Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01567-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01567-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01567-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01567 00
Accionante: Bernardo Efrén Vargas Becerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir
el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Bernardo Efrén Vargas
Becerra en contra de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 76001-33-33-003-2017-00076-01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Bernardo Efrén Vargas Becerra, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia con el fin que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERO: Tutelar de manera inmediata los derechos constitucionales
fundamentales ya enunciados de mi poderdante, así como aquellos que, en su
calidad de juez constitucional, considere vulnerados por la sentencia del 29 de
agosto de 2025, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
del Cauca dentro del proceso 76001-33-33-003-2017-00076-01, adelantado
contra la Policía Nacional, mediante la cual se confirmó la sanción disciplinaria
de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos impuesta al
señor Intendente BERNARDO EFRÉN VARGAS BECERRA.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia
referida y ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que profiera, en
su reemplazo, una nueva decisión ajustada a la Constitución, a los precedentes
aplicables y al control judicial integral, accediendo a las pretensiones de la
demanda, en atención a que se configuró un daño antijurídico que debe ser
reparado. [Mayúsculas y negrillas originales del texto de tutela].
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01567 00.
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Accionantes: Bernardo Efrén Vargas Becerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante expuso que el 14 de diciembre de 2013 fue capturado mientras laboraba
en la Estación de Policía Decepaz de la Metropolitana de Santiago de Cali y que, ese
mismo día, mediante auto proferido por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Cali, se ordenó la apertura de investigación
disciplinaria en su contra por presuntos vínculos con una organización delincuencial.
Indicó que posteriormente se le formuló pliego de cargos por la presunta comisión de
una falta gravísima prevista en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y que, al tratarse
de un tipo disciplinario en blanco, se le atribuyeron los delitos de concierto para
delinquir, previsto en el artículo 340 del Código Penal, en concurso con hurto calificado,
contemplado en el artículo 240 ibidem.
Agregó que el 17 de julio de 2024 la jurisdicción penal lo absolvió, razón por la cual la
estima falta disciplinaria imputada resultaba atípica, dado que la conducta no existió;
sin embargo, resaltó que el 23 de junio de 2016 se profirió fallo disciplinario de primera
instancia mediante el cual se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por
11 años. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación; sin
embargo, el Inspector delegado de la Región de Policía núm. 4, mediante providencia
del 4 de agosto de 2016, confirmó íntegramente el fallo sancionatorio.
Precisó que, a través de la Resolución núm. 05844 del 9 de septiembre de 2016, el
director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria. En consecuencia,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, solicitando que se declarara la
nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos dentro de
la investigación MECAL 2013-230 y a título de restablecimiento del derecho, pidió su
reintegro a un cargo de similar jerarquía al que ocupaba antes de su desvinculación y
el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cali que, mediante sentencia del 30 de abril de 2019 negó las pretensiones. Inconforme
con la decisión, el accionante apeló, pero el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 29 de agosto de 2025, confirmó2 la decisión de primera
instancia.
El accionante afirmó en el escrito de tutela que el asunto reviste relevancia
constitucional, ya que la providencia cuestionada vulneró sus derechos al debido
proceso, a la presunción de inocencia, a la legalidad disciplinaria y al acceso efectivo a
la administración de justicia.
A su juicio, el tribunal accionado avaló una sanción disciplinaria fundada en un delito
que no se demostró, completando un tipo en blanco sin evidencia suficiente del
elemento normativo exigido. Consideró, además, que la autoridad judicial incumplió su
deber de ejercer un control integral del proceso disciplinario, vulnerando así las
garantías constitucionales del investigado y afectando la legalidad de la decisión.
Sostuvo igualmente que agotó todos los medios de defensa judicial disponibles, dado
que en este caso no procedía el recurso extraordinario de revisión. Por ello, afirma que
2 Es importante aclarar que en realidad esta providencia modifica la sentencia de primera instancia y
declara de oficio la inepta demanda respecto de la Resolución 05844 de 9 de septiembre de 2016.
2
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la acción de tutela constituye el mecanismo excepcional idóneo para la protección de
sus derechos fundamentales. En cuanto al requisito de inmediatez, señaló que la
sentencia de segunda instancia fue notificada el 29 de agosto de 2025, razón por la
cual la tutela fue interpuesta dentro de un plazo razonable conforme a los criterios de
la Corte Constitucional.
Respecto de las causales genéricas y específicas de procedibilidad, alegó que la
sentencia acusada incurrió en un defecto fáctico por realizar una valoración probatoria
meramente formal e insuficiente, al omitir el análisis de la providencia del 17 de julio de
2024 proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Cali, mediante la cual fue absuelto.
Asimismo, argumentó la existencia de un desconocimiento del precedente judicial,
pues, según estima, la autoridad judicial accionada habría omitido aplicar la
jurisprudencia sobre el alcance del control judicial integral de las actuaciones
disciplinarias. Frente a ello citó como precedentes la sentencia del 9 de agosto de 2016,
rad. 11001-03-25-000-2011-00316-00, y la sentencia del 15 de junio de 2023, rad.
76001-23-33-000-2014-00504-01, ambas del Consejo de Estado.
Finalmente, sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en una violación directa de
la Constitución, al desconocer los principios que integran el debido proceso y la
presunción de inocencia, especialmente al no considerar la decisión de preclusión por
prescripción de la acción penal.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 26 de febrero de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 5 de marzo de 20264 la admitió y se dispuso a notificar5 al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada; así como vincular6
al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional como terceros con interés directo en el resultado
del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que alleguen copia digital o el
hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 76001 33 33 003 2017 00076 00/01, el cual fue remitido7.
3.2. El magistrado ponente de la providencia acusada allegó informe8 en el que aportó
el enlace del expediente y señaló que, en este caso, no se cumple el requisito de
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01567 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01567 00.
5 Esta orden se cumplió el 9 de marzo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01567 00.
6 Esta orden se cumplió el 9 de marzo de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01567 00.
7 Visto en los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 01567 00.
8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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Accionantes: Bernardo Efrén Vargas Becerra
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relevancia constitucional, dado que los fundamentos y pretensiones de la parte actora
se orientan exclusivamente a controvertir los argumentos que fueron debatidos,
analizados y resueltos de manera particular en el trámite del proceso, así como su
desacuerdo frente a la imposición de una sanción disciplinaria sin haberse comprobado
la culpabilidad en el ámbito penal.
Asimismo, indicó que sí realizó un estudio cuidadoso de la normativa aplicable y de los
medios de prueba obrantes en el expediente, lo cual le permitió desestimar las
pretensiones de la demanda.
3.3. La asesora del sector defensa de la Policía Nacional9 solicitó denegar las suplicas
del amparo y en consecuencia declarar la improcedencia de la misma en cuanto el
accionante no agotó todos los medios legales y acudió directamente a la tutela como si
fuese un medio de impugnación extraordinario.
3.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo
nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que regula la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.2.1. El señor Bernardo Efrén Vargas Becerra, actuando a través de apoderado,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Hacienda- Policía Nacional, con el propósito de que se declaren nulos los
fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro de la investigación disciplinaria
MECAL 2013-230, mediante los cuales se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 11 años.
9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y
establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1
de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 76001-33-33-003-2017-00076-01. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01567 00.
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A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro a un cargo
de jerarquía equivalente al que desempeñaba antes de su desvinculación y,
adicionalmente, se disponga el pago de todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir durante el tiempo en que permaneció fuera de la institución.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Cali que, mediante sentencia núm. 067 del 30 de abril de 2019, negó las
pretensiones.
4.2.3. Inconformes con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 29
de agosto de 2025, resolvió lo siguiente:
Lo anterior, al considerar lo siguiente:
[…] el expediente administrativo da cuenta que las razones de la defensa
estuvieron orientadas a demostrar que el uniformado no fue autor de los delitos de
concierto para delinquir en concurso con el delito de hurto calificado y agravado,
más no a cuestionar la adecuación típica del fallador disciplinario. Prueba de lo
dicho, es que tanto en el procedimiento adelantado por la Policía Nacional, como
en la demanda y en el mismo recurso de apelación, se hiciera énfasis en que no se
dio credibilidad a los testimonios que acreditaron la inocencia del servidor, sin
embargo, en ninguno de los escenarios anotados se debatió que al momento de su
captura, el señor Bernardo Efrén Vargas Becerra se hallaba de permiso o en otras
de las situaciones administrativas descritas en el tipo disciplinario.
Se suma a lo expuesto la parte demandante no aportó al plenario algún medio de
convicción que defendiera su tesis de que no se hallaba franquicia, permiso,
licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en
hospitalización, siendo esa una carga que le correspondía a él, de acuerdo con lo
regulado en el artículo 167 del CGP.
[…]
5
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Tampoco puede ser de recibo el argumento según el cual, la juez de primera
instancia tenía el deber de realizar un estudio oficioso de legalidad de todo lo
actuado en sede administrativa, pues el juicio que se inicia con la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho no es simplemente una continuación del proceso
disciplinario, sino que presenta características diferentes.
[…]
6.3.3 En tercer lugar, Sala de Decisión no comparte el postulado según el cual, para
imponer la sanción disciplinaria, primero debió comprobarse la culpabilidad en
materia penal. Es verdad que hay similitudes entre el procedimiento penal y el
procedimiento disciplinario en lo que respecta a la tipicidad como identificación y
caracterización de comportamientos prohibidos por la ley, así como en lo
relacionado con la responsabilidad atribuible al acusado y la necesidad garantizar
el debido proceso durante la investigación y en la imposición de sanciones si a ello
hay lugar; sin embargo, es importante señalar que esto no implica que sean
procedimientos idénticos, ya que los objetivos que persiguen, la naturaleza de las
infracciones en términos y las sanciones que se derivan de sus especificidades son
distintas.
6.3.4. Para terminar, la Sala aclara que, aunque se confirmará el fallo en lo
concerniente a legalidad de las decisiones proferidas en el marco del proceso
disciplinario MECAL 2013-230, es necesario declarar oficiosamente la inepta
demanda respecto de la Resolución 05844 de 9 de septiembre de 2016, pues el
acto que materializa la sanción disciplinaria no es susceptible de control judicial, al
tratarse de un acto de ejecución, en los términos del artículo 43 del CPACA.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese
sentido, señaló que15:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al
juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del
requisito de relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU
• 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por
no superar dicho requisito de procedibilidad.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que17:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del
29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro.
11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
17Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”.
(Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra, esto es,
evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales.
Lo anterior, comoquiera que en el asunto bajo examen, el accionante promovió la
presente acción de tutela contra la sentencia del 29 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que modificó la dictada el 30 de abril de
2019 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001-33-33-
003-2017-00076-00/01 y, en su lugar, por una parte, declaró de oficio la inepta la
demanda respecto de la Resolución núm. 05844 del 9 de septiembre de 2016, y por
otra negó las demás pretensiones de la demanda.
Para ello, en el escrito de tutela, el accionante alegó que el tribunal accionado no valoró
de manera parcial y equitativa las pruebas allegadas al proceso y desconoció la
existencia del control judicial integral en las actuaciones disciplinarias que establece la
jurisprudencia.
En concordancia con lo anterior, señaló que la providencia acusada «vulneró el debido
proceso, al dar total credibilidad al prejuzgamiento expuesto por el Funcionario con
Atribuciones Disciplinarias de la Policía Nacional» y solicitó que en su lugar se profiriera
una nueva providencia «ajustada a la Constitución, a los precedentes aplicables y al
control judicial integral, accediendo a las pretensiones de la demanda, en atención a
que se configuró un daño antijurídico que debe ser reparado»
La Sala considera que la acción de tutela está siendo utilizada como una instancia o
recurso adicional al proceso ordinario, con el propósito de cuestionar la valoración que
el juez natural efectuó sobre el acervo probatorio y controvertir lo decidido en la
providencia acusada.
Ello se evidencia en la insistencia de la parte accionante en que el señor Vargas Becerra
no es responsable disciplinariamente y, por ende, no es destinatario de la sanción
impuesta. En consecuencia, se concluye que, conforme a la jurisprudencia
constitucional previamente citada, la solicitud de amparo no satisface el criterio de
relevancia constitucional.
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Los argumentos expuestos por la parte accionante en la tutela constituyen una
reiteración del debate ya agotado en el proceso contencioso administrativo, lo que
evidencia que su finalidad es únicamente expresar inconformidad frente a las
conclusiones adoptadas por el juez natural respecto de la nulidad de los fallos
disciplinarios de primera y segunda instancia.
Por lo tanto, es claro que la parte actora busca que el juez constitucional analice
nuevamente la controversia y emita una nueva decisión sobre el particular, lo que hace
evidente que únicamente quiere acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual
no es procedente este mecanismo de protección.
Ahora, frente al argumento relacionado con el presunto desconocimiento del
precedente, se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202118,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el
desconocimiento del precedente se exige, como carga argumentativa mínima, que se
identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales
contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser
aplicables al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben
ser análogos o similares.
En el caso objeto de estudio, la parte accionante invocó diversas sentencias del
Consejo de Estado sobre el control judicial integral de las actuaciones disciplinarias; sin
embargo, no identificó los problemas jurídicos que allí se resolvieron ni efectuó una
comparación entre los hechos estudiados en esos asuntos y los del sub lite, con el fin
de acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi de dichas
providencias resultaban aplicables al caso concreto. Por tanto, la acción de tutela no
cumple con la carga argumentativa mínima que se exige cuando se alega que una
providencia judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial.
Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se encuentra
inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un nuevo y distinto
análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso de reparación directa.
En este punto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado,
y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda
y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en
los casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas
que aquél tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes o
aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está ejerciendo las funciones
que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional
constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con
ese propósito, como lo es la tutela.
18Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001 0315 000 2021 06983
00(AC)
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01567 00
Accionantes: Bernardo Efrén Vargas Becerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo,
no tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por las partes en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales, y no es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle
cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las
partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Conforme lo anterior, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16
de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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