Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2022-00071-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2022-00071-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2022-00071-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47-001-2333-000-2022-00071-01 (1100-2025)
Demandante: Rosmery Acosta Caballero
Demandada: Nación Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y el
departamento de Magdalena
Tema: Sanción moratoria cesantías parciales. Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Rosmery Acosta Caballero en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló las siguientes:
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PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: No.
20211090936051 expedido por la Fiduciaria la Previsora, el 29 de abril de 2021. No.
MAG2021EE006933 de 14 de mayo de 2021 y anexo del 21 de junio de 2021,
expedidos por la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena.
Además, la nulidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo negativo,
frente al derecho de petición presentado el 4 de mayo de 2021, expedido por el
Ministerio de Educación Nacional.
Que, a título de restablecimiento del derecho, la Nación- Ministerio de Educación
Nacional- Fiduciaria La Previsora- FOMAG y la Secretaría de Educación del
departamento del Magdalena, reconozcan y ordenen el pago indexado de la sanción
moratoria, desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 23 de febrero de 2021, teniendo
como total de días en mora 493, la suma diaria de $121.398 (ciento veintiún mil
trescientos noventa y ocho pesos m/cte), para un total de $59.849.000 (cincuenta y
nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos m/l).
Que se condene en costas a las entidades demandadas.
HECHOS
Que en su calidad de docente el 9 de julio de 2019 presentó solicitud1 de retiro
parcial de cesantías ante la Secretaría de Educación del Magdalena y el 11 de julio
de 2019, la entidad expidió resolución reconociendo el derecho solicitado.
Que el pago de las cesantías debió haberse realizado el 18 de octubre de 2019. Sin
embargo, el desembolso se efectuó el 24 de febrero de 2021, por lo que interpuso
derecho de petición ante la Secretaría de Educación departamental del Magdalena,
el Ministerio de Educación, FOMAG y Fiduprevisora, solicitando el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria.
Que el Ministerio de Educación Nacional no dio respuesta a la solicitud, la Secretaría
de Educación del Magdalena, mediante oficio del 14 de mayo de 2021 informó que
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radicó la solicitud en la plataforma de Fiduprevisora, según lineamientos de
comunicados internos y mediante correo del 21 de junio de 2021, señaló que se
abstendría de pagar cualquier valor por sanción moratoria hasta que fuera
reglamentado lo dispuesto en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
Que la Fiduciaria La Previsora S.A., mediante oficio del 29 de abril de 2021,
manifestó que, conforme a la Ley 1955 de 2019, solo tenía autorización para pagar
sanciones por mora causadas hasta el 31 de diciembre de 2019, y que no tenía
competencia legal para reconocer las generadas posteriormente.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 16 de junio de 2022 se admitió la demanda2. La Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se
opuso a las pretensiones3 y argumentó no ser la entidad a la que le corresponde
asumir el pago de la sanción moratoria.
Expresó que la mora se causó así: la solicitud de cesantías fue radicada el 9 de julio
de 2019, el acto administrativo que las reconoció se expidió el 11 de julio del mismo
año y fue notificado el 30 de julio. La entidad territorial efectuó un primer envío del
acto administrativo de reconocimiento de las cesantías el 1° de agosto, que fue
devuelto con la anotación de que en el cálculo del valor disponible para cesantías
de la demandante se habían desconocido dos anticipos, el primero de fecha 17 de
agosto de 2011 y el segundo de fecha 28 de diciembre de 2015. El 2 de diciembre
de 2019 el ente territorial envía nuevamente el acto administrativo para aprobación.
Que, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 20194, la responsabilidad por la
sanción moratoria en esos casos recae en las entidades territoriales,
particularmente en la Secretaría de Educación respectiva.
Propuso las siguientes excepciones: legitimación exclusiva en la causa por pasiva,
cobro indebido de la sanción moratoria, inexistencia actual de la obligación y cobro
de lo no debido, improcedencia de la indexación de la sanción moratoria e
improcedencia de la condena en costas.
2 Actuación visible a índice 3 de la plataforma SAMAI
3 Actuación visible a índice 10 de la plataforma SAMAI
4 Por el cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la equidad
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El 27 de septiembre de 2023 se fijó el litigio, el 18 de abril de 2024, se corrió traslado
a las partes y al Ministerio Público para que se pronunciaran conforme a lo previsto
en la ley.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 26 de junio de
2024 concluyó que, entre el 19 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2021 se
generó la sanción moratoria reclamada.
Que el Departamento del Magdalena – Secretaría de Educación Departamental
expidió el acto administrativo dentro del término, por lo que no incurrió en la mora
que se le atribuye por parte del FOMAG.
Que, aunque el Ministerio de Educación y el FOMAG señalaron que el acto
administrativo que reconocía las cesantías parciales a la docente fue inicialmente
devuelto por observaciones técnicas, el pago sí se realizó con base en el acto
administrativo original del 11 de julio de 2019 (Resolución 1749), y no existe en el
expediente una nueva resolución que lo haya modificado formalmente. Es decir,
aunque existieron observaciones, no se probó que se hubiera corregido o
reemplazado el acto original y conforme al parágrafo transitorio del artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019, la mora se causó desde 2019, siendo el FOMAG el obligado al
pago de la sanción.
Precisó que la sanción moratoria, al ser de naturaleza punitiva y no salarial, no es
susceptible de indexación; sin embargo, aplicó el ajuste de la condena conforme al
artículo 187 del CPACA, desde el día siguiente a la cesación de la mora hasta la
ejecutoria de la sentencia.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación5 en el que expresó que el
Tribunal desconoció lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el cual
establece que, si la mora se produce a partir del año 2020, la responsabilidad del
pago de la sanción moratoria recae exclusivamente en la entidad territorial que
causó el retraso, en este caso, la Secretaría de Educación.
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Que, aunque el FOMAG ha reconocido sanciones moratorias causadas hasta el
2019, no debe seguir asumiendo cargas generadas por errores de las entidades
territoriales por razones de sostenibilidad financiera.
Expresó que la Ley 1071 de 2006 establece un plazo total de 70 días hábiles para
el trámite de cesantías, tras el cual se causa la sanción moratoria, pero que, en este
caso, el expediente aclarado y sin errores fue recibido el 17 de febrero de 2021 y el
pago se efectuó en el plazo legal, por lo cual no hubo mora atribuible al FOMAG.
Insistió en que según el procedimiento del Decreto 1272 de 2018, es la Secretaría
de Educación la encargada de emitir los actos administrativos y remitirlos
debidamente aprobados a Fiduprevisora, quien solo puede revisar y pagar, por lo
que la demora fue atribuible a errores del ente territorial en la elaboración del acto
administrativo, solicita revocar la sentencia de primera instancia.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 30 de febrero de 2025 se admitió el recurso. Las partes guardaron silencio, el 16
de junio de 2025 el Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó confirmar la
providencia.
Por tanto, se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Dado que el recurso de apelación presentado por la parte demandada se limitó a
cuestionar a quién le corresponde la responsabilidad por el pago de la sanción
moratoria, sin controvertir otros aspectos de la decisión judicial, el problema jurídico
se resume en determinar (i) si la Nación - Ministerio de Educación — Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio debe ser la destinataria de la condena
impuesta por sanción moratoria o si es la entidad territorial la encargada de dicho
pago
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Reconocimiento de las cesantías en el sector docente.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado por la Ley 91
de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
pero sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta.
La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Veamos:
«(…) ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de
la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen
con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos
formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán
imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las
cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El
personal que se vincule en adelante deberá cumplir todos los requisitos de
afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.
ARTÍCULO 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
tendrá los siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.»
En el artículo 9º de la norma en cita se estableció que las prestaciones sociales
pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serían
reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función
que se delegaría de tal manera que fuera realizada por las entidades territoriales,
situación que fue reiterada en el artículo 180 de la Ley 115 de 1994 y en el numeral
3° del artículo 15 de la misma norma se reguló sobre las cesantías y la aplicación
del régimen prestacional para los docentes, así:
«(…) 3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
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auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional».
A su turno, la Ley 962 de 2005, en su artículo 56 estableció algunas directrices
generales para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:
«ARTÍCULO 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por
el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de
quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de
Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se
encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se
hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la
entidad territorial.»
El decreto en cita fue reglamentado por el Decreto 2831 de 20056, que estableció el
procedimiento para reconocer las prestaciones económicas a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señalando que una vez
presentada la solicitud ante la Secretaría de Educación, ésta debía elaborar el
proyecto de acto administrativo para remitirlo a la entidad fiduciaria, que a su turno
se ocuparía de impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones en
que se sustentara su decisión de no hacerlo e informar de ello a la secretaría de
educación.
6 Cuyas normas fueron recopiladas por el Decreto 1075 de 2015, especialmente en los artículos 2.4.4.2.3.2.1,
2.4.4.2.3.2.2, 2.4.4.2.3.2.3 y 2.4.4.2.3.2.
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Luego, una vez aprobado el proyecto de resolución por parte de la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, debía ser suscrito por el
secretario de educación del ente territorial certificado, quien se encargaría de su
notificación. Por último, el acto administrativo de reconocimiento debía remitirse a
la sociedad fiduciaria junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos
del pago.
Hasta este punto, no quedaban dudas que aun cuando la gestión de las solicitudes
relacionadas con las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se efectúa a través de las secretarías de
educación de las entidades territoriales, lo cierto es que éstas actúan en
representación de la Nación, entidad a la que corresponde la cuenta especial.
Posteriormente, se expidió7 la Ley 1955 de 2019, que en su Artículo 57 se ocupó de
regular de manera específica la responsabilidad de los entes territoriales en materia
de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, así:
«ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de
1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la
entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del
proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que
llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo
deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia
en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con
excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el
pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.
7 Norma que empezó a regir el 25 de mayo de 2019, como en efecto se dispuso en su Artículo 336 “VIGENCIAS
Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias”
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Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo
podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas,
sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios.
No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o
administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción
por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por
parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de
las cesantías.»
La norma trascrita consagra la responsabilidad de las entidades territoriales frente
a la sanción moratoria en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de las
cesantías se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación o entrega de la solicitud por parte de la Secretaría de Educación
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por lo que debe concluirse que antes de la Ley 1955 de 2019 la sanción moratoria
causada por el retardo en el pago de las cesantías parciales o definitivas estaba
radicado en cabeza del FOMAG. De esta manera, no era un imperativo legal
establecer o determinar dilaciones respecto de la entidad territorial interviniente en
el trámite administrativo, para decidir sobre quien recaía el pago de esta sanción.
Con la entrada en vigor de la norma citada se torna necesario verificar si la entidad
territorial incumplió los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud
de pago de cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;
evento en el cual el ente territorial se erige, entonces, como responsable del pago
de la sanción.
Razonamiento bajo el cual forzoso es concluir que, a partir del 25 de mayo de 2019
fecha en que entró en vigor la Ley 1955 de 2019, se trasladó a las entidades
territoriales la carga de pagar la sanción moratoria cuando la demora en el pago del
auxilio de cesantías sea atribuible a ellas.
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Resolución al caso concreto
Conforme al Decreto 1272 de 2018, dentro del ámbito de sus funciones, las
Secretarías de Educación deben recibir y registrar las solicitudes relacionadas con
el reconocimiento de derechos prestacionales, emitir a favor de la sociedad
fiduciaria la certificación correspondiente al tiempo laborado y al régimen aplicable
del educador, cargar en el sistema el respectivo proyecto de resolución para su
verificación por parte de la fiduciaria, y finalmente, firmar el acto mediante el cual se
efectúa el reconocimiento económico. A partir de lo anterior, se concluye que, en
esta situación particular, no le asiste responsabilidad a la entidad territorial por el
retraso en el trámite, dado que no se expidió el acto de reconocimiento fuera del
término legal y cumplió oportunamente con las actuaciones que le competen,
veamos:
La solicitud de cesantías se realizó el 9 de julio de 2019, la Resolución 001746
emitida por la Secretaría de Educación departamental del Magdalena que concedió
dichas cesantías fue expedida el 11 de julio de 2019, esto es, 2 días después de la
solicitud.
La notificación8 de la Resolución 001746 se realizó de manera personal el día 30 de
julio de 2019, en esta se renunció a términos. Al respecto, en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-012-189 se ha determinado que cuando el peticionario
renuncia expresamente a los términos de notificación y de ejecutoria, como sucedió
en este caso, los 45 días para que se produzca el pago de la cesantía reconocida,
corren a partir del día siguiente en que se renuncia a los términos de notificación y
ejecutoria; entonces, los 45 días se cuentan a partir del 31 de julio de 2019 y hasta
el 3 de octubre de 2019.
Ahora, si bien en la hoja de devolución10 que presenta el FOMAG como prueba para
determinar mora en cabeza de la entidad territorial, se señala que el acto
administrativo fue remitido el 1° de agosto de 2019 y devuelto debido a que la
Secretaría de Educación omitió considerar dos anticipos previamente reconocidos
a la demandante, conforme se evidencia en el mismo documento; dicho análisis fue
8 Actuación visible a índice 0001 (página 17 de demanda) de la plataforma SAMAI
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de julio de 2018. Exp. 73001-23-33-
000-2014-00580-01 (4961-2015) CE-SUJ2-012-18
10 Actuación visible a índice 10 de la plataforma SAMAI. Gestión en otras corporaciones. Archivo denominado
31_MEMORIALALDESPACHO_17ANEXO06HOJAREVIS(.pdf) NroActua 10
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efectuado el 1° de octubre de 2019, es decir, dos meses después de haber sido
recibida la resolución emitida por aquella y dos días antes de la fecha límite de pago,
por cuanto se evidencia que el FOMAG no actuó con la debida diligencia, pues, a
pesar de contar con la resolución, no procedió de manera oportuna y eficiente con
el estudio correspondiente.
Adicional a lo anterior, el monto puesto a disposición de la parte demandante el 19
de febrero de 2021 tiene como fundamento la Resolución 001746 del 11 de julio de
2019, tal como lo indica el comprobante de “certificado de pago de cesantía”
adjuntado por la parte demandada como anexo en la contestación de demanda.
En consecuencia, no encuentra justificación esta Sala para que, habiéndose
advertido una posible inconsistencia derivada del desconocimiento de dos anticipos
a la actora, se haya procedido a efectuar consignación, sin que conste en el
expediente digital una modificación formal del acto administrativo original o la
expedición de una nueva resolución que subsane dicha situación; y en esas
condiciones, lo que se impone es confirmar la sentencia impugnada.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202118 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte actora en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto, por el contrario, manifestó argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRRE
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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