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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02312-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02312-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Álvaro Vargas Ríos contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, acorde con las consideraciones expuestas. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02312-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02312-00
Demandante: Álvaro Vargas Ríos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02312-00
Demandante: Álvaro Vargas Ríos
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías. Defecto por desconocimiento del
precedente judicial

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado, por el señor
Álvaro Vargas Ríos contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de
Decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de marzo de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en sentencia proferida
el día 25 de septiembre de 2025, dentro del expediente radicado No. 63001-33-33-005-
2021-00185-01, transgredió los derechos fundamentales transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO
FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL de la parte
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados
de la ley y la postura del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida
en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de
fondo sobre la controversia sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías en consonancia con amplio derrotero jurisprudencial que
reconoce la responsabilidad en esta materia a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Las circunstancias que dieron lugar a la actuación administrativa

El señor Álvaro Vargas Ríos prestó sus servicios como docente en el municipio de
Armenia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02312-00
Demandante: Álvaro Vargas Ríos

El 9 de julio de 2020, el señor Vargas Ríos solicitó ante el Ministerio de Educación
Nacional y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante,
FOMAG) el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales para adquisición de
vivienda. Dicha prestación fue reconocida mediante la Resolución 1518 del 28 de julio
de 2020, expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Armenia; sin
embargo, los recursos correspondientes solo fueron puestos a disposición del actor
por la Fiduprevisora S.A. hasta el 19 de noviembre de 2020.

Debido al pago tardío de las cesantías, el actor presentó solicitudes ante la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y el municipio de Armenia,
respectivamente, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria; no obstante, dichas entidades no emitieron respuesta de fondo frente a lo
solicitado.

Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (63001-33-33-
005-2021-00185-00/01)

Ante la ausencia de respuesta por parte de las entidades accionadas, el señor Álvaro
Vargas Ríos consideró configurado el silencio administrativo negativo, razón por la
cual promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y el municipio de Armenia, con
el propósito de obtener la nulidad de los actos fictos y el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria derivada del pago extemporáneo de las cesantías.

El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, mediante sentencia del 5 de julio de
2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de
los actos fictos demandados y, en consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, FOMAG al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
causada entre el 20 de octubre y el 18 de noviembre de 2020, por el pago tardío de
las cesantías solicitadas por el actor.

Sostuvo que la parte actora presentó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías
parciales el 9 de julio de 2020 y que dicha prestación fue reconocida mediante
Resolución 1518 del 28 de julio de 2020, expedida y notificada dentro del término de
15 días previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, el cual vencía el 31 de
julio de 2020.

Asimismo, indicó que el acto administrativo de reconocimiento quedó ejecutoriado el
13 de agosto de 2020, razón por la cual, a partir de esa fecha, comenzaron a
contabilizarse los 45 días hábiles con los que contaba la entidad encargada del
desembolso para efectuar el pago de las cesantías, término que vencía el 19 de
octubre de 2020.

No obstante, advirtió que los recursos solo fueron puestos a disposición del actor el
19 de noviembre de 2020, esto es, 30 días después del vencimiento del plazo legal
para el pago.

En ese contexto, concluyó que la Secretaría de Educación del municipio de Armenia
actuó oportunamente en la etapa de reconocimiento y trámite de la prestación, por lo
que la mora era imputable exclusivamente al FOMAG, dado que el retardo se produjo
únicamente en la etapa de desembolso de las cesantías.

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Demandante: Álvaro Vargas Ríos

Inconforme con la decisión de primera instancia, el FOMAG interpuso recurso de
apelación al considerar que, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, los
recursos del fondo no pueden destinarse al pago de indemnizaciones económicas
derivadas de decisiones judiciales o administrativas, dentro de las cuales se encuentra
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías. En ese sentido, sostuvo que su
responsabilidad únicamente comprende el pago efectivo de las cesantías y no de las
sanciones derivadas de la mora.

Asimismo, argumentó que el fondo solo puede asumir sanciones moratorias causadas
hasta el 31 de diciembre de 2019, razón por la cual las reclamaciones originadas con
posterioridad a esa fecha deben ser asumidas por la entidad territorial que haya
generado el retraso. Indicó que, en el caso concreto, la presunta mora ocurrió en
vigencia de la Ley 1955 de 2019, por lo que cualquier obligación derivada del retardo
correspondía a la entidad territorial y no al FOMAG.

Finalmente, la entidad alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar
que la modificación normativa trasladó a las entidades territoriales certificadas la
responsabilidad por las sanciones derivadas del pago tardío de las cesantías cuando
estas hubieran ocasionado la demora. Añadió que no existe partida presupuestal
dentro del FOMAG destinada al pago de sanciones moratorias y que, de conformidad
con el Decreto 942 de 2022, la moratoria debe ser asumida por la entidad que
efectivamente generó el retraso en el trámite o pago de la prestación.

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 25 de septiembre
de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, FOMAG y del municipio de Armenia.

Señaló que la Secretaría de Educación del municipio de Armenia expidió y notificó de
forma oportuna el acto de reconocimiento de las cesantías, y remitió el trámite a la
Fiduprevisora S.A. al día siguiente de la ejecutoria. Precisó que el pago debía
efectuarse a más tardar el 19 de octubre de 2020, pero los recursos solo se pusieron
a disposición del actor el 19 de noviembre de ese año, lo que arrojó una mora de 30
días.

El Tribunal explicó que, conforme con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, los
recursos del FOMAG no pueden destinarse al pago de sanciones moratorias
causadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, de modo que la sanción debía
asumirse con patrimonio propio de la entidad llamada a responder. En ese sentido,
precisó que, como esa entidad era la Fiduprevisora S.A., que administra los recursos
del Fondo y que no fue vinculada al proceso, los demandados carecían de legitimación
material por pasiva y, por ello, negó las pretensiones.

3. Argumentos de la acción de tutela

El accionante afirmó que se satisface el requisito general de inmediatez, dado que no
transcurrió el término de seis meses, y el de subsidiariedad, pues agotó los medios
ordinarios de defensa con la demanda y el recurso de apelación.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión incurrió
en defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues concluyó que el FOMAG
no era responsable del pago de la sanción moratoria causada en 2020, pese a que
decisiones de la Sección Segunda del Consejo de Estado han señalado que, aun bajo
la vigencia de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad recae en el FOMAG o en la
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Demandante: Álvaro Vargas Ríos

Fiduprevisora S.A. cuando la entidad territorial actuó de forma oportuna y la mora se
presentó en la etapa de pago1. A su juicio, esa línea constituye un criterio reciente y
reiterado del órgano de cierre que definía el problema jurídico relativo a la
responsabilidad del Fondo bajo la mencionada ley.

Afirmó que el Tribunal Administrativo del Quindío omitió analizar y aplicar dicha línea
jurisprudencial, y que sustentó su decisión en un concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del año 2023, que, conforme con el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011,
constituye una opinión orientadora carente de fuerza vinculante, a diferencia de las
decisiones adoptadas en ejercicio de la función jurisdiccional.

Con apoyo en la sentencia SU-380 de 2021, recordó que el juez está obligado a acatar
el precedente o a justificar su apartamiento con suficiente carga argumentativa, y que
para ello debe satisfacer los deberes de transparencia, esto es, identificar las
decisiones relevantes, y de suficiencia, vale decir, exponer por qué la nueva
orientación resulta mejor y justifica una intervención en los principios de igualdad,
seguridad jurídica y confianza legítima. Señaló que la autoridad demandada no
cumplió alguna de esas cargas, lo que comportó una actuación arbitraria y el
desconocimiento de tales principios.

Por último, sostuvo que la postura de la autoridad judicial demandada «desconoció
abiertamente el precedente vertical de la máxima autoridad de lo contencioso
administrativo en materia laboral, que reconoce que el pago de la sanción moratoria
del personal docente recae en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fomag», con lo cual contravino los principios de legalidad, debido
proceso y seguridad jurídica.

4. Trámite previo

El 27 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al accionante, a la entidad accionada y vincular como terceros con interés a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional; al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG); al municipio de Armenia; a la Secretaría de
Educación del municipio de Armenia y al Juzgado Quinto Administrativo de Armenia.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión solicitó negar la
tutela al considerar que el accionante pretendía convertirla en una tercera instancia
para controvertir la decisión judicial adoptada dentro de un proceso ordinario en el que
se garantizaron plenamente el debido proceso y los recursos legales.

Indicó que, aunque existió mora en el pago de las cesantías, la reclamación no se
dirigió correctamente contra la entidad responsable. Explicó que, conforme con el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad del FOMAG solo se extendía
hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que la mora causada en 2020 no le era
atribuible. Además, precisó que la modificación introducida por la Ley 2294 de 2023
no era aplicable al caso por haber entrado a regir con posterioridad a los hechos
discutidos.
1
El accionante invocó como precedente desconocido las siguientes providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda:
Subsección A, sentencia del 30 de enero de 2025, rad. No. 50001-23-33-000-2019-00031-01 (5131-2022); Subsección A,
sentencia del 7 de abril de 2025, rad. No. 17001-23-33-000-2021-002025-01 (3541-2022); Subsección A, sentencia del 12 de
junio de 2025, rad. No. 47001-23-33-000-2021-00388-01 (6065-2022); Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2025, rad. No.
08001-23-33-000-2020-00112-01 (1208-2024); Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025, rad. No. 66001-23-33-000-2022-
00023-01 (1043-2024); y Subsección A, sentencia del 24 de julio de 2025, rad. No. 47001-23-33-000-2022-00071-01.
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Demandante: Álvaro Vargas Ríos

Finalmente, sostuvo que no existe vulneración de derechos fundamentales, pues el
asunto fue resuelto mediante valoración probatoria y participación plena de las partes,
razón por la cual el debate carecía de relevancia constitucional.

6. Intervención de los terceros con interés

La Secretaría de Educación Municipal de Armenia sostuvo que la tutela es
improcedente porque el accionante pretende utilizarla como una tercera instancia para
controvertir la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío, el cual, a su juicio, no incurrió en algún defecto ni vulneró derechos
fundamentales.

Explicó que, conforme a la normativa sobre cesantías del magisterio, el término de 15
días para reconocer la prestación solo comienza a contarse desde la radicación
completa de la solicitud, esto es, cuando el docente aporta todos los documentos
requeridos y estos son verificados por la entidad territorial a través de la plataforma
«Humano en Línea».

Asimismo, indicó que para el año 2020 la entidad encargada de realizar materialmente
el pago de las cesantías era la Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora
del FOMAG, razón por la cual era necesaria su vinculación al proceso. Por ello,
consideró acertada la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío de declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del FOMAG y del municipio de
Armenia.

Finalmente, señaló que no se configuró defecto fáctico ni vulneración alguna del
debido proceso o de acceso a la administración de justicia, pues la decisión
cuestionada se fundamentó en la normativa aplicable y en la ausencia de vinculación
de la entidad realmente responsable del pago.

La Fiduprevisora S.A. solicitó declarar improcedente la acción de tutela al considerar
que el accionante pretendía utilizar este mecanismo como una nueva instancia para
controvertir una decisión judicial, sin demostrar la configuración de causales genéricas
o específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, explicó que la tutela contra decisiones judiciales solo procede de manera
excepcional cuando se acreditan defectos como el orgánico, procedimental, fáctico o
sustantivo, entre otros, circunstancias que no se presentaban en el caso concreto.

De igual forma, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al indicar que
Fiduprevisora S.A. no es responsable de la presunta vulneración de derechos
fundamentales y que no existe nexo causal entre la entidad y los hechos alegados por
el accionante.

Finalmente, sostuvo que no se vulneró el derecho al debido proceso ni la seguridad
jurídica, pues las actuaciones se adelantaron conforme con la normativa aplicable y
con observancia de las formas propias del proceso judicial, razón por la cual solicitó
negar la tutela y desvincular a Fiduprevisora S.A. del trámite.

El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia remitió copia digital del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 63001-33-33-005-2021-00185-00, sin hacer
algún pronunciamiento sobre la acción de tutela.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Álvaro Vargas Ríos contra la sentencia del 25 de septiembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión,
mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que accedió al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de cesantías
parciales y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y del municipio de
Armenia.

En síntesis, la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió
en desconocimiento del precedente judicial, al concluir que el FOMAG no era
responsable de la sanción moratoria causada en 2020 y que la eventual obligación
recaía en la Fiduprevisora S.A., pese a que la mora se configuró de forma exclusiva
en la etapa de desembolso de las cesantías y la entidad territorial actuó de manera
oportuna.

La Sala anticipa que negará el amparo solicitado, al no encontrar acreditado el
desconocimiento del precedente judicial, porque providencias invocadas por el
accionante resolvieron un problema jurídico distinto del que fue objeto de decisión en
la sentencia cuestionada, lo cual impide al juez de tutela hacer estudio adicional al
propuesto en la demanda de tutela.

Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el
presente caso; (ii) del desconocimiento del precedente jurisprudencial; y (iii) del caso
concreto.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por la Fiduprevisora S.A., la Sala precisa que en el presente asunto fueron
vinculadas las autoridades y particulares que se relacionaron como demandados y los
que pudieran resultar afectados con la decisión o que tengan interés directo en su
resultado, ello con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción.

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En el presente asunto, la providencia cuestionada identificó a la Fiduprevisora S.A.
como la entidad a la que, en criterio del Tribunal Administrativo del Quindío,
correspondería responder por la sanción moratoria reclamada. En esa medida, lo que
se decida en este trámite constitucional podría incidir en su situación jurídica, razón
por la cual su vinculación resultaba necesaria para asegurar el ejercicio de tales
garantías. Por consiguiente, se negará la solicitud formulada.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala advierte que la acción de
tutela cumple con el referido requisito general, por cuanto la parte actora invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales estima vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío. Asimismo,
se sustentan de manera suficiente las razones por las cuales la providencia
cuestionada habría desconocido el precedente judicial vigente en materia de sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías del magisterio, particularmente en aquellos
eventos en los que la mora ocurre en la etapa de desembolso de la prestación.

En ese sentido, no se trata de una simple discrepancia interpretativa o de un asunto
de mera legalidad, sino de un cuestionamiento dirigido contra la ratio decidendi de la
providencia judicial acusada, específicamente frente a la omisión de analizar y aplicar
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del FOMAG y
de La Fiduprevisora S.A. en el pago de la sanción moratoria. Tampoco se advierte que
la tutela se utilice como una instancia adicional, pues el accionante no pretende reabrir
el debate probatorio, sino cuestionar la presunta incompatibilidad de la decisión
judicial con el precedente aplicable al caso concreto.

Además, en caso de acreditarse el defecto por desconocimiento del precedente
judicial alegado, se configuraría una afectación al derecho fundamental al debido
proceso de la parte actora, en tanto podría impedirse el reconocimiento de la sanción
moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales, pese a que la mora fue
encontrada acreditada por la propia autoridad judicial accionada.

Se cumple igualmente con el (ii) requisito general de subsidiariedad, por cuanto los
argumentos planteados no encuadran dentro de las causales del recurso
extraordinario de revisión ni existe otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para
controvertir la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. Del
mismo modo, se satisface el (iii) requisito general de inmediatez, pues, el ejercicio de
la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia cuestionada
fue proferida el 25 de septiembre de 2025 y la acción de tutela fue presentada el 20
de marzo de 2026.

En lo demás, la Sala encuentra satisfechos los restantes requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte accionante alega (iv) una irregularidad
con incidencia directa en la decisión adoptada y con potencial afectación de sus
derechos fundamentales; (v) identificó de manera clara y razonable los hechos que
originaron la presunta vulneración; y (vi) no se cuestiona una sentencia de tutela.

Por lo anterior, la Sala procederá a analizar si, en el caso concreto, se configuró el
defecto por desconocimiento del precedente judicial alegado por la parte accionante.

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Del desconocimiento del precedente judicial2 en el caso concreto

En el caso concreto, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial con la decisión de
negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago tardío de
las cesantías parciales, bajo el argumento de que la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, FOMAG no era la entidad llamada a responder por la mora causada con
posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y que, en todo caso, la eventual
responsabilidad recaía en la entidad que hubiera generado el retraso o en la
Fiduprevisora S.A., entidad que no fue vinculada como demandada dentro del medio
de control.

De la sentencia de segunda instancia se advierte que el Tribunal Administrativo del
Quindío tuvo por acreditados los siguientes supuestos fácticos, sobre los cuales no
existe controversia en sede de tutela:

• El señor Álvaro Vargas Ríos presentó solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías parciales para compra de vivienda el 9 de julio de 2020.

• La Secretaría de Educación del municipio de Armenia expidió la Resolución No.
1518 del 28 de julio de 2020, mediante la cual reconoció la prestación, y la
notificó al día siguiente.

• El acto cobró ejecutoria y el trámite fue remitido a la Fiduprevisora S.A. el 14 de
agosto de 2020 para efectos del pago. Por último, los recursos correspondientes
fueron puestos a disposición del actor el 19 de noviembre de 2020, fecha en la
que se materializó el desembolso de la prestación.

Con fundamento en los referidos hechos, el Juzgado Quinto Administrativo de
Armenia, mediante sentencia del 5 de julio de 2024, accedió de forma parcial a las
pretensiones de la demanda y condenó al FOMAG al pago de la sanción moratoria, al
concluir que el ente territorial actuó dentro de los términos legales y que el retardo se
produjo únicamente en la etapa de pago, de manera que los treinta días de mora
resultaban imputables de forma exclusiva al Fondo.

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, revocó esa decisión.
Para ello, precisó que el pago debía efectuarse a más tardar el 19 de octubre de 2020,
pero los recursos solo se pusieron a disposición del actor el 19 de noviembre de esa
anualidad, lo que arrojó una mora de treinta días.

No obstante, resaltó que, conforme al inciso cuarto del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, la sanción moratoria causada con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no
podía pagarse con recursos del FOMAG, por expresa prohibición legal, sino que debía

2 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad..
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02312-00
Demandante: Álvaro Vargas Ríos

asumirse con patrimonio propio de la entidad llamada a responder. En sus palabras,
la mora «ha de ser reconocida y pagada con recursos propios de la entidad que generó la
mora por la tardanza del trámite a su cargo y no con recursos del FOMAG por expresa
prohibición legal del inciso 4 del artículo 57 de la ley 1955 de 2019».

Por ello, concluyó que, como esa entidad era la Fiduprevisora S.A., en su condición
de administradora del Fondo, y como esta no fue convocada al proceso, se
configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva de los demandados.

En consecuencia, la autoridad judicial demandada dispuso «declarar probada de oficio
la excepción de falta de legitimación material por pasiva» de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, FOMAG y del municipio de Armenia, y revocó la condena
impuesta en primera instancia.

De este modo, la decisión de negar las pretensiones no se sustentó en que la mora
fuera imputable al ente territorial, hipótesis que el propio Tribunal descartó, sino en la
ausencia de vinculación de la entidad que, a su juicio, debía responder con recursos
propios por la sanción.

Definida la razón que sustentó la decisión del Tribunal, la Sala al estudiar el
precedente judicial invocado como desconocido, en aras de determinar si se incurrió
en el defecto alegado en el escrito inicial. Para evidenciar lo anterior, examinará de
manera individual cada una de las decisiones citadas por el accionante, con el fin de
precisar el problema jurídico que abordaron:

(i) Sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 50001-23-33-000-2019-00031-01
(5131-2022): Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A3.

En esa oportunidad el recurso de apelación giró en torno a que la mora en el pago
de las cesantías se dio hasta el 27 de noviembre de 2017 y no hasta el 4 de marzo
de 2018, por no ser de resorte del fondo la fecha en la que la docente cobró los
dineros puestos a disposición.

En el acápite «Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción
moratoria», precisó que con la expedición de la Ley 1955 de 2019, se introdujeron
importantes modificaciones con relación a la responsabilidad de las entidades que
conforman el sistema para el reconocimiento y pago de las cesantías a los
docentes, al punto que se determinó que los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, solamente pueden destinarse al pago de las
prestaciones, pero no al pago de sanciones económicas, ni por vía judicial ni
administrativa, lo que incluye la sanción por mora.

Sobre el mismo punto puso de presente que, respecto de la sanción por mora al
fondo, se dispuso un parágrafo transitorio con el cual se autorizó al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para expedir títulos de tesorería, que garantizara el
pago de las sanciones moratorias a su cargo, causadas a diciembre de 2019, plazo
que se extendió a diciembre de 2022 por disposición de la Ley 2294 de 2023. De
modo que dichos títulos están destinados únicamente a cubrir la obligación que se
genere a su cargo por la mora en el pago de cesantías.

El problema jurídico lo resolvió, en el sentido de precisar que el FOMAG incurrió
únicamente en 4 días de mora.

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M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: Álvaro Vargas Ríos

Sin embargo, no analizó la integración del extremo pasivo del medio de control ni
la legitimación de los demandados frente a la fuente de los recursos con los que
debía cubrirse la sanción, que fue precisamente el fundamento de la decisión acá
atacada. En consecuencia, esta providencia no contiene una regla de decisión que
controvierta la ratio de la sentencia cuestionada.

(ii) Sentencia del 7 de abril de 2025, exp. 17001-23-33-000-2021-00205-01 (3541-
2022), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4.

En este caso, la Subsección resolvió el recurso de apelación que el FOMAG
formuló contra la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que impuso el
pago de la sanción moratoria, con el argumento de que: (i) los 70 días con que
contaba la administración para el reconocimiento y pago vencieron el 3 de junio de
2020, de modo que la mora se causó desde el «04 de junio de 2020 hasta […] el
día 14 de Julio de 2020», que fue la fecha en la que estuvieron disponibles los
dineros a favor de la docente y, (ii) según los lineamientos del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019 no correspondía al Fomag responder por el pago de la sanción
moratoria generada en el año 2020, pues su responsabilidad al respecto solo
comprende hasta el año 2019 y el pago extemporáneo surgió del incumplimiento
de los plazos a cargo de la Secretaría de Educación territorial, de modo que es
esta la que debía pagar la sanción moratoria.

Al respecto, concluyó que no prosperaba la proposición del recurrente según la
cual la responsabilidad de la condena solo debe recaer en la autoridad territorial,
pues se demostró que el actuar de esta fue oportuno, razón por la cual la entidad
responsable de pagar la penalidad es aquella que causó la tardanza en
desembolsar el dinero de la prestación toda vez que el incumplimiento ocurrió
durante esta gestión, esto es, a cargo del FOMAG.

Sin embargo, la providencia no hizo alguna referencia en relación con la
legitimación o competencia de la Fiduprevisora S.A. para pagar la condena, en el
entendido que ese debate no fue puesto a consideración por alguna de las partes.

(iii) Sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 47001-23-33-000-2021-00388-01 (6065-
2022), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A5.

En este expediente la Corporación planteó como problema jurídico, el consistente
en determinar si la sanción moratoria reconocida debía ser pagada en su totalidad
por el FOMAG o si, con fundamento en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, debía
asumirse de manera proporcional por la entidad territorial.

Para resolverlo, verificó la conducta de la entidad territorial y constató que expidió
y notificó el acto de reconocimiento dentro de los quince días siguientes a la
radicación de la petición, por lo que su gestión fue oportuna. Concluyó entonces
que «el pago de la sanción moratoria en este caso correspondía exclusivamente al
Fomag» y que no prosperaba la pretensión del recurrente de trasladar la
responsabilidad al departamento del Magdalena.

El examen, en consecuencia, se circunscribió a repartir la carga de la sanción entre
el ente territorial y el Fondo según la fase del retardo, sin abordar la legitimación

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M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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en la causa por pasiva ni la necesidad de vincular a la sociedad fiduciaria como
demandada. Luego, el problema jurídico fue distinto del decidido por la autoridad
judicial acá demandada y, por lo tanto, no resulta aplicable como precedente.

(iv) Sentencia del 27 de junio de 2025, exp. 08001-23-33-000-2020-00112-01 (1208-
2024), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B6.

En esta providencia se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico
que ordenó el pago de la sanción moratoria por el retardo en el trámite de las
cesantías solicitadas en vigencia de la Ley 1955 de 2019. La Corporación precisó
que el FOMAG y la entidad territorial intervienen conjuntamente en el trámite de
reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes oficiales, y que «al Fomag
le corresponde el pago [de] las prestaciones sociales que son reconocidas a los
docentes oficiales», razón por la cual afirmó que «es claro que el Fomag es sujeto
de obligaciones frente al pago de las cesantías de los docentes oficiales, razón por
la cual se encuentra legitimado en la causa por pasiva para cumplir la orden
judicial».

Conviene detenerse en esta sentencia, pues es la única que emplea la expresión
«legitimación en la causa por pasiva». No obstante, su lectura íntegra revela que
tal legitimación se predicó del FOMAG en cuanto entidad obligada al pago de las
prestaciones sociales y, en ese contexto, a reconocer y pagar las cesantías
parciales bajo el régimen de retroactividad, que era la materia del litigio. No se
examinó allí la cuestión que sustentó la decisión atacada, esto es, si la sanción
moratoria, en cuanto debe cubrirse con patrimonio propio de la sociedad fiduciaria
por prohibición legal de afectar los recursos del Fondo, exige la vinculación de
aquella como demandada.

La coincidencia terminológica no implica, por tanto, identidad en el problema
jurídico, de modo que esta providencia tampoco constituye precedente vinculante
sobre lo resuelto por la autoridad judicial demandada.

(v) Sentencia del 3 de julio de 2025, exp. 66001-23-33-000-2022-00023-01 (1043-
2024), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B7.

En este pronunciamiento, la Subsección B se ocupó del procedimiento legal y
reglamentario para el reconocimiento y pago de las cesantías del magisterio y del
régimen de responsabilidad por la sanción moratoria introducido por el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019 y su parágrafo transitorio, modificado por la Ley 2294 de
2023. La Corporación reiteró que el legislador fijó términos perentorios para
resolver las solicitudes de cesantías, a cargo de las secretarías de educación
territoriales y del Fondo, y precisó la forma en que se distribuye la responsabilidad
según la entidad que incumpla los plazos a su cargo.

Determinó que ante las modificaciones sustanciales en relación con la
competencia para el reconocimiento y pago de las cesantías y la sanción
moratoria, el departamento de Risaralda es responsable del «pago» de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías, pues para la fecha en que atendió y
remitió el correspondiente trámite ante la Fiduprevisora S.A., ya había excedido
los plazos con los que contaba para ello, mientras que esta última entidad procedió
con el pago dentro de los 45 días hábiles que le otorga la ley.

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M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
7
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Demandante: Álvaro Vargas Ríos

El análisis, en consecuencia, se orientó a establecer las reglas de imputación de
la mora entre las entidades intervinientes en el trámite, sin pronunciarse sobre la
legitimación de los demandados ni sobre la integración del contradictorio frente a
la entidad que debe responder con recursos propios. Por tratarse de un problema
jurídico ajeno al decidido por la autoridad judicial demandada, no es aplicable como
precedente.

(vi) Sentencia del 24 de julio de 2025, exp. 47001-23-33-000-2022-00071-01,
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A8.

En esta providencia la Subsección confirmó la condena impuesta al FOMAG por
la sanción moratoria, para lo cual analizó el alcance del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019 y concluyó que, a partir de su entrada en vigencia, «se trasladó a las
entidades territoriales la carga de pagar la sanción moratoria cuando la demora en
el pago del auxilio de cesantías sea atribuible a ellas».

En el caso concreto, la Corporación constató que el retardo no obedeció a la
gestión del ente territorial, sino a la falta de diligencia de la propia fiduciaria, que
no actuó de manera oportuna pese a contar con la resolución de reconocimiento,
por lo que confirmó la responsabilidad del Fondo. El problema jurídico resuelto fue,
de nuevo, el de la imputación de la mora según la conducta de cada entidad en el
trámite, y no el de la legitimación en la causa por pasiva ni el de la vinculación
necesaria de la sociedad fiduciaria al proceso. Por consiguiente, esta decisión
tampoco controvierte la razón que fundó la providencia cuestionada.

De acuerdo con el desarrollo de los casos citados como precedente desconocido, la
Sala observa que las providencias invocadas por el accionante no resultan aplicables
al presente asunto, pues no contienen una regla de decisión que controvierta la ratio
decidendi de la sentencia cuestionada.

Sobre el particular, la Sala encuentra que todas ellas se ocuparon de un problema
jurídico distinto, consistente en determinar a cuál entidad debía imputarse la sanción
moratoria según la etapa del trámite en que se produjo el retardo, esto es, si
correspondía al ente territorial cuando la demora se originaba en la fase de
reconocimiento, o al FOMAG cuando aquel actuaba de forma oportuna y el retraso
ocurría en la fase de pago.

Ese, sin embargo, no fue el punto que resolvió el Tribunal Administrativo del Quindío,
como quedó expuesto, en el caso objeto de estudio dicha autoridad no controvirtió que
la mora se produjo en la etapa de desembolso ni que no era atribuible al ente territorial;
su decisión se fundó en un aspecto diferente, relativo a la falta de legitimación en la
causa por pasiva de los demandados y a la ausencia de vinculación de la entidad que,
conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, debía responder con recursos
propios por la sanción, esto es, la Fiduprevisora S.A.

De ahí que no exista identidad fáctica y jurídica que permita predicar la existencia de
un precedente vinculante aplicable al caso objeto de estudio y que permita llegar a la
conclusión que se desconoció una postura pacífica, reiterada y uniforme del Consejo
de Estado, en tanto el estudio desplegado en cada uno difiere sustancialmente del
fundamento de la decisión que se cuestiona mediante el ejercicio de la presente acción
de tutela.

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M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Álvaro Vargas Ríos

En este orden de ideas, para que se configure el defecto por desconocimiento del
precedente judicial no basta con que el accionante aporte decisiones del órgano de
cierre que le resulten favorables; es necesario que tales providencias contengan una
regla de decisión aplicable a un caso análogo, esto es, que hayan resuelto un
problema jurídico semejante al que abordó la autoridad accionada. Solo bajo ese
presupuesto puede exigirse al juez que las siga o que justifique su apartamiento con
la carga argumentativa de transparencia y suficiencia a la que alude la jurisprudencia
constitucional.

En el presente asunto, como se vio, las providencias invocadas resolvieron un
problema jurídico distinto del decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío, de
modo que no constituían precedente vinculante sobre lo efectivamente resuelto y mal
podía predicarse su desconocimiento.

Por consiguiente, la Sala concluye que no se acreditó desconocimiento del precedente
judicial alegado por el accionante y, dado que no existen otros cargos o defectos
invocados en la demanda de tutela, en el presente asunto corresponde negar las
pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Álvaro Vargas Ríos contra
el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Álvaro Vargas
Ríos contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, acorde
con las consideraciones expuestas.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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