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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01576-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01576-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Mary Isleny Merchán contra el Tribunal Administrativo del Quindío. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01576-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01576-00
Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01576-00
Demandante: MARY ISLENY MERCHÁN VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria e
indemnización por el pago tardío de los intereses de las
cesantías a docente oficial. Improcedencia por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Mary Isleny Merchán Vargas, por medio de apoderado judicial, radicó
acción de tutela el 26 de febrero de 2026 contra el Tribunal Administrativo del
Quindío, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales «al debido
proceso, prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, de acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la sentencia de 28 de agosto de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Quindío revocó la providencia de 17 de mayo de 2024, en la que el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia había accedido a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 63001-3333-004-2022-00465-01, que promovió la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG.

1.2. Pretensiones

La accionante presentó las siguientes:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en sentencia
proferida el día 28 de agosto de 2025, dentro del expediente radicado No. 63001-33-
33-004-2022-00465-01, transgredió los derechos fundamentales transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, PREVALENCIA DE LO
SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01576-00
Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL de la parte accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y la postura del Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial
referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un
estudio de fondo sobre la controversia sobre el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías en consonancia con amplio derrotero
jurisprudencial que reconoce la responsabilidad en esta materia a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fomag1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. La señora Mary Isleny Merchán Vargas cargó a través del «Sistema Humano
en Línea», la documentación para la reclamación de la solicitud de cesantías, frente
a la cual, la Secretaría de Educación del Quindío expidió la Resolución número
04395 de 6 de agosto de 2021 y, el desembolso de los recursos se efectuó el 17 de
noviembre de 2021.

1.3.2. Mencionó que el 21 de diciembre de 2021, la docente presentó reclamación
de sanción moratoria ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y
el departamento del Quindío, sin obtener una respuesta, lo que dio lugar a la
configuración del silencio administrativo negativo.

1.3.3. Por consiguiente, por intermedio de apoderado judicial, la señora Mary Isleny
Merchán Vargas presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG con el fin de
que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto, derivado de la omisión de
respuesta a la petición que radicó el 21 de diciembre de 2021, por medio del cual
se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, y a título de restablecimiento del derecho, pretendió que
se ordenara el pago efectivo de la penalidad conforme lo dispuesto en las Leyes
1071 de 2006 y 1955 de 2019.

1.3.4. Del referido proceso conoció en primera instancia el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, que en sentencia de 17 de mayo de
2025 declaró la existencia del acto administrativo ficto, que se configuró por la falta
de contestación a la petición que formuló la actora el 21 de diciembre de 2021.
Asimismo, condenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG a pagar
la sanción moratoria equivalente a 14 días.

Como fundamento de la decisión, el juzgado expuso que a la accionante sí le asistía
el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la inoportuna
consignación de sus cesantías parciales, «en atención a que dada la naturaleza de

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Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

su labor, los docentes deben ser tratados como empleados públicos beneficiarios
de la Ley 1071 de 2006, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-336 de 2017 y la Sección Segunda del Consejo de Estado en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018».

1.3.5. Inconforme con la referida providencia, la parte accionada interpuso recurso
de apelación, el cual le correspondió al Tribunal Administrativo del Quindío que, en
fallo de 28 de agosto de 2025, revocó la decisión del a quo, y en su lugar declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y adicionalmente, negó las pretensiones
del medio de control.

La judicatura accionada sustentó la falta de legitimación en la causa por pasiva en
que en el presente asunto La Fiduprevisora S.A. no hizo parte del extremo pasivo
del proceso, a pesar de que en ella recaía la responsabilidad del pago de la sanción
moratoria de la señora Merchán Vargas, de modo que, la reclamación no se hizo
ante la autoridad competente.

El Tribunal Administrativo del Quindío específicamente manifestó «que la entidad
encargada de pagar las sanciones por mora en las prestaciones económicas a
cargo del Fomag sería de competencia de la Fiduprevisora S.A.».2

También expuso que «la mora no puede ser atribuida legalmente a la entidad
demandada FOMAG, dado que a partir del 1 de enero de 2020 y en adelante esta
recae de forma individual o divisible a cargo de la entidad territorial certificada en
educación y de la entidad fiduciaria encargada de administrar el FOMAG, según el
caso».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Mary Isleny Merchán Vargas alegó que la sentencia de 28 de agosto de
2025 incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente, para lo cual
mencionó cinco sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, a saber: (i) sentencia de 30 de enero de 2025, radicado: 50001-23-
33-000-2019-00031-01; (ii) sentencia de 7 de abril de 2025, radicado: 17001-23-33-
000-2021-002025-01 (iii) sentencia de 12 de junio de 2025, radicado: 47001-23-33-
000-2021-00388-01; (iv) sentencia de 27 de junio de 2025, radicado: 08001-23-33-
000-2020-00112-01, y (v) sentencia de 24 de julio de 2025, radicado 7-001-23-33-
000-2022-00071-01.

Asimismo, puso de presente un fallo del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, de 3 de julio de 2025, con radicado 66001-23-33-000-2022-00023-
01.

2
CE. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. CP: Ana María Charry Gaitán Bogotá, D.C., 28 de
julio de 2023. Número único: 11001-03-06-000-2022-00213-00 Referencia: Conflicto negativo de
competencias administrativas Partes: Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora S.A.), Secretaría
de Educación Municipal de Pasto (Nariño) y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) Asunto: Competencia para resolver una petición de reconocimiento de la sanción por mora
en el pago de cesantías parciales

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La tutelante expuso que el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la falta de
legitimación en la causa del FOMAG, bajo el entendido de que la mora en el pago
de las cesantías no le era atribuible, puesto que, era responsabilidad de La
Fiduprevisora S.A.

Sin embargo, manifestó que, al adoptar esa conclusión, «la providencia no hizo
referencia a la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado que ha precisado
cómo debe determinarse la responsabilidad en vigencia del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019, puesto que, la Sección Segunda ha sostenido que, aun después de
la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad por la sanción
moratoria depende de establecer en qué etapa del trámite ocurrió el retardo».

Asimismo, aseguró que, en las seis sentencias mencionadas para justificar el
desconocimiento del precedente, el Consejo de Estado señaló que, «cuando la
entidad territorial cumple oportunamente con la expedición y remisión del acto
administrativo y la tardanza se presenta en la fase de pago, la obligación de asumir
la sanción recae en el FOMAG a través de su administradora fiduciaria».

De modo que, «la sentencia cuestionada no explicó por qué el presente asunto
debía resolverse con un criterio distinto al fijado por la línea jurisprudencial
consolidada, lo que impidió que la situación de la parte actora fuera decidida
conforme a la interpretación previamente sostenida por el órgano de cierre para
situaciones análogas, vulnerándose así las garantías del debido proceso y el
principio de igualdad, razón por la cual se solicita la intervención del juez
constitucional».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de marzo de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y al Tribunal
Administrativo del Quindío, y les otorgó el término de dos (2) días para que rindieran
el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Armenia [autoridad que conoció en primera instancia el proceso
ordinario objeto de controversia ], a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
FOMAG [parte demandada en el proceso ordinario objeto de controversia ] y a la
Fiduprevisora S.A. [administradora de los recursos y del patrimonio autónomo del
FOMAG], así como a las demás partes, personas y/o entidades que hayan
participado en el proceso con radicado 63-001-3333-004-2022-00465-01, para que,
si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas, la remisión digital del expediente del
proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.

Finalmente, reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero, como apoderado
de la parte demandante, de conformidad con el poder otorgado en su favor.

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1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Quindío

Por medio de correo electrónico de 9 de marzo de 2026, el magistrado ponente de
la providencia de 28 de agosto de 2025 intervino en la presente acción y aseguró
que la señora Mary Isleny está usando la tutela como un mecanismo adicional,
específicamente como una tercera instancia, aún cuando la Corte Constitucional ha
estipulado ciertas «causales genéricas y específicas de procedibilidad» del
mecanismo constitucional contra providencias judiciales.

Textualmente afirmó: «de manera lamentable viene haciendo carrera el mal uso de
la acción de tutela – por no decir el abuso de esta - para tratar de buscar, en este
caso, que, en un término reducido, se falle un asunto contencioso en el que se
ofreció todas las garantías procesales. La accionante pretende que se deje sin
efecto la decisión, en procura de que se acepte una contabilización de términos
respecto a la mora en un reconocimiento de cesantías».

Expuso que este caso no tiene una connotación constitucional, dado que, se está
reclamando un aspecto netamente económico, que comprende, «en criterio de la
accionante tan solo 14 días de una mora», y que se consideró por parte del tribunal
enjuiciado que no se reclamó frente a quien debía reclamarse.

Adicionalmente, adujo que, en efecto, en la sentencia de 28 de agosto de 2025 «se
dejó en claro que, si bien se presentó una mora, siguiendo precisamente los
parámetros dispuestos por el Consejo de Estado respecto a la contabilización de
términos para reconocimiento y pago de cesantías, esta no se reclamó por parte de
la interesada en debida forma, por eso sus pretensiones no eran de recibo.

Reiteró que «la mora no puede ser atribuida legalmente a la entidad demandada
FOMAG, dado que a partir del 1 de enero de 2020 y en adelante esta recae de forma
individual o divisible a cargo de la entidad territorial certificada en educación y de la
entidad fiduciaria encargada de administrar el FOMAG, según el caso».

Además, afirmó que, en efecto, no era al FOMAG a quien le correspondía por dicha
sanción moratoria, sino a La Fiduprevisora S.A., la cual, no fue demandada, por lo
que no era posible acceder a las pretensiones.

Concluyó diciendo que este tema no resulta constitucionalmente relevante, dado
que, no se trata de una discusión en torno a una prestación social, sino respecto a
la causación de una sanción moratoria, que fue definida en sede contenciosa con
los argumentos ya esbozados en la sentencia reprochada.

Manifestó que las seis sentencias citadas por la accionante como desconocidas,
explican la situación de la sanción moratoria, pero no identificó una regla idéntica al
caso concreto, tal como se planteó en el proceso contencioso adelantado ante el
Tribunal Administrativo del Quindío.

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De modo que, adujo que era evidente que en el presente asunto no se
transgredieron los derechos fundamentales de la accionante.

1.6.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional

En memorial de 11 de marzo de 2026, una de las abogadas de la oficina asesora
jurídica de la cartera ministerial, hizo un recuento de los hechos y pretensiones que
suscitaron la radicación de esta acción de tutela.

Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de este tema, puesto que la controversia de esta
acción recae en una decisión que profirió el Tribunal Administrativo del Quindío,
situación que amerita un análisis riguroso de la procedencia de tutela contra
providencia judicial, de conformidad con la sentencia C-590 de 2005.

Por consiguiente, y bajo ese contexto, «al no existir una relación de subordinación
o control entre el Ministerio de Educación Nacional y la autoridad judicial que adoptó
la decisión cuestionada, ni encontrarse acreditada una vulneración de derechos
atribuible a esta entidad, resulta improcedente la presente acción de tutela en lo que
respecta a la vinculación del ministerio».

Por ende, solicitó la desvinculación de este trámite.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Mary Isleny Merchán Vargas contra el Tribunal
Administrativo del Quindío, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Nación, Ministerio de Educación Nacional en su intervención, solicitó su
desvinculación del presente trámite, porque considera que no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva.

Al respecto, la Sala negará la referida petición, comoquiera que el llamado de esta
entidad en la presente acción constitucional es en calidad de tercero por tener
interés en la decisión que se adopte.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la señora Mary Isleny Merchán Vargas, con ocasión de la
sentencia de 28 de agosto de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Quindío revocó la decisión de 17 de mayo de 2024, en la que el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia había accedido a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 63001-3333-004-2022-00465-01, que promovió la
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accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional
y, en caso de encontrase superados; y (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta colegiatura
otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela,
estuviera relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o
garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos
como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre
derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la

3
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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satisfacción de una garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional7.

El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del
año 20198, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto
examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones
judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el
pago tardío de cesantías.

En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter
irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación
patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede
temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a
la seguridad social del trabajador».

De acuerdo con lo anterior, precisó la referida Corte en aquella sentencia unificadora
que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las
cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago
o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial
cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la acción del juez de tutela.

En efecto, con este precedente establecido por dicha autoridad judicial, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, aclaró la Corte que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías, toda vez
que, tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de naturaleza
eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez constitucional 9.

La anterior posición es reiterada por la misma corporación en la SU-215 de 16 de
junio de 2022, en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de la
relevancia constitucional en los casos de tutela contra providencia judicial, para lo
cual se indicó:

7
Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-2019-
04788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.
9
Así lo señaló el alto tribunal:
«La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías,
como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación,
la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el
empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela.».

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40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.10

En la solicitud de amparo que ocupa la atención de esta colegiatura, la señora Mary
Isleny Merchán Vargas pretende que se dicte una decisión que deje sin efectos la
sentencia de segunda instancia del proceso ordinario proferida el 28 de agosto de
2025, para que, en su lugar, se ordene el reconocimiento del monto equivalente a
la sanción moratoria por el presunto pago inoportuno de sus cesantías, lo que deja
en evidencia que el fin perseguido consiste en hacer efectiva una prestación de
índole estrictamente patrimonial, cuya ausencia de reconocimiento no configura un
menoscabo o vulneración de alguna garantía fundamental.

En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional antes referidos, los cuales son aplicados por esta judicatura, es claro,
sin que resulte necesario analizar otros aspectos, que la petición de tutela en estudio
resulta improcedente por el incumplimiento del presupuesto de la relevancia
constitucional.

Adicionalmente y para finalizar, esta Sala de Decisión pone de presente que la
señora Merchán Vargas alegó que la sentencia reprochada adolecía de un defecto
por desconocimiento de precedente, para lo cual mencionó cinco sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y un fallo
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, no obstante, tal cargo
no tiene vocación de prosperidad, dado que, no cumple con la carga argumentativa
requerida para ser estudiado.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

10 Énfasis de la Sala.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01576-00
Demandante: Mary Isleny Merchán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Mary Isleny Merchán contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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