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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01576-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01576-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de 26 de marzo de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual quedará así: 1º) Niégase el amparo invocado por la demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 11 Expediente: 11001-03-15-000-2026-01576-01 Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas Acción de tutela – Impugnación fallo 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01576-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de mayo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01576-01
Demandante: MARY ISLENY MERCHÁN VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS A DOCENTE OFICIAL AFILIADO AL FOMAG.

Síntesis del caso: la parte demandante cuestionó la sentencia que revocó la decisión que accedió
a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el que
buscó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de los intereses a las
cesantías; sin embargo, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en su
lugar, negará el amparo invocado.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 26 de marzo de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la que se decidió:

“[S]EGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Mary Isleny Merchán contra el Tribunal Administrativo del Quindío.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice
21 - negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 27 de febrero de 20261, la señora Mary Isleny Merchan Vargas promovió proceso de
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a
la administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

1 Índice 1, Samai, primera instancia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01576-01
Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Acción de tutela – Impugnación fallo

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en
sentencia proferida el día 28 de agosto de 2025, dentro del expediente
radicado No. 63001-33-33-004-2022-00465-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL
SOBRE LO FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL de la parte accionante, por considerar que las razones de
la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y la postura del Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión
haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en consonancia
con amplio derrotero jurisprudencial que reconoce la responsabilidad en esta
materia a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 3, primera instancia).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 8 de julio de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación del departamento del
Quindío el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.

2) La actuación administrativa culminó con el reconocimiento de las cesantías parciales
mediante la Resolución no. 04395 del 04 de agosto de 2021, por medio de la cual se
reconoció y ordenó el pago de dicha prestación.

3) El pago de las cesantías parciales se realizó el 17 de noviembre de 2021 y en
consideración a que, para la actora, ese pago se efectuó por fuera de los términos
legales, elevó ante el Fomag solicitud administrativa de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, la cual no fue resuelta.

4) Promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Fomag, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de

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Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Acción de tutela – Impugnación fallo

Armenia2, el cual, mediante sentencia del 17 de mayo de 2024, declaró la nulidad del
acto ficto y ordenó el pago de la sanción moratoria equivalente a 14 días de salario.

5) La demandante apeló esa decisión, en la medida que el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío debía ser de 29 días, junto con su actualización con base en
el índice de precios al consumidor hasta la ejecutoria del fallo.

6) Por su parte, el Fomag sostuvo que no era el responsable de pagar dicha sanción
cuando se causaba con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, debido a que la
obligación recaía sobre la entidad territorial certificada o la sociedad fiduciaria que
administraba los recursos.

7) El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 28 de agosto de 20253,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a que el Fomag no era la
jurídicamente responsable del pago de la sanción moratoria, puesto que, a partir del 1 de
enero de 2020, la responsabilidad por la mora en el pago de cesantías recaía en la
entidad territorial certificada o en la fiduciaria administradora (Fiduprevisora), según el
caso, las cuales no se demandaron en el proceso ordinario.

2. Fundamentos de la vulneración

La demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025,
por cuanto, el tribunal se apartó injustificadamente de la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre la responsabilidad en el pago de la sanción moratoria de cesantías
docentes, particularmente en vigencia de la Ley 1955 de 2019.

No se cumplió con la carga argumentativa exigida para apartarse del precedente
(transparencia y suficiencia), lo que generó una decisión arbitraria.

2 Proceso con radicación no. 63001-3333-004-2022-00465-00/01.

3 Decisión notificada el 29 de agosto de 2025.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01576-01
Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Acción de tutela – Impugnación fallo

Pese a existir una mora en el pago de las cesantías y haberse presentado reclamación
administrativa ante el FOMAG, el tribunal optó por una decisión formal que impidió
resolver el litigio de fondo y atribuir responsabilidad por la sanción moratoria.

La decisión judicial vulneró sus derechos fundamentales, en especial del debido proceso,
la tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial, pues, no realizó un
análisis de fondo sobre la responsabilidad en el pago de la sanción moratoria.

4. Actuación de primer grado

La Sección Quinta del Consejo de Estado por auto del 3 de marzo de 20264 admitió la
acción de tutela, notificó a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío y
vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, a la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, a la Fiduprevisora SA y a las demás
partes, personas y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario, con el fin
de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.

5. Sentencia de primera instancia

El 26 de marzo de 20265, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia que
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, porque la controversia gira exclusivamente en torno al reconocimiento de
una sanción moratoria por pago tardío de cesantías, la cual tiene naturaleza estrictamente
patrimonial; además, porque el cargo por desconocimiento del precedente no cumplía
con la carga argumentativa mínima, lo que impedía su análisis de fondo.

6. Impugnación

La actora presentó impugnación y le fue concedida por auto del 15 de abril de 20266.

Afirmó que el asunto no se limita a una discusión económica, sino que radica en el
desconocimiento injustificado del precedente judicial del Consejo de Estado por parte del

4 Índice 5, Samai.

5 Índice 21, Samai.

6 Índice 31, Samai.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01576-01
Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Acción de tutela – Impugnación fallo

tribunal, quien omitió analizar la línea jurisprudencial vigente sobre la responsabilidad en
el pago de la sanción moratoria y no cumplió con la carga argumentativa exigida para
apartarse del precedente (transparencia y suficiencia), con lo cual generó un trato
desigual frente a casos análogos.

Existe una línea consolidada según la cual la responsabilidad por la sanción moratoria
depende de la etapa en la que se produce la mora, y que, cuando el retraso ocurre en el
pago, esta recae en el Fomag, a través de su fiduciaria.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Quindío con el fin de que se protejan los derechos constitucionales

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Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
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fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025,
mediante la cual se revocó la decisión que accedió al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria reclamada por el presunto pago tardío de cesantías parciales, y, en su lugar,
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag.

En los términos en que fue planteada a la controversia, la Sala revocará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, negará el amparo, por las razones
que pasan a exponerse:

El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en
cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia atacada7; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la
cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la
supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la
providencia que revocó la decisión de primer grado que ordenó el pago de la sanción
moratoria y se plantearon argumentos que transcienden una discusión de mera legalidad
y tampoco se evidencia que se persiga un fin eminentemente económico ni que se
busque emplear la acción como una instancia adicional al proceso ordinario, pues lo que
se discute es la decisión que declaró la falta de legitimación de la demandada.

Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto invocado8.

7 La sentencia de segunda instancia fue notificada por correo electrónico del 29 de agosto de 2025 y la

demanda fue presentada el 27 de febrero de 2026.
8 Ahora bien, aunque la parte actora no invocó expresamente un defecto procedimental, a partir de los

fundamentos de la vulneración se desprende que el reproche central se dirige contra el carácter
presuntamente formal de la decisión adoptada por el tribunal, por considerar que este evitó resolver de

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2.1 Generalidades del defecto procedimental

Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 228 de la Constitución, los
cuales consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal9.

En términos generales esta causal específica y propia de acciones de tutela contra
providencias judiciales se configura cuando el juez actúa completamente por fuera del
procedimiento establecido por el legislador, bien sea porque i) desconoce abiertamente
o se aparta por completo del procedimiento, ora ii) cuando el goce efectivo de los
derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.

En el primer caso estamos en presencia de la modalidad que la jurisprudencia ha
denominado “defecto procedimental absoluto” y en el segundo en un “exceso ritual
manifiesto”.

La jurisprudencia constitucional ha establecido al respecto que “(a) el defecto
procedimental absoluto ocurre cuando se aparta por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe
a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso. (b) El defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad judicial (…) un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho

fondo la controversia sobre la sanción moratoria mediante la declaratoria de falta de legitimación en la
causa por pasiva.
En ese contexto, la Sala analizará el asunto desde la perspectiva del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, en el entendido de que el cargo por desconocimiento del precedente se subsume en dicho
estudio, pues, ambos reproches parten del mismo supuesto: que la autoridad judicial habría privilegiado
una interpretación formal y restrictiva que impidió adoptar una decisión material sobre la controversia y
desconoció la línea jurisprudencial invocada por la demandante.
9 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.

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sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia ; es
decir, el funcionario judicial incurre en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv)
pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales10”.

De igual manera, no cualquier irregularidad, vicio o falencia constituye un defecto
procedimental en cualquiera de sus modalidades, sino que el defecto requiere,
principalmente, que se trate de un yerro de procedimiento protuberante, grave y con
incidencia en la decisión final, esto es, que influya en la decisión de fondo, y, además,
que la anomalía no pueda de ninguna manera imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso11.

2.2 El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el caso concreto

1) La demandante puso de presente que la autoridad judicial desconoció la prevalencia
del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia, en la medida en que,
pese a existir una mora en el pago de las cesantías y haberse presentado reclamación
administrativa ante el FOMAG, el tribunal optó por una decisión formal que impidió
resolver el litigio de fondo y atribuir responsabilidad por la sanción moratoria.

2) El tribunal se apartó injustificadamente de la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la responsabilidad en el pago de la sanción moratoria de cesantías docentes,
particularmente en vigencia de la Ley 1955 de 2019, sin cumplir con la carga
argumentativa exigida para separarse del precedente, lo cual, en su criterio, condujo a
una decisión arbitraria.

3) No obstante, para la Sala resulta diáfano que en este caso no se configura un defecto
procedimental, por cuanto la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío
de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva se ajusta

10 Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018.

11 Corte Constitucional, sentencia T-SU-537 de 2017.

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al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia vigente, sin que pueda calificarse como una
actuación arbitraria o irrazonable.

4) En efecto, la legitimación en la causa constituye un presupuesto material para proferir
decisión de fondo favorable, análisis que el juez está habilitado para efectuar incluso de
oficio, en garantía de la correcta integración del contradictorio y de la validez del proceso.

5) Bajo ese entendido, el tribunal verificó que la obligación cuyo cumplimiento se
pretendía (el pago de la sanción moratoria por cesantías) no era imputable al Fomag en
el caso concreto, dado que, conforme con el marco normativo aplicable con posterioridad
a la Ley 1955 de 2019 y su desarrollo jurisprudencial, dicha responsabilidad recaía de
manera individual en la entidad territorial certificada o en la entidad fiduciaria
administradora, según quien haya generado la mora.

6) Así, como evidenció que la autoridad demandada no tenía relación material con la
obligación discutida y que la eventual responsable no fue vinculada al proceso, concluyó
razonadamente que no se configuraba la legitimación por pasiva.

7) A lo anterior se suma que, en materia de sanción moratoria, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sido enfática en sostener que los departamentos, las fiduciarias y
el FOMAG no conforman un litisconsorcio necesario, en la medida en que sus
obligaciones son autónomas, individuales y divisibles, según la participación que cada
uno tenga en la causación de la mora12.

8) De ahí que no resultaba exigible la vinculación conjunta de todas las entidades
eventualmente relacionadas, ni se configuraba irregularidad alguna por haber dirigido la
demanda únicamente contra el Fomag; por el contrario, como se advirtió que dicha
entidad no era la obligada material, era procedente declarar su falta de legitimación en la
causa por pasiva.

9) Finalmente, si bien la demandante presentó reclamación administrativa ante el Fomag
en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de

12 Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 24 de enero de 2025, radicación

no. 11001-03-15-000-2024-05418-01 (AT), MP Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sala Plena, auto del 29 de junio de 2016, exp. 17001233300020130037801 (51.243), MP Danilo
Rojas Betancourth.

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las cesantías, ello no altera la conclusión anterior, pues dicha circunstancia no tiene la
virtualidad de trasladar la responsabilidad material a una autoridad que no generó la
mora, puesto que, la imputación de la obligación depende de la entidad que incurrió en
el retardo, la cual, en el caso concreto, correspondía a la fiduciaria o a la entidad territorial,
mas no al Fomag.

10) En este contexto, la declaratoria de la excepción no obedeció a un rigorismo formal
excesivo ni implicó una restricción desproporcionada del acceso a la administración de
justicia, sino que respondió a la aplicación de un criterio sustancial orientado a evitar
decisiones de condena contra sujetos que no ostentan la titularidad de la obligación.

11) Por tanto, lejos de estructurar un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
la actuación del tribunal se enmarca en sus competencias constitucionales y legales, con
fundamento en una interpretación razonable del derecho aplicable.

12) En consecuencia, como no se evidencia una actuación caprichosa, arbitraria o
contraria a las reglas procesales que rigen la materia, la Sala concluye que no se
configuró el defecto procedimental invocado.

13) En ese orden de ideas, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional y, en su lugar, negará el amparo invocado, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de 26 de marzo de 2026 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la cual quedará así:

1º) Niégase el amparo invocado por la demandante, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

11
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01576-01
Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Acción de tutela – Impugnación fallo

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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