Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00112-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00112-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2020-00112-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00112-01 (1208-2024)
Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla2
Tema: Régimen de liquidación de cesantías parciales docente
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se accedieron a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera presentó demanda3 en ejercicio del
1 En lo que sigue Fomag.
2 En adelante DEIP de Barranquilla.
3 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS.pdf.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo4, en orden a que se declarara la nulidad parcial del oficio del 23 de
julio de 2019, por medio de la cual el secretario de educación del distrito de
Barranquilla le negó el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales de forma
retroactiva.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de las cesantías parciales con aplicación del
régimen de liquidación retroactiva; ii) el pago de las diferencias entre los valores
efectivamente pagados y los que se llegaren a determinar producto de la
reliquidación por concepto de la cesantía parcial retroactiva; iii) el pago de las
sumas que resultaren; iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA; v) el reajuste de las sumas conforme con el IPC; vi) el
pago de los intereses moratorios; y vii) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera prestó sus servicios en la secretaría
de educación del DEIP de Barranquilla como docente desde el 18 de julio de 1978
y hasta la fecha de la solicitud del reconocimiento de las cesantías.
3.2. El 30 de octubre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales, y mediante la Resolución 12043 del 3 de diciembre de 2018, suscrita por
la secretaria de educación del DEIP de Barranquilla, se accedió al pago de la
prestación solicitada por la suma de $38.834.141. La liquidación del emolumento
fue con el régimen anualizado, cuando lo procedente era con el retroactivo.
3.3. El 4 de julio de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales de forma retroactiva.
3.4. Mediante oficio del 23 de julio de 2019, la secretaría de educación del DEIP
Barranquilla negó el reconocimiento y pago de la prestación de forma retroactiva.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67, y 122
4 En adelante CPACA.
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
de la Constitución Política; 12 y 17 de la Ley 6 de 1945; 1 del Decreto 2767 de
1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 1, 2, 5, y 6 del Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto
1848 de 1969; 5, 40, y 45 del Decreto 1045 de 1978; 7 y 9 del Decreto 2563 de
1990; 2 literal a) de la Ley 4 de 1992; 6 de la Ley 60 de 1993; 176 de la Ley 115
de 1994; 5 del Decreto 196 de 1995; 13 de la Ley 344 de 1996; 1 del Decreto 1582
de 1998; y 5 de la Ley 1071 de 2006.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:
5.1. El acto administrativo acusado vulneró los postulados constitucionales y
legales, porque de acuerdo con lo previsto en la Ley 344 de 1996 y en el Decreto
1582 de 1998, el régimen de liquidación anualizado de las cesantías empezó a
regir para los servidores públicos de carácter territorial que fueran vinculados a
partir del 31 de diciembre de 1996.
5.2. Por lo anterior, los docentes nombrados antes del 31 de diciembre de 1996,
tienen derecho a que se le liquiden sus cesantías parciales con el régimen
retroactivo, que equivale a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcional por fracción de año laborado, «sobre el último salario devengado, si no
ha sido modificado en los tres últimos meses, o en caso contrario sobre el salario del último
año».
5.3. En consecuencia, cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales de forma retroactiva.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. 1.2.1. El DEIP de Barranquilla no contestó la demanda, pese a que fue notificada
de su admisión6.
7. 1.2.2. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes
argumentos7:
5 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS.pdf, visible
a folios 4 a 15.
6 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
8_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_02ADMISIONNOTIFICACI, visible
a folio 7.
7 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_1CONTESTACIONLUCI.
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
7.1. El acto acusado fue proferido de acuerdo con los postulados constitucionales y
legales, porque el régimen de cesantías anualizado era aplicable a los docentes a
partir del 1 de enero de 1990 sin distinción del vínculo nacional, nacionalizado o
territorial.
7.2. Ademásel Consejo de Estado en sentencia del 22 de febrero de 2018,
argumentó que «i) los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad
territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los
vinculados a partir del 1 de enero de 1990 lo que según la definición contenida en los
artículos 1 y 2, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se
lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se
les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional,
es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento
de intereses.». [sic].
7.3. En el caso concreto, la demandante se vinculó el «13 de marzo de 1994», por lo
tanto, no tiene derecho a la reliquidación de las cesantías parciales de forma
retroactiva, pues para esa fecha ya había una norma expresa que determinó la
forma de liquidación de las cesantías de manera anualizada.
7.4. Propuso las excepciones que denominó: i) «de la ausencia del deber de pagar
sanciones por parte de la entidad fiduciaria»; ii) falta de legitimación en la causa por
pasiva; iii) cobro de lo no debido; iv) caducidad; v) prescripción; y vi) genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, en
sentencia proferida el 16 de junio de 2023 accedió a las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandada, para tal efecto,
después de realizar un recuento legal y jurisprudencial, fundamentó su decisión en
lo siguiente8:
8.1. Del material probatorio se estableció que Lucía de los Reyes Gutiérrez de
Noguera se vinculó como docente oficial el 22 de agosto de 1977, y como no se
demostró que se hubiese acogido al régimen anualizado de cesantías, conservó el
sistema de retroactividad para la liquidación de esa prestación.
8 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal, 033_SENTENCIAANTICIPADA.
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8.2. En consecuencia, declaró la nulidad del acto acusado y a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fomag, y al DEIP de Barranquilla, a reconocer y pagar las cesantías
parciales de conformidad con el régimen de retroactividad, «con todo el tiempo de
vinculación, descontando las sumas que ya pagó por ese concepto».
8.3. No se configuró la prescripción, porque presentó la demanda en el 2020, y para
esa época Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera continuaba en servicio activo.
8.4. En cuanto a los intereses moratorios, era procedente el pago «pero en la forma
prevista y en cuanto se reúnan los supuestos de hecho del artículo 195 de la Ley 1437 de
2011.».
8.5. Consideró que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 «[N]o podrá
decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»; pero
no ordenó el pago de una indemnización, sino del auxilio de cesantía.
8.6. Se abstuvo de condenar en costas «a la parte demandante, pues en autos no
emerge prueba de que se hubiesen causado», de acuerdo con lo establecido en el
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.
1.4. El recurso de apelación
9. El Fomag interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así 9:
9.1. En el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se indicó que el reconocimiento de las
prestaciones sociales de los docentes nacionales vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, «se efectuará de acuerdo con el régimen prestacional que han
venido gozando en cada entidad territorial»; y los docentes nacionalizados vinculados
a partir del 1 de enero de 1990, se rigen por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, previstas en los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978.
9.2. En cuanto al cumplimiento de la orden judicial, le corresponde a la entidad
territorial, porque el Fomag solo realiza el pago una vez se expide el acto
administrativo que ordena el reconocimiento y pago de la prestación. Por lo tanto,
en el presente caso se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva
9 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
038_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_RECAPE080012333000.
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
respecto del Fomag.
9.3. Contrario a la decisión del tribunal, en el presente asunto se configuró la
prescripción, la cual «consiste en la formalización de una situación de hecho por el paso
del tiempo, lo que produce la adquisición o la extinción de una obligación. Esto quiere decir
que el derecho a desarrollar una determinada acción puede extinguirse cuando pasa una
cierta cantidad de tiempo y se produce la prescripción.». (sic).
9.4. Además, precisó que el artículo 151 de Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, estableció: «ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que
emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el (empleador), sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.».
9.5. Y sobre la prescripción el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha señalado:
«En este orden de ideas, si bien en virtud del artículo 53 de la Constitución Política los
beneficios laborales mínimos de los trabajadores comportan carácter irrenunciable, el
legislador ha previsto la prescripción extintiva de esos derechos, fundamentalmente con
el propósito constitucional de salvaguardar la seguridad jurídica en relación con litigios que
han de ventilarse ante los jueces frente a la inactividad del servidor de reclamar su pago
oportunamente. Por lo tanto, para que opere el fenómeno prescriptivo se requiere que
transcurra el interregno preestablecido durante el cual no se hayan realizado las
correspondientes solicitudes.».
9.6. Por lo anterior, solicitó fuera revocada la sentencia de primera instancia, y se
nieguen las pretensiones de la demanda.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
10. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que
los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5
del artículo 247 del CPACA10.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
10 Samai, índice 4, 5Auto que admite_12082024Admiterecurs(.pdf) NroActua 4.
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
2.1. El problema jurídico
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, los
problemas jurídicos se contraen a establecer:
12.1. ¿si
a la demandante le asiste el derecho a la liquidación del auxilio de
cesantías parciales de conformidad con el régimen retroactivo?
12.2. ¿si el Fomag es la entidad competente para reconocer y pagar el auxilio de
cesantías parciales?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
13. La Ley 91 de 1989 creó al Fomag como una cuenta especial de la nación con el
fin de atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y
estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas
circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:
«Artículo 2. (…)
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en
vigencia la Ley 43 de 1975.
(…)
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley.
(…)
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que
pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional». [Se resalta].
14. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a 1 mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último
salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y
los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde
el 1° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará un interés anual sobre saldo de
estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
15. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que «i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»12.
16. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación13, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al
1° de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 14, sostuvo lo
siguiente:
«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la
Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del
sistema financiero durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
13 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018,
Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia
del 13 de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad.
2015- 00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero
de 2019, Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
14 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00112-01 (1208-2024)
Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 201615, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los
docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales
que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes
mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia
de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción
entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las normas de los
empleados públicos del orden nacional […]». [Se resalta].
17. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear al Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto
de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los empleados públicos
18. Ahora bien, en relación con el régimen de cesantías de los empleados públicos
es preciso realizar el recuento normativo para advertir su regulación y
modificaciones.
19. La Ley 6ª de 1945 reguló el régimen de cesantías retroactivo que consiste en
liquidar esta prestación con el último salario devengado, así en su artículo 17
precisó que:
«Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones sociales: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá
en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942
[…]».
20. Derecho prestacional que se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios con el Decreto 2767 de 1945 «(p)or el cual se
determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los
Departamentales y Municipios».
21. Luego, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para
indicar que:
«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
15 «Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con
Rad. 2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez».
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00112-01 (1208-2024)
Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera
que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de
1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos
12 y 36 de la misma Ley».
22. Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su liquidación,
así:
«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamento y los Municipios, se liquidará de conformidad
con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio,
si este fuere menor de doce meses».
23. Con posterioridad, el Decreto 1160 de 1947 otorgó el derecho a percibir el
auxilio de las cesantías a los empleados al servicio de la nación de cualquier rama
del poder público independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio,
con la aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era
inferior a ese lapso.
24. En efecto, del anterior recuento es claro que hasta este punto el régimen de
cesantías de los empleados públicos era de carácter retroactivo, por cuanto para
su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.
25. No obstante, con posterioridad y paulatinamente la forma de liquidación de las
cesantías fue modificado al régimen anualizado. Así, con el Decreto 3118 de
1968 «(p)or el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre
auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras
disposiciones» se estableció la liquidación anual de las cesantías para los
empleados públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional, con excepción de las de
los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros de las
Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa nacional y en
su artículo 27 sobre la forma de liquidación precisó:
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
«Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969,
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que
anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador
(…)».
26. De igual forma en el sector privado la Ley 50 de 1990 16 cambió el régimen de
cesantías al anualizado y con la expedición de la Ley 344 de 1996 «(p)or la cual se
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» se dispuso la liquidación
anual de los auxilios de cesantías a quienes se vincularán a las entidades del
Estado a su entrada en vigencia, esto es el 31 de diciembre de 1996. Para tal
efecto señaló:
«Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo […]».
27. Este sistema de liquidación en principio no cobijó específicamente a los
servidores públicos del orden territorial, quienes seguían sujetos al régimen de
cesantías dispuesto en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es al retroactivo.
Fue con el Decreto 1582 de 1998 «por el cual se reglamenta parcialmente los artículos
13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos
del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia» que se extendió el
régimen anualizado de liquidación de cesantías a los empleados del nivel territorial
por disposición del artículo 1 que remitió a las normas pertinentes sobre el auxilio
anualizado a la Ley 50 de 1990, en el que se había determinado la liquidación de
cesantías anualizadas en el sector privado. Esto señaló la norma:
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
16 [p]or la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del
mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo
5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán
por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998».
28. Lo anterior fue complementado con lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002
«(p)or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y
se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial»
que en su artículo 3 fijó la siguiente regla: «[l]os empleados públicos a quienes se les
esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del
mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
29. Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 estableció que los
servidores públicos que al 25 de mayo de 2000 disfrutaban del sistema retroactivo
de cesantías, continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación
laboral en el organismo o entidad en la que se aplicara esa modalidad prestacional.
Por ende, la disposición les permitió continuar con esta prerrogativa a aquellos que
estuvieran vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996.
30. En consecuencia, a los empleados públicos le son aplicables el régimen de
cesantías retroactivas para quienes se vincularon a la administración pública hasta
el 30 de diciembre de 1996 y anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado y extendidas por la Ley 344 de 1996 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (el 31
de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial «(s)in perjuicio de los derechos
convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989» que se insiste contiene el
régimen especial de los docentes.
2.3. Lo probado dentro del proceso
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
31.1. Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera nació el 6 de enero de 1952 17.
17 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
24_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_LUCIADELOSREYESG.pdf, visible a folio 11, en la
cédula de ciudadanía.
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31.2. Mediante la Resolución 105 del 29 de julio de 197718 «[p]or el cual se causan
novedades en el personal», suscrito por el gobernador del departamento del
Atlántico, se nombró como directora de grupo y 40 horas del Colegio Bachillerato
Masculino de Santo Tomás.
31.3. Acta de posesión del 22 de agosto de 1977 19, suscrita por el secretario de
gobierno del departamento del Atlántico, en la cual se precisó que «Lucía Gutiérrez»
fue nombrada como directora de grupo y 40 horas del Colegio Bachillerato
Masculino de Santo Tomás, a través de la Resolución 105 del 29 de julio de 1977.
31.4. Formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido el
21 de febrero de 202020 por la Secretaría de Educación del distrito de Barranquilla,
en el que consta que presta sus servicios como docente de básica secundaria, en
propiedad, con tipo de vinculación nacional, así:
Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Posesión Desde Hasta previsión
Nombrada Directora de
Grupo y 40 horas
Colegio Bachillerato Resolución
Masculino 105 del 29-
Santo Tomas [Atlántico] 07-1977 22-08-1977 01-07-1977 01/10/1977 F.N.P.S.M.
Nombrada profesora
enseñanza secundaria
Normal Nacional de Resolución
Señoritas 2768 del 31-
Uribia [Guajira] 05-1978 18-07-1978 18-07-1978 04-10-1978 F.N.P.S.M.
Encargada de Directora
Normal Nacional de Resolución
Señoritas 14362 del
Uribia [Guajira] 05-10-1978 05-10-1978 05-10-1978 06-06-1979 F.N.P.S.M.
Traslado
Normal Nacional de Resolución
Señoritas 9104 del 14-
Manatí 05-1979 07-06-1979 07-06-1979 05-10-1980 F.N.P.S.M.
Traslado
Instituto Técnico Resolución
Nacional de Comercio 17079 del
Barranquilla 19-09-1980 06-10-1980 06-10-1980 21-02-2020 F.N.P.S.M.
18 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS.pdf, visible
a folio 21.
19 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS.pdf, visible
a folio 20.
20 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
24_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_LUCIADELOSREYESG, visible a folios 15 y 16.
14
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31.5. Certificado de salarios expedido el 21 de febrero 202021 por la Secretaría de
Educación del distrito de Barranquilla, en el cual se indican los factores salariales
devengados en los años 2018, 2019, y 2020, y que presta sus servicios como
docente de básica secundaria, en propiedad, con régimen de cesantías
anualizado.
31.6. Resolución 12043 del 3 de diciembre de 201822, suscrita por la secretaria de
educación del distrito de Barranquilla, en nombre y representación del Fomag, se
le reconoció y ordenó el pago en su favor de unas cesantías parciales para
reparación de vivienda, de forma anualizada. Y la prestación correspondió al
tiempo comprendido entre 1990 y 2017, el monto resultó en $53.232.848, del cual
se descontó la suma de $38.834.141 por concepto de cesantías parciales pagadas.
31.7. El 4 de julio de 201923 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales de forma retroactiva, de acuerdo con lo previsto en las leyes 6 de 1945;
65 de 1946; 91 de 1989; 344 de 1996; y los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947.
31.8. Con el oficio del 23 de julio de 201924 la secretaria de educación del distrito de
Barranquilla, negó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales de forma
retroactiva, en los siguientes términos:
«[…] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, se puede
establecer que los docentes se clasifican para efectos prestacionales, en Nacionales,
Nacionalizados y Territoriales, de la siguiente manera:
Artículo 1°.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellas:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
21 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
24_RECEPCIONMEMORIAL_MEMORIAL_LUCIADELOSREYESG, visible a folios 13 y 14.
22 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS.pdf, visible
a folios 22 a 24.
23 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS.pdf, visible
a folios 25 a 27.
24 Samai Tribunal, gestión documentos, carpeta cuaderno principal,
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS.pdf, visible
a folios 30 y 31.
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en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
Igualmente, la ley referenciada establece en su artículo 15, el régimen de cesantías
aplicable para el personal docente que se encuentra vinculado a la fecha de expedición.
Artículo 15°.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
3.- Cesantías:
1. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año
2. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las
cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo periodo. Las cesantías
del personal nacional docente. acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que
pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional
Para el caso que nos ocupa, la señora LUCÍA GUTIÉRREZ DE NOGUERA, identificada
con Cédula de Ciudadanía No.22.409.467, fue nombrada con acto administrativo No.
2768 del 31/08/1978 y fecha de posesión 18/07/1978, es Docente Nacional Situado
Fiscal, que son los vinculados por nombramiento del gobierno nacional y los vinculados
a partir del 01 de enero de 1990. (Información suministrada por la Fiduciaria La
Previsora mediante correo electrónico el 12/07/2019, desde el correo: Afiliaciones y
Novedades.
De acuerdo a la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados con posterioridad al 01 del
enero de 1990, se les aplica régimen anualizado.
Es de anotar que la finalidad de la Ley 344 de 1996, es racionalizar y reducir el gasto
público. Igualmente, el objetivo de las facultades extraordinarias, se puede entender
como dotar al Ejecutivo de instrumentos idóneos para suprimir, fusionar y reformar
órganos y dependencias de la administración, en aras de lograr el mencionado objetivo.
Por consiguiente, las Cesantías de los Docentes Nacionales, son liquidadas con
ANUALIDAD, es decir año por año, a partir de 1990 por cada entidad territorial.
• De acuerdo al Manual Operativo de Prestaciones Económicas, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, paga un interés anual solo con respecto a las
Cesantías generadas a partir del 01 de enero de 1990, lo anterior de acuerdo a la Ley
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91 de 1989, valor que solo se obtiene al momento de liquidar la prestación.
[…]». [sic].
2.3. Caso concreto
32. ElTribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B
accedió a las pretensiones de la demanda al concluir que Lucía de los Reyes
Gutiérrez de Noguera acreditó los requisitos legales para el reconocimiento y pago
de las cesantías parciales de forma retroactiva, en consecuencia, declaró la
nulidad del acto acusado y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la
Nación, Ministerio de Educación, Fomag y al DEIP de Barranquilla reconocer la
prestación de acuerdo con lo establecido en las leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, y
los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947.
33. El Fomag presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal, al considerar que i) los docentes nacionalizados
vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se rigen por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, reguladas en los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978; ii) la entidad territorial es la
competente de dar cumplimiento a la orden judicial, porque el Fomag solo realiza
el pago una vez se expide el acto administrativo que ordena el reconocimiento y
pago de la prestación; y iii) en el presente asunto se configuró la prescripción.
34. Del material probatorio allegado se advierte que i) Lucía de los Reyes Gutiérrez
de Noguera laboró como docente por nombramiento en el Colegio Bachillerato
Masculino de Santo Tomás [Atlántico] desde el 1 de julio de 1977 hasta el 1 de
octubre de 1977; ii) con posterioridad fue nombrada profesora de enseñanza
secundaria Normal Nacional de Señoritas en Uribia [La Guajira], en donde se
desempeñó entre el 18 de julio de 1978 y el 4 de octubre de 1978; y como
encargada directora de esa institución educativa desde 5 de octubre de 1978 y el
6 de junio de 1979; iii) fue trasladada a la Normal Nacional de Señoritas de Manatí
y se desempeñó como profesora del 7 de junio de 1979 al 5 de octubre de 1980;
iv) luego, fue trasladada al Instituto Técnico Nacional de Comercio de Barranquilla,
cargo del cual tomó posesión el 6 de octubre de 1980 y ha desempeñado hasta el
21 de febrero de 2020.
35. De las pruebas documentales se observa que a través del oficio del 23 de julio
de 2019 la Secretaría de Educación del DEIP de Barranquilla, le negó el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales de forma retroactiva.
36. De conformidad con las normas indicadas en precedencia, en cuanto a las
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cesantías, se establece en el numeral 3, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de
1989 que los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, el Fomag
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al
31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, sin
distinción si se trata de docente nacional, nacionalizado o territorial, como los
define el artículo 1 ibidem pues los incluye a todos.
37. Ahora bien la demandante fue nombrada como docente el 18 de julio de 1978,
es decir, prestó el servicio antes del 31 de diciembre de 1989, por lo tanto, para la
liquidación de sus cesantías parciales la cobija el régimen retroactivo previsto en
las leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, y los decretos 2767 de 1945 y 1160 de 1947.
38. Por otro lado, en el recurso de apelación se argumentó que el DEIP de
Barranquilla debe dar cumplimiento a la orden judicial, al respecto si bien la entidad
territorial interviene en el trámite administrativo, lo cierto es que, en el caso de
reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes, actúa en nombre y
representación del Fomag, como la encargada de elaborar el proyecto de
resolución que reconocía o denegaba la prestación social, resolución que con
posterioridad debía ser aprobada o no por la sociedad fiduciaria, quien
administraba los recursos del fondo.
39. En tal sentido, el Fomag y el DEIP de Barranquilla, intervienen en el trámite
administrativo del reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes oficiales.
40. Se precisa, que al Fomag le corresponde el pago las prestaciones sociales que
son reconocidas a los docentes oficiales, de acuerdo con lo previsto en el inciso 1
del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que estableció una responsabilidad
administrativa en el pago de las cesantías parciales y definitivas a cargo de esa
entidad.
41. En tal sentido, es claro que el Fomag es sujeto de obligaciones frente al pago
de las cesantías de los docentes oficiales, razón por la cual se encuentra legitimado
en la causa por pasiva para cumplir la orden judicial.
42. Razón por la cual se confirmará la decisión del a quo que condenó a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y al DEIP de Barranquilla, a reconocer
y pagar las cesantías parciales de conformidad con el régimen de retroactividad.
43. Respecto de la prescripción, en la apelación se indicó que se configuró de
acuerdo con lo previsto en el 151 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, no obstante, de acuerdo con esa norma el término para la prescripción
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
comienza a contabilizarse a partir de la fecha en que la respectiva obligación se
haya hecho exigible; es decir cuando la demandante haya sido retirada del servicio,
por lo cual antes de ello podía solicitar sus cesantías parciales, sin que operara la
prescripción.
44. Por lo tanto, en el presente asunto no se configuró la prescripción porque la
solicitud del reconocimiento y pago cesantías parciales de forma retroactiva se
presentó el 4 de julio de 2019, y de acuerdo con el certificado laboral la
demandante, para el 21 de febrero de 2021, se encontraba activa en el servicio
docente.
45. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 16 de junio de 2023
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, a
través de la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
46. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma25.
25En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron las costas.
50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas, pues
no se observa que hubiese realizado análisis de temeridad o mala fe.
3. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Lucía de los Reyes
Gutiérrez de Noguera es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, porque
se vinculó como docente a partir del 18 de julio de 1978.
52. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 16 de junio del 2023
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de junio del 2023 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se
accedieron a las pretensiones de la demanda presentada por Lucía de los Reyes
Gutiérrez de Noguera contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag], y el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Lucía de los Reyes Gutiérrez de Noguera
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO
21
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