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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00676-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00676-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 16 de marzo de 2026 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00676-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000- 2026-00676-01
Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Revoca amparo
/ El asunto no satisface el requisito general de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la autoridad judicial
accionada contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se concedió la
solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 2 de febrero de 2026, Héctor Jaime Gallego Murillo instauró demanda de tutela

con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 31 de julio de 20251, proferida
por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en contra
de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag) y el municipio de Armenia.

2. Dicho proceso se inició con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad de

los actos administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 por la consignación tardía de
las cesantías parciales solicitadas por el docente el 28 de septiembre de 2021.

3. A través de la providencia cuestionada, el Tribunal revocó la decisión de primera

instancia3 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró
que, si bien se acreditó una mora, el pago de esta no podía ser endilgado al FOMAG,
sino a la Fiduprevisora S.A, en su calidad de administradora del Fondo, conforme lo

1 Comunicada el 1° de agosto del mismo año por medio de correo electrónico.
2 Con radicado número 63001-33-33-005-2022-00657-01.
3 El fallo del 22 de marzo de 2024 dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia.

Radicación: 11001-03-15-000- 2026-00676-01
Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 20194 y el Decreto 942 de 20225. Sin
embargo, al no haber sido demandada ni vinculada al proceso, concluyó que no
había lugar a imponer condena alguna.

4. Como fundamento de la presente acción, la parte actora sostuvo que la autoridad

enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente judicial.

5. Adujo que la autoridad accionada realizó una interpretación aislada y estrictamente

literal del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, al concluir que el Fomag no es
responsable por las sanciones moratorias generadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de dicha norma, sin efectuar el análisis probatorio y jurídico exigido por
la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que a partir
de una interpretación sistemática y actualizada del ordenamiento, ha reconocido que
el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023 amplió expresamente el marco temporal para
la financiación de las sanciones moratorias a cargo del FOMAG hasta diciembre de
2022.

6. A juicio del accionante, esa modificación normativa, interpretada de manera
armónica por el Consejo de Estado, demuestra que el ordenamiento jurídico no
excluyó el reconocimiento de sanciones moratorias con cargo al Fondo con
posterioridad a 2019, como lo entendió la autoridad judicial accionada. Por el
contrario, reafirmó su responsabilidad en aquellos eventos en los que la mora no
resulte imputable a la entidad territorial.

7. Agregó que esta Corporación ha definido con claridad el alcance de las
competencias asignadas a las entidades que intervienen en el trámite de
reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes oficiales, en especial
respecto de la transición legislativa derivada de la entrada en vigencia de la citada
ley y de los decretos posteriores. Según afirmó, de acuerdo con dichas disposiciones,
la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria recae en la entidad que
incumpla los plazos previstos en el procedimiento, sin que ello dependa de la
comparecencia procesal de la fiduciaria.

8. En respaldo de su afirmación, trajo a colación las sentencias del 30 de enero6, 6

de febrero7, 7 de abril8, 129 y 2710 de junio y 2411 de julio de 2025 proferidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

4 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
5 “Por el cual se modifican algunos artículos de la Sección 3, Capitulo 2, Título 4, Parte 4, Libro 2 del Decreto

1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación- sobre el reconocimiento y pago de Prestaciones
Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones”
6 Exp. 50001-23-33-000-2019-00031-01.
7 Exp. 52001-23-33-000-2022-00014-01.
8 Exp. 17001-23-33-000-2021-002025-01.
9 Exp. 47001-23-33-000-2021-00388-01.
10 Exp. 08001-23-33-000-2020-00112-01.
11 Exp. 47-001-23-33-000-2022-00071-01.

Radicación: 11001-03-15-000- 2026-00676-01
Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

9. En ese orden, refirió que el Tribunal accionado se apartó injustificadamente de

dicha línea jurisprudencial, sin cumplir con las cargas de transparencia y suficiencia
exigidas para el efecto.

10. Cuestionó que el fallador hubiera sustentado su decisión en un auto del Consejo

de Estado mediante el cual se resolvió una solicitud de extensión de jurisprudencia,
ya que ese tipo de providencias son de trámite, no deciden de fondo la controversia,
ni contienen un análisis jurídico sustancial. Por esa razón, consideró que no podía
ser empleado como precedente para justificar el apartamiento de una línea
jurisprudencial clara y reiterada de la misma Corporación.

11. Aseveró que, aún si se admitiera la coexistencia de dos posibles interpretaciones

vigentes sobre la materia, el juzgador estaba obligado a aplicar aquella que resultara
más favorable, en atención al principio pro persona.

B. Sentencia de primera instancia

12. Mediante providencia del 16 de marzo de 2026, la Sección Segunda, Subsección

B del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados por el actor.

13. Precisó que el análisis del caso se circunscribiría al defecto sustantivo, por cuanto,

aunque el demandante también alegó un desconocimiento del precedente, no
cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para sustentar dicho yerro. Indicó
que se limitó a afirmar que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado
relacionada con la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, sin identificar
las providencias que, en su criterio, fueron desatendidas.

14. Aunado a lo anterior, señaló que la vulneración alegada tenía origen en una
presunta indebida aplicación normativa, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, el estudio se centraría en determinar la posible configuración de un
defecto de tipo sustantivo.

15. Descendiendo al fondo del asunto, consideró errónea la interpretación efectuada

por el Tribunal accionado, según la cual, en virtud del Decreto 942 de 2022, no era
posible disponer de recursos del FOMAG con posterioridad al 31 de diciembre de
2019 para el pago de indemnizaciones económicas reconocidas en sede judicial o
administrativa. Lo anterior, en la medida en que para la fecha en que el actor presentó
la solicitud de reconocimiento de cesantías parciales dicho decreto aún no había
entrado en vigencia y las responsabilidades de las entidades involucradas ya se
encontraban delimitadas por la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1075 de 2015.

16. Mencionó que si bien el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de

2019 estableció que el FOMAG asumiría el pago de las sanciones causadas hasta
diciembre de 2019, esa disposición fue modificada posteriormente por el artículo 324
de la Ley 2294 de 2023, el cual dispuso que “para efectos de financiar el pago de las
sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

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Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Magisterio causadas a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería”.

17. Trajoa colación las sentencias de 6 de agosto y 26 de noviembre de 2025,
proferidas por esa misma Subsección, en las cuales, según indicó, se analizaron
casos similares y se concluyó que el FOMAG debía asumir el pago de la sanción
moratoria derivada del reconocimiento tardío de cesantías.

18. Además, refirió que el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1075 de 2015 prevé que

el pago de la sanción moratoria se efectuará con cargo a los recursos del FOMAG,
sin perjuicio de las acciones legales o judiciales que deban adelantarse contra quien
haya dado lugar a su causación, con el fin de que el fondo recupere las sumas
pagadas por el incumplimiento de los términos previstos en la Ley 1071 de 2006.

19. En consecuencia, estimó que para acceder a las pretensiones de la demanda no

era indispensable integrar el contradictorio con la Fiduprevisora S.A., en especial
porque dicha entidad ejerce la representación judicial del FOMAG en virtud del
contrato de fiducia mercantil que suscribieron y el Fondo sí integró el extremo pasivo
de la controversia. Además, destacó que en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia no se formuló reparo alguno relacionado con
la falta de vinculación de la fiduciaria.

20. En razón a lo expuesto, dejó sin efectos la providencia objeto de reproche
constitucional. En su lugar, ordenó a la autoridad accionada que, en el término allí
indicado, emitiera una decisión de reemplazo.

C. Impugnación

21. La parte demandada arguyó que la solicitud de amparo deviene improcedente por

no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que su objeto es
emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.

22. Indicó que, en casos similares, otras Secciones de esta Corporación han
determinado que la controversia propuesta no reviste relevancia constitucional.
Como sustento de ello, citó la sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-07876-00.

23. Destacó que, en otros asuntos12, se ha efectuado un estudio de fondo sobre la

materia y se ha negado el amparo, al concluir que no existió vulneración de derechos
fundamentales. Explicó que en esa oportunidad se consideró válida la declaratoria
de falta de legitimación en la causa por pasiva del FOMAG, dado que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada que los
departamentos, las fiduciarias y el FOMAG no conforman un litisconsorcio necesario.

12 El fallo del 7 de mayo de 2026 proferido dentro del expediente 11001-03-15-000-2026-01576-01.

Radicación: 11001-03-15-000- 2026-00676-01
Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Ello, porque las obligaciones que les corresponden son autónomas, individuales y
divisibles, de acuerdo con la participación de cada entidad en la causación de la
mora. En consecuencia, no resulta exigible la vinculación conjunta de todas las
entidades eventualmente relacionadas con los hechos.

24. Señaló que, en el caso sometido a su consideración, no era posible confirmar la

sentencia de primera instancia, debido a la forma en que se estructuró la demanda
y a la manera en que se determinó la responsabilidad por la mora en el trámite de
reconocimiento y pago de las cesantías. En su criterio, dicha responsabilidad
correspondía a Fiduprevisora S.A. y no al FOMAG.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

25. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

26. Esta Subsección revocará el fallo impugnado, tras estimar que el debate
planteado no acredita el cumplimiento del requisito general de procedencia atinente
a la relevancia constitucional, lo que conduce a la improcedencia del mecanismo de
amparo.

27. En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que para que se
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial,
es necesario que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Para tal efecto, se requiere que la discusión propuesta revele la
existencia de un yerro en la decisión cuestionada susceptible de comprometer
derechos fundamentales y no que este orientada a reabrir un debate de
interpretación y aplicación normativa ya definido de forma razonable por el juez de
la causa.

28. Lo
anterior, habida cuenta que la labor del juez de tutela no puede estar
encaminada a efectuar un juicio de corrección sobre las decisiones judiciales, ni
mucho menos a sustituir los criterios hermenéuticos adoptados por las autoridades
competentes en ejercicio de la función interpretativa propia de la actividad judicial.

29. De los reparos formulados, se desprende que la solicitud de amparo se dirige a

cuestionar el alcance otorgado por el Tribunal Administrativo del Quindío a las
normas que regulan la responsabilidad derivada del pago tardío de las cesantías a
los docentes oficiales; asunto que, como se expondrá, fue abordado de forma
suficiente y razonada en el fallo objeto de reproche.

Radicación: 11001-03-15-000- 2026-00676-01
Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

30. Según se constató del expediente ordinario, en el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión de primera instancia, el FOMAG alegó que, de
conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y su decreto reglamentario
(Decreto 942 de 2022), los recursos del Fondo no podían destinarse al pago de
indemnizaciones económicas reconocidas en sede judicial o administrativa, razón
por la cual la responsabilidad por la mora debía atribuirse a las entidades que,
conforme a sus competencias, hubieran incurrido en el incumplimiento de los
términos legalmente establecidos.

31. Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos por la recurrente, al desatar la

alzada, el Tribunal accionado se centró en determinar la entidad responsable del
pago de la mora generada por la consignación extemporánea de las cesantías del
accionante. Con ese fin, acudió al marco normativo y jurisprudencial sobre la
materia.

32. Encontró que tras la entrada en vigencia del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,

la responsabilidad por el pago de las sanciones derivadas de la mora en el
reconocimiento y pago de cesantías a los docentes oficiales se modificó
sustancialmente. A partir de dicha disposición, estimó que la obligación de asumir
tales sanciones con cargo al FOMAG se limitó temporalmente a las causadas hasta
el 31 de diciembre de 2019, de manera que, con posterioridad a esa fecha, la
responsabilidad debía determinarse de forma individualizada entre las entidades
que intervinieran en el trámite administrativo, esto es, las entidades territoriales
certificadas en educación y la fiduciaria encargada de la administración del Fondo,
esta última que, además, debía responder con cargo a su propio patrimonio.

33. Bajo ese razonamiento, el Tribunal procedió a analizar las pruebas obrantes en

el plenario y, a partir de estas, determinó que el municipio de Armenia no excedió
los términos que le correspondían dentro del procedimiento administrativo. En
cambio, la Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora del Fondo, si
desatendió el plazo legalmente establecido para efectuar el pago de las cesantías
una vez reconocidas, ya que estas fueron consignadas catorce días después del
vencimiento de aquel, por lo que concluyó que la mora se produjo en la etapa de
gestión de la fiduciaria.

34. En relación con la eventual responsabilidad de la entidad territorial, precisó que

el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 únicamente permitía atribuirle consecuencias
patrimoniales derivadas de la mora cuando esta se acreditara. Sin embargo, al no
haberse demostrado incumplimiento alguno atribuible al municipio, descartó la
procedencia de una condena en su contra y consideró que la obligación discutida no
podía trasladarse automáticamente al FOMAG, pues entre el municipio, el Fondo y
la fiduciaria encargada de su administración existía una obligación divisible y, por
ende, un litisconsorcio voluntario.

35. Destacó que, conforme la mencionada norma, los recursos del FOMAG no podían

destinarse al pago de indemnizaciones económicas reconocidas con posterioridad

Radicación: 11001-03-15-000- 2026-00676-01
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al 31 de diciembre de 2019. Señaló que esa conclusión encontraba respaldo en el
artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, disposición que reafirma la
necesidad de individualizar la responsabilidad según la actuación de cada una de
las entidades que intervienen en el procedimiento de reconocimiento y pago de
cesantías.

36. El Tribunal sustentó su razonamiento en el auto del 30 de septiembre de 2021

proferido por el Consejo de Estado, en el que se indicó que la sanción moratoria
derivada del pago tardío de cesantías no podía sufragarse con cargo a los recursos
del FOMAG y que, por tanto, resultaba indispensable establecer, a través del
correspondiente proceso judicial, cuál de las entidades involucradas había
incumplido las obligaciones que le imponía el ordenamiento jurídico.

37. Con fundamento en lo anterior, la autoridad accionada estimó que si bien se

acreditó una mora en el trámite del pago de las cesantías reclamadas por el
accionante esta era atribuible a la Fiduprevisora S.A., en tanto el FOMAG debía ser
excluido del pago. Sin embargo, al advertir que la fiduciaria no fue demandada ni
vinculada al proceso, concluyó que no era procedente imponer una condena, lo que
implicaba revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

38. Delcontenido de la decisión cuestionada, la Sala observa que el análisis
efectuado por la autoridad accionada no se realizó de manera abstracta o
descontextualizada, sino a partir de las circunstancias fácticas que delimitaron el
caso concreto.

39. Al determinar el régimen jurídico aplicable, el Tribunal tuvo en consideración la

fecha de ocurrencia de los hechos que dieron origen a la controversia, el momento
en que el actor presentó la solicitud de reconocimiento de cesantías parciales y el
periodo durante el cual se habría configurado la mora. Con fundamento en tales
elementos, definió el marco normativo relevante para resolver el litigio sometido a
su conocimiento.

40. Para fundamentar la ocurrencia del defecto sustantivo, la parte actora alegó que

el Tribunal pasó por alto el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, que modificó el
parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en el sentido de ampliar
el marco temporal para la financiación de las sanciones moratorias a cargo del
FOMAG hasta diciembre de 2022.

41. Sin embargo, dicha disposición entró en vigencia con posterioridad tanto a la

ocurrencia de los hechos que originaron el litigio, como a la presentación de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el problema jurídico
planteado por el actor no se edificó sobre el contenido de dicha norma. En
consecuencia, no se antoja arbitrario o irracional que el Tribunal resolviera el asunto
con fundamento en las normas que sustentaron el debate y no con aquellas que ni

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Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

siquiera sirvieron de base a la demanda, ni al recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de primera instancia.

42. En tales condiciones, la Sala encuentra que el debate planteado se reduce a la

determinación de un asunto de índole estrictamente legal, relacionado con la
correcta interpretación y aplicación de las disposiciones normativas que regulan lo
relativo a la responsabilidad del pago de la sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías a los docentes oficiales, el cual fue objeto de análisis por el
juez de la causa a partir de un ejercicio interpretativo que se muestra razonable de
cara al marco normativo y jurisprudencial sobre la materia.

43. De manera que la inconformidad de la parte actora se circunscribe a una
discrepancia de criterios respecto al alcance del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019
y las consecuencias derivadas de su aplicación, aspecto que no corresponde definir
al juez de tutela, máxime cuando en la actualidad no existe una posición unificada
al interior de esta Corporación que obligara al Tribunal accionado acoger una
interpretación distinta a la que se adoptó.

44. Si bien la parte actora fundó la vulneración alegada en la supuesta existencia de

una línea jurisprudencial uniforme y consolidada sobre la materia, del examen de las
decisiones invocadas no se observa que en ellas se hubiera fijado una regla
aplicable al supuesto específico resuelto por el Tribunal Administrativo del Quindío,
esto es, la atribución de responsabilidad cuando la mora se imputa a la sociedad
fiduciaria y esta no ha sido demanda ni vinculada al proceso.

45. En las providencias cuyo desconocimiento se alega el debate se centró en
establecer si la responsabilidad por la mora correspondía al respectivo ente territorial
o al FOMAG, a partir de la verificación de la etapa del procedimiento en la que se
produjo el incumplimiento. No obstante, en ninguno de esos asuntos se debatió la
incidencia que tiene la Fiduprevisora S.A., en su condición de administradora del
Fondo, ni las consecuencias derivadas de su falta de vinculación al proceso cuando
la mora es atribuida a dicha entidad. Ese elemento diferenciador, a todas luces,
repercute en la configuración del problema jurídico y en la solución adoptada por el
juez de conocimiento.

46. De ahí que no pueda predicarse, al menos en los términos planteados por el actor,

la existencia de un precedente para el caso concreto que impusiera una resolución
distinta, pues mal haría en exigírsele a la autoridad accionada acoger una regla de
decisión inexistente frente al aspecto que decidió.

47. Así las cosas, se advierte que la parte actora pretende convertir la acción de tutela

en una instancia adicional al proceso contencioso-administrativo, con el fin de
prolongar una discusión que no trasciende el ámbito de la mera legalidad, para lo
cual no fue concebido el mecanismo de amparo.

Radicación: 11001-03-15-000- 2026-00676-01
Accionante: Héctor Jaime Gallego Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

48. Por lo expuesto en precedencia, la Sala revocará la sentencia del 16 de marzo

de 2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación. En
su lugar, se declarará improcedente la solicitud de amparo dada su falta de
relevancia constitucional.

49. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 16 de marzo de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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