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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07894-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07894-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07894-00 eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07894-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de marzo de 2026

Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional-Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07894-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07894-00
Demandante: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Por escrito radicado el 10 de diciembre de 2025, la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Nación-
Fomag), mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, con el fin de que se
le aplique el principio de legalidad del gasto público y protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
1º de septiembre de 2025 proferida por la autoridad judicial en mención, que
modificó el fallo del 23 de abril de 2025, que había accedido a las pretensiones para
precisar que la Nación-Fomag sería la responsable de reconocer y pagar a la señora
Yudiza Edith Murillo Mosquera la sanción moratoria de que trata el artículo 5º de la
Ley 1071 de 2006, por el interregno comprendido entre el 14 de febrero y el 26 de
marzo de 2023. Todo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-33-33-001-2024-00096-00/01 promovido por la antes
nombrada contra Nación-Fomag y la Secretaría de Educación del Distrito de

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional-Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07894-00

Santiago de Cali.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR los derechos fundamentales derecho al debido proceso, derecho a la
defensa y contradicción, derecho a la igualdad y principio de legalidad del gasto público
responsabilidad fiscal de mi representada.

2. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales expuestos.

3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA del PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE de
DOS MIL VEINTICINCO (2025) y notificada el 24 de septiembre en el trámite del medio
de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por YUDIZA EDITH
MURILLO MOSQUERA contra NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-
FIDUPREVISORA S.A- EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI,
(expediente: 76001333300120240009601), mediante la cual se resolvió el recurso de
apelación, el cual modificó y revocó la sentencia de primera instancia proferida por
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali el 23 de abril de 2025.

4. En su lugar, se ordene a la autoridad a expedir una decisión de reemplazo que se
ajuste al ordenamiento jurídico vigente que absuelva a LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por la tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:

Relató que la docente Yudiza Edith Murillo Mosquera solicitó a la Secretaría de
Educación del Distrito de Santiago de Cali el reconocimiento de las cesantías
parciales, requerimiento que se identificó con el radicado
CALI20221115VN5049924910 del 15 de noviembre de 2022.

Señaló que la aludida entidad dispuso el reconocimiento perseguido, a través de la
Resolución 2022000194 del 22 de noviembre de 2022. Añadió que, posteriormente,
la Fiduciaria La Previsora S.A. (en adelante Fiduprevisora S.A.), en calidad de
vocera y administradora de la cuenta especial de la Nación-Fomag, realizó el pago
de la prestación económica el 27 de marzo de 2023.

Enfatizó que la señora Murillo Mosquera pidió el reconocimiento de la sanción
moratoria ante la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali y la
Nación-Fomag, el 23 de noviembre de 2023. Requerimientos que fueron negados,
en su orden, por el Oficio 4143.020.13.1.953.005185 del 20 de diciembre de 2023 y
el acto ficto negativo configurado el 27 de febrero de 2024.

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Reseñó que la antes nombrada acudió a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Cali; instancia que, mediante sentencia del 23 de abril de 2025, (i) condenó a la
Fiduprevisora S.A. a reconocer y pagar la sanción moratoria que trata el artículo 5
de la ley 1071 de 2006, por el período comprendido entre el 14 de febrero y el 26
de marzo de 2023; y (ii) denegó las pretensiones en relación con la Nación-Fomag.

Precisó que la anterior decisión fue apelada por la Fiduprevisora S.A., porque la
mora establecida no le era atribuible y el reconocimiento efectuado, en todo caso,
debía ser sufragado con títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y no con sus recursos.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del fallo del 1º de
septiembre de 2025, modificó lo resuelto por el a quo para condenar a la Nación-
Fomag, conforme lo prevé la Ley 91 de 1989.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Estimó que la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, incurrió en defecto sustantivo, pues no tuvo en cuenta que el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 desplaza, en los eventos de incumplimiento
comprobado, el pago de la sanción moratoria a las entidades territoriales y/o a la
Fiduprevisora S.A.

Explicó que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019, se deben verificar
las gestiones adelantadas por las entidades territoriales y/o la Fiduprevisora S.A.
para definir si son responsables o no del pago de la penalidad aludida.

Adujó que la autoridad judicial accionada erró porque, pese a que en primera
instancia se estableció que la mora le era atribuible a la Fiduprevisora S.A., condenó
a la Nación-Fomag, con lo cual se le abrogó una obligación que no le corresponde
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia imperantes.

Iteró que el tribunal ignoró que:

o El pago fue puesto a disposición en diciembre de 2022;
o No existía mora en cabeza del FOMAG;
o La sanción moratoria por hechos posteriores a 2022 no puede imponerse al FOMAG
conforme al art. 57 de la Ley 1955 de 2019 y su modificación por el art. 324 de la Ley
2294 de 2023;
o No existe apropiación presupuestal ni habilitación legal para destinar recursos del
Fondo al pago de sanciones.

Aseveró que la sentencia cuestionada constituye una vía de hecho que compromete
recursos públicos que no están destinados al pago de la sanción moratoria y vulnera
sus derechos fundamentales invocados, en la medida en que no existió tardanza en
el pago de las cesantías parciales.

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Insistió en que, conforme al parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, las
entidades territoriales y la Fiduprevisora S.A. serán responsables del pago de la
sanción por mora en los casos en que el incumplimiento les sea atribuible. Por lo
que la Nación-Fomag, en estos eventos, «será responsable únicamente del pago
de las cesantías».

Subrayó que los recursos del fondo solo pueden destinarse para garantizar el pago
de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales de sus afiliados docentes,
pensionados y beneficiarios.

Puso de relieve que el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, modificó el parágrafo
del artículo 57 aludido, en los siguientes términos:

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a
diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación,
las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag
efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.

Consideró que, conforme a lo esbozado, resulta claro que, a partir del año 2023, no
existe para la Nación-Fomag norma jurídica que le asigne el pago de la sanción
moratoria y, por ende, las partidas presupuestales necesarias para cubrir esa
penalidad.

Aseveró que, en todo caso, no se puede soslayar que no existió la mora en el trámite
de reconocimiento y pago de las cesantías parciales, si se atiende que los dineros
por concepto de cesantías reconocidos mediante Resolución 2022000194 del 22 de
noviembre de 2022, fueron puestos a disposición de la beneficiaria el 16 de
diciembre de 2022, tal como consta en el certificado de pago expedido por la
Fiduprevisora S.A.

Detalló que el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 establece que la entidad pagadora
dispone de 45 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo,
para efectuar la cancelación de las cesantías. En el caso concreto, los términos
transcurrieron, así:

1. Fecha de solicitud de las cesantías a la secretaría de educación: 15 de noviembre
del 2022 de acuerdo con lo evidenciado en el aplicativo HUMANO FOMAG

2. Expedición del administrativo: 22 de noviembre del 2022

3. Pago de la cesantía por Fiduprevisora S.A: 16 de diciembre del 2022

1.5. Trámite e intervenciones

Mediante auto del 29 de enero de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión.

Así mismo, se ordenó vincular al juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de

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Cali, a la señora Yudiza Edith Murillo Mosquera, al director de Procesos Judiciales
y Administrativos de la Fiduprevisora S.A. y al alcalde del Distrito Especial de
Santiago de Cali, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
respuestas:

1.5.1 El Departamento del Valle del Cauca indicó que no tiene legitimación en la
causa por pasiva, como quiera que «posiblemente el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN es quién tiene que
entrar a desvirtuar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
enjuiciados».

1.5.2 El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali remitió link
del expediente con radicado 76001-33-33-001-2024-00096-00 y señaló que no ha
amenazado o vulnerado los derechos fundamentales invocados.

1.5.3 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afirmó que la Nación-Fomag
no fundamentó en debida forma el juicio de relevancia constitucional, en la medida
en que no cumplió con la carga argumentativa de señalar y abordar el defecto que
se le atribuye a la sentencia cuestionada.

Evidenció que la tutelante no apeló la decisión de primera instancia del proceso
ordinario.

1.5.4 La señora Yudiza Edith Murillo Mosquera manifestó que la Nación-Fomag
«pretende reabrir un debate zanjado en sede ordinaria en el cual no ejerció una
adecuada defensa de sus intereses, al no cumplir con la carga mínima de
controvertir los hechos de la demanda ni desvirtuar los medios de prueba
aportados». De ahí que este mecanismo no cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional.

Puntualizó que, en todo caso, no se configura un defecto fáctico, si se atiende que
la Nación-Fomag (i) no allegó en la contestación de la demanda la certificación
5049924910 con la que pretende evidenciar que el pago de las cesantías parciales
se materializó el 16 de diciembre de 2022 y no el 24 de marzo de 2023; (ii) aceptó
el hecho séptimo del escrito inicial del proceso ordinario, en el que se dijo que el
desembolso del auxilio económico se realizó el día 24 de marzo de 2023; (iii) no
controvirtió la autenticidad ni la validez de la constancia de cancelación que aportó
y, (iv) no justificó la razón por la que no allegó, en oportunidad, una prueba que
considera relevante.

Enfatizó que, en ese orden, resulta evidente que el juicio valorativo que efectuó el
tribunal accionado no fue arbitrario ni injustificado, máxime cuando lo decidido es
concordante con la jurisprudencia del Consejo de Estado y no partió de una lectura
caprichosa de la norma aplicable.

Mostró que el tribunal accionado abordó el tema de la responsabilidad de las
entidades territoriales bajo la vigencia de la Ley 1955 de 2019, conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación. De ahí que su decisión de condenar a la Nación-

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Fomag está en sintonía con el precedente vertical rector.

Describió que el Consejo de Estado, Sección Segunda1, determinó que la Nación-
Fomag tiene a cargo, por regla general, el pago de las prestaciones sociales de los
docentes, conforme al ordinal 1º del artículo 5º de la Ley 91 de 1989 y reconoce, sin
excepción, el pago de la sanción moratoria con cargo a sus recursos, en vigencia
del artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 1075 de 2015, modificado por
el Decreto 1272 de 2018. Empero, con la entrada en vigor del artículo 57 de la ley
1955 de 2019, la entidad territorial que genere mora es responsable del pago de la
referida penalidad.

Detalló que, por lo anterior, es importante considerar la fecha de inicio del trámite
de reconocimiento de las cesantías parciales y analizar la conducta desplegada por
las entidades territoriales. En lo relevante, transcribió, entre otros, el siguiente
pronunciamiento:

En ese orden de ideas, se debe considerar que el inicio del trámite del reconocimiento
de las cesantías parciales de la actora ocurrió el 26 de febrero de 2020, es decir, en
vigencia de la Ley 1955 de 2019; por lo tanto, a efectos de determinar si la entidad
territorial es responsable del pago de la sanción moratoria es necesario analizar la
conducta que desarrolló. Ahora bien, como la mencionada ley no fijó la forma y términos
en los que se debe surtir el trámite para el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, debe acudirse a lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018, que regía en el
“Reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio”, procedimiento que se resume de la siguiente
manera:

«1. Presentación de la solicitud.

2. A los 5 días hábiles siguientes, la entidad territorial certificada de educación debe
elaborar el proyecto de acto administrativo que resuelva el requerimiento y “subir y
remitir a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto
administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea
revisado por la fiduciaria”.

3. En este mismo término, 5 días hábiles, la sociedad fiduciaria deberá impartir su
aprobación o desaprobación y “digitalizar y remitir a la entidad territorial certificada
en educación la decisión adoptada, a través de la plataforma dispuesta para tal fin”.

4. Si no hay objeciones, en el término de los 5 días siguientes, la entidad territorial
deberá expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la solicitud de
reconocimiento de cesantías y notificarlo.

5. Ejecutoriado el acto administrativo, “dentro de los 45 días hábiles siguientes a la
notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de
reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá
efectuar los pagos correspondientes”.

6. Si ello no ocurriere en ese término, se configura para el interesado el derecho a
reclamar el pago de la sanción moratoria.»

En este contexto, como se señaló anteriormente, la solicitud de reconocimiento y pago

1
Ver sentencias emitidas en los radicados 50001-23-33-000-2019-00031-01 (5131-2022), 17001-
23-33-000-2021-002025-01 (3541-2022), 47001-23-33-000-2021-00388-01 (6065-2022). 08001-23-
33-000-2020-00112-01 (1208-2024), 47001-23-33-000-2022-00071-01.

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Sala Segunda de Decisión
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de las cesantías tuvo lugar el 26 de febrero de 2020, la expedición del acto
administrativo fue el 14 de marzo de ese año y notificado el 16 de marzo siguiente,
fecha a partir de la cual se cuentan los 10 días para la ejecutoria del acto, los cuales
vencieron el 30 de abril de 2020; tal como se señaló en el párrafo 32, dicha gestión que
le correspondía a la entidad territorial fue oportuna. En efecto, el profesional
universitario del Fomag en el Oficio PS-243 del 22 de febrero de 2022 aseguró que el
día 29 de abril de 2020 fue remitido para el pago y «materialmente entregado a la
empleada de la firma de digitalización contratada para tales efectos por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (empleada Paula Muñoz) como
consta con su rúbrica en el documento» prueba que fue tenida en cuenta por el Tribunal
para endilgar responsabilidad exclusiva en el Fomag y en el recurso no se planteó
oposición alguna al respecto.

Lo anterior permite concluir que no prospera la proposición del recurrente [la Nación-
Fomag] según la cual la responsabilidad de la condena solo debe recaer en la autoridad
territorial, pues se demostró que el actuar de esta fue oportuno, razón por la cual la
entidad responsable de pagar la penalidad es aquella que causó la tardanza en
desembolsar el dinero de la prestación toda vez que el incumplimiento ocurrió durante
esta gestión.”2

Pidió, finalmente, que se declare la improcedencia de este mecanismo o, en su
defecto, se denieguen las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En el auto admisorio de este mecanismo no se ordenó vincular al Departamento del
Valle del Cauca; empero, esta autoridad intervino para poner de presente su falta
de legitimación en la causa por pasiva.

La sala no adoptará una decisión sobre el particular, en la medida en que dicho
departamento no fue llamado a participar en la acción de tutela de la referencia,
como tercero con interés y, por lo mismo, no está vinculado a la actuación.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la Nación-Fomag, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, la sala deberá establecer si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, desatendió
el principio de legalidad del gasto público y vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y a la igualdad de la accionante, con ocasión de la
sentencia del 1º de septiembre de 2025, proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-001-2024-00096-

2
Sentencia del 7 de abril de 2025, emitida dentro del radicado No. 17001-23-33-000-2021-002025-
01 (3541-2022).

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00/01.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso
concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

3 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional-Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07894-00

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la sala, la Nación-Fomag presentó acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque en la sentencia del 1º
de septiembre de 2025, la condenó a pagar una sanción moratoria que no le
correspondía, si se atiende el cambio normativo que operó con los artículos 57 de

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la Ley 1955 de 2019 y 324 de la Ley 2294 de 2023; y que, en definitiva, no hubo
mora en el pago de las cesantías parciales.

Para descender al caso concreto, se observa que el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Cali, mediante sentencia del 23 de abril de 2025, (i) condenó
a la Fiduprevisora S.A. a reconocer y pagar la sanción moratoria que trata el artículo
5 de la ley 1071 de 2006, por el período comprendido entre el 14 de febrero y el 26
de marzo de 2023; y (ii) denegó las pretensiones en relación con la Nación-Fomag.

La aludida fiduciaria apeló la anterior decisión, al considerar que, si bien es cierto
que realizó el pago de las cesantías parciales, en calidad de vocera y administradora
de la cuenta especial de la Nación-Fomag, también lo es que la mora no le es
imputable.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, a través
de la sentencia del 1º de septiembre de 2025, modificó lo decidido por el a quo para
condenar a la Nación-Fomag a reconocer y pagar a la señora Yudiza Edith Murillo
Mosquera la sanción moratoria en los términos fijados en la primera instancia.

Lo anterior, porque la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali
expidió y notificó el acto de reconocimiento de las cesantías parciales dentro del
término legal (23 de noviembre de 2022) y la Nación-Fomag efectuó el pago de ese
auxilio de forma extemporánea (27 de marzo de 2023). Situación que hace que deba
asumir la penalidad que se reclama, en atención a lo normado en la Ley 91 de 1983,
así:

Finalmente señalar, que en la sentencia de primera instancia la juez condenó a la
Fiduprevisora aspecto que desconoce que conforme a la ley 91 de 1989 el obligado al
pago de las prestaciones de los docentes oficiales es el Fomag, quien por carecer de
personería es responsable la nación, en la que la fiduciaria actúa como vocero,
patrimonio autónomo que administra los recursos conforme a contrato de fiducia y no
sería la llamada en estricto sentido a cumplir el fallo sino conforme a la aclaración en
este aspecto indicado en precedencia, por tanto, se modificará el numeral 2 de la
sentencia. Este aspecto, determina que debe revocarse el numeral tercero de la
sentencia.

En primer lugar, resulta pertinente señalar que la Corte Constitucional, en sentencia
SU-573 de 2019, precisó que el tema de la sanción moratoria «no reviste
trascendencia constitucional, pues la inconformidad de los tutelantes se restringe
al pago de un derecho patrimonial -accesorio a las cesantías- que no
representa prima facie una amenaza directa o indirecta de los derechos
fundamentales a la seguridad social, igualdad, seguridad jurídica y debido
proceso».

En segundo lugar, la sala encuentra que la inconformidad de la Nación-Fomag tiene
su génesis en un aspecto legal y económico por cuanto pretende que el juez de
tutela con fundamento en los artículos 57 de la Ley 1955 de 2019 y 324 de la Ley
2294 de 2023 determine que no está a cargo del pago de la sanción moratoria y,
por lo mismo, no debe ser condenada en los términos que dispuso el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión.

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Aspectos que, como se desprende del recuento efectuado, fueron abordados y
resueltos por la autoridad judicial accionada, en su sentencia del 1º de septiembre
de 2025.

En tercer lugar, también se advierte que la tutelante pretende la reapertura del
debate ordinario con interpretaciones y elementos de convicción que, en su sentir,
descartarían el incumplimiento de los términos fijados en la ley para el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales y, por ende, la procedencia de la
penalidad ordenada.

En otras palabras, lo que pretende es un estudio de la legalidad del fallo
cuestionado, el cual fue adoptado en el marco de los principios de autonomía e
independencia judicial y con fundamento en las pruebas regularmente aportadas y
la jurisprudencia que desarrolló el tema de la sanción moratoria en vigencia de las
Leyes 1955 de 2019 y 2294 de 2023.

Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación
iusfundamental alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la sentencia del 1º de
septiembre de 2025.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de una acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que el asunto: (i) gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal; (ii) es de índole pecuniario; (iii) busca reabrir el debate probatorio; y (iv) no
contiene una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela.

En tal medida, la Sala de decisión declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su

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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07894-00

eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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