar a quien acreditó mayor aptitud para
dispensar el servicio de reposición, operación, mantenimiento, expansión y
administración del servicio de alumbrado público, bajo el modelo de concesión.
Contestación de Iluminaciones de la Sabana S.A.S.
17. Se opuso a las pretensiones10 y formuló como las excepciones previas de inepta
demanda y caducidad11. Señaló que la falta de propiedad del Municipio sobre la
totalidad de los elementos en los que recaería el contrato cuestionado fue un
aspecto suficiente y oportunamente informado a los interesados en participar en
el proceso de selección, a través de los estudios previos, el pliego de
condiciones y en el modelo financiero que lo sustentó. Añadió que el hecho de
que la propiedad de la infraestructura eléctrica recaiga en terceros no impide la
ejecución del contrato, y que aceptar la tesis de la demandante implicaría admitir
que el único autorizado para celebrar contratos de alumbrado público es ENEL
-Codensa S.A. por ser el dueño de dicha infraestructura.
7 Índice 007 del historial de SAMAI, en primera instancia.
8 Declaradas no probadas en providencia del 29 de enero de 2021, índice 022 del historial de SAMAI, en primera
instancia.
9 Así denominado por el municipio demandado.
10 Índice 009 del historial de SAMAI, en primera instancia.
11 Declaradas no probadas en providencia del 29 de enero de 2021, índice 022 del historial de SAMAI, en
primera instancia.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
18. Sostuvo que las figuras asociativas como consorcio, unión temporal y promesa
de sociedad futura permiten la sumatoria de conocimientos y experiencias para
participar en los procesos de selección con el Estado, como manifestación de la
libertad de empresa, y que dicha posibilidad no fue limitada o proscrita en la
Licitación Pública nº 028 de 2018. Agregó que su oferta satisfizo la totalidad de
los requisitos exigidos en el pliego, justamente, por razón de la acumulación de
experiencia permitida.
La sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
profirió sentencia de primera instancia el 1 de septiembre de 202312, efectuando
las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe con su propio énfasis y
eventuales errores):
“PRIMERO: Declarar la nulidad del contrato No. 635 del 28 de diciembre de 2018,
suscrito por el Municipio de Chía y la Sociedad Iluminaciones de la Sabana SAS cuyo
objeto fue “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LA OPERACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, REPARACIÓN Y
EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA,
CUNDINAMARCA”
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la Sala modula la decisión adoptada en
el numeral anterior, a fin de que la entidad en un plazo máximo de 10 meses efectúe la
contratación para que se garantice con la prestación del servicio de operación,
administración, mantenimiento, modernización, reparación y expansión del sistema de
alumbrado público en el municipio de chía, Cundinamarca.
TERCERO. Se condena en abstracto el reconocimiento y pago de las prestaciones debe
efectuar mediante incidente conforme a lo previsto por el artículo 193 del CPACA y a lo
expresado en la presente decisión.
CUARTO: CONDENAR EN COSTAS de esta instancia a las demandadas. Se fijan como
agencias en derecho de esta instancia la suma de suma equivalente al 3% de las
pretensiones que se acrediten en el incidente de la condena en abstracto. (…)”
20. Como sustento de sus decisiones, el a quo señaló que: (i) la limitación que se
impuso en el proceso licitatorio para la acreditación de la experiencia de quienes
pretendían participar del mismo, consistente en que solo sería válida la adquirida
en la ejecución de contratos de concesión, impidió la libre concurrencia de
oferentes, fue contraria a los principios de la contratación estatal, restringió la
recepción de potenciales mejores ofertas y resultó desproporcionada frente a las
realidades y necesidades del Municipio; (ii) la promesa de sociedad futura
adjudicataria del proceso de selección no cumplió con los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones, pues parte de la experiencia aducida
por una de sus integrantes (Iluminaciones Especializadas del Norte S.A.)
correspondió a un periodo previo a su constitución como persona jurídica, y uno
de los contratos a los que tal experiencia se refería no fue ejecutado
integralmente por aquella (experiencia que no era endosable), razones por las
cuales su oferta debió ser rechazada; y (iii) lo anterior, en consecuencia, supuso
la elusión del deber de selección objetiva por parte de la entidad territorial y
configuró la causal de nulidad absoluta del contrato celebrado, por abuso o
desviación de poder, en los términos del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
12
Índice 067 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia.
5
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
21. Asimismo, el Tribunal sostuvo que no contaba con elementos probatorios que le
permitieran establecer qué prestaciones habían sido ejecutadas y, con ello,
calcular su monto en punto de las restituciones mutuas derivadas de la anulación
del negocio jurídico. Por esta razón, dispuso condenar en abstracto en lo que a
tales rubros corresponde.
22. Frente a tal determinación, la concesionaria presentó solicitud de aclaración,
para que se precisara el alcance de la modulación prevista en el punto resolutivo
segundo del fallo13 (afirmando, además, que se trató de una orden que no fue
motivada). El a quo resolvió negativamente tal petición, bajo el argumento de
que la orden allí contenida se apoyó debidamente en los considerandos de la
sentencia14.
Los recursos de apelación
23. La Sociedad interpuso recurso de alzada15, bajo los siguientes argumentos.
24. El Tribunal violó el principio de congruencia, pues el litigio fijado en la audiencia
inicial, el problema jurídico establecido en la sentencia y la decisión adoptada no
guardaron coherencia con lo pretendido en la demanda, aunado al hecho de que
se incluyó en la parte resolutiva de la decisión del a quo una modulación de los
efectos de la decisión que no fue motivada y se impuso al contratista una
condena en costas que no procedería en caso de que la liquidación del contrato
arrojara un saldo a su favor.
25. La transgresión del deber de planeación no comporta un vicio de nulidad del
contrato, y además dicha vulneración no se demostró, en tanto la limitación de
la experiencia en contratos de concesión, dispuesta en el proceso de selección,
obedeció a las necesidades que debía satisfacer imperiosamente el Municipio y
a las dificultades experimentadas en un contrato previamente celebrado por la
entidad territorial con ENEL -Codensa S.A., empresa que solo se limitó a prestar
el servicio de operación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado
público.
26. No se acreditó la vulneración del deber de selección objetiva, dado que el pliego
de condiciones incluyó indicadores menos exigentes que los calculados en las
muestras de oferta y demanda, lo que generó mayores posibilidades de
participación de potenciales interesados, y la contratista satisfizo los requisitos
del pliego de condiciones, merced a la acumulación de experiencia adquirida por
sus socios en negocios jurídicos anteriores.
27. El tipo de experiencia específica solicitada por el municipio, en torno a la
ejecución de contratos de concesión de alumbrado público, atendió a las
necesidades de la entidad territorial y las características del servicio que se
pretendía satisfacer, circunstancia que no fue del agrado de ENEL -Codensa
S.A., quien pretendía (en las observaciones que presentó al proyecto de pliego
de condiciones) que dicha experiencia solo se limitara a la adquirida en
actividades de operación y mantenimiento.
13 Índice 070 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia.
14 Índice 081 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia.
15
Índice 071 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia.
6
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
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Referencia: Controversias contractuales
28. El a quo no tuvo en cuenta la diferencia que existe entre el servicio de suministro
de energía eléctrica (prestado por ENEL -Codensa S.A.) y el servicio de
alumbrado público (a cargo de la entidad territorial), y que, en los términos del
Decreto Reglamentario 943 de 2018, la infraestructura para ambas actividades
puede ser compartida, de manera que su titularidad no es un elemento que
condicione la prestación del servicio de alumbrado.
29. La demandante pretendió la nulidad del negocio jurídico, exclusivamente, por
irregularidades ocurridas durante el proceso de selección, lo que obligaba a la
Procuraduría a perseguir, en su lugar, la nulidad del acto administrativo de
adjudicación y no del contrato mismo, circunstancia frente a la cual ya había
operado el fenómeno de la caducidad.
30. La propiedad de la infraestructura eléctrica no es un elemento determinante para
la prestación del servicio de alumbrado público, en tanto esta se encuentra a
cargo de los municipios, y, en todo caso, el inventario que obra en el expediente
(anexo 7) no acredita la titularidad sobre ningún elemento asociado al sistema
de alumbrado público, sino que tiene por finalidad fungir como criterio para la
determinación del valor de la facturación del servicio de energía prestado por
ENEL -Codensa S.A.
31. Por último, indicó que no se demostró la configuración de la causal de nulidad
del contrato invocada, prevista en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de
1993, argumentando que las pruebas recaudadas en el proceso no indicaron
que se hubiesen presentado irregularidades a las que pueda atribuirse una
desviación de poder y, por el contrario, la licitación pública y la escogencia del
contratista producida en el marco de la misma se adelantó con estricto apego a
lo definido en el pliego de condiciones.
32. El Municipio16, por su parte, solamente censuró la decisión de condenar en
costas, afirmando que no se evidenció que se hubiese incurrido en gastos,
expensas u otros conceptos que justifiquen su imposición, y sostuvo que la
Procuraduría actuó por medio de un servidor público vinculado a su planta de
personal, lo que impide entender que se causaron agencias en derecho. Añadió
que, en los términos del artículo 188 del CPACA, la condena en costas no
procede cuando se ventila un interés público, y en el sub lite la Procuraduría
actuó en defensa del mismo.
Trámite relevante en segunda instancia
33. Los recursos fueron admitidos mediante auto del 8 de julio de 202417.
34. El Ministerio Público rindió concepto, solicitando que se confirme el fallo
impugnado18, en la medida que la sociedad demandada no podía ser
adjudicataria del proceso de selección y, con ello, tampoco suscribir el contrato
cuestionado, pues no cumplió con los requisitos de experiencia contenidos en el
pliego de condiciones.
16 Índice 072 del historial de actuaciones de SAMAI, en primera instancia.
17 Índice 003 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
18
Índice 011 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
7
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
35. Por auto del 13 de septiembre de 202419, la Sala decretó, como prueba de oficio,
copia de todos los expedientes disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación adelantados por ese organismo en contra de cualquier sujeto, con
ocasión de la licitación pública nº 028 de 2018.
36. La documentación correspondiente fue allegada el 21 de marzo de 2025 20, fecha
en la que la Sala de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular allegó copia
de las actuaciones del proceso IUS-E-2018-567943 IUC-D-2019-1232624,
surtida contra quienes fungieron como alcalde y secretario de obras públicas de
Chía durante el procedimiento de selección, en la que se incluyó el fallo de
segunda instancia por el que se sancionó a esos funcionarios. Este acervo fue
puesto en conocimiento de las partes mediante traslado secretarial surtido entre
el 9 y el 11 de abril de 202521.
37. Al respecto, Iluminaciones de la Sabana S.A.S. señaló que, pese a la existencia
de esa causa disciplinaria, la Procuraduría omitió cuestionar la legalidad del acto
de adjudicación, lo cual, a su juicio, era necesario para anular el contrato
demandado. Reiteró que el a quo no valoró que dicha sociedad venía
cumpliendo con las obligaciones del contrato, para lo cual allegó copia de una
certificación emitida por la interventoría del negocio en tal sentido22.
38. Por su parte, el municipio recalcó que el fallo de la Procuraduría actualmente se
encuentra en sede de revisión automática ante esta Corporación23, y detalló las
razones por las que dicho procedimiento estaría viciado de irregularidades 24.
Cuestionó que la sentencia de primer grado no haya tenido en cuenta el
señalado expediente disciplinario, e insistió en que “el contrato se ha ejecutado
en todas sus inversiones y se está en el plazo de retorno o recuperación de la
inversión del contratista, sin que se haya demostrado incumplimiento alguno”,
además de recalcar que la demandante no solicitó la anulación del acto de
adjudicación. Adujo que el trámite disciplinario contiene pruebas que
demuestran que esa causa fue orquestada por “intereses económicos” que
buscaban impedir que se licitara y se otorgara la concesión de alumbrado, para
lo cual trajo a colación un proceso de acción popular surtido ante el Juzgado 47
Administrativo de Bogotá en contra de ENEL -Codensa S.A. por el presunto
abuso de su posición dominante25. Con el escrito, aportó una serie de pruebas y
solicitó el decreto de otras.
39. El Ministerio Público reiteró lo indicado en concepto previamente emitido, en el
sentido de proponer que se confirme el fallo de primer grado, como
19 Índice 017 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
20 Índice 064 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
21 Índice 070 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
22 Índice 074 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
23 Dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-05771-00, surtido ante la Sala Novena Especial de Decisión.
24 Índice 076 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia. Adujo, entre ellas: (i) la asignación
de competencia al funcionario de juzgamiento de la Procuraduría pese a no haberse cumplido la etapa
preliminar; (ii) el desconocimiento de que, en un proceso paralelo por los mismos hechos se resolvió la
terminación de la actuación por prescripción, y su consecuente archivo; (iii) el traslado a los investigados del
informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de forma muy posterior a su
elaboración, además de la imposibilidad de tomarlo como fundamento probatorio por no ser concluyente; y (iv)
la incongruencia de la decisión con el pliego de cargos formulado.
25
La cual identificó con el radicado 11001-33-42-047-2017-00030-00.
8
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
consecuencia de la demostración del desconocimiento de los principios que
debían regir el procedimiento contractual cuestionado26.
40. Mediante auto del 30 de abril de 202527, se negaron las pruebas aportadas y
solicitadas por el municipio, y se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión en segunda instancia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 247, numeral 5, de la Ley 1437 de 201128.
41. En dicha oportunidad, el municipio29 insistió en que, para la anulación del
negocio, era necesario atacar la legalidad del acto de adjudicación y que, como
ello no ocurrió, se debe declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, o
subsidiariamente negar las pretensiones. Sostuvo que en “reciente decisión
adoptada por la Procuraduría General de la Nación”, que no individualizó, “se
resolvió absolver al Alcalde del municipio de Chía, señor Leonardo Donoso,
dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra en el año 2019”, según
adujo, tras haberse solicitado “la revocatoria directa de la apertura del proceso
disciplinario”. En escrito separado, titulado “aporto prueba sobreviniente”, el
apoderado manifestó allegar copia de esa decisión, del 15 de mayo de 2015
(nuevamente, sin identificación adicional), pese a lo cual no se anexó ningún
documento 30. Agregó que la entidad no ha contado con una defensa técnica
suficiente, como lo demuestra que, en la apelación, solo se cuestionó lo relativo
a la condena en costas.
42. La sociedad, por su parte, adujo el memorial que referenció como “APORTE DE
PRUEBA DOCUMENTAL SOBREVINIENTE, para que sea tenida en cuenta
antes de fallar en segunda instancia”, al cual anexó el referido auto del 15 de
mayo de 2025 proferido por el Procurador General de la Nación, por el cual éste
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: REVOCAR DE OFICIO parcialmente en lo que respecta al sancionado
Leonardo Donoso Ruiz el fallo de primera instancia proferido el 14 de diciembre de 2023,
por la Procuraduría Delegada DiscipIinaria de Juzgamiento 4, mediante el cual se le
impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de nueve (09) años,
y la decisión de segundo grado confirmatoria emitida eI 6 de septiembre de 2024 por la
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la
Procuraduría General de la Nación, dentro del expediente IUS E-2018-567943 / lUC D-
2019-1232624, y, en consecuencia, DEJARLOS SIN EFECTOS, únicamente en lo
referente al investigado Donoso Ruiz, conforme a las razones consignadas en la parte
motiva de esta providencia”.
43. En su memorial, la Sociedad reseñó que, en la citada decisión, se encontró que
hubo una indebida adecuación típica respecto del señor Donoso Torres, al
concluir que, contrario a lo considerado por las instancias de decisión, sí existió
un estudio del sector que respaldó el pliego de condiciones y el contrato.
Además, se concluyó que en la segunda instancia se efectuó una nueva
imputación en cuanto a la aparente restricción de la competencia en el proceso
contractual, tópico no incluido en el pliego de cargos. Con lo anterior, la
demandada pidió incorporar esta prueba al plenario y desestimar las
pretensiones de la demanda.
26 Índice 075 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
27 Índice 080 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
28 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
29 Índice 084 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
30
Índice 085 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
9
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
44. Por auto de 6 junio de 202531, el despacho ponente decretó, como prueba
documental y a instancia de parte, copia del referido auto del 15 de mayo de
2025 proferido por el Procurador General de la Nación en el proceso disciplinario
con radicado IUS E-2018-567943 / lUC D2019-1232624, y ordenó correr traslado
del mismo a los sujetos procesales.
45. En providencia del 19 de junio siguiente, rechazó dos solicitudes improcedentes
elevadas por la entidad territorial demandada, una probatoria reiterativa y otra
de requerimiento a la accionante para que desistiera de la demanda32.
CONSIDERACIONES
46. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, y verificados los requisitos de la demanda en forma, la
Sala procede a decidir la segunda instancia de la presente litis33.
47. Con tal finalidad, por las particularidades del asunto, la Subsección considera
adecuado relacionar los hechos acreditados en el expediente, para
posteriormente formular los problemas jurídicos necesarios para desatar la
controversia.
Lo probado en el proceso
48. El municipio de Chía adelantó la Licitación Pública n° 028 de 2018, abierta
mediante la Resolución n° 4809 del 20 de noviembre de 201834, con la finalidad
de adjudicar el contrato de concesión encaminado a “la operación,
administración, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del
sistema de alumbrado público, en el municipio de Chía, Cundinamarca”, con una
vigencia de 30 años y un valor de $14.766’934.737.
49. El proceso licitatorio se cerró el 6 de diciembre de 2018 y se recibieron ofertas35
por parte de AGM Desarrollos S.A.S., Distribuciones Eléctricas de Sabana
S.A.S. y Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S.
(integrada por Soluciones Planificadas S.A.S. e Iluminaciones Especializadas
del Norte S.A.)36.
31 Índice 088 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
32 Índice 096 del historial de actuaciones de SAMAI, en segunda instancia.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,
C.P. Danilo Rojas Betancourth, a cuyo tenor: “si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…) desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones
que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la
causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.
34 Hipervínculo contenido en el índice 051 del historial de SAMAI, en primera instancia; carpeta “02. Anexos
demanda”, archivo “6.1.1.7 Apertura de la licitación.pdf”.
35 Ibídem, archivo “6.1.1.14 Acta de cierre.pdf”.
36 El contrato de promesa para la constitución de la sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S. fue suscrito el
15 de noviembre de 2018, y en el mismo se previó que las dos sociedades contarían con un porcentaje de
participación y de asunción de obligaciones y responsabilidades del 50 % cada una. Como condición para la
constitución de la persona jurídica, se previó la adjudicación del proceso a la promesa de sociedad proponente.
Ibídem, archivo “6.1.1.19 Propuesta seleccionada.pdf”.
10
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
50. Para acreditar la experiencia general y específica definida en el pliego de
condiciones, el proponente Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la
Sabana S.A.S. aportó certificaciones correspondientes a 3 contratos de
concesión, celebrados por los municipios de Cúcuta, Soledad y Sincelejo, como
se sintetiza a continuación37:
Contratante Contratista Objeto Fecha de Término
suscripción
Municipio “UNIÓN TEMPORAL “Suministro, 1 de enero de 1998 20 años
de Cúcuta INDUSTRIAS instalación,
PHILLIPS DE expansión,
COLOMBIA - mantenimiento y
DISELECSA LTDA. - administración de
I.S.M. S.A. según la infraestructura
documento de del servicio de
conformación del 22 alumbrado público,
de agosto de 1997, incluido el
hoy denominada alumbrado
UNIÓN TEMPORAL navideño del
DISELECSA LTDA - municipio”
I.S.M. S.A. -
ILUMINACIONES
ESPECIALIZADAS
DEL NORTE S.A.
ILESA S.A.;
conforme a la
resolución 007 de
enero 19 de 2009 de
la alcaldía municipal
de San José de
Cúcuta, mediante la
cual se aceptó la
cesión de la
participación de
INDUSTRIAS
PHILLIPS DE
COLOMBIA a favor
de ILUMINACIONES
ESPECIALIZADAS
DEL NORTE S.A.
ILESA S.A.”
Municipio “UNION TEMPORAL “Operación y 1 de noviembre de 20 años,
de Soledad I.S.M. LTDA. E mantenimiento de 1996 ampliado
INDUSTRIAS la infraestructura en 10 años
PHILLIPS DE del servicio de adicionales
COLOMBIA S.A. alumbrado público mediante
según documento de en el municipio de Otrosí n° 5
conformación de Soledad, del 30 de
fecha junio 24 de incluyendo el diciembre
1996, hoy suministro, de 2005
denominada UNIÓN instalación,
N TEMPORAL I.S.M. expansión,
S.A. E ILESA DEL mantenimiento y
NORTE S.A.; administración de
conforme a la la infraestructura
resolución 09 del 9 del alumbrado
de enero de 2009 de público incluido el
la alcaldía del alumbrado
Municipio de navideño en el
Soledad, mediante la municipio de
cual se aceptó la Soledad”
cesión de la
participación de
INDUSTRIAS
PHILLIPS DE
37
Soportes obrantes en las páginas 82 a 93 ibidem.
11
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
COLOMBIA S.A. a
favor de ILESA DEL
NORTE S.A.”
Municipio “ILUMINACIONES “Suministro, 16 de mayo de 30 años
de ESPECIALIZADAS instalación, 2000
Sincelejo DEL NORTE S.A. expansión,
(ILESA DEL NORTE administración,
S.A.) es el reposición,
Concesionario del mantenimiento y
contrato No. AP-002- operación de la
2000, Concesión del infraestructura del
Servicio de servicio de
Alumbrado Público alumbrado público
en el Municipio de en la jurisdicción del
Sincelejo” municipio de
Sincelejo”
51. Ahora bien, según el certificado de existencia y representación legal38 de
Iluminaciones Especializadas del Norte S.A. -ILESA S.A., esta sociedad fue
constituida mediante la escritura pública No. 662 del 3 de abril de 2003, otorgada
en la Notaría 2ª de Sincelejo, e inscrita en la Cámara de Comercio de ese
municipio el 28 de abril de 200339.
52. En lo que respecta a los contratos aportados por la promesa de sociedad
oferente para acreditar su experiencia, encuentra la Sala que el correspondiente
al municipio de Sincelejo fue celebrado entre dicha entidad territorial y la unión
temporal conformada por Eléctricas de Medellín Ltda. e Interaseo S.A. E.S.P.40.
En la cláusula tercera del compromiso de constitución de dicha figura asociativa
(fechado el 11 de febrero de 2000), se expresó lo siguiente41:
“Para efectos de ejecución y operación del proyecto en caso de adjudicación, la
Unión Temporal se convertirá en una sociedad proyecto cuyo nombre es
ILUMINACIONES ESPECIALIZADAS S.A. DEL NORTE ‘ILESA DEL NORTE’,
conformada como sociedad anónima por los integrantes de la Unión Temporal y
tres de los socios de la Compañía Eléctricas de Medellín Ltda, que por ser de
carácter limitada sus socios son solidariamente responsables”.
53. También se encuentra que el 31 de marzo de 2003 la Unión Temporal Eléctricas
de Medellín Ltda. -Interaseo S.A. E.S.P. cedió parcialmente los derechos y
obligaciones adquiridos por virtud del contrato de concesión que había celebrado
con el municipio de Sincelejo42, en los siguientes términos:
“CLÁUSULA PRIMERA.- La UNION TEMPORAL ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA –
INTERASEO S.A. E.S.P., CEDEN PARCIALMENTE los derechos y obligaciones
correlativas asumidos frente al Municipio de Sincelejo en el Contrato de Concesión
otorgado para el suministro, instalación, expansión, reposición, mantenimiento, operación
y administración de la infraestructura del Servicio de Alumbrado Público de fecha dieciséis
(16) de mayo de dos mil (2000), en las siguientes proporciones; a) A Deleco Ltda., ochenta
y ocho punto cinco por ciento (sic) (88.5%), b) a Jorge Iván Acuña Arrieta, dos por ciento
(2%) y c) A Johen Francisco Herrera Díaz, siete punto cinco por ciento (7.5%).
PARÁGRAFO.- ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA. Conserva el uno por ciento (1%) de
los derechos contractuales, como también INTERASEO S.A. E.S.P. conserva el uno por
ciento (1%), con lo cual la cesión parcial y los derechos que se conservan integran un
ciento por ciento (100%)”.
38 Ibídem, página 25.
39 Ibídem.
40 Archivo “41_250002336000201900629002RECIBEMEMORIAL20220822103155.pdf”, Carpeta “2019-0629-
00 (HÍBRIDO)”, Subcarpeta “34. Docs”, visible en índice 051 del historial de actuaciones de SAMAI en primera
instancia.
41 Ibídem, archivo “42_250002336000201900629002RECIBEMEMORIAL20220822103155.pdf”.
42
Ibídem, archivo “40_250002336000201900629002RECIBEMEMORIAL20220822103154.pdf”.
12
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
54. Retornando al procedimiento de selección examinado en el sub lite, se halla que,
en el informe de evaluación preliminar contenido en Acta del 13 de diciembre de
201843, se consignó lo siguiente respecto del proponente Promesa de Sociedad
Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., en lo atinente al requisito habilitante
de experiencia (establecido en el numeral 2.7 del Pliego de Condiciones de la
licitación44):
REQUISITOS HABILITANTES PLIEGO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
DE CONDICIONES DEFINITIVOS Y
ADENDAS
Experiencia General: La experiencia CUMPLE Acredita tres contratos de concesión de
general del proponente se verificará con el fin alumbrado público. Municipio de
de determinar la trayectoria que el Cúcuta, Municipio de Soledad y
proponente ha tenido en contratos de Municipio de Sincelejo
concesión de alumbrado público. El
Proponente deberá acreditar los siguientes
requisitos en máximo tres (3) contratos de
concesión:
a) Que los contratos aportados correspondan CUMPLE
al siguiente alcance: Administración,
Operación, Mantenimiento, Modernización y
Expansión del Sistema de Alumbrado
Público.
b) Que en los contratos aportados, se haya CUMPLE En los contratos acreditados se ha
ejecutado en conjunto un mínimo de veinte ejecutado en conjunto más de 58 años
(20) años contados hasta la fecha de cierre
de la presente licitación pública.
c) Que en los contratos aportados, se haya CUMPLE En los contratos se acredita la
efectuado la administración, operación y administración, operación y
mantenimiento de mínimo 25.000 luminarias mantenimiento de un total de 81.009
en conjunto. luminarias
d) Que en los contratos aportados, se hayan CUMPLE En el contrato 1 se ejecutaron obras de
ejecutado obras de modernización del modernización de $5.255.573.191 a
Sistema de Alumbrado Público, que sumen diciembre de 1999. En salarios mínimos
como mínimo 19.385,6 SMMLV. legales vigentes corresponde a 22.226
SMMLV. En el contrato 2 se ejecutaron
obras de modernización de
$3.470.000.000 a diciembre de 1996.
En salarios mínimos legales vigentes
corresponde a 24.415 SMMLV. En el
contrato 3 se ejecutaron obras de
modernización de $1.735.019.698 en el
año 2001. En salarios mínimos legales
vigentes corresponde a 6.064 SMMLV.
Total 52.705 SMMLV.
e) Que en los contratos aportados, se hayan CUMPLE Solo se verifican obras de expansión en
ejecutado obras de expansión del Sistema de el contrato 3. Por valor de 29.908.87
Alumbrado Público, que sumen como mínimo SMMLV.
19.385,6 SMMLV.
Experiencia específica: La experiencia CUMPLE Acredita el contrato con el Municipio de
específica del proponente se verificará con el Sincelejo
fin de determinar las características de un
contrato de concesión de alumbrado público
similar al objeto de la presente licitación
pública.
Para el presente proceso de selección, el
proponente deberá acreditar un (1) contrato
de concesión de alumbrado público
ejecutado o en ejecución, que cumpla los
siguientes requisitos:
a) Que el contrato se haya ejecutado por un CUMPLE El contrato se ha ejecutado por un
mínimo de diez (10) años ininterrumpidos, período de 18 años.
43 Ibídem, archivo “6.1.1.16 Evaluación inicial de propuestas.pdf”. En lo que respecta al proponente AGM
Desarrollos S.A.S., el informe de evaluación preliminar lo requirió para que subsanara los documentos aportados
para acreditar la experiencia general y específica del proponente y del equipo mínimo de trabajo, así como los
que soportaban las especificaciones técnicas de la oferta (páginas 2 a 7 del informe). A su vez, frente al
proponente Distribuciones Eléctricas de Sabana S.A.S., el informe requirió que subsanara lo relacionado con
los documentos aportados para soportar las especificaciones técnicas de la oferta y la experiencia del equipo
mínimo de trabajo (páginas 7 a 12 del informe).
44
Vid. Ibídem, archivo “6.1.1.8 Pliegos definitivos.pdf”.
13
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
contados hasta la fecha de cierre de la
presente licitación pública.
b) Que en el contrato se hayan atendido a la CUMPLE En el contrato acreditado se
fecha de cierre de la presente licitación suministraron e instalaron 17.693
pública, por lo menos ocho mil (8000) luminarias de las cuales 1.704 son en
luminarias, de las cuales por lo menos el 20% tecnología LED. Se cumple con los
sea en tecnología LED. mínimos exigidos.
c) Que en el contrato el valor mínimo de obras CUMPLE En el contrato acreditado se ejecutaron
de modernización (inversión inicial) del obras de modernización de
Servicio de Alumbrado Público, a la fecha de $7.735.019.698 en el año 2001. En
cierre del presente proceso de selección, sea salarios mínimos legales vigentes
por lo menos el Treinta por ciento (30%) del corresponde a 6.064 SMMLV. Total
valor de la inversión inicial establecida para el 52.705 SMMLV.
presente contrato, que se estima en
19.385,69 SMMLV.
d) Que en el contrato el valor mínimo de las CUMPLE En el contrato acreditado se ejecutaron
obras de expansión del Servicio de obras de expansión por valor de
Alumbrado Público, a la fecha de cierre del 29.908.87 SMMLV.
presente proceso de selección, sea por lo
menos el Cincuenta por ciento (50%) del
valor de la inversión inicial establecida para el
presente contrato, que se estima en
19.385,69 SMMLV.
En el caso de proponentes plurales, la CUMPLE
experiencia podrá ser acreditada por
cualquiera de sus miembros integrantes.
En caso de proponentes plurales, solo se CUMPLE La experiencia es acreditada con
aceptará la experiencia, si el o los miembros participación del 50%
que la acrediten, poseen una participación
individual en la persona proponente, de 50%
o más.
Solamente se aceptará la experiencia CUMPLE
obtenida directamente por el proponente. No
se aceptará experiencia como socio de una
sociedad ejecutora del contrato, por cuanto
se entiende que la ejecución directa del
contrato recae en la sociedad y no en sus
socios. Tampoco se aceptará experiencia en
subcontratos de administración, operación y
mantenimiento de sistemas de alumbrado
público.
No se podrá acreditar la experiencia a través NO APLICA
de matriz, filial o subsidiaria, a no ser que
estas participen de manera directa. Se
precisa que de conformidad con lo
establecido en el artículo 263 del Código de
Comercio, la sucursal es un establecimiento
de comercio abierto por una sociedad y en
consecuencia es válida la experiencia de una
casa matriz que sea aportada por su
sucursal.
El proponente debe soportar los contratos CUMPLE
relacionados en el Formato de Experiencia,
mediante la presentación de cualquiera de
los siguientes documentos: Acta de recibo
parcial o acta de recibo total o acta de
liquidación o certificación de cumplimiento
expedida por la entidad contratante o
interventor o supervisor.
Los documentos presentados para acreditar CUMPLE
la Experiencia del Proponente, deberán
contener toda la información necesaria para
que el Municipio pueda verificar la
experiencia del proponente, entre otros:
● Razón social y/o nombre y apellidos del
CONCESIONARIO.
● Objeto del contrato.
● Número del contrato.
● Entidad contratante.
● Fecha de inicio y de terminación del
contrato (día, mes año).
● Fechas de suspensión y reinicio en caso
de que se haya presentado.
● Adiciones y prórrogas y/o modificaciones
en caso de que se haya presentado.
14
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
● Número de luminarias en operación.
● Número de luminarias que se instalaron
en el proceso de modernización.
● Número de luminarias con tecnología
LED.
● Plazo en el cual se realizó la inversión
inicial.
● Valor total de la inversión inicial.
● Valor de las obras de expansión.
● Nombre y cargo de la persona que
suscribe el documento
● Dirección, teléfonos de contacto y correo
electrónico de la entidad contratante,
que permita corroborar la información
presentada.
55. En el transcurso del anterior procedimiento, mediante oficio no. 162409 radicado
el 14 de diciembre de 2018 radicado ante el municipio de Chía, la Procuraduría
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública presentó una serie
de observaciones en torno al pliego de condiciones perteneciente a la licitación
pública45. Este documento fue respondido por el alcalde municipal mediante
radicado E-2018-633181 del 21 de diciembre de 201846, en el que se refirió a
cada uno de los cuestionamientos elevados por el Ministerio Público, a fin de
desestimarlos.
56. Posterior a ello, en el informe de evaluación definitivo, contenido en Acta del 21
de diciembre de 2018, se reiteraron las apreciaciones que acaban de anotarse,
y se tuvo por habilitada la propuesta presentada por la Promesa de Sociedad
Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S. (asignándole una valoración de 410
puntos). En el mismo informe se rechazaron las propuestas de los oferentes
restantes (Distribuciones Eléctricas de la Sabana S.A. y AGM Desarrollos
S.A.S.), por considerar que no cumplieron con los requisitos habilitantes de
experiencia general y específica (porque los documentos aportados no
acreditaron que la misma fuera adecuada y suficiente, tanto de los proponentes
como del equipo mínimo de trabajo) y capacidad financiera (porque en sus
ofertas no se soportó adecuadamente la capacidad de financiación – cupo de
crédito)47.
57. Por medio de Resolución n° 5402 del 22 de diciembre de 2018, se adjudicó el
proceso de selección a la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la
Sabana S.A.S.48.
58. De conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la
sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S., dicha persona jurídica se
constituyó el 24 de diciembre de 2018 y fue inscrita el 27 del mismo mes y año 49.
45 Ibídem, archivo “6.1.1.20 Oficio 162409”. Obrante, igualmente, en el archivo “OFICIO PGN” de la carpeta “FL
103 SECOP”, “Cuaderno 1”, “CD FL 6 C-7” del expediente disciplinario aportado por la Procuraduría.
46 Ibídem, archivo “6.1.1.22 Respuesta a Procuraduría”. Obrante, igualmente, en el archivo “RTA PGN” de la
carpeta “FL 103 SECOP”, “Cuaderno 1”, “CD FL 6 C-7” del expediente disciplinario aportado por la Procuraduría.
47 Ibídem, archivo “6.1.1.18 Informe final de evaluación.pdf”, obrante también en la carpeta “ANX 45”, “CD FL 6
C-7” del expediente disciplinario aportado por la Procuraduría.
48 Ibídem, archivo “6.1.1.23 Acta y resolución de adjudicación.pdf”.
49 Archivo “CARPETA No 12 2018-CT-635.pdf”, Carpeta “2019-0629-00 (HÍBRIDO)”, Subcarpeta 0.1. Pruebas”,
página 154, visible en el índice 051 del historial de actuaciones de SAMAI en primera instancia.
15
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
59. El 28 de diciembre de 2018, se celebró el Contrato de Concesión n° 635, entre
el municipio de Chía y la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la
Sabana S.A.S.50, con el objeto, vigencia y valor previamente señalados.
60. Dentro del expediente radicado bajo el número IUS-E-2018-567943 IUC-D-
2019-1232624, promovido por la Procuraduría contra los señores Leonardo
Donoso Ruiz y Jorge Wilmar Torres Porras, en calidad de Alcalde y Secretario
de Obras Públicas del municipio de Chía, respectivamente, se sancionó51 a
dichos funcionarios con destitución e inhabilidad general por el término de 9
años, decisión revocada parcialmente mediante auto del 15 de mayo de 2025
proferido por el Procurador General de la Nación, únicamente en cuanto al
primero de los sujetos mencionados.
Alcance del pronunciamiento en segunda instancia y problemas jurídicos por
resolver
61. Esta Sección ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez
de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en el recurso de apelación en contra
de la decisión adoptada en el curso de la primera, por lo cual, en principio, los
demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a
excluirse del debate en sede de apelación. Sin embargo, también se ha
precisado que dicha regla general no es absoluta, puesto que ésta debe
entenderse sin perjuicio de las excepciones que se derivan, entre otros
eventos, de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se
encuentran aquellos tópicos respecto de los cuales el juez de la causa ostenta
oficiosidad, aun cuando no hubieren sido propuestos como fundamento de la
inconformidad con la decisión censurada52. Así lo prevé el artículo 318 del CGP,
según el cual: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
50 Archivo “6.1.1.24 Contrato de concesión 635.pdf”, Carpeta “2019-0629-00 (HÍBRIDO)”, Subcarpeta 0.2.
Anexos demanda”, visible en el índice 051 del historial de actuaciones de SAMAI en primera instancia. A pesar
de que en el contrato se indicó que se celebró con la promesa de sociedad futura y no con la sociedad
propiamente dicha, tal circunstancia se estima como una cuestión meramente formal, sin incidencia en el
negocio jurídico, en la medida que la sociedad se encontraba constituida con antelación y que la minuta del
contrato fue suscrita por quien funge como representante legal de aquella.
51 De conformidad con la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional y el auto de unificación
jurisprudencial del 3 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación , las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilitación de servidores públicos
de elección popular está sujeta al trámite de revisión automática por parte del Consejo de Estado, bajo el
procedimiento regulado en los artículos 54 y siguientes de la Ley 2094 de 2021. Si bien en el asunto que ocupa
la atención de la Subsección se desconocen los pormenores de la revisión automática de las sanciones
disciplinarias en comento y, con ello, si las mismas se encuentran en firme (en los términos del artículo 57
ibidem), ni esa circunstancia ni la revocatoria directa parcial dispuesta por el Procurador General de la Nación
impiden valorar el razonamiento vertido en los fallos disciplinarios en cuestión, ni los soportes que sustentaron
las decisiones en ellos adoptadas, que en todo caso fungen como elementos de juicio válidos para el raciocinio
independiente que aquí se efectúa.
52 Concretamente, se ha enseñado que: “dicha regla general no es absoluta, puesto que debe entenderse y
admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y
consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos
y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el
juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte
impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada” (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez).
Posición reiterada, entre otras, en sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
Tales excepciones comprenden, así mismo, la facultad oficiosa que detenta el juez de lo contencioso
administrativo de declarar la nulidad absoluta del contrato (artículo 141 del CPACA).
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sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
62. Así, de conformidad con los argumentos de los recursos de apelación, y los
aspectos que de manera oficiosa deben ser revisados por esta Corporación, en
esta controversia se deberán despejar los siguientes interrogantes: (i) ¿erró el
Tribunal al declarar la nulidad absoluta del negocio jurídico cuestionado, por la
causal de desviación o abuso de poder, amparada en circunstancias acaecidas
durante el proceso de selección, sin que se hubiese demandado el acto
administrativo de adjudicación?; (ii) ¿fue equivocada la decisión del a quo, al
estimar configurada la causal de nulidad del contrato por desviación o abuso de
poder, como consecuencia de la presunta transgresión del deber de selección
objetiva en el curso de la Licitación Pública n° 028 de 2018?; (iii) en función de
lo anterior, ¿se produjo igualmente la invalidez del negocio por la ilicitud de su
objeto?; (iv) ¿es también pasible de anulación el contrato por ser ilícita su
causa?; (v) ¿incurrió el Tribunal en un yerro al invocar el principio de planeación
como sustento de su decisión?; (vi) ¿se transgredió en el fallo impugnado el
principio de congruencia procesal por desatender el objeto de la litis conforme
fue planteado en la demanda, por incluir en la parte resolutiva una orden que no
habría sido motivada y por condenar en costas a la concesionaria demandada?;
(vii) ¿en caso de confirmarse la nulidad del contrato, hay lugar a ratificar la
condena en abstracto proferida por el Tribunal respecto de las restituciones
derivadas de dicha declaratoria?; (viii) ¿procedía la condena en costas dispuesta
por el a quo?
63. El anterior espectro de decisión debe ser entendido, en todo caso, sin perjuicio
de la facultad oficiosa que ostenta el juez para examinar la validez del contrato,
aun si no media pretensión anulatoria, siempre que la causal correspondiente
esté plenamente acreditada en el proceso. Dicho de otro modo, desde este
momento se recalca que esta judicatura puede -y debe- revisar la legalidad del
acuerdo incluso si no se solicitó declarar su ilicitud, sujeto a que se haya
demostrado el origen de esta última, como se desarrollará en acápite posterior53.
El régimen aplicable al contrato y al proceso de selección que derivó en su
suscripción
64. Previo a analizar los interrogantes formulados, la Sala considera pertinente
efectuar algunas precisiones en torno al régimen del negocio jurídico
cuestionado (y de contera del procedimiento de selección que lo precedió), aun
cuando ello no fue cuestionado en los recursos de apelación. Lo anterior cobra
relevancia por cuanto la solución que corresponde a los restantes problemas
jurídicos propuestos en esta instancia exige determinar si los postulados del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública54, con arreglo a
los cuales el a quo declaró la nulidad del contrato cuestionado, resultaban
aplicables al mismo y, en caso afirmativo, si fueron aplicados correctamente.
53 En armonía con lo dispuesto en el artículo 1742 del Código Civil, conforme al cual la declaratoria oficiosa de
la nulidad del contrato requiere, en todo caso, que “aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, disposición
que se integra al régimen general de contratación estatal por remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993.
54
En adelante, EGCAP.
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65. La Ley 1150 de 2007, a su vez, indica en su artículo 29 que “todos los contratos
en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del
servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la Ley 80
de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de
reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada,
hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo
financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo
financiero”.
66. Finalmente, el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas
y Energía, 1073 de 2015 (modificado por el Decreto 943 del 30 de mayo de
2018), reitera, en su artículo 2.2.3.6.1.4, que “los contratos relacionados con la
prestación del servicio de alumbrado público que suscriban los municipios o
distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen, incluyendo los
instrumentos de vinculación de que trata la Ley 1508 de 2012 o la disposición
que la modifique, complemente o sustituya".
67. Como se recuerda, el Contrato de Concesión n° 635, celebrado entre el
municipio de Chía y la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana
S.A.S., tuvo por objeto “la operación, administración, mantenimiento,
modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público, en el
municipio de Chía, Cundinamarca”, con una vigencia de 30 años. Para la
escogencia del contratista, la entidad territorial adelantó la Licitación Pública n°
028 de 2018, abierta mediante la Resolución n° 4809 del 20 de noviembre de
2018 y en cuyos considerandos se señaló55 que “el proceso de selección del
contratista a aplicar en la presente convocatoria será la Licitación Pública
regulado (sic) por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables”.
68. De lo anterior se evidencia que, en el caso concreto, tanto el negocio jurídico
suscrito como el proceso de selección que le dio origen, estaban sujetos, en todo,
a las normas que conforman el EGCAP que, para la fecha de su celebración -28
de diciembre de 2018-, correspondían a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
y las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 19 de 2012, la Ley 1474 de
2011 y los decretos reglamentarios aplicables al asunto (entre otros, el Decreto
1082 de 2015)56.
69. En ese orden de ideas, las causales de nulidad absoluta previstas en el artículo
44 de la citada Ley 80 resultan aplicables al negocio jurídico analizado. En línea
con ello, el artículo 45 de la misma norma está llamado a gobernar el presente
caso, al preceptuar que: “La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes,
por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio,
y no es susceptible de saneamiento por ratificación”.
55 Con todo, la Corporación ha precisado que las manifestaciones de las partes no son la fuente exclusiva para
definir el régimen jurídico aplicable a un contrato en el que es parte una entidad pública (vid. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias: (i) del 14 de junio de 2019,
radicación AP 2010-02552; (ii) del 20 de noviembre de 2019, radicación interna 61429; (iii) del 6 de mayo de
2020, radicación interna 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico).
56 Huelga precisar, en todo caso, que a pesar de esa sujeción, los contratos de concesión están exceptuados
del Registro Único de Proponentes y, por ende, la verificación de los requisitos habilitantes en el negocio
analizado debía efectuarse directamente por la entidad contratante.
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La solicitud de declaratoria de nulidad absoluta del contrato por desviación o
abuso de poder -o por objeto y causa ilícitos- no requiere que se solicite o
declare la anulación del acto de adjudicación
70. Clara como se encuentra la aplicabilidad del EGCAP al Contrato de Concesión
n° 635 de 2018, a la Sala le corresponde referirse al reproche contenido en el
recurso de alzada elevado por la concesionaria, según el cual resultaba
imprescindible demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación
(Resolución n° 5402 del 22 de diciembre de 2018), dado que, a su juicio, el vicio
invocado en la demanda tuvo origen en el desarrollo del proceso de selección
que le precedió.
71. Para abordar lo anterior, se recuerda que, conforme al artículo 44 de la Ley 80
de 1993, los contratos estatales serán absolutamente nulos, además de los casos
previstos en el derecho común57, cuando: (i) se celebren con personas incursas
en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;
(ii) contra expresa prohibición constitucional o legal; (iii) con abuso o desviación
de poder; (iv) se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten;
y (v) se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el
artículo 21 del estatuto en comento.
72. Como se aprecia, la posibilidad de que se declare judicialmente la nulidad del
contrato por la configuración del vicio de abuso o desviación de poder -o por
objeto y causa ilícitos-, bien sea de oficio o a solicitud del interesado, no está
normativamente condicionada a que previamente se despoje de su presunción
de legalidad al acto administrativo de adjudicación del proceso de selección que
precedió al negocio jurídico. Como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta
Subsección, “el instituto de la nulidad absoluta de los contratos (…) supone una
sanción que el ordenamiento jurídico concibe para afectar la validez de un
negocio jurídico, siempre que el supuesto de hecho que empaña la legalidad del
acuerdo se encuadre en una de las causales taxativas que con ese efecto regula
la legislación”58 (énfasis añadido).
73. Al efecto, la única causal de la que puede predicarse semejante condicionamiento
es la prevista en el numeral 4 –que se declaren nulos los actos administrativos
en que se fundamente el contrato- caso en el que no solo se requeriría que se
hubiese demandado el acto de adjudicación, sino que se hubiese retirado del
mundo jurídico por el juez de la causa59.
57 Entre ellos: i) falta de capacidad legal de las partes (1504 del C.C.); ii) objeto ilícito (1519 del C.C.); y iii) causa
ilícita (1524 del C.C.).
58 Sentencia del 17 de octubre de 2023, exp. 69492, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
59 Esta Sección ha mantenido que “resulta siendo irracional sostener que cuando se demanda la nulidad
absoluta del contrato con fundamento en que los actos previos son ilegales no es necesario solicitar la nulidad
de estos, pues tal aseveración equivale a afirmar que en ese caso la nulidad del contrato se genera sin causa
alguna, lo cual desde luego repugna a la lógica toda vez que mientras no se declare la nulidad de los actos
administrativos estos se presumen válidos y siguen justificando la celebración, la existencia y la validez del
contrato. Con otras palabras, si la invalidez del contrato estatal es la consecuencia de la ilicitud de esos actos
administrativos, hay que declarar la ilegalidad de estos para poder decretar la nulidad absoluta de aquel y por
supuesto que para que aquello ocurra, tal declaratoria de ilicitud debe haber sido pretendida en la demanda ya
que ese extremo no puede ser objeto de un pronunciamiento oficioso como sí lo podría ser la nulidad absoluta
del contrato” (Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 27453). En otra oportunidad, esta
Subsección reiteró dicho entendimiento, al señalar que “conviene destacar lo previsto en el artículo 44 de la Ley
80 de 1993, norma en la que se indicó que el contrato sería absolutamente nulo en los casos previstos en el
derecho común y, además, si se declaran nulos los actos administrativos en que se fundamente. En ese sentido,
el contrato en comento adolece de una nulidad absoluta, debido a que se declarará nulo el acto administrativo
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74. En reciente oportunidad, en un asunto de similares connotaciones al que aquí se
debate, la Sala reafirmó esa postura al declarar la nulidad oficiosa de un negocio
jurídico por encontrar configurada la causal de objeto ilícito, sin anular el acto
administrativo de adjudicación, y señaló, para el efecto, que “[e]n relación con las
facultades que ostenta el juez para su declaratoria, dos aspectos adquieren
relevancia en este asunto. El primero atañe a la habilitación que la ley confiere al
juez para examinar la validez del contrato, aun si no media pretensión anulatoria,
siempre que esté plenamente acreditada en el proceso; el segundo, que es el
evento que aquí acontece, ocurre cuando habiéndose formulado la pretensión de
nulidad absoluta del contrato estatal por el demandante, al avanzar en tal
escrutinio, el juez encuentra que procede tal declaratoria por razones diversas o
conexas a las advertidas por el demandante. En cualquier caso, se impone al
juez desatar la sanción advertida ante la gravedad atribuida por ley a los vicios
que la configuran”60.
75. El artículo 141 del CPACA consolida ese entendimiento, al indicar que el juez
administrativo podrá declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “cuando
esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”. De nuevo, el
ordenamiento jurídico -esta vez el adjetivo- no sujeta la facultad de anular el
negocio jurídico a la coexistencia de similar pretensión respecto del acto de
adjudicación. Sobre el particular, esta Sección ha precisado que “la nulidad
absoluta [del contrato] puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca
plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes ”61
(énfasis de la Sala), precepto igualmente contenido en el artículo 1742 del Código
Civil62.
76. Durante el proceso, el extremo demandado sostuvo que, si el vicio se ubica en
circunstancias antecedentes al acto de adjudicación, el contrato no puede ser
invalidado a menos que también se declare la nulidad de dicho acto. No obstante,
aceptar esta tesis equivaldría a restringir la potestad del juez contencioso-
administrativo a la luz de una hipótesis que el legislador no previó, y admitir que
en aquellos eventos la aludida facultad-obligación es inoperante -y, de suyo, las
causales-, condicionamiento que el ordenamiento jurídico no contempla.
77. Aunado a lo hasta aquí expuesto, obsérvese, en primer lugar, que todas y cada
una de las causales de nulidad absoluta de los contratos estatales, previstas en
el artículo 44 de la Ley 80, versan sobre circunstancias cronológicamente
anteriores a su celebración63. Por su semblanza, la nulidad puede irradiar el acto
de adjudicación (cuandoquiera que sea producto de un procedimiento de
selección), sin que por ello se sujete la posibilidad de anular el negocio jurídico
que le sirvió de sustento, en concreto, la resolución de adjudicación” (sentencia del 11 de mayo de 2022, exp.
65.016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico).
60 Sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 68406, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Idéntica postura, con
el mismo resultado anulatorio del contrato (sin la invalidación de los actos previos) se adoptó en sentencia del
4 de abril de 2025, exp. 70045, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de
2013, exp. 23042, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Reiterado, entre otras, en sentencias del 5 de marzo
de 2021, exp. 62250, y del 1 de noviembre de 2023, exp. 55939, en ambas C.P. Nicolás Yepes Corrales.
62 “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de
manifiesto en el acto o contrato (…)”
63 Esta Corporación ha entendido que “la declaratoria de nulidad produce efectos hacia el pasado, irradiando
todas las actuaciones nacidas con anterioridad a esa declaración judicial” (Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 25000-23-24-000-2004-00334-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala).
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al hecho de que se impugnen también las circunstancias previas a su
celebración, pues se trata de causales autónomas, como se explicó previamente
(tómese como ejemplo la celebración de un contrato con persona incursa en
causal de inhabilidad, caso en el cual el acto que adjudicó se encuentra viciado,
pero ello no supone que sea indispensable anularlo para invalidar el acuerdo de
voluntades). Lo anterior es así sin perjuicio de la causal cuarta de nulidad
prevista en la referida norma, que sí requiere de la pretensión de nulidad de “los
actos administrativos en que se fundamenten” para su prosperidad.
78. En segundo lugar, es oportuno recordar que la adjudicación del contrato estatal
ha sido entendida64 como la decisión mediante la cual una entidad pública
manifiesta su aceptación a la propuesta u oferta presentada por alguno de los
participantes en un proceso de selección, y se obliga a suscribir con éste el
contrato proyectado. Así, “el acto de adjudicación no da lugar, por sí mismo, al
nacimiento de las obligaciones y los derechos que genera el contrato, sino a otra
clase de obligaciones y derechos recíprocos entre la entidad estatal y el
adjudicatario, esto es, a la obligación y al derecho que ambas partes adquieren
de suscribir el contrato proyectado, dentro del plazo establecido en el pliego de
condiciones y con las previsiones contenidas en dicho documento, en sus
modificaciones, adendas, anexos y en la propuesta que haya sido aceptada
(siempre que no contradiga aquellos documentos)”65. En ese orden de ideas, los
derechos y obligaciones que confiere el acto de adjudicación al proponente
seleccionado y a la entidad contratante se agotan con la suscripción del contrato
estatal y el cumplimiento de la solemnidad que impone el ordenamiento, por lo
cual, considerando que en el caso concreto el negocio jurídico se celebró y que,
en consecuencia, se consumaron todos los efectos derivados de dicho acto
administrativo, la discusión sobre la legalidad de aquél no se proyecta sobre el
juicio de anulación del contrato66.
79. En conclusión, demandar la nulidad del acto de adjudicación no constituye un
requisito para la declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal, salvo por
la causal prevista en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 -que se
declaren nulos los actos administrativos en que se fundamente el contrato-. En
ese sentido, se da respuesta negativa al primer interrogante planteado y, con
ello, no prospera este cargo de la apelación propuesto por la concesionaria.
La nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, como consecuencia del
desconocimiento del deber de selección objetiva en la licitación pública
80. En este punto de la providencia es preciso tener en cuenta, de un lado, que el a
quo estimó que el contrato es nulo, no por la causal de objeto ilícito sino por
desviación de poder, y respaldó esa conclusión, entre otras razones, en el hecho
64 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de agosto de 2017, exp. 2346, C.P.
Álvaro Namen Vargas.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de
2011, exp. 19936. En dicha oportunidad, la Sección explicó que, a diferencia de lo que ocurre en algunas
legislaciones foráneas, en nuestro derecho la adjudicación del contrato estatal no perfecciona el respectivo
contrato, sino que para ello se exige el cumplimiento de una formalidad adicional y posterior, consistente en la
suscripción del correspondiente documento o minuta por las dos partes.
66 Sin perjuicio, como se explicó previamente, de los asuntos en los que se invoca la nulidad absoluta del
contrato por la causal prevista en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que no es el caso, y aun
cuando las irregularidades del proceso de selección podían llegar a configurar una nulidad del acto de
adjudicación.
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de que la promesa de sociedad futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S. “no
cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones”; y, del otro,
que la experiencia aportada por dicho proponente provino de contratos
ejecutados parcialmente por varias uniones temporales “cuyos integrantes
fueron diferentes a la que conformó sociedad Iluminaciones Especializadas del
Norte SA”. Por lo anterior, para dirimir si el Tribunal erró al decidir anular el
contrato demandado por aquella circunstancia (conforme fue propuesto en la
alzada pero sin estar condicionada por el vicio de nulidad empleado por el a quo
para tal efecto -conforme se explicó previamente-), la Sala estima necesario
efectuar algunas precisiones en torno a las particularidades de aquella forma
asociativa y a la manera como la experiencia adquirida por sus integrantes
puede acreditarse en el marco de procesos de selección regidos por el EGCAP.
81. Así, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, se entiende por unión
temporal: “Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal”.
El parágrafo de la norma en comento dispone que, en caso de que el proponente
plural desee participar a título de unión temporal, deben señalar los términos y
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución.
82. A propósito de dicha figura, la Sección Tercera ha sostenido67, de manera
reiterada, que la misma comporta una agrupación de sujetos que no configuran
una persona jurídica nueva e independiente respecto de quienes la integran, y
que “aunque no es una característica que se predique solamente de las uniones
temporales, cuando el cumplimiento del objeto implica adelantar obligaciones de
diversa naturaleza técnica, la fijación de la participación en la propuesta y en la
ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes68 está asociada con la
especialidad de cada miembro”69.
83. De tal suerte, queda claro que las uniones temporales no constituyen una
persona jurídica diferente de sus integrantes y que la fijación del porcentaje de
participación de estos en la figura asociativa puede incidir en la forma de
ejecución del contrato y en la aplicación de las sanciones a las que el
incumplimiento puede dar lugar. Bajo tal entendido, resulta imperativo precisar
que la responsabilidad que cabe respecto de tales asociados implica que “[estén]
llamados a responder, cada uno de ellos, por la totalidad de tales obligaciones;
por tanto, correlativamente, la administración puede exigir a cada uno de ellos el
cumplimiento total del débito, sin que éstos puedan oponer la división de la
67 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera,
sentencia del 25 de septiembre de 2013, exp. 19933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
68 A propósito de la finalidad de la distribución de la participación, la Subsección indicó que, a pesar de que
tanto consorcios como uniones temporales tienen en común la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
total del contrato, lo que significa que por ley, están llamados a responder, cada uno de ellos, por la totalidad de
tales obligaciones, ambos “se diferencian en cuanto a la aplicación de las sanciones a las que el incumplimiento
puede dar lugar, pues al paso que en los consorcios las mismas recaerán en todos sus miembros, en las uniones
temporales se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros”
(Sentencia del 3 de marzo de 2023, exp. 55305, C.P. María Adriana Marín).
69
Sentencia del 18 de febrero de 2022, exp. 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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obligación en razón de su participación en la ejecución del contrato”70, pero no
supone, en modo alguno, que tal solidaridad sea entendida como una expresión
sinónima de la experiencia como requisito habilitante. En otras palabras, de la
solidaridad de los integrantes de una unión temporal frente a la ejecución de un
contrato no se sigue que sea posible aportar la experiencia adquirida por tal
negocio jurídico en otro proceso de selección sin consideración al porcentaje de
participación de sus integrantes. Se trata de institutos diferentes y, por ende, no
equiparables.
84. La forma de valorar la experiencia debe ser fijada en cada caso por el pliego de
condiciones correspondiente, en ejercicio del relativo margen de configuración
con que cuenta la Administración al momento de confeccionarlo, determinado
por el objeto a contratar y las necesidades que pretende satisfacer, y sin perjuicio
del contenido mínimo exigido por el EGCAP para los pliegos de condiciones
(artículo 24-5 de la Ley 80 de 1993).
85. En efecto, tal como lo ha entendido esta Corporación, bajo el marco de
exigencias, parámetros y principios contenidos en dicho estatuto, “la entidad
contratante elabora los pliegos de condiciones, sin que ello implique una
estandarización de los mismos, ya que, en cada caso concreto, el objeto a
contratar determinará los requisitos de la propuesta, así como los factores de
calificación objetiva que permitirán seleccionar la más conveniente a la
administración pública contratante”71.
86. En ese orden de ideas, es necesario recapitular lo que estableció el Pliego de
Condiciones de la Licitación Pública nº 028 de 2018 sobre la presentación de
ofertas por parte de proponentes plurales, a efectos de determinar si la
propuesta presentada por la promesa de sociedad futura Iluminaciones de la
Sabana S.A.S. satisfizo los requisitos de experiencia contenidos en aquél, como
lo afirmó la contratista en su recurso de apelación o si, por el contrario, le asistió
razón a la Procuraduría en su demanda y al a quo en la decisión objeto de la
alzada.
87. Así, señaló el pliego que, en caso de proponentes plurales: i) la experiencia
podía ser acreditada por cualquiera de sus integrantes; ii) solo se aceptaría la
experiencia, si el o los asociados que la acreditaran poseían una participación
individual en el proponente de 50% o más; iii) solamente se aceptaría la
experiencia obtenida directamente por el proponente y no se aceptaría la
aducida como socio de una sociedad ejecutora del contrato, “por cuanto se
entiende que la ejecución directa del contrato recae en la sociedad y no en sus
socios”; iv) tampoco se aceptaría experiencia en subcontratos de administración,
operación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público; y v) no se podía
acreditar la experiencia a través de matriz, filial o subsidiaria, a no ser que estas
participaran de manera directa.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18
de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Reiterada en Sentencia del 3 de
marzo de 2023, exp. 55305, C.P. María Adriana Marín.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de julio de
2013, exp. 25642, C.P. Enrique Gil Botero.
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88. Se recuerda que, de conformidad con los elementos probatorios traídos a
colación al inicio de estas consideraciones, el proponente Promesa de Sociedad
Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S. lo conformaron Soluciones
Planificadas S.A.S. e Iluminaciones Especializadas del Norte S.A., y que, para
acreditar la experiencia general y específica, aportó con su oferta tres contratos
de concesión, celebrados con los municipios de Cúcuta, Soledad y Sincelejo.
89. Ahora bien, respecto de dichos contratos, cuyos detalles se relacionaron supra,
se destaca, en primer lugar, que el correspondiente al municipio de Cúcuta fue
suscrito por la unión temporal conformada por INDUSTRIAS PHILLIPS DE
COLOMBIA S.A. e I.S.M. S.A., ninguno de los cuales hizo parte del proponente
Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S. Así mismo, a
pesar de que en la certificación expedida por la entidad territorial en cita se refirió
que INDUSTRIAS PHILLIPS DE COLOMBIA cedió en favor de Iluminaciones
Especializadas del Norte S.A. (integrante de la promesa de sociedad futura) su
porcentaje de participación en la referida unión temporal, la concesionaria aquí
demandada no aportó a la Licitación Pública nº 028 de 2018 los documentos que
dieran cuenta de dicho acto de cesión o de las condiciones en que la misma se
produjo, y tampoco aportó el acto de constitución de la citada unión temporal,
que permitiera determinar cuál era el porcentaje de participación de la sociedad
cedente en la ejecución de las obligaciones del contrato celebrado con el
municipio de Cúcuta.
90. Idéntica circunstancia se predica respecto del contrato celebrado con el
municipio de Soledad. Dicho negocio jurídico fue suscrito con la unión temporal
conformada por INDUSTRIAS PHILLIPS DE COLOMBIA S.A., I.S.M. S.A. y
DISELECSA LTDA., ninguno de los cuales hizo parte de la Promesa de
Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S72. Nuevamente, a pesar de
que la entidad territorial certificó que INDUSTRIAS PHILLIPS DE COLOMBIA
S.A. cedió en favor de Iluminaciones Especializadas del Norte S.A. su porcentaje
de participación en la referida unión temporal, al proceso licitatorio que ahora se
analiza no fueron aportados los documentos que dieran cuenta de dicho acto de
cesión o de las condiciones en que la misma se produjo, y tampoco el acto de
constitución de la unión temporal, que permitiera determinar el porcentaje de
participación del cedente en la ejecución de las obligaciones del contrato
celebrado con el municipio de Soledad.
91. A juicio de la Sala, tales documentos se revelan indispensables para determinar
la forma como estaba distribuido el cumplimiento de las obligaciones
contractuales adquiridas bajo cada figura asociativa, y con ello, establecer si la
experiencia que pretendía aportar Iluminaciones Especializadas del Norte S.A.
a la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S. podía ser
contabilizada (y de qué forma) para efectos de los requisitos habilitantes. Por
consiguiente, la ausencia de dichos instrumentos en la oferta presentada pone
en entredicho el ejercicio de evaluación adelantado por el municipio de Chía,
teniendo en cuenta, como ya se precisó, que la experiencia del oferente plural
72 Se reitera, en todo caso, que si bien el proponente era la promesa de sociedad futura (estructura plural), la
experiencia debió ser acreditada por sus integrantes, esto es, por Iluminaciones Especializadas del Norte S.A.
y Soluciones Planificadas S.A.S.
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debe corresponder a la suma de la que acredite cada uno de sus integrantes, en
función del porcentaje de participación en la respectiva figura asociativa.
92. En tercer lugar, en cuanto atañe al contrato celebrado con el municipio de
Sincelejo, el mismo fue suscrito con la unión temporal conformada por Interaseo
S.A. E.S.P. y Eléctricas de Medellín Ltda. En similar sentido a lo ocurrido
respecto de los dos negocios antedichos, ni al proceso de selección ni al
expediente judicial del caso concreto fue aportada prueba que diera cuenta de
que alguno de los integrantes de dicha unión temporal hubiese cedido su
participación en favor de Iluminaciones Especializadas del Norte S.A. De
conformidad con esa verdad procesal, no se revela que en el curso de la
Licitación Pública nº 028 de 2018 el proponente Promesa de Sociedad Futura
Iluminaciones de la Sabana S.A.S. hubiese acreditado que alguno de sus
asociados formara parte del referido negocio jurídico; y pese a que el pliego de
condiciones señaló que “solamente se aceptaría la experiencia obtenida
directamente por el proponente”, el municipio de Chía decidió tener por
satisfecho ese requisito habilitante.
93. En suma, lo expuesto hasta este momento permite colegir que: (i) la entidad
territorial demandada no contó con los elementos suficientes para determinar el
cumplimiento de los requisitos habilitantes de experiencia general por parte de
la Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., respecto de
los contratos celebrados con los municipios de Cúcuta y Soledad; y (ii) el
contrato celebrado con el municipio de Sincelejo no podía ser valorado, a la luz
del pliego de condiciones, pues la experiencia aportada por el mismo no fue
adquirida directamente por ninguno de los integrantes de dicho oferente.
94. Considerando entonces que los participantes de la Licitación Pública n° 028 de
2018 debían acreditar experiencia general adquirida en máximo 3 contratos de
concesión73, así como experiencia específica obtenida en 1 contrato de
concesión de alumbrado público ejecutado o en ejecución74, y teniendo en
cuenta que los negocios jurídicos aportados por el proponente para dicho
propósito no reflejaban que a alguno de los integrantes de la Promesa de
Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S. se le pudiera atribuir la
73 “EXPERIENCIA GENERAL: (…) El Proponente deberá acreditar los siguientes requisitos en máximo tres (3)
contratos de concesión: a) Que los contratos aportados correspondan al siguiente alcance: Administración,
Operación, Mantenimiento, Modernización y Expansión del Sistema de Alumbrado Público. b) Que en los
contratos aportados, se haya ejecutado en conjunto un mínimo de veinte (20) años contados hasta la fecha de
cierre de la presente licitación pública. c) Que en los contratos aportados, se haya efectuado la administración,
operación y mantenimiento de mínimo 25.000 luminarias en conjunto. d) Que en los contratos aportados, se
hayan ejecutado obras de modernización del Sistema de Alumbrado Público, que sumen como mínimo 19.385,6
SMMLV. e) Que en los contratos aportados, se hayan ejecutado obras de expansión del Sistema de Alumbrado
Público, que sumen como mínimo 19.385,6 SMMLV”. Vid. archivo “6.1.1.8 Pliegos definitivos.pdf” aportado por
la demandante, pp. 23 y ss (obrante, igualmente, en el archivo “PLIEGO DE CONDICIONES” de la carpeta “FL
103 SECOP”, “Cuaderno 1”, “CD FL 6 C-7” del expediente disciplinario aportado por la Procuraduría.
74 “EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (…) Para el presente proceso de selección, el proponente
deberá acreditar un (1) contrato de concesión de alumbrado público ejecutado o en ejecución, que cumpla los
siguientes requisitos: a) Que el contrato se haya ejecutado por un mínimo de diez (10) años ininterrumpidos,
contados hasta la fecha de cierre de la presente licitación pública. b) Que en el contrato se hayan atendido a la
fecha de cierre de la presente licitación pública, por lo menos ocho mil (8000) luminarias, de las cuales por lo
menos el 20% sea en tecnología LED. c) Que en el contrato el valor mínimo de obras de modernización
(inversión inicial) del Servicio de Alumbrado Público, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, sea
por lo menos el Treinta por ciento (30%) del valor de la inversión inicial establecida para el presente contrato,
que se estima en 19.385,69 SMMLV. d) Que en el contrato el valor mínimo de las obras de expansión del
Servicio de Alumbrado Público, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, sea por lo menos el
Cincuenta por ciento (50%) del valor de la inversión inicial establecida para el presente contrato, que se estima
en 19.385,69 SMMLV”. Ibid.
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experiencia aducida, resulta forzoso concluir que la oferta por ella presentada no
se ajustó a los requisitos habilitantes dispuestos en el pliego de condiciones.
95. Definido lo anterior, se tiene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
5 de la Ley 1150 de 2007, será objetiva “la selección en la cual la escogencia se
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier
clase de motivación subjetiva” y, en consecuencia, los factores de escogencia y
calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, tendrán en cuenta, entre otros, “la capacidad jurídica y las
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los
proponentes”, los que “serán objeto de verificación de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección”.
96. Lo expuesto permite concluir, entonces, que la habilitación del proponente
Promesa de Sociedad Futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S., sin atender los
factores de escogencia y calificación contenidos en el propio pliego de
condiciones de la Licitación Pública nº 028 de 2018, supuso una transgresión al
deber de selección objetiva. Dicho postulado -de imperativo acatamiento en los
términos del EGCAP- tiene la vocación de asegurar el cumplimiento de los
principios de la contratación pública y garantizar la elección de la oferta más
favorable para la entidad y el interés público implícito en su actividad negocial.
Las valoraciones sobre las reglas de escogencia del pliego de condiciones y los
informes de evaluación no implican adelantar un juicio de legalidad sobre ese
instrumento o el acto de adjudicación, sino que atiende a parámetros que se
toman en cuenta para determinar la configuración de la causal de invalidación
del negocio.
97. Ahora bien, aun cuando la violación del deber en cita no es consagrada como
una hipótesis autónoma de nulidad absoluta del contrato estatal, en los términos
expresos del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, antes citado, esta Subsección ha
sostenido que la causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se
transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las
previsiones de orden público, de manera que, entre otros eventos, cuando se
desconoce el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en la
contratación estatal y, en general, todas aquellas disposiciones que regulan los
procesos de escogencia de contratistas, ello redunda en la presencia de un vicio
de origen o nacimiento mismo del negocio jurídico75. A propósito de la
irregularidad en comento, esta Sección puntualizó, en otra oportunidad, lo
siguiente:
“En segundo lugar los artículos 6 y 1519 del Código Civil son las normas básicas sobre el
objeto ilícito como causal de nulidad absoluta al prever respectivamente que ―... en
materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella
misma no se dispone otra cosa...‘ y que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al
derecho público de la nación...‘, lo que se traduce en que los artículos 1521, 1523 y 1741
del Código Civil y el artículo 899 del Código de Comercio son solamente aplicaciones
concretas de ellos y por consiguiente toda violación a un mandato imperativo o a una
prohibición de la ley, comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella
no consagra una sanción diferente.
75
Sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 68.406, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Y es que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también
las que mandan u ordenan y por ende la transgresión del orden público se presenta
cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que
ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito.
Este entendimiento resulta natural y obvio, pues de no entenderse así se llegaría al
absurdo de que la violación de una norma imperativa que sólo manda u ordena, pero que
expresamente no prohíbe, no aparejaría sanción alguna o, lo que es lo mismo, que sería
una norma inane, que manda pero no manda porque puede ser inobservada sin ninguna
consecuencia.
Pero el orden público comprende además los principios ínsitos en el ordenamiento, que
se deducen de las normas imperativas, y su transgresión también apareja la nulidad
absoluta como sanción (…)
Así que no es cierto que para que un acto o contrato sea absolutamente nulo por objeto
ilícito es indispensable la existencia de una norma que diga, expresa y sacramentalmente,
que es nulo como consecuencia, el acto que la contraviene, pero desde luego que lo que
sí debe existir es la norma que expresamente mande o prohíba”76.
98. El anterior razonamiento se encuentra condensado en el artículo 1523 del
Código Civil, según el cual: “Hay así mismo objeto ilícito en todo contrato
prohibido por las leyes”. Si, en materia de contratación estatal, el legislador
prohibió a las autoridades actuar con abuso o desviación de poder, así como
eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos
en el EGCAP, en aplicación del principio de transparencia (numeral 8 del artículo
24 de la Ley 80 de 1993), se colige que un acuerdo de voluntades celebrado en
contravención de este mandato está viciado de objeto ilícito, y así debe ser
declarado.
99. Aun cuando la Administración tiene la potestad de perfeccionar los negocios que
sean necesarios para el cumplimiento de su fines, la autonomía de la voluntad
que le permite contraer obligaciones con los particulares (y con otras entidades
públicas) se encuentra acotada por las normas de orden público que no pueden
ser desconocidas ni derogadas por las decisiones de los propios contratantes
(artículos 6 y 16 del Código Civil77).
100. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, quedó plenamente establecido
que el deber de selección objetiva fue desconocido por el municipio de Chía en
el curso de la Licitación Pública N° 028 de 2018, al escoger a la promesa de
sociedad futura Iluminaciones de la Sabana S.A.S. para celebrar el Contrato de
Concesión n° 635 de 2018, pese a que su propuesta no cumplió con los
requisitos de experiencia fijados en el pliego de condiciones, de manera que el
negocio jurídico objeto de la litis contradice el orden público, materializado en los
principios de la contratación estatal y en las reglas específicas que gobernaron
la licitación que le dio génesis. Esta circunstancia, según lo expuesto, se
encuentra plenamente demostrada en el plenario.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20
de octubre de 2014, radicación 66001-23-31-000-1999-00435-01(24809)A, C.P.: Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. La Sala recuerda que esta providencia fue resultado de la orden emitida, en sede de tutela, por la
Sección Cuarta de esta corporación, en el sentido de que se profiriera un nuevo fallo de segunda instancia en
ese proceso “bajo el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad del
contrato por objeto ilícito”, como se reiterará en acápites posteriores.
77 “ARTÍCULO 6. (…) En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en
ella misma no se dispone otra cosa”.
“ARTÍCULO 16. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están
interesados el orden y las buenas costumbres”.
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101. Ahora bien, es necesario precisar que, en primera instancia, el Tribunal
estableció que la causal de anulación que se configuró fue la consagrada en el
numeral 3 del artículo 44 de la ley 80 de 1993, esto es, la celebración con abuso
o desviación de poder. A juicio de la Sala, dicha hipótesis no es la llamada a
gobernar el presente caso, comoquiera que el precedente citado por el a quo78
para llegar a dicha conclusión difiere del caso estudiado en el actual proceso,
donde la licitación pública sí se emprendió y surtió todas sus etapas, pese a lo
cual -según se expuso- se contravinieron las reglas de selección objetiva en la
escogencia del proponente. Ello se diferencia de las hipótesis en las que la
entidad contrata directamente con un particular sin contar con habilitación legal
para ello (eventualidad que acaeció en el precedente citado por el a quo), caso
en el cual las etapas para la adjudicación sí se eluden por completo. Con todo,
esta precisión no impacta el sentido del fallo, comoquiera que las circunstancias
advertidas configuran la nulidad del negocio por objeto ilícito. Bajo ese
entendimiento, resulta inocuo analizar causales adicionales de invalidación del
contrato, anunciadas en el itinerario de la presente providencia (desviación de
poder y causa ilícita), pues basta la plena constatación de una de ellas -como
ocurre en el sub lite- para disponer -o, en este caso, mantener- el retiro del
mundo jurídico del acuerdo de voluntades celebrado.
102. Lo anterior permite a la Sala, en consecuencia, responder al segundo, tercer
y cuarto problemas jurídicos propuestos, para señalar que: (i) si bien fue
imprecisa la subsunción hecha en primera instancia a partir de la causal de
nulidad por abuso o desviación de poder, para el caso concreto, le asistió razón
al a quo cuando consideró que la proponente no cumplió con los requisitos de
experiencia y que la celebración del contrato se produjo en contravía del deber
de selección objetiva; (ii) por este motivo, la invalidez del negocio se deriva de
la ilicitud en su objeto, de forma que el argumento de la alzada que pretendió
desvirtuar la nulidad del contrato demandado, en relación con tal circunstancia,
no está llamado a prosperar; (iii) la decisión de invalidación del contrato debe
ser, en consecuencia, confirmada, pero por las razones aquí esbozadas,
derivadas de la facultad oficiosa de la que es titular esta Corporación, conforme
a los artículos 141 del CPACA, 45 de la Ley 80 de 1993, 6 y 1519 del Código
Civil, lo que enerva a la Sala de estudiar la licitud de la causa del negocio jurídico.
Sobre la alusión al principio de planeación como causal de nulidad del
contrato
103. En su recurso, la Sociedad reprochó que la sentencia haya hecho referencia
al principio de planeación en la parte motiva, y sostuvo que este mandato no es
causal de nulidad de los contratos estatales, como se ha reconocido en la
jurisprudencia de esta Sección. Frente a dicho motivo de reproche, basta señalar
que, conforme a lo reseñado, el Tribunal no fundamentó la declaratoria de
nulidad en el referido principio, sino en la vulneración del deber de selección
objetiva que la entidad debía cumplir. Así las cosas, el recurso desacierta en su
argumentación en este punto, comoquiera que no se refiere a la regla que
realmente fundamentó la decisión (ratio decidendi).
78 Sentencia del 2 de mayo de 2016, Sección tercera, subsección B, radicado: 37066, M.P. Stella Conto Díaz
del Castillo.
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104. Si bien el a quo incorporó ciertas consideraciones en torno al principio de
planeación en materia de contratación estatal, éste no fue el fundamento de la
anulación del negocio. Aun cuando lo resaltó como un pilar rector en estos
escenarios, y recordó que, según lo decantado por esta Corporación, su
desconocimiento no es causal de nulidad absoluta de los contratos estatales,
estos dichos de paso (obiter dicta) no tuvieron incidencia en lo resuelto, de
manera que carece de objeto referirse a este motivo de reproche formulado por
la concesionaria.
105. En efecto, esta Sección ha sostenido que la violación del principio de
planeación no puede ser empleada como una causal de nulidad de un contrato
estatal, comoquiera que el ordenamiento jurídico no lo ha consagrado así79. Por
este motivo, tampoco hay lugar a analizar si, en el presente caso, se incurrió en
un desconocimiento de ese calibre con fundamento en las razones esbozadas
por la Procuraduría en su demanda (las supuestas irregularidades en la
determinación de la propiedad de la infraestructura eléctrica por utilizar), dado
que ello no tendría la envergadura para viciar de ilegalidad al negocio. Ello,
eventualmente, configuraría un evento de incumplimiento de las obligaciones
consignadas en el clausulado, discusión que es ajena al presente debate,
circunscrito a la pretendida invalidez del acuerdo.
106. Como consecuencia de lo anterior, la Sala responde negativamente el quinto
problema jurídico planteado, en cuanto a que el Tribunal no incurrió en un yerro
al invocar el principio de planeación como sustento de su decisión, pues éste no
fue la razón para decidir.
La congruencia procesal en la sentencia de primera instancia
107. Ahora bien, el principio de planeación también fue advertido en el recurso de
apelación como sustento de la supuesta violación de la congruencia que debió
guardar el fallo de primera instancia. Esta Corporación ha sostenido 80 que el
principio de congruencia se erige como una garantía del debido proceso de las
partes en litigio y, en virtud de este, el juez de la causa debe pronunciarse frente
a lo pretendido, lo probado y lo excepcionado, sin perjuicio de circunstancias en
las que se admite el ejercicio de facultades oficiosas, por ejemplo, la de declarar
la nulidad del contrato cuando encuentre acreditada su configuración. Asimismo,
debe explicar de forma clara las razones por las cuales se abstiene de decidir
sobre determinado aspecto de la litis o abordar otros asuntos no expresamente
invocados por las partes, cuando sea del caso.
108. A propósito de dicho principio, como se recuerda, la concesionaria
demandada afirmó que la sentencia de primera instancia fue proferida con
vulneración del referido mandato, porque: (i) lo pretendido en la demanda, la
fijación del litigio, el problema jurídico establecido en la sentencia y la decisión
finalmente adoptada, difieren entre sí; (ii) se incluyó en la parte resolutiva de la
sentencia una modulación de los efectos de la decisión que no fue motivada; y
79 Vid. sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 24809(A), previamente citada.
80 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 26 de octubre de 2017, exp. 2458-
15, C.P. César Palomino Cortés.
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(iii) se impuso al contratista una condena en costas improcedente en caso de
que la liquidación del contrato arrojara un saldo a su favor.
109. Al respecto se observa que, si bien los tres reproches se orientan a
cuestionar la congruencia de la sentencia apelada, deben ser abordados por
separado, en atención a que se fundamentan en supuestos diferentes.
Sobre la incongruencia del fallo que se invoca por la aparente disonancia
entre lo demandado, la fijación del litigio y lo decidido
110. En lo que respecta a este primer aspecto, en el recurso de apelación se alegó
que, mientras el texto de las pretensiones del libelo introductorio no especificó la
causal de nulidad del contrato cuya declaratoria se perseguía, en la audiencia
inicial se indicó que el objeto del litigio era: “Establecer si resulta procedente
declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión (…) por haber incurrido
presuntamente en una violación al principio de planeación y deber de selección
objetiva”; y en la conclusión del fallo impugnado el Tribunal señaló que el
contrato era nulo “por la causal prevista en el numeral 3 del artículo 44 de la ley
80 de 1993, por violación del principio de selección objetiva”.
111. La Sala despachará negativamente este primer argumento, y para tal efecto
señala que la Procuraduría sí precisó en su escrito inicial, bajo el acápite
“FUNDAMENTOS DE DERECHO” que “en el presente asunto el Ministerio
Público solicita la nulidad absoluta del contrato de concesión 635 de 2018 por
considerar que se presenta la causal prevista en el numeral 3° del artículo 44 de
la Ley 80 de 1993, bajo el entendido de que ha sido celebrado con abuso o
desviación de poder”, al considerar que “el contrato de concesión 635 de 2018
fue el resultado de un proceso de selección en el que se vulneraron los principios
de planeación y selección objetiva, afectando la libre concurrencia y la igualdad
de los posibles oferentes”. Así, en la demanda se expuso con toda claridad cuál
era la causal de nulidad invocada, y las razones en las que se amparó tal reclamo
judicial, sin que para ese propósito fuese necesario que se consignara aquella
causal, también, en el texto del petitum. En cualquier caso, la oficiosidad que
ostenta esta jurisdicción en la materia permite estudiar tal vicisitud incluso sin
que medie pretensión expresa al respecto, razón adicional para desestimar dicho
alegato.
112. En segundo lugar, como se revela en el acta de la audiencia inicial celebrada
el 27 de abril de 202281, las partes del proceso estuvieron de acuerdo con la
fijación del litigio efectuada por el Tribunal82 y no la impugnaron, denotando su
plena conformidad con dicha decisión y, de contera, la imposibilidad de
cuestionarla en esta oportunidad procesal. Sobre el particular, esta Corporación
ha ilustrado:
“La jurisprudencia de esta Sección al hablar sobre la importancia medular de la etapa de
la fijación del litigio ha dicho que: «es la que determina los temas que serán estudiados
en la sentencia; de hecho, es tal su importancia que aquélla condiciona las pruebas y la
postura procesal que en adelante adoptarán las partes como estrategia de defensa, y
81 Índice 045 del historial de actuaciones de SAMAI en primera instancia.
82 “(…) establecer si resulta procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión No. 635 del 28
de diciembre de 2018, suscrito entre el Municipio de Chía y la Sociedad Iluminaciones de la Sabana S.A.S, por
haber incurrido presuntamente en una violación al principio de planeación y deber de selección objetiva dentro
del proceso de licitación LP-028-2018”.
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ello, de suyo, implica que los sujetos procesales tienen la carga y el deber de velar para
que dentro del problema jurídico queden incluidos todos los temas objeto de debate…» 83
(…)
En esa línea, resulta importante destacar lo complejo que puede ser variar la
fijación del litigio cuando este ya se encuentra en firme, o no determinarlo con
precisión, pues no solo implica alterar las condiciones esenciales del debate, lo cual
afecta el debido proceso y el derecho de defensa, ante el abrupto, inexacto e inoportuno
cambio de las reglas del asunto judicializado. Tales cambios sorpresivos o imprecisiones
nunca serán bien vistos en la correcta administración de justicia, comoquiera que la
incertidumbre y la falta de seguridad jurídica emergerían dentro del asunto bajo
conocimiento”84 (destacado fuera del original).
113. A propósito de lo anterior, la Sala ha sostenido85 que el alcance del recurso
de apelación no se dirige a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad
generada en el curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir el trámite
acontecido en la primera instancia.
114. En tercer lugar, el análisis jurídico efectuado en la sentencia de primera
instancia, respecto de los deberes de planeación y selección objetiva y su
injerencia en la causal de nulidad del contrato fue armónica y congruente con lo
alegado por la demandante. Efectivamente, el problema jurídico planteado por
el a quo se centró en determinar si, respecto del contrato de concesión
cuestionado en el proceso, “se configura la nulidad absoluta, por haber incurrido
presuntamente en una violación al principio de planeación y deber de selección
objetiva dentro del proceso de licitación LP-028-2018”, lo que guarda armonía
con lo pretendido en la demanda y con el litigio fijado en el curso de la audiencia
inicial, e igualmente denota que a los demandados no se les sorprendió con
hechos o cuestiones litigiosas respecto de los cuales no hubiesen podido ejercer
su derecho de contradicción en el sub examine, descartando cualquier violación
al debido proceso sobre el particular.
115. Sin perjuicio de lo anterior, debe reiterarse que, en todo caso, el juez del
contrato estatal se encuentra revestido de la facultad de declarar de oficio la
nulidad absoluta del contrato estatal, aún si no media pretensión anulatoria,
siempre que la causal correspondiente esté plenamente acreditada en el
proceso y sus partes hayan intervenido en el trámite (en garantía de su derecho
al debido proceso), como en efecto ocurrió.
Sobre la reclamada incongruencia del fallo por incluir en la parte resolutiva
una modulación de sus efectos que no habría sido motivada
116. Ahora bien, la sociedad recurrente invocó un segundo motivo para alegar la
falta de congruencia de la sentencia impugnada, al alegar que se incluyó en la
83 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Alberto Yepes Barreiro.
Sentencia del 8 de junio de 2017. Rad. 76001-23-33-000-2016-00233-01. (Referencia en el original).
84 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de junio de 2024, C.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, exp. 17001-23-33-000-2023-00255-01.
85 Al respecto, se pueden consultar, entre otras, sentencias del 6 de julio de 2022, expedientes: 44.707 y 54.666
y sentencia del 17 de febrero de 2023, expediente: 62.136. Ha precisado igualmente la Corporación que los
principios de lealtad procesal, contradicción y de defensa y la congruencia que debe existir entre el recurso, la
sentencia censurada, el concepto de violación de la demanda y los argumentos expuestos en la contestación
de la misma “imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y
presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem
no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso” (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez, exp. 08001-
23-31-000-2009-01122-01).
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parte resolutiva una modulación de sus efectos que no fue motivada. La decisión
en cuestión fue del siguiente tenor:
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la Sala modula la decisión adoptada en
el numeral anterior, a fin de que la entidad en un plazo máximo de 10 meses efectúe la
contratación para que se garantice con la prestación del servicio de operación,
administración, mantenimiento, modernización, reparación y expansión del sistema de
alumbrado público en el municipio de chía, Cundinamarca”.
117. De cara a este punto resolutivo, la Sala encuentra que la situación que se
reprocha no constituyó un evento de incongruencia, dado que éste se ve
configurado cuando lo resuelto no guarda “consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda (…) y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”, según lo establecido
en el artículo 281 del CGP. Ello se diferencia de la ausencia de motivación de la
decisión, que se configura cuando ésta no se ve respaldada por un análisis en
la parte motiva del fallo, en cumplimiento del mandato según el cual “[s]alvo los
autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de
manera breve y precisa” (artículos 279 ejusdem y 187 del CPACA)86.
118. Ante esa aparente ausencia de relación entre la partes considerativa y
resolutiva, se observa que lo resuelto (ordinal segundo) encuentra estrecha
dependencia de la motivación sobre la nulidad del contrato, y su respectiva
declaratoria (ordinal primero), en la medida que expresamente “modula la
decisión adoptada en el numeral anterior” (en referencia -justamente- a la
anulación del negocio), de lo que puede inferirse una dilación en el tiempo de
sus efectos por un plazo máximo de 10 meses, a pesar de que, como lo ha
precisado la Sección Tercera87, verificada la nulidad absoluta del acuerdo, la
declaratoria de tal circunstancia implica que el mismo desaparece desde el
momento de su perfeccionamiento88.
119. Aunado a lo anterior, conforme lo ha precisado la jurisprudencia
constitucional, el principio de congruencia busca que la persona que accede a la
administración de justicia no sea sorprendida con la decisión que se adopta,
respecto de la causa petendi que somete a su conocimiento89, y, en este caso,
el objeto de la litis siempre gravitó en torno a la legalidad del Contrato de
Concesión n° 635 de 2018 -y los efectos asociados a su configuración-, de
manera que mal podría ahora sostenerse que los sujetos procesales pudieran
verse sorprendidos por la determinación emitida por el a quo.
120. Se aprecia también que el asunto debatido en el sub lite incide en el servicio
de alumbrado público en el municipio de Chía, y la decisión definitiva sobre la
86 La Corte Constitucional ha entendido que el principio de congruencia guarda una relación inescindible con la
motivación de las decisiones de los jueces, y en esa línea de comprensión, ha concluido que su violación
materializa la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales de
“decisión sin motivación” (ver, entre otras, sentencias T-259 de 2000 y T-589 de 2010); la cual, en el sub lite, sí
fue ofrecida por el a quo.
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14
de mayo de 2019, exp. 37690, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
88 Sin perjuicio de otras consecuencias que de ello se desprenden, verbo y gracia, la obligación de reconocer y
pagar las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento en que se ordene la declaratoria judicial
de nulidad (artículo 48 de la Ley 80 de 1993), así como efectuar las restituciones mutuas, cuando a ello hubiere
lugar (vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 5 de diciembre de 2016, exp. 33611, C.P. Ramiro Pazos Guerrero).
89
Ver, entre otras, sentencias SU-573 de 2017 y SU-150 de 2021.
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legalidad del contrato tiene la potencialidad de afectar la continuidad de su
prestación, proyectándose así sobre el interés general de los habitantes de dicha
entidad territorial. Precisamente por ese motivo, a pesar de que lo decidido por
el Tribunal en el ordinal segundo de su sentencia no se sustentó, la Sala
considera que ello resulta razonable y proporcionado respecto de los derechos
que pretende proteger, en atención a la facultad oficiosa que le otorga el
ordenamiento para separar el mundo jurídico los contratos que encuentre, con
suficiencia, inválidos, y adoptar las medidas consecuenciales que se deriven de
esa determinación; así como por el hecho de que el sistema de alumbrado
municipal: (i) ostenta el carácter de servicio público; (ii) persigue un interés
general, consistente en beneficiar a la población y generar condiciones de
seguridad, tranquilidad y bienestar para todo aquel que transite por el espacio
público90; (iii) es inherente a la finalidad social del Estado y al deber que le asiste
de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional91; y (iv) debe ser prestado por el Municipio (en los términos del artículo
2.2.3.6.1.2 del Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía)92.
121. Así las cosas, la decisión que adoptó el a quo no desbordó los límites
concedidos por la normativa que regula el presente juicio, de manera que la Sala
no lo considera como motivo para la revocatoria de lo decidido. Dicho de otro
modo, la modulación de los efectos del fallo determinada por el Tribunal no
desconoció el principio de congruencia, resulta proporcionada93 y ajustada al
interés general involucrado en este litigio94, motivos suficientes para mantener
dicha definición en esta instancia.
122. Ahora bien, en vista de la anterior conclusión, para evitar equívocos y
salvaguardar el mencionado interés, la Sala adicionará, en ejercicio de idénticas
facultades oficiosas que las ejercidas por el a quo, el ordinal segundo del fallo
apelado, para precisar que los efectos de su nulidad solo se producirán cuando
se haya perfeccionado el negocio jurídico para la prestación del servicio de
alumbrado público o, en todo caso, cuando hayan transcurrido los 10 meses allí
indicados, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. El mismo efecto,
por idéntico interregno, se debe predicar de las restituciones mutuas (ordenadas
en el ordinal tercero de la sentencia impugnada) que se deriven de la eventual
anulación, como se detallará en acápite posterior.
90 Así lo ha entendido la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-272 de 2016, cuando sostuvo: “el
sistema de alumbrado público es un servicio que se brinda en interés general, no particular ni privado. Tampoco
su sentido es aumentar las utilidades particulares de específicas personas, si bien esto pueda fortuitamente
ocurrir. Su esencia es beneficiar una población y generar condiciones de seguridad, tranquilidad y bienestar
para todo aquél que eventualmente haga uso de los espacios de tránsito público que reciben el alumbrado”.
91 Constitución Política, artículo 365.
92 “ARTÍCULO 2.2.3.6.1.2. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la
prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de empresas
de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren
idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.
De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberán garantizar la continuidad y calidad en la
prestación del servicio de alumbrado público, así como los niveles adecuados de cobertura (…)”.
93 Además, el término otorgado se estima proporcionado al corresponder al mismo lapso con el que cuentan las
entidades para el cumplimiento de condenas pecuniarias según el artículo 192 del CPACA.
94 Que, en aras del principio de proporcionalidad, impone al juez la adopción de medidas necesarias para
preservar el orden público (ver, entre otras: sentencias C-226 de 2002, C-450 de 2003 y C-062 de 2021 de la
Corte Constitucional).
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Sobre la supuesta incongruencia del fallo por condenar en costas al
contratista
123. Finalmente, frente al argumento de que la condena en costas impuesta al
contratista no procedería en caso de que la liquidación del contrato arrojara un
saldo a su favor, la Subsección señala, en primer lugar, que la sentencia apelada
expuso las razones por las cuales dispuso su aplicación, lo que impide apreciar
la alegada falta de congruencia entre la parte motiva y resolutiva; y en segundo
lugar, la normativa que regula el instituto procesal en cuestión en los asuntos
que se ventilan ante esta jurisdicción (artículos 188 del CPACA y 365 y
siguientes del CGP) no contempla como supuesto de exclusión de la condena
en costas la eventual existencia de saldos a favor del contratista, en los casos
en los que se anula el negocio celebrado.
124. Lo anterior sin perjuicio de que, en la parte resolutiva, se decida sobre la
procedencia de la condena en costas en este proceso, en función de la apelación
del Municipio.
Restituciones mutuas derivadas de la nulidad
125. Una vez decantados los anteriores tópicos, se concluye la necesidad de
confirmar la declaratoria de nulidad absoluta del contrato no. 635 de 2018 por
las causales previamente examinadas. Esta circunstancia, a su vez, impone
determinar los efectos patrimoniales de la anulación, a la luz de lo preceptuado
en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, que a su tenor reza:
“La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo
por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y
únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que
la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren
servido para satisfacer un interés público”.
126. En armonía con esa previsión, la jurisprudencia de esta Corporación 95, y la
emanada de la Corte Suprema de Justicia96, ha entendido que el principio de
congruencia exige pronunciarse sobre las restituciones mutuas cuandoquiera
que se declare la nulidad de un contrato.
127. En la sentencia de primer grado -se itera- se resolvió condenar en abstracto
al reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de la ejecución del
contrato, dada la ausencia de elementos de prueba atinentes a este tópico
dentro del plenario. Como parámetros para la liquidación, se señaló que “la[s]
partes deberán acreditar los pagos mensuales realizados al contratista con la
95 Ver, entre otras, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62.250, C.P. Nicolás
Yepes Corrales: “En este orden, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 cuando se declare la nulidad
absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto contractual tiene derecho a ser restituido
por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la
entidad se ha beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público , restituciones que, no obstante,
no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación, por ejemplo, en aquellos en los que
resulta materialmente imposible efectuarlas”.
96 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de febrero de 2003, Exp. 6610, M.P.
José Fernando Ramírez.
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revisión y aprobación del interventor. Deberán presentar los informes de las
actividades y/o ejecución de la concesión, junto con la acreditación de los pagos
de seguridad social integral, parafiscales y los impuestos a que haya lugar y el
certificado de cumplimiento del interventor de la concesión aunado a la factura
presentada”.
128. Aun cuando ninguno de los apelantes se refirió a este aspecto en sus
escritos, la oficiosidad en esta materia permite a la Sala regresar sobre este
punto con el fin de precisar el alcance de las pautas por emplear para la
liquidación de perjuicios y de armonizar este ejercicio con la modulación del fallo
a la que ya se ha hecho referencia. En el presente proceso, se encuentran
elementos de prueba que dan cuenta de que el contrato se ha cumplido, al
menos parcialmente, hasta la fecha, a partir de los instrumentos que han sido
debidamente incorporados al plenario97, como lo son los siguientes:
▪ Informe de interventoría de enero de 2021 elaborado por la Unión
Temporal Tecnochía, en el que se dio cuenta del estado de ejecución de
múltiples actividades. Frente al cumplimiento de las actividades pactadas,
se señaló que: “En cuanto a las actividades de modernización siguen
pendientes por entregar a esta interventoría las 1.000 luminarias ya
instaladas y las restantes 7.441; el plazo para el proceso de
modernización terminó el día 01 de junio de 2020, y a la fecha de se tiene
en 10.83%. Ya se tiene la información en Excel de los puntos
georreferenciados de las 1.000 luminarias led instaladas (…). El
porcentaje de eficiencia de atención de PQR es del 100%. Las labores se
operación y mantenimiento se han venido ejecutando, la reposición se
evidencia con el cambio de fotocelda, bombillas y equipos de las
luminarias”98.
▪ Mediante Resolución 825 del 17 de marzo de 202199, se ordenó el archivo
de una actuación administrativa iniciada en contra del concesionario por
presunto incumplimiento de las labores de modernización, en el que se
reseñaron las actividades acreditadas hasta ese momento por medio de
los informes rendidos por la interventoría.
▪ Por oficio del 23 de noviembre de 2021, la interventoría informó al
municipio que el concesionario “durante la ejecución de las actividades
de modernización ha realizado la instalación de 2.351 luminarias con
tecnología LED, acorde a lo establecido en el Otrosí No 2 al contrato
635”100.
129. Si bien estos instrumentos no dan cuenta del grado de ejecución específico
del contrato hasta la fecha presente, sí otorgan elementos de prueba para tener
por demostrado que, en la actualidad, el municipio se ha visto beneficiado por
las actividades ejecutadas por el concesionario, lo cual da pie al reconocimiento
de las restituciones previstas en el artículo 48 citado. Pese a ello, la Sala ratifica
que en el expediente no obran medios demostrativos suficientes para establecer
97 Aunque el municipio (con sus alegatos de conclusión de segunda instancia) aportó copia de dos documentos
provenientes -según se aduce- de la interventoría, en los que se daría cuenta del estado de ejecución del
contrato, dichas pruebas fueron negadas mediante auto del 30 de abril de 2025.
98 Págs. 71 y 72 del archivo “CARPETA 13” contenida en el fichero “E-2018-567943 D-2019-1344780” obrante
en la anotación 48 de la plataforma SAMAI de segunda instancia.
99 Págs. 124 a 147 ibidem.
100
Pág. 189 ibidem.
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“las prestaciones ejecutadas del contrato” y su respectivo valor, en tanto no se
incorporaron al plenario piezas documentales o periciales en ese sentido.
130. Por tal motivo, la Sala confirmará la condena en abstracto proferida por el
Tribunal de primer grado. Conforme a lo reglado por el artículo 193 del CPACA,
“Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá
promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada
y especificada de su cuantía”. En ese sentido, deberá acoger los siguientes
parámetros para el señalado ejercicio:
i. Acreditarse los pagos que hayan sido realizados al contratista, con la
revisión y aprobación del interventor del contrato de concesión.
ii. Asimismo, presentarse los informes de las actividades ejecutadas a lo
largo de la concesión, junto con la acreditación de los pagos de seguridad
social integral, parafiscales y los impuestos a que haya lugar con corte a
idéntico hito. A ello deberá anexarse el certificado de cumplimiento del
interventor de la concesión, aunado a la factura presentada para tales
efectos.
iii. Deberá detallarse aquellas actividades ejecutadas cuyo pago no haya sido
reconocido por el municipio, conforme a lo pactado en el contrato de
concesión.
iv. De los anteriores rubros deberá descontarse el componente relativo a la
utilidad que, normalmente, se le reconocería por cada pago, comoquiera
que la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que “el concepto de
beneficio al que se refiere el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no incluye el
reconocimiento de una utilidad a favor del contratista (…), pues el interés
público no se ve satisfecho cuando un particular que obtuvo un contrato
mediante corrupción genera una ganancia neta tras deducir los costos de
producción de los ingresos percibidos en su ejecución”101.
131. Conforme a lo previsto en el artículo 193 ejusdem, el escrito correspondiente
debe presentarse, para este caso, dentro de los sesenta (60) días siguientes a
la notificación del auto de obedecimiento al superior. No obstante, en atención a
la modulación de los efectos de la anulación a la que ya se ha hecho referencia,
se dispondrá que dicho interregno transcurrirá según los hitos previamente
fijados, esto es, a partir (i) del momento en que se haya perfeccionado el negocio
jurídico para la prestación del servicio de alumbrado público o (ii) en todo caso,
cuando hayan transcurrido los 10 meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente sentencia, lo que ocurra primero. Este mismo lapso deberá ser tenido
como fecha límite para la acreditación de los pagos y actividades a los que se
hizo referencia en el párrafo anterior.
101 Sentencia del 4 de abril de 2025, exp. 70045, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterando la sentencia
del 8 de abril de 2024 (exp. 66102), del mismo ponente.
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Sobre la condena en costas en primera instancia
132. Prescribe el artículo 188 del CPACA que la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”.
133. La entidad territorial cuestionó, en su apelación, la decisión del a quo de
imponer condena en costas, bajo el argumento de que no se evidenció que se
hubiese incurrido en gastos, expensas u otros conceptos que justificaran su
imposición, y añadió que, en los términos del referido artículo 188, la condena
en costas no procede cuando se ventila un interés público, y en el sub lite la
Procuraduría actuó en defensa del mismo.
134. Al respecto, la Sala considera que, efectivamente, en el caso concreto quien
actúa como extremo activo del proceso, en su rol de Ministerio Público, lo hace
con la finalidad de “protección del interés público”, en los términos del artículo
118 constitucional, aunado al contenido mismo de las pretensiones elevadas en
su libelo introductorio y, por ende, el sub lite se encuentra desprovisto de un
interés litigioso subjetivo. De esa suerte, no resultaba procedente la condena en
costas a la parte vencida y, en consecuencia, prospera el cargo de la apelación
promovida por el Municipio, por lo cual, se revocará esa determinación, dando
así respuesta al último interrogante planteado.
Conclusiones
135. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección modificará la
sentencia de primera instancia, en síntesis, confirmando la anulación del contrato
y precisando la modulación de los efectos de esta declaratoria, junto con la
revocatoria de la condena en costas de primer grado, recapitulando que:
136. El negocio jurídico examinado se encuentra sometido a las disposiciones del
EGCAP y, por ende, a las causales particulares de nulidad previstas en los
artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993.
137. La posibilidad de que se declare judicialmente la nulidad absoluta del
contrato, salvo en lo referente a la causal prevista en el numeral 4 del artículo 44
de la Ley 80 de 1993 (se declaren nulos los actos administrativos en que se
fundamente), bien sea de oficio o a solicitud del interesado, no está
normativamente condicionada a que se despoje de su presunción de legalidad al
acto administrativo de adjudicación del proceso de selección que precedió al
negocio jurídico. Los derechos y obligaciones que confiere el acto de adjudicación
al proponente seleccionado y a la entidad contratante se agotan, como efecto
principal, con la celebración del contrato estatal y el cumplimiento de la
solemnidad que impone el ordenamiento. Por ese motivo, la discusión sobre la
legalidad de dicho acto no se proyecta sobre el juicio de anulación del negocio.
138. Quedó plenamente establecido que el deber de selección objetiva fue
desconocido por el municipio de Chía en el curso de la Licitación Pública n° 028
de 2018, al escoger a la promesa de sociedad futura Iluminaciones de la Sabana
S.A.S. para celebrar el Contrato de Concesión n° 635 de 2018, pese a que su
propuesta no cumplió con los requisitos de experiencia contenidos en el pliego
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de condiciones, de manera que el negocio jurídico objeto de la litis contradice el
orden público, materializado en los principios de la contratación estatal y en las
reglas específicas que gobernaron la licitación que dio génesis al acuerdo.
139. Bajo ese entendimiento, resultó inane analizar causales adicionales de
invalidación del contrato disputado (desviación de poder y causa ilícita), pues
bastó la plena constatación de una de ellas -como ocurre en el sublite- para
disponer -o, en este caso, mantener- el retiro del mundo jurídico del acuerdo de
voluntades celebrado.
140. Aquella irregularidad es insaneable y de obligatoria declaración para esta
Corporación -aun cuando no fue alegada en el proceso-; por ende la decisión de
invalidación del contrato debe ser, en consecuencia, confirmada, pero por las
razones aquí esbozadas, derivadas de la facultad oficiosa de la que es titular
esta Corporación, conforme a los artículos 141 del CPACA, 45 de la Ley 80 de
1993; 6 y 1519 del Código Civil.
141. Aunque el fallo de primer grado trajo a colación el principio de planeación en
la motivación de su decisión, aquél no fue la razón para anular el negocio, de
manera que no existió yerro alguno al mencionarlo en sus dichos de paso. En
todo caso, la jurisprudencia de esta Corporación ha enseñado que el
desconocimiento de dicho mandato superior no puede ser empleado para
concluir, de forma autónoma, la ilicitud de un acuerdo de voluntades.
142. La decisión del a quo fue congruente con el cargo de nulidad del contrato,
propuesto en la demanda, y las razones que lo fundamentaron, en tanto el libelo
introductorio expuso con toda claridad cuál era la causal de nulidad invocada y
las razones en las que se amparó tal reclamo judicial, sin que para ese propósito
fuese necesario que se consignara aquella causal, también, en el texto del
petitum. Adicionalmente, tanto la fijación del litigio (no cuestionada por las partes)
como el análisis jurídico abordado en la sentencia de primera instancia, fueron
congruentes con el planteamiento del libelo introductorio.
143. La modulación del fallo prevista por el a quo no constituyó un evento de
incongruencia, la cual -en todo caso, ante la falta de justificación expresa- derivó
de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, para diferir sus efectos y -con
ello- proteger el interés general, lo cual es concordante con las facultades
asignadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en punto del juicio de
validez a los contratos estatales. Por todo lo anterior y para evitar cualquier
equívoco en el cumplimiento del fallo, que pueda afectar negativamente la
prestación del servicio de alumbrado público, la Subsección adicionará los
ordinales segundo y tercero de la providencia impugnada, para precisar que los
efectos de la nulidad solo se producirán cuando se haya perfeccionado el negocio
jurídico para la prestación del servicio de alumbrado público o, en todo caso,
cuando hayan transcurrido los 10 meses, contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia.
144. La providencia impugnada no desconoció el principio de congruencia al
imponer la condena en costas, independientemente de su improcedencia, pues,
de un lado, expuso las razones por las cuales dispuso su imposición, lo que
impide apreciar la alegada incongruencia entre la parte motiva y resolutiva; y,
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del otro, la normativa que regula la condena en costas no contempla como
evento de exclusión de la misma la eventual existencia de saldos a favor del
contratista, en los casos en los que se anula el negocio celebrado.
145. Dado que en el presente asunto no se demostró el monto concreto de las
prestaciones ejecutadas por el concesionario, cuyo pago debe ser reconocido a
pesar de la nulidad del negocio, se condena en abstracto a dicho reconocimiento
y se fijan los parámetros para su liquidación, en función de la variación a la
modulación de los efectos del fallo que se introdujeron.
146. El Ministerio Público actuó en este proceso con la finalidad de “protección del
interés público”, en los términos del artículo 118 constitucional y, por ende,
desprovisto de un interés litigioso subjetivo, lo que se desprende, además, de
las pretensiones invocadas en su demanda, e impide condenar en costas.
Las costas de segunda instancia
147. En lo que corresponde a las costas de segunda instancia, la Sala se remite
a las consideraciones efectuadas respecto de las de primera instancia, en punto
a la improcedencia de su imposición por ventilarse un interés público y, por lo
tanto, se abstendrá de imponerlas.
148. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, cuya
parte resolutiva queda de la siguiente manera:
PRIMERO: Declarar, por las razones expuestas, la nulidad absoluta del
contrato No. 635 del 28 de diciembre de 2018, suscrito por el Municipio de
Chía y la Sociedad Iluminaciones de la Sabana SAS cuyo objeto fue
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LA OPERACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, REPARACIÓN
Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA”.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la Sala modula la decisión
adoptada en el numeral anterior, a fin de que la entidad, en un plazo máximo
de 10 meses contados a partir de la ejecutoria de esta decisión, efectúe la
contratación para que se garantice la prestación del servicio de operación,
administración, mantenimiento, modernización, reparación y expansión del
sistema de alumbrado público en el municipio de Chía, Cundinamarca.
Los efectos de la nulidad del contrato solo se producirán cuando el negocio
jurídico correspondiente se haya perfeccionado o, en todo caso, cuando haya
transcurrido el plazo de los 10 meses antes indicado, computado desde la
ejecutoria de esta providencia, lo que ocurra primero.
TERCERO. Se condena en abstracto al reconocimiento y pago de las
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00629-01 (71.312)
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Municipio de Chía y otro
Referencia: Controversias contractuales
prestaciones que hayan sido ejecutadas por la sociedad concesionaria hasta
el acaecimiento del hito de que trata el punto resolutivo segundo. La
liquidación correspondiente se deberá efectuar mediante incidente conforme
a lo previsto por el artículo 193 del CPACA y a lo expresado en la presente
decisión.
El respectivo incidente se promoverá dentro de los 60 días siguientes al
perfeccionamiento del contrato de que trata la parte inicial del anterior
numeral o desde cuando haya transcurrido el plazo de los 10 meses allí
indicado, computado desde la ejecutoria de esta providencia, lo que ocurra
primero.
CUARTO: Sin condena en costas, por tratarse de un proceso en el que se
ventiló un interés público.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a los canales digitales registrados por
los sujetos procesales.
SEXTO. Liquídense por Secretaría los gastos del proceso. En caso de que
pasados dos años, no hayan sido reclamados por la parte actora, la
Secretaría declarará la prescripción a favor del Consejo Superior de la
Judicatura –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o de la entidad que
haga sus veces.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
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