Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01492-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01492-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01492-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
7 de mayo de 2026
Demandantes: Humberto Arturo Agudelo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01492-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-01
Demandante: HUMBERTO ARTURO AGUDELO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Confirma decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 24 de marzo de 2026, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Humberto Arturo Agudelo, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales, a la igualdad, al debido proceso, a la favorabilidad laboral, al
mínimo vital y de acceso a la administración de justicia en conexidad con los
principios de cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias.
Estimó vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de las
siguientes providencias: (i) la sentencia del 1° de octubre de 20251, mediante la
cual la autoridad judicial confirmó parcialmente la decisión del 29 de mayo de
2024 proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que declaró no probada la excepción de pago total y ordenó la
continuación de la ejecución dentro del proceso ejecutivo radicado 11001335-
1 Notificada electrónicamente el 2 de octubre de 2025.
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Demandantes: Humberto Arturo Agudelo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01492-01
029-2022-00162-00/01 contra la Unidad Administrativa Especial de Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá; y (ii) el auto del 5 de noviembre de 2025 2, que
rechazó la solicitud de corrección, adición y aclaración de la sentencia referida.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los
derechos Constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA
IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA,
INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, principios Constitucionales del
artículo 53 de la Carta Política, en especial la igualdad de oportunidades a
los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho; así como el derecho al acceso a la administración de justicia
conforme al artículo 229 de la Constitución Política, ante la existencia de
defecto fáctico y sustantivo.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS
la providencia de segunda instancia proferida por la Subsección “C” de la
Sección Segunda del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha
1 de octubre de 2025 con salvamento de voto de la H. Magistrada Doctora
MARTHA ABADIA SERNA, notificada electrónicamente el 2 de octubre de
2025, en el expediente 11001 33 35 029 2022 00 162 01, Proceso ejecutivo
laboral siendo demandante HUMBERTO ARTURO AGUDELO demandado
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora
radicó solicitud de adición, aclaración y corrección el 6 de octubre de 2025,
la cual fue negada mediante providencia proferida 5 de noviembre de 2025
y notificada electrónicamente el 10 de noviembre de 2025, por tanto se
solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva providencia
conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de
1978, respecto a los porcentajes reales y valores favorables a reconocer
por concepto de reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y
recargos festivos nocturnos del 235% con el factor de 190 horas mensuales
(jornada máxima legal empleados públicos)3.
1.3. Hechos
Revisado el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.
El señor Agudelo se desempeñó como servidor público en la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá [en adelante
UAECOB]; desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2019. Durante
2 Notificado electrónicamente el 10 de noviembre de 2025.
3 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
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Subsección C
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dicho vínculo, el actor cumplió una jornada de 15 turnos mensuales de 24 horas
cada uno, para un total de 360 horas al mes, superando así la jornada ordinaria
legalmente establecida
Indicó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, interpuso demanda contra la UAECOB con el propósito de obtener el
reconocimiento y pago de los recargos por trabajo suplementario [horas extras
diurnas y nocturnas], laborados en exceso de la jornada máxima legal prevista
para los empleados públicos del orden territorial.
Precisó que, mediante sentencia del 24 de febrero de 2017, el Juzgado
Veintinueve Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda
y ordenó a la entidad pagar «las horas extras diurnas y nocturnas laboradas en
exceso de la jornada máxima legal para empleados públicos territoriales, fijada
en 190 horas mensuales. Dispuso aplicar el límite de 50 horas mensuales,
deducir los días de descanso remunerados, vacancias, licencias, permisos y
demás situaciones administrativas presentadas al trabajador; conceder el
descanso compensatorio por exceso de horas extras; reliquidar los recargos
ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos pagados al demandante;
y reliquidar las cesantías del actor».
Señaló que la decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia del 31
de octubre de 2018. El fallo precisó la condena para que, al momento de la
liquidación, se consideraran las situaciones administrativas del actor y, en todo
caso, las horas extras laboradas no superaran las 50 mensuales previstas en la
norma. Asimismo, revocó el reconocimiento y pago del descanso compensatorio
por exceso de horas extras.
Manifestó que, el 15 de agosto de 2019, una vez ejecutoriada la sentencia [14 de
noviembre de 2018], presentó solicitud ante la entidad para su cumplimiento. En
consecuencia, se expidió la Resolución 833 del 6 de diciembre de 2018, mediante
la cual se reconoció la suma de $12.064.362.
Inconforme con dicho valor, el actor promovió acción ejecutiva con el fin de
obtener el pago íntegro de las sumas ordenadas en las sentencias debidamente
ejecutoriadas.
El Juzgado Veintinueve Administrativo de Bogotá conoció el proceso ejecutivo y
por medio de auto del 25 de agosto de 2022 libró mandamiento de pago por la
suma de $100.790.605, correspondiente al capital debidamente indexado hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia. Esta decisión fue adicionada mediante auto
del 6 de octubre de 2022.
Agotado el trámite procesal, el 29 de mayo de 2024, el despacho de primera
instancia profirió sentencia de excepciones en la cual declaró no probada la de
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pago total. En consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución, tras
determinar que la obligación se extinguió solo parcialmente, toda vez que la
UAECOB efectuó un pago por $100.790.605, quedando pendiente la solución de
los intereses causados.
En ejercicio de su derecho de contradicción, la entidad ejecutada interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 1º
de octubre de 2025. En dicha providencia, se confirmó parcialmente el fallo de
primera instancia en cuanto declaró no probada la excepción de pago total y, por
consiguiente, ordenó continuar con la ejecución por la suma de $450.539.
Frente a lo decidido, el 6 de octubre de 2025, la parte actora radicó solicitud de
aclaración, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante auto del 5 de
noviembre del mismo año. A su juicio, la providencia incurrió en vulneración de
derechos fundamentales, toda vez que la liquidación practicada por el tribunal no
se ajustó a los parámetros vinculantes de las sentencias que constituyen título
ejecutivo. En particular, el ad quem aplicó porcentajes de recargos del 100 % y
135 %, desconociendo que en el proceso ordinario se determinó, con tránsito a
cosa juzgada, que dichos recargos correspondían al 200 % y 235 %.
1.4. Sustento de la vulneración
El actor argumentó que las decisiones proferidas por la autoridad judicial
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la favorabilidad laboral, al mínimo vital y
a los principios de cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias.
La transgresión de las garantías fundamentales encuentra su sustento en los
siguientes yerros:
• Defecto fáctico: por la omisión de la autoridad judicial accionada de
analizar integralmente el título ejecutivo. En lugar de dar cumplimiento
estricto a lo ordenado en las sentencias de instancia, el juez de segundo
grado adoptó parámetros de liquidación fragmentarios, ignorando las
precisiones sobre la forma correcta de solucionar la obligación. Esta
desatención fáctica derivó en el desconocimiento de los porcentajes del
200% y 235% previamente definidos, lo cual constituye una vía de hecho
por falta de apreciación de las pruebas documentales que sustentan la
ejecución.
• Defecto sustantivo: por la indebida interpretación del artículo 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978, pues el ad quem fundamentó la reducción de
los porcentajes bajo el argumento de que el 100% de la remuneración ya
estaba integrado en la asignación básica. Sin embargo, aclaró que el
régimen legal y jurisprudencial dispone que la labor en días de descanso
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obligatorio otorga el derecho a un recargo del 200%, adicional al salario
mensual ordinario.
Asimismo, solicitó considerar el salvamento parcial de voto de la Magistrada
Mirtha Abadía Serna. Si bien la togada coadyuvó la decisión de continuar con la
ejecución, apartó su criterio de la mayoría respecto a la metodología de
liquidación.
En dicho pronunciamiento, la magistrada argumentó que la competencia del juez
de segunda instancia estuvo estrictamente limitada por el principio de non
reformatio in pejus y por los reparos específicos del apelante, por lo que le estuvo
vedado revisar temas que fueron excluidos del debate.
Además, señaló que la sala mayoritaria desbordó su competencia al realizar
liquidaciones parciales tomando valores ajenos al título base de recaudo y
aplicando jurisprudencia posterior a la ejecutoria del fallo; pues el momento
procesal correcto para definir con certeza los rubros de la deuda [como capital,
intereses e indexación] era la etapa de liquidación del crédito, donde las propias
partes debieron demostrar el pago.
Por último, enfatizó que el proceso ejecutivo no fue la vía idónea para revivir
inconformidades que debieron atacarse con recursos en su oportunidad, toda vez
que los parámetros de la providencia que se ejecutaba marcaron el límite, y
alterarlos mediante nuevos criterios desconoció el principio de preclusión.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 28 de enero del 2026, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte
accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Asimismo, vincular a la UAECOB, toda vez que actuó como la entidad
demandada dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-35-029-2022-
00162-00/01, en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso. De
igual manera, se ordenó al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que remitiera, en calidad de préstamo y por medios digitales,
el expediente de la referencia; disponiéndose, además, la suspensión de los
términos del presente asunto desde el 27 de febrero de 2026 hasta tanto el
expediente reingresara al despacho.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá
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La apoderada de la UNAECOB allegó informe4 el 4 de marzo de 2026, en los
siguientes términos.
Sostuvo que el accionante contó con mecanismos procesales ordinarios idóneos
para tramitar la inconformidad. Precisó que el proceso ejecutivo permaneció en
etapa de liquidación de crédito ante el Juzgado 29 Administrativo de Oralidad de
Bogotá, escenario donde el actor tuvo la facultad de formular objeciones o
presentar una liquidación alternativa. Asimismo, resaltó que el demandante
omitió la interposición del recurso extraordinario de revisión para cuestionar las
decisiones judiciales previas.
Indicó que el asunto revistió una naturaleza estrictamente económica, por cuanto
versó sobre el cobro de derechos laborales en un proceso ejecutivo. Explicó que
la expectativa de un pago mayor o la discrepancia con los cálculos no configuró
un daño inminente ni grave que exigiera la intervención imperiosa del juez
constitucional.
Afirmó que el accionante no demostró su pertenencia a la tercera edad ni acreditó
una condición de debilidad manifiesta, discapacidad o pobreza extrema que
justificara un tratamiento constitucional reforzado.
Argumentó que el Tribunal de Cundinamarca sustentó las decisiones de
liquidación en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y en la jurisprudencia
unificada de esta Corporación. Sostuvo que la entidad liquidó los recargos
dominicales y festivos con el 100% adicional sobre el valor ordinario. Advirtió que
la pretensión del actor (200% o 235%) habría implicado un triple pago por la
jornada habitual, con el consecuente detrimento de los recursos públicos.
Concluyó que la controversia se limitó a una diferencia de criterios y no a una
vulneración de derechos.
Advirtió que el uso de la tutela como instancia adicional para debatir asuntos
propios de la liquidación desnaturalizó el sistema de justicia. Señaló que dicha
actuación vulneró la cosa juzgada y desconoció la competencia del juez
administrativo natural.
Finalmente, la apoderada de la entidad solicitó de manera expresa que se
declarara la improcedencia de la acción y se negaran la totalidad de las
pretensiones formuladas por el accionante.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
El magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel, en representación de la Sección
Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rindió el
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informe correspondiente5. En dicho escrito, el togado se opuso a la acción de
tutela interpuesta.
Sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas [específicamente la
sentencia del 1° de octubre de 2025 y el auto del 5 de noviembre del mismo año]
se adoptaron con estricto apego a las normas pertinentes y bajo una
interpretación jurídica acertada. En consecuencia, afirmó que la autoridad judicial
no incurrió en vía de hecho, defecto fáctico o sustantivo, ni vulneró los derechos
fundamentales del accionante.
Asimismo, sostuvo que el proceso se llevó a cabo respetando los principios de la
sana crítica, la buena fe, la igualdad y la imparcialidad. Además, señaló que en
este caso no se cumplían los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para
que procediera una acción de tutela contra providencias judiciales, indicando que
la verdadera intención de la parte accionante era simplemente revivir un debate
legal que ya se había surtido y resuelto en esa jurisdicción.
En conclusión, con base en estos argumentos, el magistrado solicitó
respetuosamente que se denegara el amparo pretendido mediante la tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de marzo de 2026, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por carecer
de relevancia constitucional.
La corporación consideró que la controversia planteada versó sobre un asunto
estrictamente económico y patrimonial. Por tal motivo, estimó que el debate no
revistió la relevancia constitucional necesaria para su resolución a través del
mecanismo de protección.
Sostuvo que el amparo constitucional no constituyó una instancia adicional para
reabrir debates de interpretación legal, tales como la determinación de los
porcentajes exactos de los recargos. Precisó que dichos asuntos ya fueron
decididos y zanjados de fondo por los jueces naturales dentro del proceso
ejecutivo respectivo.
Desestimó que la autoridad accionada hubiera incurrido en un desconocimiento
de la jurisprudencia. Indicó que, por el contrario, la colegiatura falló en
acatamiento a la postura actual de esta Corporación respecto a la interpretación
y aplicación de la remuneración doble contemplada en el artículo 39 del Decreto
1042 de 1978.
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1.8. Impugnación
Mediante escrito allegado el 26 de marzo de 20266 la parte actora impugnó la
anterior decisión; el accionante argumentó que el tribunal de segunda instancia,
dentro del proceso ejecutivo, modificó de oficio las sentencias de recaudo que ya
gozaban de firmeza.
Sostuvo que la autoridad judicial actuó de manera extra petita y ultra petita, lo
cual configuró una violación al principio de la non reformatio in pejus. En
consecuencia, el fallador agravó la situación jurídica del apelante único sin contar
con la competencia legal para ello.
Indicó que el juez de tutela omitió el estudio del salvamento de voto suscrito por
la magistrada Abadía Serna, quien advirtió la extralimitación de competencia en
la cual incurrió el tribunal.
Asimismo, el fallador ignoró la existencia de precedentes horizontales en casos
con identidad fáctica y jurídica [específicamente los relacionados con otros
integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá], en los cuales se
concedió el amparo constitucional por los mismos supuestos fácticos7.
El impugnante fundamentó su recurso en la configuración de dos defectos
específicos a saber:
(i) Defecto sustantivo: se estructuró a partir de una interpretación errónea del
artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978. El actor sostuvo que el tribunal
desconoció la fuerza vinculante de la sentencia de unificación jurisprudencial del
Consejo de Estado, al ordenar el pago de recargos festivos diurnos en un 100%
y nocturnos en un 135%. Precisó que el marco normativo y jurisprudencial vigente
dispuso porcentajes del 200% y 235% respectivamente, bajo la premisa de que
estos se liquidan «sin perjuicio de la remuneración ordinaria».
(ii) Defecto Fáctico: esta irregularidad se configuró en el momento en que el
tribunal ordenó la liquidación de las acreencias laborales mediante el uso de un
divisor de 240 horas mensuales. A juicio del accionante, dicho cálculo resultó
erróneo, toda vez que la jornada máxima legal aplicable a estos servidores
públicos es de 190 horas mensuales. La referida equivocación aritmética, en
concurrencia con la aplicación de descuentos indebidos, produjo «saldos
negativos» en contra del trabajador; tal circunstancia despojó de eficacia material
a la orden de pago proferida en las sentencias que previamente reconocieron su
derecho.
6 Índice 20 de Samai.
7 Sentencia del 25 de septiembre de 2023 M.P Fredy Ibarra Martínez con radicado 11001-03-15-
000-2023-04299-00. Sentencia del 6 de noviembre de 2025 con radicado 25000-23-42000-2023-
00002-01. Acción de tutela con radicado 11001-03-15000-2024-01015-00 M.P Luis Eduardo
Mesa Nieves.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 24 de marzo de 2026 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, en atención a lo
consagrado por el Decreto 2591 de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo
25 del Acuerdo 080 de 20199,, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia. Para ello, se analizará si la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora con ocasión de las
decisiones proferidas (i) el 1° de octubre de 2025, que confirmó parcialmente la
sentencia del 29 de mayo de 2024 dictada por el Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se declaró no
probada la excepción de pago total de la obligación y en consecuencia se ordenó
seguir adelante con la ejecución, y (ii) el auto del 5 de noviembre de 2025, que
rechazó la solicitud de corrección, adición y aclaración de la sentencia referida.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
9 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
10 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela11; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
11 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5
de junio de 2025, expediente 76001-23-33-000-2025-00141-01, MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez. En esta decisión se recordó que excepcionalmente procede la tutela contra sentencias
de la misma naturaleza, ello con fundamento en la sentencia SU-627 de 2015, en la cual, la Corte
Constitucional consideró: «4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia. // 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. // 4.6.2.
Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. //
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional. // 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
[Negrilla con subrayado de la Sala].
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)
La sala en sentencia del 29 de septiembre de 202212, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
y acogidos por esta corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce
este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre13.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.5. Caso concreto
La parte accionante estimó que las decisiones adoptadas por el tribunal el 1° de
octubre de 2025 y el auto del 5 de noviembre del mismo año vulneraron sus
derechos a la igualdad, al debido proceso, y de acceso a la administración de
justicia del accionante en conexidad con los principios de cosa juzgada e
inmutabilidad de las sentencias.
Consideró que las decisiones de la accionada configuraron un defecto sustantivo
al desconocer la unificación del Consejo de Estado y reducir ilegalmente los
recargos festivos del 200% y 235% al 100% y 135%.
Asimismo, acusó un defecto fáctico por el uso de un divisor de 240 horas en lugar
de las 190 legales, error que produjo saldos negativos en su liquidación.
Finalmente, señaló la violación del principio de non reformatio in pejus y el
desconocimiento del precedente judicial aplicable a los bomberos de Bogotá.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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El a quo constitucional advirtió una evidente falta de relevancia constitucional,
pues la controversia sobre los porcentajes de liquidación del trabajo
suplementario [disputa entre el 100 % y el 200 %] constituyó un asunto netamente
económico y de interpretación legal. A través de dicho planteamiento, el actor
pretendió reabrir un debate que el juez natural ya resolvió en el proceso ejecutivo
de origen.
De igual forma, el despacho negó el amparo frente al presunto desconocimiento
del precedente judicial. Explicó que las sentencias que el accionante invocó no
conformaron un precedente obligatorio, toda vez que se trató de fallos de tutela
con efectos inter partes o de procesos ordinarios cuyos problemas jurídicos
difirieron de los propios de un trámite ejecutivo. Por el contrario, la sala determinó
que el tribunal accionado ajustó su proceder a la postura vigente de esta
Corporación respecto a la interpretación del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978
en el marco de la ejecución de fallos judiciales.
El accionante interpuso recurso de impugnación en el cual argumentó que la
sentencia de tutela de primera instancia erró al negar el amparo bajo la premisa
de una supuesta falta de relevancia constitucional. A juicio del actor, el fallador
de primer grado omitió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, la igualdad, la cosa juzgada y la inmutabilidad de las sentencias.
Afirmó que el juez de tutela desconoció la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo dentro del proceso ejecutivo. Subrayó que tales yerros incluso se
advirtieron en un salvamento de voto dentro del mismo trámite y se reconocieron
en fallos proferidos en casos idénticos.
Como se estableció en líneas anteriores, para determinar si un asunto cuenta con
relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su
cumplimiento, pues como presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel…”14. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:
… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional15 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad16; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales17 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces18.
14 Sentencia SU 573 de 2019.
15 “Sentencia C-590 de 2005.”
16 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
17 “Sentencia C-590 de 2005.”
18 “Sentencia T-102 de 2006.”
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En virtud de lo expuesto, la sala considera que la solicitud de amparo no cumple
con los presupuestos que sirven de criterio para determinar la relevancia
constitucional del asunto, tal como se indica a continuación.
Frente al defecto sustantivo invocado, se advierte que el cargo carece de
relevancia constitucional. Del estudio de la solicitud se establece que el actor
argumenta la configuración del yerro en la interpretación errónea y
desproporcionada que la autoridad judicial realiza sobre las normas vigentes.
Asimismo, el accionante asevera que el despacho se aparta de los precedentes
jurisprudenciales obligatorios.
Al respecto se observa que frente al desconocimiento del precedente endilgado
el tribunal indicó que:
« En cuanto a las horas extras se tiene que en sentencia de unificación del H.
Consejo de Estado del 12 de febrero de 2015, radicado 25000-23-25-000-2010-
00725-01 No. Interno (1046-2013). M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve (…)
En cuanto a los recargos dominicales y festivos diurnos y los recargos
dominicales y festivos nocturnos debe recordarse lo dispuesto en el artículo 39
del Decreto 1042 de 1978, que establece (…)
Frente al particular, la sentencia ordinaria de primera instancia que hoy obra
como título de recaudo ejecutivo, en su marco normativo indicó que, de
conformidad con el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 “el cual establece en
síntesis que el trabajo realizado en los días de descanso obligatorio es trabajo
suplementario por cumplirse por fuera de la jornada ordinaría, amen que el mismo
tiene un recargo propio y diferente del que las normas estipulan para el trabajo
suplementario que realiza en días hábiles. Es por ello, que cuando la norma
define que el trabajo realizado en días domingos y festivos se remunera con el
equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo
laborado, se debe entender que se remunera con un recargo del 100% sobre el
valor del trabajo realizado”. (Negrillas por fuera de texto) »
De igual manera, la providencia sustentó la decisión de la siguiente forma:
« Sentencia del 6 de diciembre del 2018 Radicado: 250002342000201305425 01
Número interno: 4621-2017 Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez:
”Conforme a la disposición trascrita, el trabajo realizado en días de descanso
obligatorio es trabajo suplementario por cumplirse por fuera de la jornada
ordinaria y recibe una remuneración diferente a la señalada para el trabajo
realizado como suplementario en días hábiles, que corresponde al doble del valor
de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, es decir, con un
recargo del 100%, sin perjuicio de la remuneración habitual.” (se destaca en
subrayas)
Sentencia proferida el 29 de agosto de 2019, Consejera Ponente Sandra Lisset
Ibarra Vélez: “(…) el trabajo realizado en días de descanso obligatorio es trabajo
suplementario por cumplirse por fuera de la jornada ordinaria y recibe una
remuneración diferente a la señalada para el trabajo realizado como
suplementario en días hábiles, que corresponde al doble del valor de un día de
trabajo por cada dominical o festivo laborado, es decir, con un recargo del 100%,
sin perjuicio de la remuneración habitual” (negrilla fuera del texto)”.
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Sentencia de 7 de octubre de 2019, Consejero Ponente Gabriel Valbuena
Hernández: “(…) la remuneración por esta labor los días domingos y festivos
corresponde al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo
trabajado con un recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado...”
(negrilla fuera de texto).
Sentencia del 10 de septiembre de 2020, consejero Ponente César Palomino
Cortés: “(…) El artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, regula el trabajo ordinario
en días dominicales y festivos, y la forma en que se debe remunerar. (…) que
corresponde al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o
festivo laborado, es decir, con un recargo del 100%, sin perjuicio de la
remuneración habitual (…)” (Negrilla fuera de texto).
(..)
El H. Consejo de Estado – Sección Segunda, en providencia adiada 18 de
octubre de 2023, Consejero Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas (…) De
igual forma, en fallo proferido el 9 de noviembre de 2023, por el Consejo de
Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda, Subsección A-
C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas de 9 de noviembre de 2023. Referencia:
Proceso Ejecutivo. Radicación: 25000 23 42 000 2022 00726 01 (3996-2023).
(…)
Los anteriores pronunciamientos fueron acogidos además por el Departamento
Administrativo de la Función Pública en el concepto 20236000150261 de 18 de
abril de 2023, en el cual se indicó que: “el trabajador que labore en forma ordinaria
en domingos y festivos de que trata el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 tiene
derecho a un recargo del 100% del día de trabajo más un día de descanso
compensatorio, cuya contraprestación se entiende involucrada en la asignación
mensual, sin importar el nivel jerárquico al que pertenezca”»
Por lo anterior, la sala advierte que la decisión de instancia contiene el estudio de
los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto. A diferencia de lo
expuesto por el señor Agudelo, la providencia sustenta la selección de dichos
referentes normativos, cuya divergencia con la tesis del accionante no constituye,
por sí misma, una vulneración a los derechos fundamentales.
En relación con el defecto fáctico, el accionante sostiene que este yerro se
configura a partir de tres elementos: la interpretación de la sentencia base de
ejecución, la determinación de las horas efectivamente laboradas y la existencia
de saldos negativos en la liquidación.
Sobre este punto, el cual guarda una estrecha relación con el cargo anterior, el
despacho evidencia que el juez de instancia considera las alternativas dirigidas
a garantizar los derechos del accionante. La discrepancia entre el razonamiento
jurídico de la providencia y las pretensiones del actor no constituye una
vulneración constitucional; por el contrario, manifiesta el ejercicio legítimo de la
autonomía judicial. Al respecto, se encuentra en la decisión que:
« Una vez allegada la documentación requerida, a través de auto calendado
veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se ordenó devolver el
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expediente al área contable de la Sección Segunda de esta Corporación
solicitando su colaboración y apoyo técnico para realizar la respectiva liquidación,
conforme a la condena cuyo cumplimiento se persigue en el proceso de la
referencia.
Cumplido lo anterior, el expediente ingresó nuevamente al Despacho con
liquidación visible en el archivo No.092 del expediente virtual, en la cual se
liquidaron horas extras desde el año 2007 y se calcularon los recargos en un
200% y 235% arrojando como resultado un saldo a favor del demandante de
$40.593.635,00.
Analizada dicha liquidación, el Despacho sustanciador mediante correo
electrónico enviado el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
solicitó su corrección por cuanto en la misma, se tuvo como fecha de inicio el año
2007 cuando la sentencia ordenó claramente calcular las horas extras desde el
día 26 de marzo del año 2010 (…)»
En ese orden, esta sección colige que la pretensión de la parte accionante
consiste en que el juez de amparo desplace la competencia del juez natural para
realizar una nueva valoración integral de la decisión judicial adoptada en el
proceso ordinario.
Este propósito carece de relevancia constitucional, toda vez que su fundamento
radica en una controversia estrictamente legal y económica. En efecto, el actor
busca el reconocimiento de la reliquidación de los recargos festivos diurnos al
200 % y nocturnos al 235 %, planteamiento que desnaturaliza el carácter
subsidiario de la acción de tutela.
Estos aspectos, tal como se desprende del recuento procesal, ya cuentan con
una resolución por parte de la autoridad judicial accionada. Al respecto, el juez
de instancia precisa que la postura de la sala establece que los recargos
dominicales y festivos, tanto diurnos como nocturnos, se calculan con el 100 % y
el 135 %, respectivamente, y no con los porcentajes del 200 % y 235 % que el
demandante reclama.
En tal sentido, la sala reitera que la acción de tutela contra providencias judiciales
no constituye una instancia adicional para la reapertura de debates resueltos por
la jurisdicción competente. Por el contrario, se erige como un mecanismo
excepcional cuya finalidad radica en la corrección de decisiones que vulneran de
forma manifiesta los derechos fundamentales; presupuesto que no se configura
en esta oportunidad.
Bajo esa premisa, la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda
vez que el escrito no acredita la transgresión alegada. El actor omite un ejercicio
explicativo, jurídico y lógico que permita establecer una vulneración de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la sentencia
cuestionada.
En ese orden de ideas, esta sección concluye que no se satisfacen los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 para
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superar el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto la acción
impetrada refleja únicamente una inconformidad subjetiva con lo decidido por la
Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación.
En consecuencia, esta sala confirmará la sentencia del 24 de marzo de 2026, por
medio del cual se declaró improcedente la solicitud de tutela por no cumplir el
requisito de procedencia de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 24 de marzo de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional,
presentada por el señor Humberto Arturo Agudelo.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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