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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00388-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00388-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 27 de abril de 2022, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, según lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO. En firme esta sentencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2021-00388-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra
Demandados: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1), Fiduprevisora S.A.
y departamento del Magdalena

Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
______________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fomag en contra de la sentencia
expedida el 27 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante
la cual accedió a las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que será
confirmada.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la
nulidad del acto ficto o presunto negativo que se configuró ante la falta de respuesta, por
parte del Fomag, frente a la petición formulada el 9 de abril de 2021 en la cual reclamó el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales,
en aplicación de lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006, así como también la nulidad del
oficio 20211090898971 del 27 de abril de 2021 mediante el cual la Fiduprevisora S.A.
respondió negativamente una petición con la misma pretensión.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a los demandados
reconocer y pagar el equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago
de las cesantías reconocidas en la Resolución 001921 del [30 de julio]2 de 2019, por el
lapso comprendido entre el 12 de noviembre de 2019 y el 25 de febrero de 2021, con la
indexación y los intereses moratorios a que haya lugar, que se imponga condena en
costas a la demandada y se le ordene dar cumplimiento a la sentencia conforme a los
artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3.

1 En adelante, Fomag.
2 Más adelante se hará precisión en torno a esta fecha.

3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

3. Argumentó que el 31 de julio de 2019 le solicitó al Fomag el reconocimiento y pago
de sus cesantías, las cuales se concedieron a través de la Resolución 001921 del 30 de
[julio]4 de 2019 y su pago se efectuó el 25 de febrero de 2021. Dicho reconocimiento debe
sujetarse a la Ley 1071 de 2006, en la que se establecieron los plazos para pagar
oportunamente esa prestación y se fijó una penalidad a cargo del empleador incumplido,
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, hasta cuando se haga efectivo el
pago. Como en su caso no se atendieron tales términos, el 9 de abril de 2021 radicó ante
las entidades demandadas solicitudes dirigidas a obtener la sanción moratoria pero no
fueron resueltas por parte del Fomag ni del departamento del Magdalena (Secretaría de
Educación). Empero, la Fiduprevisora S.A., sí resolvió de forma negativa a través de oficio
20211090898971 del 27 de abril de 2021.

Contestación de la demanda.

4. El departamento del Magdalena (Secretaría de Educación) se opuso a las
pretensiones de la demanda, alegando que en el sub examine actuó como intermediario
del Fomag, por lo que recibió y radicó la solicitud de la docente, elaboró y remitió el
proyecto de acto administrativo para la aprobación de la fiduciaria y le envió copia de
dicho acto para efectos del pago, de manera que si hubo una demora en el pago de la
cesantía que ocasionó la sanción moratoria corresponde al Fomag atender dicho pago.
En consecuencia, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

5. El Fomag también se opuso a la prosperidad de las pretensiones en el sentido de
señalar, por un lado, que el acto administrativo que reconoció las cesantías se expidió el
30 de julio de 2019, es decir, antes de la fecha en que se radicó la solicitud de retiro de
la prestación, lo que ocurrió el 31 de julio de 2019; por lo tanto, no concuerdan las fechas
lo que conlleva imprecisión para la liquidación de la sanción moratoria solicitada. Por otro
lado, adujo que no es responsable de la sanción que se hubiera causado con
posterioridad al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo
transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, y que, de ser procedente, solo le es
atribuible aquella generada en el año 2019.

6. Por último, se opuso a las pretensiones de indexación e intereses solicitados en la
demanda, instó a no condenar en costas y propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, ineptitud sustancial de la demanda por no demandar
el acto administrativo que resolvió su situación jurídica particular, ineptitud de la demanda
por falta de integración de litisconsorcio necesario, prescripción extintiva y cualquier otra
que se encuentre probada.

7. La Fiduprevisora S.A. se opuso a lo pedido en la demanda, para lo cual señaló que

4 Ver pie de página anterior.

2

Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

la demora en el pago de la prestación se debió a causas atribuibles a la demandante por
cuanto el trámite tuvo que ser devuelto por inconsistencias en la documentación
aportada, además, el ente territorial se demoró en la expedición y notificación del acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías. Asimismo, afirmó que su obrar fue
diligente durante el proceso. En consecuencia, propuso las excepciones de cobro de lo
no debido, enriquecimiento sin justa causa, culpa exclusiva del ente territorial y de la
demandante, y cualquier otra que se encuentre probada.

II. SENTENCIA APELADA.

8. El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró probada de oficio la excepción de
ineptitud de la demanda respecto del oficio demandado, declaró no probadas las
excepciones propuestas por el Fomag y anuló el acto ficto o presunto negativo respecto
de la petición formulada por la demandante el 9 de abril de 2021; a título de
restablecimiento del derecho ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a
favor esta, por el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2019 y el 22 de enero
de 2021.

9. Para el efecto, sostuvo que es viable reconocer la sanción moratoria frente a las
cesantías parciales y definitivas de los docentes, en el evento en que se omitan los plazos
señalados en la ley para su reconocimiento y pago, atendiendo su calidad de servidores
públicos, siempre que estén afiliados al Fomag.

10. Precisó que la petición formulada por la demandante en la que reclamó sus
cesantías parciales fue radicada el 31 de julio de 2019; por lo tanto, la entidad disponía
de 15 días para expedir el acto administrativo pertinente, los cuales vencieron el 23 de
agosto de 2019, el reconocimiento de la prestación fue el [20 de agosto] de 20195 y el
pago el 23 de enero de 2021, de modo que fue extemporáneo, ya que no se produjo
dentro de los 45 días siguientes al vencimiento de dicho término, pues el dinero fue
puesto a su disposición el 23 de enero de 2021; en ese orden, la mora y consecuente
sanción se causó entre el 14 de noviembre de 2019 y el 22 de enero de 2021, lo que
conlleva acceder a las pretensiones y disponer el pago de la penalidad pretendida por
parte del Fomag, máxime cuando no está afectada por prescripción, debido a que se
reclamó cuando aún no habían transcurrido 3 años desde su exigibilidad.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

11. Inconforme con la decisión, el Fomag interpuso recurso de apelación6 en contra de
la referida sentencia. En primer lugar, señaló que el Tribunal condenó a esa entidad y
para ello dio por sentado que la sanción derivó del pago inoportuno de las cesantías tal
como lo establecen las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pero no efectuó ningún
análisis para indicar por qué la responsabilidad radica en el Fomag, es decir que omitió

5 Fecha acordada por las partes en audiencia inicial del 15 de marzo de 2022.
6 Índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de Estado.

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Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

examinar lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
pese a que fue uno de los sustentos de la defensa en primera instancia y en ese sentido
la sentencia es carente de motivación.

12. En segundo lugar y en consonancia con lo anterior, indicó que no se tuvo en cuenta
que la responsabilidad en el pago de la sanción causada con posterioridad al 31 de
diciembre de 2019 recae sobre el ente territorial y no en el Fomag. Por tal razón y
atendiendo el planteamiento del Tribunal, como la mora se causó entre 2019 y 2021 debió
condenar tanto al Fomag como a la entidad territorial, a la primera por el período
transcurrido hasta el 31 de diciembre de 2019 y a la segunda por el tiempo restante.

13. En tercer lugar, adujo que en el presente caso el acto administrativo que dio firmeza
al acto de reconocimiento de cesantías fue la Resolución 1532 del 19 de octubre de 2020,
en la medida en que aclaró la Resolución 1921 de 2019, de modo que se debe tener
como fecha de reconocimiento de la prestación el 19 de octubre de 2020. En
consecuencia, precisó que el periodo en que se causó la sanción moratoria transcurrió
desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 21 de febrero de 2021, entendiendo que el pago
fue el 21 de febrero de 20217.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

14. Mediante auto proferido el 13 de abril de 2023 y notificado en estado del 12 de
mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el agente del Ministerio
Público8 guardaron silencio durante esta etapa.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

16. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar el extremo temporal en el que se causó la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías; definido lo anterior, se establecerá si la sanción moratoria reconocida
debe ser pagada en su totalidad por el Fomag o si, con fundamento en el artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019, debe ser asumida proporcionalmente por el departamento del
Magdalena (Secretaría de Educación).

7 Aduce que el pago fue en esa fecha, pero no aporta prueba para corroborar su dicho.
8 No se observa manifestación al respecto en el informe secretarial visible en índice 9 de la plataforma Samai.

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Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

Caso concreto.

17. En el presente caso, está probado que el 31 de julio de 20199 la señora Esther
Judith Alcendra Sierra radicó solicitud dirigida a obtener sus cesantías parciales. El
departamento del Magdalena (Secretaría de Educación) reconoció y ordenó el pago de
dicha prestación a través de la Resolución 1921 del [20 de agosto]10 de 201911 y dispuso
los recursos pertinentes el 23 de enero de 202112. Contra la mencionada resolución
procedía el recurso de reposición, pero no se allegó prueba de que este se hubiera
interpuesto.

18. Ahora bien, ante la tardanza en obtener el pago de su prestación, la demandante
formuló petición el 9 de abril de 202113 dirigida a lograr el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 y la indexación de los valores que
resulten por ese concepto. Frente a la anterior petición, la parte demandada 14 guardó
silencio15 razón por la cual el a quo declaró la nulidad del acto ficto o presunto negativo.16

19. Con miras a resolver los diferentes reparos propuestos en el recurso de apelación,
se empezará por analizar el periodo de la sanción, pues la entidad considera que el
término de que disponía para efectuar el pago de la prestación se debió contabilizar
desde la Resolución 1532 del 19 de octubre de 2020 que aclaró la Resolución 1921 del
[20 de agosto] de 2019, además, en el recurso afirmó que el pago se produjo el 21 de
febrero de 2021.

20. A fin de definir lo anterior, es necesario hacer varias precisiones, la primera, relativa
a la fecha que, para este caso en particular, se va a tener en cuenta como de expedición
del acto administrativo de reconocimiento de cesantías, pues en la Resolución 1921
aparece que fue expedida el 30 de julio de 2019, lo cual es inexacto pues la solicitud de

9 Según las consideraciones de la resolución que se encuentra en el índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de

Estado.
10 Aunque en el acto administrativo aparece que la fecha es del mes de julio, durante la audiencia inicial se

advirtió que la petición fue anterior a la fecha de expedición del acto, lo que evidenció una inconsistencia
y se consideró lo siguiente: «En ese sentido, como la Resolución No. 001921 del 30 de julio de 2019 que
reconoció y ordenó el pago de la prestación solicitada, es anterior a la fecha de radicación de la solicitud,
queda claro que el error fue de digitación en la fecha de la Resolución, razón por la cual se tomará como
fecha de expedición de la resolución el 20 de agosto de 2019, fecha en la cual se notificó el acto a la
parte demandante.»
11 Íbidem.
12 Según certificado emitido por Fiduprevisora, visible en índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de Estado, en

donde se indica que el Fomag «programó pago de Cesantía PARCIAL reconocida por la Secretaría de Educación de
MAGDALENA, al docente ALCENDRA SIERRA ESTHER JUDITH identificado [sic] con CC No. 26784571, Mediante
Resolución No. 1921 de fecha 30 de Julio [sic] de 2019, quedando a disposición a partir del 23 de Enero de 2021 por
valor de $17,956,258»
13 Ibídem.
14 El Fomag y la Secretaría de Educación del departamento.

15 No obra en el expediente la respuesta que se hubiera dado en torno a la petición.
16 Decisión que no se cuestionó por la parte recurrente.

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Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

cesantías se radicó un día después -es oportuno indicar que en las consideraciones del
acto se mencionó que la petición se formuló el 31 de julio de 2019-. Ante tal
inconsistencia, en la audiencia inicial celebrada el 15 de marzo de 2022 el Tribunal
consideró lo siguiente «En ese sentido, como la Resolución No. 001921 del 30 de julio
de 2019 que reconoció y ordenó el pago de la prestación solicitada, es anterior a la fecha
de radicación de la solicitud, queda claro que el error fue de digitación en la fecha de la
Resolución, razón por la cual se tomará como fecha de expedición de la resolución
el 20 de agosto de 2019, fecha en la cual se notificó el acto a la parte demandante».
Decisión frente a la cual las partes no interpusieron recursos, por lo que se entiende que
estuvieron de acuerdo con dicha aclaración

21. La segunda precisión tiene que ver con la firmeza de dicho acto, a fin de definir la
fecha en que empezaron a correr los términos de que disponía la autoridad para pagar
las cesantías allí reconocidas. Pues bien, la resolución fue emitida y notificada el [20 de
agosto] de 2019 y frente a ella procedía el recurso de reposición, el cual se podía
interponer dentro de los 10 días siguientes a su notificación y no se interpuso, entonces,
a partir del día 11, es decir, del 4 de septiembre de 2019 quedó ejecutoriada, tal como lo
prevé el artículo 87 del CPACA17, de allí que este acto podía ser ejecutable de inmediato
en los términos del artículo 89 ibidem18.

22. En consecuencia, la firmeza del acto administrativo no puede partir de la
Resolución 1532 de 202019, que aclaró Resolución No. 001921 del 20 de [agosto] de
2019, como lo pretende la entidad recurrente, pues de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4520 de la Ley 1437 de 2011 la corrección de errores formales de un acto
administrativo no da lugar a revivir los términos legales para demandarlo. En ese orden
de ideas, los 45 días de que disponía la entidad para pagar las cesantías se empezarán
a contar desde la firmeza del acto de reconocimiento de cesantías, entendiendo que ello
ocurrió respecto de la Resolución 1921 del 20 de [agosto] de 2019.

23. La tercera precisión se refiere al pago de las cesantías, pues en el recurso se

17 “Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra

ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso;
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos;
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos; 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la
aceptación del desistimiento de los recursos; 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo
85 para el silencio administrativo positivo.”
18 “Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los

actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En
consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si
fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional”.

19 Se precisa que la aclaración del acto se refirió al nombre de la persona con la cual se suscribió el contrato

de compraventa de vivienda, para la cual se destinaban las cesantías parciales. El acto administrativo
aparece en el índice 2 de Samai.
20 “Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir

los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada
o comunicada a todos los interesados, según corresponda.”

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Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

señaló que este se produjo el 21 de febrero de 2021, pero en el expediente no obra
prueba que demuestre ese hecho; por lo tanto, en torno a ello es preciso acudir a la
certificación allegada por la Fiduprevisora, en la cual se indica que el 23 de enero de 2021
se pusieron a disposición de la actora los dineros correspondientes al pago de las
cesantías reconocidas en la Resolución 1921 del 20 de [agosto] de 2019, por lo que esta
será la fecha en que se entenderá realizado el pago.

24. En consecuencia, con el fin de determinar la fecha de causación de la sanción
moratoria y su exigibilidad, es necesario tener presente que en el sub lite nos
encontramos dentro del siguiente supuesto21:

Hipótesis Notificación Corre ejecutoria Término pago Corre moratoria
cesantía

ACTO ESCRITO EN Personal 10 días posteriores a 45 días posteriores a 55 días posteriores a
TIEMPO la notificación la ejecutoria la notificación

25. Lo anterior porque al revisar los extremos temporales de la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías y de la expedición del acto, se observa que tales
gestiones fueron oportunas, así: las cesantías fueron reclamadas el 31 de julio de 2019,
de modo que los 15 días para responder la petición vencieron el 23 de agosto de 2019,
es decir que el acto administrativo se expidió y notificó22 oportunamente el 20 de [agosto]
de 2019. Ahora bien, para lograr la ejecutoria de dicho acto23 era necesario que
transcurrieran 10 días más, hasta el 3 de septiembre de 2019 y a partir del día siguiente
se debían contabilizar los 45 días para que el pago hubiera sido oportuno, esto es hasta
el 7 de noviembre de 2019, pero este solo se produjo el 23 de enero de 202124. Lo anterior
quiere decir que a partir del 8 de noviembre de 2019, día siguiente al vencimiento del
plazo otorgado por la ley para el reconocimiento y pago de la prestación, se empezó a
causar la mora y se hizo exigible la obligación.

26. El anterior análisis permite concluir que el extremo inicial que tomó el tribunal para
delimitar la sanción moratoria no concuerda con lo probado en el proceso, pues el pago
de dicha sanción se ordenó desde el 14 de noviembre de 2019 hasta al 22 de enero de
2021; sin embargo, no se revocará en este punto lo decidido por el Tribunal, pues de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 328 del CGP 25 y en virtud del
principio de non reformatio in peius, no es posible hacer más gravosa la situación de la

21 Según los lineamientos de la Sentencia de unificación CE-SUJ2-01218 del 18 de julio de 2018.

22 En documento aportado en los antecedentes administrativos se evidencia que la demandante autorizó a

José Lorenzo Pedrozo Camargo para que se notificara de la Resolución 1921 de julio 30 de 2019, y este
se notificó el 20 de agosto de 2019 como se evidencia con la firma suscrita en el documento.
23 En consideración a que los términos se rigieron por la Ley 1437 de 2011, pues ya estaba vigente para esa fecha.
24 Ver pie de página 10.
25 «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación

fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».

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Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

entidad demandada por ser apelante única.

27. Por otro lado, con respecto al segundo problema jurídico se debe verificar si el a
quo omitió analizar cuál era la entidad responsable de pagar la sanción moratoria, según
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Al respecto, se advierte que el
Tribunal señaló que la petición de reconocimiento de cesantías se radicó el 31 de julio de
2019 y por ello se debían atender los lineamientos previstos en la Ley 1955 de 2019, sin
embargo, posteriormente indicó que le correspondía al Fomag pagar la sanción
«independientemente del incumplimiento de los términos por parte de los entes
territoriales,26 a los que hace alusión el legislador en la Ley 1071 del 2006, toda vez que
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dispone de las acciones
legales y judiciales pertinentes para recuperar el monto pagado por sanción moratoria en
razón a la negligencia de quien dé lugar a la referida sanción», lo cual demuestra que no
se analizó si se cumplían los presupuestos de la Ley 1955 de 2019.

28. Frente a lo anterior, es oportuno tener en cuenta el concepto27 que emitió la Sala
de Consulta y Servicio Civil respecto de la aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de
201928, en el que consideró:

«[…] En vigencia del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019: cuando la entidad territorial
genera la mora en el pago de las cesantías, es responsable del pago de la sanción. «En
este evento el Fomag será responsable únicamente del pago de las cesantías».

Atendiendo el parágrafo transitorio de la misma norma, se dispuso en su momento, que la
Fiduprevisora S.A., como administradora del FOMAG asumiría el pago de las sanciones por
mora causadas a diciembre de 2019, con cargo a títulos de Tesorería que para tal efecto
emitiría el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, el citado parágrafo transitorio fue modificado por el artículo 324 de la Ley 2294
de 2023, «por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 «Colombia potencia
mundial de la vida», al disponer que, para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a
diciembre de 2022, se facultaba al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería para tal efecto. De esta manera, se confirma que la entidad encargada
de pagar las sanciones por mora en las prestaciones económicas a cargo del Fomag sería
de competencia de la Fiduprevisora. S.A.»

26 La negrilla corresponde a la Sala.

27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP. Ana María Charry Gaitán. Concepto del 28 de julio de

2023.
28 «ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas
y liquidadas por la Secretaria de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
[…]
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en
aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los
plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.

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Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

29. En ese orden de ideas, para identificar la responsabilidad entre el ente territorial y
el Fomag es preciso tener en cuenta la fecha de inicio del trámite del reconocimiento de
las cesantías parciales, lo que en este caso ocurrió el 31 de julio de 2019, es decir, en
vigencia de la Ley 1955 de 201929; por lo tanto, se deben verificar las gestiones realizadas
por la entidad territorial con miras a determinar si es responsable del pago de la sanción
moratoria. Ahora bien, como la mencionada ley no fijó la forma y términos en los que se
debe surtir ese trámite, debe acudirse a lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018, que
regía en el “Reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, procedimiento que se resume de la
siguiente manera:

«1. Presentación de la solicitud.

2. A los 5 días hábiles siguientes, la entidad territorial certificada de educación debe elaborar
el proyecto de acto administrativo que resuelva el requerimiento y “subir y remitir a través de
la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado
con su respectivo expediente para que sea revisado por la fiduciaria”.

3. En este mismo término, 5 días hábiles, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación
o desaprobación y “digitalizar y remitir a la entidad territorial certificada en educación la
decisión adoptada, a través de la plataforma dispuesta para tal fin”.

4. Si no hay objeciones, en el término de los 5 días siguientes, la entidad territorial deberá
expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la solicitud de reconocimiento de
cesantías y notificarlo.

5. Ejecutoriado el acto administrativo, “dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación
y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de
cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos
correspondientes” 30.

6. Si ello no ocurriere en ese término, se configura para el interesado el derecho a reclamar el
pago de la sanción moratoria.» 31

30. En este contexto, como ya se analizó previamente, la entidad territorial expidió y
notificó el acto administrativo que reconoció la prestación dentro de los 15 días siguientes
a la radicación de la petición, por lo tanto, se concluye que la gestión que le correspondía
fue oportuna; por lo tanto, aunque el Tribunal no realizó el análisis detallado que
antecede, sí acertó en concluir que el pago de la sanción moratoria en este caso
correspondía exclusivamente al Fomag y en ese sentido no prospera la proposición del
recurrente según la cual la responsabilidad de la condena debe recaer en el
departamento del Magdalena, lo que conlleva confirmar la sentencia de primera instancia,
que accedió a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Condena en costas.

31. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,

29 Entró en vigencia el 25 de mayo de 2019.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 25000-23-42-000-2022-00010-01 (1876-2024) MP.

Jorge Iván Duque Gutiérrez.
31 Norma que fue citada en el acto de reconocimiento de las cesantías parciales de la demandante.

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Radicación: 47001 23 33 000 2021 00388 01 (6065-2022)
Demandante: Esther Judith Alcendra Sierra

establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)32 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

32. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de la apelación no se
aprecia como huérfano de fundamento legal, por lo que resulta improcedente la condena
en costas en esta instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 27 de abril de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, según lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO. En firme esta sentencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

32 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el

proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

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